Derechos Humanos

Derechos Humanos

14.09.2017

 

Recusado

Los familiares de Santiago Maldonado recusaron al juez federal de Esquel, Guido Otranto, ya que consideran que el magistrado lleva la causa por la desaparición forzada, en forma parcial. Cuestionan, entre otros aspectos del desarrollo de Otranto, que haya demorado más de cuarenta días para citar a declarar a los gendarmes que participaron de la represión donde el joven fue visto por última vez.

 

Causa parada

“Está prácticamente parada, no hubo avances”, dijo Rubén, el hijo de Jorge Julio López, al referirse a la investigación por la desaparición de su padre. Lo hizo en declaraciones a Radio Realpolitik, en las que además que aunque el de su padre tiene semejanzas con el caso de la desaparición de Sergio Maldonado, “hay claras diferencias”.

 

Denuncia

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que un escuadrón de gendarmes allanó el territorio de la Comunidad Raquitue, en el sur de esa provincia, con la excusa de que buscaban a Santiago Maldonado. Este territorio está a alrededor de 800 kilómetros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde fue visto por última vez Maldonado, en medio de un violento ataque represivo por parte de personal de Gendarmería.

 

12.09.2017

 

Condenados

Cuatro imputados que nunca habían recibido sentencia, recibieron penas de entre 25 y seis años de prisión en un nuevo juicio oral por crímenes vinculados al centro clandestino Automotores Orletti que concluyó ayer. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 condenó a la pena máxima a José Néstor Ferrer, por el homicidio de Estela Moya de Gayá, quien fuera asesinada frente a su hijo de dos años. Por su parte, Rolando Nerone y Oscar Gutíerrez, recibieron condenas de seis años, algo que la querella apelará. Por su lado, César Alejandro Enciso, un ex agente de la Side que oportunamente fue extraditado de Brasil, recibió condena de 16 años de prisión. Vale recordar que en Orletti articularon la Side, Policía Federal, Triple A y la banda de Aníbal Gordon, todo en el contexto del Plan Cóndor.

 

Por Santiago

Durante una hora toda la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llevó a cabo un paro para pedir la aparición con Vida de Santiago Maldonado. La medida fue acompañada de un acto.

 

Marcha atrás

El Ejército dio marcha atrás con la subasta de un Ford Falcon de 1976 que iba a ser rematado en el Banco Ciudad a fin de mes. Lo hizo tras las quejas que desató la aparición de este ícono de la represión perpetrada durante el terrorismo de Estado, en el catálogo de la subasta.

 

Alegatos

El fiscal Martín Suárez Faisal pidió que condenen a nueve y diez años de prisión, por secuestros y torturas, al ex oficial de Inteligencia Juan Antonio Mulasano y Omar Noce, un ex oficial de la Guardia Rural Los Pumas y ayudante del jefe del centro clandestino. Fue en el juicio a estos individuos que integraron la patota que asoló el norte santafesino durante el terrorismo de Estado. En su alegato, Mulasano insistió con que sus víctimas fueron “enemigos subversivos” y amenazó a los integrantes del tribunal.

 

Investigación

En la localidad santafecina de Laguna Paiva, el Poder Judicial va a reanudar la investigación en un centro de exterminio del Ejército que funcionó en esa zona, donde durante 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense descubrió una fosa común con restos que fueron identificados como pertenecientes a ocho militantes montoneros secuestrados en Rosario, en 1977.

 

30.08.2017

 

Grave

El lunes pasado, la dirigente de la Corriente Clasista y Combativa de la Ciudad de Buenos Aires, Julia Rosales, fue atacada a disparos cuando estaba en el estacionamiento de su casa, según testigos, por un sicario que tiró tres veces contra ella. Dos balas impactaron en su pecho y otra en una de sus rodillas.“Esto es parte de lo que el propio gobierno ha ido generando con su política de creciente represión y en la judicialización de los luchadores”, señala al respecto un comunicado de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la CCC.

 

Piden Justicia

Familiares y vecinos deGonzalo Fernándezvolvieron a movilizarse para exigir que se esclarezcael caso de este joven de 22 años, padres de dos pibes de dos y seis años, que apareció muerto en la comisaria tercera de Almirante Brown donde estaba detenido tras participar en una pelea callejera. La Policía dice que se ahorcódentro del calabozocon su propia remera, pero la familia asevera que Fernández carecía de razones para quitarse la vida.

 

Desaparecidos riojanos

El titular de la AMP, Rogelio De Leonardi, consideró que es importante la propuesta de incorporar en la curricula educativa lahistoria de los militantes riojanos secuestrados y desaparecidos durante el terrorismo de Estado. “Tengo que decir que gratifica enormemente esta propuesta” ya que, recalcó, “se está cumpliendo con un viejo sueño para quienes hemos sufrido la tortura, los años de cárceles y, por supuesto, para los desaparecidos”. La iniciativa corresponde al Ministerio de Educación de La Rioja y fue aprobado por la Legislatura provincial.

 

¿Dónde está Santiago?

Por medio de un proyecto presentado en La Legislatura de Misiones, aprobó un proyecto por el que la provinciase provincia contra la desaparición forzada de personas. Lo hico merced a una iniciativa presentada por el diputado provincial por el Partido Agrario y Social, Martín Sereno,quien repudió la desaparición forzada de Santiago Maldonado en una postura que fue apoyada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Partido Comunista, entre otras organizaciones. El bloque de la UCR votó negativamente.

 

Para la libertad

En la sede de la CTA de la provincia de Buenos Aires se está llevando a cabo una muestra artística por la libertad de Milagro Sala, en cuyo contexto se presentaron dos mesas de debate: “La voz de las mujeres por la libertad de Milagro Sala” y “Milagro y la Tupac, testigos indeseables”. En ese contexto, la secretaria de género de la CTA nacional y miembro del Comité por la libertad de Milagro,Estela Díaz,volvió a recordar que “ella es la primera presa política, es la representante de un sector que fue de los más olvidados del país”. Mañana jueves a partir de la hora 18, con la presencia de Carlos Rozanski, Florencia Saintout, Aníbal Hnatiuk y Alejandro Garfagnini, se presentael libro “Violación de los Derechos Humanos en el macrismo”, un informe redactado por el Foro por la Libertad y la Democracia.

 

29.08.2017

 

¿Dónde está Santiago?

Tal como lo adelantara ayer NP diario de noticias, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó una denuncia contra funcionarios gubernamentales y de Gendarmería para que se los investigue qué grado de responsabilidad tienen en el encubrimiento sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Fue en los Tribunales Federales de Comodoro Py y estuvo a cargo de los dirigentes de la Liga, Graciela Rosenblum y José Schulman, junto a los abogados Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis. La denuncia alcanza a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Germán Garavagno, Claudio Avruj, Pablo Noceti, el director Nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, los comandantes de la misma fuerza, Fabián Méndez, Pablo Badie, Conrado Balari, el gendarme Juan Escola, así como todo integrante de Gendarmería y funcionarios estatales “que la tarea instructoria determine su participación, por encubrimiento, respecto los hechos del 1º de agosto de 2017, en la localidad de Esquel”.

 

Que se investigue

Al cierre de esta edición, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibía a la fiscal Silvina Ávila, que investiga en la causa abierta por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Desde el Ministerio Público Fiscal, se adelantó que se le van a entregar más recursos humanos para la investigación.

 

Gatillo Fácil

En la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Rosario, Mar del Plata y Córdoba se llevaron a cabo movilizaciones para protestar contra el gatillo fácil, convocadas por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. Fue en el contexto de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil que, en la Capital Federal, tuvo su corolario en Plaza de Mayo que contó con la presencia de Nora Cortiñas. Ahí se denunció que, desde 1983, se perpetraron más de cinco mil casos de gatillo fácil.

Juicio

Comenzó el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad que se celebra en La Pampa, en el que se sienta en el banquillo de los acusados el ex jefe de la policía provincial durante la dictadura, quien estuvo prófugo durante ocho años hasta que fue hallado en Bolivia. En este juicio que abarca los casos de 234 víctimas secuestradas y torturadas durante la dictadura, también están acusados otros 17 represores. Baraldini participó en el levantamiento carapintada de 1990 y mientras huía de la justicia -en Bolivia- hizo lo propio en el intento de golpe contra Evo Morales. Ahora es defendido en el juicio por Omar Cayre, quien además de ser su yerno es referente provincial del PRO de La Pampa.

Sin 2x1

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó que se aplique el beneficio del 2x1 en favor de Alfredo Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa Esma. Ellos son Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Ernesto Frimón Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevila y Juan Antonio Azic.

 

22.08.2017

 

Por Santiago

La Juventud de la CTA convocó a referentes juveniles de distintas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales para llevar adelante iniciativas para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Fue en un encuentro en el que participaron representantes de diversos espacios que integran la central, entre ellos, Miguel Cash en representación de la CoNaT.

 

Identificadas

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos mortales de Ramona Benítez de Amarilla y Susana Elena Ossola de Urra, quienes fueron asesinadas por el terrorismo de Estado cuando estaban embarazadas. Ramona militaba en Montoneros y fue secuestrada el 16 de mayo de 1976, mientras que Susana, quien militaba en ERP-PTR, estaba desaparecida desde el 22 de mayo de 1976.

 

21.08.2017

 

Con vida lo queremos

“Hace veinte días de la desaparición forzada de Santiago y seguimos dando vueltas como el día uno”, denunció Sergio Maldonado, hermano del joven de 28 años que fue visto por última vez el 1º de agosto durante una represión perpetrada por Gendarmería contra la comunidad mapuche de Chubut. Y añadió: “Hasta que el Gobierno no asuma que es una desaparición forzada, no se avanzará en la investigación”.

 

Repudio

“Repudiamos las amenazas y agravios contra el compañero José Schulman”, señalaron organizaciones de Derechos Humanos que se solidarizaron con el titular de la Ladh ante las amenazas del ex comisario de la Policía de Santa Fe, Orlando Agustín Gauna. Suscribieron Madres de Plaza de Mayo LF, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos-Capital, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Apdh, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Apdh-La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y Medh.

 

Inteligencia interior

La diutada, Alicia Gutiérrez, denunció en la Legislatura que la Policía de Santa Fe realiza tareas de inteligencia sobre militantes de organizaciones feministas que convocaron a dos marchas para exigir la aparición con vida de Rosalía Jara, la joven de 18 años, madre de una beba, que desapareció en Fortín Olmos, el 1º de julio. “Queremos saber quién dio la orden, por qué tratan de averiguar cuál es el objetivo de las marchas y quiénes las organizan, que son mujeres de Reconquista, Vera y Fortín Olmos” señaló. Las marchas por Rosalía fueron convocadas por el Foro de Mujeres, Mumalá Reconquista, el Plenario de Trabajadoras de Reconquista y la mesa de Ni Una Menos, entre otras organizaciones.

 

Juicio

En el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Plata comenzó el juicio por la Masacre de Magdalena, perpetrada en la unidad penitenciaria de esta localidad bonaerense donde 33 personas fueron abandonadas en medio de un incendio y murieron quemadas y asfixiadas. Se juzga, como responsables directos, a 17 agentes que estaban presentes y dos funcionarios jerárquicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, el director del penal, Daniel Tejeda y Cristian Núñez quien era jefe de Seguridad Exterior.

 

Blanca palomita

“No tuve nada que ver con la represión”, insistió Luis Abelardo Patti en un nuevo juicio en el que está acusado de perpetrar delitos de lesa humanidad. El represor ya condenado en otras causas, dijo que nunca participo en el secuestro y asesinato del periodista entrerriano Ricardo Gabriel Giménez, en 1976.

 

Tu pasado te condena

Durante el juicio que tiene como imputados de complicidad con el terrorismo de Estado al ex juez federal Miguel Angel Puga, al ex fiscal Antonio Cornejo, al ex defensor oficial Ricardo Haro y al ex secretario penal y ex juez Carlos Otero Alvarez, el testigo Luis Vitín Baronetto cuestionó a uno de los jueces, Camilo Quiroga Uriburu, porque fue asesor letrado en La Rioja, designado por la dictadura, en 1978. Pese a esto, Quiroga Uriburu fue ratificado en el tribunal.

 

 

LAGUNA PAIVA22.09.2017

Retoman las investigaciones en Campo San Pedro

El lugar fue un centro de exterminio de la última dictadura y ya se había hallado en él una fosa común con 8 cuerpos de militantes Montoneros.

Campo San Pedro es una fosa común ubicada en las inmediaciones de Laguna Paiva, en la provincia de Santa Fe, cerca de la capital provincial. Hacia el año 2010 el Equipo de Antropología Forense (Eaaf) la descubrió y, en él, a los restos de ocho militantes populares, de los cuales dos quedan aún sin identificar.

Ahora la Justicia ha vuelto a investigar en este siniestro campo de muerte dejado por la última dictadura. Participarán de las pesquisas el fiscal Martín Suárez Faisal, el secretario del Juzgado Federal Nº 2, dos integrantes del Eaaf, las abogadas Nadia Schujman y Alejandra Romero y el investigador Hugo Kofman, integrantee del Foro contra la Impunidad y por la Justicia.

Así, en un procedimiento que demandó tres horas, un testigo de los hechos perpetrados en ese predio militar, identificó varios sitios en los cuales realizar nuevas prospecciones. Ante ello, el Eaaf tomó notas y deberá presentar, en un plazo no mayor de 15 días después de las actuaciones en el campo, un plan de trabajo que será llevado al juez Francisco Miño, quien tiene el expediente del caso.

Las nuevas investigaciones en Campo San Pedro fueron ordenadas por la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Y de esta manera se prosiguen con acciones que desde el 2012 habían sido detenidas.

Entre los restos humanos encontrados en el 2010 están los de María Esther Ravelo, Gustavo Pon, María Isabel Salinas, Carlos Alberto Bosso, Oscar Winkelmann y Miguel Ángel D’Andrea, todos ellos militantes de Montoneros en Rosario, quienes fueron secuestrados por los esbirros de la dictadura en 1977. En tanto, de los restantes dos cuerpos sólo se sabe que son de un hombre y de una mujer.

Este importante predio estuvo señalizado por un cartel, que se voló en una tormenta.

Con el PC acompañando

José Luis Batuecas, secretario del activo Partido Comunista de Laguna Paiva, informó que “participamos activamente de este proceso”. Agregó: “desde el primer grupo de antropología que llegó, hemos realizado muy buenos vínculos y estamos trabajando con el grupo de ex presos políticos de la última dictadura cívico-militar”.

“Es uno de los espacios de construcción frentista que tenemos y que coordinamos junto al Psol y otros compañeros peronistas”, consideró y repuso: “desde este espacio, estamos trabajando de colocar nuevamente una señalización del espacio que se llama Campo de San Pedro, que pertenece a la comuna de Campo Andino, a unos veinte kilómetros de Laguna Paiva y a unos cuarenta y cinco de Santa Fe capital”.

“Nos parece bien que el grupo de antropología forense retome este trabajo y pueda tener los elementos que comprueben que acá funcionó un campo de exterminio del terrorismo de Estado, manifestó después.

Asimismo, dijo que las prospecciones judiciales en la zona en busca de pruebas del genocidio son “una lucha para reivindicar la memoria de quienes han caído”. “Paiva ha sido una localidad donde durante la dictadura en los talleres ferroviarios se utilizaban las cesantías y otras formas de amedrentamiento a los trabajadores”, recordó además.

JUICIO EN CÓRDOBA22.09.2017

A la Justicia cómplice

En medio de un notable silencio mediático, el proceso tiene a cuatro funcionarios judiciales en el banquillo por su complicidad con la última dictadura.

“Si hay un sector que aportó a la construcción de la impunidad, el genocidio y el terrorismo de Estado y que ha contribuido a la persecución y la desaparición de personas, ese ha sido el de la Justicia”, fue la dura y clara expresión que escogió Solana López, secretaria del PC cordobés, para comentar el juicio que en Córdoba tiene sentados en el banquillo a cuatro funcionarios judiciales por su rol en crímenes de lesa humanidad de la última dictadura.

El proceso en cuestión ya entró en la etapa de alegatos y en él se acusa a los funcionarios por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “encubrimiento de delitos de lesa humanidad”. Se trata de la primera vez que en Córdoba se juzga a quienes debieron administrar justicia en tiempos en que el estado impartía, por todo el país, una cuota dolorosamente inolvidable de terrorismo.

Tras una decena de audiencias, el juicio que comenzó el 25 de julio, avanza en la busca de esclarecimiento y Justicia para una cantidad de víctimas que suman en total 77, de las cuales más de una treintena fueron presos políticos asesinados en escenarios falsos fraguados como “fugas” de los centros de reclusión.

Los funcionarios imputados debían defender a los prisioneros, pero no lo hicieron: incumplimiento de sus deberes. También debieron investigar profundamente las causas que motivaron los respectivos encierros de las víctimas. Tampoco accedieron a ello: complicidad con los genocidas.

Son el ex juez, Miguel Ángel Puga; el ex fiscal, Antonio Cornejo; el ex defensor oficial, Ricardo Haro y el ex secretario penal y ex juez federal, Carlos Otero Álvarez. No se trata, vale destacar, de funcionarios menores ya que, por ejemplo, Haro había sido premiado con el premio Konex por sus tareas en pos de las “humanidades” y Otero Álvarez había asistido como vocal al tribunal que en Córdoba juzgó por primera vez al múltiple condenado por crímenes de lesa humanidad, Luciano Menéndez.

El proceso es llevado con increíble parsimonia y silencio, como si se buscara que pase desapercibido de la mayoría de la opinión pública. La sala de audiencias es pequeña y con sonido deficiente. En tanto, los familiares de las víctimas, que acuden a cada audiencia, deben apiñarse en una pequeña sala contigua tamaño garage, en donde falta el aire y se multiplican así las tribulaciones de quienes hace tantos años demandan Justicia.

Pero el comunismo vigila

Solana López, apuntó que fue “difícil llegar hasta acá porque hubo mucha resistencia, inclusive de sectores que han acompañado a los juicios de lesa humanidad”. “Ha costado mucho poder comprender la importancia de juzgar a quienes fueron responsables desde otros lugares del poder del Estado”, agregó y repuso que el proceso “llega en un momento extraño, justo cuando estamos dando una batalla contra la derecha en Córdoba”.

Adujo que por ello “cobra un mayor valor, porque sabemos que la Justicia se ha sostenido bajo un manto de impunidad”. Añadió que “la Justicia cordobesa logró constituir una elite, que se va reproduciendo en los lugares de poder y que sigue sosteniendo ese mismo manto de impunidad”.

Cuestionó lo que llamó “el silencio absoluto de los medios de comunicación en el seguimiento del juicio”, del que sostuvo que “está totalmente marginado” de las emisiones. Y consideró que esto se debe a que “uno toca el corazón de unos de los problemas, que es la complicidad civil”.

Pero aseveró que “este proceso está bien encaminado”. Después consideró que “así como nos pasó al comienzo, cuando comenzamos a juzgar a los militares y desde los sectores pertenecientes a las fuerzas armadas presionaban, así está ocurriendo con estos jueces, porque son los mismos que han dejado su herencia dentro del poder Judicial”.

 

 

POR PREJUZGAR22.09.2017

Otranto afuera de la causa por Santiago Maldonado

El juez que debía investigar la desaparición forzada del joven que busca todo el país, fue desplazado de su rol tras la presión de las fuerzas populares en pos de ello.

Como oportunamente había ocurrido ante el clamor de los familiares de Santiago Maldonado para que se recaratulase la causa como de “desaparición forzada” y se debió proveer de conformidad, hoy se volvió a demostrar que la presión del clamor popular puede dar más avances que los que el Estado nacional y la propia Justicia han realizado desde que el joven fuera secuestrado por Gendarmería y no volviera a ser visto.

Y es que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, fue apartado de la causa en la que se investiga la desaparición del Maldonado. De esta manera, se da un paso a favor de los reclamos de la comunidad mapuche, organismos de derechos humanos y la comunidad argentina, que venía exigiendo el apartamiento del magistrado y viendo de mala manera sus acciones, que parecían más tendientes a salvar a Gendarmería de su responsabilidad en la desaparición que en impartir Justicia.

La determinación procede de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia tras admitir los planteos de la defensa y del Cels, que esgrimían la manifiesta parcialidad del juez. Este, inclusive, colaboró involuntariamente con su apartamiento, porque dijo en entrevista al diario La Nación que sus investigaciones no estaban orientadas en buscar la responsabilidad de Gendarmería, contra la que, sin embargo, apuntan todos los testimonios presenciales y algunas pericias. Esto: el juez prejuzgaba y es por eso que se lo aparta del caso.

Los jueces que tomaron la determinación son Javier Leal, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo, quienes evaluaron que Otranto “no se ha limitado a brindar datos relativos al curso de la investigación para dar con el paradero de Santiago Maldonado” y que, antes bien, “ha ido más allá, efectuando juicios de valor que descartarían prima facie la hipótesis investigada en la causa en la que se peticiona su apartamiento, es decir la desaparición forzada”.

Así y por medida de estos mismos jueces, tomará intervención en el caso el juez federal del Juzgado Nº 2 de Rawson, capital del Chubut, Gustavo Lleral. Este, que hace menos de un año ha sido investido juez, deberá dedicarse plenamente a las investigaciones por Santiago Maldonado. En tanto se dedique con exclusividad al caso, su propio juzgado será subrogado por un juez del Juzgado Nº 1 de dicha ciudad.

Lleral es el primer titular del Juzgado Nº 2, creado hace poco y se aboca a la competencia criminal y correccional y la materia de ejecución penal. Se licenció en derecho en la Universidad Nacional de La Plata en 1988 y en su carrera destaca haber sido prosecretario letrado de la Defensoría General, secretario del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Correccional Nº 1 y secretario del Juzgado Federal de Rawson desde finales de 2006 hasta el 2 de noviembre de 2016.

A 51 días ¿Dónde está Santiago Maldonado?21.09.2017

“Lo que está en cuestión es el proyecto de dominación”

En una entrevista con Nuestra Propuesta, el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del HombreJosé Ernesto Schulman, actualizó el estado de situación de la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado, acusó de cómplices al juez Otranto y la fiscal Ávila y sentenció que “se quiere imponer desde el Estado la doctrina del ‘derecho penal del enemigo’ con el objetivo de violentar la dignidad de las personas que no tributan a este proyecto político y económico”.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) gana protagonismo evidenciando la autoría intelectual del poder político en la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la complicidad necesaria del poder judicial en el plan de encubrimiento.

Por eso impulsó la denuncia por encubrimiento contra el presidente Mauricio Macri y los ministros Peña, Bullrich y Garavano por la desaparición de Santiago, poniendo al descubierto las maniobras para desligar a la Gendarmería de la suerte del joven artesano que se encontraba apoyando a la comunidad Mapuche en su lucha contra Benetton, propietario de más de un millón de hectáreas en la Patagonia, muchas de las cuales, forman parte del patrimonio histórico y ancestral de los pueblos originarios, derecho reconocido por la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

A continuación, el secretario de la Ladh expone los argumentos que lo llevan a sostener que “la lucha por Maldonado es la más trascendental para el futuro del país desde que asumió Macri” y detalló que “lo que está en cuestión es el proyecto de dominación del imperio”. Además apoyó a la familia de Maldonado en su pedido de que se aparte al juez Otranto de la causa que instruye y adelantó que espera que la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de lugar al recurso presentado por la Liga y el fiscal Delgado contra la maniobra de Canicoba Corral para que el expediente por encubrimiento tramite en los juzgados de Esquel y no en Comodoro Py.

 

¿En qué momento de la "Causa Maldonado" nos encontramos en la actualidad?

La familia acaba de pedir que se aparte de la causa al Juez Otranto y que se unifiquen los expedientes por hábeas corpus y por desaparición forzada. La complicidad del Juez Federal es absoluta, evidente y provocativa con los victimarios que atacaron a la comunidad y secuestraron a Santiago. La Ladh comparte el planteo de la familia.

Además, en estos momentos la causa por encubrimiento se encuentra paralizada porque el Juez Canicoba Corral impidió que la misma comience a pesar de los requerimientos realizados por el fiscal Federico Delgado. La estrategia elegida por Canicoba fue remitir el expediente al juzgado de Otranto, intento que fue apelado por la Liga y el fiscal, por lo que estamos esperando que nos fijen audiencia en la Cámara Federal de Buenos Aires, donde se discutirá el destino de esta causa.

 

¿Cuál viene siendo el rol de la justicia en la búsqueda de Maldonado? ¿Hay esperanzas de encontrarlo y establecer responsabilidades?

La justicia es absolutamente cómplice en todas sus versiones, incluido el Ministerio Público en representación de la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, encubridora y parte indispensable en el plan de encubrimiento del secuestro por parte del Estado de Santiago. Estamos ante un caso extremo de complicidad jurídica con la represión que está llevando a cabo el gobierno nacional contra los sectores populares.

La otra pata es Otranto, que es un paracaidista que llego hace no tanto al sur como parte de un trato económico que el magistrado realizó con el kirchnerismo y que el mismo mejoró sustancialmente con Benetton y los estancieros locales, por lo que ahora es un acérrimo defensor de los intereses de los terratenientes y los grupos extranjeros. Este juez mantiene un nivel de agresión permanente contra la comunidad Mapuche y los pueblos originarios.

 

¿A qué argumentos o doctrina apela el poder judicial para sostener su plan de encubrimiento?

Hay un despliegue muy fuerte de lo que se llama la teoría del derecho penal del enemigo, desarrollada por el alemán GünterJakobs, una doctrina que castiga a las personas no por sus actos o delitos sino por su peligrosidad. Esta teoría a calado hondo incluso en compañeros del campo popular que se animan a discutir la posibilidad de caracterizar a Santiago Maldonado como terrorista, hecho que no se corresponde ni un ápice con la realidad pero que si fuese así no le quita derechos ni le da la potestad al Estado para desaparecerlo. Eso sólo es posible concebirlo bajo la doctrina penal del enemigo, sólo es posible en el marco de una sociedad que pueda permitirse que una persona pierda su dignidad humana por el simple hecho de ser culpable de algo.

Esto es algo que ni con los genocidas se hizo y que los organismos de derechos humanos jamás hubieras permitidos que sucediera, a pesar de que se trata de los peores criminales, asesinos, violadores y ladrones que conoció nuestro país. Todos los seres humanos tienen derechos y nadie tiene el derecho de negar los derechos fundamentales de las personas.

Por ello, lo más grave que está sucediendo en la Argentina es que esta teoría del derecho penal del enemigo se está naturalizando aceleradamente.

Mientras, la base del conflicto sigue sin resolverse, las tierras -más de un millón de hectáreas- siguen estando en manos de Benetton y como durante la "Campaña del Desierto" de Roca estamos siendo testigos presenciales de una fuerte campaña de estigmatización con el sentido de hacerles perder humanidad a los pueblos originarios y volver así al discurso original de los españoles que negaban los derechos de los habitantes de estas tierras.

 

En diversas entrevistas sostuviste que “el Estado secuestro el juicio” respecto al proceso judicial que investiga la desaparición forzada de Maldonado ¿A qué te referís con ello y por qué?

La fiscal Silvina Ávila caratuló una de las causas como desaparición forzada pero esto en los hechos no es tan contundente, ya que Otranto no le hizo el menor caso al asunto e investigó lo que quiso. Desde este punto de vista está todo en falta y hay una falta enorme en los supervisores del Juez Otranto también, puesto que la reglamentación del delito contenido en el Convenio de Prevención y Castigo de la Desaparición Forzada de Persona implica que se aparten de estas causas a las fuerzas sospechosas de cometer este delito. Esto es algo que no se hizo, por eso cuando afirmó que el Estado secuestró el juicio, estoy diciendo que todas estas fuerzas con armas provistas por el Estado nacional -Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía Aeroportuaria- responden al Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich y Noceti, que son los que están señalados y acusados de haber organizado el secuestro. En ese punto, la presencia masiva de efectivos de estas fuerzas, de un agente de inteligencia feroz como Cané me permite afirmar no sólo el desastre jurídico que es la investigación sino también que la tan mentada división de poderes es una ilusión. Está más que claro que es Patricia Bullrich la que conduce la investigación judicial.

 

¿Es un problema para el gobierno la desaparición de Santiago Maldonado? ¿Está implementando una política de control de daños calculada y planificada?

El gobierno se propone naturalizar todas las violaciones a los derechos humanos, inclusive la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Estamos inmersos en una pelea cultural gigantesca que venimos ganando, porque ellos lo que querían y quieren es instalar la idea de que se puede desaparecer a una persona bajo la lógica del derecho penal del enemigo y convertir a la víctima en victimario.

La desaparición de Maldonado no es un daño colateral de la política represiva del gobierno nacional sino que es parte de ella. Por ello a lo largo de estos 51 días hicieron correr las hipótesis más disparatadas sobre el paradero de Santiago, por eso Bullrich ha realizado una defensa irrestricta de la Gendarmería, por eso el Juez Otranto a desviado la atención sobre los responsables políticos de la represión en Cushamen. Sin embargo, hemos podido poner al descubierto cada una de estas operaciones y exhibirlas de cara a la sociedad. Las líneas argumentativas del gobierno cayeron una por una pero también sabemos que no van a cesar en seguir instalando pistas falsas y relatos falsos con el objetivo de estigmatizar a Santiago, a su familia, a la comunidad Mapuche y los organismos de derechos humanos.

 

¿Qué es lo que se pone en juego con esta causa?

Lo que está en juego, en última instancia, es la posibilidad de que el gobierno pueda seguir ejerciendo el negacionismo sobre la desaparición forzada de Santiago. A ello ayudan también los grupos económicos y los aparatos mediáticos afines al gobierno. Todo esto está en juego y creo que nosotros tenemos que estar orgullosos porque estamos parados en medio de esta pelea que es la más contundente desde que asumió Macri, ya que a diferencia de otras luchas, acá lo que está en discusión es el núcleo duro del proyecto de dominación de la derecha. El plan económico no puede avanzar si el proyecto político no logra consolidarse y este proyecto político es el del saqueo, la entrega y la represión al movimiento popular y el país.

El Estado macrista21.09.2017

Un gobierno autoritario con máscara democrática

El dirigente de la Liga explicó que “no hay precedentes de un gobierno similar al actual” y relativizó la profundidad del término democracia en el marco de una sociedad que “se acostumbró a la alternancia entre dictadura y gobierno civil, pero que nunca conoció la democracia plena en todo el siglo XX” y ejemplificó: “el caso de Santiago Maldonado es un claro ejemplo de ello”

“Estamos frente a un gobierno autoritario con máscara democrática” sentenció Schulman tras mostrarse en desacuerdo con la consigna que compara a la dictadura militar con el actual gobierno. Sin embargo, aclaró que “venimos de muchos años de que no haya dictaduras militares, lo que hizo que mucha gente acepte el discurso del liberalismo sobre la democracia”. Por ello, “uno de los principales desafíos que tenemos en el presente es entender en dónde estamos parados” y puntualizó que “los marxistas siempre sostuvimos que las democracias burguesas en América Latina encuentran límites de acero que las condicionan, por lo que la pretensión liberal es en realidad una ilusión”.

El dirigente recordó que durante el alfonsinismo, cuando el país atravesaba lo que algunos intelectuales denominaron “transición a la democracia”, el PCA realizaba su XVI Congreso, en el que “afirmábamos que en realidad lo que siempre hubo en la Argentina fueron democracias restringidas”. Fue el mismo Alfonsín el que acusó de “guerrilleros” a los comunistas por poner en cuestión una democracia que desembocaría en la claudicación frente a los carapintadas, la ley de Punto Final y Obediencia Debida.

La alternancia entre dictaduras y gobiernos civiles a lo largo del siglo XX “creo la falsa percepción de que lo que teníamos cuando no había militares en el poder, era democracia”. Para Schulman, “esto nunca fue así” y aclaró que “no se trata de subestimar la democracia, pero es verdad que los periodos de elecciones libres –y no tanto- coincidieron con fuertes represiones a los sectores populares, persecución y planes económicos que sumergieron a los trabajadores en la pobreza y la indigencia”.

En este marco de situación, “no hay antecedentes similares a la experiencia que estamos atravesando en estos momentos” dijo e insistió con el concepto de que “el macrismo es autoritario con máscara democrática”.

Parafraseando a Eduardo Galeano, el dirigente afirmó que “podríamos señalar al actual gobierno como una democradura, aunque creo que aún no existe un concepto acabado que sirva para describir con precisión esta etapa represiva sin precedentes.

Batalla fundamental

“Tenemos que proponer al movimiento popular una nueva denominación para no confundirnos, porque esto evidentemente no es una dictadura militar pero tampoco es una democracia plena ni se respeta el Estado de derecho con independencia de poderes tal como pregona la derecha”, insistió.

Una tendencia recurrente es que “estas democracias restringidas siempre han salido debilitadas luego de las dictaduras del siglo XX, proceso que estalló durante la crisis del 2001”.

Luego, “en la última década tuvimos intentos de recuperar esa democracia restringida que es en cierta medida lo que sucedió durante los años del kirchnerismo”. Sin embargo, estos intentos fracasaron y ahora “el elemento dominante y creciente en el país es el autoritarismo de un gobierno que no soporta si quiera la existencia en canales de televisión de programas que lo cuestionen”.

El titular de Ladh esbozó que “este crecimiento del autoritarismo y la represión se resume en Santiago, en la causa Maldonado está en juego, sin dudas, el núcleo duro del proyecto de dominación imperial que Estados Unidos quiere imponer en la Argentina mediante el gobierno de Mauricio Macri”.

Ante este escenario, “la batalla central para derrotar la profundización de los rasgos autoritarios del gobierno con máscara democrática pasa por lograr que aparezca Maldonado, que la sociedad pueda saber qué pasó con él e iniciar un proceso de juicio y castigo a los culpables”.

De lo contrario, “si el gobierno logra salirse con la suya, si Santiago no aparece y la causa pasa a ser una lucha sólo de un sector de la sociedad, si pasa a ser una bandera sólo de los organismos de derechos humanos, entonces el gobierno tendrá mejores condiciones para avanzar en su proyecto de dominación”.

 

La causa Maldonado21.09.2017

La mano perversa del gobierno

A 51 días del secuestro por parte de Gendarmería de Santiago y a pesar de que la carátula de uno de los expedientes es “desaparición forzada”, el poder judicial y el ejecutivo siguen aunando esfuerzos para salvaguardar sus responsabilidades en la brutal cacería que las fuerzas federales llevaron a cabo, ilegalmente, el 1 de agosto en la Pu Lof

“No vamos a entrar en ninguna polémica con la familia de Santiago Maldonado” vociferó el Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, tras los duros cuestionamientos que Sergio, hermano del joven desaparecido, realizó contra el gobierno y el Juez Otranto tras el violento allanamiento y requisa que se organizó el lunes en la Pu Lof de Cushamen y donde no se dejó participar a la familia de Maldonado.

Las expresiones de la mano derecha del presidente de la nación no reflejan la actitud del ejecutivo para con la familia y la comunidad Mapuche y tampoco se condice con el accionar del Estado en la causa judicial por la desaparición forzada, donde a pesar de que la carátula indica claramente que los principales sospechosos son la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad, tanto Peña como Bulrrich y Garavano han ido abonando a las diversas hipótesis que desligan al Estado y sus fuerzas represivas.

En lo concreto ya son 51 los días desde que el violento operativo comandado por Noceti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y abogado del genocida Etchecolatz al momento de la desaparición de Julio López, culminó con el secuestro de Santiago Maldonado. Desde ese momento hasta hoy, el gobierno ha venido practicando una política de control de daños sobre su accionar represivo, justificando el uso indiscriminado de la fuerza contra la comunidad Mapuche, estigmatizando a la víctima hasta convertirla casi en victimario y, en resumidas cuentas, reeditando una versión aggiornada del negacionismo que nuestro país ya conoce respecto al terrorismo de Estado.

Ese negacionismo se complementa con un cinismo absoluto por parte de Bullrich y Otranto que sólo es comparable al del tristemente célebre “ángel de la muerte”, Alfredo Astíz. Es que en las últimas horas trascendió que Otranto, una vez ratificado al frente de la causa por la Cámara, está dispuesto a denunciar penalmente a los testigos que señalaron en sus declaraciones a la Gendarmería como la responsable de la desaparición de Maldonado. En esa estrategia, también trascendió que el SubalferezEchazú denunciaría por intento de homicidio a los manifestantes que cortaban la ruta 40 el 1 de agosto por la mañana en Cushamen.

Es decir que, lejos de aportar a la pesquisa judicial y el esclarecimiento de la causa, el gobierno nacional está dispuesto a avanzar en contra de la víctima y hasta planea que en las próximas horas la misma sea imputada del delito de intento de homicidio. De ser así, el gobierno reconocería la presencia de Maldonado en la Pu Lof y el corte de ruta, algo que desde un primer momento la ministra Bullrich intentó poner en duda y que el propio Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, ratificó la semana pasada tras caerse la coartada del puestero.

Evidencias

Mientras tanto, la Ladh y el fiscal Delgado apelaron la decisión de Canicoba Corral de declararse incompetente en la causa por la denuncia de encubrimiento contra Macri, Peña, Bullrich y Garavano. La maniobra del Juez Federal de Comodoro Py tiene como objetivo que la misma tramite en los juzgados federales de Esquel a cargo del cuestionado Otranto. Por ello, tanto los denunciantes como el fiscal apelaron ante la Cámara Federal de Apelaciones, por lo que se espera que en las próximas horas se convoque a una audiencia para definir el futuro de este expediente.

En paralelo la familia de Sanitago Maldonado recusó a Otranto por su falta de imparcialidad y solicitó que se unifiquen las dos causas que tratan sobre la desaparición del joven artesano. Uno es el expediente abierto horas después de la violenta represión, cuando se presentó un habeas corpus por Santiago y el otro es el que lleva la carátula de desaparición forzada. En ambos casos, la complicidad del poder judicial vuelve a quedar al descubierto tras dos revelaciones, ambas relacionadas, que trascendieron en las últimas horas.

La primera hace referencia a las declaraciones de un policía de Río Negro, quien reveló que durante los rastrillajes del 16 de agosto en la Pu Lof había encontrado cartuchos de FAL y 9 milímetros pero que la fiscal del caso, Silvina Ávila, no permitió recoger la evidencia ya que "no es lo que estamos buscando".

La sospecha es mucho mayor cuando en el día de hoy, en el diario La Nación, se publica el textual de una conversación que un gendarme que participó del operativo el 1 de agosto le habría enviado a un superior. El mensaje dice "le dimos corchazos para que tengan" y surge de los resultados de las pericias que realizó la Federal sobre 70 teléfonos celulares, todos propiedad de los uniformados que estuvieron en Cushamen el 1 de agosto.

Si bien en el mensaje no queda claro si la referencia trata sobre postas de gomas o balas de plomo, la declaración del policía de Río Negro ahora adquiere otra relevancia ¿El Juez y la Fiscal saben, por intermedio de Bullrich, que la Gendarmería uso armas de fuego para reprimir a los manifestantes?

Las actuaciones de la justicia y las maniobras del Poder Ejecutivo hacen suponer que no sólo se está encubriendo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, sino un modus operandi sobre la represión a la protesta social que el gobierno quiere instalar como nuevo paradigma en la Argentina. Si el protocolo antipiquete permite el uso de la fuerza desmedida a plena luz del día en la ciudad, la orden para avanzar en el interior del país, tierra adentro donde no hay luces ni cámaras, parece ser más cruenta.

Emulando la "campaña del desierto" de Julio Argentino Roca, el macrismo está dispuesto a reeditar el saqueo sobre el que se fundó el Estado oligárquico en nuestro país.

Testimonio clave

En el día de ayer y ante la fiscal Ávila que lleva la instrucción del expediente por desaparición forzada, declaró AilincoPuquilman, quién fuera una de las presas junto a Maldonado de la cacería iniciada por Gendarmería el 1 de agosto al mediodía dentro de la Pu Lof.

Según declaró este testigo clave, "los gendarmes bajaron a los tiros" desde la vera de la Ruta 40 hasta el margen del Río Chubut. Según la propia ministra de Seguridad, los uniformados se mantuvieron sobre la orilla del río unos 5 minutos cuando inicialmente había afirmado que los efectivos nunca habían llegado hasta allí. Sin embargo, y a partir de las declaraciones de los testigos, se puede establecer que las fuerzas de seguridad permanecieron dentro de la Pu Lof y a la vera del río por más de siete horas de manera ilegal ya que en ningún momento hubo motivos para hacer valer la doctrina de flagrancia y penetrar en jurisdicción provincial.

Pese a las maniobras claras del poder político, judicial y mediático, cada vez parece más claro que el destino de Santiago Maldonado estuvo en manos de las fuerzas de seguridad y que es el mismo poder ejecutivo el que sabe que sucedió con su humanidad.

Algo andará pasando, andará rondando por Villaguay19.09.2017

Otra vez la policía contra los pibes

Personal policial sin uniforme ni identificación respondió a una denuncia anónima para meterse en una escuela donde se llevaba a cabo una jornada conmemorativa por los 41 años de la Noche de los Lápices.

“Repudiamos este accionar de la policía y le pedimos explicaciones al gobierno provincial sobre esta situación irregular que se generó”. Así reaccionó el secretario del Partido Comunista de Entre Ríos, Alejandro Milocco, ante la actitud de personal policial que sin vestir sus uniformes reglamentarios ni portar identificación, irrumpió en una escuela ubicada en la localidad de Villaguay, donde la comunidad educativa llevaba a cabo una jornada conmemorativa por los 41 años de la Noche de los Lápices.

Todo tuvo lugar cuando alrededor de quinientos alumnos de la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón, participaban en la jornada junto a docentes y autoridades educativas.

“Se acercaron policías del área de investigación no uniformados porque habían recibido una denuncia, a través de una llamada telefónica anónima, por activismo partidario en la institución”, explicó el rector del colegio, Raúl Piazzentino, y fue contundente al repudiar “este tipo de gestos de levantar un teléfono y, arbitrariamente, poner en tela de juicio el esfuerzo de toda una comunidad académica”.

“Esta no es una acción aislada, sino que tiene que ver con todo este nivel de conflictividad que plantea el gobierno nacional hacia los gremios docentes y los movimientos secundarios y universitarios que se plantean preguntar qué pasó con Santiago Maldonado”, recalcó Milocco y añladió que este planteo excede “a la figura individual de Santiago” ya que “se da en el contexto del conflicto social que vive Argentina”.

¿Delito?

Lo cierto es que es terrible la actitud policial, pero peor si –como señaló el jefe de la departamental de Villaguay, Daniel Randisi, sus subordinados concurrieron a la escuela porque alguien denunció que ahí se estaba llevando a cabo “actividad política” y que, además, lo hizo en forma anónima.

“Lo que ocurrió en la escuela de Villaguay era de orden académico, porque es parte de un proyecto de extensión de un trabajo vinculado a la temática de los derechos humanos”, recordó el titular provincial del PC y fue claro al señalar que, desde la perspectiva del presunto denunciante anónimo, “el activismo sería una contravención o un hecho penalmente punible, por eso la policía fue a la escuela para interrogar al rector por lo que está ahí pasando”.

Y, tras denunciar que “esto viola la autonomía que tienen los colegios”, recordó que desde que Mauricio Macri es presidente “se verifica un fuerte retroceso en las políticas de derechos humanos a punto tal que se relativiza la magnitud del genocidio y el número de desaparecidos, se cerraron programas referidos a tales problemáticas, se resta apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad y se acude a un negacionismo expreso respecto del accionar del terrorismo de Estado en nuestro país”.

JUICIO POR EL OPERATIVO INDEPENDENCIA18.09.2017

Sentencia chueca

Seis de los 17 imputados fueron condenados a perpetua, pero siete acusados de graves delitos fueron dejados en libertad.

En San Miguel de Tucumán, el viernes se dio lectura a la sentencia en un importante juicio realizado a represores que actuaron antes del golpe de marzo de 1976. En él y luego de casi año y medio, bajo el nombre de Megacausa Operativo Independencia desfilaron por el recinto del Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) cerca de 500 testigos que relataron los padecimientos sufridos en primera persona o por familiares secuestrados, detenidos o asesinados.

En el banquillo de acusados se sentaron 17 imputados con todas las garantías de la ley. El fallo determinó que 6 fueran condenados a prisión perpetua, otros a entre 4 y 18 años de prisión y 7 fueran absueltos por el beneficio de la duda.

La sentencia se dio en un recinto colmado por más de 150 familiares de víctimas, todos portando una foto de una de ellas. En la calle, esperaban más de mil militantes con pancartas de organizaciones de derechos humanos y estudiantiles, partidos políticos y sindicatos. Todos celebraron las condenas y lamentaron las absoluciones que, al decir de los fiscales, serán recusadas a principios de noviembre.

Hay que resaltar el operativo planteado por Gendarmería para la ocasión: varias camionetas totalmente equipadas, un camión hidrante de última generación y más de 50 gendarmes armados como para una guerra extraplanetaria.

Con el recinto prácticamente colmado hizo su ingreso “Don Díaz”, militante del PC tucumano y padre de 2 desaparecidos. El hombre de 96 años y asistencia perfecta a todas las audiencias, recibió un aplauso conmovedor y sostenido.

La causa contiene la historia de 271 víctimas. Vale recordar que los hechos comenzaron bajo el paraguas de un decreto (firmado, entre otros, por María Estela Martínez de Perón y Carlos Ruckauf) que ordenaba “aniquilar la subversión” a Gendarmería, Ejército y Policía de Tucumán, junto a fuerzas parapoliciales y paramilitares del Tercer Cuerpo del Ejército, que asolaron las ciudades de San Miguel, Aguilares, Monteros y Concepción, entre otras, provocando un escenario de terror que creó las condiciones del posterior golpe.

Fallo claudicante

Héctor Manfredo, militante del PC tucumano, expresó después de las sentencias que “no fue un buen fallo” y analizó: “acá hay una contraofensiva de la ultraderecha genocida y fascista aprovechando las concesiones que le está dando el gobierno de Macri, que trata de instalar la teoría de la guerra sucia”.

Repuso que “este fallo se inscribe en el intento de borrar la historia y reinstalar la teoría de los dos demonios” y que, en ese sentido, “el tribunal a mostrado una claudicación en definitiva”.

Sin embargo, consideró que tras las 6 condenas a perpetua “se logró algo de lo que estaba planteado”. Pero enfatizó: “en el marco de año y medio de reclamos, movilizaciones permanentes y audiencias, ha habido una concesión graciable del Tribunal Oral Federal”. Agregó que uno de los absueltos “fue uno de los más sanguinarios”.

“El tribunal anduvo navegando dos aguas”, consideró y aseveró que los jueces “a pesar de las evidencias y de la cantidad de testimonios que se han brindado en las distintas etapas, han dado concesiones”.

Definió estas acciones como “algo lamentable” y expresó que “la cuestión que se produjo después de la lectura del fallo era una mezcla de bronca e indignación”. “Queda pendiente la posibilidad de apelar, pero realmente fue una defraudación al pueblo tucumano y las organizaciones sociales”, añadió.

También pidió recordar que “en Tucumán hubo 27 centros clandestinos de represión” y que “la Escuelita de Famaillá el emblema y una aberración, porque era una escuela en donde se enseñaba a leer y escribir y recorrer los caminos de la vida y que fue el centro de detención y tortura más sanguinario de la provincia”.

Por otro lado, memoró compungido que durante la lectura de la sentencia una veintena de familiares de los represores “en forma perversa cantaba el himno y mostraba una bandera argentina, cuando ellos han sido de los sectores que más han servido a la entrega, la dependencia y a los objetivos que se planteó el imperialismo en América Latina”.

“Los comunistas en Tucumán tuvimos a 60 compañeros que pasaron por los centros clandestinos de detención”, resaltó finalmente.

 

 

Por Memoria, Verdad y Justicia14.09.2017

Homenaje en La Rioja

Se colocaron Baldosas de la Memoria para honrar a Dardo Contreras, Enrique Angelelli, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera, Carlos de Dios Murias, Cristóbal Solano Aldana y Roberto Justino Nieto.

La Junta Ejecutiva de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP), integrantes de organismos de Derechos Humanos y alumnos de Colegio 3 llevaron a cabo un acto que tuvo lugar en la Casa de la Memoria Leonor Alonso, en el que se emplazaron siete nuevas baldosas para recordar a Dardo Contreras, Enrique Angelelli, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera, Carlos de Dios Murias, Cristóbal Solano Aldana y Roberto Justino Nieto.

El acto se desarrolló en el contexto del 21 aniversario del fallecimiento de Leonor Alonso, quien fuera secretaria de Educación del AMP, pero que también fue las que recuperó a Elena Gallinari Abinet, la primera nieta nacida en cautiverio recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

En la oportunidad, además de los horados en las Baldosas de la Memoria, se recordó a los riojanos desaparecidos por la dictadura y también se hizo hincapié sobre situación represiva que vive nuestro país.

Para la ceremonia en que se descubrieron las baldosas estuvieron presentes, entre otros, Marta Ramona Cornejo, Doña Cuca, esposa de Wenseslao Pedernera, Susana Pedernera y Daniel Torres, hija y nieto del laico.

También participo el titular de la Cooperativa de Trabajadores Rurales Amingueños Limitada (Codetral)), Pedro Enrique Pérez, Ana Mari Sifre y Laura Sifre en representación de Rafael Sifre. Todos ellos como integrantes del Movimiento Rural Católico y la Pastoral de Enrique Angelelli.

Por su parte, los alumnos y docentes de Colegio 3, se dieron cita como parte de un trabajo conjunto que se viene desarrollando entre la AMP y docentes de esta institución.

El fue coordinado por la secretaria de Derechos Humanos de AMP, María Elena Cabrera, y contó con la presencia de la Junta Ejecutiva del gremio, el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Pocho Brizuela, integrantes de Ex Presos Políticos y de Hijos.

La doctrina de seguridad nacional en el caso Maldonado12.09.2017

¿Los inocentes son los culpables?

El rol del poder judicial confirma que la doctrina de seguridad nacional no sólo sigue enquistada en las fuerzas de seguridad. Desde el gobierno nacional y el discurso de la massmedia hasta los despachos de la justicia federal, el paradigma diseñado por los norteamericanos en su "cruzada" contra el comunismo sigue vigente con reactualizaciones y nuevos estereotipos, pero con los objetivos claros: disciplinar al movimiento social para garantizar la mayor transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital en el menor tiempo posible.

El pasamanos al que está siendo sometida la denuncia judicial presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) contra Macri, Peña, Bullrich, Garavano, Avruj y Noceti por el caso Maldonado muestra como una parte del poder judicial sigue operando bajo la lógica de la doctrina de seguridad nacional.

El juez Canicoba Corral se declaró incompetente ante la denuncia presentada por la Ladh y dispuso que la misma tramite en el juzgado federal de Guido Otranto, el juez de Esquel que tiene a cargo la causa Santiago Maldonado por "desaparición forzada" y que deberá establecer, ante los ojos de la sociedad, no sólo que pasó con la humanidad del joven artesano que acompañaba a los Mapuches, sino también la responsabilidad operativa de la Gendarmería que actuó en el Pu Lof de Cushamen y la responsabilidades políticas de Noceti -Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad-, de Patricia Bullrich, Germán Garavano, Claudio Avruj, Marcos Peña y Mauricio Macri.

Los tribunales federales son conocidos por ser espacios donde se diseñan operaciones políticas y guerras de espías. Es un ambiente permeable a las maniobras del poder político y de los servicios. Estos últimos, desde el retorno a la democracia a esta parte, parecen jugar su propio juego aunque, nobleza obliga, queda al descubierto que se sienten más a gusto con gobiernos como los de Menem o Macri, abiertos a establecer convenios de cooperación y transferencia de conocimiento con fuerzas represivas y servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel , Colombia o México.

Una de las mayores deudas de esta democracia burguesa sigue siendo no haber podido cambiar la vocación de las fuerzas militares y de seguridad, las cuales, continúan funcionando bajo la lógica de la doctrina de seguridad nacional. Para ser más precisos, lo que se expresa en la actualidad es la incapacidad de los sectores populares para conformar un bloque de poder que, entre otras cosas, reforme y discipline a unas fuerzas que fueron concebidas para sostener y reproducir las profundas desigualdades sociales sobre las que se funda el Estado nacional y que, bajo gobiernos de derecha como el de Macri, busca consolidar su perfil liberal burgués.

En ese contexto, no es exagerado afirmar que no son sólo las fuerzas militares y de seguridad las que siguen adscribiendo a la doctrina de seguridad nacional en el país: un sector del poder judicial, aliado estratégico en la actualidad del gobierno de turno debido a los fuertes intereses económicos que los une, también funciona bajo una dinámica del "enemigo interno" que se sustenta en la persecución contra los militantes populares y en la criminalización de la pobreza. A ese esquema parece tributar el Juez Otranto, quien ahora tiene en sus manos un triple desafío: dilucidar qué pasó con Maldonado, cuál fue el rol de Gendarmería y la responsabilidad política de las máximas figuras del macrismo ¿Lo aceptará?

Cuando la complicidad es co-autoría

A la luz de los hechos, el futuro de la causa en manos de Otranto no es esperanzador. La investigación que viene llevando a cabo el juez federal de Esquel expone saltos, marchas y contramarchas que se condicen con los cambios discursivos que viene sosteniendo el gobierno nacional respecto al caso. Desde un primer momento, la estrategia emprendida en los despachos del juez con aspiraciones a camarista -¿he aquí un motivo por el que parece obsesionado por dar crédito en la investigación a las versiones del gobierno?- están dirigidas en cargar la culpa sobre la comunidad Mapuche en general, la RAM en particular y Santiago Maldonado en lo personal. Es decir, la vieja estrategia negacionista de transformar a la víctima en culpable de su condición y montar, alrededor de este relato, un escenario de supuesta desestabilización política contra el gobierno.

Pese a que la causa fue caratulada como "desaparición forzada" gracias al trabajo realizado por la querella, el juzgado del doctor Otranto -en complicidad con la fiscal Silvina Ávila- insistió por más de un mes en desviar la atención de Gendarmería y, por ende, en limpiar de culpas y responsabilidades a Noceti y Bullrich. Desde un primer momento la hipótesis sobre la que instruyó la investigación fue complaciente con la versión oficial, por eso se negó a allanar el destacamento de la Gendarmería o se niega a llamar a declarar a Noceti y los jefes operativos que comandaron la avanzada contra la comunidad Mapuche en el Pu Lof el 1 de agosto. Ahora es cuando la pasividad se convierte en complicidad y la complicidad en co-autoría.

Hechos no palabras. Otranto se negó, por ejemplo, a cruzar las llamadas del funcionario con los oficiales de todas las unidades de Gendarmería en la región y también con sus centrales de inteligencia. También se negó a requisar la base logística que la Gendarmería tiene en Leleque, señalada por la familia, la comunidad Mapuche y organismos de derechos humanos como uno de los posibles primeros destinos de Maldonado tras ser secuestrado por efectivos de la fuerza bajo el mando de la mano derecha de Patricia Bullrich. Por su parte la fiscal Silvina Ávila, se negó a pedirle al juez la intervención de los teléfonos de los gendarmes implicados en el operativo sobre la ruta 40 que luego, en un acto de ilegalidad absoluta, entraron en los terrenos del Pu Lof y reprimieron a los Mapuches, arrasando con sus pertenencias y obligándolos a tirarse al río por la madrugada para salvar sus vidas. Este accionar ilegal por parte de la fuerza federal, que no tiene jurisdicción para actuar fuera de la Ruta 40 salvo que haya flagrancia, algo que no sucedió, es lo que compromete tanto a Noceti como al juez Otranto. ¿Por qué? Porque si algo quedó comprobado y acreditado a esta altura es la autoría política y operativa de estos dos, junto a los jefes del Destacamento 35, en el diseño del operativo desatado el 1 de agosto en Chubut.

Además, es preciso recordar que miembros de la comunidad mapuche de Cushamen decidieron impugnar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el informe de la fiscal federal Silvina Ávila que sostiene la "falta de pruebas" contra la Gendarmería en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Este informe es uno de los motivos por los que esta mañana un grupo de tres gendarmes declararon como testigos en una causa en la que todo indica que la fuerza es la responsable de la "desaparición forzada" de Maldonado, tal como está caratulada y la que permitió al gobierno osar de la posibilidad de presentarse como querellante en un caso que lo tiene como el principal responsable político. Mientras, como se atrevió a cantar Charly García en plena dictadura militar, cuando el rock era una de las pocas expresiones artísticas y populares que abría vías de cuestionamiento publico al gobierno de facto, el bloque de poder real se empeña en eso de que "los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas".

Cambios de estrategia12.09.2017

¿A qué se deben los volantazos?

Si Bullrich representa la defensa irrestricta de la Gendarmería y la vía represiva, Garavano salió al ruedo para exponer una salida "republicana" al caso Maldonado que tiene sumergido al gobierno en un verdadero atolladero de consecuencias impredecibles. Cambiar algo para que no cambie nada parece ser el camino elegido por el gobierno.

Mientras el poder judicial da muestras acabadas de su rol fundamental como parte del bloque de poder dominante en la Argentina, en los últimos días los medios de comunicación evidenciaron un cambio de estrategia por parte del gobierno nacional para lavar culpas, y hasta exigir escupideras, en el marco del caso Maldonado.

De Bullrich a Garavano sería una buena forma de sintetizar este cambio de estrategia que no sólo explícita el desplazamiento que el macrismo busca imponer en el foco de atención sobre las responsabilidades políticas del caso, sino que expone una maniobra perversa de la derecha. "Vestir a la mona de seda" o "cambiar algo para que nada cambie", estrategia preferida por el gatopardismo denunciado oportunamente por Antonio Gramsci, es el camino elegido por la Casa Rosada.

La elección no es caprichosa: el raid mediático que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, realizó por los principales programas este fin de semana, en algunos casos acompañado por Patricia Bullrich, es una muestra de ello. El papel que le tocó quedó bastante claro: ante las evidencias, y caídas las principales coartadas montadas por el gobierno nacional, el ministro se presenta dispuesto a "entregar" a un grupo de gendarmes, los cuales, habrían actuado "por su cuenta" y que quizás, en un marco de "excesos" en la utilización de la fuerza, afectaron la humanidad del joven desaparecido.

Esa es la línea que los espadachines del star system mediático vienen tejiendo en las últimas horas. Diversos funcionarios del gobierno comenzaron a declarar que "tal vez" la fuerza, comandada en el terreno de operaciones por Pablo Noceti, es decir Patricia Bullrich, esté implicada directamente en el caso. El momento del cambio de rumbo fue concreto: el examen de ADN que descartó la hipótesis del puestero obligó al cambio de estrategia discursiva. Incluso, no sería descabellado que el cambio fuese más allá. Como se sabe, cuando se trata de "negocios" o de poder, la escupidera está al servicio de todo el elenco de gobierno. En otras palabras, si la embajada estadounidense entiende que es la hora de "entregar" a un gendarme, a un grupo de gendarmes o a un ministro, la derecha pondrá una vez más en práctica el pragmatismo propio de un bloque de poder con conciencia para sí.

En ese tránsito, el diario La Nación presentó una hipótesis que posa los ojos sobre un subalférez -ya no siete u ocho- que tras una sorpresiva licencia de un mes después del operativo en el Pu Lof, se presentó a declarar para reconocer que "en legítima defensa" había herido a una persona que cruzaba el río escapando del accionar de la Gendarmería. Según el efectivo, se trató de un "adoquinazo" arrojado a 30 metros de distancia que dio en la espalda de un masculino. Más allá de la verosimilitud del relato, lo cierto es que todo los días se pone de manifiesto la coordinación entre el poder político, judicial, mediático y represivo para implantar las versiones que menos perjudiquen al gobierno, en una operación evidente de "control de daños" que posa su mirada en el futuro y en las tareas pendientes que el bloque de poder real tiene respecto a la profunda cirugía que se encuentra realizando sobre la estructura económica y social del país.

Construcción del enemigo

Este giro se podría sintetizar bajo la siguiente tesis y que pone sobre el tapete una práctica puesta en marcha por el gobierno ante otros "problemas de gestión", claro está, menos graves que el de una desaparición forzada pero que da cuenta de un modus operandi: de la represión a la salida republicana.

Esto se deja relucir en los permanentes giros discursivos de los miembros del gabinete nacional y sus espadachines mediáticos respecto a la causa. A pesar de que la carátula es -desde hace un mes- la de "desaparición forzada", tanto Bullrich como sus secuaces trabajan desde el día uno para transformar a la víctima en culpable. Como sucede con la teoría de los dos demonios y el negacionismo, el sendero construido por la derecha se inscribe en una línea de continuidad histórica que va desde la estigmatización contra los inmigrantes erigida por la generación del centenario hasta nuestros días, donde el foco de discriminación se posa sobre pueblos originarios, inmigrantes de países limítrofes y, por desplazamiento, sobre militantes populares y referentes sociales.

El objetivo parece claro: destruir los lazos colectivos y solidarios de las clases populares, señalando al otro, en este caso a la comunidad Mapuche –que representa la alteridad- como peligroso. Con ella, la alianza política Cambiemos apuesta a seguir construyendo las condiciones para un cambio cultural que habilite, con los menores sobresaltos posible, la fenomenal transferencia de recursos que las clases dominantes ansían.

Desde este diario venimos insistiendo en la implementación de este mecanismo: ocurre con los intentos de flexibilización laboral o la discusión en torno a la baja de edad en la imputabilidad de menores. Más allá de las diversas problemáticas que cada una de estas construcciones alcanza, existe un denominador común: la conformación de una nueva hegemonía cultural que habilite, sin mayores sobresaltos, la cirugía mayor que el tándem del poder real ansía sobre la estructura económica nacional.

Así las transformaciones estructurales que el gobierno viene realizando aportan a este objetivo en un doble sentido: por un lado, a modificar efectivamente la estructura económico-social –quita de retenciones a las exportaciones, flexibilización de convenios colectivos de trabajo o devaluación de la moneda nacional- y, por el otro, a apostar que dichas transformaciones construyan un nuevo marco cultural apoyado en los principios neoliberales de la libertad individual, el libre mercado y el sálvese quien pueda.

Para ello, una de las metas es trabajar sobre la ruptura de la alteridad, es decir, de la aceptación del otro como diferente y, sobre ella, romper lazos de solidaridad y organización colectiva, los cuales, cuentan con una fuerte tradición en nuestro país. Ayer fueron los inmigrantes, hoy los mapuches ¿Y mañana?

Treinta por treinta12.09.2017

La ecuación que da Memoria

A 30 días de su desaparición, todo el país se pregunta dónde está Santiago Maldonado. A 30 años de su asesinato, Fredy Rojas está presente.

Fredy Rojas es un militante comunista tucumano. Fue abatido en una represión fascista cuando el genocida Antonio Domingo Bussi pretendía dar un acto en Tafí Viejo, ciudad en la que el joven rojo vivía y a la que rendía toda su libido militante, su entrega de vida. Era la misma ciudad en la que el ex gobernador de la dictadura y responsable de las matanzas y desapariciones del Operativo Independencia pretendía glorificarse de masas y palabras en su campaña a gobernador de la provincia, puesto desde el cual pensaba concretar su plan de cerrar los talleres ferroviarios que daban vida y conciencia de clase al combativo proletariado del Tafí.

Los hechos (el increíble acto fascista para recuperar el gobierno de la provincia, la dignidad de Fredy levantando sus banderas rojas contra el evento y la represión con que cerró el acto) ocurrieron hace 30 años. El muchacho baleado murió unos meses después, pero siempre se lo recuerda en Tafí Viejo hacia finales de agosto. Doloroso número en estos días grises que le tocan nuevamente a la Argentina, la semana pasada se cumplieron 30 días desde que la Gendarmería Nacional secuestrara a Santiago Maldonado para que desde entonces no se tuviera más noticia de su paradero.

Treinta es la cifra que une a Fredy Rojas y Santiago Maldonado en estos días. Pero no es sólo este número redondo lo que nos insta a recordarlos. Ni siquiera lo único que los une, porque ambos eran jóvenes y elevaban la etapa más vital y constructiva de sus vidas a la categoría que moviliza desinteresadamente a hombres y mujeres por una causa: la de militantes. Cierto es que a Santiago, acaso entre organizaciones políticas por no ser orgánico de ninguna, acaso entre sus enemigos por ser un dedo en la llaga, no se lo presenta como un militante. Pero lo era.

En un cuento memorable, Jorge Luis Borges ilustra a Cruz, el amigo de Fierro, dándole el nombre que su inventor, José Hernández, le negó: Tadeo Isidoro. En ese cuento, Tadeo participa de la partida policial que persigue, acorrala y se dispone a ultimar al gaucho matrero que debía dos muertes. Los hombres que lo acompañan van cayendo, a lo largo de una lenta y terrible noche, a los pies del hombre perseguido, que se defiende como un tigre acorralado. Hacia el alba, Cruz resuelve que no va a matar a “un valiente”. Entonces arranca los símbolos policiales de su uniforme y se pone a pelar al lado de Fierro contra los agentes que lo perseguían. Y, juntos, los vencen.

Santiago Maldonado era un huinca de la ciudad de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. A los de su condición, la lamentable cultura hegemónica de nuestro país entre originarios otorga un privilegio trascendental: el de ser “blanco”. Sin embargo, oriundo de los lugares prósperos de la pampa argentina y nacido en la etnia del privilegio, Santiago se quitó la casaca eurocéntrica y se fue a vivir a la cordillera para hacer patria a su modo y entender a los originarios de la zona, asumiendo sus peleas como propias y combatiendo a los enemigos de sus amigos con las piedras de la rebelión. Como Cruz, Maldonado se descubrió a sí mismo en el espejo del otro en lucha.

Si todo se deja en función de una causa común, de un bien colectivo, de una esperanza mayor, entonces se es, indefectiblemente, un militante. Por eso Fredy Rojas y Santiago son lo mismo. El mismo hombre rebelado en contra de las miserias humanas y los privilegios en nuestro país, al que Santiago y Fredy sienten, en su visión universalista y revelada, como un nuevo ente, más abarcativo y por ello más grande.

La Argentina de los pasos que se deben dar para ser el país que su pueblo necesita tiene en Fredy Rojas y Santiago Maldonado un espejo en que mirarse para redescubrirse en todo lo hermosa, valiosa y digna que es. La Argentina es mucho más grande que lo que pretenden hacernos inferir los dictados de quienes balearon a Fredy y desaparecieron a Santiago. Los argentinos tenemos nuevas caras en nuestras banderas de lucha. Sus imágenes nos hacen fuertes y nos bendicen como hijos de una nueva fe, una que es estrictamente nuestra, sudamericana e inigualable.

Es porque ellos nos convocan y nos movilizan que nos llevan de la mano a la mirada del yo colectivo, de la verdadera condición de ser parte de una nación. Nos muestran lo mejor de nosotros, nos piden con humildad lo máximo que podamos dar y llevan a las plazas y las calles de la Patria la masificada esperanza del cambio real. Los argentinos somos grandes y tenemos patria porque día a día los Fredy y los Santiago nos refrescan la memoria.

Vamos de la mano de ellos, que nos ayudan en estos días grises a no caer. Nos muestran que no estamos solos y no nos dejan. Están aquí: tienen la forma del pueblo, la dignidad de las masas populares y el aura de nuestras esperanzas como nación.

 


Savia militante del Tafí: a 30 años del balazo que tres meses después le quitara la vida, la memoria de Fredy Rojas fue exaltada en una marcha que partió de la plaza principal de Tafí Viejo y culminó en un acto realizado en el mismo punto en que fue abatido el joven. Allí estuvieron sus camaradas comunistas y el pueblo taficeño.

 

 

Ante la visita del premier israelí 12.09.2017

La Icuf fijó su postura

Ayer, en la sala IFT de la Ciudad de Buenos Aires, compartió un acto convocado, entre otras organizaciones, por Llamamiento Argentino Judío, Convergencia por un judaísmo pluralista y humanista y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina (Icuf) hizo público su repudio a la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y recalcó que “los argentinos judíos no tenemos razones para alegrarnos o enorgullecernos por su llegada ni por sus encuentros con funcionarios”.

Y fue contundente cuando señaló que el lazo ente los gobiernos que encabeza Mauricio Macri y el premier israelí “son motivo de preocupación, dada la semejanza entre ambos mandatarios, sustentada en sus orientaciones tanto económicas como políticas”, tras lo que comparó “el caso de los mapuches, de otros pueblos originarios o de los mismos palestinos, a quienes invisibilizan y les niegan sus derechos a una existencia plena”.

Tras arribar ayer a nuestro país, al cierre de esta edición Netanyahu se entrevistaba con el presidente Macri en Casa Rosada, en momentos en que ante el Obelisco se llevaba a cabo una manifestación para repudiarlo, convocada por diferentes organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, entre ellas, el Partido Comunista.

También para hoy, estaba prevista una reunión bilateral entre Netanyahu y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien viajó especialmente a la capital argentina para reunirse con él.

La escala que hizo en Buenos Aires, es el capítulo inicial de una gira que llevará al premier del Estado Judío hacia Colombia, México y EE.UU., donde en Nueva York va a participar de la Asamblea general de la ONU.

Acto

En este contexto, ayer en la sala IFT de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo un acto convocado, entre otras organizaciones, por Llamamiento Judío, Convergencia por un judaísmo pluralista y humanista, el Icuf y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

A la hora de advertir entre “la semejanza” entre los gobiernos de Argentina e Israel, el Icuf recordó que “en el aspecto económico, lo común es descargar las crisis sobre las espaldas de estos pueblos” y en lo inherente a la política internacional “un ejemplo de coincidencia es la postura ante el conflicto en Venezuela: un país que es acosado de manera constante por EE.UU. y por otros gobernantes que no soportan el intento bolivariano de implementar un camino alternativo a los sistemas que perjudican a los sectores menos pudientes”.

Asimismo, puntualiza que una conducta similar tienen “en relación con el reconocimiento de la pluralidad de identidades culturales y sociales, como el caso de los mapuche, de otros pueblos originarios o de los mismos palestinos, a quienes invisibilizan y les niegan sus derechos a una existencia plena”.

Tras lo que hace hincapié en que, durante los últimos tiempos ambos gobiernos “concretaron una serie de acuerdos relativos a la compra y reparación de armamentos, además de capacitación policial, aeronavegación y también un intercambio entre científicos. Para algunos medios, los acuerdos son –esencialmente- una cuestión de “alineamiento y compromiso estratégico”.

Después denunció que “la política expansionista y prepotente, de sometimiento del gobierno presidido por Netanyahu provoca y alienta una dosis mayor de violencia entre los pueblos y también de revanchismo”, en el contexto de Medio oriente, atravesado por constante inestabilidad.

Y recalcó que las principales consecuencias de este tipo de política es “la privación de los derechos para los palestinos, también para los israelíes, como pueblo, una permanente inseguridad y, por último, pensándolo a escala mundial, un recrudecimiento del antisemitismo, al concebirse a Israel -y por extensión, errónea, a todos los judíos del mundo- como agresor a los derechos del pueblo palestino”.

Por lo que insistió en su oposición a este tipo de política y reiteró que la seguridad de la región “se asienta en una paz democrática, estable y duradera, posible a partir de la idea de Dos Estados igual a Dos Pueblos, soberanos, independientes, coexistentes y convivientes entre sí, que sean reconocidos, al mismo tiempo, por toda la comunidad internacional”.

ENCUENTRO EN SOCIALES12.09.2017

Para aceitar la lucha por Milagro

En la facultad de Ciencias Sociales de la UBA se dio un encuentro de comités por la liberación de Milagro Sala.

En la facultad de Ciencias Sociales de la UBA se llevó a cabo el segundo encuentro nacional de comités por la liberación de Milagro Sala. Las actividades del mismo fueron desde la presentación de la actual situación jurídica de la activista jujeña y los otros presos políticos de la organización Tupac Amaru hasta un amplio debate en comisiones.

Fue el sábado de la semana pasada y el cierre de la jornada se dio con la presentación del libro La libertad no es un Milagro, obra del periodista y activista de derechos humanos Horacio Verbitsky. En la ocasión, el auditorio de la facultad, como en todas las actividades estuvo lleno de militancia y compromiso, demostrándose con eso que el activismo en pos de la libertad de Sala no termina con la reciente obtención de su (falsa) prisión domiciliaria.

El escenario en el auditorio en todo momento estuvo acompañado por dos lemas que caracterizan esta época de lucha. El primero de ellos en una pancarta que presidía las imágenes y en la que se leía: “libertad a Milagro Sala”. Y el otro, al costado de la mesa de oradores, formulaba la misma pregunta que las paredes del país repiten en cada rincón: “¿dónde está Santiago Maldonado?”.

En ese marco, los diversos comités por la liberación de Milagro Sala formados a lo largo y a lo ancho de nuestro país, compartieron sus experiencias. Amalgamaron sus luchas y coincidieron en una vivencia constante y lamentable: la persecución de la que son objeto. Recordaron, por ejemplo, que hay hasta detenidos por pintar las paredes con el nombre de Milagro. Y que no van a bajar los brazos.

Con ellos estuvieron también dos históricas referentes en la lucha por los derechos humanos en Argentina: Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Ambas posaron después, madres que saben de dolores y de lucha, con la imagen de Milagro y Santiago en sus manos.

 

Palabras y acción

Alejandro Coco Garfagnini, dirigente de la Tupac Amaru definió como “un gran desafío que tenemos para adelante” el reclamo por la liberación de los otros ocho militantes de la Tupac Amaru que permanecen en injusta prisión. Dijo que estos carecen de “la relevancia mediática de Milagro.”

Por otro lado, denunció que “en Argentina se sigue violando el Estado de derecho” y “hay violencia institucional permanente”. También pidió a los distintos comités presentes “tener mucho más aceitado el vínculo” y sostuvo que “necesitamos urgentemente tener más bases de abogados en los territorios”.

Por su parte, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada en el equipo que trabaja en las múltiples causas abiertas contra Sala por parte del poder fáctico de Jujuy con apoyo mediático, informó sobre el estado de las mismas. Destacó, en primer lugar, que prosigue el reclamo por la libertad de Milagro porque esta tiene fueros parlamentarios y las causas que le fueron armadas son “inconsistentes”. Además denunció que su prisión domiciliaria viola todas las normas de ese régimen procesal.

A su vez, Horacio Verbitsky, que compartió la mesa de presentación de su libro con la periodista Alejandra Dandan y la misma Gómez Alcorta, emitió un video inédito en el que se aprecia la dignidad de Milagro Sala ante sus captores y el juez, a quienes interpela como lo que es: diputada argentina al Parlasur.

El periodista definió al gobernador jujeño, Gerardo Morales, como el “peor enemigo” de Sala e ilustró sobre el rol del funcionario en defensa de los intereses de quienes concentran la riqueza provincial en sus pocas manos.

También dijo que su libro no es de anécdotas periodísticas sino que, como expresó Dandan “no sólo cuenta la historia despiadada de odio a Milagro, de su perseguidor a su vez perseguido” sino que “también es la historia de la insurgencia de un pueblo que logró condiciones muy similares a lo que uno puede imaginar como emancipación”.

 

DENUNCIA DE JOSÉ SCHULMAN11.09.2017

Las redes del odio

El secretario de la Ladh amplió sus denuncias por amenazas a través de Internet y habló de la importancia de las redes no sólo para la difusión de mensajes de odio sino para la de mensajes populares.

Desde que se formalizara el cambio de gobierno del 2015 y se dieran de baja artículos nodales de la legislación sobre medios audiovisuales, las redes sociales se han transformado en un vehículo fundamental para la difusión de la información que atañe a los intereses del campo popular, ninguneados como nunca en la actualidad, ya hablen de la certeza de que a Santiago Maldonado lo secuestró la Gendarmería, ya de las inundaciones del fin de semana, cuando más se habló en los medios masivos argentinos de los daños ocasionados por un huracán en Miami.

La relativa facilidad con la que las “otras noticias” (las nuestras) circulan por internet, sin embargo es la misma que utiliza el mensaje del odio reciclado de los esbirros de la última dictadura, que sacuden la percepción del lector de, por ejemplo, facebook, al encontrar en sus páginas sugerencias como la de “un paseíto en avión por el Río de la Plata y listo” para el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), José Schulman.

Estas y otras imprecaciones y obscenas sugerencias con tinte genocida fueron las que aparecieron en la cuenta de facebook de Orlando Gauna, un ex comisario santafecino que utiliza las redes sociales para agraviar las luchas por los derechos humanos y defender el accionar de los genocidas de la última dictadura. De hecho, activa un blog personal desde el cual despotrica repetidas veces en contra de lo que el presidente Mauricio Macri (y él mismo replica en su página) llama “curro de los derechos humanos”.

Pero la acción de este defensor de criminales de lesa humanidad fue oportunamente atendida por el propio José Schulman, quien lo denunció en la Justicia y la semana pasada ratificara y ampliara sus denuncias ante el fiscal Martín Suárez Faisal, a quien el juez federal Reinaldo Rodríguez derivó la investigación.

La ampliación consistió en el aporte de las capturas de pantalla de las groseras expresiones amenazantes que tuvieron como destinatario al secretario de la Ladh. Vale destacar, que algunas de esas terribles palabras fueron escritas por “amigos” en facebook de Gauna, por lo que se aportaron también los datos de dos de estos individuos, que ya están localizados e investigados.

“Varios de ellos han sido policías”, destacó José Schulman y recordó que Gauna “fue jefe de la seccional tercera” en Santa Fe. Contó también haber dado parte de que “entendemos este ataque como parte de los ataques que está recibiendo la Liga por estar jugando un papel de vanguardia en la lucha por esclarecer el caso Maldonado, la resistencia al 2x1 y la solidaridad con Venezuela”.

Democracia limitada

“Las amenazas deben considerarse porque hay un proceso de restricción de la democracia en Argentina”, sostuvo tajante Schulman. Luego ponderó que en este marco logran habilitar sus mensajes “grupos fascistas, xenófobos, macartistas, elitistas o nostálgicos del terrorismo de Estado, que se dedican a amenazar, agraviar e insultar, tratando de completar la operación de estigmatización que necesita cualquier plan de represión”.

“En Argentina estamos en un proceso de destrucción lento de la democracia que va manteniendo aspectos formales y que engaña y confunde a mucha gente”, observó. Repuso que en la mayoría de nuestra sociedad todavía “no ven que estamos pasando a un gobierno autoritario con máscara de democrático”.

Por otro lado, consideró que “las redes claramente son una creación económica y comercial”, que “todas están asentadas en equipos que tienen su sede en EE.UU.” y que “hay una ley en EE.UU. que habilita al gobierno a intervenir en todo tipo de señal que circule por internet”. “Incluso las supuestamente más seguras están bajo control de Inteligencia”, agregó.

También señaló que en las redes “el movimiento popular ha logrado ir encontrando funciones y algunos usos”, pero pidió no tener “una mirada ingenua” al respecto porque “también la ultraderecha tiene capacidades de usarlas”. Y dijo que desde ellas los luchadores de derechos humanos “estamos tratando de que no se pueda legitimar que un discurso que endiosa la muerte sea considerado normal en la Argentina”.

Añadió que en las redes se comunica alternativamente desde “nosotros más que ninguno, porque normalmente no entramos en ningún medio”. Al respecto, pidió “no terminar hablando entre grupos de amigos porque hay que hablarle a la sociedad” y llamó a “buscar la manera de romper el cerco” y a “no creer que todas son bondades en las redes”.

Otra de Gendarmería11.09.2017

Ahora, contra alumnos

Personal de esta fuerza intentó intimidar a miembros de la comunidad educativa del Instituto Superior Olga Cossettini que, en Rosario, participaban en una clase pública para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

“Esto no hace más que agravar la responsabilidad del Estado y el rol de Gendarmería en la represión contra la comunidad del Lof en Resistencia de Cushamen”, así como en “la desaparición de Santiago Maldonado”, dijo el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galiotti, al referirse al nuevo acto intimidatorio perpetrado por personal de esa fuerza, esta vez, en Rosario y contra estudiantes y docentes del Instituto Superior Olga Cossettini.

Todo ocurrió cuando efectivos de la Gendarmería interrumpieron en una clase pública que la comunidad educativa del Instituto había convocado en esta ciudad para reflexionar acerca de la desaparición forzada a que es sometido Santiago Maldonado, así como para pedir por su aparición con vida.

Pero cuando estaba por comenzar la actividad que, como otras clases públicas que se realizan desde hace varios años incluía el corte de una calle, irrumpió en escena un grupo de gendarmes que cruzó dos móviles en la arteria, tras lo que portando armas largas y con perros, intentaron intimidar y amedrentar.

Después de permanecer algunos minutos en el sitio, cerca de los estudiantes, el personal de Gendarmería se retiró hasta alrededor de cincuenta metros del lugar, desde donde continuó sacando fotos a los alumnos.

Repudio

“Todo esto tiene una clara intención intimidatoria, porque hasta ahora nunca, en ninguna clase pública se había presentado la gendarmería”, recordó Galiotti tras lo que recalcó que la presencia de esta fuerza en Rosario se remonta a varios años atrás pero, desde 2016, “por medio de un acuerdo con el gobernador Miguel Lifschitz y la ministra Patricia Bullrich, acordaron la presencia de efectivos federales bajo el mando de la cartera de Seguridad de la Nación y no bajo el del secretario de Seguridad de la provincia”.

Esta situación, añadió el titular del PC rosarino, “significa una actitud poco digna”, ya que “ el gobierno de Santa Fe decide dejar la seguridad de la provincia y, así, cede a la presiones del gobierno nacional para comandar todos los operativos conjuntos de fuerzas federales y provinciales”, algo que, hizo hincapié, “es muy grave”.

Asimismo, recordó que quien es el profesor Gustavo Guevara, “un compañero miembro de la Multisectorial de Solidaridad con Cuba que también sostiene la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara en la Facultad de Humanidades y Artes”.

Pero también fue contundente cuando puntualizó que, tal como lo señala la denuncia presentada por la Liga Argentina por los derechos del Hombre, la actitud de Gendarmería “no hace más que demostrar la responsabilidad directa de la ministra Bullrich y el Estado nacional”. Y sin dudarlo insistió en que este acto de intimidación “es más peligroso porque se dirige a los jóvenes y al pueblo en una provincia donde la Policía está muy cuestionada”.

Por lo que, “desde la Multisectorial de Rosario no sólo nos sumamos a los actos de repudio, como el que se mostró en la reciente movilización realizada en Rosario por la aparición de Santiago Maldonado, donde participaron más de cuarenta mil vecinos”. Y finalizó vinculando esta actitud de los uniformados con “la avanzada del enemigo feroz que tenemos en América Latina y en Argentina, que en Rosario por medio de la Fundación Bases, impulsa una campaña para sacar el monumento al Che” en cuyo contexto fue amenazado el propio Galiotti quien denunció que “todo esto es una actitud organizada y premeditada que tiene que ver con un libreto que parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

El mundo reclama su aparición con vida11.09.2017

Carta por Santiago

Desde diferentes puntos del planeta se alzan voces de referentes de la vida social y ciudadana que exigen que el ejecutivo nacional “de explicaciones en torno a lo sucedido, esclareciendo el paradero de Maldonado a la brevedad, tal como lo solicita la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su medida cautelar” pero también “separe del cargo a la ministra Bullrich de forma inmediata”.

Intelectuales, artistas, referentes de movimientos sociales y políticos de todo el planeta hicieron pública su “profunda preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado”, hecho que “conmueve y amerita la más plena solidaridad de los pueblos del mundo con los familiares del joven”.

Lo manifestaron por medio de una carta pública que lleva, entre otras, las firmas del filósofo estadounidense Noam Chomsky, el poeta y trovador Silvio Rodríguez, el titular del Congreso de Paraguay, Fernando Lugo, la colombiana Piedad Córdoba y el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni.

La misiva recalca que “no puede haber desaparecidos en democracia” porque “no hay democracia con desaparecidos” por lo que con contundencia enfatiza: “¡Aparición con vida ya de Santiago!” que, recuerda, fue visto por última vez el 1º de agosto cuando personal de Gendarmería reprimió a integrantes de la comunidad mapuche.

También hace hincapié en que la propia Gendarmería reconoció que siguió “órdenes precisas del Ministerio de Seguridad” a cargo de Patricia Bullrich, por lo que es “una desaparición forzada de persona, con el Estado como principal responsable, algo que remite directamente a lo sucedido a gran escala durante la última dictadura cívico-militar en el país (1976-1983), cuando 30 mil personas fueron detenidas-desaparecidas para imponer un plan económico de despojo neoliberal”.

Y, en este sentido, recalca que el gobierno que preside Mauricio Macri “no sólo tiene que dar explicaciones en torno a lo sucedido, esclareciendo el paradero de Maldonado a la brevedad, tal como lo solicita la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su medida cautelar”, sino que también “debe separar del cargo a la ministra Bullrich de forma inmediata”.

Firmantes

Otros que suscriben esta demanda son el sociólogo Horacio González, el abogado Eduardo Barcesat, el sociólogo y politólogo brasilero Emir Sader, el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, la periodista Stella Calloni, el director de Casa de las Américas de Cuba, Roberto Fernández Retamar, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el politólogo Atilio Boron, la presidenta del PT de Brasil, Gleisi Hoffman y Miguel Angel Estrella de la Fundación Música Esperanza.

También los escritores canadienses Arnold August, John Kirk y James Cockcroft, la abogada y periodista estadounidense Eva Golinger, el diputado salvadoreño Jorge Schafik Handal, la periodista Telma Luzzani, Peter Schey, quien es presidente del Centro por los Derechos Humanos y Leyes Constitucionales de EE.UU., el escritor cubano Omar González y la periodista María Seoane y la consejera de la Municipalidad de París, Danielle Simmonet, entre otros.

 

 

REFLOTE DE PROYECTO MACRISTA08.09.2017

La capucha y la policía

Un diputado macrista volvió a presentar su proyecto para que los encapuchados puedan ser detenidos por las fuerzas de seguridad.

Pedro Dinani, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo irónicamente que “las más de las veces van encapuchados ellos, como cuando van infiltrados, tal cual pasó en la última marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado”. Lo hizo para criticar el resurgimiento en el Congreso Nacional del proyecto macrista para que las fuerzas de seguridad puedan apresar a manifestantes encapuchados.

El proyecto en cuestión fue reflotado como iniciativa del diputado cordobés Javier Pretto y reapareció en la palestra legislativa luego de la represión desencadenada tras que el pueblo masivamente acudiera a la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida del joven desaparecido y visto por última vez en manos de la Gendarmería. Eso pese a que los incidentes que promovieron el inicio de la andanada policial fueron iniciados por infiltrados de las propias fuerzas represoras.

Pretto argumentó para justificar su iniciativa punitivista que en las manifestaciones callejeras (que, por otro lado, demuestran la resistencia a las medidas impopulares del gobierno) “se cometen hechos violentos a diario” y que por ello no se debe “dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados”. El lenguaje de Mirtha Legrand, como se ve, está dejando los meros almuerzos televisivos e ingresando peligrosamente al Congreso.

Vale destacar que el proyecto fue formalmente presentado a comienzos de las sesiones ordinarias del Legislativo nacional, pero el diputado macrista lo reflotó efectistamente a la luz de los episodios de violencia, tergiversados por los medios masivos de comunicación, que casi han ignorado las pruebas sobre los infiltrados que cunden, en cambio, en las redes sociales.

De esta manera, bajo los mismos argumentos que merecieran oportunamente serias reprobaciones de legisladores y especialistas, acciones que en el Código Penal figuran como delictivas, tales la interrupción del transporte o el abuso de armas, incorporarán como agravantes a las figuras de exhibición de elementos contundentes (un paraguas lo sería) o portación de capucha.

Desde la Liga

Pedro Dinani, dijo que “es realmente peligroso que se reflote ese tipo de legislación fascista” que “puede tener visos de ilegalidad”. Agregó que “es totalmente ilegítimo” el reclamo de Pretto ya que “no se puede detener a ningún manifestante, vaya como vaya vestido” y que este “puede ir sin capucha o con el torso desnudo sin que eso sindique detención porque no cometió ni delito ni contravención”.

Adujo que la intervención punitivista del Estado en estas cuestiones significa una “violación de todos los derechos constitucionales”. Y sostuvo que “en este tipo de gobiernos que tenemos ahora, que están muy cercanos a las violaciones a la Constitución y los derechos individuales, a veces salir encapuchados en un marcha implica un poco de protección para no ser identificado y represaliado por la policía”. “Eso sería algo lógico en un momento de democracia tan restringida”, le sumó.

“Si uno juzga la situación real, las más de las veces van encapuchados ellos, como cuando van infiltrados, tal cual pasó en la última marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado”, expresó e ilustró sobre la acción represora: “por un lado estaban tirando piedras y por el otro armando el quilombo posterior para tratar de opacar la marcha”.

“Es realmente una situación increíble la que estamos viviendo”, se quejó y manifestó: “desde que tengo memoria no hubo un precedente; ni siquiera los noventa eran así”.

El Gobierno, 36 días después06.09.2017

De la abulia a la hiperkinesia

Testimonios presenciales, ahora ante el juez Otranto, coinciden en señalar que personal de Gendarmería golpeó y se llevó a Santiago. Sobreactuado, Macri manda a precalentar a todos sus jugadores. Pero Maldonado sigue siendo víctima de desaparición forzada.

Hiperkinesia. Con este término se puede definir a la actitud que decidió adoptar el gobierno en lo inherente al Caso Maldonado, a partir del lunes cuando advirtió el escaso resultado que tuvo la operación que perpetró para enturbiar la formidable movilización del viernes pasado.

Es que desde esa jornada, se vienen precipitando sucesos que horadan el andamiaje de mentiras que se construyó para intentar desviar las pistas que ubican a Santiago Maldonado en el Lof Cushamen el 1º de agosto, perseguido por personal de Gendarmería.

En este sentido, ayer hubo dos episodios relevantes. Matías Santana declaró ante el juez de Esquel, Guido Otranto, que personal de Gendarmería golpeó y desapareció a Maldonado, el 1º de agosto y recalcó que “genera impotencia que el Estado se presente como querellante defendiendo a estos uniformados que entraron ilegalmente al territorio a cazar a un mapuche”.

Santana es uno de los testigos que, a poco de la desaparición de Maldonado, declararon ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Entonces, desde la massmedia de gobierno se intentó desprestigiar esos alegatos porque provenían de “enmascarados” y no se habían hecho ante el juzgado a cargo de Otranto.

Ahora, como entonces, Santana fue claro. “Maten a uno, indios de mierda, los vamos a cazar”, recordó que gritaban los gendarmes mientras avanzaban dentro de la Pu Lof, tras lo que aseveró que vio cuando a Santiago “lo golpearon y lo metieron en una camioneta”.

Por su parte, en idéntica dirección, tres mujeres de la comunidad confirmaron que el joven desaparecido estaba en el sitio el 1º de agosto y, para desarmar otro mito instalado por la massmedia dominante, hicieron hincapié en que oportunamente y sin obstáculos, Prefectura pudo llevar a cabo el rastrillaje del lugar.

Mientras tanto, la que La Rosada pretendía que fuera su principal coartada, se hizo pedazos cuando se conocieron las pericias judiciales practicadas en el cuchillo del puestero, Evaristo Jones. Es que la sangre que conservaba la hoja, no coincide con la de Santiago, lo que hace rodar por el suelo la coartada con la que el gobierno confiaba hacer prevalecer la hipótesis de que, herido días antes del 1º de agosto, Maldonado habría muerto y su cadáver había sido escondido por los habitantes de la Lof Cushamen.

A esta altura queda claro, aún para quienes se empeñan en ocultarlo, que la carátula desaparición forzada de persona es la correcta y que a la presión nacional e internacional que recibe desde hace poco más de un mes, comienzan a sumarse algunas voces que –a su modo- le señalan al gobierno que están dispuestos a acompañarlo hasta la puerta del infierno, pero de ninguna manera a entrar en él. “Hizo mal Mauricio Macri en prohibir hablar del caso Maldonado”, dijo Mirtha Legrand en su programa televisivo que en La Rosada ven como si fuera una suerte de ágora del siglo 21. Y, desde sus páginas Clarín advirtió que el sesenta por ciento de los encuestados para un trabajo encargado por el propio ejecutivo se interesa en el Caso Maldonado y, de ellos, más de la mitad opina que el gobierno es culpable por la desaparición del joven.

Estado Policial

“La hipótesis más fuerte apunta a Gendarmería”, reconoció a más de un mes de la desaparición forzada de Maldonado, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tras lo que salió disparado hacia el aeroparque Jorge Newbery, para abordar un vuelo que lo llevaría hasta Chubut “para ofrecer colaboración al juez de la causa”.

Y, tras cartón volvió a insistir con que aguarda el resultado de “las pericias de ADN de las camionetas y elementos secuestrados” en diferentes allanamientos en esa provincia. De esta manera redobla la apuesta del gobierno que no se resigna a dejar de transitar un camino controvertido, ya que como quedó claro, las camionetas y otros materiales fueron deliberadamente contaminados al ser lavados a pocas horas de la desaparición de Santiago, por el propio personal de Gendarmería. El cambio de táctica de abordaje del tema lo inauguró el presidente Mauricio Macri cuando en un acto público y con rictus de circunstancia dijo que la cuestión lo preocupa.

No es la primera vez que, durante este mes, el ejecutivo explora el camino de la victimización. Quiso presentarse como querellante en la causa pero alguien aconsejó que no lo hiciera, porque el intento nunca pasaría y lo dejaría más expuesto. También pretendió victimizar a los gendarmes que intervinieron en la represión, pero la difusión de registros fílmicos sobre lo acontecido el 1º de agosto echó por tierra ese intento.

Y en este sinuoso y rocambolesco sendero avanzaron con la operación Oscar Edgardo Alvarenga. Cuando ya les quedaba claro que lo sucedido con Maldonado era inocultable, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, anunció que uno de sus asesores, el policía retirado Alvarenga, estaba desaparecido.

Desaparecido neutraliza desaparecido, imaginaban en los pasillos gubernamentales. Pero esto también se desmoronó cuando dos días más tarde el asesor de Seguridad apareció. “Pido perdón a todos, padezco de un problema personal que deberé abordar con la contención de mi familia y la ayuda de mis amigos”, señaló en una red social, Alvarenga, a poco de ser hallado en las inmediaciones del hipódromo.

La cosa es clara desde espacios clave del poder real que lo puso en La Rosada, temen que el Caso Maldonado se le vaya a Macri de las manos. “Pronta solución” exigieron en un comunicado conjunto Idea, la Asociación Empresaria Argentina, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos y el Colegio de Abogados. El presidente sabe que este tema puede poner en cuestión -ante sus pares- su capacidad de liderazgo y, como cualquiera que haya visto la película El Padrino, tiene claro que para ellos seguir apostando a él o buscar un recambio “no es nada personal, solo negocios”.

La licenciada en comunicación social, Patricia Bullrich, sabía por qué estaba echando mano a una perfecta sinécdoque cuando en el Congreso de la Nación exclamó que no está dispuesta a tirar un gendarme por la ventana.

Y aquí es donde está una de las claves que pueden explicar las razones que, desde el mismo 1º de agosto, tuvo el gobierno para montar un formidable operativo tendiente a ocultar el papel de Gendarmería en la desaparición forzada de Maldonado.

Es que Gendarmería es una pieza fundamental en la construcción del Estado Policial indispensable para imponer la relación entre capital y trabajo que vino a instrumentar el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015.

Con el agotamiento –al menos por ahora- de la posibilidad de utilizar a las fuerzas armadas como factor de control social interno en la región, el diseño del Pentágono pone todas las fichas en la consolidación de fuerzas de seguridad voluminosas y con capacidad operativa en todo el territorio, que ejerzan esa función al estilo de las guardias nacionales que prevalecieron, sobre todo, en Centroamérica durante el siglo 20.

Es verdad que este papel para Gendarmería no es nuevo. Durante la presidencia de Cristina Fernández esta fuerza fue absorbiendo tareas que no le son propias, entre otras, la de policía en las principales zonas urbanas del país. También en esos años fue la opción elegida como fuerza de disuasión del conflicto social y tuvo un rol inaceptable en la realización de tareas de espionaje interior como quedó al desnudo cuando se ventiló el Proyecto X.

Pero es verdad que fue con la llegada de Macri a La Rosada y, especialmente con la de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, cuando tomó un papel definitivamente preponderante.

Desde la represión de trabajadores de Cresta Roja, en los albores de la Presidencia Macri, hasta la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Gendarmería estuvo presente. Y fue justamente en este episodio donde, al comando de los efectivos de esta fuerza que operaban en las adyacencias del Pu Lof, aparece el jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Noceti. De ahí que quede claro que Gendarmería es Noceti y que en términos de responsabilidad política la ruta sin escalas desemboca en Bullrich y Macri.

Mientras tanto, Maldonado lleva 37 días sometido a desaparición forzada, la respuesta del campo popular se fortalece y la hiperkinesia sigue siendo una patología.

Ratificada por La Rosada06.09.2017

Bullrich no se va

Aunque propios y extraños piden su dimisión, Macri avaló a su ministra de Seguridad que se presenta como una pieza clave en la estructura de la Gestión Cambiemos apoyada en amigos y contactos con un aliado central para el Gobierno.

Ante la multitud convocada el viernes en Plaza de Mayo, Sergio Maldonado pidió que el gobierno separe de su cargo a Patricia Bullrich. Este reclamo que ya había sido hecho desde diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, se viralizó entre vastos sectores, incluso, en algunos próximos al Gobierno Cambiemos.

Pero pese a esto, ayer el presidente Mauricio Macri le dio un espaldarazo a la ministra de Seguridad y a su equipo cuando la rescató del ojo del huracán y, al recibirla en la Casa de Gobierno, sin dudarlo recalcó que Bullrich “tiene liderazgo y trabaja muy bien”.

En el encuentro también participaron el ministro de Justicia, Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman y el subsecretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

Otro que dijo presente es el director del área de Violencia Institucional y los Delitos de Interés Federal, Daniel Barberis, que está a cargo del sumario administrativo para determinar si hubo responsabilidad de los gendarmes en la desaparición de Maldonado.

Vale recordar que Barberis es el mismo que el 4 de agosto de 1977 secuestró a Julio Jewel Kancepolski, por quien cobró ochocientos mil dólares de rescate, pero fue capturado y condenado a purgar una pena que lo recluyó en la cárcel de Villa Devoto hasta el 6 de abril de 1984. Al año siguiente, fue requerido nuevamente por el Poder Judicial, pero esta vez estuvo siete meses prófugo. Fue tras el secuestro y liberación de César Cohen, por entonces un pibe de doce años de edad a quien durante su cautivero torturaron y amenazaron con frases como “judío de mierda, vos y tu viejo son unas ratas”.

Siga, siga...

Lo cierto es que tras la reunión dos cosas quedaron claras. Aunque desde hace 36 días Santiago es víctima de desaparición forzada, recién ahora el ejecutivo decidió lanzar un operativo para buscarlo, algo que se definió como una investigación paralela a la de la causa que lleva el juez Otranto. Y la otra es que, pese a todo, Patricia Bullrich va a seguir al frente de la cartera de Seguridad.

¿Pero por qué Macri juega tantas fichas a la ministra? Una de las claves está en el papel de quien es el esposo de Bullrich, Guillermo Yanco, que es presidente del Instituto de Estudios Argentinos (Idear), organización creada en 1983 por el ala derecha del Partido Demócrata estadounidense, que está establecida en medio centenar de países.

Entre las fuentes de financiación de Idear está la Fundación Nacional para la Democracia (NED por su sigla en inglés), que fuera creada por Ronald Reagan. La NED posee un triste prontuario de intervención y desestabilización en diferentes países del planeta y, sobre todo, de la región.

Uno de los puntos fuertes del matrimonio Yanco-Bullrich es el contacto que poseen con el Estado de Israel, país que desde diciembre de 2015, es un aliado privilegiado del Gobierno Argentino.

Esta alianza está fundamentada en dos pilares: la adscripción de La Rosada a la estrategia política israelí, fundamentalmente, en el enfrentamiento de ese Estado con la República Islámica de Irán, pero también en su hipótesis de conflicto respecto a un “enemigo terrorista global”, así como en lo inherente a la transferencia de know how en materia de seguridad interior y represión del “enemigo interno”.

En este sentido la cartera de Seguridad tuvo carta blanca este año para adquirir armamento por casi cien millones de dólares, merced a un acuerdo que se había sellado sobre fines de 2016, cuando Bullrich viajó a Tel-Aviv al frente de una comitiva en la que se destacó el diputado por Cambiemos, Waldo Wolff, vice de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, ex vice de la Daia y miembro del Congreso Judío Internacional.

Entre los gestores de la adquisición aparece la empresa Codesur que de acuerdo a su página web se dedica a “soluciones para la defensa y la seguridad interior”, es decir, equipamiento, tecnología, logística para las fuerzas policiales y vigilancia urbana.

Su titular es el empresario Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, a quien Bullrich conoce desde la época en que ambos militaban en Montoneros.

Aquella vez, la delegación gubernamental argentina se reunió, entre otros, con los titulares de Defensa y Seguridad Pública de Israel, Avigdor Lieberman y Gilad Erdan, así como con el de la Dirección de Cooperación de Defensa Internacional, Mishel Ben Baruch, que es el responsable del comercio del equipamiento tecnológico que utiliza el sofisticado aparato de Defensa israelí.

Queda claro entonces que Bullrich es una pieza clave para la estructura del Gobierno Cambiemos, pero asimismo que sería irrisorio que Macri decida pedirle un paso al costado cuando se está preparando la visita a nuestro país del premier israelí, Benjamín Netanyahu.

Pese al hermetismo que rodea a esta visita, trascendió que duraría pocas horas y se llevaría a cabo la semana venidera en el contexto de un periplo que seguiría en México y Nueva York, donde se espera que Netanyahu participe de la Asamblea General de la ONU.

 

Denuncia de la Liga06.09.2017

Que se investigue

El fiscal federal, Federico Delgado, hizo lugar a la denuncia de la Ladh para determinar si el Gobierno encubrió la desaparición forzada de Santiago Maldonado. “Han intentado deslindarse de toda responsabilidad”, dijo al respecto el abogado Eduardo Barcesat.

Hoy el fiscal federal, Federico Delgado, impulsó una investigación tendiente a determinar si se encubrió la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desde el gobierno que encabeza Mauricio Macri.

La causa fue abierta a instancias de una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) y el Instituto Arturo E. Sampay que alcanza al presidente, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Justicia, y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, así como el jefe de gabinete de la cartera de Seguridad, Pablo Nocetti, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el director de Gendarmería, Gerardo Otero.

También a los comandantes de la fuerza en Chubut, Fabián Méndez, Pablo Badie y Conrado Balari, y al jefe del Escuadrón 36 de Esquel, gendarme Juan Pablo Escola.

“Han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”, dijo al respecto el abogado Eduardo Barcesat, uno de los patrocinantes de la denuncia formulada por los delitos de encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.

Así las cosas, ayer se ratificó la denuncia, por lo que el fiscal Delgado abrió una causa penal, aunque por ahora no imputó a ningún funcionario. Al respecto, señaló que “los denunciantes destacaron la existencia de un ‘pacto de silencio’ de las autoridades estatales y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado”.

Y, como para comenzar la investigación “es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional”, solicitó al juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, que le pida al magistrado de Esquel, Guido Otranto, con caracter “urgente” una copia de la causa abierta por la búsqueda de Maldonado.

Asimismo, requirió que la Jefatura de Gabinete “informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”.

Junto a Facundo y Santiago 05.09.2017

Mapuches en la Liga

La Ladh puso “al servicio de la comunidad y su lucha todos los recursos humanos, políticos, materiales, contactos y redes de amigos en todo el mundo”, al tiempo que confirmó que estará en las audiencias donde se discuta el pedido de extradición de Jones Huala a Chile.

“Asumimos sus reclamos históricos y exigimos el cese de persecuciones a todos ellos y libertad a Facundo Jones Huala, preso por enfrentar la Internacional Benetton y defender sus derechos ancestrales”, dijo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), tras recibir en su sede de la ciudad de Buenos Airees a una delegación de integrantes de la comunidad Pu Lof de Cushamen, en Chubut,

En la oportunidad, la Liga puso “al servicio de la comunidad y su lucha todos los recursos humanos, políticos y materiales, contactos y redes de amigos en todo el mundo”, al tiempo que confirmó que va a estar en las audiencias donde se discuta el pedido de extradición de Facundo Jones Huala a Chile “sumando nuestro granito de arena a defender sus derechos, que son los nuestros”.

Vale recordar que los miembros de esta comunidad son quienes presenciaron el operativo en el que personal de Gendarmería detuvo y golpeó a Santiago Maldonado, quien en esas circunstancias fue visto por última vez.

Al respecto, la Ladh salió al cruce de quienes cuestionan la veracidad de los testimonios que, en tal sentido, se aportan desde esta comunidad. “Dudar de la palabra de un miembro de la comunidad es un agravio cultural que no aceptan puesto que la mentira no entra en su universo cultural”, señala.

Y recuerda que “los sobrevivientes del terrorismo de Estado Argentino de 1974/82, las y los familiares, abogados, militantes de la verdad defendemos este derecho humano puesto que lo compartimos y defendemos en nuestros juicios por delitos de lesa humanidad”.

De ahí que, tras insistir con el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado, la Ladh exija la liberación de Jones Huala, que “nada tiene que ver con presuntos grupos que podrían ser tan reales como las mentiras de la Bullrich sobre el ataque armado en que habían herido a Santiago y está preso por defender los derechos ancestrales de su pueblo, genuinos y legítimos desde siempre, reconocidos en grados crecientes por el Estado Argentino, sobre todo desde la Reforma Constitucional de 1994”.

Tierras

Asimismo, al referirse a la comunidad Pu Lof en Resistencia, la Ladh asevera que “las tierras que han recuperado son de ellos, puesto que el Imperio Español se las arrebató con modos militares y genocidas, operación de despojo confirmada por el Estado Argentino con la Campaña del Desierto de Roca y las agresiones permanentes del brazo armado del Estado argentino, prácticamente ininterrumpidas”.

Por lo que, sin dudarlo, reclamó que “echen a Benetton, Turner y todos los capitalistas extranjeros que se apoderaron de los territorios que les pertenecen y son parte de la soberanía argentina” y que “dejen de proteger a los oligarcas europeos y yanquis”.

 

 

Desaparición forzada y asesinato de Franco Casco05.09.2017

La policía y la justicia en la mira

Uniformados y funcionarios judiciales quedaron detenidos en el caso que investiga el asesinato de Franco Casco, un joven que vivía en de Florencio Varela y fue secuestrado por personal policial, en Rosario.

Ayer, un total de 31 personas -policías y funcionarios judiciales- fueron detenidos acusados de estar involucrados en la desaparición forzada y posterior asesinato de Franco Casco, un joven que vivía en la localidad bonaerense de Florencio Varela y fue a visitar a sus parientes a Rosario, donde personal policial lo secuestró para llevarlo a una comisaría.

En esa dependencia de acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal federal Marcelo Degiovanni, Casco fue torturado, antes de que su cadáver apareciera flotando en aguas del Río Paraná.

La detención ilegal tuvo lugar el 6 de octubre de 2014, cuando el albañil Casco se dirigía desde Empalme Graneros –donde vivían sus parientes- hacia la terminal de micros de Rosario para volver a Florencio Varela.

Pero nunca lo logró. Efectivos de la comisaría séptima lo interceptaron y lo condujeron a esa dependencia donde, en connivencia con autoridades judiciales, fue retenido por personal policial que, tal como consta en las pruebas forenses realizadas sobre su cadáver, fue asesinado a golpes.

Pasaron 18 días desde su desaparición forzada hasta que, desde el Poder Judicial, se ordenaron las primeras medidas de búsqueda. Pero ya era demasiado tarde, su cuerpo había sido fondeado en el Río Paraná.

Entre los detenidos está el director de Asuntos Internos de la provincia de Santa Fe, Alberto Candia, ya que de acuerdo al fiscal Degiovanni, esta dependencia desatendió “indicios concretos con los que contaba la búsqueda”, pero asimismo desvió “interesadamente la investigación hacia pistas falsas, para encubrir a la policía”.

También fueron detenidos el jefe de la Comisaría séptima y personal del Instituto Médico Legal, ya que el juez federal interviniente, Carlos Vera Barros, considera que en ese Instituto se encubrió “la responsabilidad policial en cuanto a la violencia practicada sobre su cuerpo y hubo una acción activa del personal en ello”.

Y añade que “en el curso de la causa solicitamos el allanamiento del Instituto Médico Legal, porque no hay certeza de que el cuerpo que entregaron a la familia se corresponda con el de Franco Casco. Eso es un nivel de responsabilidad que aún está en análisis”.

Un punto destacable es el texto de la orden emitida por el juez Vera Barros, quien señala que “en la ejecución de la desaparición forzada, la privación ilegal y la muerte están involucradas dos guardias policiales de la seccional séptima, la del día 6 de octubre de 2014 y la del día 7, personal de Asuntos Internos además de las médicas que lo asistieron, y también estarían involucradas tres personas que trabajan en el Instituto Médico Legal de Rosario”.

Modus operandi

“Se siguen sumando hechos de este tipo en la policía de la provincia de Santa Fe”, advirtió el titular del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galiotti, quien añadió que muchos de ellos corresponden a Rosario.

En este sentido, Galiotti instó a reflexionar sobre cómo se forman quienes vestirán los uniformes policiales. “¿Con qué valores se educan y para qué se los prepara, para ser auxiliares de la Justicia en la prevención y lucha contra el delito o para asociarse a organizaciones delictivas y ser ejecutores de acciones de este tipo?”, preguntó retóricamente el dirigente.

Y con claridad recalcó que esta pregunta “es esencial para saber qué representa, cuáles son los valores y objetivos de esta fuerza”.

Asimismo, recordó que en el caso casco los involucrados son policías de la seccional séptima “que es la comisaría que actúa en la zona de la terminal de ómnibus” que es “la zona de la prostitución, del punguismo, el robo, la venta de droga, donde hay varios lugares bailables y prostíbulos”, por lo que “muchas de las organizaciones de robo actúan en esta zona”.

Tras lo que denunció: “ahí la policía recauda, porque sabemos que en la provincia se licitan las comisarías en base a esta recaudación”.

Y sin dudarlo indicó que “la forma operativa de ocultamiento y falsificación de prueba es un procedimiento habitual en casi todas las comisarías de Santa Fe en casos similares al del asesinato de Casco”.

De ahí que remarcara que “estamos ante una fuerza que guarda mucha similitud en los procedimientos con lo que ahora realiza el gobierno nacional con la cadena de encubrimientos a raíz de la desaparición forzada de Santiago Maldonado” y , aunque aclaró que los dos hechos no son comparables “desde lo político”, destacó que “sí lo son desde el accionar de la fuerza preparada para la represión, la tortura, golpear, establecer el control social o detener a tres jóvenes comunista en Santa Fe porque estaban colgando un cartel que preguntaba dónde está Santiago Maldonado”.

Por lo que insistió en que “durante el gobierno del Partido Socialista, no se controló ni se subordinó al poder político a la policía” y recordó que el entonces gobernador, Hermes Binner, designó como jefe de la policía provincial a Hugo Tognoli, quien más tarde fue condenado en un juicio por sus vínculos con el narcotráfico.

Y finalizó: “la policía de Santa Fe no responde a los mandos políticos, tiene objetivos propios, se constituye como una asociación ilícita para cometer y participar de los delitos que más rentabilidad producen en la provincia”, pero asimismo “tiene un carácter represor y de control social, fundamentalmente orientado hacia la juventud”.

LA HORA VIOLENTA 04.09.2017

Desde el estrado hasta Santa Fe

Los detenidos por las represiones en las marchas del viernes llegaron a ser judicializados y tres militantes comunistas fueron presos en Santa Fe.

La jornada del viernes llevó a las masas populares a plazas y avenidas de todo el país en el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero junto a los manifestantes marcharon los infiltrados, de cuyas inoportunas presencias hay hasta registros fotográficos. Merced a eso se abrió la represión policial, también, en todo el país.

En la ciudad de Santa Fe, tres militantes de la FJC fueron apresados y liberados al día siguiente, no sin que antes mediara una fuerte presión del propio organismo en solidaridad con otras organizaciones. Los detenidos fueron Matías Demti, Camilo Gómez y Emanuel Rodríguez, quienes una vez liberados siguieron preguntando dónde está Santiago.

Más de una treintena de prisioneros fue el resultado de esta verdadera cacería y el fiscal federal Ramiro González ya pidió la declaración de los policías intervinientes en la razzia que se llevó a cabo después de la manifestación porteña. En tanto, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, atento a que el caso está federalizado, apeló a las meras y cautelosas investigaciones internas auspiciando la apertura de un sumario interno para que sea la misma policía represora la que investigue su rol.

Pero el asunto es ya federal aunque los detenidos fueran detenidos por “daños”, una contravención que, por otro lado, a sus captores les es difícil de probar. Atentos a ello y a la liberación de todos los detenidos a excepción de uno que es extranjero y que por la detención “le saltaron” problemas de papeles migratorios, desde la Correpi explicaron que, como no hay pruebas, “el destino inexorable de esta causa es el sobreseimiento definitivo”

Sin embargo hay decir que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que ayer liberara a todos los prisioneros por cuya liberación presionaban las bases militantes en Comodoro Py, no es muy de fiar. Baste decir que es el mismo que protegiera de un embargo al service Antonio Stiusso y, por si esto fuera poco, ordenara, infructuosamente, la detención de Hebe de Bonafini.

El digno plantón de la Fede

Los tres militantes de la FJC santafecina habían sido detenidos por colgar una bandera argentina con la leyenda “Macri-Bullrich, ¿donde está Santiago?”. Intervino en esa injusticia la policía de la provincia de Santa Fe, aunque tanto desde la organización como desde el PC pidieron prontamente su liberación y denunciaron el incremento de la violencia institucional.

Particularmente la Fede se plantó con valentía ante la acción policial contra sus militantes. Así, el mismo 1 de septiembre publicó un comunicado en el que públicamente exigió “la inmediata liberación de tres camaradas”.

“Se encontraban en la costanera de dicha ciudad repartiendo volantes e informando en el marco de la jornada nacional en la que se exige que aparezca con vida Santiago Maldonado, cuando efectivos de la policía de Santa Fe los comenzaron a interpelar de manera amenazante y violenta”, informaron los jóvenes rojos. Destacaron que los uniformados se los llevaron a las mazmorras por “averiguación de antecedentes” a la comisaría 3 de la capital santafecina y responsabilizaron del atropello a la policía provincial, al intendente José Corral, al gobernador Miguel Lifschitz y al gobierno nacional que, dijeron, “no ha dejado de agitar los fantasmas de supuestos enfrentamientos”.

Pero eso no es todo, porque desde el PC porteño denunciaron que durante la represión desencadenada a 10 cuadras a la redonda de la Plaza de Mayo, un fotógrafo comunista llamado Dante que se encontraba trabajando en las inmediaciones, recibió el impacto de 4 balazos de goma, uno de los cuales le hirió el rostro.

Dijeron al respecto los rojos porteños: “esta es la verdadera cara del macrismo, que muy lejos de ser una pretendida derecha ‘democrática’ recurre a la más desaforada represión, incluyendo la utilización ilegal de policías de civil y acciones de espionaje sobre las organizaciones populares, con el único fin de desarticular la resistencia a sus planes de entrega y restauración neoliberal”.

Multitudinaria movilización por Santiago Maldonado 04.09.2017

Reclamo, represión y después...

Otra vez un grupo de encapuchados que tira piedras es la excusa perfecta para desatar una cacería. Los logros de la gestión Bullrich y la hora de la conspiranoia.

Después de tomarles declaración indagatoria, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dejó en libertad a los 31 detenidos tras la movilización llevada a cabo el viernes en la Ciudad de Buenos Aires para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La situación de estas personas quedó en manos de este magistrado, después de que la instrucción decidiera que lo que en principio fue considerado “daños”, es decir la calificación más baja del código, pasara a ser resistencia a la autoridad e intimidación pública.

Aunque habrá mucho que decir aún sobre el contenido de las seiscientas fojas que instruyen la causa abierta por estos episodios, lo que sí pudo establecerse es que la mayoría de los detenidos pudieron constatar, fehacientemente, que no estaban en el lugar desde donde un grupo pequeño de individuos comenzó a arrojar objetos contundentes contra personal policial.

También queda claro que, tal como ocurriera el 7 de agosto tras el acto llevado a cabo ante el Congreso, esta vez ninguno de los agresores resultó detenido, pese a que –en ambos casos- los ataques fueron filmados.

Lejos de esto, la brutal cacería se objetivó contra personas que tras concurrir a la marcha o no, se encontraban dentro de un radio de hasta diez cuadras de Plaza de Mayo, y contra trabajadores de prensa que estaban desarrollando su actividad, por lo que queda claro que querían evitar que haya testimonio en imágenes de la represión y, sobre todo, de sus características.

El modus operandi fue similar al registrado el 3 de junio tras la movilización por Ni Una Menos. Pero también al que pocos días antes se vio en la ciudad de Córdoba y, durante la jornada del viernes en Santa Fe, donde fueron detenidos –entre otros- tres militantes de la Fede a quienes se privó de su libertad durante un día.

Por el ataque que individuos que aparecieron tras la movilización del 7 de agosto realizaron contra movileros de C5N y Crónica TV, así como contra dos motocicletas policiales, todavía no hay un sólo detenido, ni siquiera un indicio pese a que –es prudente recalcarlo- todo el episodio está filmado.

Pero no todas son malas para la cartera que preside Patricia Bullrich que, desde esa fecha, esclareció algunos casos trascendentes para la seguridad nacional. Y si para muestra alcanza con un botón, ahí está el del pibe de 18 años de Tapalqué que, celoso, arremetió con amenazas e insultos contra un contacto que su novia tenía en Facebook. “Esteban Cambiemos” no era un amante, sino el candidato a senador. Rápidamente, la prima del postulante de Cambiemos, se jactó públicamente de que el autor de las amenazas, había sido detenido en un mega operativo.

Este no es único éxito que puede exhibir. Al día siguiente de la represión, con su habitual rimbombancia, la ministra Bullrich anunció que personal a su cargo había detenido a una persona que identificó como la autora de amenazas en redes sociales contra la hija del presidente, Antonia Macri. Pero a poco correr el día se supo la verdad ¿Un terrorista internacional? ¿Un lobo solitario? Nada de eso. La persona en cuestión es paciente psiquiátrica alojada en la clínica Solar Colonial. Y, tal como lo hiciera con el testigo protegido del caso Maldonado, Bullrich dio a conocer el nombre y apellido de esta persona, datos que deben resguardarse de acuerdo a la Ley de Salud Mental.

Está claro que la ministra está ávida por exhibir “resultados”. Por eso resulta llamativo que no ponga tanto énfasis en conseguir ni siquiera una pista que conduzca a dar con los responsables de la agresión del 7 de agosto. También lo es que, pese al impresionante operativo policial montado el viernes pasado, no lograra anticipar y neutralizar a no más de cincuenta personas que, tras la marcha, arrojaron piedras e incendiaron contenedores de basura. Al parecer, ni siquiera pudieron aislar y reducir a los atacantes, porque lo que buscaban no estaba en ese grupo.

Es que mientras que los agresores se retiraban como pancho por su casa, la policía desataba una verdadera cacería. El efecto buscado fue claro, desde que terminó el acto hasta pasada la media noche, en todas las pantallas del país la imagen fue aquello que desde la massmedia de gobierno se encargaron rápidamente en calificar como “enfrentamiento”. Este escenario montado y forzado, se replicó con singular despliegue en tapas y páginas centrales de diarios y portales durante todo el fin de semana.

Es que el efecto buscado fue correr el eje de la jornada, seguir embarullando todavía más un escenario en el que, para comenzar, lo único que debería hacer el gobierno es decir qué le hicieron a Santiago Maldonado. Y, por encima de todo, enrarecer el clima social y sembrar terror.

Lo viste por TV

Así las cosas, al día siguiente de la violenta represión, la massmedia de gobierno se centró más en el análisis de los “enfrentamientos” que en el sentido de la multitudinaria manifestación. También tuvo tiempo para amplificar la convocatoria gubernamental a “limpiar” los edificios públicos “dañados”. “Es un ejemplo que le quiero dar a mis hijos”, señalaba una mujer con sus manos enfundadas en guantes de hule, mientras refregaba la fachada del Cabildo en un intento por borrar las huellas que había dejado un papel fotocopiado desde el que la imagen de Maldonado parecía interpelar: “dónde estoy”.

Esto es parte del territorio al que el poder real, que ahora tiene gobierno, pretende llevar el Caso Maldonado. Seguro que para la entrevistada por TN, es más importante que la fachada del Cabildo esté pintada de blanco –así como los libros escolares le dijeron que debe ser- que tener que pensar qué se debe hacer, individual y colectivamente, cuando en nuestro país volvemos a tener una persona que padece desaparición forzada.

Por eso la proliferación de versiones y operaciones rocambolescas que La Rosada y sus propaladoras se encargaron de diseminar durante el último mes. Santiago Maldonado visto en Chile, en un monasterio mendocino, levantado por un camionero en una ruta de Entre Ríos, acuchillado por un puestero de una estancia de Benetton Group e, incluso, raptado y asesinado por integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen.

Pero esto no es todo. Funcionarios oficiales, con la ministra Bullrich a la cabeza, aseveraron que Maldonado es una especie de superagente de un comando armado Mapuche-Farc –alguien debería avisarle que esa fuerza dejó las armas y ahora es un partido político-, también que la comunidad mapuche en cuestión articula con milicianos kurdos.

¿Rocambolesco? Sí. ¿Increíble? No, para quien esté dispuesto a creerlo ¿Acaso la versión del comando venezolano-iraní que habría ultimado a Natalio Nisman no sigue formando parte de los argumentos que desde fuentes oficiales, de la massmedia de gobierno y una parte considerable de la sociedad empujan que la causa abierta por la muerte del fiscal sea caratulada como asesinato? ¿Será casualidad que un poco más de la mitad de las personas con las que cualquiera que esté en Buenos Aires comparte un colectivo haya votado a la principal impulsora de esa hipótesis, Elisa Carrió?

Queda claro que el sector de poder concentrado que gobierna desde diciembre de 2015, apuesta cada vez más a teorías conspiranoicas para explicar por qué la mayoría de la sociedad está peor que cuando Mauricio Macri se instaló en La Rosada. Esta misma matriz sirve para construir una narrativa, en la que encaje la idea de que es necesaria la instalación del Estado policial en cuyo diseño avanza a pasos agigantados. Y, asimismo, para resolver la contradicción que provoca saber que, aunque todo va bien, esto no se refleja en el salario.

Nada de esto es casual. La Sociedad de la Información es un subproducto del sistema capitalista y, como tal, ella y sus herramientas están diseñadas para satisfacer la necesidad de blindar mecanismos que propicien y garanticen la acumulación de capital y la propiedad privada.

En esta dinámica la amplificación y difusión de contenidos falaces es una herramienta medular a la hora de apuntalar un sistema de creencias y construir un sentido común que legitime al capitalismo.

En este escenario, durante las últimas décadas se modificó drásticamente la forma en que las personas interaccionamos, pero también la manera en que tamizamos y ponderamos datos e información y, por lo tanto, aquella en la que nos formamos o adscribimos a una opinión preexistente.

Pero lo hacemos expuestos al efecto que causa la información guiada por el sesgo de confirmación construido a partir de condicionamientos atávicos y la abrumadora contaminación informativa a la que somete la massmedia y la industria cultural dominante y su producto de excelencia, la massmedia que apuntala en el imaginario social una ética que induce a las clases subalternas a actuar en contra de sus propios intereses.

De aceptar que las personas pobres lo son porque son vagos a que Santiago Maldonado es un agente de inteligencia la comunidad mapuche que es lo mismo que Estado Islámico, hay un paso demasiado corto. Y de sentir alivio por la represión policial contra “enmascarados” al “algo habrán hecho”, hay otro paso, quizás más escaso del que imaginamos.

No se conocen casos de personas las que les hayan puesto una pistola en la cabeza para obligarlas a contratar los servicios de Cablevisión, tampoco para que compren Clarín o La Nación. Sin embargo la cantidad de público de estas herramientas propaladoras del poder real nunca –ni aún durante la lucha por la vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales- mermó considerablemente.

Este dato puede ser una clave para reflexionar en la necesidad de avanzar en la construcción de herramientas comunicacionales propias, a escala de la propia realidad que tenemos los sectores agredidos, pero lo suficientemente sólidas –profesional e ideológicamente- como para aportar al diseño de redes que puedan ser alternativa de la massmedia dominante.

Porque, aunque no hay una técnica algorítmica que garantice eficacia absoluta a la hora de enfrentar con éxito a este formidable aparato, está claro que esto no se va a conseguir desde la dinámica de monólogo que ofrece la comodidad de permanecer dentro de la propia comunidad semántica.

 

Marcha en la Plata 04.09.2017

En la calle y movilizados

Se exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado en un importante acto convocado en Plaza San Martín. “Nos han intentado vencer siempre pero no pudieron y no podrán nunca, porque el pueblo está nuevamente luchando y exigiendo que nos devuelvan Santiago con vida” dijo ahí José Schulman.

El jueves 31 de agosto, a un día de cumplirse un mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se llevó a cabo en La Plata un festival y un acto para exigir su aparición con vida.

La actividad que se desarrolló en Plaza San Martín, fue impulsada por la Federación Universitaria de La Plata (Fulp) y contó con la presencia de representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) encabezada por su titular José Schulman, Apdh-La Plata, Comisión Provincial por la Memoria, Hijos Provincia de Buenos Aires y el Espacio por la Memoria de Quilmes.

Además recibió de la adhesión de más de sesenta organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos, entre ellas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y gremios como Atulp y Adulp.

Ahí se dieron cita artistas locales como Pedro Baek y Diego Martez, hubo performances artísticas, pintada de remeras y pañuelos con la cara de Santiago y una intervención con fotos.

Acto

Al promediar la tarde, comenzó el acto con las palabras de la representante de Hijos, Paola Garello, quien recalcó que “la gobernadora, María Eugenia Vidal, no hizo ninguna mención a la desaparición de un ciudadano bonaerense oriundo de 25 de Mayo” y que pese a su larga trayectoria como secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón, “no se refirió públicamente a la gravedad de la desaparición forzada” de Santiago Maldonado.

Después, por el Espacio por la Memoria Quilmes y el Medh, Arturo Blatezky, recordó los casos de amedrentamiento a testigos protegidos como Walter Docters e insistió con que “con Cambiemos se instala una lógica de militarización de la sociedad”.

Tras lo que, en idéntica dirección, Rodrigo Pomares de la CPM fue claro cuando señaló que “desaparecen a Santiago para sembrar el miedo que les permita avanzar contra todos los derechos humanos” ya que “si no respetan el derecho a la vida, cómo van a respetar el derecho a la protesta social, al trabajo o a una vivienda digna”.

Por su parte, por la Fulp hablaron Marcel Aguilera y Ernesto García. Aguilera sostuvo que es importante que la comunidad universitaria se exprese en repudio del accionar del Estado que somete a Maldonado a desaparición forzada y García hizo hincapié en que “no estamos en esta plaza para pedirle nada al gobierno, sabemos que es el gobierno que denigró a nuestros 30.000 planteando que eran un número, que intentó aplicar el 2x1 a los genocidas, que mantiene presa ilegalmente a Milagro Sala”. De ahí que resaltara que “venimos a exigirle a este gobierno que devuelva a Santiago con vida, porque con vida se lo llevaron”.

Y continuó: “no nos vamos a hacer ilusiones ni con el gobierno ni con parte de la justicia” por eso, destacó, “la única forma de que Santiago aparezca es seguir llenando las calles, las plazas, los lugares de trabajo y estudio con su cara, su voz y su reclamo, y el único que tiene que responder dónde está Santiago es el gobierno nacional”.

En este contexto, por la Apdh, Marta Vedio, puntualizó que el accionar gubernamental es coherente, porque “está basado en la estigmatización de la militancia, la represión a la protesta social y la manipulación mediática de sus propios crímenes y delitos”.

Y, para cerrar, Schulman, no dudo al aseverar que “nos han intentado vencer siempre y siempre han creído haberlo logrado, creyeron haber acabado con el reclamo de nuestros pueblos originarios, creyeron haber destruido la voluntad de lucha popular con la represión a los trabajadores, con el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, con las leyes de represión y persecución, con la maldita dictadura genocida”. Pero, recordó, “no pudieron y no podrán nunca, porque el pueblo está nuevamente en la calle luchando y exigiendo que nos devuelvan Santiago Maldonado con vida”.

Reclamo de universitarios y secundarios 04.09.2017

¡Aparición con vida, ya!

Estudiantes universitarios y secundarios de todo el país coincidieron en exigir que el gobierno diga qué hicieron con Santiago Maldonado.

Estudiantes universitarios de todo el país remitieron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) una carta en la que sientan posición sobre la desaparición de Santiago Maldonado y exigen que ese organismo se pronuncie al respecto y a cerca de la “preocupante escalada represiva que en algunas ocasiones incluyó la violación de la autonomía universitaria”.

Y, en coincidencia, representantes de gremios estudiantiles secundarios fijaron postura sobre el mismo tema “y el creciente clima represivo que también se cierne sobre las escuelas”.

En su misiva, los universitarios instan al CIN a pronunciarse “sobre la grave situación y cara afrenta a la democracia que representa la desaparición forzada del ciudadano Santiago Maldonado” y recuerdan que “es labor de la universidad, como institución pública y autónoma, bregar por las libertades democráticas del país, educar a su comunidad en su práctica y tomar posición antes hechos que nos acercan a la práctica subsistente del crimen de Estado, que tantos hijos pródigos le robo a las aulas del país”.

Asimismo advierten acerca de “la carencia de garantías para el ejercicio de la protesta social en nuestro país durante la administración del presidente, Mauricio Macri” y señalan que, “entre las pruebas más duras de esto, se encuentran el encarcelamiento de Milagro Sala, las violaciones a la autonomía universitarias realizadas por las fuerzas de seguridad, las sucesivas represiones a docentes y obreros, la manipulación de telegramas de las últimas elecciones primarias abiertas y simultaneas y, por último, el citado acto, que siendo investigado por la justicia toma estado publico la detención del joven Maldonado, en contexto de represión severa y su consiguiente desaparición”.

Por su parte, los secundarios destacaron que la desaparición forzada que padece Santiago Maldonado, tiene lugar en un contexto en el que también se registra “persecución en nuestras escuelas”.

Al respecto, hacen hincapié en que “nuestro país vive momentos de angustia que no van a tono con el discurso de dialogo que sostiene el gobierno” que, puntualiza, “deja ver su verdadera cara” con la desaparición forzada de Maldonado, perpetrada “en medio de una brutal represión consumada por la gendarmería contra nuestros pueblos originarios en la provincia de Chubut”.

Tras lo que añade que “nos sumamos, como estudiantes, al reclamo motorizado en las aulas por los maestros y profesores para que las escuelas no estén ajenas a esta grave situación que amenaza a nuestro pueblo y, en particular, a los jóvenes que reclaman por sus derechos”.