Derechos Humanos

 

SIGUE LA PERSECUCIÓN | 21.04.2017

¿Quién defiende a la Tupac?

Desde los aliados provinciales al gobierno nacional siguen hostigando la organización que fundara Milagro Sala.

La creación de nuevos protocolos de actuación por parte del ministerio de Seguridad de la Nación luego de que el cuerpo de Micaela García fuera hallado sin vida tras ser secuestrada, violada y asesinada, pone más contra las cuerdas a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a la cual el macrismo quiere desplazar por todas las vías posibles.

Es que de estas iniciativas queda excluida la Suprema Corte de Justicia, de la cual Gils Carbó representa a la fiscalía y que por ello se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres. Así, quedan las nuevas instancias a cargo del ministerio de Seguridad, cuya orientación punitivista ya no es de excusar.

Este ninguneo al rol de la procuradora no es menor: Gils Carbó opinó ante la Corte Suprema que Milagro Sala, presa por orden de la Justicia jujeña, debe ser dejada en libertad porque su detención es “ilegal” ante la excepcionalidad de la prisión preventiva que la referente social cumple en su provincia y por su carácter político (es diputada al Parlasur).

La defensa de la procuradora a la dirigente, que se encuentra en cárcel común y sometida a presiones de todo tipo, es legítima ante la creciente persecución que sufre la Tupac Amaru, organización que fundó Sala y que tiene una obra social y política de valor innegable. Tanto que es un dedo en la llaga de los feudos de la Argentina profunda.

 

Donde no hubo Estado hubo Tupac

La Tupac Amaru, símbolo de su condición de avanzada política, es de las pocas organizaciones argentinas cuya sede nacional no se encuentra en Buenos Aires. En efecto, en San Salvador de Jujuy, cercana a la Bolivia de Evo Morales, la Tupac centró su obra.

En aquella ciudad y su provincia, una casa construida por la Tupac cuesta la cuarta parte de una casa similar elaborada por una empresa constructora, de esas que prefiere el Estado jujeño, presidido por el radical Gerardo Morales, a la hora de construir. Así la organización logró una base popular muy fuerte hasta el ascenso de Cambiemos al poder, que encarceló a su líder y diezmó a la fuerza, que no cesa de resistir pacíficamente.

Presa Milagro Sala por motivos que hoy resultan risibles, la Justicia jujeña se encargó de sumar cargos en el expediente y hoy la lucha por la liberación de Milagro Sala, desesperanzada de los jueces del Jujuy, ha formado comités activos en todo el mundo.

 

Pero la persecución no cesa.

En Salta, a tono con su par jujeño, el gobernador Juan Manuel Urtubey ordenó el desalojo sin orden judicial del Barrio Las Tunas, en la localidad de Cerrillos, vecina a la capital de la provincia. Al respecto Germán Lozano, miembro de la conducción del PC salteño, recordó: “se trata de un barrio que ya está ocupado por la Tupac Amaru”.

“Seguramente con Urtubey, que forma parte de la mafia nacional del macrismo con Morales y compañía, están poniendo la mira en el enfrentamiento de pobres contra pobres”, opinó y condenó en Salta “la poca probabilidad de conseguir una casa” porque “acá la vivienda digna no está en los planes del gobierno”.

Lozano también habló de una “alianza” entre Urtubey y Gerardo Morales “en obediencia del gobierno nacional” y en la cual “la base es ir contra los pobres”. “La policía de Salta es tan represora como la policía jujeña”, agregó y repuso: “hace poco se inauguró un museo de Güemes y fue invitado muy especialmente un gobernador del proceso militar, acusado de genocidio”.

Al episodio salteño contra la Tupac su suman las amenazas de muerte sufridas recientemente por Diego Elía, militante de la juventud de la organización, frente a la plaza Ricardo Vilca de San Salvador de Jujuy, donde un hombre lo intimó a dejar de militar. Poco después recibió el siguiente mensaje de texto en su celular: “le vas a hacer compañía a tu hijo en el cielo hdp. Muerto te queremos”. Y este: “Más vale que ni salgas a la calle porque de un solo balazo te desaparecemos”.

En tanto, en Mendoza, donde la Tupac realizó también una gran obra, su principal referente, Nélida Rojas, fue llevada detenida junto con otros diez dirigentes de la orga, entre los cuales se encuentran sus hijas, su esposo y su hermano. El periodista Julio Rudman, ex trabajador de Radio Nacional Mendoza con el cual Rojas compartió el micrófono durante años, dijo que su colega “vendría a ser la Milagro Sala de Mendoza”.

“El gobierno de Cornejo, que es el mejor alumno de Macri (aquí nació Cambiemos), ha esgrimido exactamente el mismo método con que tienen presa a Milagro Sala”, le sumó Rudman, quien aclaró que “le han inventado 38 causas” y que “el abogado ha demostrado que todos los cargos que se le imputan a Nely no tienen sustento jurídico sino sólo político”.

Agregó: “la Tupac en Mendoza, con sede fundamental en el departamento Lavalle aunque no sólo allí, ha construido desde su existencia más casas que el Instituto Provincial de la Vivienda”. Y explicó: “para que quede claro cómo funciona el cinismo, esta semana desde el instituto provincial de la vivienda anularon los expedientes de una cantidad importante de adjudicatarios por su pasado kirchnerista”.

El presente artículo está titulado con una simple pregunta. Nos animamos aquí a responderla: en la cárcel, en las plazas, en las calles de Argentina y las principales ciudades del mundo, el pueblo es quien defiende a la Tupac Amaru de tanto evidente atropello en su contra.

Unidad Antiterrorista | 17.04.2017

¿Para qué la quieren?

“Lo que se busca es sumar herramientas para profundizar la represión contra el movimiento popular” denunció el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Ernesto Schulman .

“El gobierno está desesperado por encontrar fundamentos que le permitan desplegar el potencial represivo de las fuerzas armadas y de seguridad bajo la doctrina antiterrorista”, advirtió José Schulman, titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), en referencia al encargo que el ejecutivo nacional realizó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),para que diseñe una legislación para “afianzar” la lucha antiterrorista en el país, pese a que Argentina no tiene hipótesis de conflicto al respecto.

Según trascendió, la intención es crear una “unidad antiterrorista” compuesta por un juzgado, una fiscalía y una fuerza especializada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y la AFI.

Si prospera la iniciativa, esta unidad, contará con instrumental tecnológico y entrenamiento a cargo de agentes especiales de EE.UU. e Israel. Pero para avanzar en este sentido, el gobierno necesita modificar el Código Penal, algo que sólo puede hacer mediante una Ley sancionada por el Congreso.

“El paradigma y la acepción de terrorismo que se busca instalar es la sostenida y aplicada a nivel mundial por EE.UU. e Israel”, explicó el titular de la Liga y agregó que “la derecha se monta sobre el miedo para impulsar este tipo de proyectos”.

Schulman comentó que “hace rato que se viene utilizando, como excusa, la lucha contra el terrorismo para entrenar y equipar a integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad” y detalló que, “en esta materia, hay que librar una verdadera batalla cultural en torno a qué entendemos por terrorismo”.

En esa clave, hay que situar la carta que el ex embajador en EE.UU., Martín Lousteau, envío al congresista del Partido Demócrata, Peter Visclosky, explicando que Argentina estaba interesada en comprar armas estadounidenses para la lucha contra “escorias” tales como “el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.

La verdad que “es difícil que alguien crea en serio estos argumentos”, replicó Schulman, y enfatizó que “en nuestro país la palabra terrorismo está vinculada al accionar que el Estado emprendió contra su propio pueblo en la década del 70 para implementar un plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones y muerte”.

 

Pesada herencia

El proyecto, que está siendo elaborado en secreto por técnicos de la AFI que conduce Gustavo Arribas, se inspira -según dijeron fuentes de la ex Side al periodista Mauro Federico en Ámbito Financiero- en leyes de países tales como Israel, Inglaterra, Francia o España “donde el terrorismo es un problema concreto”.

Cabe preguntarse: si tienen que detener su mirada en países lejanos sumergidos en conflictos de larga data para copiar esos modelos porque en Argentina el terrorismo no es un “problema concreto”: ¿cuál es el objetivo que hay detrás de proyectos como este?

Sobre este punto, Schulman fue tajante cuando recalcó que “lo que se busca es sumar herramientas para profundizar la represión contra el movimiento popular”.

En ese sentido, el dirigente lamentó la pesada herencia que, en esto, dejó el “kirchnerismo y el progresismo”, al impulsar y votar -entre gallos y medianoche- en pleno conflicto por la resolución 125, la Ley Antiterrorista.

Así las cosas, el escenario se encuentra marcado por un gobierno nacional decidido a profundizar su política económica -y por tanto, represiva- en el marco de una batalla cultural en la que “se busca redefinir conceptos y, así, obtener los consensos necesarios para imponer proyectos como este”, dijo el dirigente de la Ladh.

Este no es un detalle menor: el Estado Liberal Burgués necesita perfeccionar la maquinaria legislativa para contar con mejores herramientas para la represión y el saqueo económico y, en este caso, se trata de un proyecto que debe pasar, sí o sí por el Congreso Nacional porque legisla aspectos incluidos en el Código Penal.

“En América Latina se suele recurrir a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo para dotar de elementos represivos a las Fuerzas Armadas y de seguridad”, insistió Schulman. La aseveración no resulta caprichosa, alcanza con buscar las notas publicadas por los diarios durante marzo de 2016, cuando con la visita de Barak Obama a Argentina, se produjeron distintas reuniones entre funcionarios de nuestro país y EE.UU. para “coordinar acciones” en esta materia.

Después de ello, vino el acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia –sede del Comando Sur de EE.UU.- y el pedido de armas de Lousteau al congresista Visclosky, que visitó el país días antes de la llegada de Obama, como parte de una delegación de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes que se reunó con funcionarios del Ministerio de Defensa.

No se trata de teorías conspirativas difíciles de comprobar, sino, como pocas veces, de hechos que están a la vista de quienes quieran ver.

A 30 AÑOS DEL ALZAMIENTO DE SEMANA SANTA | 17.04.2017

La casa sigue en desorden

Iris Pereyra de Avellaneda, mamá del “Negrito”, contó sus apreciaciones de la actual democracia a tres décadas del golpe que tuvo en vilo a todo el país.

Se cumplen 30 años de las Pascuas del 87 cuando, si no con un golpe de Estado más o menos evidente sí con unas fuerzas armadas en clara insubordinación al poder civil, el presidente Raúl Alfonsín enviaba salutaciones a los argentinos y les decía que, pese a lo que se estaba viendo, la casa estaba en orden.

El recuerdo de esos días que contuvieron la respiración de los argentinos y evidenciaron la debilidad de la democracia burguesa, está irremediablemente asociado a Campo de Mayo, escenario del más conocido de los acuartelamientos de Semana Santa: el que protagonizara la Escuela de Infantería merced a las acción golpista del teniente coronel Aldo Rico.

Iris Pereyra, copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) había estado allí pocos años antes: luego de su secuestro junto al de su hijo adolescente, Floreal “Negrito” Avellaneda (que permanece desaparecido), purgó en Campo de Mayo la larga prisión dictatorial que le permitió ser testigo clave de las torturas genocidas en el juicio a las Juntas. Es que en los años de fuego Campo de Mayo, que luego sería terreno de acción del golpismo de Aldo Rico, había sido el mayor campo de concentración de Sudamérica.

Por eso hablamos con ella, quien dijo que al recuerdo del golpe carapintada del 87 lo tiene “latente” y observó que “cuando el golpe de Estado él (Alfonsín) fue a Campo de Mayo y dijo que la casa estaba en orden”. Agregó: “para nosotros eso fue fuera de serie”.

 

Ovejas insumisas

“Siempre tuve mis dudas”, planteó la activista de derechos humanos y fustigó: “siempre creí que Alfonsín debió haber arreglado algo con los milicos”. Enfatizó “no me entra eso de que la casa está en orden” y estimó que el motor del alzamiento “fueron las presiones por la Ley de Obediencia Debida y la de Punto Final”.

“Alfonsín no tuvo más remedio que hacerlas porque era muy evidente que había hecho arreglos con los militares”, cargó Pereyra y, sin embargo y tras recalcar que “los radicales siempre han sido tan falsos como la moneda”, sostuvo que el entonces presidente “a pesar de ese golpe, fue bastante honesto”.

“Si Alfonsín viera lo que ahora están haciendo los radicales los caga a palos a todos y se vuelve a morir”, bromeó la madre del Negrito y, tras cartón, definió a Gerardo Morales, radical gobernador de Jujuy y principal responsable de la prisión política de Milagro Sala, como “un hijo de puta, mafioso y el facho número uno”. También admitió sentir “decepción” con el también radical Luis Brandoni al que dijo ver “tan macrista como los pelos que Macri tiene en la cabeza”.

Asimismo, recordó que en aquellos días la respuesta de las masas populares al alzamiento militar le resultó “tremenda” y enfatizó al respecto: “fue muy emocionante ver tanta gente en la calle”. También reconoció que a ella el golpe no la sorprendió porque “ya estábamos acostumbrados a tantos golpes de Estado” y “te acostumbrás a todos los golpes bajos que te da la vida”. Comentó: “a esta altura del partido uno ya está tan curado de espanto que nada le hace una mancha más al tigre”. “Recordar eso en este momento da pena y da bronca porque nos han hecho sufrir en todo sentido”, dijo finalmente.

La asonada militar de Semana Santa de 1987 tuvo muy poco de levantamiento de personal subalterno. En tal sentido, hoy se sabe que el grueso de las Fuerzas Armadas desobedecía al presidente en esos días de duro recuerdo y que sólo mostraron conformidad con la democracia cuando los partidos políticos y, sobre todo, el pueblo en las calles obligara a los cuarteles a prestar atención.

El recuerdo de la dictadura estaba fresco en los argentinos entonces y nada de lo que estaba pasando era ajeno al interés popular por que la democracia, aún débil y ciertamente poca, siguiera reglando la vida nacional. Ese compromiso popular contrasta con lo que ve Iris Pereyra de la actualidad, sobre la que nos dice que “estamos como cuando venimos de España” y que la elección de Macri como presidente “ha sido un retroceso hasta 50 años atrás”. Y se lamenta: “tan mal estamos que parecemos ovejitas”.

En el feudo de Morales | 17.04.2017

Ni la universidad se salva

Policías ingresaron por la fuerza en la sede de Ciencias Agrarias y se llevaron a dos detenidos. “Esto refleja el accionar continuo de la policía con el aval del gobernador”, señaló el titular del PC de Jujuy, Leonardo Rosales.

La violencia institucional ahora en nuestro país, registra casos que se replican casi cotidianamente, pero tiene un ícono en la prisión que padece Milagro Sala y en la provincia de Jujuy donde, desde diciembre de 2015, se lleva a cabo una experiencia piloto que deja en claro cuál es el escenario que el tándem de poder real que ahora también gobierna, quiere imponer en Argentina.

Y es en esa provincia donde durante la noche del miércoles, cinco patrulleros irrumpieron en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias y, tras ingresar violentamente, se llevaron detenido al presidente del Centro de Estudiantes,Joaquín Quispe, y a otro alumno Ignacio García.

Este episodio que atenta contra el principio de autonomía universitaria, fue perpetrado cuando los integrantes del Centro de Estudiantes compartían un asado en las instalaciones de esta unidad académica de la Universidad Nacional de Jujuy.

Aunque los detenidos fueron liberados a la mañana siguiente, durante toda la noche quienes estaban a cargo de la Comisaría 1º de San Salvador, le negaron al abogado de García, información sobre el paradero de su representado, algo que recién ocurrió después de que el abogado se comunicara con el ministro de Seguridad, Ekel Meyer.

“Repudiamos este hecho y alertamos que esto refleja el accionar continuo de la policía con el claro aval político de Gerardo Morales”, señaló al respecto el titular del Partido Comunista de Jujuy, Leonardo Rosales, y recalcó que “la violencia institucional se viene profundizando como método de respuesta a los reclamos que hay en los barrios populares, pero también en cualquier ámbito que el Gobierno no pueda controlar”.

En este sentido, Rosales recordó que las detenciones de Quispe y García fueron realizadas porque “presuntamente, estaban violando una contravención, porque habría vecinos que denunciaron ruidos molestos”, tras lo que denunció que, “aunque la policía dice que no entró a la Universidad, hay filmaciones en las que se ve que claramente violan el espacio universitario”. Y puntualizó que “no se llevaron a más detenidos porque parte de los chicos se refugiaron y lo impidieron”.

 

Operativo

El operativo en el que se produjeron las detenciones exhibió una demostración de fuerza desproporcionada y se fundamentó en el Código Contravencional “que como ya lo denunciamos muchas veces, muestra la intencionalidad del Gobierno de controlarlo todo”.

Además lamentó que la Franja Morada no condenara esta violación de la universidad, sobre todo si se tiene en cuenta que esta fuerza fue protagonista y dice levantar las banderas de la Reforma Universitaria de 1918” pero, resaltó, “la obsecuencia que tienen hacia Morales y la UCR jujeña los pone en esta postura que ahora tienen”.

Tras lo que definió: “en el ámbito universitario hay una voz crítica a la política de los gobierno Nacional y Provincial, donde se denuncia la criminalización de la protesta social, la detención de Milagro Sala” por eso, “aunque no hay un movimiento universitario que, abiertamente, se declare en contra del gobierno, Morales ni siquiera soporta la más mínima disidencia”.

Por su parte, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (AdiunJu), hizo público su “más enérgico repudio” a este episodio y recordó que “esto es violatorio de la Ley de Educación Superior”.

En su título referido a la Autonomía Universitaria, en su artículo 31, esa norma dice que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales, si no media orden escrita previa y fundadade un juez competenteo solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Al respecto,AdiunJu recuerda que, en este caso, “no existió ninguna orden porque la oficial le dijo al decano que actuaban para reprimir una contravención” y aclaró que “la policía miente” en su parte de prensa, cuando dice que no se metió en la sede universitaria.

Y, el decano de Agrarias, Mario Bonillo, no dudó cuando dijo que “fue un mensaje de miedo y amedrentamiento”, reveló que los estudiantes detenidos fueron maltratados y denunció que las fuerzas policiales admitieron que “no había orden judicial” para ingresar al predio.

Derechos Humanos | 11.04.2017

Hacedores de la Memoria

León Gieco, Kevin Johansen, Liliana Herrero, Cristina Banegas, Liliana Felipe, Marcelo Carpita y Andy Riva recibieron premios Hacedores de la Memoria, otorgado por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria a personalidades de la cultura.

 

Fuentealba

La familia de Carlos Fuentealba junto al Cels y gremios docentes presentaron un recurso ante la Corte Suprema para que se reabra la causa judicial y se establezcan las responsabilidades políticas y de la cadena de mandos de la policía en el asesinato del maestro, perpetrado hace diez años.

 

Detenidos

Por primera vez en Santa Fe, fueron detenidos cinco represores de la Policía Federal por delitos perpetrados antes del golpe de 1976. Se trata de los comisarios Orlando José Zgolicz y Rodolfo Gómez Trintinaglia y los suboficiales Carlos Jorge Romano, Elbio Eduardo Piccolo y Ricardo Antonio Olivera. Están acusados de homicidios y torturas contra militantes del PRT-ERP.

 

Indagatoria y detenciones

El fiscal Nelson Mastorchio trabaja sobre la hipótesis de que la policía dejó morir a las personas que estaban alojadas en los calabozos de la comisaría de la localidad bonaerense de Pergamino que, hace un mes, se incendió dejando un saldo de siete muerto. Por eso, caratuló el caso “abandono de persona seguido de muerte” y pidió indagatorias y detención de los seis policías que prestaban servicio la tarde del hecho.

 

Chaco y Santa Fe

En Chaco, la semana pasada continuó el juicio abierto en la causa Caballero II, en el que se juzga a once ex militares y ex policías por delitos de lesa humanidad perpetrados en la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Y, en Rosario, prosiguió el que juzga a diez militares retirados y ex integrantes de Personal Civil de Inteligencia, en la tercera parte de la causa Guerrieri III, que toma su denominación del principal acusado, el ex teniente coronel retirado Pascual Guerrieri.

 

De acuerdo

El nuevo obispo castrense, Santiago Olivera, dijo que está “de acuerdo” con la prisión domiciliaria para represores mayores de setenta años de edad condenados por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad y pidió que en el país haya una “reconciliación mirando para adelante” y sin “justicia selectiva”.

 

Mendoza

El lunes comenzaron los alegatos finales del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en San Rafael, tras lo que el tribunal va a poder dictar sentencia, tras casi dos años de su inicio.