Derechos Humanos

Córdoba19.05.2017

Atentado contra la memoria

“Esta situación la vemos en el marco de las acciones que se vienen llevando en Córdoba y todo el país, de intentos de ataque a la memoria histórica, el reavivamiento de la Teoría de los Dos Demonios y el intento de favorecer con el 2x1 a los genocidas”, denunció la titular del PC de Córdoba, Solana López al referirse a la destrucción del “Árbol de la Memoria”, que fuera plantado ante el edificio de radio Nacional Córdoba, en homenaje a Juan Alberto Caffaratti, dirigente del PC y del sindicato de Luz y Fuerza quien participó en el Cordobazo e integró la comisión directiva liderada por Agustín Tosco.

El Árbol de la Memoria forma parte de un conjunto de señalizaciones emplazadas, durante los últimos años, por organismos de Derechos Humanos en los lugares donde fueron secuestrados militantes durante la última dictadura.

En este caso, la maceta fue destruida y el árbol aparece seco, rodeado de basura y en estado de total abandono a punto tal que lo utilizaron para colocar la faja de seguridad de una obra de la fachada de la radio.

Ante esto, el PC provincial hizo público un comunicado en el que insta a las autoridades de Radio Nacional Córdoba “a reparar inmediatamente el homenaje a quien fuera dirigente político sindical, secuestrado y desaparecido por el terrorismo de estado en enero de 1976”.

 

 

La posición de la ONU19.05.2017

Deben liberar a Milagros

Así lo determinó el Grupo especial designado por ese organismo internacional para analizar la situación de los Derechos Humanos en Argentina.

Ayer, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (Gtda) de la ONU dio a conocer su informe sobre la situación que vive Argentina, en el que solicita que el Gobierno “implemente en su totalidad las opiniones que vertió” en este trabajo, entre las que figura la liberación “urgente” de Milagro Sala.

Al respecto, el titular de Grupo que durante diez días realizó visitas y entrevistas en diferentes sitios del país, Sètondji Roland Adjovi, fue claro cuando señaló que persiste la observación que el Gtda ya había hecho en octubre y que, por lo tanto la detención de la líder de la Tupac Amaru, milagro Saña, es “ilegal”.

El informe –que contiene conclusiones preliminares- también da cuenta de que, en Jujuy, el sistema de justicia penal exhibe un carácter “discriminatorio”, al tiempo que cuestiona las “amplias” facultades que tiene la Policía para detener o “demorar” a personas, incluso a menores de edad.

Vale decir que el Gtda visitó 19 cárceles, comisarías y centros de detención en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, así como en Chubut y Jujuy donde estuvo en la prisión de Alto Comedero para interiorizarse sobre la situación de Milagro Sala y otros militantes de la Tupac Amaru detenidos desde hace varios meses.

Al respecto, Adjovi destacó que el Gobierno Nacional debe ocuparse de implementar la observación que el Grupo hizo en octubre de 2016. Ante esto, aún no hubo ninguna respuesta desde La Rosada, el Ministerio de Justicia ni la Secretaría de Derechos Humanos y, menos aún, desde el Ejecutivo de Jujuy.

 

Informados

El Grupo de Trabajo de la ONU presentó un informe que, por otro lado, estuvo avalado por el informe previo que los organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos de la provincia de Jujuy le entregaran con antelación. De esto se colige que la ONU, en realidad, terminó convalidando las críticas y observaciones que las organizaciones venían haciendo al gobierno de Morales.

Así lo dio a entender, también, Leonardo Rosales, secretario del PC jujeño, quien afirmó que a la delegación “tuvimos la oportunidad de presentarles el informe de las organizaciones”, cuando “pudimos expresar que en la provincia se vive una situación de persecución y judicialización de la protesta”.

Asimismo, destacó que se informó a los delegados internacionales de “vulneraciones con judicializaciones a dirigentes gremiales, casos de violencia institucional en los barrios y presencia policial en las asambleas”. “Describimos con detalle cómo toda la estructura judicial ha sido ocupada por militantes radicales, amigos y familiares de los dirigentes del oficialismo provincial”, agregó.

“El ensañamiento que vienen teniendo con Milagro Sala y la Tupac es algo que no se puede ocultar bajo ningún punto de vista”, consideró el dirigente comunista tras lo cual saludó “que haya tenido esta delegación la objetividad, en especial, de denunciar y sostener que en Jujuy se están violando derechos constitucionales”.

 

Cambiar las estructuras de poder

Rosales manifestó que la agobiante situación en Jujuy “se cambiaría con la movilización en la calle y exigiendo que se libere a la compañera Milagro”. Pero observó que ante ellos “han montado un mecanismo nefasto en el que, aparte de la judicialización de la protesta, metieron el miedo en los trabajadores de que cualquier protesta relacionada a Milagro Sala les puede costar el trabajo”.

“Muchos empleados estatales o personas que dependen de alguna manera del Estado a través de algún subsidio o de algún plan, saben en Jujuy que si reclaman o son vistos en algún reclamo pueden perder los planes y su trabajo”, destacó y sintetizó: “se combina la persecución con la judicialización de la protesta y el miedo a perder el trabajo”.

Luego entendió que para construir masa crítica contra Morales y el macrismo “es fundamental dar la lucha en todos los terrenos, donde el electoral es uno más”. En tal sentido, dijo abogar para “consolidar una alternativa política que enfrente este modelo de ajuste y represión”.

“Gerardo Morales se alinea perfectamente con el gobierno nacional y sus políticas”, puntualizó y consideró que “es fundamental crear una alternativa política, tanto en lo electoral como en la calle”.

Para la libertad16.05.2017

La ONU vio con sus propios ojos

Tras visitar a Milagro Sala y reunirse con organismos en Jujuy, el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias ratificó que la líder de la Tupac Amaru debe ser liberada.

“Fue una visita muy constructiva”, dijo el secretario del Partido Comunista de Jujuy, Leonardo Rosales, al referirse a la presencia del Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias de la ONUque hasta el penal de Alto Comedero para entrevistarse con la titular de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien está encarcelada en ese lugar desdehace más de un año.

Ante el Grupo, varias personas ahí detenidas denunciaron que son sometidas a torturas, que se las confina en celdas de castigo y el permanente hostigamiento que sufre Sala.

Por su parte, en una reunión más adelante con integrantes de organismos de Derechos Humanos y sociales, el presidente del Grupo,SedonjiRolandAdjovi, confirmó que sigue firme la decisión transmitida por esta instancia de la ONU en una declaración de octubre de 2016, en la señalaba que Milagro Sala debe ser puesta en libertad inmediatamente.

Pero en ese encuentro, en el que estuvo presente Rosales, la Tupac Amaru y el resto de las organizacionesdenunciaron las alarmantes condiciones de detención y persecución política existentes en la provincia.

“Denunciamos la situación puntual que se vive en Jujuy, la falta de garantías constitucionales, la criminalización y judicialización de la protesta social y el intento de domesticar a cualquier tipo de oposición y, particularmente, al movimiento obrero y popular y a las organizaciones sociales como la Tupac Amaru”, señaló el secretario del PC jujeño.

Tras lo que hizo hincapié en que “la sensación que nos trasmitió el Grupo de la ONU coincide con el diagnostico que hacemos de la situación en la provincia” y recalcó que, “a pesar de las reuniones que el gobierno mantuvo con el Grupo, nos manifestaron que ellos continuarán denunciando que Milagro Sala es una presa política que estádetenida en forma arbitraria”.

 

Argumentos

Rosales fue contundente cuando puntualizó que de nada sirvieron los argumentos con los que, desde el Gobierno provincial, intentaron convencer a los visitantes de que la detención de Milagro Sala es legal y justificada.

“El Grupo se reunió con autoridades de la provincia que,de alguna manera, quisieron explicarporqué Milagro está detenida, algo que no tiene ninguna solidez jurídica”, apuntó el titular del PC local y puntualizó que al Gobierno Morales “cada vez se le hace más difícil sostener todo este circo político-judicial que montaron al rededor de esta situación”.

Y en este sentido, remarcó que “también denunciamos la cooptación del Poder Judicial que dejó de ser independiente, porque los funcionarios judiciales son militantes radicales, del partido que hoy domina la provincia”, tras lo que recordó el “mamarracho que se hizo con el Supremo Tribunal de Justicia provincial (STJ), que de cinco miembros se incremento a nueve por medio de una Ley que fue votada por dos diputados que, al otro día renunciaron a sus bancas para convertirse en jueces del STJ”.

Pero esto no es todo: Morales puso a Titina al frente del STJ que fue ampliado por un proyecto del gobernador. A tres días de convertirse en Ley, asumieron como jueces Pablo Baca y Beatriz Altamirano,que acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR.

Entonces, Titina puso a su yerno, Gastón Mercau, como juez ad hoc para las causas contra Milagro y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a su amiga, Liliana Fernández, como fiscal especial para las causas que se le abrieran en el futuro, estos es, a cargo de una comisión especial, algo prohibido por la Constitución.

Como se ve, todo un ejemplo de la concepción que sobre la división republicana de poderes tiene Morales, quien está convirtiendo a su provincia en una suerte de república bananera con un coto de caza privado donde la mira está puesta sobre los pobres.

 

 

Después del 2x1 15.05.2017

Highton de licencia

La suprema no va a estar en la acordada de mañana. La Asociación Argentina de Juristas instó a los jueces intervinientes en causas por crímenes del terrorismo de Estado a no se regirse por la doctrina de la causa Muiña.

A menos de una semana de que una multitud en todo el país se movilizara para poner freno al 2x1 dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, su vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, pidió una licencia “oficial”, por lo que va a estar ausente del acuerdo semanal que el Tribunal tiene previsto para mañana.

Vale recordar que como consecuencia de este fallo, Highton de Nolasco fue imputada junto a sus pares Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti –los otros dos que pusieron la firma- en una investigación abierta como consecuencia de una denuncia, por el delito de prevaricato, hecha por el abogado Marcelo Parrilli La resolución de la Corte benefició con el cómputo de 2x1 a Luis Muiña, un genocida de 61 años, condenado en 2013 a trece años de prisión por ser “coautor del delito de privación ilegal de la libertad” así como de “imposición de tormentos”, crímenes perpetrados en cinco víctimas.

El fallo tuvo un contundente rechazo social que llevó a que el Congreso aprobara una ley para impedir que los condenados a delitos de lesa humanidad puedan acceder al 2x1. La iniciativa tuvo sólo el voto negativo de Alfredo Olmedo, al tiempo que Elisa Carrió se fue antes de la votación.

 

Cuestión de Ley

Por su parte, la Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas que es una ONG con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU, dijo que el fallo de la Corte “provoca escándalo jurídico y legítima indignación social”.

En este sentido, recalca que la lectura e interpretación que hacen en sus votos los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Highton, “resulta írrita por diametralmente opuesta a la literalidad normativa de valor supremo en el Derecho, la pirámide jurídica encabezada por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”, ya que este beneficio no debe aplicarse “al caso ni a ningún otro caso en el que se beneficie con aquélla a un condenado por crímenes de lesa humanidad”.

Y puntualiza que “es inexplicable que la Corte haya olvidado la terminante disposición de la ley 27.156 que establece: ‘Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga’”.

Por eso, por medio de una declaración que lleva las firmas de Liliana Beatriz Costante, Claudia Viviana Rocca y del presidente de su Consejo Consultivo Continental, Beinusz Szmukler, hace pública su solidaridad “con todos los querellantes, testigos y familiares en las causas de lesa humanidad a los que impacta con mayor grado de vulneración el beneficio impropio que le otorgó la mayoría de la Corte a Muiña” lo que, advierte, “abre la puerta a reclamos de otros represores para que les sea aplicado también a ellos”.

Y expresa su confianza en que, “atendiendo a las facultades que le otorga nuestro sistema institucional, los jueces intervinientes en las causas por los crímenes del terrorismo de Estado, no se rijan por la doctrina de la causa Muiña, sino por las obligaciones de Verdad, Justicia y Memoria que estipulan la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales”.

PERPETUA A REPRESORES DE ROSARIO 15.05.2017

Pero no avanza el juicio a empresarios

La causa Guerrieri III, que investiga delitos de lesa humanidad de la última dictadura, llegó a diez condenas a prisión perpetua, pero siguen parados los juicios contra los civiles de Acindar y el Cordón Industrial.

La patota del destacamento de Comunicaciones 121 del Ejército Argentino, en Rosario, fue condenada en su totalidad a prisión perpetua por el Tribunal Federal 1 de la ciudad santafecina. De sus víctimas durante la última dictadura, casi medio centenar tuvo investigados sus casos en esta causa, permaneciendo desaparecidas aún 24 de ellas.

Se trata del noveno juicio de su tipo que se lleva adelante en Rosario contra los militares que perpetraron el último genocidio argentino. Pero no avanzan dos causas emblemáticas contra los responsables civiles de las tropelías asesinas militares: las que investigan el rol de Acindar y las empresas del Cordón Industrial de San Lorenzo, cuyos pedidos de indagatorias, que entre las dos superan el centenar, aún no han sido proveídos de conformidad.

Sin embargo, la valoración del resultado del juicio que se llamó “Guerrieri III”, cuyos fundamentos de sentencias no se sabrán hasta julio, ha sido muy positiva para distintos actores sociales y políticos. Por ejemplo, Nadia Schujman, abogada de Hijos y querellante en la causa, consideró: “pedimos diez perpetuas y nos dieron diez perpetuas, fue un gran logro”.

Las sentencias de los jueces Escobar Cello, María Vella y Luciano Lauría, fueron escuchadas por un gran número de presentes en los tribunales de la calle Oroño al 900, entre los que destacaron los familiares de las víctimas y los activistas de organismos de derechos humanos. Un hecho no menor es que se dictaran a pocos días después de la masiva pueblada que en todo el país rechazara y lograra anular el 2x1 con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretendió favorecer a los represores condenados.

Así, los condenados a cumplir prisión perpetua son el ex agente de Inteligencia Eduardo Costanzo; Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Isach y los militares Pascual Guerrieri, Marino González; Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Juan Amelong. Vale destacar que el fallo los obliga a cumplir su condena en cárcel común, pero Guerrieri, López, Constanzo y González seguirán en prisión domiciliaria.

 

Cosas que si, cosas que no

Martín Livolti, miembro del secretariado del PC santafecino, dijo que este juicio y sus sentencias “se valora de una manera ejemplificadora” y sostuvo que el mismo “alza una vara muy alta de acuerdo al clima político y de época que se está viviendo en la Argentina de la mano de las acciones del entramado del bloque de poder que forman el gobierno nacional, el poder judicial y los medios de comunicación”.

En ese sentido, repuso: “están tratando de estancar y hasta de hacer retroceder los juicios de lesa humanidad, aún en estas horas, donde hemos visto el fallo del 2x1 de la Corte Suprema y la respuesta popular a dicho fallo”. Enfatizó que “el juicio se valora dentro de ese clima” y consideró que se dio “un fallo favorable a las causas”.

“No deja de reclamarse por otras causas que se encuentran de alguna manera todavía paralizadas en la ciudad de Rosario”, dijo después y recordó el parate que sufren los pedidos de indagatorias en el marco de las investigaciones por el Cordón Industrial y Acindar, en donde se profundiza en los actos represivos que se dieron en el marco del Villazo y se imputa, entre otros, a la ex presidenta Isabel Martínez de Perón y a los directivos de la empresa siderúrgica.

“El gobierno nacional no está para nada de acuerdo con esas luchas y esas conquistas a lo largo de 40 años”, manifestó y, en ese caminó, habló de sus expectativas de que se dé paso a las indagatorias por las dos causas contra el empresariado represor en Rosario. Dijo sobre ello: “es difícil que eso salga pero nuestro deber es ir por todo, por los responsables civiles y eclesiásticos del golpe, que son los verdaderos ideólogos del golpe en la Argentina y en el Conosur”.

Livolti luego expresó que “lo que ha pasado ahora con el 2x1 y la respuesta popular ha sido una respuesta muy fuerte y positiva del pueblo argentino para que no haya un retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia, en todo lo conquistado en más de 40 años de lucha por los organismos de derechos humanos y el conjunto de las organizaciones del campo popular y el pueblo argentino”.

“El pueblo argentino ha logrado un reconocimiento en la lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy y, básicamente, en los procesos por la memoria, le verdad y la justicia un reconocimiento nacional e internacional”, le sumó y puntualizó que el del 2x1 “no solamente fue un fallo sino una política contra los juicios y contra el proceso de memoria, verdad y justicia por parte del gobierno nacional y el bloque de poder”.

 

 

¿Dos por uno? 10.05.2017

No, 30 mil presentes, ahora siempre

la Plaza de Mayo y sus adyacencias se colmaron con alrededor de quinientas mil personas que exigieron Memoria, Verdad y Justicia. Estela de Carlotto demandó a los tres poderes del estado, compromiso con los Derechos Humanos.

“Señores jueces, nunca Más. Ningún genocida suelto. 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes!”. Esta frase que se leía en la pancarta ubicada en la parte superior del escenario que presidió el acto que acaba de finalizar, es clara y elocuente, pero además sintetiza la firme intención de una verdadera multitud que se movilizó hacia la Plaza de Mayo, para decirle no al 2x1 y a cualquier intento de retroceder en la política de Memoria, Verdad y Justicia que se viene construyendo en el país a partir de la lucha popular.

Fue un acto contundente en el que se congregaron columnas de organizaciones de Derechos Humanos –entre ellas la Ladh- sociales, gremiales y partidos políticos, pero también muchas personas que salían de sus trabajos, escuelas y universidades para sumarse a la Plaza.

Ahí estuvieron el Partido Comunista encabezado por su secretario General, Víctor Kot y la FJC con una numerosa y colorida columna en la que estuvo su secretario, Ariel Elger.

También la CoNaT y el MTL, que hicieron junto a las dos CTA, la Corriente Federal y otras organizaciones, su aporte a una Plaza en la que el universo del trabajo no podía estar ausente.

En el palco, los organismos de Derechos Humanos, Madres y Abuelas con el pañuelo que abrazó la Plaza como un símbolo que, una vez más en la de Mayo y otras tantas plazas de todo el país, se convirtió en un mensaje de constancia y consecuencia en la lucha.

“El pañuelo es el símbolo de los 30 mil desaparecidos, porque el pañuelo blanco es lucha que seguiremos adelante”, dijo desde el escenario Taty Almeyda, tras lo que Lita Boitano hizo hincapié en que aquellos a los que quieren largar “son los que hicieron parir a nuestras hijas encadenadas”, son los que desaparecieron a Jorge Julio López.

La plaza fue de júbilo y compromiso. Júbilo por lo logrado en la lucha y porque volvió a quedar demostrado que el pueblos abe cómo responder. Las estimaciones iniciales hablas de quinientas mil personas movilizadas hacia la Plaza, una cifra que se multiplica en los actos y marchas realizados en ciudades y pueblos de cada provincia.

“Hoy los legisladores aprobaron una ley que busca frenar el 2x1 a genocidas y represores”, celebró Estela de Carlotto y añadió que este tipo de decisiones “llenan de esperanza y gratitud”.

Pero fue contundente cuando destacó que “necesitamos que los representantes de los tres poderes del Estado tomen el reclamo de este pueblo reunido en esta plaza”. Y aseveró que, si lo hacen, el resultado no puede ser otro que “dar vuelta este fallo antidemocrático y prodictadura”.

Por eso, avanzó la titular de Abuelas “este acto nos convoca a todos” tras lo que remarcó que “los organismos no estamos solos como pasaba en épocas aciagas”.

Porque, “nos acompaña el pueblo un pueblo más sabio, comprometido y fuerte para resistir estos embates que retrotraen a un pasado siniestro” que, alertó “quiere consolidarse como un presente y futuro”.

Así, en idéntica dirección, aseveró que, “lamentablemente, la dictadura no es un hecho de un pasado lejano: los hijos nietos, bisnietos del pueblo argentino, serán afectados por estos nuevos vientos de impunidad”.

Después reflexionó que la democracia “se contruye entre todos y todos los días”, por lo que instó a sumar fuerzas “por la lucha por Memoria, Verdad y Justicia”.

Y demandó: “que nos escuche la corporación judicial, porque no dejaremos de reclamar internacional y nacionalmente por los derechos conquistados”, tras lo que sentenció que “es por eso que estamos en las plazas de todo el país, alzando la voz para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza: señores jueces, Nunca Más, ningún genocida suelto”. E instó a levantar los pañuelos por los 30 mil desparecidos, lo que correspondidio por los presentes que, junto a Taty Almeyda que volvió a tomar el micrófono reafirmaron: “los 30 mil están acá presentes, ahora y siempre”.

 

La vos del PC

Fue por medio de su presidente, Patricio Echegaray, que el PC fijó su postura de repudió al fallo, al tiempo que instó a la sociedad a “no permitir que se retroceda en materia de Memoria, Verdad y Justicia”.

Echegaray fue claro cuando hizo hincapié en que la Corte Suprema “ha producido un fallo que aplica la ley del 2x1, dejado de lado desde el 2001, con el propósito de reducir las penas a los condenados por crímenes de lesa humanidad”.

Una decisión que se dio, recordó, “en el marco del traslado de represores condenados a Campo de Mayo, como en el caso de Etchecolatz, y el llamado de la Iglesia a la ‘reconciliación’”, por lo que “abre camino a un proceso de estancamiento y retroceso en la línea de juzgar y condenar a los responsables de la represión, los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones durante la última dictadura, sin olvidar a los crímenes cometidos por la Triple A”.

Y no dudó cuando recalcó que este fallo “está en sintonía con un gobierno en el que participan muchos de los sectores civiles que fueron parte de la dictadura cívico-militar y que bregan no solo por la reducción de las penas de los militares condenados, sino que envían una señal de impunidad para los civiles que están siendo juzgados por complicidad con estos crímenes”.

Por lo que convocó a partidos políticos, fuerzas sociales “y al conjunto de la sociedad a oponernos firmemente a este fallo y coordinar acciones para lograr que se deje sin efecto al mismo y no se retroceda en los avances que se han realizado en la lucha por el juicio y castigo a los culpables”.

Los organismos movilizados 10.05.2017

La Liga dijo presente

“La la reacción inmediata puso entre la espada y la pared a quienes creían que algo tan grave podía pasar por un tubo”, dijo el abogado de la Ladh, Oliver Reboursin.

“Básicamente se nota que ante la denuncia internacional por parte de los organismos y la que específicamente por prevaricato hizo Marcelo Parrili, sectores cercanos al gobierno intentan despegarse”, reflexionó el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) Oliver Reboursin y recordó que, pese a eso, el intento, como en el caso del ministro Garavano, fue “con argumentos bastante reaccionarios”.

Vale recordar que el titular de la carteta de Justicia, dijo que no está de acuerdo con el fallo, pero justificó a la Corte y planteó que la cosa pasa por un “un dilema moral”, porque “aquellas personas que cometieron los delitos más aberrantes también tienen derechos humanos y en esto también tenemos que ser muy cuidadosos”.

En este contexto, el abogado Parrilli presentó una denuncia para que se investigue si hubo prevaricato en la decisión de los camaristas Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco, por la que se avaló la aplicación del 2x1 para beneficiar a Luis Muiña, quien está condenado a trece años de prisión por la represión de Estado perpetrada dentro el Hospital Posadas, al comienzo de la última dictadura.

El fiscal federal, Guillermo Marijuan, le dio curso al juez federal, Daniel Rafecas, para que se abra una investigación penal. “Sabiendo que Mariuján es un hombre de la derecha, da toda la impresión de que esto muestra como la opinión pública, la movilización y el cierto sentido común contra hegemónico puede jugar un rol sobre los funcionarios judiciales y del Ministerio Público” puntualizó Reboursin y añadió que, “con esto, Marijuán está intentando lavar su imagen, porque todo el mundo lo tiene identificado como un fiscal del sistema”.

Asimismo, hizo hincapié en que “esto es la prueba de que la buena reacción del campo popular, del campo democrático y del movimiento de defensa de los Derechos Humanos, genera en la derecha la sensación de que no pueden avanzar en este mecanismo de prueba y error que utilizan el gobierno y sus personeros” que, recalcó, “se dieron cuenta de que esto es demasiado”.

Por lo que, remarco el abogado de la Ladh, “debemos redoblar las fuerzas para repudiar el fallo de la Corte y todas las políticas de todos los poderes del Estado que son responsables de que se avance en un sentido de impunidad o en uno de Memoria, Verdad y Justicia”, es decir “en el camino de juicio y condena efectiva a los represores y a todos los involucrados en el terrorismo de Estado”.

De ahí que advirtiera que “no hay que dormirse con la decisión de Marijuán, pero sí valorar que la reacción inmediata haya puesto entre la espada y la pared a quienes creían que algo tan grave podía pasar por un tubo”, ya que, puntualizó, lo que se intenta consagrar “es un mecanismo de perdón institucional, esta vez, por vía judicial, pero similar al que antes fue por vía de ejecutivo con los indultos y legislativo con la Obediencia Debida y Punto Final”.

 

Iris

Por su parte, el titular de la Liga integró la delegación de representantes de organismos de Derechos Humanos que ayer asistió al Congreso Nacional, donde Diputados sancionó favorablemente el proyecto tendiente a excluir del 2x1 a los genocidas. La votación arrojó un resultado inapelable: 211 votos a favor y sólo uno en contra, el de Alfredo Olmedo. Elisa Carrió, se fue antes de que llegue el momento de la votación.

También desde la Liga, su vicepresidenta, iris Avellaneda, fue contundente cuando señaló que “no podemos permitir este 2x1 a los militares genocidas que nos hicieron desaparecer, asesinaron y secuestraron niños que, muchos de ellos, aún siguen desaparecidos”.

Por esto valoró como “altamente positiva a la reacción de los organismos y el pueblo”, ya que “ahora depende de nosotros decirles basta y por eso esta movilización tan importante” que se da “cuando la Corte quiere imponer el 2x1 y la Iglesia está pidiendo ‘reconciliación’, cuando todos sabemos que el de 1976 fue un golpe cívico eclesiástico militar”.

 

 

Un llamamiento por la justicia 10.05.2017

¡Qué renuncie Avruj!

Lo hizo el Llamamiento Argentino Judío que también denunció que el Ejecutivo provoca “el clima propicio en el que se han instaurado dichos escandalosos fallos”.

“Exigimos la inmediata renuncia de Claudio Avruj”, reclamó el Llamamiento Argentino Judío, al tiempo que repudió, “enérgicamente, el inaudito fallo mayoritario de la Corte Suprema que concede a los genocidas condenados privilegios inmerecidos para quienes son convictos de crímenes de lesa humanidad”.

En un declaración que lleva las firmas de su titular, Jorge Elbaum, y la del vicepresidente, Dardo Esterovich, también denunció que el Ejecutivo provoca “el clima propicio en el que se han instaurado dichos escandalosos fallos” y fustigó a Avruj quien “en el primer momento de ser conocidos dichos inmorales dictámenes, insinuó una evidente defensa y justificación de los mismos, pervirtiendo el cargo con el que fue investido”.

Tras lo que recalcó que “los Derechos Humanos conquistados por la lucha de las Madres, las Abuelas, los Hijos y el pueblo argentino no pueden ser bastardeados desde el Estado por quienes los utilizan, cínica y descaradamente, para favorecer a quienes han sido sus profanadores, causantes y gestores del período más funesto y ominoso de la historia de nuestra Patria”.

Vale recordar que, apenas conocido el fallo que benefició a Muiña, Avruj se apresuró a ser el primero del staff gubernamental en salir a respaldarlo. “Estoy de acuerdo con el 2x1 si el fallo está ajustado a la ley”, dijo entonces pero con el correr de los día, y en consonancia con el despegue de la Corte que hizo el resto del Gobierno, a Avruj no le quedó otra que salir a cuestionarlo.

 

Viraje

¿Habrán tenido algo que ver en tal viraje los resultados de los sondeos de diferentes consultoras? Para citar un caso, un trabajo de Analogías da cuenta que casi el 86 por ciento de los bonaerenses está en desacuerdo con la decisión de la Suprema que, por otra parte, ya comienza a despertar resistencia en otros tribunales inferiores.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de San Juan, declaró inconstitucional la aplicación de la ley derogada en 2001. Lo hizo en el caso del ex suboficial mayor del Ejército, Alejandro Lazo, quien está condenado a diez años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, además de tormentos agravados y abuso deshonesto.

En el fallo de los jueces, Héctor Fabián Cortez, Alejandro Waldo Piña y Raúl Alberto Fourcade, se establece que no pueden aplicar el fallo Muiña, ya que viola la Constitución, porque “implica establecer una diferencia de tratamiento contraria a la igualdad ante la ley” en relación con “aquellas personas que hoy se encuentran sufriendo prisión preventiva por delitos recientes”.

Masacre de Budge 09.05.2017

Un crimen de clase

A treinta años, prosigue la impunidad pero también la memoria de una lucha que tuvo en León Toto Zímerman a un enorme protagonista.

A treinta años de la Masacre de Budge mucho de lo que convergió para que este hecho fuera posible, sigue intacto y mucho, está volviendo.

El 8 de mayo de 1987 Willy, el Negro y Oscar fueron asesinados por la Policía Bonaerense. Eran tres pibes de una barriada periférica, pobres, y eso alcanzó para que su destino se sellara.

Ayer, en Lomas de Zamora, organizaciones sociales, barriales, políticas y de derechos humanos recordaron Oscar Aredes, Guillermo Argañaraz y Agustín Olivera en una jornada que se reconoce como Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional.

En este contexto, se llevó a cabo un acto en la esquina de Ingeniero Budge donde fueron perpetrados los asesinatos, en el que participaron familiares y amigos de las víctimas, al tiempo que también se realizaron otros, entre ellos, el que tuvo por escenario a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Un protagonista excluyente de la búsqueda de Justicia para Willy, el Negro y Oscar es el abogado y militante del Partido Comunista, León Toto Zimerman.

Como es habitual en este tipo de casos, desde el esquema de poder se protegió a los autores materiales del crimen. Hubo presiones y aprietes. “Recuerdo que esa noche cuando estábamos durmiendo -era cerca de la una de la madrugada- y nos llaman por teléfono informándonos que había un problema en Ingeniero Budge, que mataron a tres jóvenes y que querían que el Toto participara, que fuera como abogado”, recuerda Chocha, la compañera de toda la vida de Toto.

Y continúa: “se levantó, salió y se fue hasta el lugar donde se entrevistó con los papás de los chicos y con los vecinos del barrio que se encontraban muy asustados por lo que había sucedido, porque hubo mucha violencia con los chicos, ellos no habían hecho nada, lo único que hacían era tomar una cerveza en esa esquina”.

A partir de esa noche comenzó un capítulo intenso de la vida de Zimerman, en el que puso a prueba toda su experiencia y capacidad como abogado para llevar adelante una causa que fue emblemática en la lucha por los derechos humanos, después de que en 1983 se recuperara la institucionalidad estatal.

Una lucha que continúa. Así lo define el dirigente del PC lomense, Pedro Ponce, cuando señala que “hoy se sigue azotando a los jóvenes con el Gatillo Fácil” término que, recuerda, “acuñó Toto Zimerman para denunciar la continuidad de las prácticas represiva policial en los barrios populares”. Y recalca que esta es “una metodología cotidiana durante la dictadura que sigue hasta ahora”.

Por lo que finaliza denunciando que: “estas prácticas continúan y más todavía cuando la crisis social comienza a reventar por todos lados”, entonces “en lugar de resolver los problemas con políticas de inclusión, el Estado invierte en más armas para la represión”.

 

 

Después del 2x1 09.05.2017

¿Hubo prevaricato?

El juez Rafecas deberá establecer si avanza en una denuncia que, en tal sentido, presentó el abogado Marcelo Parrilli.

Buenas y malas. Avanza la denuncia del ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Parrilli, para que se investigue si hubo prevaricato en la decisión de los camaristas Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco de avalar la aplicación del 2x1 para Luis Muiña, quien está condenado a trece años de prisión por la represión de Estado perpetrada dentro el Hospital Posadas, al comienzo de la última dictadura. La mala es que la denuncia cayó en manos del fiscal federal, Guillermo Marijuan, quien le dio curso al juez federal, Daniel Rafecas, para que se abra una investigación penal.

Mala porque es sabida la posición que el fiscal tiene dentro del esquema que encabeza el Gobierno Cambiemos. De todos modos, habrá que ver qué hace el juez Rafecas quien ya exhibió compromiso con el servicio de Justicia en diferentes causas donde se juzgó a criminales de lesa humanidad.

“Le ha tocado al fiscal Marijuán que tiene comprobados compromisos con el gobierno, con los grupos económicos con lo cual no tiene la independencia necesaria como para resolver este tipo de cuestiones”, reflexionó el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Pedro Dinani, quien recalcó que, por eso, Marijuán “debería inhibirse si tiene algo de nobleza, para que vaya a otro fiscal que esté comprometido con la justicia en la lucha por los derechos humanos”.

Y, en idéntica dirección, puntualizó que “el doctor Marijuán no ha demostrado compromiso con la lucha por los derechos humanos, es más, es parte de la persecución política que se ha iniciado con el gobierno de Cambiemos”, por lo que “no está en condiciones de emitir ningún dictamen ajustado a derecho en este tipo de casos”.

 

Fallo

Asimismo, a la hora de referirse al fallo firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco, Dinani reiteró que “a todas luces es contrario a los intereses de las víctimas que, como son crímenes de lesa humanidad, se componen de víctimas inmediatas, pero también por toda la sociedad argentina”.

Pero además, hizo hincapié en que la decisión de la Corte Suprema “plantea una situación muy peligrosa para la institucionalidad argentina, porque pone en situación de liberación a más de 750 condenados por crímenes de lesa humanidad”, por eso, “toda la sociedad se va a movilizar mañana para repudiar este fallo”.

Y destacó que “es un fallo ilegítimo” y, además, “es un fallo eminentemente político, porque busca beneficiar a una parte en detrimento de la Ley”, tras lo que no dudó cuando remarcó que “hay una violación similar a la que se perpetró con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tiene la misma gravedad que esas leyes”.

2X1 | 08.05.2017

Estrategias legales

Varias y diversas han sido las propuestas presentadas ante la Justicia para que los represores no salgan en libertad. Las observaciones de Carlos Chango Zamorano.

El pedido de inconstitucionalidad y un reclamo in extremis son las más notables estrategias legales esgrimidas hasta ahora para saldar el bache dejado por la Suprema Corte de Justicia al dictar el beneficio de 2x1 al represor Luis Muiña, que lo habilita, como a otros 300 represores con capacidad de pedir el mismo beneficio, a salir en libertad en poco tiempo.

Carlos Chango Zamorano, ilustre abogado comunista conocido, entre otras cosas, por haber redactado el proyecto tras el cual se dictara la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue claro al respecto: “en los casos particulares en que un genocida plantee el 2x1 es obvio que el fiscal tiene que decir que es inconstitucional porque tenemos celebrados pactos internacionales y a la luz de ello se establece la doctrina propia de los crímenes de lesa humanidad”.

El pedido de inconstitucionalidad del 2x1 fue presentado por los fiscales Ángela Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas y Pablo Parenti, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

En tanto, el pedido in extremis fue esgrimido ante la propia Corte Suprema de Justicia por el abogado Daniel Igolnicov, que busca mediante esta estrategia legal suspender la aplicación del fallo. Mediante esta figura se busca que se modifiquen los planteos y sus alcances, que pueden generar los que legalmente se conocen como “agravios trascendentes” para, en este caso, los familiares de las víctimas del represor Muiña.

Vale destacar que el recurso in extremis sólo es aceptado en casos en que el error en que incurrió un fallo judicial es evidente y no exista otra vía judicial para resolverlo. En este caso sería aplicable ya que quien incurrió en este yerro judicial es la propia Suprema Corte, máxima instancia de la Justicia argentina, yerro sin duda evidente a la luz de la avalancha de críticas que ha despertado.

 

Doctor Zamorano

Zamorano, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo tajantemente que pedir la inconstitucionalidad del beneficio del 2x1 es pedirlo para “una norma derogada años atrás”, creada cuando “había 5 mil presos en huelga de hambre, en 1994, reclamando por el plazo razonable para que concluyan sus procesos penales”.

Enfatizó que los delitos de lesa humanidad, como los cometidos por Muiña y los represores que se podrían atener al los beneficio del 2x1, “aparte de imprescriptibles son inamnistiables, inindultables e inconmutables”. Y sentenció que el fallo de la Suprema Corte “es un indulto parcial”.

“Están indultando por esta vía aviesa”, explicó y sumó: “hay cosas donde ni siquiera es necesario la inconstitucionalidad”. En ese sentido, profundizó: “la desaparición forzada y la apropiación de niños se siguen cometiendo hasta que no se repare la situación”.

 

 

ACTO CONTRA EL 2X1 A GENOCIDAS 05.05.2017

Señores jueces, nunca más

Organismos de derechos humanos lanzaron una convocatoria para un acto que esperan exprese masivamente el repudio popular a la medida de beneficio a los torturadores, secuestradores, asesinos y desaparecedores del último genocidio argentino.

La determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia para rehabilitar la ya caduca legislación del 2x1 con el objetivo de favorecer a los genocidas está lejos de ser la última palabra sobre el tema. Ahora le toca su turno a la movilización popular masiva con el objeto de establecer la falta de legitimidad de esas medidas judiciales que tienden a garantizar la impunidad de los mayores criminales de la historia argentina.

En ese sentido, los organismos de derechos humanos convocan a un gran acto de repudio a esta acción de jueces indudablemente afines al macrismo y sus pactos oscuros con los genocidas. El mismo se dará el miércoles 10 de mayo en el centro geográfico de nuestra historia nacional: la Plaza de Mayo, la plaza de las Madres y de tantas luchas pisoteadas por los letrados de la injusticia.

“Convocamos a un acto contra la impunidad a genocidas”, dicen los firmantes de la convocatoria de organismos de derechos humanos, que declaran esperar que ante el fallo de los supremos “el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite”.

 

La gran respuesta del pueblo

José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacó que luego del fallo de la Suprema Corte “noto una saludable respuesta popular y plural”. Dijo también: “la medida (de los jueces) es un límite imaginario a la idea del ‘nunca más’, que es un valor construido desde el final de la dictadura”.

Entendió que la situación “marca una línea divisoria” en la cual “tenemos la capacidad de agrupar a todos los que se pronuncian por la continuidad de los juicios” para plantar “un no rotundo a la impunidad de los genocidas”.

Informó que el miércoles “a la mañana vamos a buscar un encuentro con todos los diputados que estén a favor de la continuidad de los juicios” y que “a la tarde va a haber una gran movilización popular ya que no podemos llegar al Congreso por razones urbanísticas”.

Explicó que este impedimento para llegar a la sede del Legislativo nacional se debe a que la zona “está sometida a una demolición macrista” que no es otra cosa que una “‘operación saqueo’ gigantesca con obras que no son tan necesarias si no soy motivos de grandes negociados para Macri”.

“Hay condiciones para producir una verdadera rebelión cívica”, sentenció y brindó sus expectativas en que la del miércoles sea “una gran respuesta popular que no sólo golpee a la Corte sino a toda esta ofensiva de derecha”.

“Es imprescindible pararnos en la legitimidad de nuestros reclamos, en la justeza de nuestras posiciones, en la ética de nuestra conducta”, pidió y señaló: “a la impunidad de Menem no la derrotamos en los estrados judiciales ni en las instancias internacionales sino en la calle”.

“Los comunistas somos claros y la calle es el territorio de la verdadera disputa con la derecha”, apuntó Schulman y agregó que la calle “es nuestro territorio, donde nos sentimos más cómodos, donde creemos que el pueblo se expresa mejor”. “Apostamos a la movilización del campo popular, a la unidad, a la ética, a la dignidad”, le sumó.

¿Perdonar es divino? 03.05.2017

La mano de Dios

La Conferencia Episcopal Argentina quiere instalar un espacio de “reconciliación” entre víctimas y victimarios de la dictadura. “Es el colmo de los colmos, no tiene vergüenza”, señaló Iris Avellaneda.

“¿Puede la Iglesia pedir reconciliación cuando fueron ellos los promotores de los asesinatos, torturas y desapariciones que hubo durante la dictadura?”, preguntó la titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Iris Avellaneda, consultada sobre el inicio del proceso de “diálogo por la reconciliación” que puso en marcha la 113 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que se desarrolla en la localidad bonaerense de Pilar.

Por medio de este mecanismo, según anticipó la CEA, la Iglesia pretende construir un espacio de encuentro entre familiares de personas que fueron secuestradas y sufrieron –incluso algunas aún sufren- desaparición forzada, y sus victimarios.

En esta dirección, la conferencia que reúne a los obispos católico-romanos de Argentina, va a comenzar a recibir testimonios directos de familiares de personas desaparecidas, pero también de militares y personal de fuerzas de Seguridad involucradas en la represión perpetrada durante el terrorismo de Estado.

La CEA, presidida por su titular, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, señaló al respecto que busca “sanar heridas” y que, por ahora, sólo se va a limitar a escuchar “algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”.

Y añadió que, “este proceso de largo aliento continuará durante las asambleas de los próximos años donde se buscará realizar, más adelante, un camino de diálogo entre los obispos en el marco de la cultura del encuentro y la amistad social”.

“Este es el colmo de los colmos, no tiene vergüenza”, puntualizó Iris y lamentó: “esto es un golpe terrible para toda la sociedad y, en especial, para los que somos víctimas directas de la dictadura”.

Tras lo que insistió: “reconciliación de qué tipo? ¿Reconciliación para que se vuelva todo para atrás y que los genocidas vuelvan a sus casas y a pasear por la calle como cualquier persona?. Y, después de recordar que, salvo en casos puntuales como los de Cristian Von Wernich o Eugenio Zitelli, “nunca se tomaron medidas contra los curas que participaron en el terrorismo de Estado, como Pío Laghi y Primatesta”. La desazón de Iris tiene motivos justificados. “Nunca la Iglesia hizo un mea culpa por su actuación durante la dictadura”.

La dirección en que avanza la Conferencia Episcopal se inscribe en un clima de época propiciado, entre otros, por el Gobierno Nacional y la massmedia dominante. “En esta maniobra está metido el Gobierno”, denunció la vice de la Ladh y puntualizó que, de lo que se trata, “no es sólo de que los milicos de vuelvan a las casa, sino que quieren volver a escribir la historia para ocultar la verdad”.

Algo sin dudas muy peligroso, ya que cuando aún no se logró avanzar plenamente en el camino de la justicia y la verdad histórica, una maniobra como esta persigue el fin de borrar la memoria. “Esto es lo que está buscando el Gobierno, borrar todo de un plumazo y que, con esta ‘reconciliación’, los milicos salgan en libertad y que se frenen los juicios”.

Pero, aclaró Iris, “hay una respuesta que debemos dar desde las organizaciones de Derechos Humanos junto a todo el pueblo, que no puede ser otra que un repudio profundo”, ya que, “lo único que aceptamos es Memoria, Verdad y Justicia, y tenemos que seguir peleándola”.

 

Voces

Tal como lo hizo la Ladh, diferentes organismos defensores de los Derechos Humanos se pronunciaron contra el intento de la CEA. Desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, preguntó: “¿Ahora vienen a pedir reconciliación?” y sugirió que sería mejor que la Iglesia les diga “a los militares genocidas que vayan a los tribunales a declarar toda la verdad sobre nuestros hijos”.

Y, tras remarcar que “esta parte de la Iglesia maneja un nivel de hipocresía total”, diferenció a la CEA y aquello que representa, de aquella Iglesia que hace una opción activa por los pobres, “que trabajó en las villas, que soñó como nuestros hijos e hijas por un país mejor y que, por eso, perdió integrantes en manos de los monstruos del terrorismo de Estado”.

Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue clara cuando señaló que “no tenemos que reconciliarnos con nadie” porque, explicó, “yo no agravié a nadie, fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto”. Y añadió: “¿cómo vamos a ir a dialogar? Lo que hay que hacer es cumplir con la democracia y con lo que pedimos: Verdad, Memoria y Justicia”.

Mientras tanto, quien sí se apresuró a aceptar sentarse a la mesa de la CEA, es Graciela Fernández Meijide, quien dejó abierta la posibilidad de reconciliarse si los responsables del genocidio demuestran “conciencia del daño que provocaron”.

 

 

Ante la iniciativa de la Conferencia 03.05.2017

¿Reconciliación?... ¡las pelotas!

El autor de esta columna, Rogelio Roldán, es subdirector de NP pero, además, fue preso político y desaparecido durante la dictadura.

Al enterarme del pedido de “reconciliación” entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado que impulsa la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su titular, obispo Arancedo, no me sorprendí en absoluto pues el partido vaticano siempre encubre a la gran patronal capitalista y a sus representaciones políticas y estatales.

La CEA anunció que en su asamblea plenaria recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar “un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro”.

Supongo que los obispos se preparan a “escuchar” un diálogo de sordos, ya que los genocidas practican con todo empeño la “omertá”, es decir, el pacto de silencio de las mafias. Esto no es inocente, así intentan frenar y dilatar aún más los juicios de lesa humanidad en curso e impedir lo que verdaderamente les inquieta: la llegada a juicio de los instigadores y beneficiarios civiles del terrorismo de Estado, las grandes patronales como Blaquier, Mercedes Benz, Ford y otras.

No olvido tampoco que en esta indecente faena se atarea el gobierno mandadero de Wall Street, en especial su ministro de “justicia y Derechos Humanos”, Germán Garavano y su secretario de “derechos humanos” -este título sería un chiste si no fuera lo que es: una farsa miserable- Claudio Avruj.

Pero, principalmente, pretenden impedir que se conozca el silencio eclesiástico cómplice ante el asesinato de sus propios pares, como Monseñor Enrique Angelelli y los curas populares como Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias y su ayudante laico Wenceslao Pedernera.

 

Por ellos

Desde mi infausta experiencia como ex preso político, al enterarme de esta propuesta, que estimo hipócrita, estoy seguro que se me caería la cara de vergüenza ante el solo hecho de siquiera considerarla.

Lo creo así por mí, por mis hijas e hijo, mis nietas y nieto, por los cientos de compañeros y compañeras en San Juan, además de las y los miles en el país, que pasamos por las garras de la dictadura terrorista.

Ante este pedido vergonzoso recuerdo al gran poeta comunista salvadoreño, Roque Dalton, cuando decía que “todos tenemos distintos amigos, yo tengo un costal de desaparecidos que me están mirando”. Yo tengo treinta mil, Sí, 30 mil, que me están viendo y me dan sus fuerzas, su apuesta por una vida realmente humana.

Pero más que nada porque todo nuestro esfuerzo está puesto en impedir que se repita otra dictadura en nuestra Patria. Por eso no olvido, no perdono y no me reconcilio.

Por todo esto y más, me hago parte del comunicado de nuestras Abuelas: “Finalmente, ante la propuesta de “reconciliación” las Abuelas de Plaza de Mayo reafirmamos que seguiremos luchando hasta que el último de los responsables sea juzgado y condenado, hasta que aparezcan los restos de todos nuestros hijos e hijas desaparecidos, hasta que el último nieto apropiado recupere su verdadera identidad”.

Fallo Supremo 03.05.2017

Se acabó el curro de los derechos humanos

En una decisión vergonzosa, la Corte Suprema de la Nación habilitó la aplicación del 2x1 para criminales de lesa humanidad. “Agravia a esas víctimas”, recalcó el abogado de la Ladh, Pedro Dinani.

“Un día pesadito en un año muy complejo”,

así definió el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Pedro Dinani, a la jornada de hoy que comenzó con la convocatoria episcopal a una “mesa de diálogo” para víctimas y victimarios del genocidio y siguió con la decisión de la Corte Suprema de declarar aplicable el beneficio del 2x1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad.

El fallo de los supremos, tuvo la disidencia de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, pero contó con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Vale recordar que la ley 24.390 que se conoce como Del 2x1, estuvo vigente entre 1994 y 2001, y permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días pasados sin sentencia firme, lo que favorece una drástica reducción de las penas.

Al respecto, Dinani recordó que este 24 de marzo “fue uno de los de mayor movilización que se recuerde” y que, además, “tuvo la característica de que se leyó un documento en el que se reconoció la identidad de las víctimas y, en particular de aquellas comunistas, como cultura revolucionaria”.

Por lo que hizo hincapié en que el fallo de la Corte “agravia a esas víctimas, a las de nuestro Partido, a las de todos los sectores que han sufrido durante la dictadura”, tras lo que no dudó en aseverar que “este retraso va a generar movilizaciones de oposición en nuestro país, pero también puede abrir la puerta parta que el Estado Nacional sea sancionado internacionalmente”, ya que “es contrario a toda la norma jurídica argentina e internacional”. Y recalcó: “aplicar el 2x1 a los criminales de lesa humanidad, es contrario a derecho”.

 

Clima pesado

La medida dispuesta por la Corte, sin dudas, se inscribe dentro de un clima de época traccionado por el “cambio cultural” que intenta imponer el Gobierno Nacional.

“El acuerdo que tuvo el sector que gobierna con un estamento de la Iglesia, para que Macri sea presidente, es un acuerdo que también se hizo con los genocidas”, denunció Dinani y reflexionó que, “este acuerdo político debe tener alguna cristalización que, como se ve, se da con un fallo de la Corte”.

De ahí que “asuman los compromisos que tienen con los genocidas de la dictadura, ahora con los condenados”, remarcó y recordó que, en un fallo anterior, la misma Corte habilitó “para los genocidas argentinos, una domiciliaria que se da a discrecionalidad, sin ningún tipo de control que les permite andar por la calle”.

Pero ahora, “para aumentar esta impunidad disfrazada de fallo judicial, determinan el 2x1 para el cómputo de las prisiones”, destacó el abogado de la Ladh y apuntó que “una gran cantidad de genocidas fueron condenados a 18 años, pero porque a raíz de la lentitud del proceso de justicia, no se les pudieron imputar todos los casos, porque si no, deberían tener 25 años y cadena perpetua”. Y, así, advirtió, “ahora con el 2x1, en cinco años están libres”.

Por lo que fue claro cuando hizo hincapié en que lo que se plasma con este fallo es la “libertad pautada con los grandes grupos económicos y Macri, cuyo gobierno vino a provocar un cambio retrógrado que supera, incluso, a lo que pasó en los años 90”, porque ahora “además se burlan de las víctimas: es la foto de los diputados de Cambiemos con el cartel que anuncia que se acaba el curro de los derechos humanos”.

Y finalizó: “esto es una nueva muestra de lo que es capaz de hacer el poder económico que entró a la Casa de Gobierno junto con Macri, que todavía permanece en la impunidad y no fue condenado por los crímenes de lesa humanidad de los que es responsable”.

 

 

MIENTRAS HIGUI SIGUE PRESA 28.04.2017

Etchecolatz afuera

Casación concedió al genocida el beneficio de la prisión domiciliaria, que por ahora no se consustanciará. Las advertencias desde el ámbito de derechos humanos.

Argentina se ha transformado en el reino del revés, una vez más. Y mientras Eva Analía Higui de Jesús permanece presa por defenderse con un cuchillo de una violación colectiva en el país de los femicidios, uno de los genocidas más reconocidos de la historia nacional puede llegar a circular por las calles como si no hubiera sido hallado nunca responsable de aberrantes delitos de lesa humanidad.

Se trata nada menos que de Miguel Etchecolatz, que podría quedar en libertad tras que los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal le otorgaran el beneficio de la prisión domiciliaria, la cual por ahora no se consustanciará sólo porque el represor tiene otras causas pendientes y permanece arrestado en el penal de Ezeiza.

Los jueces que firmaron la cuestionable decisión son Liliana Catucci y Edgardo Riggi, habiéndose negado sólo Ana María Figueroa. De esta manera, el tribunal se hizo eco de los planteos de la defensa del genocida, pasando por encima las palabras del juez Carlos Rozanski, que oportunamente lo condenara determinando antes que, dados sus antecedentes de cruda criminalidad, aquel no podía estar en libertad.

 

El macrismo cumpliendo el pacto

Pedro Dinani, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), tras la medida sostuvo que “la llegada de Macri al poder se hizo con varios acuerdos políticos, entre los cuales está el de la prisión domiciliaria para todos los genocidas”. “El macrismo está cumpliendo”, enfatizó.

Dijo que el asunto “es gravísimo” y “una muestra más de la política de impunidad que va a bajar el macrismo”. Remarcó: “Etchecolatz en la calle hoy es impunidad y no hay otra calificación”.

Reafirmó que existe la posibilidad de que el represor marche a su casa pese a las causas pendientes y adujo al respecto: “las condenas que pesan sobre Etchecolatz con delitos gravísimos en el marco de un genocidio y así lo calificó Rozanski, quien había establecido en los considerandos de la sentencia que Etchecolatz no podía permanecer ni un minuto más en libertad”.

“Se pasaron por encima 40 años de construcción política”, expresó angustiado el abogado y le sumó: “se pasaron por encima 40 años de memoria de las víctimas”. “Es gravísima y clara la señal que están mandando”, consideró y sostuvo que, pese a que “no hay otra alternativa” que la vuelta a los escraches contra los represores, “ahora a pesar de que hay Justicia se burlan de las condenas”.

LOHANA EN EL CENTRAL 27.04.2017

Viva y comunista

Con presencias internacionales y arte, los y las comunistas recordaron a la activista trans en la sede del Comité Central. Reivindicaron que era, es y será roja.

Un homenaje a Lohana Berkins realizado por sus compañeras y compañeros comunistas arranca distendido y termina distendido, como quien entiende que no está haciendo otra cosa que entrar a su casa, como si Lohana Berkins no fuera otra cosa que una gran casa para los comunistas, en donde cada comunista encuentra refugio.

Se empieza, como el que ayer organizaran el PC y la FJC junto a la organización Furia Trava, compartiendo un café o un té y contando anécdotas de Lohana, de quien rojos y rojas suelen guardar una o unas cuantas.

Como aquella en la cual la principal referente travesti de Sudamérica en los últimos tiempos entraba a las comisarías a rescatar compañeras de las celdas, mintiendo a los uniformados leyes que no existían, burlando la confianza de quienes portan las armas de reprimir, gritando delirios místicos para desviar la atención mientras las compañeras detenidas escapan a la libertad en medio del alboroto.

Es que Lohana no era sólo la seria militante hecha de corazón y cerebro. Era la “trava” comunista que se forjó en las calles y con el corazón en las calles fue amoldando el cerebro a los estrados políticos para tener siempre la razón en si venialidad roja, indeleblemente roja y grabada a fuego en sus compañeros y compañeras, como lo hicieron ver ayer como seguramente lo harán ver siempre.

 

Lohana, comunista

Los militantes del PC y la Fede, desde la muerte de Lohana Berkins, reivindicada en todos los espacios de militancia de diversidad, género y abolicionismo, deben salir a enfatizar que estamos hablando de una comunista cabal. Ese énfasis no fue la excepción en el homenaje que le realizan ayer en el salón de la mujeres del PC, en la sede del Comité Central.

Amaranta Gómez Regalado, integrante de la comunidad muxe (tercer sexo en la comunidad zapoteca, cuya lengua prehispánica se caracteriza por no ser binaria y no reconocer por ello articulaciones genitalistas), que estaba anunciada entre los participantes, no pudo acudir.

Pero estuvo Katty Fontey, referente de la organización chilena Traveschile, agrupación por los derechos sexuales integrales de las personas, la cual tiene una larga relación con grandes íconos de la diversidad latinoamericana como Pedro Lemebel y la propia Lohana Berkins.

Descaron, asimismo, las presencias del secretariado nacional del PC en la figura de su secretario de relaciones internacionales Jorge Kreyness y del secretariado del PC porteño. También las de Gabriela Guerreros, pastora de la iglesia Dimensión de Fe y las sobrinas de la homenajeada.

Comenzó con la emisión de un video alusivo elaborado por el Mocha Cellis, bachillerato trans por el que Lohana Berkins peleara a brazo partido. Y aunque no se dio una conducción en especial ya que todo se desarrolló en la amenidad igualitaria de una mesa redonda en la que nadie dejó de brindar su recuerdo particular de Lohana, se puede decir que condujo Romina Pereira, responsable de diversidad del PC.

Luego de que Luciana Gómez cantara “Corazón libre”, se dio paso al emocionado recuerdo y al candoroso debate. En el mismo, no faltaron la reivindicación de la posición abolicionista de Lohana Berkins con respecto a la prostitución así como de su condición de católica y abortera, sin faltar, claro, la de su condición comunista.

Jorge Kreyness llevó el saludo de Patricio Echegaray, presidente del PC, de quien dijo: “dio un paso muy importante cuando dio un espacio en el bloque legislativo a Lohana en la Legislatura porteña”. Agregó que “la lucha de Lohana nos inspiró y nos permitió profundizar”.

Fontey afirmó sentirse “orgullosa de haber conocido a Lohana”. También remarcó que “nacer homosexual no es la gloria de Dios” y que “nuestras calles son de espinas”. Y que por ello a “todo lo que ha dicho Lohana lo llevaremos en el corazón”.

Por su parte, Florencia Guimaraes García, destacada activista travesti, no se avergonzó de compartir su emoción por la muerte de Berkins ni de decir que siente por ello “impotencia, bronca y dolor”. “Nos fue arrebatada por el sistema”, aseveró y se quejó: “es muy doloroso tener que estar todo el tiempo recordando a tantas compañeras”.

Lamentó “tener este cementerio en la cabeza y el corazón” y brindó por el abolicionismo para proteger “a las compañeras que vendrán”. “No queremos que tengan el mismo destino que tuvimos muchas de nosotras”, dijo en ese sentido. Finalmente, Romina Pereira también recordó a Diana Sacayán, de quien remarcó: “era profundamente clasista”. Y condenó a “activistas travestis que hoy están transando con el Estado neoliberal”.

 

 

SIGUE LA PERSECUCIÓN 21.04.2017

¿Quién defiende a la Tupac?

Desde los aliados provinciales al gobierno nacional siguen hostigando la organización que fundara Milagro Sala.

La creación de nuevos protocolos de actuación por parte del ministerio de Seguridad de la Nación luego de que el cuerpo de Micaela García fuera hallado sin vida tras ser secuestrada, violada y asesinada, pone más contra las cuerdas a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a la cual el macrismo quiere desplazar por todas las vías posibles.

Es que de estas iniciativas queda excluida la Suprema Corte de Justicia, de la cual Gils Carbó representa a la fiscalía y que por ello se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres. Así, quedan las nuevas instancias a cargo del ministerio de Seguridad, cuya orientación punitivista ya no es de excusar.

Este ninguneo al rol de la procuradora no es menor: Gils Carbó opinó ante la Corte Suprema que Milagro Sala, presa por orden de la Justicia jujeña, debe ser dejada en libertad porque su detención es “ilegal” ante la excepcionalidad de la prisión preventiva que la referente social cumple en su provincia y por su carácter político (es diputada al Parlasur).

La defensa de la procuradora a la dirigente, que se encuentra en cárcel común y sometida a presiones de todo tipo, es legítima ante la creciente persecución que sufre la Tupac Amaru, organización que fundó Sala y que tiene una obra social y política de valor innegable. Tanto que es un dedo en la llaga de los feudos de la Argentina profunda.

 

Donde no hubo Estado hubo Tupac

La Tupac Amaru, símbolo de su condición de avanzada política, es de las pocas organizaciones argentinas cuya sede nacional no se encuentra en Buenos Aires. En efecto, en San Salvador de Jujuy, cercana a la Bolivia de Evo Morales, la Tupac centró su obra.

En aquella ciudad y su provincia, una casa construida por la Tupac cuesta la cuarta parte de una casa similar elaborada por una empresa constructora, de esas que prefiere el Estado jujeño, presidido por el radical Gerardo Morales, a la hora de construir. Así la organización logró una base popular muy fuerte hasta el ascenso de Cambiemos al poder, que encarceló a su líder y diezmó a la fuerza, que no cesa de resistir pacíficamente.

Presa Milagro Sala por motivos que hoy resultan risibles, la Justicia jujeña se encargó de sumar cargos en el expediente y hoy la lucha por la liberación de Milagro Sala, desesperanzada de los jueces del Jujuy, ha formado comités activos en todo el mundo.

 

Pero la persecución no cesa.

En Salta, a tono con su par jujeño, el gobernador Juan Manuel Urtubey ordenó el desalojo sin orden judicial del Barrio Las Tunas, en la localidad de Cerrillos, vecina a la capital de la provincia. Al respecto Germán Lozano, miembro de la conducción del PC salteño, recordó: “se trata de un barrio que ya está ocupado por la Tupac Amaru”.

“Seguramente con Urtubey, que forma parte de la mafia nacional del macrismo con Morales y compañía, están poniendo la mira en el enfrentamiento de pobres contra pobres”, opinó y condenó en Salta “la poca probabilidad de conseguir una casa” porque “acá la vivienda digna no está en los planes del gobierno”.

Lozano también habló de una “alianza” entre Urtubey y Gerardo Morales “en obediencia del gobierno nacional” y en la cual “la base es ir contra los pobres”. “La policía de Salta es tan represora como la policía jujeña”, agregó y repuso: “hace poco se inauguró un museo de Güemes y fue invitado muy especialmente un gobernador del proceso militar, acusado de genocidio”.

Al episodio salteño contra la Tupac su suman las amenazas de muerte sufridas recientemente por Diego Elía, militante de la juventud de la organización, frente a la plaza Ricardo Vilca de San Salvador de Jujuy, donde un hombre lo intimó a dejar de militar. Poco después recibió el siguiente mensaje de texto en su celular: “le vas a hacer compañía a tu hijo en el cielo hdp. Muerto te queremos”. Y este: “Más vale que ni salgas a la calle porque de un solo balazo te desaparecemos”.

En tanto, en Mendoza, donde la Tupac realizó también una gran obra, su principal referente, Nélida Rojas, fue llevada detenida junto con otros diez dirigentes de la orga, entre los cuales se encuentran sus hijas, su esposo y su hermano. El periodista Julio Rudman, ex trabajador de Radio Nacional Mendoza con el cual Rojas compartió el micrófono durante años, dijo que su colega “vendría a ser la Milagro Sala de Mendoza”.

“El gobierno de Cornejo, que es el mejor alumno de Macri (aquí nació Cambiemos), ha esgrimido exactamente el mismo método con que tienen presa a Milagro Sala”, le sumó Rudman, quien aclaró que “le han inventado 38 causas” y que “el abogado ha demostrado que todos los cargos que se le imputan a Nely no tienen sustento jurídico sino sólo político”.

Agregó: “la Tupac en Mendoza, con sede fundamental en el departamento Lavalle aunque no sólo allí, ha construido desde su existencia más casas que el Instituto Provincial de la Vivienda”. Y explicó: “para que quede claro cómo funciona el cinismo, esta semana desde el instituto provincial de la vivienda anularon los expedientes de una cantidad importante de adjudicatarios por su pasado kirchnerista”.

El presente artículo está titulado con una simple pregunta. Nos animamos aquí a responderla: en la cárcel, en las plazas, en las calles de Argentina y las principales ciudades del mundo, el pueblo es quien defiende a la Tupac Amaru de tanto evidente atropello en su contra.

Unidad Antiterrorista 17.04.2017

¿Para qué la quieren?

“Lo que se busca es sumar herramientas para profundizar la represión contra el movimiento popular” denunció el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Ernesto Schulman .

“El gobierno está desesperado por encontrar fundamentos que le permitan desplegar el potencial represivo de las fuerzas armadas y de seguridad bajo la doctrina antiterrorista”, advirtió José Schulman, titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), en referencia al encargo que el ejecutivo nacional realizó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),para que diseñe una legislación para “afianzar” la lucha antiterrorista en el país, pese a que Argentina no tiene hipótesis de conflicto al respecto.

Según trascendió, la intención es crear una “unidad antiterrorista” compuesta por un juzgado, una fiscalía y una fuerza especializada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y la AFI.

Si prospera la iniciativa, esta unidad, contará con instrumental tecnológico y entrenamiento a cargo de agentes especiales de EE.UU. e Israel. Pero para avanzar en este sentido, el gobierno necesita modificar el Código Penal, algo que sólo puede hacer mediante una Ley sancionada por el Congreso.

“El paradigma y la acepción de terrorismo que se busca instalar es la sostenida y aplicada a nivel mundial por EE.UU. e Israel”, explicó el titular de la Liga y agregó que “la derecha se monta sobre el miedo para impulsar este tipo de proyectos”.

Schulman comentó que “hace rato que se viene utilizando, como excusa, la lucha contra el terrorismo para entrenar y equipar a integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad” y detalló que, “en esta materia, hay que librar una verdadera batalla cultural en torno a qué entendemos por terrorismo”.

En esa clave, hay que situar la carta que el ex embajador en EE.UU., Martín Lousteau, envío al congresista del Partido Demócrata, Peter Visclosky, explicando que Argentina estaba interesada en comprar armas estadounidenses para la lucha contra “escorias” tales como “el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.

La verdad que “es difícil que alguien crea en serio estos argumentos”, replicó Schulman, y enfatizó que “en nuestro país la palabra terrorismo está vinculada al accionar que el Estado emprendió contra su propio pueblo en la década del 70 para implementar un plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones y muerte”.

 

Pesada herencia

El proyecto, que está siendo elaborado en secreto por técnicos de la AFI que conduce Gustavo Arribas, se inspira -según dijeron fuentes de la ex Side al periodista Mauro Federico en Ámbito Financiero- en leyes de países tales como Israel, Inglaterra, Francia o España “donde el terrorismo es un problema concreto”.

Cabe preguntarse: si tienen que detener su mirada en países lejanos sumergidos en conflictos de larga data para copiar esos modelos porque en Argentina el terrorismo no es un “problema concreto”: ¿cuál es el objetivo que hay detrás de proyectos como este?

Sobre este punto, Schulman fue tajante cuando recalcó que “lo que se busca es sumar herramientas para profundizar la represión contra el movimiento popular”.

En ese sentido, el dirigente lamentó la pesada herencia que, en esto, dejó el “kirchnerismo y el progresismo”, al impulsar y votar -entre gallos y medianoche- en pleno conflicto por la resolución 125, la Ley Antiterrorista.

Así las cosas, el escenario se encuentra marcado por un gobierno nacional decidido a profundizar su política económica -y por tanto, represiva- en el marco de una batalla cultural en la que “se busca redefinir conceptos y, así, obtener los consensos necesarios para imponer proyectos como este”, dijo el dirigente de la Ladh.

Este no es un detalle menor: el Estado Liberal Burgués necesita perfeccionar la maquinaria legislativa para contar con mejores herramientas para la represión y el saqueo económico y, en este caso, se trata de un proyecto que debe pasar, sí o sí por el Congreso Nacional porque legisla aspectos incluidos en el Código Penal.

“En América Latina se suele recurrir a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo para dotar de elementos represivos a las Fuerzas Armadas y de seguridad”, insistió Schulman. La aseveración no resulta caprichosa, alcanza con buscar las notas publicadas por los diarios durante marzo de 2016, cuando con la visita de Barak Obama a Argentina, se produjeron distintas reuniones entre funcionarios de nuestro país y EE.UU. para “coordinar acciones” en esta materia.

Después de ello, vino el acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia –sede del Comando Sur de EE.UU.- y el pedido de armas de Lousteau al congresista Visclosky, que visitó el país días antes de la llegada de Obama, como parte de una delegación de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes que se reunó con funcionarios del Ministerio de Defensa.

No se trata de teorías conspirativas difíciles de comprobar, sino, como pocas veces, de hechos que están a la vista de quienes quieran ver.

 

 

A 30 AÑOS DEL ALZAMIENTO DE SEMANA SANTA 17.04.2017

La casa sigue en desorden

Iris Pereyra de Avellaneda, mamá del “Negrito”, contó sus apreciaciones de la actual democracia a tres décadas del golpe que tuvo en vilo a todo el país.

Se cumplen 30 años de las Pascuas del 87 cuando, si no con un golpe de Estado más o menos evidente sí con unas fuerzas armadas en clara insubordinación al poder civil, el presidente Raúl Alfonsín enviaba salutaciones a los argentinos y les decía que, pese a lo que se estaba viendo, la casa estaba en orden.

El recuerdo de esos días que contuvieron la respiración de los argentinos y evidenciaron la debilidad de la democracia burguesa, está irremediablemente asociado a Campo de Mayo, escenario del más conocido de los acuartelamientos de Semana Santa: el que protagonizara la Escuela de Infantería merced a las acción golpista del teniente coronel Aldo Rico.

Iris Pereyra, copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) había estado allí pocos años antes: luego de su secuestro junto al de su hijo adolescente, Floreal “Negrito” Avellaneda (que permanece desaparecido), purgó en Campo de Mayo la larga prisión dictatorial que le permitió ser testigo clave de las torturas genocidas en el juicio a las Juntas. Es que en los años de fuego Campo de Mayo, que luego sería terreno de acción del golpismo de Aldo Rico, había sido el mayor campo de concentración de Sudamérica.

Por eso hablamos con ella, quien dijo que al recuerdo del golpe carapintada del 87 lo tiene “latente” y observó que “cuando el golpe de Estado él (Alfonsín) fue a Campo de Mayo y dijo que la casa estaba en orden”. Agregó: “para nosotros eso fue fuera de serie”.

 

Ovejas insumisas

“Siempre tuve mis dudas”, planteó la activista de derechos humanos y fustigó: “siempre creí que Alfonsín debió haber arreglado algo con los milicos”. Enfatizó “no me entra eso de que la casa está en orden” y estimó que el motor del alzamiento “fueron las presiones por la Ley de Obediencia Debida y la de Punto Final”.

“Alfonsín no tuvo más remedio que hacerlas porque era muy evidente que había hecho arreglos con los militares”, cargó Pereyra y, sin embargo y tras recalcar que “los radicales siempre han sido tan falsos como la moneda”, sostuvo que el entonces presidente “a pesar de ese golpe, fue bastante honesto”.

“Si Alfonsín viera lo que ahora están haciendo los radicales los caga a palos a todos y se vuelve a morir”, bromeó la madre del Negrito y, tras cartón, definió a Gerardo Morales, radical gobernador de Jujuy y principal responsable de la prisión política de Milagro Sala, como “un hijo de puta, mafioso y el facho número uno”. También admitió sentir “decepción” con el también radical Luis Brandoni al que dijo ver “tan macrista como los pelos que Macri tiene en la cabeza”.

Asimismo, recordó que en aquellos días la respuesta de las masas populares al alzamiento militar le resultó “tremenda” y enfatizó al respecto: “fue muy emocionante ver tanta gente en la calle”. También reconoció que a ella el golpe no la sorprendió porque “ya estábamos acostumbrados a tantos golpes de Estado” y “te acostumbrás a todos los golpes bajos que te da la vida”. Comentó: “a esta altura del partido uno ya está tan curado de espanto que nada le hace una mancha más al tigre”. “Recordar eso en este momento da pena y da bronca porque nos han hecho sufrir en todo sentido”, dijo finalmente.

La asonada militar de Semana Santa de 1987 tuvo muy poco de levantamiento de personal subalterno. En tal sentido, hoy se sabe que el grueso de las Fuerzas Armadas desobedecía al presidente en esos días de duro recuerdo y que sólo mostraron conformidad con la democracia cuando los partidos políticos y, sobre todo, el pueblo en las calles obligara a los cuarteles a prestar atención.

El recuerdo de la dictadura estaba fresco en los argentinos entonces y nada de lo que estaba pasando era ajeno al interés popular por que la democracia, aún débil y ciertamente poca, siguiera reglando la vida nacional. Ese compromiso popular contrasta con lo que ve Iris Pereyra de la actualidad, sobre la que nos dice que “estamos como cuando venimos de España” y que la elección de Macri como presidente “ha sido un retroceso hasta 50 años atrás”. Y se lamenta: “tan mal estamos que parecemos ovejitas”.

En el feudo de Morales 17.04.2017

Ni la universidad se salva

Policías ingresaron por la fuerza en la sede de Ciencias Agrarias y se llevaron a dos detenidos. “Esto refleja el accionar continuo de la policía con el aval del gobernador”, señaló el titular del PC de Jujuy, Leonardo Rosales.

La violencia institucional ahora en nuestro país, registra casos que se replican casi cotidianamente, pero tiene un ícono en la prisión que padece Milagro Sala y en la provincia de Jujuy donde, desde diciembre de 2015, se lleva a cabo una experiencia piloto que deja en claro cuál es el escenario que el tándem de poder real que ahora también gobierna, quiere imponer en Argentina.

Y es en esa provincia donde durante la noche del miércoles, cinco patrulleros irrumpieron en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias y, tras ingresar violentamente, se llevaron detenido al presidente del Centro de Estudiantes,Joaquín Quispe, y a otro alumno Ignacio García.

Este episodio que atenta contra el principio de autonomía universitaria, fue perpetrado cuando los integrantes del Centro de Estudiantes compartían un asado en las instalaciones de esta unidad académica de la Universidad Nacional de Jujuy.

Aunque los detenidos fueron liberados a la mañana siguiente, durante toda la noche quienes estaban a cargo de la Comisaría 1º de San Salvador, le negaron al abogado de García, información sobre el paradero de su representado, algo que recién ocurrió después de que el abogado se comunicara con el ministro de Seguridad, Ekel Meyer.

“Repudiamos este hecho y alertamos que esto refleja el accionar continuo de la policía con el claro aval político de Gerardo Morales”, señaló al respecto el titular del Partido Comunista de Jujuy, Leonardo Rosales, y recalcó que “la violencia institucional se viene profundizando como método de respuesta a los reclamos que hay en los barrios populares, pero también en cualquier ámbito que el Gobierno no pueda controlar”.

En este sentido, Rosales recordó que las detenciones de Quispe y García fueron realizadas porque “presuntamente, estaban violando una contravención, porque habría vecinos que denunciaron ruidos molestos”, tras lo que denunció que, “aunque la policía dice que no entró a la Universidad, hay filmaciones en las que se ve que claramente violan el espacio universitario”. Y puntualizó que “no se llevaron a más detenidos porque parte de los chicos se refugiaron y lo impidieron”.

 

Operativo

El operativo en el que se produjeron las detenciones exhibió una demostración de fuerza desproporcionada y se fundamentó en el Código Contravencional “que como ya lo denunciamos muchas veces, muestra la intencionalidad del Gobierno de controlarlo todo”.

Además lamentó que la Franja Morada no condenara esta violación de la universidad, sobre todo si se tiene en cuenta que esta fuerza fue protagonista y dice levantar las banderas de la Reforma Universitaria de 1918” pero, resaltó, “la obsecuencia que tienen hacia Morales y la UCR jujeña los pone en esta postura que ahora tienen”.

Tras lo que definió: “en el ámbito universitario hay una voz crítica a la política de los gobierno Nacional y Provincial, donde se denuncia la criminalización de la protesta social, la detención de Milagro Sala” por eso, “aunque no hay un movimiento universitario que, abiertamente, se declare en contra del gobierno, Morales ni siquiera soporta la más mínima disidencia”.

Por su parte, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (AdiunJu), hizo público su “más enérgico repudio” a este episodio y recordó que “esto es violatorio de la Ley de Educación Superior”.

En su título referido a la Autonomía Universitaria, en su artículo 31, esa norma dice que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales, si no media orden escrita previa y fundadade un juez competenteo solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Al respecto,AdiunJu recuerda que, en este caso, “no existió ninguna orden porque la oficial le dijo al decano que actuaban para reprimir una contravención” y aclaró que “la policía miente” en su parte de prensa, cuando dice que no se metió en la sede universitaria.

Y, el decano de Agrarias, Mario Bonillo, no dudó cuando dijo que “fue un mensaje de miedo y amedrentamiento”, reveló que los estudiantes detenidos fueron maltratados y denunció que las fuerzas policiales admitieron que “no había orden judicial” para ingresar al predio.

Derechos Humanos 11.04.2017

Hacedores de la Memoria

León Gieco, Kevin Johansen, Liliana Herrero, Cristina Banegas, Liliana Felipe, Marcelo Carpita y Andy Riva recibieron premios Hacedores de la Memoria, otorgado por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria a personalidades de la cultura.

 

Fuentealba

La familia de Carlos Fuentealba junto al Cels y gremios docentes presentaron un recurso ante la Corte Suprema para que se reabra la causa judicial y se establezcan las responsabilidades políticas y de la cadena de mandos de la policía en el asesinato del maestro, perpetrado hace diez años.

 

Detenidos

Por primera vez en Santa Fe, fueron detenidos cinco represores de la Policía Federal por delitos perpetrados antes del golpe de 1976. Se trata de los comisarios Orlando José Zgolicz y Rodolfo Gómez Trintinaglia y los suboficiales Carlos Jorge Romano, Elbio Eduardo Piccolo y Ricardo Antonio Olivera. Están acusados de homicidios y torturas contra militantes del PRT-ERP.

 

Indagatoria y detenciones

El fiscal Nelson Mastorchio trabaja sobre la hipótesis de que la policía dejó morir a las personas que estaban alojadas en los calabozos de la comisaría de la localidad bonaerense de Pergamino que, hace un mes, se incendió dejando un saldo de siete muerto. Por eso, caratuló el caso “abandono de persona seguido de muerte” y pidió indagatorias y detención de los seis policías que prestaban servicio la tarde del hecho.

 

Chaco y Santa Fe

En Chaco, la semana pasada continuó el juicio abierto en la causa Caballero II, en el que se juzga a once ex militares y ex policías por delitos de lesa humanidad perpetrados en la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Y, en Rosario, prosiguió el que juzga a diez militares retirados y ex integrantes de Personal Civil de Inteligencia, en la tercera parte de la causa Guerrieri III, que toma su denominación del principal acusado, el ex teniente coronel retirado Pascual Guerrieri.

 

De acuerdo

El nuevo obispo castrense, Santiago Olivera, dijo que está “de acuerdo” con la prisión domiciliaria para represores mayores de setenta años de edad condenados por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad y pidió que en el país haya una “reconciliación mirando para adelante” y sin “justicia selectiva”.

 

Mendoza

El lunes comenzaron los alegatos finales del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en San Rafael, tras lo que el tribunal va a poder dictar sentencia, tras casi dos años de su inicio.