Derechos Humanos

Derechos Humanos

20.2.18

Juicio


Hoy, con las declaraciones de los ex delegados Carlos Propato y Pedro Troiani, comenzó la etapa de testimonios del histórico juicio abierto por los delitos de lesa humanidad perpetrados -durante la última dictadura cívico militar- dentro de la fábrica que Ford posee en la localidad bonaerense de General Pacheco. Vale recordar que el quincho de esta planta fue señalizado como lugar de secuestro y tortura en marzo de 2012. Al respecto, la abogada querellante Elisabeth Gómez Alcorta recalcó que “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado”.

 

A un año

Los días 2 y 3 de marzo se van a llevar a cabo actividades para reclamar justicia para las víctimas de la Masacre de Pergamino. El 2 de marzo de 2017, Federico Perrota, Alan Córdoba, Sergio Filiberto, Juan José Cabrera, Jhon Mario Claros, Fernando Latorre y Franco Pizarro, jóvenes que estaban detenidos en la comisaría primera de esta ciudad bonaerense, fallecieron cuando se declaró un incendio en la zona de calabozos y quienes debían custodiarlos no los socorrieron.

 

19.2.18

Juicio

Mañana martes, comienza en General Roca el juicio oral y público a los siete policías imputados por el delito de "desaparición forzada" de Daniel Solano, el joven trabajador rural golondrina salteño que fue visto por última vez, en 2011, en Río Negro. En el banquillo estarán sentados Sandro Gabriel Berthe, Pablo Bender y Juan Barrera como presuntos coautores del delito de desaparición forzada de personas en concurso real con vejaciones; así como Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello como presuntos partícipes primarios en el delito de desaparición forzada de personas, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, como presuntos coautores. Por su parte, Héctor César Martínez, está acusado de ser partícipe secundario en los mismos delitos.

 

Para la libertad

El viernes, ante el Palacio de Tribunales, se llevó a cabo un festival convocado para exigir la libertad de los presos políticos del Gobierno Macri. Entre otros, se dieron cita familiares del ex secretario Legal y Técnico del Gobierno, Jorge Zannini, referentes de la organización Tupac Amaru, así como el ex vicepresidente Amado Boudou y los hijos de Luis D’Elía.

 

Al boleo

El juez Osvaldo Rappa, sobreseyó a las personas que fueron detenidas durante la noche del 8 de marzo de 2017, tras la marcha Ni Una Menos, en la Ciudad de Buenos Aires. Así desprocesó a todas, ya que confirmó que no hay pruebas para relacionarlos con los delitos de los que se les acusaba. De esta manera, ratificó que las detenciones perpetradas en ese contexto, fueron al boleo.

 

Al banquillo

Pasaron tres años en los que las dilaciones y trabas estuvieron al orden del día, pero hoy comenzó el proceso contra el ex jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, quien está imputado por coacción contra el periodista Dante Leguizamón. Es la primera vez que en la provincia de Córdoba, un titular de la Policía se sienta en el banquillo de los acusados. “Yo me voy a encargar de vos”, le dijo Suárez al periodista, el 16 de agosto de 2014, cuando el conductor del programa Justicia Legítima que se emitía por Canal 10, denunció por redes sociales la represión que desplegaba la Policía de Córdoba contra vecinos de barrio Los Cortaderos donde, pocos días antes, dos efectivos de esa fuerza habían asesinado por la espalda al joven Alberto Güere Pellico.

 

12.2.18

Amenaza

“Tengo una bomba y voy a hacer estallar el avión presidencial”, gritaba en medio de la plaza Alsina, en Avellaneda, Javier Eduardo Alagostino. Después marcó el 911 en su celular y repitió lo mismo. Los operadores le pidieron que dijera su nombre, dónde estaba y le preguntaron cómo estaba vestido, tras lo que le aseveraron que le iban a regalar un celular por defender a los jubilados. Es que el 18 de diciembre de 2017 Alagostino, que acababa de ver en TV las imágenes de la represión ante el Congreso, se sentía desolado y repetía que con la reforma previsional le recortarían la pensión por discapacidad y la jubilación a sus padres. La persona de quien estamos hablando tiene 43 años y, desde los quince, está diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Está preso hace 54 días por amenazar al Presidente.

 

Luciano Arruga

En Lomas de Zamora, familiares y amigos de Luciano Arruga, protagonizaron una jornada cultural con asambleas abiertas, en las que la madre del joven, Mónica Alegre, recalcó que “hay que ser inteligentes, porque para hacerle frente al Estado, no hay que ir a atropellar porque nos pisotea”. La jornada tuvo dos ejes: cómo hacerle frente a la represión del Estado y cómo trabajar con la niñez y adolescencia en los barrios.

 

Pedido

Abuelas de Plaza de Mayo solicitó que vuelva a la cárcel el apropiador de Catalina de Sanctis Ovando, el ex oficial de Inteligencia Carlos Hidalgo Garzón, quien pese a estar condenado por delitos de lesa humanidad y apropiación de una hija de personas secuestradas y desaparecidas, disfruta de prisión domiciliaria, lo que no le impidió salir de su casa sin permiso en dos oportunidades. Además, tenía una escopeta y una pistola, tal como lo admitió ante una denuncia policial.

 

Tarde y poco

Pasaron doce años para que llegue a juicio el caso abierto por el incendio en la Unidad Penal 28 que se cobró la vida de 33 reclusos que perecieron en sus celdas. La semana pasada hubo sentencia que sólo condenó a tres de los 17 agentes penitenciarios involucrados en lo que ya se conoce como la Masacre de Magdalena. De los imputados 14 fueron absueltos, uno fue condenado por “homicidio culposo” y sólo dos por “abandono de persona seguido de muerte”.

 

Juicio

“Seguimos organizados aunque nos cambien la fecha del juicio”, dijo Roxana Cainzos, la madre de Nehuen Rodríguez, el joven asesinado por la Policía Metropolitana en diciembre de 2014, cuyo caso va a ir a juicio a partir del 27 de febrero. Este inicio ya se postergó tres veces, el 7 de junio y el 22 de agosto de 2017, así como el 20 de febrero. Y, al respecto, en declaraciones a la Agencia Paco Urondo, añadió: “están haciendo todo para que me desanime y no nos organicemos pero no lo van a conseguir”.

8.2.18

Archivos

Al reunirse ayer con el papa Francisco, Estela de Carlotto, renovó el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo para que la Iglesia colabore con sus archivos relacionados con la última dictadura cívico militar, que pueden suministrar datos sobre los nietos que aún buscan y sobre los desaparecidos.

 

5.2.18

Siete años

El sábado, en José León Suárez, vecinos y representantes de organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas marcharon para recordar a Franco Almirón y Mauricio Ramos, que el 3 de febrero de 2011 fueron fusilados por la espalda por personal de La Bonaerense. Ahí se denunció la profundización de la represión por parte de las fuerzas policiales en La Cárcova y se reclamó que vuelva a ir a juicio el oficial Gustavo Rey que fue quien disparó a los jóvenes.

 

Advertencia

El secretario de Derechos humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, advirtió sobre la peligrosidad del pedido del titular del Bloque de Diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot. “Hay que cerrar los capítulos para poder avanzar como sociedad”, dijo no hace mucho el legislador y habló de “perdón” a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Brizuela fue claro cuando lo refutó: “Massot es el portavoz del poder real en Argentina, que hoy cuenta con el aparato del Estado para distorsionar la historia y echar institucionalmente, un manto de olvido e impunidad”, recalcó.

 

Impunidad

“¿Qué tanto esconderán sobre Amia que el gobierno de Macri no quiere que se sepa?”, se preguntó Memoria Activa y denunció que, a último momento, se modificó el alegato final de la querella que representa al Estado nacional, para evitar que no apunte contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que están sentados en el banquillo de los acusados en el juicio que se sustancia por el encubrimiento de ese atentado junto a Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex titular de la Daia Rubén Beraja y el ex policía Jorge Palacios, entre otros.

 

Denuncia

El diputado, Horacio Pietragalla, realizó una presentación judicial contra el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el secretario ejecutivo del Archivo para la Memoria, Sergio Kuchevasky y contra el Director Nacional de Sitios de Memoria, Ariel Gomplewicz, por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, desobediencia judicial y abuso de autoridad, al permitir el accionar del Gobierno y de Aeropuertos Argentina 2000 en la construcción del Aeropuerto de El Palomar, lo que alteró y destruyó un lugar declarado Sitio Para la Memoria.

 

Baldosas

El Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), recibió de Madres de Plaza Mayo parte de las baldosas de los pañuelos blancos que fueron removidas -recientemente- de la histórica plaza. “Que las baldosas estén a resguardo en el ECuNHi o en otras instituciones y no en la plaza del pueblo nos habla de un intento por borrar la historia”, dijo la directora del espacio, Verónica Parodi.

 

23.1.18

 

La pata judicial

Se espera que tras la feria, se reabra la causa que se pide que se investigue a los ex jueces Bernardo Montoya, Sergio Martínez y Jorge Vázquez Rey por encubrimiento, abuso de autoridad y mal desempeño en un caso que investiga la denuncia de Adriano Acosta, un ex empleado judicial que –durante la última dictadura- fue secuestrado y torturado. Aunque la denuncia lleva diez años, todavía no se generó una causa a raíz de diferentes dilaciones que la llevaron a rebotar en el fuero federal formoseño, la Cámara de Resistencia y Casación de Buenos Aires. Ahora el fiscal federal Flavio Ferrini decidió impulsarla y solicitó que los ex jueces Bernardo Montoya, Sergio Martínez y Jorge Vázquez Rey sean indagados. Acosta era jefe de la imprenta del Supremo Tribunal de Formosa cuando, en agosto de 1976, fue secuestrado por una patota dependiente del área 234 del Ejército que lo retuvo ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en el Regimiento de Infantería de Monte.

 

Repudio

Diferentes organizaciones de defensa de los Derechos Humanos repudiaron el planteo de Nicolás Massot, quien reclamó impunidad para los perpetradores de delitos de lesa humanidad, cuando aseveró que Argentina debe “hacer como en Sudáfrica y llamar a una reconciliación”. En idéntica dirección que el jefe de su bancada, se pronunció el diputado nacional Pablo Tonelli, quien dijo que es preciso avanzar en “una reconciliación” que incluya una “mayor celeridad” de los juicios por delitos de lesa humanidad y “ecuanimidad en la aplicación de elementos procesales como la prisión domiciliaria”. Vale recordar que los juicios abiertos para juzgar los crímenes perpetrados durante el terrorismo de Estado son considerados modelo en todo el mundo y que más de la mitad de los condenados disfruta de condiciones atenuadas para el cumplimiento de sus condenas, como la prisión domiciliaria.

 

Por la memoria

Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eeaaf) retomaron las excavaciones en Campo San Pedro donde buscan restos humanos correspondientes a víctimas del terrorismo de Estado que, se sospecha, fueron sepultadas en ese predio de cien hectáreas donde el Ejército llevaba a cabo prácticas de artillería, a doce kilómetros de la localidad santafecina de Laguna Paiva. Ahí, en 2010, se descubrieron fosas donde estaban enterradas ocho cadáveres.

 

Represión e impunidad

20.2.18

Pescado podrido

El Instituto Balseiro salió al cruce de una versión periodística que buscó deslindar la responsabilidad de Prefectura en el asesinato de Rafael Nahuel y aclaró que no realizó ni está realizando un estudio relacionado con el caso. Así refutó a Clarín que, oportunamente, dijo que una pericia realizada por ese instituto, había encontrado pólvora en las manos del joven mapuche asesinado el 25 de noviembre en Bariloche. Nahuel fue ultimado de un balazo efectuado desde una pistola 9 milímetros que le fue disparado por la espalda.

 

19.2.18

No entiende

“No entiendo cómo los jueces dicen que se excedió” dijo Mauricio Macri y volvió a reivindicar a Luis Chocobar, al cuestionar a la Cámara del Crimen que confirmó el procesamiento del policía. Y en sintonía con la nueva doctrina de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió con que “si un policía dice ‘deténgase’, uno se tiene que detener”, al tiempo que pontificó: “las fuerzas de seguridad deben cuidarnos a nosotros y no a los asesinos y los delincuentes”.

 

Confidencial

A poco de hacer pública su "nueva doctrina" en materia de defensa y seguridad interior, por medio del Ministerio de Defensa, el Gobierno encargó la adquisición de armamento para “potenciar la capacidad disuasiva” e iniciar el “proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea”. Se desconocen detalles del tipo de material ya que se declaró secreta a la transacción llevada adelante tras el acuerdo firmado por el La Rosada y el Comando Sur de EE.UU.

 

Respaldo

El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, respaldó a su subsecretario, Valentín Díaz Gilligan, que según se descubrió días atrás, ocultó 1,2 millones en la guarida fiscal de Andorra. Junto a Patricia Bullrich, en ronda de prensa, De Andreis dijo que esto es un asunto "privado" y, en idéntica dirección, Mauricio Macri también justificó el hecho porque “parece que (el dinero) era de un amigo”. Pero nadie debe preocuparse: la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pedirá informes sobre la situación de Díaz Gilligan.

 

¿Para qué los forman?

Después de que tomara estado público el episodio que le costó la vida al cadete de la policía riojana, Emanuel Garay, se conoció un video en el que se ve parte del entrenamiento que reciben aspirantes de la policía entrerriana, en el que se les arroja gas lacrimógeno, mientras un instructor los insta a permanecer sentados en medio de la nube. Esto no es nuevo. A poco de la represión brutal perpetrada por Gendarmería en diciembre de 2017 en la zona del Congreso Nacional, desde su habitual columna en Página 12, el periodista Mario Wainfeld, advirtió sobre las condiciones inhumanas a las que se somete a los efectivos durante los días previos a un operativo, para tensar sus nervios al límite y favorecer así la represión que sus superiores esperan que ejerzan.

 

12.2.18

Como en los 90

Imágenes que recordaron a las brutales represiones perpetradas durante los 90 en Tartagal y Mosconi, se vivieron el viernes en el barrio Hipólito Yrigoyen de Orán, donde efectivos policiales se metieron sin orden judicial y a las patadas en varias casas de vecinos. Lo hicieron tras la represión que perpetraron contra los trabajadores del Ingenio Tabacal que bloqueaban el tránsito vehicular de la ruta 50 para exigir que se reincorpore a los doscientos operarios despedidos.

 

Certeza

“Estoy cien por ciento seguro de que al cuerpo de Santiago lo plantaron”, dijo Ariel Garzi, amigo de Maldonado, quien en recientes declaraciones a Revista Cítrica advirtió sobre lo que hay detrás de las denuncias del Gobierno por supuesto “falso testimonio”, la manipulación mediática sobre el caso y la actitud del Poder Judicial.

 

Tras el fantasma

La visita que la delegación encabezada por los ministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad realizó a EE.UU., confirmó un viejo anhelo del Gobierno Cambiemos, la instalación de una base militar estadounidense cerca de la Triple Frontera, más precisamente, en las inmediaciones de Posadas. Esta task force que de acuerdo a la propia ministra incluirá miembros de la DEA, se va a emplazar para reafirmar un fantasma muy funcional a sus objetivos intervencionistas, que Washington agita desde hace varios años y nunca pudo demostrar: la presunta presencia del Hezbollah en la zona.

 

Baile de la muerte

Falleció Emanuel Garay, de 19 años. Era uno de los doce jóvenes internados por el maltrato recibido el primer día de clases en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja, en un entrenamiento bajo el sol del mediodía. Familiares del fallecido aseveran que al joven lo dejaron tirado en el piso cuando se descompensó y no lo asistieron ni le dieron agua durante, al menos, media hora. La Escuela de Cadetes de Policía ya había sido denunciada en otras ocasiones por los maltratos que allí recibían los estudiantes, pero no hubo ninguna investigación ni llamados de atención. Desde el PC local, su titular, Rogelio De Leonardi, señaló la responsabilidad del gobernador Casas y de los ministros Luna y Angulo, así como del jefe de Policía Páez, tras lo que anticipó que va a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para exigir el cumplimiento de tratados y protocolos existentes para eliminar tratos aberrantes, torturas y prácticas de degradación de los pibes y pibas de mi provincia, muchos de los cuales en su desesperada búsqueda de trabajo ponen el cuerpo para la acción vil de estos asesinos”.

 

9.2.18

La Doctrina Bullrich

Mientras que con la bandera del caso Chocobar, la ministra viajó a Washington para entrevistarse con funcionarios del FBI y DEA que esperan incrementen la asistencia en materia de “lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero”, en Quilmes su Doctrina se cobró una nueva víctima. Esta vez un adolescente de 17 años que habría intentando hurtar un teléfono móvil, fue ultimado, de dos disparos por la espalda, por un agente de la división de operaciones especiales de La Bonaerense.

 

No matarás

El párroco de Nuestra Señora del Rosario, iglesia ubicada en Avellaneda, recibió a Luis Chocobar, posó con el policía para una foto que subió a su cuenta de facebook con la leyenda “Dios bendiga a Luis Chocobar y su familia, en todo lo que en su vida necesiten”. La cuenta que este sacerdote posee en esa red social tiene una profusa actividad. “Que todo sea para bien de todos los argentinos” señaló tras el triunfo de Cambiemos y aclaró: “Ganó un partido al cual aprecio”.

 

Relevado

Semanas atrás, Fernando Díaz, fue desplazado de la titularidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos humanos por las condiciones de hacinamiento y la proliferación de torturas en cárceles bajo su jurisdicción. Díaz fue quien designó a Guillermo Von Wernich al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de ese servicio. Su tío es Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía provincial, condenado a reclusión perpetua por su participación en la comisión de delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios perpetrados en los centros clandestinos de detención del Circuito Camps, durante la última dictadura.

 

Denuncia

Otra vez, el Estado argentino fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la “persecución” y “criminalización” perpetrada contra testigos y abogados de la causa abierta por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado. La presentación fue hecha por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos, a raíz de la actitud del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería que, días atrás, acusaron de falso testimonio e integrantes de una presunta asociación ilícita a dos testigos.

 

Presión

En medio de un clima enrarecido por el aval que el accionar de Luis Chocobar recibió por parte del presidente Macri y la ministra Bullrich, el abogado Alejandro Suárez Lynch denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por “mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato” al juez de Menores, Enrique Velázquez, magistrado que procesó por exceso en la legítima defensa al policía.

 

8.2.18

Increíble

A raíz del caso Maldonado, Gendarmería Nacional hizo una denuncia penal para que se investigue por el concepto de "asociación ilícita" a los que considera como "artífices intelectuales y materiales" de instalar "la falsa hipótesis" de que Santiago había sido detenido y desaparecido por la fuerza. La medida apunta, entre otros, al testimonio de los integrantes de la comunidad mapuche, Matías Santana, Ariel Garzi y Claudina Pilquiman. Dentro del bloque de Cambiemos estudian presentar denuncias judiciales similares.

 

Volvió El Ingeniero

"Fue valiosa la actuación de Chocobar", destacó Juan Carlos Blumberg, el falso ingeniero otrora referente de la mano dura que, años atrás, forzó una reforma al Código penal tan ineficiente como reaccionaria y que tuvo su cuarto de hora que lo llevó a ser candidato por el PRO, partido que lo barrió bajo la alfombra cuando se hizo público que mentía al decir que es ingeniero.

 

Que vuelva la cárcel

El Colectivo de Ex Hijos de Genocidas adhirió al pedido que los querellantes de la causa Circuito Camps presentó, el lunes pasado junto a vecinos de Los Troncos, para que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, revea el beneficio de prisión domiciliaria que le concedió a Miguel Etchecolatz, lo que le permitió instalarse en ese barrio marplatense.

 

Apologetas del delito

El diputado Horacio Pietragalla, presentó una denuncia por apología del delito y encubrimiento contra Mauricio Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich. “La denuncia es por el respaldo al agente Chocobar que fusiló por la espalda a una persona”, dijo el legislador en su cuenta de Twitter.

 

Denuncia

Seis policías destinados al Comando Radioeléctrico de la Costa, en la ciudad de Santa Fe, fueron denunciados por perpetrar torturas, vejaciones y abuso de autoridad. Fueron imputados por 41 casos en los que se incluye el robo en procedimientos falsos.

 

6.2.18

Movilizados

También en La Plata se movilizan contra la domiciliaria que beneficia a Etchecolatz. Hoy lunes frente al Tribunal Oral 1 de esa ciudad y convocada por la Comisión Provincial por la Memoria se marchó para exigir que se revoque ese beneficio, bajo la consigna “Su única casa es la cárcel”.

 

Menos memoria

“Menos memoria y más historia”, reclamó el jefe del Ejército, teniente general Diego Suñer, tras lo que aseveró que “no hay cálculo o intención política alguna” en la decisión de encabezar el acto que se llevó a cabo en Azul en homenaje a militares fallecidos durante los 70.

 

Terrible

“Me dieron para que guarde y reparta”, dijo Esteban Rossano, el joven de 19 años que fue detenido al voleo por personal de Gendarmería el14 de diciembre, que estuvo preso durante 42 días hasta que recuperó la libertad la semana pasada. “Me pegaban piñas en las costillas, en el estómago, en la espalda. Me decían: ‘¿Así que vos sos el piquetero que tira piedras para lastimar a mis compañeros?’. Me preguntaban si tenía causas y se burlaban porque nunca pisé una comisaría. ‘Ah, ahora vas a conocer lo que es esto’, me decían”, relató el adolescente que estaba paseando cuando quedó en medio de la represión que Gendarmería perpetró sobre quienes protestaban contra el recorte jubilatorio.

 

5.2.18

 

Cuatro años

Los familiares de los diez fallecidos en el incendio del depósito que Iron Mountain poseía en el barrio porteño de Barracas, les rendirán homenaje a cuatro años del hecho, en un acto en el que volverán a reclamar justicia y celeridad en el caso. “Hay pruebas que demuestran la intencionalidad del incendio”, dijo el defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks, en relación a lo sucedido en el depósito donde multinacionales y el propio Gobierno de la Ciudad que entonces presidía Mauricio Macri, guardaban documentación sensible.

 

Solidaridad

El Partido Comunista hizo pública su solidaridad con Madres de Plaza de Mayo, después de que funcionarios del Juzgado 8 intentaran realizar un allanamiento en la sede de la Fundación. Las Madres impidieron que entraran y los funcionarios se retiraron, pero prometieron volver.

 

Procesada

La jueza María Fontbona de Pombo, procesó por los delitos de “resistencia a la autoridad y lesiones graves” a Mariana Gómez, la joven que fue detenida en octubre porque se besó con su esposa en el domo del Centro de Trasbordo de Constitución. Su abogado, Lisandro Teskiewiks, va a apelar ya que la magistrada hizo una “selección sesgada de la prueba”, al recortar de testimoniales y prueba que la defensa se ofreció a aportar que demuestran que el personal policial que detuvo a Mariana, perpetró un acto concreto de discriminación.

 

Ruidazo

A un mes de la detención domiciliaria del represor, vecinos del Bosque Peralta Ramos realizaron un encuentro cultural, ruidazo y festival, para exigir que Miguel Etchecolatz vuelva a la cárcel y advirtieron que el genocida disfruta de “una libertad encubierta”.

 

ARA San Juan

Un informe confeccionado por expertos submarinistas dio cuenta, días antes de su última salida, que el ARA San Juan tenía por lo menos “seis falencias graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que significa que el submarino corría un riesgo muy alto” se lo destinaba a una misión como la que cumplía cuando desapareció, el 15 de noviembre de 2017. Esta información estaba en manos de Marcelo Srur, por entonces titular de la Armada, y del ministro de Defensa, Oscar Aguad.

 

26.1.18

 

Primero fueron los aprietes que intentaron provocar una acogida en masa de los retiros voluntarios. A esto le siguieron los despidos y, ahora, la Gendarmería que invadió Río Turbio que, como durante los 90, se presenta como el garante del intento de vaciamiento y cierre de las minas.

 

Víctimas denunciadas

El Gobierno denunció a personas mapuche que, en declaraciones judiciales, dieron cuenta de la represión que rodeó la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. En línea con la intención oficial por despegar a Gendarmería del caso, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por “falso testimonio” contra siete integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen y contra Matías Santana, amigo de Santiago Maldonado.

 

Alarmante

Correpi denunció que las consultas que recibe por detenciones arbitrarias se multiplicaron desde que Mauricio Macri es presidente y recalcó que se vive “un pico represivo” y criminalización de la protesta social. “Antes recibíamos una consulta por día, seis o siete por semana en total”, dijo la titular de la Coordinadora, María del Carmen Verdú y añadió “ahora llegan seis o siete consultas por día”.

 

25.1.18

 

Santiago Maldonado

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió poner fin a la “acción urgente” con la que, en agosto de 2017, instó al Estado argentino a localizar a Santiago Maldonado, a quien se había visto por última vez intentando escapar de la feroz represión desatada durante un operativo de Gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

 

Esclavitud

Trabajadores llevados desde Santiago del Estero hacia campos bonaerenses para realizar tareas de desflore de maíz, denunciaron que son sometidos a condiciones insalubres de trabajo en propiedades de las semilleras Satus Ager y Advanta.

 

24.1.18

Colección Cambiemos

En el Museo Casa Rosada comenzaron a exhibirse objetos pertenecientes a diferentes dictaduras resultantes de golpes de Estado perpetrados durante el siglo 20. A instancias del Gobierno, se incorporaron piezas en la muestra permanente que pertenecieron a Pedro Eugenio Aramburu y una foto que reúne sonrientes a Leopoldo Galtieri, Rafael Videla y Roberto Viola, sobre un epígrafe en el que se los recuerda como “ex presidentes”. Lo que se dice memoria completa, como exigen Nicolás Massot y Pablo Tonelli, ente otros integrantes de staff gubernamental.

 

23.1.18

 

Ataque

Otra vez integrantes de la comunidad mapuche fueron víctima de ataques. En esta oportunidad miembros de Las Haytekas, comunidad establecida en las afueras de El Bolsón denunciaron los incendios perpetrados contra las casas de algunos de sus integrantes, durante la semana pasada, hechos que le endilgan a empresarios y personas vinculadas al municipio que se oponen a la ocupación pacífica que hacen para reclamar la propiedad ancestral de estos predios.

 

Detenida

Sofía Gatica fue detenida el sábado por la policñia de Córdoba en la localidad de Dique Chico, a alrededor de cincuenta kilómetros de la capital provincial, pero fue liberada después de que una movilización popular lo exigiera. Gatica una conocida activista contra las fumigaciones ilegales que se perpetran a instancias de productores sojeros. Esta vez la detuvieron cuando, junto a otros moradores de la zona, intentaba impedir fumigaciones masivas ilegales. Aunque fue liberada, continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.

 

Que den la cara

Familiares de los tripulantes del ARA San Juan exigieron que Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, se presenten ante ellos “de forma urgente” y de “manera personal”, en la Base Naval de Mar del Plata, “para clarificar dudas y descartar versiones diferentes de los hechos”. Lo hicieron a casi setenta días de que se recibiera la última señal del submarino. “Estamos juntos y vamos a recorrer este camino todos juntos hasta el final”, había dicho el mandatario al dirigirse a los familiares que reclaman que se siga buscando la nave. Poco después, Macri se fue de vacaciones y, aún, no volvió a recibirlos.

 

El Cecim reclama por los derechos conquistados16.1.18

“El gobierno deja de lado las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”

En dialogo con NP diario de noticias, Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas, habló de la denuncia que realizaron ante la Comisión de Derechos Humanos por el desmantelamiento del área de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, sobre la Reforma Previsional y el ARA San Juan.

 

-¿Qué opinión le merece los despidos producidos en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa?

Esos funcionarios despedidos asisten a todas las causa de derechos humanos, en un área que para nosotros es central, porque ahí estaban llevando adelante una tarea gigantesca, ya que han digitalizado un montón de materiales y de información vital para la justicia, que es fundamental, por eso le quitan un montón de recursos humanos.

En el marco de una solicitud que hicimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informamos de la situación que se ha planteado con el desmantelamiento en la Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

Particularmente afecta a la causa que estamos llevando adelante como querellantes, que esta radicada en Río Grande, Tierra del Fuego; porque a partir de la desclasificación total de los archivos de Malvinas, aparecieron los documentos que constatan estas graves violaciones denunciadas oportunamente por los soldados a su regreso de Malvinas en mil novecientos ochenta y dos.

No solamente afecta a esta causa donde desde el Cecim somos querellante, que se investiga a las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los combatientes, sino también a la asistencia a todas las causas por violaciones a los derechos humanos que se tramitan en todo el territorio argentino, esta es una medida del gobierno del Presidente Macri que deja de lado la política de Memoria Verdad y Justicia.

 

-¿Qué valoración hace de la Reforma Previsional aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre pasado?

Esta medida que tomó el gobierno la tomamos como inconstitucional porque ha modificado la formula para hacer el cálculo para la actualización del haber jubilatorio y las pensiones, en este caso de los ex combatientes de Malvinas, en forma retroactiva.

Como uno de los sectores damnificados, hemos presentado un amparo que sabemos afecta a miles de jubilados y pensionados, en el caso de los ex combatiente hay una pensión universal que la otorga el Anses, que equivale a tres jubilaciones mínimas, situación que se ha modificado desde el año dos mil cinco, otorgándonos esta pensión de guerra como parte de un reconocimiento del Estado, vemos que estas políticas van en contra de toda acción de progresividad que tiene que tener el Estado en asistir y ayudar, algo que tanto nos costo conseguir.

Este reconocimiento que nos había otorgado el Estado fue fundamental para todos aquellos ex combatientes que no se habían podido integrar a la rama laboral, y que se tuvieron que jubilar anticipadamente, esta ley que nos costo mucho tiempo conseguirla también fue vetada por el Presidente Macri, que nos generaba un piso de tres haberes mínimos, pesemos que el regreso de Malvinas fue muy complejo, ya que no tuvimos políticas publicas, hubo un Estado ausente, muchos de los compañeros no pudieron integrarse a una rama laboral, que se suma al abandono de las políticas soberanas sobre el tema de Malvinas.

 

-¿Cómo observa la situación donde desaparece el submarino Ara San Juan con sus 44 tripulantes?

Desde el Cecim nos hemos solidarizado con todos los familiares de los tripulantes del Aras San Juan y vemos que hay una situación que lamentablemente continúa en el tiempo, hay una política de ocultamiento que han tenido las fuerzas armadas, muy semejante a la experiencia de ocultamiento que hemos tenido al regresar de Malvinas, de ocultar los hechos que comprometían y deslindaban responsabilidad, esto es similar a aquella situación.

Pesemos que hay un sistema internacional que detecta los diferentes sonidos en los océanos, que tiene que ver con el cuidado de la no proliferación de pruebas nucleares, y el primero que fue informado fue el Estado argentino encabezado por el Presidente, quien es el Jefe de las Fuerzas Armadas.

 

-¿Se pueden establecer hipótesis?

En esto no hay que descartar ninguna hipótesis, estamos hablando de una zona que esta altamente militarizada, a veces perdemos la visión total de que tenemos un enclave neocolonial militar en el Atlántico Sur, con la base de la fortaleza instalada por parte de los británicos desde mil novecientos ochenta y cinco.

Acá no podemos descartar ninguna hipótesis, en el marco de distintas circunstancias y situaciones, recordemos que se han realizado algunos ejercicios militares que la justicia tiene que investigar, ya que se fueron hechos en forma encubierta y sin tener la aprobación del Congreso Nacional.

 

-¿Y las responsabilidades?

Hay dos tipos de responsabilidades primero la el gobierno nacional, quien fue el primero en enterarse, que tiene la autoridad política para asumir lo que había ocurrido, pero continua con la costumbre de ocultar información como sucedió en infinidad de situaciones desde el tema Malvinas hasta el caso Carrasco, o el negacionismo que aplica el gobierno de Macri en el hechos de represión al movimiento popular como sucedió en la Patagonia con la Gendarmería y la Prefectura, con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, donde presenta una política de encubrimiento.

Hay que ir hasta las últimas consecuencias y lo mejor que puede aparecer aquí es la verdad, con el acompañamiento de las familias que sufren estas ausencias, viendo la desprotección del Estado y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas mostrando su ausencia.

 

IRIS PEREYRA DE AVELLANEDA25.1.18

“Antes de reconciliarme con los genocidas me hago monja”

La co-presidenta de la Ladh, importante testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad y madre del Negrito, salió así al cruce del diputado Massot, que salió a pedir la “reconciliación” de los argentinos.

“Reconciliación, las pelotas”, dijo la co-presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Iris Pereyra de Avellaneda, al referirse al reciente planteo del titular del bloque PRO de la Cámara de Diputados de la Nación, Nicolás Massot, quien reclamó impunidad para los perpetradores de delitos de lesa humanidad cuando aseveró que Argentina debe “hacer como en Sudáfrica y llamar a una reconciliación”.

Los dichos de Massot tuvieron, rápidamente eco entre algunos de sus socios de bancada, entre ellos, Pablo Tonelli, quien dijo que es preciso avanzar en “una reconciliación” que incluya una “mayor celeridad” de los juicios por delitos de lesa humanidad y “ecuanimidad en la aplicación de elementos procesales como la prisión domiciliaria”.

En este punto es prudente recordar que los juicios abiertos para juzgar los crímenes perpetrados durante el terrorismo de Estado, son considerados modelo en todo el mundo, pero también que, pese a esto, más de la mitad de los condenados disfruta de condiciones atenuadas para el cumplimiento de sus condenas, como la prisión domiciliaria.

Entre los beneficiados está el genocida Miguel Etchecolatz, a quien una decisión judicial sumamente cuestionable, le permitió dejar la cárcel para alojarse en un amplio chalet que posee en Mar del Plata. Pero esto no es todo, ya que en una clara provocación a la movilización adversa que su presencia causó entre vecinos del barrio quienes se movilizaron para hacer público su rechazo, junto a organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas, entre ellas el Partido Comunista, días atrás, se lo vio saliendo de la propiedad.

Política del corazón

Iris Pereyra exclamó tras los dichos “reconciliación, las pelotas” y agregó venialmente: “antes de reconciliarme con los genocidas me hago monja”. Consideró que el joven diputado Massot, cuya familia está implicada en casos de lesa humanidad, “sabe perfectamente lo que ocurrió en el 76”. Por eso, la activista de derechos humanos, acusó: “un tipo que pide eso es un facho hecho y derecho”.

“Estoy bastante mal porque pide reconciliación siendo que fue un genocidio”, comentó. Agregó: “hemos pagado el pato gente que no tenía nada que ver por ser comunista, como fuimos y seremos toda la vida nosotros; por eso antes que nos acusen de algo que no hicimos, que nos maten a los hijos, que nos maten a 30 mil, ¿qué reconciliación?”.

“Es algo increíble”, se quejó y enfatizó que ella, en cambio, está “a favor del esclarecimiento del caso de 30 mil desaparecidos”. “A ese tipo (Massot) habría que denunciarlo y meterlo en cana, por hijo de puta”, añadió.

Por otro lado, Pereyra expresó que “estos abajo del ala tienen muchas cosas” y por eso no descartó que los dichos del diputado oculten algún proyecto político para el Congreso en el sentido de buscar una suerte de amnistía. “Lo que están haciendo en todo lado no tiene nombre”, repuso y advirtió: “ellos tienen todo y van por todo, están a favor de los que más tienen y en contra de los que menos tenemos”.

En ese sentido, se solidarizó con los trabajadores despedidos del hospital Posadas, del que dijo: “lo quieren privatizar y han echado los mejores cirujanos y los mejores médicos”. “Por ellos también estamos luchando”, le sumó y también se quejó porque cerca de su barrio “nos quieren meter también un aeropuerto trucho en Palomar”.

Dijo: “nos quieren arruinar la vida” y “es increíble todo lo que estamos pasando”. Finalmente, sostuvo: “todo depende de nosotros, si nos quedamos dormidos o abajo de la cama no va a pasar nada, pero tenemos que pelearla a esta”. Agregó futbolísticamente: “mientras mis piernas me den con qué, les voy a marcar la cancha”.

LA PLATA19.1.18

Coronar al neonazi

Un joven admirador de Hitler y defensor de los genocidas de la última dictadura, fue nombrado al frente de la cartera municipal de Juventud. Hubo repudio general y el intendente tuvo que retroceder en la designación.

El intendente de La Plata, Julio Garro, debió dar marcha atrás con la designación de un joven neonazi al frente de la cartera municipal de Juventud. La rectificación se debe al inmenso repudio que cosechó por parte de la sociedad y de organismos de derechos humanos la noticia de que un reconocido admirador de Hitler y de los genocidas de la última dictadura argentina recibiera ese cargo.

Se trata de Lautaro Grilli, quien por las redes reivindica los símbolos del nazismo y en su colegio secundario protagonizara singulares agresiones a sus compañeros. Llegó a decir a miembros del centro de estudiantes que ellos serían los próximos desaparecidos y hasta a protagonizar episodios de misoginia contra sus compañeras de curso en el Normal 2 de La Plata.

A otro compañero, que había pasado parte de su infancia en el Hogar del Padre Cajade, un refugio católico para niños con problemas familiares o en situación de calle, llegó a llamarlo “un negro que comía basura”. Por si esto fuera poco, a otro compañero, sobrino de desaparecidos, lo amenazó con revivirle en carne propia la picana que sus tíos habían padecido.

También destacó en el Normal 2 como un agitador juvenil de Vanguardia Nacionalista, una de las agrupaciones de extrema derecha peor reputadas de la Argentina. En ese rol, empapeló el colegio con propaganda fascista, por lo que fue denunciado penalmente y cambiado de establecimiento.

Claro está que este frondoso prontuario en alguien tan joven mereció el repudio generalizado. En ese plan, firmaron un petitorio para removerlo una larga lista de referentes políticos y de derechos humanos, como Estela de Carlotto, Tati Almeyda, Lita Boitano, Nora Cortiñas, la Apdh, Hijos, Rosa Bru, PJ y Kolina, entre otros y otras.

Por su parte, Nicolás Ramos, secretario de la FJC de la provincia de Buenos Aires y vecino de La Plata, dijo que la designación ya retirada de Grilli “es una demostración ideológica de lo que su sector político representa”. “Garro nos tiene acostumbrados”, dijo y recordó: “como cuando hizo declaraciones contra el colectivo trans, al que planteó como de enfermos”.

Remarcó la “acción represiva” cotidiana del intendente y sus fuerzas en la capital bonaerense y especificó que allí hay “un gobierno que está en función de los intereses de los sectores poderosos de la ciudad y en contra de los sectores populares”.

Enfatizó que “la designación de Lautaro Grilli generó un repudio muy grande” y aclaró: “si no había una reacción de todo el arco político, la cosa pasaba”. Y repuso que en el macrismo que gobierna La Plata “no es que no conocían a este muchacho, porque lo analizaron, y evaluaron que correspondía según su criterio”.

“Aparentemente, con este gobierno se intenta premiar este tipo de ideologías”, aventuró Ramos y expresó: “estos sectores que no solamente reivindican el genocidio sino que son la patota de los grupos juveniles”.

 

A dos años de la detención de Milagro Sala16.1.18

Para los compañeros, la libertad

Durante la jornada de hoy se movilizó en diferentes puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires se marchó hacia la Casa de Jujuy y esta noche se va a hacer lo propio hacia la Quinta Presidencial.

“Se cumplen dos años del ensañamiento, por parte del gobierno nacional, contra Milagro Sala”, definió el coordinador nacional del MTL, José Chapu Urreli, tras participar en la marcha convocada por el Foro en Defensa de la Democracia y por la Libertad de los Presos Políticos, que unió la zona del Obelisco y la Casa de Jujuy.

Ahí el representante de la Corriente Nacional Agustín Tosco (Conat), encabezó la nutrida columna junto a los titulares de ATE-Capital, Daniel Catalano, y su par de UTE-Ctera, Eduardo López, entre otros. La jornada va a continuar cuando, a partir de la hora 19, tenga lugar otra movilización por la libertad de todos los presos políticos, esta vez, desde Puente Saavedra hasta la Quinta Presidencial.

Las convocatorias que fueron realizadas, a dos años del momento en que fue detenida Milagro Sala, por un importante arco de agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, tuvieron su principal capítulo en la Ciudad de Buenos Aires, pero también se desarrollaron en diversos puntos del país.

En este contexto, en Jujuy, el periodista Víctor Hugo Morales, brindó una charla en la sede de la Tupac Amaru y, más tarde, una conferencia de prensa.

Vale citar que desde diciembre, la dirigente social fue trasladada desde el Penal de Mujeres del barrio Alto Comedero -de la capital jujeña- hasta una vivienda ubicada en la localidad de El Carmen, donde cumple la prisión preventiva domiciliaria con restricciones. Todo esto en medio de una persecución, por parte de buena parte del aparato estatal, que alcanza a todos los integrantes de la Tupac y que ya llevó a muchos de ellos a la cárcel.

Persecución

“Se trata de un encarcelamiento ilegítimo a una militante del campo popular que ha logrado hacer muchas cosas para el pueblo jujeño y eso es algo que no le pueden perdonar”, reflexionó Urreli y recordó que, además de Milagro Sala, también están presos “compañeros como Luis D’ Elia y Fernando Esteche”, quienes “padecen condiciones pésimas de detención, sin la atención médica requerida y en pabellones con presos comunes, en el caso de Esteche”.

Así las cosas, el referente de la Conat fue claro cuando exigió “la inmediata libertad de Milagro Sala y el resto de los compañeros” tras lo que, sin dudarlo, definió a la titular de la Conat, como “la primera presa política, pero no la única”.

Y recalcó: “lo que queda claro, es que su encarcelamiento es paradigmático y, desde el inicio, cumple una función disciplinadora para el campo popular”.

Asimismo, Urreli hizo hincapié en estas detenciones que “revelan el avance sectario y reaccionario que se está dando en nuestro país y en parte del continente, cuyo objetivo es destruir las conquistas que se lograron en el marco de los gobiernos progresistas de América Latina”.

Ya que, explicó, “no hay causas reales que puedan justificar, desde un punto de vista jurídico, la prisión de la compañera” y lo mismo, recalcó, “pasa con las del resto de compañeros encarcelados como D’Elia, Esteche, Carlos Zaninni y Facundo Jones Huala”.

Tras lo que denunció que está en marcha “una ofensiva del gobierno contra los opositores, orquestada por el ejecutivo, la corporación judicial y los medios de comunicación”, algo que está destinado a generar condiciones propicias “para una política que se expresa en el DNU recientemente firmado, que modifica leyes salteando el Congreso y pretende realizar una reforma del Estado de prepo”, lo que definió como “un claro golpe de Estado contra el Parlamento Nacional”.

Sigue el encubrimiento16.1.18

El victimario se hace la víctima

La ministra de seguridad atacó a los organismos de derechos humanos y, a pesar de que la carátula sigue siendo la desaparición forzada, dijo que la verdad es otra y “salió a la luz”.

“La verdad salió a la luz”, alardeó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a la muerte de Santiago Maldonado y recalcó que “hubo sectores interesados en construir una versión que involucraba a la Gendarmería con una desaparición forzada que no fue”.

Bullrich aseveró esto en un espacio que le resulta tan amable que, a esta altura, se convirtió en una especie de ágora del pensamiento afín a La Rosada: el programa que conduce Mirtha Legrand, que se emite por Canal 13.

Ahí en una nueva defensa de la actitud que tuvo la cartera que preside y el personal de Gendarmería afectado al operativo que terminó con la vida de Maldonado, una envalentonada Bullrich, aseveró que “hubo una construcción para poner al Gobierno en un lugar donde no estaba”.

Tras lo que, provocadora, hizo hincapié en que “se jugó con volver a lo peor de nuestra historia que fueron los desaparecidos”.

Pero más allá de los dichos de la ministra, la causa sigue abierta para determinar cuáles fueron las circunstancias que rodearon a la muerte de Maldonado quien fue visto con vida por última vez el 1º de agosto de 2017, durante un operativo irregular llevado a cabo por personal de Gendarmería en la comunidad Mapuche de Pu Lof de Cushamen, al noroeste de Chubut.

Después de 78 días sin que se conociera su paradero, el cadáver de Maldonado fue hallado en aguas del río Chubut, durante un rastrillaje ordenado por el juez Gustavo Lleral y llevado a cabo por efectivos de la Prefectura. El expediente está caratulado como “desaparición forzada”.

Iris contra Bullrich

“Es imposible esperar otra cosa de Bullrich” exclamó Iris Avellaneda, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y recordó que “sin dudas se trató de una desaparición forzada que la ministra y el presidente ocultaron desde un primer momento”.

Para la dirigente, “no hay equívocos en las expresiones de Bullrich” y apuntó que “su discurso tiene el objetivo de legitimar la furia represiva con la que el Estado ataca a los que se oponen a la política de ajuste, entrega y represión del gobierno”.

De esta manera, la mamá de El Negrito e ícono de la lucha por memoria, verdad y justicia en el país, señaló que “detrás de la ministra de Seguridad está el aval de Macri y la política de la Embajada yanqui” y denunció que “así como en los setenta, el objetivo es aplastar a los pueblos del continente y por esa la violencia con la que se desenvuelven”.

A pesar de ello, Iris recalcó –por si hiciera falta- que la Liga “va a seguir luchando por Maldonado, por los presos políticos y por derrotar a este proyecto que castiga a los trabajadores”.

 

 

En defensa de un sitio de la Memoria11.01.2018

Movilización en El Palomar

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre junto a otros organismos y vecinos de la zona se oponen a que la base aérea de esa localidad se convierta en un aeropuerto para líneas aéreas low cost.

“Este fallo es producto de la lucha de los organismos y los vecinos que nos movilizamos para frenar este intento del gobierno”, dijo la co-presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Iris Avellaneda, al referirse a la decisión judicial que suspendió las obras que se estaban llevando a cabo en la base aérea de El Palomar, para convertirla en un aeropuerto apto para que operen líneas aéreas low cost que fueron autorizadas por el gobierno nacional durante 2017.

La determinación fue de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien hizo lugar a un recurso de amparo que fuera presentado por organizaciones vecinales y de defensa de los Derechos Humanos y se refiere al intento de la empresa FB Líneas Aéreas SA, más conocida como FlyBondi.

La magistrada ordena que el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), “se abstengan de comenzar las actividades de aeronavegación en el Aeropuerto de El Palomar o Base Aérea Militar de El Palomar, hasta tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá ser presentado por la Empresa Aeropuertos Argentina 2000”.

En su fallo –que el ejecutivo adelantó que apelará-, Forns atiende los reclamos vecinales focalizados en el posible impacto que el arribo y salida de aviones comerciales provocaría en el medio ambiente, pero asimismo, avanza sobre algo que fuera denunciado en otras causas penales que esperan definición.

Es que el punto clave es que, por ley, el predio fue designado Sitio de la Memoria, porque durante la última dictadura funcionó ahí un centro clandestino de detención y exterminio.

Al respecto, Forns es clara cuando señala que pese a los requerimientos hechos, la Anac “nada dice sobre el tema”, al tiempo que el Ministerio de Transporte “sólo apela a la genérica afirmación de que la medida adoptada no afecta a los Derechos Humanos”.

Y, todavía con más claridad, la jueza recalcó que “las obras de infraestructura que se pretenden realizar en la I Base Aérea de El Palomar pueden resultar una pérdida de importante prueba para causas penales en trámite”.

MENSAJE DE IMPUNIDAD04.01.2018

Premiar al represor

El gendarme imputado por el supuesto asesinato de Santiago Maldonado fue ascendido al grado de alférez con la firma de la ministra Patricia Bullrich. Críticas desde la Ladh.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ascendió, entre otros, al gendarme Emmanuel Echazú, quien es investigado en el caso de Santiago Maldonado, por su participación en la represión de Gendarmería en cuyo contexto murió el joven.

Esta decisión fue repudiada por la familia Maldonado que la catalogó, “como mínimo, de prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago”.

Y añadió que “el ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas”.

Por lo que los familiares de Santiago hicieron hincapié en que la resolución sea “revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos”.

Por su parte, José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) consideró la actitud del ministerio como “una muestra de impunidad” y de “compromiso con el encubrimiento con el asesinato de Santiago”. “Es un enorme paso hacia la destrucción del Estado de derecho y la transformación del régimen en la Argentina en un gobierno autoritario con máscara democrática mínima”, le sumó.

Ilustró sus palabras haciendo una analogía de la situación con lo que ocurre en la película El secreto de sus ojos, en donde un asesino y violador condenado, pasado el tiempo es contratado como guardaespaldas de la figura presidencial. “Es una metáfora bastante directa de la transformación de estos grupos lúmpenes de asesinos en fuerza estatal”, dijo al respecto aunque enfatizó que “la historia no se repite y cada momento es absolutamente distinto a otro”.

“No se puede dejar de considerar el ascenso de Echazú como una muestra enorme del compromiso del gobierno de Macri con la represión, la criminalización de la protesta y el desprecio por la opinión de los sectores populares y democráticos e, incluso, de los convenios y los pactos internacionales”, adujo.

Después, Schulman recordó que Echazú se “autoinculpó” en la causa como “una maniobra” para “introducirse en la causa por medio de sus representantes y tener bajo control aún más directo la causa una vez salido el juez Otranto, operador de Bullrich”.

Recalcó que “la causa no está cerrada” y que “una vez convertido el crimen todo fue una manipulación articulada, integral y global en donde cada parte jugaba un rol”. Por eso rescató el rol de la movilización popular para enfrentar esta impunidad y sentenció: “la lucha nunca es en vano”.

Agregó la vigencia del pedido de renuncia para Patricia Bullrich y consideró que esta ministra es “un nexo muy importante con el Mossad y el Comando Sur de los Estados Unidos”. “Muchas de estas acciones son típicas entre las que el imperio está llevando en toda América Latina”, observó.

 

El genocida libre29.12.2017

Repudio a Echecolatz en Mar del Plata

“Esta presencia genera una gran conmoción en la ciudad en la que los organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones sociales estamos alerta y movilizados, en pie de lucha y elaborando un plan de acción porque no lo queremos aquí”, recalcó Pedro Ferrer.

“Esto no merece otra opinión que el repudio de todos los que creemos en la necesidad de construir una sociedad con memoria y justicia”, señaló el secretario del Partido Comunista de Mar del Plata, Pedro Ferrer, al sumar la voz del PC a la de diferentes organizaciones y concejales de esta ciudad -excepto del PRO-, que se alzaron para rechazar la decisión de trasladar a Miguel Etchecolatz a una vivienda que posee en el Bosque Peralta Ramos.

Cabe recordar que el Tribunal Oral Federal 6 le bridó a este genocida, condenado por diversos crímenes de lesa humanidad, el beneficio de prisión domiciliaria que cumplirá en un chalet en la ciudad de Mar del Plata.

Pero esto no es todo, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, con votos de Alejandro Esmoris y Germán Castelli, desestimó el pedido de revisión de la medida y relativizó el hecho de que una víctima directa del genocida viva en el mismo barrio.

El rechazo que provoca la presencia de este individuo que acumula seis condenas por crímenes de lesa humanidad atraviesa a amplios sectores de la sociedad marplatense y ya se manifiesta en la propia zona de Peralta Ramos donde pueden verse pancartas y carteles que escrachan a Echecolatz.

Por su lado, en idéntico sentido se pronunció el deliberativo comunal. Todos menos el los concejales del PRO hicieron público su repudio. Mientras tanto, el intendente Carlos Arroyo recalcó que no puede opinar “sobre temas que resuelva la Justicia porque soy parte del Poder Ejecutivo”.

Desde que este ex aliado de Luis Patti y los carapintada es intendente de Mar del Plata, esta ciudad se convirtió en una especie de coto de caza habilitado a bandas neonazis.

Movilización

Ante esto, al cierre de esta edición, hoy viernes a la hora 19, está convocada una marcha hacia la sede municipal marplatense para repudiar la presencia en esta ciudad de Echecolatz.

Memoria, verdad y justicia reclama Ferrer cuando insiste en que “estamos en contra de la prisión domiciliaria que beneficie a cualquier genocida, pero entre todos los represores que perpetraron delitos de lesa humanidad, lo de Echecolatz es todavía mucho más grave porque este oscuro personaje fue, durante la última dictadura, amo y señor de la provincia de Buenos Aires, ya que estaba a cargo de 33 campos de concentración”.

Por lo que, sin dudarlo, aseveró que “Echecolatz

Este no es un personaje más, no es un perejil, lejos de eso es parte central del aparato represivo de la dictadura cívico militar”.

Y añadió que “esta presencia genera una gran conmoción en la ciudad en la que todos los organismos de defensa de los derechos humanos, partidos políticos y organizaciones sociales estamos alerta y movilizados, en pie de lucha y elaborando un plan de acción porque aquí no lo queremos, no queremos en Mar del Plata”.

Asimismo, al referirse a la postura que adoptó el Concejo Deliberante, que declaró persona no grata a Echecolatz, Ferrer recalcó que “con esto no alcanza” y definió que, “probablemente, esto fuera sólo una lavada de cara”, tras lo que fustigó al ejecutivo comunal que encabeza Arroyo por la posición que adoptó ante este tema.

Pero, finalizó, “confiamos en que más allá de esto, como siempre, la organización popular y la movilización del pueblo es lo que define este tipo de situaciones”, por lo que “debemos avanzar en esta dirección”.

IGNOMINIA JUDICIAL28.12.2017

Etchecolatz se va a su casa

Concedido para el genocida múltiplemente condenado el beneficio de la prisión domiciliaria, este se instalará en un chalet de Mar del Plata.

“Si la desaparición forzada de Julio López alertaba sobre el fin del Nunca Más, la libertad del asesino Echecolatz (encubierta como ‘prisión domiciliaria’) marca un retroceso gigantesco para el proceso de Memoria Verdad y Justicia que supimos conseguir desde todo el pueblo argentino”.

De esta manera se pronunciaron diferentes organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), ante la decisión del Tribunal Oral Federal 6 de brindarle a este genocida, condenado por diversos crímenes de lesa humanidad el beneficio de prisión domiciliaria que cumplirá en el chalet que posee en el Bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata.

“El camino del 2x1 que trazó la nueva Corte Suprema, que habilitó las libertades a domicilio con el fallo a favor del genocida Aleispeiti, ha abierto las puertas para este verdadero agravio a la memoria, las victimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y a la democracia que repudiamos desde los organismos de derechos humanos”, recuerda la declaración de los organismos y añade que, “como dijimos en los 90, si no hay justicia habrá escrache para los genocidas” y “para un asesino como Echecolatz no hay otro sitio que la cárcel común, perpetua y efectiva”.

Además de la Ladh, suscriben este pronunciamiento, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza Comisión Memoria y Verdad y Justicia de la zona Norte.

Privilegio

En la Argentina de los presos políticos, la prisión domiciliaria para un genocida no es otra cosa que un privilegio que, si bien tiene antecedentes jurídicos como el 2x1 para represores (que oportunamente recibiera el rechazo masivo de la sociedad), puede generar en adelante un duro precedente para más ignominia.

Por ahora, además de una injusticia, el acto de permitir que Etchecolatz pase el año nuevo en su casa mientras destacados referentes de la política deben hacerlo, sin condena, en la cárcel, es sin dudas un método: no importan los clamores populares, por masivos que fueren, ya que así se procederá, como lo demuestra la política judicial de dos años a esta parte, con los responsables del último genocidio argentino.

Si bien es cierto que Etchecolatz es un anciano de 88 años, no menos cierto es el hecho de que es peligroso. Baste de prueba para afirmarlo recordar que en La Plata, cuando era juzgado por crímenes de lesa humanidad, sin tapujos mostró a sus adeptos un papel con un nombre: Julio López. Este, testigo fundamental en el juicio, desapareció poco después y no se lo encuentra todavía.

Preso y todo, el represor siguió demostrando que le sobra influencia política. Y antes que disminuirlo físicamente, no cabe duda de que los años han fortalecido en ese aspecto a quien, como comisario de la Policía Bonaerense durante los años dictatoriales, fue hallado culpable de asesinatos, desapariciones y violaciones.

Tan terrible es su prontuario que su hija Mariana, que hace poco más de un año se cambió el apellido, no tuvo piedad en describirlo así: “mi padre es un genocida, un ser infame y malvado”. Tanta es la aversión de la hija de Etchecolatz a su padre, que la mujer, víctima también y desde niña de la violencia del represor, se convirtió en activista de derechos humanos…

La prisión domiciliaria fue obtenida, ciertamente, con una cuota de tenacidad por parte de la defensa del genocida, ya que no era este, finalmente concedido, el primero de los pedidos de ese beneficio. Ahora se lo verá por el bonito Bosque Peralta Ramos, en la periferia marplatense, cerca del domicilio de una de sus víctimas, la cual ya pidió medidas de protección de su integridad física.

Los integrantes de TOF 6 que firmaron esta ignominiosa medida son (y vale recordar estos nombres) los jueces José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero. Y la prisión domiciliaria fue concedida en el marco de un proceso en el que Etchecolatz es investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comisaría de Monte Grande y en la División Cuatrerismo.

Rubén López, hijo del Julio que fuera víctima de las torturas del virtualmente liberado, cuestionó el fallo: “a mi papá nadie lo busca y a este tipo lo dejan libre”.

JOSÉ SCHULMAN28.12.2017

“La libertad de Etchecolatz marca el fin del Estado de derecho”

Así caracterizó el secretario de la Ladh la decisión de otorgar prisión domiciliaria al genocida.

La noticia de la prisión domiciliaria varias veces exigida y al final concedida para el genocida Miguel Etchecolatz halló en los organismos de derechos humanos el repudio unánime. Estos, además, no se quedaron de brazos cruzados y ya emitieron una denuncia debida a la proximidad con que el represor vivirá en su chalet de Mar del Plata con respecto al domicilio de una de sus víctimas.

Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) habló su secretario, José Schulman, quien enfatizó lo declarado ayer desde este organismo junto a otros de derechos humanos: “si la desaparición de Julio López marcaba el fin del Nunca Más, la libertad de Etchecolatz marca el fin del Estado de derecho en Argentina”. Agregó: “no hay que ser ambiguo porque las cosas son contundentes”.

“Esta no es una discusión jurídica”, repuso y recordó en ese sentido que el año 2013 el ex ministro de Economía de De la Rúa, Ricardo López Murphy, mantuvo una reunión con familiares de represores, en donde les planteó que, ante la poca viabilidad de un indulto a los criminales, la estrategia debería ser ir por las prisiones domiciliarias.

Schulman consideró que, en efecto, eso fue “lo que ha ido avanzando” y que “el caso de Etchecolatz se instaló como un límite”. Recordó “los cinco tribunales que en otra instancia le habían negado este beneficio por su carácter de genocida” y la sentencia que lo condenara por primera vez en el marco del juicio que tuvo como testigo a Julio López, que rezaba (cita Schulman de memoria): “criminales como Etchecolatz no pueden pasar un solo día de su vida fuera de la cárcel”.

Asimismo criticó que “no pocos fiscales y sabihondos de los derechos humanos cayeran en la trampa de creer que era una cuestión de las garantías, por lo que muchos de ellos terminaron avalando la estrategia de la impunidad”.

Política de la impunidad

Habiendo afirmado José Schulman que la discusión ya no es jurídica, arribó después a que esta “es política”. “La Corte Suprema, con su nueva composición, en diciembre de 2016 decidió ignorar acuerdos tomados en la Constituyente de 1994”, dijo en ese sentido y repuso: “a partir de ahí la corte fue marcando un camino de impunidad”.

Observó que el máximo tribunal argentino “no retrotrajo el 2x1 sino que lo dejó como un acuerdo vigente aunque no aplicado todavía”. “Dio paso libre a esta estrategia”, añadió. “Está claro que después de él (Etchecolatz) vendrán muchos más”, dijo.

“El riesgo no es el precedente sino que Etchecolatz esté libre, porque es una de las figuras principales del exterminio, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue un verdadero ejército de ocupación y exterminio en los principales centros laborales de la Argentina durante la dictadura”.

Por otro lado, informó que “en el día de hoy la abogada de la Liga, Guadalupe Godoy, ha presentado una denuncia, que costó mucho porque los tribunales la fueron negando pero al final se pudo presentar, basándonos en que están en riesgo los compañeros sobrevivientes”. Le sumó: “en base a ese riesgo vamos a pedir la reversión de la medida”.

Finalmente, llamó a “escrachar a Etchecolatz y salir a las calles”. “Hay momentos en que las palabras son banales, no es momento de palabras, no es muy importante lo que diga Fulano o Mengano, lo que se necesita es que la militancia, el pueblo, los que vayan de vacaciones a Mar del Plata, se comprometan a repudiar a Etchecolatz en su barrio”, consideró.

 

Coronda, Santa Fe21.12.2017

Juicios por crímenes de lesa humanidad

En el proceso judicial, conocido como causa “Coronda”, se juzga a dos ex miembros de Gendarmería Nacional que cumplieron cargos en la dirección del penal de Coronda durante la última dictadura por crímenes cometidos contra 39 prisioneros políticos.

“Recordamos bien la militarización de la cárcel por la gendarmería, dejando a un lado al personal penitenciario y utilizando la prisión como centro clandestino de detención”, confirma Marcos Finochietti, miembro del Comité Central del PC en Santa Fe. Es que se está juzgando a los jefes de Gendarmería que estuvieron a cargo de la cárcel de Coronda durante la dictadura, y, explica Finochietti, “dentro de la cárcel había un régimen que era de detención clandestina” aclara.

En el proceso judicial, conocido como causa “Coronda”, se juzga a Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi, ex miembros de Gendarmería Nacional que cumplieron cargos en la dirección del penal de Coronda durante la última dictadura por crímenes cometidos contra 39 prisioneros políticos.

Se acusa a Domínguez y Kushidonchi como “autores mediatos en la ejecución del plan criminal dentro del Instituto Correccional Modelo U-1 de la ciudad de Coronda”; en particular, el primero deberá responder por la muerte de Luis Alberto Hormaeche, ocurrida en la madrugada del 19 de diciembre de 1977. En cuanto a Kushidonchi, también es enjuiciado por los tormentos infligidos y el deceso de Raúl Manuel San Martín, ocurrido el 8 de abril de 1979 “como consecuencia de múltiples y reiteradas torturas infligidas por su condición de perseguido político, en el penal”, informan fuentes judiciales.

“Las FFAA no han sido democratizadas en su conjunto, ni en su formación ni en su estructura, entonces esto sigue tan vigente como siempre, es una asignatura pendiente de nuestra incipiente democracia.” concluye Finochietti.

Milagro Sala21.12.2017

Y otra jugada sucia de Morales

A instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial sacó a la líder de la Tupac Amaru del penal de Alto Comedero, pero la envió a 40 kilómetros de San Salvador.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que ha tenido un rol patético en todo esto”, dijo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al referirse a la posición adoptada por este organismo regional ante la detención que padece Milagro Sala.

Morales celebró que la Corte Suprema haya avalado la prisión preventiva de la dirigente de la Tupac Amaru, pero cuestionó que haya ordenado que esa prisión sea domiciliaria, al tiempo que señaló que el Papa Francisco “se equivoca” con la actitud que adoptó ante el encarcelamiento y la persecución que se perpetra contra la referente social y los integrantes de su organización.

“Estaría bueno que el Papa hubiera vivido un par de semanas en Jujuy para conocer bien la realidad”, bravuconeó Morales para fustigar al Sumo Pontífice que, recalcó “no se ha configurado un cuadro de situación real”.

Por su parte, desde las antípodas, el secretario del Partido Comunista de Jujuy, Leonardo Rosales, hizo hincapié en que “venimos denunciando hace tiempo que el Poder Judicial dentro de la provincia de Jujuy, responde claramente a los lineamientos de Gerardo Morales y, por supuesto, tiene como eje la criminalización de la protesta social y el encarcelamiento de Milagro Sala, en un contexto donde se aplican políticas neoliberales y contrarias al pueblo en general”.

Asimismo, cuando se refirió a la postura que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó que “fue una larga lucha lograr que los organismos internacionales de derechos humanos conozcan la situación en Jujuy” y añadió que la determinación de devolver a Sala la prisión domiciliaria, “fue tomada de mala gana y a regañadientes por el poder corporativo judicial”.

Hace cinco días, la dirigente social fue trasladada desde el Penal de Mujeres ubicado en el barrio Alto Comedero, de la capital jujeña, hasta una residencia en la localidad de El Carmen -a 40 kilómetros de la anterior- donde cumple la prisión preventiva domiciliaria con restricciones.

Juez y parte

De esta manera, el juez Pablo Pullen Llermanos, volvió a incumplir lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigió que el traslado de Sala fuera a su “residencia habitual”.

Pero esto no es todo. El magistrado tampoco cumplió las indicaciones del tribunal internacional, cuando fijó las mismas restricciones que Sala padecía hace tres meses, ya que la custodia vuelve a estar a cargo de Gendarmería y la policía de Jujuy, se utilizarán cámaras de seguridad y requisará a los visitantes. Estos requisitos no se aplican a ningún otro imputado con arresto domiciliario.

Ante todo esto, la líder de la Tupac Amaru dijo que “es como que me trasladan de una cárcel a otra y con más restricciones que en donde estaba”.

Sobre este punto, Rosales fue claro cuando destacó que el juez Pullen Llermanos “tiene una conocida animosidad contra Milagro y hace todo lo posible por hacerle la vida complicada, inclusive sabiendo que ella tiene problemas de salud y de depresión”, por lo que “la hostigan y tratan de hacerle la prisión domiciliaria lo más complicada posible”.

Por eso, denunció, “en lugar de llevarla a la casa que ella tiene en San Salvador de Jujuy, la trasladan a un lugar más apartado, limitándole las visitas, rodeada por Gendarmería, por la policía de la provincia, en una clara situación de hostigamiento, para que las condiciones de detención sean las peores posibles”.

Esto, insistió el titular del PC provincial, “es algo que venimos denunciando, junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas” pero, advirtió, “sabemos que mientras no se pueda frenar a este gobierno en las calles, difícilmente se pueda cambiar la situación de Milagro Sala”.

 

 

RECLAMO DE ORGANISMOS DE DDHH15.12.2017

Para que la Ministra renuncie

Las organizaciones se reunieron tras la represión de ayer y, en conferencia de prensa, exigieron como otras veces la renuncia de Patricia Bullrich.

Tras la represión en los alrededores del Congreso Nacional del día de ayer, cuando el pueblo avanzó de a cientos de miles de ciudadanos para impedir el ajuste sobre lo previsional por parte del macrismo, los organismos de derechos humanos, entre los que estuvo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), se reunieron de urgencia.

Realizaron una conferencia de prensa en la que descollaron las presencias, entre los referentes de derechos humanos, de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; José Schulman, secretario de la Ladh; Sergio Maldonado, hermano del asesinado Santiago; Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y los diputados nacionales Leonardo Grosso y Victoria Donda, entre otros.

En la cita, fueron tajantes al exigir la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a la que consideraron responsable de la balacera y persecuciones desatadas por la Gendarmería y fuerzas de policía. En este sentido, vale destacar que mientras ayer se reprimía también a trabajadores de prensa, la dicha ministra asistía a un ágape de la patronal del periodismo...

La misma fue calificada por Pérez Esquivel como una persona “totalmente represiva”. Luego, el referente de derechos humanos exigió la libertad de todos los detenidos en las razzias desatadas en el marco de la represión. Para ello, la exigencia fue expresamente dirigida al juez federal Claudio Bonadío.

A su vez, Cortiñas manifestó: “se terminó el Estado de derecho, no tenemos ninguna puerta para ir a golpear”. Y agregó: “ayer no dejaron entrar a los abogados a ver cómo estaban los detenidos tras la represión”, destacó.

También habló Maldonado, quien dijo haberse sentido, tras los hechos en la Plaza de los Dos Congresos, con “la obligación de estar acá, contra esta represión brutal”. Y también fue tajante cuando afirmó: “Bullrich no está capacitada para conducir las fuerzas de seguridad”.

Por otro lado, llamaron a la unión de la oposición política al macrismo para frenar sus ataques a los derechos humanos y sus propuestas de ajuste a los que menos tienen.

“Cuando el pueblo dice no, el Gobierno responde con represión”, exclamó Pérez Esquivel y agregó en el mismo tono: “llamamos a los gobernadores a que no voten el acuerdo porque los jubilados están siendo hambreados”.

Terció Nora Cortiñas diciendo: “vamos a estar en la calle todo lo necesario para repudiar el ajuste a los jubilados” y “nunca creímos que íbamos a volver a ver un país militarizado”.

DOS AÑOS TRISTES15.12.2017

Sin derechos

Militantes de la Ladh realizaron un balance negativo de los años que Argentina lleva bajo la esfera del macrismo.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad siguieron después del macrismo, pero la exoneración creciente de los responsables económicos del último genocidio argentino da la pauta de un cambio negativo. Los jueces lo reforzaron promoviendo el 2 x 1 para facilitar la liberación de genocidas y aunque las movilizaciones masivas evitaron esa medida, la intención está.

En este marco, Pedro Dinani, abogado y miembro del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), opinó: “las fuerzas que nos oponemos al ajuste feroz y la quita de garantías constitucionales debemos unificar la resistencia en un solo golpe, en un solo nucleamiento de los partidos opositores, porque no va a haber otra manera de resistir este embate del neoliberalismo”.

También consideró que “hay un ajuste tremendo en la sociedad en función, aún mayor, del dinero de los grupos económicos y hay todo un conjunto de leyes que van a justificar el ajuste”. Agregó que a este “van a implementarlo con todas las fuerzas que el macrismo nuclea tras de sí”.

Asimismo, expresó: “hay un grave menoscabo al Estado de derecho, entiendo al Estado de derecho como el conjunto de derechos y garantías de la población para que el Estado y el poder Ejecutivo no avasallen sus derechos”. Le sumó: “en esto estamos evidenciando un retraso importantísimo, con una tremenda avanzada de represión porque han asesinado a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel al de que se aumentó la escalada represiva del Estado, todo en detrimento de los derechos individuales, el derecho a la protesta y a la huelga”.

Por su parte, Iris Pereyra de Avellaneda, co presidenta de la Ladh, sentenció: “todo ha ido para atrás, como el cangrejo, desgraciadamente”. Y fue muy clara con respecto a los funcionarios macristas: “tengo más para decir y mandarlos a la reputa madre que los parió, porque realmente no hay que callarse la boca y hay que salir a la calle, peleando por todo, porque esto no puede ser, que nos estén avasallando por los cuatro costados”.

Repuso: “no tenemos ningún indicio de que esto fuera a cambiar”. Y agregó: “a los militantes, a la gente de derechos humanos, que estamos peleando en la calle, no nos queda otra cosa que seguir en la calle”. “Se burlan de nosotros cada vez peor”, se quejó y adujo: “tenemos que estar en la calle peleándola, tenemos que resistir a todo esto, no nos podemos quedar callados”.

80 ANIVERSARIO DE LA LIGA

La lúcida madurez de la consecuencia

La Ladh celebró su 80 aniversario con un gran acto en la Embajada de Palestina en Argentina. Hubo importantes saludos y notables presencias.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) cumplió 80 años de existencia y, reafirmándose como el organismo de derechos humanos más antiguo del continente, lo celebró el viernes pasado, con toda la fuerza política y simbólica del hecho, en la sede de la representación palestina en nuestro país, habiendo participado del acto el propio legatario de ese pueblo luchador.

El evento se realizó al aire libre y contó con la nutrida asistencia de público que era de prever para un organismo señero como pocos y activo hasta nuestros días, asumiendo el protagonismo en procesos singulares, sea como querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad, sea denunciando y combatiendo la violencia institucional, sea asistiendo refugiados y ejerciendo la solidaridad internacional, sea llevando sus banderas y su activismo a todo punto del país y el continente en donde los derechos humanos estén en juego.

José Schulman, secretario del organismo, enfatizó que en la ocasión “por un lado queríamos remarcar el hecho histórico” tanto como “mostrar en parte la enorme red de amigos, de hermanos, de compañeros, que hemos creado en el mundo”, en América y en Argentina”. Ambos cometidos fueron logrados, porque las notables participaciones acreditaron el creciente círculo de amistades de la Liga, como la profunda emotividad vista en el aniversario sirvió para enfatizar que los muchos años de lucha emocionan y reúnen, pero no hacen mella en una lucha que, sin lugar a dudas, sigue y se acrecienta en estos años difíciles.

El organismo recibió salutaciones desde Chile, Colombia, España, México, Paraguay y Palestina. También por parte del mayor organismo de derechos humanos del mundo: la Federación Internacional de Derechos Humanos. Asimismo, no faltó el abrazo fraterno enviado expresamente por quienes, aún padeciendo infortunios a causa de regímenes represivos, no dejan de bregar por la Justicia, como es el caso de los 6 campesinos paraguayos presos en Tacumbú.

Hasta hubo sentidos presentes para el organismo, como un poncho que perteneció a Coca Cosentino, militante comunista desaparecida. O el carnet de la Liga de un militante también desaparecido.

No faltaron presencias notables, no sólo por el estímulo político que puedan representar sino por el carácter simbólico de las mismas. En ese sentido, no podemos obviar la de Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, el joven que fuera asesinado por la policía de Duhalde en el Puente Pueyrredón en un día que los argentinos no olvidarán ya nunca más.

Tampoco obviaremos las presencias de Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga y de María Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala, preso político mapuche. Sobre ellas y Santillán, dijo Schulman: “son una muestra bastante contundente de lo que ha sido nuestra lucha en todos estos años” porque “no sólo nos hemos dedicado a los juicios (por crímenes de lesa humanidad)”.

No faltó la roja manifestación del comité central del PC, que tuvo en Juan Carlos Serra y Atilio Boron a dos emisarios al acto. Con ellos, Iris Pereyra de Avellaneda, madre del Negrito e histórica militante tanto de la Ladh como del PC. Y no podemos olvidar, ciertamente, la presencia (y las palabras) de Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El equipo de José

“La lucha por los DDHH en la Argentina tiene una larga historia, que incluso precede mucho a la Liga”, reconoció Schulman, quien destacó el aporte del organismo que encabeza para “ayudar a pensar que a la lucha por los derechos humanos en cada momento histórico hay que redefinirla, contextualizarla, darle un programa y un objetivo bien claro”.

Recordó que “estuvimos hace pocos días en Veinticinco de Mayo acompañando a la familia de (Santiago) Maldonado” y remarcó: “tratamos de sostener todas las luchas”. Y puntualizó que el del viernes en la Embajada de Palestina “no fue un acto ni de lamentos ni de lloriqueo ni de pesadumbre sino todo lo contrario”.

Consideró que entre las de las “más profundas convicciones” de los militantes de la Ladh está la de “que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos” porque “es enemigo de los pueblos”. En ese sentido, agregó: “no se puede tener ilusiones en la institucionalidad de esta República (…) creada para mantener el sistema capitalista”.

“A más de 200 años eso es indiscutible”, repuso y observó: “para eso se hizo la Constitución del 53, la Reforma del 94; para eso está el Código Penal, el Código Civil”. “Jamás hemos mantenido ilusiones ni alimentamos ilusiones en el Derecho formal, en la proclamación, en la letra, en las leyes, en las palabras porque, sencillamente, no creemos que eso resuelva los problemas, no los resolvió nunca, ni siquiera en el período en que se logró que se hicieran los juicios contra los terroristas de Estado de los 70”, añadió.

Manifestó que la Justicia argentina “siguió siendo elitista, sexista, discriminadora, imperialista” y que por ello “creemos que el movimiento de derechos humanos, que ha aportado unidad en estos años, tiene que dar un paso más y proponer en la Argentina formar una corriente antiimperialista, que proponga luchar contra los verdaderos enemigos de los derechos humanos y no seguir manteniendo ilusiones, que se muestran vanas”.

Trajo a colación en nombre de Milagro Sala y, en ese camino, puntualizó el compromiso de la Ladh por su libertad, aunque analizó que la misma no se va a dar por cuenta de “las ilusiones de muchos y de muchas en la ONU o la Cidh”. Dicho esto cuestionó la idea de “que alguien de afuera o de arriba o del costado va a resolver el problema que no resuelve el pueblo”.

“El mundo de hoy es el mundo de Trump, de Macri, de Temer, no es el mundo de la posguerra, es un mundo que se moldea alrededor del imperialismo norteamericano, y ahora, por ejemplo, han decidido desconocer los derechos del pueblo palestino y sobre eso avanzan”, advirtió y criticó: “el problema es seguir creyendo en una institucionalidad y en un sistema de poder que no está pensado para el pueblo”.

“Así que decimos una respuesta muy concreta, que construyamos una corriente antiimperialista, con todos los que quieran, sin discriminar a nadie pero con mucha claridad en que lo que queremos es liquidar el dominio imperial sobre la Argentina, que es externo y es interno y es político, económico, social, cultural, moral y deportivo; es de consumo”, propuso.

“Pensamos los próximos años dedicarnos a contribuir, a crear esa corriente, que creemos imprescindible”, dijo después y agregó: “la Liga queda legitimada con una propuesta política de unidad antiimperialista que fue presentada francamente, sin esconder nada, sin aprovecharnos de ningún acontecimiento festivo y con la seriedad que nos da el haber sostenido por 80 años los principios y políticas que se mantienen”.

EN LA PALABRA DE ELLA11.12.2017

Los nombres de la Liga

Iris Pereyra de Avellaneda, mamá del Negrito Avellaneda, también festejó el 80 aniversario de la Ladh y caracterizó con afecto a varios de sus militantes.

Iris Pereyra de Avellaneda, copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), luego de que el organismo celebrara su 80 aniversario en la sede de la representación palestina en nuestro país, eligió resaltar el valor que para ella tiene “La Liga” definiéndola como “mi familia”. También remarcó que sus orígenes se remontan a 1935, dos años antes de su fundación oficial, por el precedente del Socorro Rojo.

“Ya hace 41 años que estoy en La Liga y para mí es una familia la que hemos armado, incluso por todo lo que hemos vivido en tantos años”, dijo y enfatizó: “41 años no es un solo día de lucha”. “Ojalá podamos seguir durante muchos años más brindando a toda la gente nuestra ayuda”, fue el deseo que emitió después.

También resaltó lo que muchos nombres de militantes por los derechos humanos que han pasado por la entidad le sugieren. Así, siendo ella misma una histórica referente de la lucha en nuestro país (es madre del Negrito Avellaneda, ex presa de la dictadura durante años de tormentos y su caso y el de su hijo brindaron importante luz sobre el gigantesco campo de concentración que fue Campo de Mayo), se permitió definir a otros luchadores.

“Mi querido Julio, Julito”, manifestó al recordar a Julio Viaggio, abogado de la Ladh en plena dictadura. “Fue el primer abogado que tuvo el caso nuestro, el que hizo el habeas corpus”, memoró y agregó: “aparte, a mí me visitó adentro de la cárcel”.

También destacó a otros abogados, más jóvenes, por sus tareas en el juicio que, teniéndola como víctima y testigo principal, permitiera esclarecer el accionar genocida llevado adelante en Campo de Mayo y apresar a Santiago Riveros, uno de los mentores de la dictadura.

En ese marco, recordó a Sabrina Dentone como una “flor de abogada” por la cual “hay que sacarse el sombrero”. A Pedro Dinani como “un gran luchador” y “una belleza de persona”. Y a Jorge Briosso, “el uruguayo” (tal cual expresó), como “un ser humano divino”.

Asimismo se permitió caracterizar a directivos de la organización, como Graciela Rosemblum, su presidenta. “La conocí cuando salí en libertad, que fue la primera que me recibió cuando me fueron a buscar a Coordinación Federal”, recordó y repuso: “era muy joven ella”. “Es un talento, una mujer de lucha y para mí es mi hermana y la adoro”, añadió.

Para José Schulman, secretario de la Ladh, también brindó sus atenciones. “Ha hecho tantas cosas lindas por el caso nuestro…”, reflexionó sobre el activista y consideró: “ha sido un ex preso político también y los recuerdos que tenemos y la amistad que hemos hecho son algo para lo que las palabras no alcanzan”.

Pero no olvidó a otro militante clave de La Liga: su compañero de vida, Floreal Avellaneda, ya fallecido. “El otro día, cuando se hizo la fiesta de cumpleaños (de La Liga), pasaron un video y verlo a él ahí, sentado, hablando con la gente, para mí fue una gran emoción, como tenerlo en ese festejo”, observó y recalcó: “es el papá de mis hijos, mi compañero de toda la vida y un compañero de ley”.

 

SALUDO PARAGUAYO11.12.2017

Ese abrazo luchador

La Ladh recibió un emotivo y cordial mensaje del Partido Comunista Paraguayo con motivo del 80 aniversario del organismo de ddhh.

“Con inmenso fervor revolucionario e internacionalista, los saludamos en el 80 aniversario de existencia como organización en defensa de los derechos humanos, de las causas populares, de los pueblos por su liberación, de lucha por el presente y futuro de la humanidad toda”.

De esta manera, el Partido Comunista Paraguayo (PCP) hizo público su reconocimiento a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) por “su tradición de solidaridad inmensa, orgullosos y emocionados por haber recorrido juntos, de la mano, grandes trayectos de nuestra historia en la lucha por un futuro socialista”.

Al respecto, el PCP recalca que “en honor a la verdad histórica, debemos decir que le debemos a La Liga un eterno agradecimiento por la solidaridad brindada al PCP y al pueblo paraguayo, en actos de diversa intensidad”.

Y, en este sentido, recuerda el asesoramiento brindado por abogados de la Liga “cuando el Estado Argentino secuestrara en la esquina de Corrientes y Jorge Newbery de esta ciudad, allá en 1950, a nuestro camarada Obdulio Barthe, y en aplicación de la Ley de Residencia fuera entregado a la policía dictatorial de nuestro país, con el beneplácito de la corte suprema argentina”.

Pero también “el refugio brindado a nuestros camaradas Carmen Soler y Luis Casabianca, quienes fungieron como caseros del local de la Liga allá por la década del cincuenta del siglo pasado”, así como “las campañas por la libertad de los camaradas presos Antonio Maidana, Julio Rojas, Alfredo Alcorta y Ananías Maidana, 18 años presos en las mazmorras del tirano fascista Stroessner. O en el reclamo por la aparición con vida de Antonio Maidana y Emilio Roa, desaparecidos por las garras del Cóndor, en la esquina de Directorio y Lacarra de esta capital”.

Asimismo tuvo palabras de elogio a la obra de recopilación y estudio de las luchas del pueblo paraguayo, Paraguay Insurreccional del Siglo XX, cuyo autor es Carlos Zamorano, “abogado comunista, preso político y liguista con todas las letras”.

Y también la actitud de la Ladh, “presente desde el primer día” en la causa de Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, los seis campesinos paraguayos encarcelados en Argentina y remitidos después a su país, donde están presos en dl penal de Tacumbú.

“Igual podemos decir de la solidaridad jurídica y política en el caso de los presos de la Masacre de Curuguaty y en los casos de los presos políticos que siguen en esa situación en nuestro país, como el reciente caso del compañero Genaro Meza, miembro del Congreso Democrático del Pueblo”, destaca el PCP.

Y finaliza: “por eso, compañeros y compañeras de la Liga y presentes a este acto, reiteramos el saludo antiimperialista y anticapitalista, el saludo de la Patria Grande que va naciendo en cada gesto de solidaridad y defensa de la vida y la paz, el saludo revolucionario de nuestra organización, abrazando con esto al hermano pueblo argentino que nos ayudó en las más oscuras horas de la historia de nuestro pueblo y lo sigue haciendo, pese a las acuciantes luchas que tiene contra las mascotas locales del imperialismo desde los poderes del Estado”.

¿COORDINACIÓN DERECHISTA?08.12.2017

Galvarino Apablazay su refugio político

El chileno, refugiado en Argentina desde 2005, podría así ser extraditado, lo que sienta un precedente para medidas similares con respecto a presos políticos mapuche.

Cundió el rechazo entre los organismos de derechos humanos luego de que el Comité Nacional de Refugiados de nuestro país (Conara) retirara al chileno Galvarino Apablaza Guerra la categoría de “refugiado político”, de que gozara desde 2010. El Estado argentino de esta manera, deja abierta la puerta al intercambio de perseguidos políticos ubicados a uno y otro lado de la cordillera, lo cual sentaría un triste precedente si ganara nuevamente en Chile el “amigo” de Macri, Sebastián Piñera, la presidencia de su país.

La noticia fue confirmada por el canciller trasandino, Heraldo Muñoz, por lo que Apablaza, residente en Buenos Aires e imputado en Chile por el crimen del pinochetista Jaime Guzmán, queda a las puertas de ser extraditado, que es lo que el vecino país exige desde 2004 y que el gobierno argentino venía negando desde entonces.

El canciller chileno dejó claro, también, que “el gobierno argentino tuvo la amabilidad de hacernos saber de manera anticipada de esta decisión”, lo cual habla a las claras de las intenciones de las derechas argentinas, hoy en el gobierno, de fortalecer lazos con las derechas chilenas, que aspiran a volver al poder en segunda vuelta, cosa para lo cual aún no está todo dicho, ya que en primera Piñera no logró los resultados esperados.

Como se recordará, Apablaza había sido detenido, bajo requerimiento chileno, en su casa de Moreno, en los suburbios de la capital argentina. Pero el juez Claudio Bonadío, en el año 2005,entendiendo que en Chile el imputado no gozaba de las condiciones apropiadas para su juzgamiento, evitó la extradición reclamada. Cinco años después la Conare, bajo gestión kirchnerista, le había otorgado el estatus de refugiado político que hoy, bajo gestión macrista, le retira.

El rechazo

Los organismos de derechos humanos, entre los que se encuentra la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), emitieron un comunicado conjunto en rechazo de la determinación del Conare. En el mismo, expresaron su “profundo rechazo a la resolución”. Y recordaron: “el señor Apablaza Guerra está siendo sometido a una injusta e infundada persecución política por parte del gobierno de la República de Chile, que afecta a su respecto el derecho al debido proceso y defensa en juicio”.

También recordaron “que la ley 26.165 (Ley General sobre Reconocimiento y Protección al Refugiado) en su art. 13 establece que ‘una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de la misma autoridad. Sin embargo, excepcionalmente, el organismo de aplicación de la presente ley podrá revisar la condición de un refugiado reconocido en el país cuando tenga en su poder prueba suficiente que demuestre que el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de tal forma que, de haberse conocido hubieran conllevado la denegación del reconocimiento de la condición de refugiado’”.

En ese sentido, especificaron que “la resolución tomada por la Conarees violatoria de la ley argentina (ya que revoca arbitrariamente la firmeza de la condición de refugiado regulada por el artículo citado) y de los estándares internaciones de la Acnur sobre protección a refugiados políticos”.

Y advirtieron que la resolución “se da en el marco de una coordinación represiva con el Gobierno de la República de Chile que implica la intensificación de la represión de la protesta social y de los reclamos de tierras por parte de las comunidades mapuches en el sur de nuestro país”.

Encuentro en el Episcopado07.12.2017

Monseñor Ojea recibió a organismos de Derechos Humanos

Fueron varios los que integraron la delegación que visitó al delegado del Papa Francisco en nuestro país, entre ellos, la LigaArgentina por los Derechos del Hombre

Días atrás, diferentes organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), fueron recibidas por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, Oscar Ojea.

Tras el encuentro, el vocero del Episcopado, el sacerdote Jorge Oesterheld, dijo que la reunión fue “muy cordial” y añadió que “quedó abierta una puerta de comunicación y de diálogo” entre el Episcopadoy los organismos.

Entre quienes asistieron al encuentro estuvo la dirigente de la Ladh, Graciela Rosemblum, así como la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeida, quien dijo que el obispoOjea fue permeable a escuchar los distintos planteos que se hizo y que lo hizo “con mucha atención”, tras lo que aclaró que nohubo ningún tipo de limitaciónen la agenda de aquello sobre lo que se habló.

Asimismo, participaron Pablo Pimentel, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; Liliana García del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Adolfo Mango de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Gabriela Alegre de la Asociación Buena Memoria;el Vaticano, Eduardo Valdés; Adriana Taboada de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Nortey Lita Boitanopor Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

Agenda

Según pudo saberse, entre la agenda que llevaron los organismos, estuvo el pedido para acceder con más celeridad a la información que la Iglesia posee en sus archivos sobre las personas que fueron secuestradas y desaparecidas durante el terrorismo de Estado, algo sobre lo que Ojea dijo estar dispuesto a colaborar.

Vale recordar que meses atrás, de acuerdo a instrucciones del Vaticano,la Iglesia argentina puso a disposición sus registros sobre este tema.

La reunión, que fue solicitada por la mesa de Organismos de Derechos Humanos, fue aceptada de inmediato y sin condicionamientos por Ojea, algo que desde los organismos fue tomado como una buena señal que tuvo un correlato en lo que pasó durante la reunión, cuyo resultado es tomado con cautela, pero despierta expectativas.

Hace menos de un mes que Ojea fue designadopresidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Este prelado cercano al Papa Francisco dijo a poco de ser designado que bajo su conducción, la Iglesia va a “contribuir al diálogo” y advirtió que “toda la sociedad es responsable de que se puedan conservar los puestos de trabajo y que no se vulneren los derechos laborales”.