Derechos Humanos

Derechos Humanos

27.3.18

Que los detengan

La Cámara Federal de Casación Penal, exhortó a que un tribunal oral de San Luis detenga y juzgue a los ex magistrados de esa provincia, Eduardo Francisco Allende e Hipólito Saá, y al militar retirado Alberto Camps, acusados de perpetrar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Camps está imputado en once casos de privación ilegítima de la libertad, pero pese a esto hasta 2014 fue titular del Espacio Cultural Terrazas -es artista plástico-, cuando gobernaba el ahora senador por Cambiemos, Claudio Poggi. En 2004 fue designado a cargo del Subprograma de Seguridad Comunitaria y en diciembre de 2007, al frente del Programa de Inclusión Social. Después -hasta 2009- fue coordinador del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano, cuando gobernaba Alberto Rodríguez Saá.

 

Espejos

En el marco del Mes de la Memoria, en la capital de Entre Ríos, se inauguró formalmente la Muestra gráfica y audiovisual "Espejos". Esta iniciativa que se exhibe en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, busca aportar a la construcción de la Pedagogía de la Memoria. Está organizada por el Consejo General de Educación, Secretaría de Cultura, Registro Único de la Verdad, Subsecretaría de Derechos Humanos, Hijos-Paraná y Abuelas de Plaza de Mayo.

 

Libertad

La Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías dispuso la libertad de Brian De Angelis, de 16 años, quien fue arrestado por error en un allanamiento llevado a cabo por personal de las policías Bonaerense y de la Ciudad, hace más de un mes, en la casa de sus abuelos en Villa La Rana. El caso de Brian sensibilizó a sus vecinos que, en reiteradas ocasiones, se manifestaron ante los Tribunales para proclamar su inocencia. Brian es otra víctima de la creciente violencia institucional. Pasó algo más de un mes en el Instituto Leopoldo Lugones de la ciudad de Azul, lejos de los suyos y recluido injustamente. Ahora volverá a su vida: su trabajo en una carpintería, la escuela secundaria y la posibilidad de probarse en el Club Atlético Chacarita Juniors.

 


 

Represión e impunidad

26.3.18

De paseo

Eduardo Costanzo, alias Tucu, está condenado a perpetua porque perpetró delitos de lesa humanidad, entre ellos por el secuestro y desaparición del dirigente comunista Rubén Tito Messiez. Pese a esto, días atrás fue visto paseando por calles de Rosario con lo que viola la domiciliaria con que fue beneficiado pese a la gravedad de los delitos por los que fuera condenado.

 

Apriete

Lucas Rodríguez va a tener que pagar cincuenta pelotas de fútbol por una sanción que le impuso la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, porque como integrante de la Selección Nacional de Fútbol, Los Murciélagos, grabó un video para pedir a Mauricio Macri que el Estado brinde ayuda económica para que el equipo femenino, Las Guerreras, viaje a un torneo internacional. El director de la Federación, Domingo Latela, reveló que los llamaron desde el despacho de Fernando De Andreis, para pedir “que tomara cartas en el asunto”.

 


 

Allanaron la sede de la Tupac Amaru7.6.2018

Morales es persecución política

El martes a la noche la Policía de Jujuy ingresó al lugar sin mostrar la orden correspondiente. “Seguiremos resistiendo y no tenemos miedo”, recalcó Santiago Hamud.

“Es un episodio lamentable que nos recuerda a las épocas más oscuras de nuestra historia”, denunció Santiago Hamud, miembro de la Tupac Amaru, respecto al allanamiento perpetrado a la sede central que esta organización barrial posee en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Los policías que allanaron el lugar, nunca exhibieron la orden que -según dijeron- había emitido el juez Pablo Pullen Llermanos. Y lo hicieron de la peor manera: entraron con violencia y a los gritos, intimidando a adolescentes y adultos que estaban practicando actividades recreativas.

Asimismo, montaron un vallado que desde entonces impide el ingreso de los abogados e integrantes de la Tupac.

Esta acción judicial se enmarca dentro de una estrategia de persecución y hostigamiento dirigida a la organización que lidera Milagro Sala, que comenzó cuando el radical Gerardo Morales se instaló en el gobierno jujeño.

El constante amedrentamiento y agresiones que fuerzas estatales perpetran contra los militantes de la Tupac, tiene su punto más alto con la cárcel que, desde enero de 2016, padece Milagro Sala.

Pero lo de Morales no termina ahí. La Tupac denunció que el propio gobernador diseñó una red en la que la participan punteros radicales, para llevar a cabo una maniobra que consiste en plantar una cifra fuerte de dinero en su sede y, así, profundizar la demonización que ejerce sobre Milagro Sala y los principales dirigentes de la organización.

Este ataque se enmarca en un contexto en el que es evidente la caída que tiene la imagen de Morales, tras las últimas medidas económicas adoptadas por su gobierno en consonancia con las de La Rosada, que traen más hambre y pobreza a la población.

Hay que recordar que la paritaria que busca imponer desde el Gobierno Nacional tiene un techo del quince por ciento, pero Morales, para no ser menos, ofrece apenas un cinco por ciento de recomposición salarial para los trabajadores de la provincia del norte del país.

Y para poder perpetrar este ajuste descarado, vuelve a montar la persecución política a la organización barrial que ha cambiado la vida de muchos jujeños con la construcción de viviendas, escuelas y múltiples espacios de recreación.

La Tupac resiste

Al respecto, Hamud fue contundente cuando denunció que “esto es un acto más de persecución del gobierno de Gerardo Morales que vuelve a embestir contra la Tupac para montar un circo ante la caída de su imagen”.

Asimismo, advirtió que “Jujuy es un laboratorio de prueba de políticas de ajuste y, sobre todo, de represión, que después se llevan adelante en todo el país”.

Además detalló que “cuando la policía entró, cerró la puerta de la sede y no dejaban salir a niños que realizaban una clase de natación, tampoco a los adolescentes que practicaban voleibol y adultos que tomaban clases de zumba”. Y recalcó: “fueron momentos muy tensos, nadie podía salir”.

También hizo hincapié en que “fue un procedimiento claramente ilegal”, ya que los uniformados “se negaron a mostrar la orden de allanamiento, así que todavía ni siquiera sabemos por qué se metieron en nuestra sede”.

Pero, ante esta situación, fue claro cuando no dudó al sentenciar que “vamos a seguir resistiendo, continuaremos organizándonos y diciéndole a los compañeros de las bases que no tengan miedo, porque eso, es lo que ellos quieren generar”.

CAUSA MARGARITA BELÉN6.6.2018

Alberto Chas, otra vez en el banquillo

El 27 de junio va a comenzar el juicio al ex comisario Chas, que en 1976 participó en la organización de un pelotón de fusilamiento que terminó con la vida de quince militantes.

El 13 de diciembre de 1976 a unos treinta kilómetros de Resistencia, camino a Formosa, personal el Ejército Argentino y de la Policía de Chaco, frenó el traslado de presos políticos y organizó un pelotón que asesinó quince personas. Fue la conocida Masacre de Margarita Belén.

El próximo 27 de junio debe llevarse a cabo la audiencia preliminar de un nuevo juicio por esta matanza. Esta vez se encuentra imputado en la causa el ex comisario Alberto Chas, que participó en el fusilamiento colectivo de 1976.

Chas fue el único imputado absuelto en el juicio oral llevado adelante en 2011 por este mismo caso, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Como consecuencia de ello, en marzo de 2016, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –con los votos de los camaristas Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– anuló la absolución y ordenó al Tribunal Oral de Resistencia que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Al respecto, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Ataliva Dinani, recordó que durante el juicio de 2011, este organismo exigió prisión perpetua para Chas.

Asimismo, el abogado hizo hincapié en que quedó claramente establecida la participación de Chas en este episodio. “Se lo culpa a Chas de haber estado a bordo del primer auto que formó parte del operativo, ya que iba en el vehículo que cortó la ruta para parar a los que trasladaban a los compañeros que fueron fusilados”.

Tras lo que fue contundente a la hora de remarcar que con Chas de nuevo en el banquillo de los acusados, se avanza en una parte del juicio por la Masacre de Belén ya que, “básicamente, la actuación de los militares va a ser parte de un segundo juicio”.

Además destacó que “este hecho es un emblema de la dictadura en nuestra zona, porque cuando esto pasó, las organizaciones estuvieron defendiendo y acompañando a las víctimas y a los testigos, que también son víctimas aunque pudieron sobrevivir”.

Y finalizó: “siempre se tienen muchas expectativas en cualquier procesamiento en que se juzgue a los artífices de la Masacre a Margarita Belén que es un capítulo clave de la represión de la dictadura cívico militar”.

 

AGRESIONES NAZIS A SUTEBA MERLO31.5.2018

Macartismo contra docentes

El local del sindicato en la localidad bonaerense apareció pintado con esvásticas y acusaciones anticomunistas mientras los docentes luchaban en la calle.

El 23 de mayo pasado, mientras los docentes se reunían de a cientos de miles en la Plaza de Mayo para pelear por la educación pública de todos los argentinos, agresores no identificados todavía intervinieron con grafitis ofensivos las paredes exteriores del local de Suteba Merlo. Entre las inscripciones destacó una vistosa esvástica y la curiosa caracterización de “comunistas” para los docentes.

Desde Suteba Merlo emitieron un comunicado en el que repudiaron las que llamaron “intimidaciones”, a la vez que informaron del hecho. “Los que escribieron con tiza nuestra fachada no conocen lo que somos, no saben de dignidad, no saben pelear por los derechos” sostuvieron y agregaron: “sólo cobardes reproducen el odio, ese odio que desde el poder les inoculan día a día”.

“En nuestras manos las tizas construyen patria. En ustedes violencia. No sean cobardes luchen como un maestro, maestros que no se esconden sino que de cara al pueblo ponen el cuerpo en el aula y en la calle”, reprodujeron en el comunicado que, entre otras organizaciones, está suscripto por la Ladh y el MTL.

Peligro y resistencia

Gustavo Muñoz, secretario adjunto de la CTA Merlo-Moreno, caracterizó las pintadas en la sede de Suteba Merlo como “una agresión clarísima al desarrollo popular que vienen demostrando los compañeros, al trabajo de articulación que vienen desarrollando los docentes con los movimientos sociales para poder dar pelea a esta política de ajuste que viene planteando el gobierno”.

Adujo que las acusaciones peyorativas de “comunistas” tienen que ver “con que algunos compañeros también trabajamos en conjunto con ellos, pero fundamentalmente con que a todos los que no estén de acuerdo con los agresores los van a empezar a etiquetar de esa manera como para cerrarnos un poco el camino y ponernos como si fuéramos malos”.

Recordó que a lo sucedido “los docentes lo tomaron con una endereza terrible, con mucha fuerza con ganas de seguir adelante, llamando a todos y todas”. En ese sentido, informó: hemos formado en Merlo un espacio, del cual también forma parte el MTL, que se llama Foro por la Educación Pública y en el que están los docentes y los espacios sociales y sindicales del lugar para abordar este tema”.

“Esto tiene que ver con una política represiva que esta dispuesta a dar el macrismo, concretamente con la orden del FMI”, aventuró el dirigente y, con respecto a la caracterización negativa del término “comunista”, opinó: “quieren volver a viejos tiempos planteándonos como los malos de la película, como los que le comemos la cabeza al resto de la gente como si la gente no fuera pensante”.

Observó que esta acción al fascismo “le va a jugar en contra”, aunque advirtió que tras el gobierno de Othacehé como intendente de Merlo “todavía quedan sus secuaces y punteros, a los que indudablemente molesta que justamente los comunistas mantengan inserción en estos sectores populares”. “Ellos lo toman como un insulto y para nosotros es un orgullo ser comunista”, repuso.

Basta de gatillo fácil29.5.2018

Reclamo para que Jorge Salmo siga preso

La defensa el ex oficial pidió su libertad y su víctima Carla Lacorte, desde su silla de ruedas, exigió que se cumpla la condena de siete años de cárcel en forma efectiva.

El 1º de junio de 2001, en Quilmes, Carla Lacorte volvía de estudiar en la facultad de veterinaria cuando quedó en medio de un tiroteo y un balazo del policía Jorge Salmo le impactó en la espalda. Desde entonces quedó en silla de ruedas. El uniformado que ese día estaba en franco de servicio, participó de una corrida a cuatro jóvenes que habían asaltado un McDonald’s.

Lacorte, militante del PTS, estaba en la vereda opuesta a los pibes, pero Salmo efectuó un balazo que se incrustó a medio centímetro del corazón de la chica que en ese momento tenía 29 años.

“Si Salmo está preso fue por los trece años de lucha contra la impunidad y la represión que llevamos adelante junto a familiares y organizaciones. No fue por la bondad de ningún juez, ni de ningún gobierno. Ahora quieren otorgarle un privilegio que no corresponde ni para los policías de gatillo fácil, ni para los genocidas de la dictadura. Salmo fue condenado a siete años de prisión”, denunció Carla al hablar en un acto donde organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos se pronunciaron en contra de la libertad anticipada del oficial.

Además resaltó que “el sesenta por ciento de la población carcelaria va presa sin condena firme y después cumplen la sentencia en su totalidad, mientras los asesinos de uniforme son premiados con este tipo de medidas”, dijo y fue contundente al alertar que “es un peligro para la sociedad que este libre porque jamás se arrepintió de su accionar, en gran medida, gracias a la impunidad con la que lo benefició la justicia quilmeña”.

Hay que recordar que Salmo fue absuelto en primera instancia y luego tuvo que volver a ser juzgado, ya que el fallo inicial fue modificado por la Cámara de Casación y ratificado por la Corte Suprema.

Por último, la víctima remarcó el aval del Gobierno Cambiemos en estos casos: “Hay que contextualizar este intento de dejar libre a Salmo con el presidente Mauricio Macri que defiende la práctica del gatillo fácil, que jamás se frenó en los gobiernos post dictadura, a través de la llamada doctrina Chocobar”.

CAMPAÑA CONTRA EL APARTHEID28.5.2018

Ese terrible partido en la roca de Sion

La Ladh se presentó en la sede de la AFA junto a otros organismos de derechos humanos para pedir que la selección argentina de fútbol no vaya al Estado sionista a jugar con su par israelí.

Ante la eventualidad de que la selección mayor argentina de fútbol se presente poco antes del mundial Rusia 2018 en Israel para jugar un partido “amistoso” con la respectiva selección del Estado sionista, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), junto a otros organismos de derechos humanos, viene realizando la campaña #Argentinanovayas.

La misma busca denunciar activamente la situación genocida de la que sigue siendo víctima el pueblo palestino con respecto a las políticas imperiales del Estado de Israel, apoyadas cabalmente por los Estados Unidos. La organiza el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino y, en función de ella, la semana pasada un nutrido grupo de activistas se manifestó frente a la sede de la AFA.

La dirigente palestino-argentina Tilda Rabi y la madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas, leyeron un comunicado que insta a que nuestra selección no juegue el 9 de junio contra el equipo israelí y su Estado, que comete bestiales crímenes genocidas desde hace 70 años, incluyendo los últimos contra la Gran Marcha del Retorno y la Nakba (éxodo palestino).

Esta es una nueva campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y se inició tras el reciente incremento de la brutalidad sionista contra el pueblo palestino. En este esquema, ya se había solicitado que la actriz y cantante Natalia Oreiro no se presentara en el recital que iba a brindar el 20 de marzo en el país de Medio Oriente.

El apartheid

Rosa Herrera, integrante del equipo jurídico de la Ladh y del comité de solidaridad con Palestina, aclaró: “cuestionamos este partido, que no tiene nada de amistoso, porque se hace en el marco de los festejos del 70º aniversario de la constitución del Estado de Israel”. “Desde la perspectiva del pueblo palestino, son 70 años del inicio de la Nakba”, agregó.

“A partir de la constitución del Estado de Israel, el pueblo palestino sufre sistemáticamente violaciones de derechos humanos en el marco de un proceso de colonización por parte del Estado sionista”, repuso y recordó que “para ello Israel lleva adelante una política de apartheid que tiene gran impacto en la vida cotidiana del pueblo palestino”.

Detalló que ese apartheid implica “represiones, detenciones arbitrarias e indiscriminadas”. “Hasta principios de este año había por lo menos 450 menores (palestinos) de 18 años detenidos y juzgados por cortes militares”, ilustró después.

“Jugar en el marco de estos festejos, que no tienen nada de festejos, sería ser cómplice del genocidio”, aventuró Herrera en referencia a la selección argentina. Destacó que “en estos días se agudizó la represión” y advirtió sobre un eventual intento de “lavado de imagen de un Estado que está cometiendo violaciones de derechos humanos gravísimas, crímenes de lesa humanidad que toda la comunidad internacional ha condenado”.

Sigue el juicio por su asesinato25.5.2018

Justicia por Diana Sacayán

La querella del Inadi y la familia exigen condena por el travesticidio de la activista, algo que, “si sale, sería ejemplar”, recalcó Ayelen Bicerne.

“Queremos que , de una vez por todas, se haga justicia por Diana”, recalcó Ayelen Bicerne, subsecretaria de Género de Suteba, al referirse al juicio que tiene lugar en la Ciudad de Buenos Aires por el asesinato de la militante trans Diana Sacayán, en el que el Inadi y la familia de la víctima, actúan como querellantes.

Vale recordar que por este delito, Gabriel David Marino, de 25 años, está detenido desde octubre de 2015 y ahora enfrenta la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional que lo juzga, imputado de los delitos de "homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género por odio a la identidad de género y con alevosía y robo".

Este es el primer juicio por travesticidio que se sustancia en la Ciudad. Antes sólo se realizaron dos en el país: los que se efectuaron por los crímenes de Natalia Sandoval y Vanesa Zabala, en Mendoza y Santa Fe respectivamente, pero en esos casos, aunque la sentencia fue perpetua, no se aplicó el agravante de odio de género.

Diana Sacayán fue ultimada a puñaladas, en octubre de 2015, dentro de su departamento del barrio de Flores. Su cadáver fue hallado dos días después -atado de pies y manos- y la autopsia reveló que la víctima presentaba 27 lesiones en su cuerpo, trece provocadas por un arma blanca, presumiblemente con un cuchillo secuestrado en la escena del crimen.

Hablar claro

Al respecto, Ayelen Bicerne es clara cuando insiste con la trascendencia que tiene este proceso al que califica como “histórico”, ya que las querellas del Inadi y la familia de Diana Sacayán “piden condena por travesticidio junto al crimen de odio”.

Y resalta que, “si esto sale, sentaría precedente”, algo que “significaría un paso importante en lo jurídico, visibilizando la particular violencia que sufren las compañeras travestis”.

Por otra parte, la secretaria de Género de Suteba, destacó que “Diana fue un ejemplo de militancia y compromiso”, tras lo que hizo hincapié en que “junto a Lohana y todo el colectivo trans y travesti fue, es y será siempre un claro ejemplo de lucha por la inclusión, la igualdad y la justicia social, las dos fueron luchadoras incansables por los Derechos Humanos”.

También señaló que es preciso “visibilizar las injusticias que este colectivo sufre y denunciar a un Estado que hace oídos sordos a sus reclamos”. Y, en esta dirección, recordó que “las travestis tienen un promedio de vida de 35 años, para la mayoría el sostén económico es la prostitución, debido a la estigmatización, exclusión familiar y escolar”, así como por el abandono que sufren por parte del Estado que, denunció, “no genera políticas para la inclusión real”.

Asimismo recordó que Diana Sacayán tuvo una mirada abolicionista sobre la prostitución y explicó que “hay sectores que buscan reglamentar la prostitución, son justamente los que viven de ella y no hablo de las mujeres, trans y travestis que son llevadas y obligadas por diferentes factores, hablo de los fiolos, los proxenetas, los policías, jueces y prostituyentes”.

Tras lo que puntualizó que “nosotras como abolicionistas, como Diana y Lohana, militamos y luchamos para sensibilizar a la población y a todas sus instituciones para que entiendan que todas somos personas, que todas somos sujetas de derechos” y finalizó recalcando que “no habrá igualdad ni estado de derecho, mientras no haya trabajo real para las trans y travestis, mientras haya travesticidios, transfemicidios y feminicidios”.

Por su parte, al hablar sobre el juicio que se lleva adelante sobre el caso del travesticidio de Diana Sacayan, Florencia Guimaraes, integrante de Furia Trava Feminista, también celebró el pedido de la querella y, sin dudarlo, calificó al momento que vive el proceso como “una instancia fuerte, en la que enorgullece el apoyo del campo popular”.

Asimismo, la dirigente travesti hizo hincapié en que “el juicio por el crimen de Diana, es el juicio de todas las travas”, así como “el de todos estos compañeros y compañeras que abrazan esta lucha” Y fue contundente cuando añadió: “rescato que el movimiento popular dé estas demostraciones ante nuestra comunidad que siempre ha sido tan expulsada y excluida de los espacios públicos y privados”, tras lo que resaltó que “es la primera vez que la justicia machista, patriarcal, misógina y burguesa que tenemos está hablando de un travesticidio, es la primera vez que podemos decirle a la Justicia: Diana Sacayán, como tantas otras compañeras, fue víctima de travesticidio”.

Nuevo caso de violencia institucional25.5.2018

Uber es gatillo fácil

Un miembro de la Policía Federal fuera de servicio asesinó a un adolescente de quince años con su arma reglamentaria mientras manejaba su Uber.

El pasado ocho de mayo, Día Contra la Violencia Institucional, se vivió un nuevo caso de gatillo fácil, política avalada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que ya se cargó a muchos adolescentes de los barrios más humildes del país. En esta ocasión, el hecho ocurrió en Villa Soldati cuando Pablo Emiliano Sueldo, miembro de la Policía Federal, estaba fuera de servicio y utilizó su arma reglamentaria para dispararle por la espalda a Dylan López, ante un supuesto asalto del joven de quince años.

Sueldo estaba manejando su auto de Uber: la empresa que reside en Bruselas y que no cuenta con ningún tipo de los regímenes legales para la función que cumple. Recordemos que sus choferes no son profesionales y no poseen seguridad hacia el pasajero en caso de un accidente.

Pocos medios han difundido esta noticia, denunciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que se en el marco de una intensa propaganda de Uber que transmiten, aún sabiendo el carácter ilegal de la multinacional.

En este contexto, el 17 de abril en el diario La Nación, se publicó una nota sin firma en la cual se defiende la aplicación y se fomenta la cultura de los emprendedores, la libre competencia y se tilda a los taxistas de “mafiosos”.

La mentira de Uber

Al respecto, la Asociación de Taxistas de Capital denunció la ilegalidad de Uber. “Estos hechos demuestran las mentiras de esta aplicación como abanderada de la seguridad. Sus choferes no solo no tienen la profesionalidad, el entrenamiento y la instrucción para un manejo seguro en el tránsito porteño, tampoco tienen seguro para pasajeros a fin de protegerlos ante algún accidente”, dijo el gremio porteño y alertó que “ahora andan armados y sin control”.

Además, desde la central presidida por Alberto Rodríguez se hizo hincapié en el accionar del titular de la multinacional, Mariano Otero, que desconoce las resoluciones del Poder Judicial y que, por lo tanto, actúa de forma clandestina.

Por último, se llamó a seguir luchando contra Uber al afirmar que “los taxistas de la Ciudad y de todo el país seguiremos profundizando nuestra lucha y el reclamo para que el Gobierno de la Caba y el Nacional cumpla los fallos judiciales, cierre la aplicación y sus colaterales. No descansaremos hasta expulsar definitivamente a Uber de la Argentina”.

CORONDA22.5.2018

De las cárceles en la dictadura

En un juicio señero para investigar el rol de las prisiones del Estado durante el último genocidio argentino, dos ex directivos de la cárcel local fueron condenados por crímenes de lesa humanidad.

En Santa Fe se arribó a las sentencias contra dos ex directivos del servicio penitenciario provincial que, en el marco de un importante juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, se encontraban acusados de toda clase de vejámenes contra sus prisioneros. (Este juicio puede ser el puntapié inicial para que se investigue a otras cárceles del país y sus roles durante los años de fuego).

Se trata de los comandantes de Gendarmería que entonces dirigieron la cárcel de Coronda, donde funcionaba un centro de detención de presos políticos: Adolfo Kushidonchi, condenado a 22 años, y Juan Ángel Domínguez, a 17 años, por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe bajo el cargo de “tormentos agravados” a 38 perseguidos políticos y la muerte de dos de ellos, Luis Alberto Hormaeche y Raúl San Martín.

Pese a que los condenados deberán cumplir su pena en su domicilio, Graciela Paccot, integrante de la dirección del PC provincial, destacó la importancia de esta sentencia considerando que es “el primer juicio que se hace en contra de las autoridades de una cárcel constituida”.

Le sumó: “había toda la intencionalidad política de que se produjeran todos estos hechos lamentables”. “Si bien habíamos pedido una mayor condena, celebramos que puedan haber sido juzgados”, dijo la integrante del PC.

También sostuvo que “desgraciadamente, no hubo posibilidad de una condena a otros militares que formaban parte de la dirección de la cárcel, ya que todos fallecieron”. Y remarcó que esta condena refleja “lo que significó la prisión para el terrorismo de Estado, donde se llevó a cabo parte del genocidio que se desató en la Argentina en ese tiempo”.

También destacó la labor de los abogados querellantes, Guillermo Munné y Lucila Puyol, quienes pertenecen a la agrupación Hijos. Esta última se emocionó cuando la jueza dictó la sentencia, debido a los desgarradores testimonios sobre la estadía de los testigos en la cárcel, sobre como operaba la maquinaria del terror y sobre las amenazas de Kushidonchi a los presos. (Una consistía en decirles que sólo iban a salir de allí “locos o muertos”).

Graciela Paccot, además, contó que después del juicio se llevó a cabo una celebración en la calle frente al tribunal, reivindicando a los muertos y desaparecidos de la cárcel de Coronda y a los 30 mil.

“Santa Fe vivió, a mas de 40 años de que ocurriera esto, una fiesta, porque estaban casi todos los compañeros que testimoniaron y todos los presos políticos y familiares de ellos que estuvieron en Coronda”, respuso y añadió que “en ese sentido fue una fiesta de la democracia”.

 

Indagaron a Levin en otra causa de lesa humanidad18.5.2018

Justicia poco veloz

El empresario salteño está siendo investigado por una causa en lo involucra en la detención ilegal de dos personas en 1977.

Marcos Levin es un empresario salteño que ya cuenta con condena -que aún no está firme- a doce años de prisión en otra causa por crímenes de lesa humanidad, fue indagado en una causa en que se investiga la detención ilegal de dos personas durante la última dictadura.

Levin era en esos años titular de la empresa transportista La Veloz del Norte, ahora es investigado por su participación en la detención ilegal y torturas perpetradas, durante 1977, contra Carmen Esteban Juárez, quien era delegado gremial del Sindicato de Mosaístas de Salta.

También por la detención ilegal de Pedro Esteban Juárez Rivera, hijo de Carmen y hermano de Leonardo, del Partido Comunista de Salta.

“Levin niega todo, dice que no conocía a la policía que actuó en esta detención ilegal” contó Germán Lozano, quien integra el PC salteño, en referencia a los uniformados que fueron ya indagados, Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón.

Vale citar que Bocos y Almirón ya fueron condenados en otra causa similar y que, cuando fuera detenido Juárez Rivera, se desempeñaban en la comisaría cuarta de la ciudad de Salta, que fue usada como centro clandestino de detención durante la vigencia del terrorismo de Estado.

Juárez Rivera denunció que durante 1977, su padre fue detenido por personal uniformado de la Policía de la Provincia de Salta que, sin mayores explicaciones, lo trasladaron a los talleres de la empresa de transportes La Veloz del Norte, ubicados en la avenida Tavella y Libertad de esta ciudad, donde fue golpeado por miembros de la policía. Entre los agresores identificó al policía Ramón Figueroa.

Ante esta situación, Lozano recalcó que “la familia Juárez cuenta con todo el apoyo de las organizaciones de Derechos Humanos y con la colaboración de los vecinos que vivían cerca del sitio de las detenciones que fueron testigos de las irregularidades que allí pasaban”.

Suspenso

En 2016, Levin fue condenado a doce años de prisión –aún en suspenso- por la detención ilegal y las torturas perpetradas contra Víctor Manuel Cobos, también en 1977. Cobos era por entonces delegado gremial en La Veloz.

“Esta sentencia fue declarada nula en 2017 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires y fue apelada por Cobos, por lo que se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, refirió Lozano e hizo hincapié en que “debe hacerse justicia”.

Pese a que Levin fue el primer empresario condenado por su complicidad explícita con el terrorismo de Estado y que durante el juicio quedó demostrado que aportó información de inteligencia, diagramas de servicios, domicilios y otros datos sobre trabajadores de La Veloz y su actividad gremial. Todo esto facilitó que los operarios fueran perseguidos y detenidos en el contexto del accionar represivo perpetrado por la dictadura.

Así las cosas y aunque la prueba aportada es mucha, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques -el mismo que puso a dedo por el presidente Mauricio Macri- entendieron que no hubo delito de lesa humanidad y anularon la sentencia.

MEGACAUSA SALTA14.5.2018

Tarde pero, ¿seguro?

A más de cuatro años de que los acusados de crímenes de lesa humanidad en el juicio fueran condenados y posteriormente liberados, en Casación fueron ratificadas las condenas.

La Sala III de la Cámara de Casación Penal ratificó las condenas a siete represores en la Megacausa Salta, en la que se investigaron crímenes en prejuicio de 34 personas, cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar en territorio salteño.

En un fallo que se conoció el viernes, el tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggil y Liliana Catucci, ratificó las condenas a los ex militares Miguel Raúl Gentil, Benjamín Isidro de la Vega; los ex policías de la provincia Joaquín Guil, Julio Oscar Correa, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta y el civil Juan Manuel Ovalle.

Como se recordará, el 20 de diciembre de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a prisión perpetua a Gentil y a Guil, mientras que Correa fue condenado a diez años de prisión, Ovalle recibió una pena de ocho años, Caucotta fue condenado a siete años y Vivas, a cinco años. Estas condenas fueron las confirmadas.

En cambio la Sala III absolvió por el “principio de la duda” al ex guardia cárcel y policía federal Juan Carlos Alzugaray, que había sido condenado a prisión perpetua y también al policía Mario Reynaldo Pachao, que había recibido una pena de ocho años.

Con respecto a los policías Víctor Hugo Almirón y Raúl Eduardo Toledano, que habían recibido penas de diez y siete años de prisión, respectivamente, Casación decidió que el tribunal de juicio deberá dictar una nueva condena reducida. Almirón fue condenado en primera instancia por los secuestros de Oscar Bianchini, Néstor Díaz y Ramón Gallardo. Al respecto de este último, Casación entendió que no tiene responsabilidad.

Justicia morosa

Al respecto, Germán Lozano, referente de derechos humanos del Partido Comunista salteño, se quejó por la lentitud de la Cámara de Casación. “Lo que lastima un poco es la morosidad de que recién salgan las penas”, dijo.

Trasd lo que recordó que “varios juicios que también están en Casación y en el mismo tribunal no salen todavía, como la Causa Metán, la Causa UNSa II, que es la continuación de la Megacausa donde hay varios que también deberían estar en la cárcel pero no lo están”.

Y después de recordar que “durante estos años de espera, por lo que algunos ahora llaman ‘situación abstracta’, comparecieron los represores, Ríos Ereñú, que era comandante del Ejército, Mulhall, que era el señor de la represión en Salta”, recalcó que “los que estaban libres volvieron a estar libres y los que estaban en prisión domiciliaria volvieron a prisión domiciliaria”.

 

VUELTA A LA ARGENTINA10.5.2018

La Liga en contra del retorno del FMI

La Ladh publicó un comunicado expresando su rechazo al ente financiero con el cual el macrismo piensa negociar.

Argentina está sometida a un clima hostil y desagradable que no sólo se debe a las lluvias que no cesan desde la semana pasada sino también al gobierno, que el martes llegó al paroxismo de las políticas de ajuste cuando el presidente Mauricio Macri anunció en conferencia de prensa la vuelta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este marco, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) sacó un comunicado en contra del ente financiero que más patrocina las políticas de ajuste neoliberal a lo largo del mundo y calificó su vuelta como una “subordinación que culmina la recolonización del país y presagia un ciclo de brutales violaciones a los derechos humanos”.

Además, la organización agregó en el comunicado que “las políticas de devaluación salvaje y la suba de las tasas de interés a cifras siderales son parte de la misma operación colonial de atarnos a las cadenas de dominación del FMI” y sostuvo que la entidad dirigida por Christine Lagarde, fue y es “el asistente fiel de todos los gobiernos autoritarios y cipayos desde 1955 y el encargado de la usura internacional”.

Además, aseguró que a “Cambiemos no le importa nada, sólo aumentar la ganancia de los dueños de las empresas de servicios y alimentar un ciclo económico de endeudamiento externo eterno e ilimitado que concentra brutalmente la riqueza y expande al mismo tiempo la pobreza de las mayorías”.

También, interesante vuelta de tuerca, llamó a construir un nuevo proyecto de país que se pueda ver reflejado en una nueva Constitución Nacional que prohíba por mandato popular las relaciones de subordinación con el FMI y toda otra agencia financiera internacional.

“El gobierno y los grupos económicos que han asaltado con voracidad la riqueza del pueblo argentino consuma de esta manera una formidable violación a los derechos humanos tornando en ilusorios los derechos conquistados en años de luchas y reclamos”, observó.

“La demolición del estado de Derecho que llevan adelante, con la complicidad criminal de buena parte del Poder Judicial, tiene en la miseria planificada el sentido último y decisorio”, analizaron desde el organismo y sostuvieron que “hace falta resistir el despojo planificado”.

Pisoteando derechos

Pedro Dinani, integrante del equipo jurídico de la Ladh, adujo que el organismo arribó a estas caracterizaciones “por la experiencia” que tiene en función de “la historia propia de la Argentina en su relación con el FMI”. Señaló que “esto nos remite al 2001”.

Con respecto a esa aseveración, aventuró que “la situación argentina es muy parecida en cuanto a la tonalidad social de los acontecimientos que están pasando, por eso la Liga sale a cuestionar la vuelta a pedir préstamo al Fondo y que el Fondo condicione la política que se va a aplicar sobre millones de argentinos que están sumidos en la pobreza”.

Consideró que toda acción del FMI en nuestro país “va a implicar más marginación y más violencia sobre los derechos del pueblo Argentino”. “Eso es el FMI y para eso está”, enfatizó.

También sostuvo: “el régimen macrista está violando lo que serían derechos humanos de primera clase, que son los derechos políticos, por la detención y la persecución a una cantidad de opositores, con la ayuda del Poder Judicial y con el armado de causas totalmente falsas”.

El abogado de derechos humanos, además, observó que en estos días en Argentina “hay una restricción a los derechos civiles y políticos”. “Se habla ya de régimen, no solamente nosotros sino notables juristas como (Eugenio) Zaffaroni, quien también fustiga el modo en que se están violando los derechos humanos hoy”.

“Con el FMI se va a presentar la anulación del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y los derechos laborales, que son derechos humanos y que, aparte, son los derechos que se llaman de tercera generación, que van a ser arrojados ahora porque son los derechos que evitan la condena al pueblo a la pobreza y la marginación”.

También adujo que “el tarifazo en funciones de la luz, el agua y el gas ya implica una violación a los derechos humanos”. “Nos van a sumir en la pobreza y en la marginación porque el proyecto de país para ellos es el de un grupo reducido, para ellos la mitad de la población argentina está de más”, sentenció.

“No es que vamos a pelear por los derechos de los otros sino que peleamos por nuestros derechos”, expresó y, finalmente, pidió: “que se entienda este concepto porque uno siempre se pone por fuera de esas luchas y puntualmente el sector social que van a fustigar y que están fustigando ahora es el nuestro”. “Si nosotros no salimos a defender nuestro sector social, nuestra clase social, estamos totalmente perdidos”, repuso.

CÁRCEL DE CORONDA9.5.2018

Sentencia y más investigaciones

El juicio por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura llega el viernes a la sentencia, pero prosiguen las investigaciones a implicados durante los testimonios.

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Cárcel Modelo de Coronda durante la última dictadura cívico-militar arribará el viernes a la lectura de las sentencias, que decidirán sobre el futuro de los dos ex directivos del penal durante los años del horror que están siendo juzgados: Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez.

Pero, independientemente de los resultados de esa audiencia prevista para el final de esta semana, lejos está el debate judicial de haber finalizado: los abogados querellantes, Lucila Puyol y Guillermo Munné, solicitaron investigaciones para una treintena de denunciados durante los testimonios, entre ellos 23 agentes del servicio penitenciario santafecino.

También entre los futuros investigados se encuentran gendarmes, agentes de inteligencia del Ejército, profesionales de la salud y, además, dos ex jueces federales, Víctor Montti y Víctor Brussa, que ya purga este último una condena y que fuera el primero de los jueces juzgados en Argentina por su rol durante el último genocidio argentino.

Los hechos presentados en los testimonios y los nombres que los testigos pronunciaran en esa circunstancia fueron abriendo la lista que sumará nuevos investigados a la causa. Por eso, los abogados de la querella solicitaron al tribunal que remita al Ministerio Público “todas las pruebas documentales y testimoniales”.

Con respecto a los dos jueces, Puyol y Munné solicitaron se investigue la responsabilidad de Montti “por los hechos sufridos por José María Ramat, José Villarreal, Orlando Barquín, Miguel Rico y Antonio Fernández” y de Brusa por las denuncias de “René Irurzum y su madre, Ricardo Rivero, José Villarreal, y Juan Carlos Ojeda y Juan Nicolás Piazza”.

Graciela Paccot, integrante la conducción del PC santafesino, valoró todo lo actuado en el proceso, aunque señaló: “sabemos el papel que jugaron las cárceles en el país en el terrorismo de Estado”. “Hay complicidades absolutas en muchos miembros de los servicios penitenciarios”, dijo.

Con respecto a la condena que se espera los jueces emitan el viernes, infirió: “creemos que va a ser muy significativa por cómo se fueron dando los avatares del juicio”. Y agregó: “hay mucho interés de los compañeros querellantes en saber cómo se van a llevar adelante las investigaciones sobre este personal de servicio penitenciario”.

También observó que la cárcel de Coronda, en su carácter de establecimiento modelo, antes de la dictadura tenía políticas muy humanas con sus internos, cosa que rompió el golpe genocida. Recordó que en estos días un preso fue asesinado presuntamente por la banda narco Los Monos, cuyos miembros fueron recientemente condenados y se presume que desde el penal corondino prosiguen con sus negocios.

“Vamos a reivindicar a nuestro compañero Oscar Vázquez, un ex ferroviario que tuvo un testimonio fundamental en el juicio y trabaja en el sur del país, en Río Gallegos y, sin embargo vino a declarar y va a estar presente en la lectura de la sentencia”, dijo finalmente Paccot.

 

CONDENAS CONTRA NAZIS4.5.2018

Odiar también se paga

En Mar del Plata culminó el proceso judicial contra ocho jóvenes neofascistas, seis de los cuales deberán cumplir penas de hasta nueve años de cárcel.

Tras meses de debate judicial, el proceso contra ocho jóvenes partidarios nazis que habían realizado diversos desmanes y actos de odio racial, misógino, homofóbico o anticomunista en Mar del Plata, arribó a las sentencias. Seis de ellos deberán cumplir penas que van de cuatro a nueve años de cárcel, en tanto que uno fue absuelto y otro deberá ser sometido a tratamiento tutelar.

Los imputados son Oleksandr Levchenko, Alan Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás y Franco Caputo, Franco Pozas y Giuliano y Giordano Spagnolo. Se los acusó, entre otros crímenes precisos, de integrar una organización destinada a imponer sus ideas nazis por la fuerza, delito previsto y sancionado a través del artículo 213 bis del código penal.

Este delito fue comprobadamente cometido por los acusados en concurso ideal con el de pertenecer a una organización y realizar propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico, reprimido en el artículo 3 de la Ley 23.592. Esto hace que el juicio resultara significativo ya desde antes de que se dieran a conocer las sentencias, a las que Pedro Ferrer, secretario del PC marplatense, caracterizó como “condena ejemplar”.

El proceso a estos violentos movidos por la ideología del odio fue posible gracias a que en febrero del 2016, la entonces procuradora general de la Nación (hoy desplazada por el macrismo), Alejandra Gils Carbó, creara un equipo de trabajo integrado por los titulares de las fiscalías federales 1 y 2 de Mar del Plata, para “que intervengan conjunta o alternativamente en las causas que tramiten en ese distrito, vinculadas con actos de discriminación contemplados por la Ley 23.592 o con las conductas previstas en el artículo 213 bis del Código Penal”, expresamente.

Los jóvenes que deberán purgar en la cárcel crímenes como golpizas y amenazas a miembros de colectivos en lucha social, admiran a Hitler, se saludan entre si con el gesto de “siegheil” y se exhibían con armas blancas como cuchillos y manoplas. Golpearon y amenazaron a trans y militantes feministas y escracharon con sus simbologías locales partidarios del FpV. A fines de 2015 apalearon salvajemente a un activista homosexual.

Condenas ejemplares

Los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Bernardo Bibel condenaron a Levchenko a nueve años y medio de cárcel, a nueve años a Olea y a Paniagua, a ocho años y sies meses a Nicolás Caputo, a cinco años y medio a Giuliano Spagnolo, a cuatro años y medio a Pozas y a dos años de tratamiento tutelar a Marcos Caputo. Fue absuelto Giordano Spagnolo.

Extrañamente, el fiscal Juan Manuel Pettigiani, en su alegato había pedido penas mucho menores a las dictadas, pero la querella no trepidó un segundo y, ante la comprobada existencia del móvil nazi en los crímenes de los condenados, llegó a solicitar hasta quince años de cárcel.

Al rol del fiscal, Pedro Ferrer lo consideró “lamentable”. “No se podía esperar otra cosa ya que es el hijo del juez (Eduardo) Pettigiani, un conocido de ultra derecha peronista de Mar del Plata”, repuso y observó que, no obstante, “su posicionamiento fue destruido y se demostraba claramente que no había ningún motivo para ablandar la pena a estos tipos”.

También señaló que el abogado defensor de los criminales, Cristian Moix, “fue candidato a presidente de la Federación Universitaria marplatense en los años noventas y es parte del radicalismo”. Por eso, manifestó: “detrás de esto también está el radicalismo, no solamente la ultra derecha” y “ellos tienen negocios con estos tipos”.

El secretario marplatense del PC valoró el fallo como “un triunfo destacado del campo popular, que viene jugando un papel importantísimo para acorralar a los sectores de ultra derecha”. Agregó: “es importante rescatar el trabajo de la asamblea antifascista, un espacio pluralista que comulgó a muchas organizaciones y en el que nosotros tuvimos una participación, sobre todo desde la Fede”.

“Esto demuestra que si el campo popular resiste y se organiza, puede limitar las aspiraciones del bloque de poder”, analizó después. También consideró que la posibilidad de referenciar entre los acólitos del nazismo a estos criminales con sus condenas a prisión “es un riesgo, pero por supuesto nosotros preferimos que estén en la cárcel”.

Finalmente, remarcó que sobre los crímenes juzgados “todavía quedan causas pendientes”. En ese sentido, imputó: “acá no se tocó la causa de la Catedral, en el Encuentro de Mujeres de 2015 y, además de resolver esas causas, hay que avanzar hacia una política de prevención de estas corrientes intolerantes, xenófobas y anticomunistas”.

Reunión de la Ladh para generar un plan nacional3.5.2018

Por los Derechos Humanos

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre realizó una reunión de abogados a nivel nacional que se llamó “Alberto Pedroncini”, en homenaje al defensor de los derechos humanos que falleció el año pasado a los 94 años.

La Ladh tuvo su reunión nacional de abogados, con el objetivo de acordar un plan de acciones con dos decisiones centrales. La primera, sumarse a la lucha por una nueva Reforma Constitucional que haga realidad los derechos proclamados y nunca cumplidos en la Constitución Nacional. La segunda, convocar a un foro mundial por la libertad de los presos políticos, que se realizará en julio de este año.

La confluencia fue de delegaciones de Rosario, Córdoba, Concordia, San Juan, San Rafael, la localidad rionegrina de Fiske, Formosa, La Rioja, San Martín, Lomas de Zamora y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más la presencia de militantes históricos como Mario Elffman, Carlos Zamorano y Carlos Sterskin, entre otros.

Ahí se trabajó en la construcción de un plan de acción para enfrentar al Gobierno Cambiemos “que intenta arrasar con todas las conquistas, algunas producto de décadas de luchas, en un proceso que se lo consideró como demolición del Estado de Derecho, situación de carácter regional que es resultado de una campaña continental de recolonización imperial norteamericana”.

Al respecto, Héctor Trajtenberg, abogado de la Liga, remarcó la importancia de este encuentro, ya que “estuvimos compañeros de muchas provincias que hicimos un intercambio de opiniones en lo que respecta la situación jurídica de los derechos humanos en todo el país”.

Además, Trajtenberg, resaltó que se debatieron temas importantes como “la actuación del Poder Judicial ante este contexto nacional y regional, y el aumento de la violencia institucional, la represión desatada contra los trabajadores y pueblos originarios, entre otros colectivos vulnerables”.

Pero, fundamentalmente, “se habló sobre la defensa de los derechos humanos sociales” ya que, recalcó Trajtenberg, “es preciso trabajar la problemática de la vivienda, los desalojos y restricciones que suelen venir acompañadas de un alto grado de violencia por parte del Estado”.

DERECHOS HUMANOS23.4.2018

El curro de Garavano

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación saludó a los deudos de Carlos Chasseing, gobernador de facto de la última dictadura en Córdoba, fallecido recientemente.

Carlos Chasseing falleció la semana pasada. Tenía más de 90 años de edad y muchos de servicio en las Fuerzas Armadas Argentinas. Como General de División y sin que nadie lo votara, llegó a ser gobernador de Córdoba, la segunda provincia más rica de la Argentina y uno de los mayores focos industriales de Sudamérica. Ejerció ese cargo entre 1976 y 1979, por lo que es uno de los responsables del último genocidio en la provincia mediterránea.

A la luz de las terribles cifras que ilustran los años de plomo en aquel lugar, corazón de la Argentina continental, Chasseing, acólito del múltiplemente condenado genocida Luciano Menéndez, fue beneficiado con la Ley de Punto Final y se salvó de purgar sus últimos días en la cárcel. Se podría decir, entonces, que murió impune si no por sus crímenes de lesa humanidad sí por su rol político en la última dictadura cívico-militar.

Pero estos tremebundos antecedentes no arredraron al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, para que este, dejando claro cuál es la política de derechos humanos del macrismo, publicara un aviso fúnebre lamentándose por la muerte del dictador cordobés en el diario La Nación, en cuyas páginas de obituario suelen encontrarse interesante sorpresas.

En la esquela funeraria el ministro no omitió su cargo político y saludó al hijo del ex gobernador de facto y a su familia “en este momento de dolor”. El gesto motivó la pronta reacción de organismos de derechos humanos, que a través de una carta juzgaron “inadmisible” el mensaje de condolencias.

“No sólo ofenden y agravian la memoria de las víctimas del Terrorismo de Estado, sino que manifiestan, una vez más, que su sentir más profundo es contrario al avance de la Democracia y los Derechos Humanos”, dijeron los organismos que, además, sumaron el pedido de renuncia del funcionario. “Debería dejar la cartera que ocupa en manos de alguien que realmente quiera aportar a la construcción de la Justicia y los Derechos Humanos en nuestro país y no que defienda y salude a genocidas”, reclamaron al respecto.

La renuncia que no se da

Cuando el 2x1 intentó ser instituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para liberar a genocidas, el ministro, lejos de sumarse al unánime y masivo repudio popular, salió a avalar el dictamen de la corte. Poco antes y a meses de haber asumido su cargo, se reunió a puertas cerradas y en secreto con Cecilia Pando, audaz y reconocida defensora de los más tremendos genocidas.

Con el saludo a los deudos de un dictador provincial, ahora Garavano no hace otra cosa que dar “una muestra más de cuál es centralmente la ideología de este gobierno”, según opinó Solana López, secretaria del PC de Córdoba. “No alcanza con decir que son neoliberales sino que claramente parte de su ideología es el fascismo”, sumó la dirigente comunista.

También adujo que la del ministro es “una posición totalmente antidemocrática” y “de desprecio hacia la vida humana, por reivindicar a alguien que fue condenado por haber sido interventor en la dictadura militar”.

Recordó que Garavano “ya venía llevando adelante una acción que representa lo que en algún momento se planteó como la teoría de los dos demonios”. “No sólo se trata de ese discurso, que de alguna manera termina convalidando o silenciando a las víctimas, sino de la reivindicación del genocidio”, aventuró después.

“Si saluda a alguien que ha sido un ejecutor necesario, desde la administración pública, para que se lleve adelante el genocidio que vivimos en la Argentina, evidentemente estamos ante una convalidación del genocidio”, observó y analizó que Garavano con sus actos “prepara un terreno para quitar el cuerpo del Estado en el acompañamiento de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia”.

López también convalidó la exigencia de la renuncia del ministro presentada por los organismos de derechos humanos “porque no es menor que una persona con ese pensamiento y con esa acción este llevando adelante ese ministerio”. “Esta ahí porque representa un proyecto político”, remarcó.

 

DANIEL SOLANO20.4.2018

El olvido a un desaparecido en democracia

Ante el silencio mediático y aún político, se está realizando el juicio por la desaparición del peón golondrina en 2011, en Río Negro. Esperando justicia murió su padre, que nunca dejó de luchar por el esclarecimiento del caso.

Daniel Solano había nacido en Tartagal, Salta. Hoy tendría 33 años. Pero se encuentra desaparecido desde la madrugada del 5 de noviembre del 2011, tras haber sido detenido por la policía rionegrina en Choele Choel, adonde había ido para trabajar en las cosechas de frutales como “peón golondrina”. Había sido detenido tras protestar contra Expofrut por la precariedad con que él y sus compañeros debían trabajar.

Ahora se está consustanciando un juicio por esta desaparición en tiempos de democracia y las sospechas recaen sobre los empresarios. Planteado así, el caso resulta paradigmático para comprender la violencia punitiva de la burguesía contra los trabajadores, aún para ilustrar la lucha de clases. Pero, sin embargo, el nombre de Solano brilla por su ausencia en los mentideros públicos, como si quemara.

Ahora, siete policías provinciales rionegrinos se encuentran en el banquillo de los acusados y el caso es sólo uno de los casi 200 que implican a ciudadanos secuestrados y desaparecidos en manos policiales desde 1983. Daniel Solano es, entonces, hermano de memoria y lucha con Jorge Julio López, Miguel Bru y Luciano Arruga, entre otros.

Oportunamente y pese al poco ruido que este caso emite en estos días, la desaparición de Solano en el marco de un fino trabajo de inteligencia de la policía y de persecución empresarial, generó sus revuelos. A un mes de la desaparición, por ejemplo, el Congreso Nacional derogó el Régimen de Trabajo Agrario para reemplazarlo por un nuevo Estatuto del Peón y la Ley de Trabajo Agrario, creándose el Renatea, desguasado después por el macrismo y por sus aliados del gremio esclavista, Uatre.

Ahora, cuando altos funcionarios de la belga Expofrut fueron premiados por el macrismo (su principal directivo en Argentina cuando Solano desapareció, Fernando Oris de Roa, fue nombrado por Macri embajador de Argentina en Estados Unidos), en el juicio se están elucidando las maniobras de la empresa para instalar, sin mayores éxitos, la falsedad de que, simplemente, el joven había ido a Neuquén.

Mientras esto pasa en el proceso que busca Justicia, tras años de incansable lucha por la verdad, Gualberto Solano, padre del desaparecido, falleció al comenzar este mes. Andrea Reile, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) de Río Negro, publicó sus impresiones del hecho.

La flor sin tumba

“Murió el papá de Daniel Solano. Murió Gualberto pidiendo justicia, pidiendo llevar una flor a la tumba de su hijo. Murió Gualberto sin poder encontrar el cuerpo de su hijo”, se quejó la activista y afirmó: “Daniel fue asesinado por la policía corrupta de Río Negro, su cuerpo aún no ha sido hallado, en este momento se lleva adelante el juicio contra 7 policías por privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado”.

“Gualberto, el papá de Daniel pasó sus últimos seis años de vida reclamando el cuerpo de su hijo, sus marchas, acampes, huelgas de hambre y un sin fin de reclamos no sólo por justicia, sino para que un padre tenga donde llorar a su hijo”, agregó y observó: “Daniel, salteño de origen guaraní, al igual que muchos sufrió la discriminación de ser norteño en una sociedad racista y sectaria”.

“Daniel fue contratado por Agro Cosecha SRL para trabajar en Expofrut Univeg. Su papá siempre dijo que a su hijo lo mataron por reclamar un salario justo para él y sus compañeros. A Daniel lo sacó de un boliche bailable la policía de Río Negro, se lo llevaron la madrugada del 5 de noviembre del 2011 y nunca más se lo volvió a ver”, historió la abogada de derechos humanos.

“Gualberto lo busco, lo llamó, lo lloró, resistió a la tristeza y la desesperanza, luchó contra la corrupción, la mentira, contra la connivencia entre la policía y el poder”, manifestó después y enfatizó: “seguiremos levantando el grito de justicia esperando encontrar el cuerpo de Daniel”. “Hoy levantamos la bandera de Gualberto, reclamamos Justicia”, dijo finalmente.

A 42 años de su desaparición12.4.2018

Homenaje al Negrito Avellaneda

Fue convocado por la Ladh y se llevara a cabo en Campo de Mayo. “Cambiemos vino a arrasar de un plumazo todo lo que, durante 42 años, se fue construyendo en materia de derechos humanos”, denunció Iris Pereyra de Avellaneda.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), organizó para mañana viernes, un acto en homenaje a Floreal El Negrito Avellaneda, que va a tener lugar a 42 años de su secuestro y desaparición forzada.

La cita es, entre las 11 y las 18 horas, en Campo de Mayo, el mismo predio al que llevaron al Negrito y a su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, tras secuestrarlos.

Sobre el acto, Iris reconoció que la idea del homenaje surgió de José Ernesto Schulman, quien es secretario nacional de la Ladh, organismo que tiene a la madre del Negrito como copresidenta.

“Yo siempre soy de la que están todos los años cuando se hace el acto en Campo de Mayo, pero este año no pude entrar”, recordó iris y añadió que fue ahí cuando Schulman le respondió: “’Iris no te hagas problema, vemos haber si podemos entrar para hacerle un homenaje al Negrito’ y, así, mandamos una nota y contestaron que si”.

Del acto también participarán representantes de diversas organizaciones políticas y de derechos humanos, entre ellos el Partido Comunista y La Fede, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, Memoria, Verdad y Justicia de San Martín etcétera y miembros de la comunidad educativa de la escuela 27 del Municipio de Escobar, que lleva como nombre Negrito Avellaneda.

Un parque de Memoria, Verdad y Justicia

En este contexto, Iris Pereyra resaltó la pertinencia de este homenaje “teniendo en cuenta todo lo que se está viviendo con el gobierno de Mauricio Macri”, tras lo que hizo hincapié en que se va a aprovechar el acto “para dejar en claro que no se quiere que Campo de Mayo se transforme en un parque nacional y que debe ser un parque de Memoria, Verdad y Justicia”.

Es que, explicó la copresidenta de la Liga, “ahí desaparecieron entre seis mil y siete mil personas”, algo que “no se puede olvidar”.

Y fue clara cuando apuntó a quienes ocupan La Rosada por esta nueva iniciativa. “Nada podemos esperar de este gobierno que vuelve las cosas cada día peor para el pueblo” sostuvo Iris y recalcó que “Cambiemos vino a arrasar de un plumazo todo lo que, durante 42 años, se fue construyendo en materia de derechos humanos. No tienen sentimientos ni tienen vergüenza, no tienen nada. Es terrible la situación que se está viviendo”, lamentó.

Vale recordar que Iris Pereyra de Avellaneda fue privada de su libertad el 15 de abril de 1976, junto con su hijo. Ese día un grupo armado que dependía operacionalmente del Ejército Argentino los secuestró de su domicilio ubicado en la calle Sargento Cabral 2305 de la localidad bonaerense de Vicente López. Los llevaron a un centro clandestino de detención que funcionaba dentro del predio del Ejército, en Campo de Mayo donde ambos fueron torturados.

Una fiscalía para un defensor de genocidas12.4.2018

Designan a Santiago Ulpiano Martínez

Organismos de Derechos Humanos rechazaron el nombramiento. Desde el PC de Bahía Blanca, Guillermo Colantuono instó a profundizar la lucha por los derechos humanos en “una confluencia que debe transformarse en unidad en otros frentes”.

“Martínez siempre bastardeó los procesos contra los genocidas”, dijo Guillermo Colantuono, secretario del Partido Comunista de Bahía Blanca e integrante de la mesa Juicio y Castigo, ante la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de esa ciudad bonaerense.

El repudio de los organismos de Derechos Humanos ante este nombramiento fue inmediato: “su actuación como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, expresaron en un comunicado.

Vale recordar que en su carácter de juez subrogante, Martínez rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas, realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal.

Pero esto no es todo. También, se negó a investigar los delitos sexuales perpetrados en ese Cuerpo del Ejército.

Y, actualmente, es investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de su actuación en el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca.

Unidad y acción

Colantuono hizo hincapié en el contexto de esta designación y sin dudarlo denunció que “es una provocación que el gobierno lo vuelva a nombrar como fiscal de Bahía Blanca”, tras lo que recalcó que esta designación no resulta extraña en un marco nacional y regional “de clara ofensiva de la derecha” que presenta casos como el encarcelamiento de Lula Da Silva y el asesinato de Marielle Franco.

En este contexto, remarcó la importancia de la lucha por los Derechos Humanos, algo que “exige un mayor grado de unidad, algo que practicamos desde la Mesa Juicio y Castigo, donde entendemos que la confluencia en defensa de los derechos humanos debe transformarse en unidad en otros frentes”.

Además de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre los organismos que hicieron público su rechazo a la designación de Martínez, están Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Hijos y Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca.

Santiago Hamud y los desafíos de la hora17.4.2018

hay que tener coraje y ponerle el pecho

Pocas horas antes de ser encarcelado, el joven comunista de Jujuy habló con NP diario de noticias. “Quieren intimidarnos para que dejemos de militar” recalcó y añadió que la respuesta es “salir a la calle, militar con más fuerza, seguir haciendo política y construir en todos los frentes de masa”.

-Hablemos sobre las intimidaciones que viene sufriendo en los últimos días...

Ha sucedido que se han presentado personas de civil en la casa de mi madre y de mis vecinos buscándome, diciendo que eran de la Policía Federal. Cuando mi madre me comenta esto voy inmediatamente a la Policía Federal, me presento allí y les manifiesto que si me necesitan aquí estoy, les pregunto por qué me están buscando. La Policía Federal empieza a buscar entre los papeles y me dicen que nunca me estuvieron buscando, que nadie de allí me está buscando. Me manifiestan que me conocen, que me están custodiando a mí y a mi abuela. Y me dicen que seguramente son de la Brigada de Investigaciones que se hacen pasar por nosotros. Más adelante me entero que también fueron a la casa de mis tíos y a la casa de mi abuela, las mismas personas, haciéndose pasar por policías federales. Entonces el abogado Luis Paz, que también es abogado de Milagro Sala, fue a la Brigada de Investigaciones y constató que no había orden para mí, que nunca me estuvieron buscando. Después volvimos a la Federal, a la Brigada de Investigaciones y a Tribunales y, nuevamente, nos dijeron que no me están buscando. Es muy raro lo que pasa.

-¿Esto tiene relación con la persecución política que, en Jujuy, se perpetra contra organizaciones políticas y sindicales y con el avance de la derecha en el país y la región?

Sí, no hay duda de eso. Esto es parte de este clima de avanzada de la derecha, en Argentina y en toda Latinoamérica. Aquí también detuvieron al ex gobernador, Eduardo Fellner, y a otros ex funcionarios de manera arbitraria e irregular, como vienen haciendo en todas estas detenciones. Tenemos más presos políticos en la provincia de Jujuy y esto es muy importante que lo tengamos en claro, más allá de nuestra posición política. Por ejemplo, nosotros hemos sido opositores a Cristina y a Eduardo Fellner, pero todos los camaradas debemos reconocer que están siendo detenidos de una manera arbitraria, ilegal, ilegitima y que son presos políticos.

-¿Qué deben hacer las organizaciones políticas y sociales para frenar esto?

Es importante denunciar en el Poder Judicial cada amenaza, cada intimidación. Por ejemplo, en 2016, yo había recibido amenazas e hice las denuncias. Por lo menos dejamos constancia y ahora lo estamos haciendo, de esta situación. Además es necesario denunciar en los tribunales nacionales e internacionales. Pero es fundamental seguir peleándola en la calle y seguir construyendo política y poder popular. Y construir nuevas mayorías, porque esto se va a terminar el día que deje de gobernar la derecha en Argentina.

-¿En Jujuy y este contexto, cómo es militar en una organización del campo popular?

En Jujuy, desde que Gerardo Morales es gobernador, se vive un momento de muchísimas irregularidades en el Poder Judicial que, claramente, arranca desde la prisión arbitraria e ilegal a Milagro Sala. En este contexto, hay que tener coraje y ponerle el pecho, no hay que dejarse intimidar. Estas cosas que hacen son para intimidar, para que dejemos de militar y de salir a la calle. Por eso, como respuesta, es necesario salir con mucha más fuerza a la calle, a militar, no hay que dejarse intimidar. Estos son mensajes para todos los compañeros, por eso digo que a nosotros no nos pueden intimidar estas cosas tenemos, que salir con más fuerza, tenemos que estar en la calle, debemos seguir teniendo presencia y seguir haciendo política. Y, sobre todo, seguir construyendo en todos lados insertándonos, en todos los frentes de masas. Esta es la respuesta que debemos dar a los aprietes de la derecha de nuestro país.

RECORRIDA POR CAMPO DE MAYO17.4.2018

Caminando por un pasado muy presente

Los comunistas, la Ladh y otros organismos de derechos humanos realizaron una caminata por Campo de Mayo a 42 años del secuestro del Negrito Avellaneda, que estuvo detenido y fue torturado allí.

El viernes trece el PC y la FJC desafiaron las supersticiones del vulgo y recorrieron las temibles instalaciones que, durante los años de la última dictadura cívico-militar, sirvieron de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en Campo de Mayo, el cual aún no ha sido debidamente señalizado como lo que fue y que busca ser convertido por el presidente Macri en un parque nacional, en una suerte de lógica que puede resumirse en la expresión “circulen, circulen, que acá no pasó nada”.

Los rojos acudieron a la cita, sumados a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) y otros organismos de derechos humanos, con el objeto de conmemorar con su presencia militante los 42 años transcurridos desde el secuestro del joven comunista Floreal Negrito Avellaneda, visto vivo por última vez en Campo de Mayo y desaparecido desde que lo secuestraran y torturaran, con inaudita saña, los genocidas a sus 14 años de edad.

Durante la recorrida, de la que participó la copresidenta de la Ladh (y madre del Negrito), Iris Pereyra de Avellaneda, los caminantes pudieron apreciar que las instalaciones, que debieran estar señalizadas y establecidas como espacio de la memoria por haber albergado al mayor campo de concentración de Nuestra América, se encuentran irreconocibles y en ruinoso estado.

Esto no impidió que Iris Pereyra, que también fuera secuestrada y posteriormente encarcelada y torturada en estas mazmorras, reconociera los lugares de su cautiverio y oficiara de guías para los visitantes en la dolorosa pero luchadora y memoriosa recorrida.

“Ya no queda nada”, se quejó la veterana activista de derechos humanos y agregó: “lo único que quedó en el lugar son dos casonas porque los galpones, que es donde nos tuvieron a nosotros en cautiverio, fueron destruidos y quedaron sólo los cimientos”.

“Ahora quedan ruinas, en un abandono total”, señaló e informó: “la zona es media inaccesible, con muchos árboles y vegetación, imposible”. No obstante, más de medio centenar de militantes de derechos humanos hicieron su reconocimiento de lo que queda y homenajearon al Negrito, cuya militancia ilustra tanto la memoria como las posibles acciones para estos duros días que corren.

Con ellos estuvieron algunos militantes comunistas del extranjero, todos jóvenes que acudían como invitados al 14º Congreso de la FJC, que iría a inaugurarse en esa misma jornada. Eran de Portugal, de Uruguay, de Colombia y de Rusia. “Es importante que militantes de todo el mundo conozcan el ejemplo del Negrito”, dijo Pereyra y consideró que “lo que se ha sembrado a partir de la desaparición del Negrito ha tocado en todos lados y el libro con la historia de Floreal llegó a los cuatro puntos cardinales”.

La resistencia es alegre

Iris Pereyra dijo estar, luego de la recorrida por el espacio de su cautiverio y de su hijo, “muy contenta, porque estuvieron los compañeros de la Fede, que se encontraban realizando su congreso”. “A pesar de que fue un lugar muy trágico resultó muy buena la visita”, dijo y señaló: “es muy grato sentirse tan acompañado”.

En esa ocasión los discursos resaltaron el valor del Negrito y, en boca de José Schulman, secretario de la Ladh, los delegados extranjeros al congreso de la FJC y los organismos que en Belén de Escobar lograron ponerle el nombre del joven militante desaparecido a una escuela, dieron la pauta de que acá nadie está vencido porque hay memoria y empuje.

“Dejamos colocado en una de las habitaciones un cuadro de Floreal y un compañero de la Fede dejó su pañuelo ahí en forma de homenaje”, observó Pereyra y agregó: “fue una actividad que sirvió también para marcarle la cancha al presidente y decirle que nosotros no olvidamos y que siempre vamos a luchar por los desaparecidos”.

“Jamás vamos a permitir que ahí se haga un parque nacional”, aseveró con firmeza. Después adujo: “con tanta malaria que se está viviendo siempre es bueno recordar al Negrito”. “Los jóvenes son los que tienen que continuar la lucha de Floreal y de todos los desaparecidos”, le sumó.

“En ellos depositamos la esperanza de seguir manteniendo viva la memoria de los desaparecidos”, señaló la activista en referencia a quienes forman parte de las generaciones que la siguen en la lucha. “La lucha por los derechos humanos no es ningún curro y allí estaremos para que eso quede bien clarito”, apuntó.

MÁS DETENCIONES EN JUJUY17.4.2018

El espejo de la dictadura

Once militantes populares fueron detenidos, tras una terrible razzia nocturna, por la policía provincial. Se los alojó en distintas comisarías y estaban “marcados”, simplemente, por manifestarse en contra del gobernador.

Durante la noche del viernes pasado y hasta la madrugada del sábado siguiente, la Brigada de Investigaciones de la policía provincial jujeña desplegó una violenta razzia, con armas largas, tras la cual fueron detenidos once militantes populares, entre ellos el comunista Santiago Hamud, dirigente de la juventud de la Tupac Amaru.

Las detenciones, realizadas con suma violencia en horas nocturnas, como en la dictadura, importunaron no sólo a los detenidos sino también a sus familiares, que sufrieron toda clase de atropellos a sus derechos por parte de los uniformados, cebados de impunidad.

Los nuevos once presos políticos del régimen de Gerardo Morales en Jujuy, habían sido “marcados” durante la protesta pacífica (salvajemente reprimida) realizada a comienzos de abril frente a la Legislatura provincial con motivo de la inauguración de sesiones ordinarias de la misma por parte del gobernador.

La Justicia jujeña, que viene dando ya incontables señales de accionar para garantizar la gobernabilidad mejor que nadie en una provincia aquejada por la violencia desde el Estado, la pobreza y la desocupación creciente, de esta manera sumó otro capítulo de persecución a la protesta social.

Recordemos que la manifestación de la cual participaron los detenidos se dio, organizadamente, ante la bronca popular por el magro aumento salarial del 5 por ciento propuesto por Morales a los estatales. En esa jornada, las fuerzas represivas dispusieron desde infiltrados entre los manifestantes hasta drones y cámaras de filmación y fotografía.

Las organizaciones que participaran de aquella marcha, durante la mañana del lunes ratificaron sus políticas de lucha en unidad manifestándose por la libertad de los detenidos. Previamente habían realizado una conferencia de prensa que no pudo subsanar el cerco mediático establecido contra el campo popular en Jujuy, por lo que no tuvieron difusión.

“El gobernador de la provincia no abre medios de diálogo posibles y viene manoseando los intereses de la clase obrera”, expresó Leonardo Rosales, secretario del PC jujeño, quien también condenó abiertamente la violencia y las detenciones realizadas por la policía provincial.

“Son compañeros que vienen acompañando el reclamo social desde hace mucho tiempo”, destacó al respecto de los detenidos. Sin embargo apuntó: “no nos sorprende la judicialización de las protesta social ya que venimos denunciando eso desde que asumió la alianza Cambiemos”.

También expresó que el fiscal Diego Cusell y el juez Isidoro Cruz, que firmaran las órdenes de detención de los once, son “personajes que están al servicio de Gerardo Morales”. Añadió: “son los mismos apellidos que rondan en las causas que armaron contra Milagro Sala”. “Son el brazo judicial de la alianza Cambiemos en la provincia”, sostuvo.

Solidaridad porteña

Para el miércoles, legisladores nacionales y provinciales, más organizaciones políticas y sociales, convocaron a una movilización frente a la Casa de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron mediante una conferencia de prensa en el edificio anexo al Congreso de la Nación y argumentaron que en estos días “Jujuy es un desquicio jurídico”.

Leonardo Rosales valoró la propuesta diciendo “es necesaria la unidad de todos los sectores y nacionalizar lo que está pasando en Jujuy”. “Acá hay una Justicia adicta y los medios de comunicación responden al gobierno, por lo que en Jujuy estamos totalmente escondidos y la conflictividad social pasa por demonizar a los sectores que protestamos en contra de la política de Gerardo Morales”, agregó.

La movilización porteña se realizará el dicho miércoles en horas del mediodía frente a la sede de legación oficial jujeña en Buenos Aires, ubicada sobre la avenida Santa Fe, entre Pellegrini y Suipacha.

RECONOCIMIENTOS9.4.2018

A la fe y al derecho

En La Rioja fueron homenajeados colaboradores de la pastoral social de monseñor Angelelli y abogados de derechos humanos, como María Elisa Reinoso. Y en la Esma se realizó un viacrucis interreligioso.

El 24 de marzo último fue vivido en todo el país con grandes masas en la calle y con un hondo sentido de resistencia a las políticas neoliberales del macrismo, que en muchos sectores se consideran regresivas a lo cánones sociales, político e ideológicos que pretendiera instaurar la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Fue una jornada antimacrista.

Así la leyó la Universidad Nacional de La Rioja (Unlar), que reconoció la obra de quienes acompañaran la pastoral social de Enrique Angelelli, cura comprometido con los sectores más vulnerables de la sociedad y por ello asesinado en agosto de 1976 en el marco de lo que se pretendió hacer aparecer ante la opinión pública como un mero accidente.

El reconocimiento se realizó mediante un acto público en el hall Patriotas de Latinoamérica del rectorado de la Unlar, del cual participaran el rector Fabián Calderón; el obispo de La Rioja, Marcelo Colombo; el secretario provincial de Derechos Humanos, Delfor Brizuela; ex presos políticos y Madres de Plaza de Mayo filial La Rioja.

Fueron homenajeados allí, reconociéndose con ello su labor en pos de los derechos humanos, abogados que actuaron en causas de lesa humanidad, entre los cuales estuvo la comunista María Elisa Reinoso, querellante en causas por crímenes de lesa humanidad de la dictadura y asistente legal de la Asociación de Maestros y Profesores riojana (AMP).

También recibieron su reconocimiento algunos familiares de Angelelli como del laico Wenceslao Pedernera (asesinado poco antes que Angelelli, con cuya pastoral colaboraba). Asimismo se reconoció la lucha de otros miembros de la pastoral, gremialistas de diversas organizaciones sindicales, integrantes de la Cátedra Abierta José Martí y referentes políticos, sociales, culturales, religiosos y universitarios.

En la ocasión, Reinoso dio su palabra en nombre de los letrados homenajeados y agradeció el reconocimiento diciendo que los “honra”. Advirtió que estamos “ante una etapa regresiva” en materia de derechos humanos y observó: “se está desmantelando todo lo que se construyó”.

Los curas del pueblo

Así como Angelelli, mientras sectores encumbrados de la Iglesia Católica transaban con la jerarquía genocida, otros religiosos obraron a favor de los luchadores que fueron diezmados por las manos represoras. Tal es el caso de Patricio Rice, un sacerdote irlandés que, radicado en la Argentina y asentado en una villa miseria, fue secuestrado y torturado en 1976, permaneciendo desaparecido hasta que fuera liberado por presiones internacionales.

Su nombre es honrado por el Espacio Interreligioso Patrick Rice, que el 31 de marzo realizó un viacrucis con feligreses de distintas expresiones religiosas, laicos y militantes de derechos humanos. Gesto inequívoco de compromiso con la lucha popular, el evento se realizó en la sede de la ex Esma y se convocó como una muestra de “memoria activa contra el negacionismo” de estos días.

Vale recordar que desde diciembre de 2010, la que fuera capilla de la Esma pasó a llamarse “Espacio Patrick Rice” sobre la base de un proyecto iniciado por el propio Rice, quien no alcanzara a verlo concretado porque falleció poco antes, en Colombia. Allí se realizan reflexiones e intercambios entre diversas filiaciones religiosas.

“COMBO EXPLOSIVO”5.4.2018

Irrealidad discursiva y represión al pueblo

El secretario del PC provincial definió como “combo explosivo” a lo que se está viviendo en Jujuy, en donde el pueblo fue reprimido mientras protestaba cuando el gobernador inauguraba las sesiones legislativas del 2018.

Las imágenes que proliferaron en las redes y que difícilmente se emitieran por la televisión abierta de nuestro país, podrían describirse como dantescas ó desgarradoras. Sin embargo, no hacen otra cosa que ilustrar una vez más el estadío represivo en que ingresó nuestro país el 10 de diciembre del 2015 y, expresamente, hablan a las claras de lo mucho que la provincia de Jujuy tiene de laboratorio para ensayar las políticas de represión.

La avanzada policial contra cientos de manifestantes pacíficos se dio en la capital jujeña, mientras el gobernador macrista, Gerardo Morales, abría las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial para el período 2018 y cuando lo hacía discurseaba sobre una Jujuy irreal que, al decir de Leonardo Rosales, secretario del PC provincial y uno de los baleados en la represión, “sólo está en su cabeza”.

La violencia, en la que los topetazos de los caballos y los balazos de goma fueron directamente dirigidos a la cara de los manifestantes y no a las piernas como es usual ante la intensión de meramente disuadir, estuvo a cargo de la policía provincial. Las principales víctimas fueron trabajadores estatales que se quejaban por el magro aumento salarial propuesto por el gobernador: el 5 por ciento.

Los tres centenares de uniformados se ensañaron con mujeres, viejos y niños, sin escatimar en un solo momento sus perdigonazos y golpes. También usaron gas pimienta, aunque la más eficaz de sus armas fueron las balas de goma, de las que se sirvieron miles. El líder del PC las recibió en la cabeza, sobre todo en las orejas y la frente. Sin embargo, el pueblo pudo hacer notar su disconformidad con el discurso irreal del gobernador Morales y el talante represivo de sus fuerzas de seguridad.

De oscuro a oscurísimo

Luego de la balacera policial en los alrededores del palacio legislativo de la provincia de Jujuy, Leonardo Rosales habló de que allí se vive “una democracia totalmente restringida” y “cooptada por un sector político que solamente responde a las políticas nacionales, que es la UCR de acá, con Gerardo Morales a la cabeza”.

Con respecto al gobernador, dijo que “pinta en sus discursos una provincia muy distinta a la que viven la mayoría de los jujeños, la clase obrera”. En ese sentido, condenó la pobreza del aumento propuesto a los estatales jujeños aduciendo que la oferta se da en “un contexto de inflación que todos hablan que va a superar tranquilamente el 30 o el 40 por ciento”.

Consideró que la provincia andina aumentó en estos días la pobreza y la indigencia y que, en tanto, se da un “manoseo” al sistema educativo por parte del poder político local. En ese marco recordó que la semana pasada se reprimió y detuvo a alumnos de los Ceija (Centros de Educación Integral de Jóvenes y Adultos), a los que Morales pretenden cerrar y apuntó sobre el conflicto en el colegio Helen Keller, en donde el gobierno pretende hacer convivir a alumnos hipoacúsicos con estudiantes de teatro.

“A todo eso pretenden ocultarlo”, dijo Rosales, quien habló de “una burla a la clase obrera y a los sectores más pobres de la provincia” por parte de Morales y su gente. “Todo esto está potenciado por la doctrina Chocobar”, comentó y repuso: “ahora las fuerzas de seguridad se sienten con la impunidad de hacer el mayor daño posible.

Con respecto a la represión en la Legislatura, dijo que “dieron bala a todos”, algo a lo que definió como “preocupante”. “Con todo lo que veníamos denunciando de presos políticos y judicialización de la protesta social, estamos en un combo explosivo”, añadió.

Destacó también la movilización comunista ante la Legislatura, sobre lo que dijo: “cada vez que nuestra clase se moviliza, el partido, la Fede y el MTL están acompañando”. Y afirmó: “se ha avanzado en la unidad en la acción del movimiento obrero”.

Sobre esto valoró la construcción llamada Frente Amplio Gremial, en el que convergen 22 gremios entre estatales y privados y el cual ya se ha manifestado contra las medidas reaccionarias de los gobiernos jujeño y nacional. “Me parece un avance importante aunque todavía falta que el resto de la sociedad empiece también a participar y mostrar su descontento”, señaló el dirigente comunista.

A 42 AÑOS DE SU ASESINATO5.4.2018

Homenaje al gran dirigente estudiantil

David Watu Cilleruelo fue homenajeado en Bahía Blanca, en donde lo asesinara la Triple A.

En el hall central de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en Bahía Blanca, se llevó a cabo un homenaje al estudiante comunista David Watu Cilleruelo, ultimado en las escalinatas del la Facultad de Ingeniería por integrantes de una patota parapolicial relacionada con la Triple A y el interventor universitario Remus Tetu. El crimen sigue siendo el único caso de un estudiante asesinado en un edificio universitario.

El acto fue organizado por PC y la FJC locales el martes por la mañana y participaron de él, entre otros, la investigadora y activa militante del Conicet, Nuria Giniger y Alberto Rodríguez, un ex compañero de estudio de Cilleruelo. Fue en el marco de los 42 años transcurridos desde la muerte del joven.

Guillermo Memo Colantuono, secretario del PC de Bahía Blanca, apuntó: “se busca poder generar una instancia donde ponemos la figura de este dirigente de la Federación Universitaria del Sur a conversar, a dialogar, con nuestro presente, en un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria y en el actual contexto, con la problemática que atraviesa la educación en todo el país y, en particular, en Bahía Blanca”.

Señaló que en la actualidad “se plantea la detención domiciliaria de los represores, pero también el juicio contra la triple A”. Repuso: “en este contexto traemos a Watu a esta realidad, al compañero dirigente, alegre, amigo de los estudiantes, con ideales, con sueños, que se planteaba construir una sociedad más justa”.

“Hoy para nosotros Watu, es un ejemplo, que no ha caído en vano, que no podemos permitir que su asesinato haya sido en vano”, dijo después y consideró: “nuestro deber es levantar su memoria, su lucha y, hoy más que nunca, en este contexto, donde las ideas de Watu, de compromiso y de construcción de unidad, son tan necesarias”.

Esa generación que nos arrancaron

Patagónico de la localidad rionegrina de General Roca, como muchos nativos de esa región austral, el Watu Cilleruelo había llegado a Bahía Blanca con intenciones de convertirse en ingeniero en la UNS. Militaba en la FJC y desde allí había llegado a la secretaría general de la Federación Universitaria del Sur, por lo que se convirtió en objetivo de las políticas represivas del interventor Tetu.

Convocando a una reunión mediante una volanteada y en compañía de otro militante, el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería fue interceptado por sus asesinos que, pidiéndole previamente el documento con el autoritarismo propio de los paramilitares, le pegaron después un tiro y huyeron del lugar.

El jefe de Seguridad de Tetu, Ramón Moncho Argibay, fue el único acusado por el crimen. Pero su responsable político, el interventor, ni siquiera fue indagado. Y ahora, además, ambos ya están muertos…

A ocho meses de su desaparición forzada5.4.2018

Mar del Plata por Santiago

Miles de personas se dieron cita para participar de la convocatoria que hizo la familia Maldonado. “Fue un paso más en la tarea de construir unidad en la acción”, dijo el titular del PC local, Pedro Ferrer.

“El caso de Santiago fue el comienzo de la Doctrina Bullrich”, dijo el titular del Partido Comunista de Mar del Plata, Pedro Ferrer, tras participar de la movilización que se llevó a cabo en esta ciudad al cumplirse ocho meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.

La marcha que fue contundente y estuvo organizada por la CTA local junto a organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas, se movilizó por la zona céntrica de Mar del Plata y estuvo encabezada, entre otros, por el hermano de Santiago, Sergio Maldonado.

Ahí, quienes manifestaron partieron de la intersección de las avenidas Luro y Mitre para dirigirse hacia la plazoleta Almirante Brown, donde se montó un escenario para el festival que se realizó como corolario de la jornada.

Desde ese estrado, Sergio Maldonado leyó una declaración de once puntos, en la que se vuelve a pedir que el Poder Judicial se ocupe de esclarecer el caso, al tiempo que se exige la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Vale recordar que Santiago Maldonado fue visto por última vez con vida el 1º de agosto de 2017, cuando intentaba escapar de la feroz represión perpetrada por personal de Gendarmería contra un grupo de personas de la comunidad mapuche que resistían en Cushamen, provincia de Chubut. Su cadáver fue hallado el 18 de octubre, flotando en aguas del río Chubut.

Movilizados

Al respecto, Ferrer recalcó que este caso, “tiene que ver con una política de estigmatización a los pueblos originarios que es funcional a los intereses de las grandes multinacionales que se han apropiado de la Patagonia, como Benetton”.

Además, explicó el motivo de la movilización en Mar del Plata: “Sergio Maldonado entendió que esta actividad se podía realizar acá ya que hay una lucha muy importante por la defensa de los Derechos Humanos, como se demostró a la hora de exigir que se revoque la domiciliara al represor Miguel Etchecolatz”.

Para cerrar, Ferrer resaltó la importancia de avanzar en la tarea de construir unidad en la acción y el rol del PC tiene en esta tarea. “Tuvimos la oportunidad de encabezar la columna de partidos políticos que entendemos a los Derechos Humanos como la principal expresión de unidad de acción que tiene el campo popular”, recalcó el titular del partido marplatense.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que este “debe ser el camino hacia un frente que se exprese en nuestro país y la región, para pronunciarse y actuar contra el ajuste, la entrega y la represión que se perpetra en Argentina y en toda América Latina por medio de gobiernos de derecha como el que encabeza Cambiemos”.

 

Derechos Humanos en La Rioja4.4.2018

Interesante ciclo de la AMP

Se presentó en la capital provincial el libro “Cachorro, vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez”, de Camilo Ratti. Antes José Schulman presentó la segunda edición de “La Rioja que Resiste”.

En el marco del ciclo Derechos Humanos y Pedagogías de la Memoria, que organizó la Asociación de Maestros y profesores de La Rioja (AMP), el periodista cordobés Camilo Ratti presentó su libro “Cachorro, vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez”.

Fue en la sede de la AMP que estuvo colmada para participar de la charla que el propio Ratti calificó como “una buena oportunidad para abordar la historia -la cara trágica de la historia- a través de uno de los personajes más icónicos del golpe”.

El libro es un trabajo de investigación en el que su autor invirtió cinco años y resume una exhaustiva biografía histórica de Menéndez que recoge testimonios muy cercanos a este siniestro personaje, fallecido el 27 de febrero de este año, que está vinculado a al menos 139 causas abiertas por delitos de lesa humanidad, pero que además es quien más condenas a prisión perpetua recibió en la historia argentina.

Pero este texto también lleva a cabo un meticuloso análisis desde la perspectiva histórica de la familia Menéndez, como un componente represivo que signó la vida de quien fuera titular del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979.

Al respecto, Ratti recordó la tradición genocida de los Menéndez, que se remonta al siglo 19 con la participación del abuelo de Luciano Benjamín Menéndez en el Ejército Argentino, desde donde formó parte del genocidio perpetrado contra integrantes de pueblos originarios en la Patagonia. Y, después, continuó con su padre que -durante 1921- participó de los fusilamientos de la Patagonia Trágica.

Y citó un dato clave de la historia de Menéndez: su formación en la doctrina antisubversiva de la escuela militar francesa, donde aprendió prácticas que, según el autor, siguen enquistadas en las fuerzas de seguridad.

La Liga presente

Otro que participó en este ciclo es el secretario de la Liga por los Derechos del Hombre (Ladh), José Ernesto Schulman, quien presentó la segunda edición de “La Rioja que Resiste” libro que fue publicado a mediados de los 90 y presenta una clara vigencia.

Pero además, su presencia en La Rioja, fue un momento oportuno para que Schulman compartiera una conferencia de prensa con el titular de la AMP, Rogelio De Leonardi, y Marcela de Ledo, en la que condenó el “proceso de entrenamiento absurdo que proporciona la escuela de policía de la provincia” que, semanas atrás, se cobró la vida del cadete Emanuel Garay, por lo que convocó a la sociedad a reflexionar sobre “la salida a un flagelo que atraviesa a todas las fuerzas de seguridad”.

Schulman se refirió a la ilegalidad de la tortura que “es condenada en nuestro país desde las resoluciones de la Asamblea del año 13, que abolió la inquisición, la institución que trajo la tortura a nuestras tierras”.

Asimismo, hizo hincapié que es preciso “desmilitarizar a la policía” y lamentó que el gobierno de La Rioja vaya “por el camino antagónico” ya que, recalcó, haciendo referencia a la designación de Alejandro Moriconi como ministro de Gobierno “puso a un hombre que viene de las fuerzas armadas”.

Ctera homenajeó a organismos de derechos humanos4.4.2018

Unidad en la acción

Entre otros, el reconocimiento fue otorgado a la Ladh. “Es un honor que la distinción venga de Ctera, uno de los sindicatos más combativos al modelo económico y represivo del macrismo”, dijo Pedro Dinani.

Organismos de defensa de los Derechos Humanos, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), fueron distinguidos por Ctera en un acto que se llevó a cabo en su sede central, en la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto de las actividades organizadas para conmemorar los 42 años del golpe cívico militar que comenzó en 1976.

“Con la certeza de seguir caminando juntos”, Ctera convocó a este acto en el que rindió homenaje a estos organismos “mujeres y hombres que sostuvieron la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia”.

Por tal motivo, entre otros se dieron cita la titular de la central docente, Sonia Alesso y su secretario de Derechos Humanos, Rogelio de Leonardi, así como Roberto Baradel, Eduardo López, Guillermo Parodi, Hugo Yaski y el abogado de la Ladh, Pedro Dinani.

Durante la apertura del acto, De Leonardi citó párrafos del libro de Eduardo Rosenzvaig La Oruga en el Pizarrón. “Para legalizar el desguace de la nación y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos nuevos”, señaló.

Vale destacar que, por su parte, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP), propuso para el homenaje de Ctera a Marcela Brizuela de Ledo, integrante de la filial de esa provincia de Madres de Plaza de Mayo, “por su incansable lucha, y reclamo por aparición con vida, de su hijo Alberto Agapito Ledo, desaparecido en 1976 durante la dictadura militar”.

Compañeros de lucha

“Es un doble honor que esta distinción venga de Ctera, el segundo sindicato más grande de Argentina y uno de los más combativos al modelo económico y represivo del macrismo”, recalcó Dinani y puntualizó: “son compañeros de lucha que están resistiendo la persecución política a la que somete el gobierno a todos los que nos oponemos y nos revelamos al implantamiento del sistema político-económico que pretende”.

El abogado de la Ladh, también hizo hincapié en la persecución política que perpetra el gobierno. “Esto es algo que los organismos de derechos humanos y los sindicatos -que somos víctima de esa persecución- debemos rechazar porque es el mismo prolegómeno que tuvieron los militares genocidas para llevar adelante lo que hicieron”, sentenció.

Y recordó que esa persecución “fue avalada desde el Poder Judicial, a través de jueces que vienen a trabajar como pequeños grupos de tareas del gobierno macrista”, por lo que denunció que “quienes deberían proteger las garantías constitucionales, son los que las violan y, con ello, violan el sistema constitucional y las libertades individuales”.

Por eso, finalizó, “los organismos de derechos humanos estamos levantando nuestra voz para denunciar esta manera de represaliar al pueblo que se revela ante la injusticia y el hambre al que lo somete el gobierno de Cambiemos”.

ENTRE EL JUICIO Y EL CRIMEN POLÍTICO30.3.2018

El imborrable nombre de Silvia Suppo

Comenzará el proceso judicial por el secuestro, torturas y violaciones sufridos durante la última dictadura por la militante asesinada en 2010. En tanto, se fortalece la sospecha de que su asesinato buscó intimidar.

Silvia Suppo, testigo clave en juicio por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, fue asesinada a comienzos de 2010 en un caso que, tras las investigaciones judiciales, se determinó como un crimen en el marco de un atraco. Sin embargo, a ocho años del suceso que conmovió al país, la familia salió a decir que “la mataron con intención disciplinante”.

En tanto, comenzará en un tribunal de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe el proceso judicial contra los responsables de su secuestro y torturas durante los años de la última dictadura cívico-militar, el cual reviste una importancia trascendental y trae nuevamente a la luz pública el nombre de una mujer que fue mucho más que una asesinada por vulgares ladrones.

Luego de que su familia emitiera su actual opinión sobre la muerte de la testigo clave por crímenes de lesa humanidad, el juicio por el que sus dos asesinos fueron condenados (uno de los cuales murió en un confuso episodio) queda ahora, a su vez, en tela de juicio. Por eso los familiares en este momento reclaman que se investigue la posible motivación política del asesinato, al que vinculan con el testimonio de Suppo en causas contra los genocidas.

La mataron con saña el 29 de mayo de 2010. Ahora su hija, Marina Destefani, aduce: “la mataron con una clara intención disciplinante y de amedrentamiento”. Vale destacar que, pese a la gran cantidad de puñaladas que recibiera en su negocio de la ciudad de Rafaela, Suppo no murió sino horas después, luego de que una vecina la encontrara agonizando.

Reforzó las observaciones actuales de su hija la abogada familiar, Lucila Pujol, quien remarcó que en la causa por la muerte de Suppo “no hay avances”. “Nunca se cerró, pero la realidad es que tampoco avanzaron con ninguna de las pruebas que pedimos”, repuso.

Ahora se plantea directamente la hipótesis del crimen político y es este un pesado detalle en una provincia en la que las amenazas a dirigentes opositores se hacen cada vez más evidentes en las redes y en la que los represores con prisión domiciliaria, como es el caso del temible Eduardo Constanzo, son sorprendidos paseando por el barrio...

Jose Luis Livolti, secretario del PC santafecino, por su parte, remarcó que “en principio se trató de demostrar que era un delito común, después aparecieron estas cosas que, no dudamos, van a comprobar que fue un crimen político”. “Si se concreta, es de la misma gravedad que el caso de Julio López, un testigo en juicios de lesa humanidad asesinado en democracia”, observó.

Justicia, aunque sea tarde

A mediados de este año el juicio por el secuestro de Silvia Suppo y su compañero de entonces dará comienzo. En esta causa, la asesinada en 2010 habría sido testigo, una tan sustancial como lo fuera en otras por crímenes de lesa humanidad de la dictadura.

Pero ella ya no está y, aunque ahora se sospeche que su muerte fue un asesinato político, sus deudos se encargarán de que la Justicia arribe a la familia pese a que sea tarde y aunque se trate sólo por los padecimientos de Suppo en tiempos y en manos de la dictadura genocida.

Las investigaciones en esta causa comenzaron ya en 2005 y buscan Justicia sobre la desaparición y, en algunos casos, la muerte de seis militantes de la JP de Rafaela. En esta terrible serie de atropellos a la humanidad, a Suppo le tocó sobrevivir a torturas y tres violaciones durante su prisión. En el marco de este suplicio quedó embarazada y abortó.

José Luis Livolti expresó sobre este juicio: “tiene la misma importancia que los juicios abiertos en el Cordón Industrial donde hubo muchos desaparecidos”. “En estos juicios hemos podido replantearnos la reactivación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y en muchas de estas instancias somos querellantes” le sumó.

OTRO BALEADO POR LA ESPALDA30.3.2018

La doctrina sienta precedentes

Bajo el influjo de la doctrina Chocobar, propuesta de facto por el Ejecutivo nacional, otro joven fue agredido en Lomas de Zamora. Esta vez fue Gendarmería.

Un nuevo caso de gatillo fácil se perpetuó en Lomas de Zamora cuando cuatro gendarmes balearon por la espalda a Gonzalo Sala, de 19 años, que escapaba de un control de tránsito por miedo a que se quedaran con su moto.

De esta forma, se gesta un nuevo capítulo de la doctrina Chocobar, avalada de facto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y por el presidente Mauricio Macri, mientras el joven quedó internado en un estado grave.

“Está vivo de casualidad y no llevaba encima ni una gomera”, expresó su padre y alertó sobre la impunidad de los uniformados: “Le dispararon por la espalda, arriba de la cintura y a la altura de los riñones”.

El episodio ocurrió durante una feria barrial y los miembros de la fuerza de seguridad, que lo persiguieron durante cuatro cuadras, fueron separados de su cargo en forma preventiva. Además, luego de dispararle, en lugar de detenerlo, dejaron que Gonzalo se vaya en una situación de peligro de vida tras recibir los balazos.

Quienes son o serán víctimas de la doctrina Chocobar en el populoso distrito de Lomas de Zamora ya no cuentan con la defensa del fallecido León Toto Zimerman, que fuera diputado provincial desde el PC y que como abogado investigara el triple fusilamiento de la localidad de Ingenerio Budge, en el marco de cuyas investigaciones acentara legalmente el verdadero nombre de la doctrina: gatillo fácil.

Si tiene gorra, es sospechoso

Jairo Corvalán, militante del PC de Lomas de Zamora, catalogó el asunto como una persecución policial a los jóvenes con gorra y resaltó la difícil situación que viven esos chicos en el día a día: “los pibes están empujados por esa cultura del consumo, por la cultura del no tener, por tener que salir a buscar el mango porque sus padres los echaron sin causa; los pibes que hacen arte, rap y salen a jugar a la pelota son el blanco de la doctrina Chocobar”.

Corvalán también hizo hincapié en la importancia de las actividades que realiza la juventud de la CTA: “se están haciendo charlas contra la violencia institucional, pero no es suficiente porque se aplica lo que dice Bullrich”. “Mientras atendés eso también hay que enfrentarse a los despidos, al cierre de bachilleratos y de programas como Argentina Trabaja y Ellas Hacen”, agregó.

“Se debería reforzar estas actividades, armar folletos, charlas y lograr ejercer un control de las fuerzas de seguridad”, propuso y reclamó: “que los uniformados tengan formación en derechos humanos, no en la doctrina Chocobar”.

Provincia de La Rioja29.3.2018

Abrió sus puertas para la Liga

Rogelio De Leonardi, dijo que la apertura de esta filial es “unaconjunción de ideales y de fuerzasdispuestas, desde siempre, en el plano de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos en nuestra provincia”.

Con un importante marco de acompañamiento, quedó inaugurada la filial La Rioja de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh).

“Su objeto, como organización autónoma y plural, será bregar por la vigencia de los Derechos Humanos, asistiendo a víctimas de violencia institucional o de cualquierviolación a los derechoscometida por el Estado”, recalcó la Ladh cuya sede funciona en calle Benjamín de la Vega73, en el microcentro de la capital provincial.

Impulsada por el PartidoComunista, esta nueva filial de la Liga, cuenta entre sus promotores a las abogadasMaría Elisa Reinoso y Yanina González, así como a militantesdocentes, sindicalistas y referentes independientes de la defensa de los Derechos Humanos en La Rioja.

Así las cosas, para el acto inauguración se dio cita una importante cantidad de invitadosvinculados aorganizaciones políticas y sociales de la provincia.

Por la Ladh estuvo presente su apoderado nacional, Pedro Dinani, también el secretario de Derechos Humanos de Ctera, Rogelio De Leonardi, la expresa políticaClaudia Soria, Beatriz Martínez quien integra la Asociación de Maestros y profesores de La Rioja y Jorge Machicote de la Asociación de Ex Presos Políticos.

Otros que dijeron presente, son el secretario de Derechos Humanos de La Rioja,Pocho Brizuela, Graciela Ledo y Alfredo Olivera, del grupo de apoyo de Madres; Ana Gloria Gonzales, de AProSLaR; Viviana Reinoso, Cristina Herrera y Cory Mercado Luna, del Grupo de Abogadas de los Juicios por delitos de Lesa Humanidad.

¿Por qué la Liga?

Ahí, en conferencia de prensa, una de las impulsoras de esta filial, la abogada Reinoso, explicó que “el objeto de la Liga, es promover la vigencia de los Derechos Humanos en toda su amplitud”, lo que incluye “la libertad, la vida, la vivienda, la alimentación y el trabajo” que “son permanentemente conculcados por la institución Estado”.

En este sentido,Reinoso consideró que la Ladh “viene a cubrir, en La Rioja,un vacío de organismos de la sociedad civilque hagan foco en la defensa de los derechos, cuando son vulnerados desde el Estado”.

Y fue clara cuando hizo hincapié en que “hay un espacio de contención que falta para esas víctimas, incluso, en la violencia de géneros”.

Por su parte, el abogado Dinani, recalcó que es importante contar con organismo de este tipo en la provincia, “en un momento en que Argentinasufre un fuerte retroceso en el Estado de Derecho y las garantías individuales,debido a losprecedentes de la doctrina del gobierno nacional”.

Tras lo que recordó que, el actual, es el gobierno de “la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y,más recientemente, el de Franco en Tucumán, y acá en La Rioja, el cadete Emmanuel Garay”, caso sobre el que reflexionó: “difícilmentela policía pueda respetar los Derechos Humanoscuando sus propios instructores los violan”.

En su turno, De Leonardi, se refirió a la iniciativa de constituir la Liga en La Rioja “como unaconjunción de ideales y de fuerzasdispuestas, desde siempre, en el plano de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos en nuestra provincia”. Y, tras destacar que la filial del organismo va a tenerun carácter plural en su conformacióny autónomorespecto a cualquier poder, explicó que “la idea es mantenerla abiertaa la mañana y a la tarde, también los fines de semana, que es cuando más violencia institucional se da en las comisarias”.

Legislatura de la Ciudad de Buenos28.3.2018

Reconocimiento a Iris Avellaneda

Recibió el Premio Anual Jorge Morresi por la trayectoria y defensa de los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia. También se premió a Carlos Zanini, Víctor Hugo Morales y Amado Boudou, entre otros.

El Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fue el escenario donde se llevó a cabo la ceremonia de la tercera Edición del Premio Anual Jorge Morresi por la trayectoria y defensa de los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia, donde se entregaron los premios correspondientes, entre otros, la Iris Pereyra de Avellaneda.

Por tal motivo, se dieron cita en el palacio Legislativo de la Ciudad, entre otros, el secretario general del Partido Comunista, Víctor Kot y el secretario del Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires y líder nacional del Movimiento Territorial Liberación, José Chapu Urreli.

Asimismo, en esta ceremonia recibieron el galardón el periodista Víctor Hugo Morales, el ex secretario de Legal y Técnica de la presidencia de la Nación, Carlos Zannini, quien fue premiado a propuesta de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y legisladora de Unidad Ciudadana, Victoria Montenegro, y de ATE.

También recibieron su premio Jorge Morresi, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el actor Pablo Echarri y los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, ambos integrantes del bloque del FpV-Partido Justicialista.

Vale recordar que el premio Jorge Morresi reconoce la trayectoria de quienes se destacan en la labor de defender los derechos humanos o “han sufrido alguna violación de derechos en los últimos tiempos”.

ENCAUSADOS EN INGENIO LEDESMA28.3.2018

En clave de persecución judicial

Son una veintena y se los acusa de agresiones a la policía que los reprimía. Es por un hecho del 2016 y sobre ellos recae la sombra de la Ley Antiterrorista.

Ernesto Rueda, responsable del PC del departamento Ledesma, en la provincia de Jujuy, está siendo encausado judicialmente junto a otros dirigentes políticos y sociales de la localidad de Libertador General San Martín, capital del departamento. El proceso bien puede enmarcarse en la lógica de persecución y judicialización de la protesta social que encara el gobierno de la provincia desde que detenta el poder el gobernador Gerardo Morales y Milagro Sala, indudable referente del campo popular jujeño, se encuentra privada de su libertad.

Se lo encausa junto con una veintena de operarios de Ingenio Ledesma y luchadores por los derechos laborales. A Rueda se lo acusa de instigar a la violencia y de agredir a uniformados en el marco de una feroz represión de la policía de Morales contra los trabajadores, que entonces protestaban contra la poderosa empresa de Carlos Pedro Blaquier por las condiciones de explotación a que los somete la misma.

La represión en cuestión es del 2016, pero los luchadores sociales son encausados recién ahora. Particularmente, al referente comunista la notificación le llegó al mismo tiempo que el sobreseimiento suyo en el marco de otro dilatado proceso, en el cual se lo acusaba nada menos que de varios asesinatos durante otra bestial represión policial con motivo de una toma de terrenos de Ingenio Ledesma, habida en 2011.

Confirmada la inocencia de Rueda en este primer latigazo judicial, ahora otra causa fraguada bajo los rigores de la persecución y la judicialización de la protesta social deberá ser atendida por la Justicia jujeña, que tranquilamente puede ser llamada Justicia de Morales. En esta se imputa también al propio secretario del sindicato de trabajadores de Ingenio Ledesma, Rafael Vargas y a abogados de los trabajadores.

Por si esto fuera poco, en la provincia en que Milagro Sala se encuentra injustamente privada de su libertad y Gerardo Morales gobierna con políticas de ajuste a discreción, sobre los encausados pesa la terrible sombra de la Ley Antiterrorista, verdadera pesada herencia. Vale destacar en este punto que la DEA yanqui ya se encuentra trabajando en Jujuy, provincia fronteriza a la Bolivia de Evo…

De primera fuente

El propio Rueda se quejó así del nuevo proceso que le inicia la Justicia de Morales: “ahora me mandan a juicio porque me acusan de haber incitado a la violencia con el megáfono” y por “agresión a la policía”. Desmintió estas acusaciones y agregó que también se lo imputa por “invasión a la planta de gas, que yo no siquiera la conozco”.

Después remarcó que “no les da el cuero para que nos metan presos por el cuero que tenemos, por el apoyo que tenemos de los trabajadores”. Repuso a esto que “acá el Partido Comunista es muy respetado” y que “no se animaron a meternos en cana”. Enfatizó que “siempre estuvimos con los compañeros” y que “en todo momento hay un respecto superlativo de toda la comunidad al PC”.

Adujo también que están abiertas las posibilidades de que los encausados de Ingenio Ledesma sean sometidos a los rigores de la Ley Antiterrorista. “Acá el que tiene el poder judicial es Blaquier y el mandamás es Gerardo Morales”, señaló y para ilustrar la persecución que se vive en la provincia, dijo: “cada vez que hay una asamblea de los trabajadores de Ingenio Ledesma, a mí me llama la Policía de Investigaciones para intentar pintarme los dedos para que yo no esté presente en las asambleas”.

En ese sentido, se mostró confiado en superar el proceso judicial porque los trabajadores de Libertador, “estamos totalmente hermanados”. Valoró las acciones en unidad que tienen como núcleo al activismo en Ingenio Ledesma por los derechos de los trabajadores y observó positivamente el rol jugado en la localidad por Bajando Caña, nombre de la radio propia del sindicato que encabeza Vargas.

“Ser opositor en la provincia de Jujuy es ser como Milagro Sala”, consideró y le sumó que ser opositor a Morales es ser “como un montón de compañeros que están detenidos en este momento”.

Marcha por la Memoria27.3.2018

Mar del Plata

“Mar Del Plata, lugar que el gobierno y la injusticia han elegido para que quienes llevaron a cabo los secuestros, torturas, robos de bebés y asesinatos vengan a cumplir sus prisiones domiciliarias, como sucedió con el caso de Etchecolatz, este pueblo dice ¡no lo vamos a permitir!, señaló el PC local que con una entusiasta columna participó de la jornada.

 

Marcha por la Memoria -Rosario27.3.2018

Rosario

También aquí el PC y la Fede se movilizaron “por una democracia sin presos políticos ni genocidas sueltos”, pero asimismo, “por nuestros desaparecidos y por las víctimas de la represión ilegal de entonces y de ahora” y denunciaron “la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del gobierno de otorgar el arresto domiciliario a los genocidas”. Ante el Monumento Nacional a la Bandera, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre participó de la lectura del documento común.

Marcha por la Memoria - Cordoba27.3.2018

Cordoba

La presencia del Partido y sus organismos en la movilización que tuvo lugar en la capital provincial fue contundente. Ahí, se marcho desde la intersección de Colón y Cañada hacia el Buen Pastor donde tuvo lugar el acto central.

 

Marcha por la Memoria-Bahia Blanca27.3.2018

Bahia Blanca

Aquí, el acto central para conmemorar el Día de la Memoria, tuvo lugar en el predio donde durante la última dictadura funcionara el centro clandestino de detención La Escuelita, en el Comando 5º del Cuerpo de Ejército, ubicado en las afueras de la ciudad. El Partido y la FJC también movilizaron con una numerosa columna.

Marcha por la Memoria - Entre Rios27.3.2018

Entre Rios

“El único lugar para un genocida es la cárcel común. Marchamos contra el ajuste y la represión” fue una de las principales consignas que retumbó en cada rincón de la marcha que tuvo lugar en la ciudad de Paraná. Fue el sábado y una importante cantidad de integrantes del partido y la Fede, se dieron cita en la oportunidad.

 

Marcha por la Memoria - Corrientes27.3.2018

Corrientes

La torrencial lluvia que se abatió sobre la capital provincial no fue un obstáculo para que comunistas del Partido y la Fede se movilizaran el sábado para conmemorar el Día de la Memoria. Se marchó hacia donde funcionara el Regimiento 9, que actualmente es un Espacio de Memoria, donde se llevó a cabo un acto.

Marcha por la Memoria - Misiones27.3.2018

Misiones

“Se cumplieron 42 años de la última dictadura cívico-eclesiástica-militar y salimos a las calles a continuar la lucha, contra aquellos civiles participes de la dictadura que hoy gobiernan con la Alianza Cambiemos”, recalcó la Fede de esta provincia que, junto al Partido, se sumó a la jornada en una marcha que culminó con un acto, en Posadas. “Seguimos profundizando éste arduo camino de memoria, verdad y justicia y nos llena de orgullo saber que nuestro Partido Comunista ha sido el único partido político querellante en las causas de lesa humanidad”, recalcó y repudió la presencia de la DEA en Misiones, algo que se produce como consecuencia de un acuerdo entre el gobierno nacional y este organismo de EE.UU.

 

Declaración a 42 años del golpe de Estado26.3.2018

En clave antimperialista y por la liberación nacional y social

El Partido Comunista y la Fede hicieron público un documento con motivo de un nuevo aniversario del inicio de la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976. He aquí su texto:

A 42 años del golpe de Estado, el Partido Comunista se moviliza para rendir homenaje y seguir pidiendo juicio y castigo por los 30.000 compañeros desaparecidos, entre ellos, cientos de camaradas que fueron detenidos, desaparecidos y represaliados, primero por la Triple A, y más tarde por la dictadura.

El terrorismo de Estado, con los genocidas en el poder, implementó un plan económico, político, social y cultural contra el pueblo. Apoyando e instigando este golpe de Estado estuvieron los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, y no sólo pidiendo a gritos el terrorismo de Estado, sino también en muchos casos prestando sus instalaciones, su logística y sus vehículos para el exterminio, y entregando listas de trabajadores que militaban.No olvidamos que la desarticulación de la clase obrera fue uno de los objetivos centrales de la dictadura. Se masacró a una generación que estaba organizada para resistir ante el avance de los intereses financieros multinacionales en el Continente.

Hoy a 42 años, desde el Partido Comunista seguimos impulsando la denuncia y el esclarecimiento de la responsabilidad del poder económico concentrado de carácter imperialista que fuera promotor e inspirador de la dictadura y el terrorismo de Estado.

Hoy estos grupos, desde el gobierno de Mauricio Macri y su camarilla, atentan contra el sistema educativo público y gratuito, cierran escuelas y hospitales públicos y fuerzan el quiebre de pequeñas y medianas empresas, liquidan la industria nacional, entregan nuestras riquezas naturales y energéticas al capital trasnacional y endeudan al país comprometiendo el futuro de varias generaciones. A la vez “para garantizar la seguridad nacional” incrementan la represión, mantienen injustamente presos a determinados compatriotas, justifican el “gatillo fácil” y acuerdan con el imperialismo norteamericano la instalación de bases militares y servicios secretos de inteligencia.

Ahora este 24 de Marzo, hay que colmar las plazas de todo el país, desplegando una enorme movilización. Cualquier proyecto popular no puede nunca competir en el terreno del enemigo. Nuestro terreno es la lucha y la calle. Los niveles de masividad de la movilización son un patrimonio del movimiento popular argentino que desde hace años forja en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia su identidad como pueblo, y hoy son un bastión en la lucha contra el proyecto de ajuste, entrega y represión del gobierno.

Por eso, creemos que es imprescindible la búsqueda de la unidad del campo popular. Lograr la unidad nos pondría en mejores condiciones para enfrentar la represión del macrismo, que no hace otra cosa que seguir profundizándose. Esta marcha debe estimular todo lo relativo a la defensa del movimiento popular, garantizándonos que no perdamos las calles. Nos mantenemos firmes en nuestros reclamos de los últimos años, que también son parte fundamental de la lucha por los derechos humanos en la actualidad. Cobra vigencia nuestro reiterado pedido de derogación de la Ley Antiterrorista, votada con la anuencia de sectores del progresismo, quienes debieran revisar ese error político, y sumarse al pedido de que se derogue dicha ley. Al tiempo que es imperativo fortalecer la movilización para derrotar el plan de ajuste en las calles, articulando al vasto campo de sectores agredidos por el gobierno. Para los comunistas es imposible tener éxito en esta tarea sin una fuerza, a la ofensiva, con capacidad de librar la lucha cultural que es una lucha central contra la cultura de la dispersión y de la antipolítica.

Los comunistas convocamos a nuestros camaradas y demás integrantes del campo popular a llevar adelante acciones unitarias, organizadas, de carácter antimperialista y de liberación nacional y social. Es el combate que nos corresponde librar desde siempre, y con mucho más énfasis en la actual coyuntura.

-Juicio y castigo para todos los responsables, cómplices y beneficiarios políticos y económicos de la dictadura

-Derogación de la ley antiterrorista del imperialismo

-No a los protocolos de seguridad

-Libertad a Milagro Sala y demás presos políticos.

-Fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina

-Solidaridad con el pueblo de Venezuela agredido por el imperialismo.

Los genocidas en la cárcel, el pueblo en la calle26.3.2018

Contra la represión de ayer y hoy

En un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, miles de personas en todo el país salieron a las calles para mantener viva la memoria, pero también para señalar al gobierno nacional como parte del poder económico que impulsó el terrorismo de Estado. Plaza de Mayo fue el epicentro de las movilizaciones que tuvo a los comunistas como actores destacados

Con una bandera que llevó la inscripción de “libertad a los presos políticos” y bajo la consigna “el pueblo en las calles, los genocidas en la cárcel” el Partido Comunista, la Fede, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Conat, el MUI y el MTL participaron de la masiva movilización del 24 de marzo a Plaza de Mayo, en conmemoración del 42 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar.

La columna fue encabezada por el Secretario General del PCA, Víctor Kot, quien estuvo acompañado por el titular de la Fede, Ariel Elger, y una nutrida delegación del Comité Central. Entre ellos, se destacó la presencia de Emilia Segotta, Jorge Kreyness, Mario Alderete, Chapu Urreli, Víctor Hugo Gómez y Nicolás Ramos entre otros.

En el escenario, la voz comunista la puso el Presidente de la Liga, José Schulman, quien leyó un fragmento del documento titulado “Contra el ajuste, la represión y la impunidad”. Iris Pereyra Avellaneda, la mamá de El negrito estuvo en la plaza desde temprano en la carpa que la Liga instaló en la plaza.

El título del documento obró como una buena síntesis de la línea de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones políticas que sostienen la lucha por memoria, verdad y justicia sin ningún tipo de concesiones. Entre ellos, la Liga y el PCA tienen un lugar destacado.

La bandera que encabezó la columna del Partido no fue azarosa. La alegría por la liberación -al menos transitoria- de Luis Delia y el chino Zannini contrastó con la preocupación por el acelerado proceso de pérdida sobre los derechos civiles y democráticos para la población trabajadora y el pueblo en general. Pese a elló, la plaza demostró que el pueblo tiene ánimo y energías para enfrentar la política económica y social del gobierno.

“Venimos nuevamente a repudiar los crímenes de lesa humanidad: las miles de desapariciones forzadas, los asesinatos, las presas y presos políticos; las torturas; el robo de bebés; el funcionamiento de cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; la censura; la mentira organizada; la pobreza programada”, se exclamó desde el escenario.

Y se recordó que “hace un año, frente a esta misma Plaza alertamos acerca del negacionismo impulsado por funcionarios del Gobierno, que ha tenido diversos intentos para abrir la puerta a la impunidad. Venimos entonces aquí, también para recordarles a los negacionistas, una vez más, que los desaparecidos son 30 mil y nos faltan a todos”.

La lucha por los 30 mil es la lucha contra la impunidad, por memoria, verdad y justicia pero es también la lucha contra la pobreza organizada y el atropello sobre los derechos del pueblo. Y es lucha tiene hoy en día un enemigo claro.

Por eso, el documentó enfatizó que “hoy nos convocan a esta plaza los despidos masivos, la miseria planificada, la entrega del país a los buitres, la persecución de los pueblos originarios; la persecución a militantes; las presas y presos políticos; la impunidad para los genocidas, la violencia institucional, la represión a la protesta social, la censura a la prensa; y la defensa de todos los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans”.

Al igual que el año pasado los organismos en su conjunto rescataron la identidad política de cada uno de los desaparecidos, torturados, perseguidos y cesanteados por la última dictadura. Este no es un detalle menor. El paso de los años hizo que sea “políticamente correcto” pronunciarse en contra de la tortura, la muerte y el terrorismo de Estado, pero ha sido una práctica recurrente la negación de las causas por las que el pueblo fue perseguido y reprimido.

En otras palabras, los desaparecidos lo fueron por tributar a diversas identidades políticas que en un momento determinado de nuestra historia coincidieron en la lucha antiimperialista y anticapitalista.

Por eso, en la plaza se recordó la militancia de los 30 mil “en las organizaciones del Peronismo Revolucionario: UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL; la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista, PCR y PST”.

También hubo lugar para el recuerdo de “las luchas en las Ligas Agrarias y en los ingenios azucareros, el Rosariazo, el Cordobazo, y las comisiones internas en las fábricas, el movimiento sindical, estudiantil y popular, y tantos espacios en los que miles de compañeras y compañeros lucharon por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social”.

Historia repetida

Desde diciembre de 2015 a la actualidad se vienen produciendo en nuestro país una serie de acontecimientos que dan cuenta del crecimiento de la represión, la persecución y hasta la muerte de aquellas personas que se oponen al programa de ajuste y entrega de la derecha en Argentina. Este no es un proceso aislado.

No es aislado en el continente porque se encuadra dentro de las maniobras del imperialismo en la región. Estados Unidos impulsa una contraofensiva restauradora que busca desarticular, definitivamente, el bloque progresista y antineoliberal conformado a inicios del siglo 20 y que logró ser, por momentos, hegemónico en América Latina.

El golpe a Dilma en Brasil; el derrocamiento de Zelaya en Honduras; las agresiones desestabilizadoras contra Maduro, Evo y Sánchez Cerén; los asesinatos y desapariciones de dirigentes políticos, sociales y sindicales en México y Colombia; y los gobiernos de Piñera en Chile, Cartés en Paraguay y Macri son algunos de los movimientos que forman parte del plan de operaciones del imperialismo en América Latina.

También lo es la guerra psicológica desplegada por los grandes medios de comunicación, la presencia de la IV Flota en el Atlántico y la consolidación de la base de la Otan en las Islas Malvinas.

Pero tampoco es aislado en el contexto de la larga tradición represiva de las clases dominantes de nuestro país, las cuales, para garantizar su posición -siempre más dominante que hegemónica- construyeron un aceitado mecanismo de disciplinamiento contra el pueblo y sus dirigentes.

La inviabilidad de la opción militar post 1983 hizo que estos mecanismos se perfeccionen, pero el cambio en las formas no alteró el contenido. El objetivo sigue siendo el mismo: mantener la estructura primarizada de la economía nacional, consolidar al país como una excelente plaza financiera para el “mundo” y resistir cualquier proyecto político que, aunque dentro de los límites del capitalismo, planteé una vía alternativa al neoliberalismo.

Esto explica la violencia con la que el bloque de poder atacó al kirchnerismo durante los 12 años en los que éste administró el Estado. Y explica el revanchismo que práctica la ceocracia que se constituyó como tal a partir de que comenzó, por primera vez en la historia, a atender del otro lado del mostrador, es decir, a dirigir en persona los destinos del país desde el poder político.

Para ello cuentan con una alianza estratégica con la corporación judicial que desde hace dos años se viene despachando con un festival de prisiones preventivas contra funcionarios, dirigentes y militantes vinculados al kirchnerismo. En la gran mayoría de los casos lo pudo hacer a caballo de causas armadas y fogoneadas desde el poder mediático.

El encarcelamiento de Milagro Sala fue la antesala de todos los encarcelamientos que vinieron después. Pero también fue el paso previo a la configuración de un nuevo escenario político-judicial que pretende justificar una suerte de amnistía disfrazada para los genocidas. El intento de la Corte Suprema de aplicar el 2X1a condenados por delitos de lesa humanidad no pasó porque el pueblo ganó las calles para impedirlo. Es que corrió mucha agua debajo del puente desde las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tanta que trajo consigo su anulación y la realización de los juicios de la memoria.

Ahora, el gobierno nacional pretende construir -a como dé lugar- un dique que detenga la fuerza de una política de Estado que tiene derecho de autor como pocas: los organismos de derechos humanos y las fuerzas políticas que jamás bajaron las banderas.

Para arrebatar este derecho construido por el pueblo el gobierno nacional sostiene un discurso y una práctica negacionista, se rehúsa a hablar de terrorismo de Estado y niega la cifra de 30 mil desaparecidos, como también niega la identidad política de estos y los motivos por los cuales fueron secuestrados, torturados y asesinados.

Una vez más la corporación judicial acompaña: a 42 años del golpe de Estado, más del sesenta por ciento de las causas por delitos de lesa humanidad aún no fueron resueltas. Como si fuera poco, el poder económico-político y el judicial articulan acciones para beneficiar a los genocidas con las domiciliarias.

Contra todo esto se reveló el pueblo en la plaza. No basta, pero es un buen punto de partida para juntar fuerzas y frenar el programa de ajuste, entrega y represión de la derecha.

El análisis de los participantes26.3.2018

“Ganamos las calles”

El Secretario General del PC, Víctor Kot, destacó junto a Iris Avellaneda y Chapu Urreli la importancia de la movilización en el marco del enfrentamiento a las políticas represivas del gobierno

Los comunistas fueron protagonistas destacados de las grandes movilizaciones que se desarrollaron en todo el país por el 24 de marzo. El epicentro, en la histórica Plaza de Mayo, mostró un gran manchón rojo en las fotos aéreas del acto: la columna del Partido se hizo ver y escuchar entre la multitud.

El Secretario General del PC, Víctor Kot, encabezo las filas de los revolucionarios. Desde allí, manifestó que “los militantes comunistas salimos a ganar las calles, con entusiasmo, alegría y protagonismo junto al movimiento popular”.

Y agregó que lo hacemos “en repudio a la última dictadura cívico-militar, pero también en repudio a las políticas del gobierno nacional”.

Entre los presentes, se destacó la presencia de Iris Pereyra de Avellaneda, mamá de El negrito Floreal y presidenta de la Ladh. En la plaza misma, enfatizó que “la marcha de hoy no es conmemorativa, es un acto de resistencia que estamos haciendo a 42 años del atropello que sufrimos en 1976 y que dejó un tendal de 30 mil compañeros desaparecidos”.

“Hoy estamos acá, es una marcha grande, hermosa porque la gente se está dando cuenta de la situación que estamos viviendo” y puntualizó que “este gobierno quiere borrar de un plumazo todo lo que hicimos en 42 años”.

Sin embargo -y fiel a su estilo- remarcó que “no les vamos a dar el gusto, la militancia está en la calle; los compañeros, las madres, los hijos, los nietos, estamos todos en la calle y vamos a seguir luchando”.

Sobre la liberación de Delia y Zannini, aseguró sentirse “contenta aunque falta” y recordó que “los presos políticos de este gobierno son como en la época de la represión: detienen sin motivo” y se preguntó “¿Cuánto hace que está Milagro Sala presa? Desde que asumió Macri hasta la fecha, los años pasan y sigue detenida”.

Otro de los presentes fue José Chapu Urreli, Secretario del PC de la provincia de Buenos Aires y coordinador nacional de la Conat. Ahí mismo al frente de la columna, expresó que “la importancia de esta movilización reside en poder darle continuidad a un reclamo de aparición y honor a nuestros 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos”.

Y por último añadió que “también estamos aquí para darle continuidad a la memoria histórica y a los ideales de la lucha por una sociedad mejor, distinta, que para nosotros es la sociedad socialista”.

 

Banderas rojas en una jornada histórica26.3.2018

El PC y la Fede dijeron presente en la Plaza

Una contundente columna encabezada por el secretario general, Víctor Kot, marcó el 24 de marzo con consignas muy claras.

“Es una fecha que está en la memoria colectiva de nuestro pueblo que se moviliza pidiendo justicia por el pasado y también por el futuro que queremos construir”, recalcó durante la movilización el secretario de la Fede, Ariel Elger, y recordó que esto cobra aún más vigencia cuando quien gobierna “se benefició con la dictadura”.

Elger también saludó la excarcelación de Luis D’Elia y Carlos Zannini pero, aclaró, “seguimos exigiendo libertad de todos los presos políticos”, tras lo que aseveró que la jornada del 24 “es parte de la lucha contra el ajuste, la entrega y la represión que lleva a cabo el gobierno”.

Por su parte, la educadora de Aula Vereda Almagro, Paula Shabel, no dudó cuando aseguró que “salimos a la calle a festejar que seguimos todos y todas en pie, que sigue la memoria viva, que no hay nada que nos vaya a detener después de tantos años” y, en una dirección similar, el director del Cefma, Marcelo Rodríguez, resaltó que la jornada del sábado tuvo “una importancia significativa porque se realiza ante un gobierno autoritario con máscara democrática que lleva adelante políticas de ajuste, entrega y represión, y que ya carga con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.

Y fue claro cuando instó a que, “tras las jornadas de diciembre y la movilización de febrero, esta jornada sirva para ir articulando una verdadera alternativa que pueda enfrentar a Cambiemos, ponerle freno y constituir un gobierno que tenga en su eje la construcción de poder popular”.

Otra que dijo presente fue la secretaria de género CTA-Quilmes, Laura Leonardi, quien también remarcó el contexto que hizo que este 24 de marzo “cobre un valor distinto porque es muy importante estar en la calle cuando este gobierno quiere borrar la memoria”. Por eso, “a esta demostración de conciencia de la gente, no la van a poder borrar ni cercando las plazas ni los parques, porque la Plaza es nuestra y la vamos a defender junto a las Madres”.

Y, el secretario de Organización del PC de la Ciudad de Buenos Aires, Emiliano Vázquez, hizo hincapié en que, el actual, es un contexto propicio para avanzar “en la unidad contra el ajuste, la entrega y la represión que venimos fomentando para frenar a este gobierno que es el de los responsables civiles de la dictadura” tras lo que, en idéntico sentido, el secretario sindical de la FJC, Miguel Cash, señaló que “hay una continuidad de la Alianza Cambiemos respecto a la política económica y de derechos humanos que llevó adelante la dictadura” por lo que “es importante marchar en unidad por los 30 mil compañeros, demostrando la fuerza de lo que el campo popular puede movilizar, algo que quedó claro el año pasado con las leyes del 2x1 y la reforma previsional”.

Los amigos, también.

Agustín Rossi y Claudio Morresi son algunos de los integrantes de otras fuerzas amigas que se dieron cita en la movilización y coincidieron en el sentido trascendente de la marcha, en la actual coyuntura sociopolítica.

“Es importantísimo que estemos todos en la calle repudiando lo que fue el golpe y la política económica que está llevando este gobierno”, dijo consultado por NP el ex secretario de Deportes de la Nación y añadió que quienes hoy están en La Rosada, “son los hijos ideológicos del 55, del 76 y de la política económica de los 90, por eso gobiernan como gobiernan, enriqueciendo a los sectores minoritarios y empobreciendo a los sectores mayoritarios”.

Por su parte, en idéntico sentido el jefe de la bancada FPV-PJ, le dijo a NP que el 24 de marzo “es un día para reforzar la memoria, para reivindicar las políticas de memoria, verdad y justicia, reconocer a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, valorar la tarea de la militancia, de las Madres, Abuelas y organismos de derechos humanos”.

Pero también, “para pararse contra el gobierno que intentó cambiar el paradigma de memoria, verdad y justicia cuando cuestionó los 30.000 compañeros desaparecidos, cuando el presidente habló del ‘curro de los derechos humanos’ e intentaron llevar adelante el 2x1 y, ahora, con este listado de genocidas a los que quieren dar prisión domiciliaria”.

Por eso, instó a “redoblar el esfuerzo de la militancia para demostrar que la sociedad argentina no quiere volver atrás en materia de Derechos Humanos”.

EL 24 DE MARZO SEGÚN BARCESAT26.3.2018

Marcha de la bronca (y la repugnancia)

El constitucionalista negó la legalidad de las listas con nombres de genocidas presos propuestos para ser enviados a casa y dijo que estas son “parte de la repugnancia que el gobierno siente a los derechos humanos”.

La República Argentina ingresó en uno de esos trances históricos cuyos alcances y lógicas se comprenderán mejor en el porvenir. Ese rasgo distintivo y no suficientemente resaltado de los días macristas, que hoy son un luctuoso presente, no deja sin embargo de brindarnos suficientes pistas para comprender ahora, ya (para enfatizar la urgencia), el sentido de las acciones llevadas adelante por el gobierno o permitidas por este, sea abiertamente, sea tácitamente.

Entre las acciones directas se encuentran las de un ministerio de Seguridad que garantiza la impunidad de las acciones represivas de las fuerzas armadas en un peligroso precedente que, rasgo sustancial para comprender el fenómeno, cuenta con el propio jefe de Estado bendiciendo prácticas delictivas, como el asesinato policial, y alimentando políticas represivas de la protesta social en un país cuya desigualdad crece y en donde el ajuste sobre los que menos tienen es la tónica.

El Día de la Memoria, tras décadas de promover multitudinarias jornadas populares de reivindicación de los 30 mil, estuvo este año signado por este contexto y por eso representó una respuesta popular organizada. Recibió previamente la compadrada de la publicación de sendas listas con nombres de represores ya condenados y sugeridos por el Servicio Penitenciario para ser beneficiarios de la prisión domiciliaria.

También se marchó para responder con activismo masivo, aunque el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat poco antes limpiara la lente con que se miró la provocación y advirtiera que para enviar a los represores a casa “no hay ningún sustento legal”, recordando que dos convenciones internacionales suscritas por la Justicia argentina, la de prevención y sanción del delito de Genocidio y la de crímenes de lesa humanidad, evitan a los autores, partícipes y encubridores de esa clase de delito la obtención de cualquier beneficio que, como sería este un caso, garantice la impunidad.

Dijo que si se saca de contexto la verdadera naturaleza de los bestiales crímenes cometidos por quienes ahora son sugeridos para enviar a sus hogares, “se está desubicando la normativa aplicable”.

Para remitir estos criminales a sus casas, objetaron los penitenciarios la real superpoblación carcelaria, pero nada se dijo de las más legítimas posibilidades con que cuentan las decenas de miles de presos comunes encausados y sin condena para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Sobre esta notable excepción de quienes elaboraron las listas, el letrado enfatizó que ese beneficio legal, justamente, “es para presos comunes, no para aquellos que están implicados en el ámbito personal de validez de las dos convenciones internacionales”.

“El que yerra aquí es el presidente de la Nación y su ministerio de Justicia al hacer esa petición al Servicio Penitenciario Federal”, observó y manifestó que “el carácter de hechos atroces y aberrantes de los crímenes de lesa humanidad y de Genocidio, inhabilita la aplicación de beneficio alguno”.

Los terribles nombres de Alfredo Astiz y el Tigre Acosta se encuentran en las listas, publicadas, sugerentemente, a días del 24 de marzo. A esa audacia, Barcesat la consideró “parte de la repugnancia que el gobierno siente a los derechos humanos”. Agregó: “por lo tanto es parte de la repugnancia, inversamente, que quienes militamos en derechos humanos sentimos hacia este gobierno”.

Resaltó que “los 24 de marzo son, por un lado, la expresión de la memoria y conciencia histórica de nuestro pueblo” y pidió “repugnar y repudiar” todo acto del macrismo tendiente “a intentar destruir esa conciencia histórica y ese sentido de lo jurídico que se ha impregnado en el cuerpo social por la larga y dolorosa experiencia que hemos tenido en materia de Estado terrorista”.

La memoria que estamos creando

El país al que ingresamos el 10 de diciembre del 2015 será, tristemente, inolvidable. La violencia institucional cada vez resulta más fuerte y evidente desde que Macri está sentado en el sillón de Rivadavia. Sin embargo, ante ello, recalcó Barcesat, “los organismos de derechos humanos actúan de consuno”. Y para ilustrar esta articulación, expresó que “de ninguna manera el movimiento, las entidades, los cuerpos jurídicos, se pueden encontrar siquiera considerando alguna de estas iniciativas del gobierno y, mucho menos, no participando del repudio a la reinstalación de este perverso discurso de la muerte que pronuncia el actual gobierno y que nosotros denostamos con todas nuestras fuerzas”.

Hay un contexto regional que también debemos tomar en cuenta, con la injerencia de Estados Unidos que vemos en Venezuela o los asesinatos de dirigentes políticos en Brasil, que en algún punto parecen condecirse con las muertes de Nahuel y Maldonado en Argentina. Ante el alcance continental de estos esquemas que refuerzan el peso yanqui en Nuestra América, el jurista sostuvo: “la lucha es igual acá que en Brasil, que en Venezuela, que en Bolivia, que en Chile, que en Uruguay”.

También pidió “repudiar y repugnar” los asesinatos de referentes políticos en el continente tanto como “la actitud del departamento de Estado y del gobierno Trump en insuflar esta persecución a militantes populares”. Más política que jurídicamente, exigió después “unidad para quebrar el cerco imperialista y las políticas neoliberales”.

Le preguntamos si hay una clave para articular la resistencia y generar ofensiva popular contra estos avances reaccionarios. Barcesat contestó que si. Y planteó: “la movilización y las iniciativas institucionales son los dos recetarios básicos para enfrentar la situación”. “Me congratulo de estar en la primera trinchera de repugnancia a todo esto”, le sumó para sellar un análisis que de jurisprudencia tiene mucho, pero más de corazón patriótico en una nueva hora oscura de la Argentina.

 

POR EL CAMINO DE LA IMPUNIDAD23.3.2018

Penas bajas para genocidas violadores

Los jueces que juzgaban a represores de San Pedro, en Jujuy, no tomaron en cuenta el agravante de los crímenes sexuales y terminaron dando sentencias bajas

.En el marco de una senda de clara impunidad abierta desde que el macrismo consolidara su poder político obteniendo la presidencia de la Nación, el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy (provincia paradigmática en cuanto a políticas represivas respecta), arribó a sentencias que no conformaron a nadie.

Eso en el marco de un proceso judicial que comprobó los crímenes cometidos por policías de la segunda ciudad provincial, San Pedro, durante los años dictatoriales. Entre las aberraciones comprobadas se encuentran las de violaciones, sin mencionar un homicidio, terribles torturas a las víctimas y privaciones ilegítimas de la libertad.

Los seis imputados, que hasta se tomaron la libertad de no pronunciar sus alegatos, se limitaron a exculparse responsabilizando de los delitos a otro de ellos, el único que ya está muerto. Así, mientras la fiscalía había solicitado una pena de prisión perpetua, tres a 25 años de cárcel, una a 15 y otra a 8, los jueces Federico Díaz, María Cataldi, Mario Juárez y Gabriel Casas, dictaron sentencias que van desde 13 años de prisión a sólo uno.

Leonardo Rosales, secretario del PC de Jujuy y militante de de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, observó: “fueron penas bajas”. “Familiares y organismos de derechos humanos expresamos nuestro descontento”, puntualizó y explicó: “consideramos que tendrían que haber sido más contundentes las condenas teniendo en cuenta que hay un agravante”.

Observó que el agravante es el de los delitos sexuales y que este “no se tuvo en cuenta la hora de las condenas”. Por eso adujo que la sentencia se dio “en un contexto político en el que el gobierno nacional está garantizando la impunidad de los represores con penas mucho más suaves”.

Un 24 de marzo peculiar

Ante ejemplos como estos, que permiten reafirmar el camino de impunidad abierto desde que Macri es presidente, Rosales pidió que el 24 de marzo, Día de la Memoria, “sigamos manteniendo viva la marcha con la mayor cantidad de participación posible para no negociar la memoria de nuestros compañeros, levantar las banderas de lucha de los 30 mil desaparecidos y no permitir que los sectores que hoy están en el gobierno desdibujen la memoria y la historia de lucha de toda una generación”.

“La derecha nos disputa la significación de la memoria”, sostuvo y también valoró positivamente que ante ello “en Jujuy los organismos de derechos humanos venimos articulando más allá de diferencias de enfoque”. “Salvo el sector del Perro Santillán, podríamos decir que hay una unificación en trabajo”, dijo.

Agregó que Jujuy es “lamentable y tristemente conocida como una provincia con persecución política y judicialización de la protesta”. Apuntó al respecto: “gremios, sindicatos, dirigentes sociales, todos, están pasando, en mayor o menor medida, por judicialización y persecución”.

Luego advirtió: “un paso que está dando la derecha hacia delante es, lisa y llanamente, el asesinato de dirigentes sociales, como pasa en Brasil y ya venía pasando en Colombia o Paraguay”.

“En Colombia siguen asesinando líderes sociales después de la desmovilización de las Farc”, añadió y consideró que “eso es preocupante y tenemos que estar alertas los organismos de derechos humanos para que no empiece a suceder de manera continua en nuestro país, donde ya tenemos los casos de Maldonado y Nahuel y los de gatillo fácil”.

“Es un trabajo que tenemos que ir madurando organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas el de lograr una unidad en torno a principios y objetivos claros, más allá de los posicionamientos políticos electorales”, dijo Rosales para finalizar con una queja: “hace falta madurez política de todos los sectores para responder con contundencia a esto que avanza y si no le ponemos límites va a seguir avanzando”.

Movilizados por Memoria, Verdad y Justicia22.3.2018

Una marcha por ayer y hoy

“Va a ser una expresión contundente de rechazo a las políticas de su gobierno y, por supuesto, de repudio absoluto a la dictadura” dijo desde Rosario el titular del PC local, Norberto Champa Galioti.

La movilización que el sábado recorrerá todo el país “va a ser una de las expresiones más importantes de repudio, no sólo al golpe burgués-militar, sino también al gobierno nacional y el presidente Mauricio Macri”, por lo que “va a ser una expresión contundente de rechazo a las políticas de su gobierno y, por supuesto, de repudio absoluto a la dictadura”.

De este modo, el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galioti, anticipó lo que, sin dudas, será una jornada multitudinaria de resistencia y lucha.

En este sentido, Galioti hizo hincapié en que es preciso profundizar la articulación entre organismos de derechos humanos, fuerzas políticas, sindicales y sociales ante el incremento de la violencia institucional.

“Lo que está ocurriendo en este momento reclama, verdaderamente, una reflexión profunda sobre el rol que hoy, en este momento histórico, debemos tener los organismos de derechos humanos”, señaló.

Y puntualizó que “fue importante la lucha y la organización a partir del Nunca Más, la lucha contra la dictadura y por la aparición con vida, la librada por el rescate de los nietos y todo eso tiene que continuar” pero, remarcó, “hoy se está expresando la violencia institucional de una forma brutal, en casos como el asesinato del nene de once años en Tucumán y la que se ejerce contra población mapuche”.

Pero, asimismo, “en la forma en que se avala el accionar criminal del gatillo fácil por parte de todo el gobierno, comenzando por el presidente Macri y la ministra Bullrich que felicitan y defienden la acción del policía asesino”.

Por eso, “tenemos que pensar, ya no en el reclamo y la resistencia que significaron en los años 70, sino en un modo más preventivo y en un accionar anticipando lo que seguramente va a ir incrementándose con la política que establece el gobierno”.

Mirada

Pero esta escalada represiva no responde exclusivamente causas endógenas, sino que se presenta como un correlato de un avance peligroso de la injerencia de EE.UU. en toda la región.

Así como en los años 70 impulsó la represión, la desaparición forzada de personas y la tortura para aniquilar una expresión anti capitalista que luchaba por el socialismo entre los pueblos de América Latina y el Caribe, ahora EE.UU. utiliza otras formas también -con la misma violencia- por medio de golpes de distinta intensidad que atentan contra nuestros pueblos”, dijo Galiotti.

Y recalcó: “antes era la lucha contra el comunismo ahora es la lucha contra las drogas -con la DEA- y también contra el terrorismo internacional.

De ahí que resaltara que la clave para generar resistencia y ofensiva está en “la unidad y el internacionalismo”.

En este sentido, recordó que en mayo se va a llevar a cabo la elección presidencial de Venezuela, que “es importante para el futuro de nuestro pueblo”, porque “ahí se juega el imperialismo la posibilidad de dar un golpe artero a los pueblos de nuestra América, si es que logra derrotar al proceso bolivariano”.

Y finalizó, “por eso es que este 24 de marzo, el reclamo y la mirada, también debe estar puesta en la región donde están pasando cosas gravísimas que tiene mucho que ver con lo que pasa en Argentina”.

 

Rubén Terrile y el mensaje desde Bariloche 22.3.2018

“La clave está en articular”

Desde una zona caliente, que el Ministerio de Seguridad utiliza como escenario de ensayo del Estado policial, el Partido Comunista convoca a un 24 de marzo multitudinario.

“Esto se formula dentro del avance conservador de la política del gobierno que, obviamente, tiene un componente de clase que integra a los mismos civiles de aquella época”, dijo el secretario del Partido Comunista de Bariloche e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Rubén Aristides Terrile, al referirse al contexto que tiene el 42 aniversario del golpe de Estado de 1976.

Vale recordar que, no hace mucho, se conoció la lista de postulantes a disfrutar de prisión domiciliaria, que está a disposición del Servicio Penitenciario Federal.

Ahí figuran, entre otros genocidas, Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Julio Simón y el ex capellán de la policía bonaerense, Cristian Von Wernich.

“En Bariloche también nos pasa que tenemos dos genocidas que están gozando de libertad domiciliaria” recordó Terrile y, denunció que desde el gobierno nacional y desde una clara identificación de clase, “necesitan liberar a la gente que les hizo el trabajo sucio en los setenta”, por lo que “pondrán cualquier excusa para dejarlos en libertad”.

Por otra parte, el secretario del PC local, celebró que en Bariloche, “hemos podido armar un documento en conjunto con la CTA, Hijos, La Cámpora y Movimiento Evita, entre otras organizaciones políticas, sociales, sindicales y de defensa de los derechos humanos”.

En su texto, resalta Terrile, “se recuerdan los 42 años del golpe de Estado y se enumera todo lo que está sucediendo ahora con estas situaciones de represión selectivas que está llevando a cabo el gobierno para gestar una represión que favorezca la restauración conservadora”.

Así las cosas, sobre todo en una zona donde las fuerzas represivas del Estado se ensañan con particular virulencia con picos de violencia institucional como el del asesinato de Rafael Nahuel por parte de un prefecto del Grupo Albatros, queda claro que es preciso avanzar en nuevas formas de articulación y articulación entre organismos de Derechos humanos.

Articulación de la lucha entre organismos de Derechos Humanos con los políticos, sociales y sindicales, es una de las claves para enfrentar el incremento de la violencia institucional que está absolutamente vinculado a la creciente injerencia de EE.UU. en la militarización de América Latina.

“Hay una gran cantidad de personas que se incorporan a la militancia en defensa de los derechos humanos”, celebró Terrile y reflexionó que esto ocurre porque “el pueblo quiere participar, pero también busca organizaciones que no traicionen esa articulación”.

“Vienen por todo”

“Acá vemos la intención del Imperio por quedarse con los recursos naturales que tenemos como zona, por eso es que cargan contra los pueblos originarios”, reflexionó el titular del PC barilochense.

Y, sin dudarlo, añadió que “por aquí, cada vez más, aparecen muchos ‘turistas’ de Israel que reportan al ejército de su país y aportan a la estrategia política de EE.UU. de quedarse con los recursos de la Patagonia”.

De ahí que, sin dudarlo fue contundente cuando, a la hora de definir dónde está la clave para articular la resistencia y generar formas de ofensiva, señalara que “la ciudadanía está viendo que es necesario articular” por eso, “está en nosotros generar las herramientas que se precisan para avanzar en esa articulación y, sobre todo, para que no se diluyan en el tiempo”.

CLAUDIA CESARONI SOBRE LAS DOMICILIARIAS A REPRESORES22.3.2018

Cuando un derecho es herramienta de impunidad

La periodista y abogada de derechos humanos reivindicó la institución de la prisión domiciliaria, pero apuntó sobre sus alcances verdaderos.

“Importa destacar que la prisión domiciliaria es un derecho y que no se puede asimilar a la impunidad”, sostuvo Claudia Cesaroni, periodista, abogada de derechos humanos y experta en asuntos de violencia institucional. Lo hizo para explicar los argumentos jurídicos que deben observarse ante el pedido de prisión domiciliaria, la cual fue sugerida como beneficio de una larga lista de represores.

La nómina la realizó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y al respecto de ella, la abogada señaló que cabe preguntarse “si alguien pidió ese listado o si el SPF, que depende del ministerio de Justicia, lo elabora de motu propio”.

Posteriormente, defendió la prisión domiciliaria como institución de la Justicia, pero la alejó de los represores y la acercó a quienes, a su juicio, deben recibirla, como pueden ser los presos comunes que están en proceso y todavía no tienen condena, que son más de la mitad de los reclusos argentinos.

Reconoció que es cierto, como articula el SPF y el ministerio de Justicia para sostener la legitimidad de sus listas con nombres de genocidas, que las cárceles argentinas están superpobladas. Justamente por eso, Cesaroni resaltó: “los primeros nombres que deberían figurar en ese listado son los de todos esos procesados o la inmensa mayoría de ellos, que no deberían estar privados de la libertad”.

Repuso que, en cambio, “las únicas personas que deberían estar privadas de la libertad son aquellas personas que tienen una condena firme” y enumeró: “para liberar un poco las cárceles saquemos a los procesados, a todos, a los presos por delitos comunes o por ejemplo, a Carlos Zannini, (Julio) De Vido o (Luis) D’Elía”. Sumó a estos nombres de prisioneros políticos, a modo de ejemplo, el de “los miles de Juan Pérez y Juana López, que son jurídicamente inocentes”.

También adujo que “las personas que tienen una enfermedad terminal o para las que la cárcel supone un sufrimiento excesivo agregado al sufrimiento que implica estar privado de la libertad, tienen el derecho de solicitar la prisión domiciliaria”. Apuntó: “la prisión domiciliaria se solicita, no se brinda de modo oficioso sino que se pide”.

Explicó que ese beneficio podría ser solicitado para “todos los casos de pibes a los que la policía les pegó un balazo en el estómago y quedaron con el ano contra natura y no tienen ni siquiera para las bolsitas de colostomía”. “Esas personas sufren un padecimiento que es inaceptable en un estado de derecho”, sostuvo.

Criminales de lesa humanidad

“Seguramente para Juan Pérez será mucho más difícil que lo atiendan dignamente en la cárcel que a los represores”, dijo Cesaroni para diferenciar a los presos comunes de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Agregó: “no hay nada más elitista y clasista que el sistema penal”.

“Cualquier persona adinerada o con una condición social superior a la media en la cárcel o habiendo sido parte de una fuerza de seguridad como las Fuerzas Armadas, tiene en la cárcel un tratamiento distinto que Juan Pérez”, señaló.

“Los pibes que andan con la bolsa sucia de colostomía están abandonados a la buena de Dios y probablemente cuando pidan prisión domiciliaria no se la van a dar porque quizá no tienen dónde vivir o porque en la casa no hay teléfono y entonces no los pueden controlar”, apuntó y remarcó que “a eso hay que tenerlo en cuenta” para no condenar el recurso de la prisión domiciliaria sólo porque los genocidas lo utilicen en su beneficio. “Los institutos deben funcionar cuando corresponda y en los casos en que corresponda”, esgrimió al respecto.

Marchar con la cancha embarrada

El próximo 24 de marzo, el Día de la Memoria las masas argentinas marcharán en un escenario enrarecido por estas acciones tendientes a la impunidad o la confusión de las fuerzas populares. Por eso Cesaroni sostuvo, ante la aparición y difusión de las listas del SPF, que “sería muy ingenuo pensar que no tienen que ver con un clima de época”.

Manifestó que los argentinos estamos “bajo un gobierno que es heredero civil de la dictadura” y ejemplificó así sus palabras: “matan pibitos con balazos en la nuca” y “desaparece gente solidaria, como Santiago Maldonado”. Repuso: “son una sucesión de hechos que están vinculados”.

1976-24 de marzo-201822.3.2018

Hora de desbordar las calles

Desde el Partido Comunista se convoca a marchar el sábado en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. “A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que iniciara la noche más oscura de la historia de la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri monta una nueva provocación”, dijo Graciela Rosenblum, al referirse al intento por soltar a Alfredo Astiz.

“El 24 de marzo el pueblo desbordará las calles y las plazas de todo el país”, recalcó la militante comunista y presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Graciela Rosenblum, al tiempo que hizo público el repudio a la posibilidad de que se beneficie con prisión domiciliaria a genocidas que actuaron durante la última dictadura, entre otros, Alfredo Astiz.

Al respecto, Graciela Rosenblum, recordó que “a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que iniciara la noche más oscura de la historia de la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri monta una nueva provocación”.

Tras lo que recalcó que “la intención de otorgarle a los genocidas el beneficio de ‘modalidades alternativas’ a la cárcel, junto con la resolución del 2x1 de la Corte Suprema de Justicia y del intento de movilidad del feriado del 24 de Marzo, se enmarca en las políticas de impunidad que pretende establecer el gobierno de Macri, como devolución de favores al terrorismo de Estado por haberse beneficiado, él y todos los grupos económicos”.

Y, fue clara cuando hizo hincapié en que, tal como pasó con los intentos de imponer el 2x1 y mover el feriado, “la intención de sacar de la cárcel a los genocidas por medio de las domiciliarias, se va a encontrar con el repudio masivo en las movilizaciones populares”.

Asimismo, la presidenta de la Ladh, destacó que “el motivo que se aduce para otorgarles prisión domiciliaria a menores de setenta años, es que presentan problemas de salud” pero, añadió, “en ese caso, el Estado debe contar con los servicios necesarios para brindarle la atención que corresponda, en su lugar de detención”.

Y fue contundente cuando remarcó que “los genocidas deben cumplir la sentencia de cárcel común y efectiva”, ya que los que perpetraron “son delitos de lesa humanidad, condenados en todo el mundo”.

Finalmente, Graciela Rosenblum, señaló que “el 24 de marzo, el pueblo y las organizaciones políticas, sociales, de Derechos Humanos y del campo popular en general desbordarán las calles y las plazas de todo el país, atentos a impedir que desde el poder se sostengan las políticas de impunidad”.

Fernández Meijide pide, Macri otorga

No conforme con los represores que el Servicio Penitenciario Federal incluyó en la nómina que confeccionó a fines de enero, ahora incluyó a otros presos que podrían salir de la cárcel, entre ellos, Astiz.

Vale citar que entre los argumentos del Servicio Penitenciario Federal, está aquel que señala que esta medida está destinada a “resolver la superpoblación en prisiones que tiene a varios condenados por delitos de lesa humanidad”.

En la nómina de enero, el SPF incluyó en su listado de 1111 presos y presas con posibilidad de acceder a formas de egreso anticipado de la cárcel a 96 represores procesados o condenados. Allí están, entre otros, Jorge Acosta, alias El Tigre, Julio Simón, alias el Turco Julián, y el ex capellán Cristian Von Wernich.

En la última actualización que suma a Astiz, se eleva la lista a 1436 presos. Ahí hay quince represores como el ex agente de Inteligencia Horacio Martínez Ruiz, que actuó en el centro clandestino Automotores Orletti, y el apropiador Víctor Gallo.

Al respecto, el titular del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco, aclaró que este organismo “no ha recomendado ni sugerido” la prisión domiciliaria de Astiz y otros acusados de delitos de lesa humanidad, al tiempo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, señaló que este tipo de decisiones corresponden a los jueces y Claudio Avruj. Habló de una “posición institucional que es de repudio y de rechazo”.

Por su parte, Graciela Fernández Meijide, fue clara cuando a la hora de fijar su postura, recalcó que “a Astiz deberían darle prisión domiciliaria”.

Por su parte, ayer en una charla televisiva que mantuvo con la conductora Mariana Fabiani, el presidente Macri se quejó de “la puerta giratoria” por la que, según asevera- los delincuentes “entran y salen de la cárcel”. Pero tras cartón, cuando se lo consultó sobre el caso Astiz, sentenció: “es algo complicado quitarle la libertad a una persona”.

MARCHAR BAJO EL MACRISMO22.3.2018

Con el fantasma de las domiciliarias

Hector Trajtemberg, de la Ladh, reconoció que las cárceles argentinas están superpobladas, pero objetó ese argumento para justificar la prisión domiciliaria de genocidas condenados.

En el medio de un contexto más claramente represivo que en años previos al macrismo, con genocidas ya condenados puestos en listas de sugerencias para beneficiarios de la prisión domiciliaria, la marcha por el día de la Memoria reviste este año un nuevo significado. La masividad que suele tener esa jornada en toda la Argentina estará diciendo el sábado muy otra cosa que en años anteriores.

Puestas en circulación a sólo días de concretarse la movilización las listas en que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sugiere mandar a casa a represores como Astiz o el Tigre Acosta, es lícito pensar que la derecha reaccionaria sale a embarrar la cancha antes del sábado. Puesta esta sospecha sobre la mesa, sólo queda comprender los hechos con una mirada política y fría para que el corazón, lógicamente encendido, no accione equívocamente.

Héctor Trajtemberg, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), leyó así la situación: “desde que asumió el gobierno macrista todas las políticas de derechos humanos han tenido un retroceso enorme, en particular en lo referido a los juicios por los crímenes de la dictadura militar, que se sostienen gracias a la lucha y al trabajo de los organismos de derechos humanos y los constantes reclamos”.

Adujo que “el gobierno ha intentado de mil maneras parar los juicios” y también “liberar y quizá hasta reivindicar a los genocidas”. “Desde el 2x1 hasta todas las prácticas negacionistas de los funcionarios del gobierno apuntaban a eso” agregó sin dudar y con respecto a la peligrosa lista del SPF abordó el asunto desde la excusa penitenciaria del hacinamiento carcelario.

Dijo en ese sentido: “desde la Ladh y otros organismos de derechos humanos siempre hemos opinado que las cárceles deben ser descomprimidas”. Repuso: “si fuera posible tendríamos que eliminar las cárceles y dejarlas solo para delitos y situaciones muy graves”. Observó también el crecido número de presos en Argentina (unos 70 mil) y el hecho de que casi la mitad son procesados sin condena.

“Cuando les llegue el juicio serán absueltos y habrán pasado no meses sino años en la dura experiencia de la prisión, inútilmente, y el estado sería responsable”, dijo sobre los procesados. “Dentro de la política de mano dura, de tolerancia cero, de encarcelamiento por todo, parece contradictorio el deseo de sectores del gobierno de liberar las cárceles”, manifestó y concluyó con que en realidad “buscan una vuelta de tuerca para tratar de liberar o por lo menos poner en prisión domiciliaria a los represores”.

No son presos comunes

No obstante sus observaciones al respecto de la institución carcelaria y de las condiciones de hacinamiento que hay en las prisiones argentinas, Trajtemberg se detuvo para enfatizar que entre un preso común y un genocida condenado “la diferencia es muy grande”. Remarcó que sobre estos tanto la legislación argentina como pactos internacionales suscriptos por nuestro país prescriben como imposibles de amnistía o indulto sus crímenes de lesa humanidad. “No es lo mismo un delito común que un crimen de Estado”, añadió.

Observó que en estos casos no se trata de “liberar o poner en arresto domiciliario no es lo mismo pero es igual”. En ese camino, manifestó que un eventual beneficio de la prisión domiciliaria para un genocida “es directamente una provocación contra los organismos de derechos humanos y el movimiento popular”.

Señaló que la aparición de las listas del SPF es un hecho “claramente preparado para el 24 de marzo”. “No es inocente la propuesta”, consideró. Pero luego valoró positivamente la articulación de los organismos de derechos humanos ante temas como la muerte de Santiago Maldonado, recordando sobre ello “las gigantescas movilizaciones que ha habido”. “Una expresión cabal de todo eso van a ser los actos que se preparan para el sábado 24, en donde no solo están las consignas de los compañeros desaparecidos de los años setenta, sino también las reivindicaciones actuales”, dijo finalmente.

 

Tucumán y la designación de Facundo Maggio21.3.2018

Un juez amigo de los genocidas

Sin debate la Legislatura lo nombró a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal 2. Lo propuso el gobernador Juan Luis Manzur. “Esto se encuadra en la subordinación que están teniendo las provincias a la política nacional”, recalcó el integrante del PC provincial, Juan José Palacios.

En Tucumán, la Legislatura aprobó el pliego de Facundo Maggio quien, así, fue designado a cargo del titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal 2. Hasta aquí todo parece un trámite, pero el caso es que este nombramiento está cuestionado por los organismos de Derechos Humanos, porque este abogado fue defensor de diferentes genocidas en juicios abiertos por los delitos de lesa humanidad que perpetraron durante la última dictadura.

Maggio es elegido juez por 32 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones. Pero esto no es todo. Su pliego no fue debatido y su candidatura fue propuesta por el gobernador Juan Luis Manzur.

Desde diferentes organismos de defensa de los derechos humanos que actúan en Tucumán, se fusrigó la decisión y el procedimiento por el que este abogado se convirtió en juez. En este sentido, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, se advirtió que Maggio posee “antecedentes nefastos”, tras lo que se recordó que, entre otros, este abogado fue defensor de acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad como José Eloy Mijalckyk, quien resultó absuelto, aunque fue reconocido por sobrevivientes durante el juicio abierto por la Megacausa Arsenales II.

Otro de sus defendidos es el ex militar Carlos Eduardo Trucco, condenado a catorce años de prisión, así como los integrantes de bandas armadas que actuaron durante el Operativo Independencia Ernesto Arturo Alais, Carlos Diacono, Cayetano José Fiorini, Chuchuy Linares Enrique Bonifacino, Camilo Orce y Luis Rolando Ocaranza.

Hay responsables

Desde el Partido Comunista de Tucumán no quedan dudas cuando, a la hora de establecer responsabilidades por el nombramiento de Maggio se señala al PJ y al PRO que hegemonizan la Legislatura.

“Esto se encuadra en la subordinación que están teniendo las provincias a la política nacional”, recalcó el integrante del PC provincial, Juan José Palacios, quien recordó que en Tucumán, el ejecutivo “es cómplice del gobierno nacional”.

Asimismo, fue claro cuando advirtió que la señal que se envía con esta designación en pésima.

“Los organismos de derechos humanos nos movilizamos para hacer cinco pedidos para evitar que se lo designe”, indicó Palacios y recordó que, además, en ese contexto, fueron reprimidos por personal de la policía provincial que les impidió acercarse al Palacio Legislativo.

Y, en este sentido, tras celebrar que se haya logrado construir un documento amplio de cara al 24 de marzo, el representante del PC hizo hincapié en que es preciso avanzar en nuevas formas de articulación entre los organismo de derechos humanos.

“En en eso estamos”, remarcó y reconoció que “veníamos de una dispersión pero, en estos dos últimos años, volvimos a rescatar el movimiento de derechos humanos integrado por todos los organismos” que, además, “se abre a sectores políticos, sociales y sindicales”, porque “hay que articular un plan de acción para resistir y enfrentar todo lo que está pasando y lo que va a venir”.

Y, sin dudarlo, aseveró que “no queda otra que la unidad de acción y en la calle, algo para lo que el Partido está haciendo un esfuerzo, así que vamos en un buen camino, es cuestión de seguir insistiendo, no perder la paciencia, fortalecer y hacer buenos análisis que nos permitan seguir avanzando”.

En el aniversario del Golpe, Entre Ríos se moviliza20.3.2018

Marcha en unidad

La manifestación por el Día de la Memoria será unitaria en la provincia, lo cual fue acordado por todos los organismos para enfrentar la impunidad.

El 24 de marzo venidero presagia una multitudinaria movilización popular en todo el país. Se trata de la fecha que, en recuerdo indeleble del golpe de Estado genocida de 1976, reafirma que los argentinos tienen Memoria y anhelan Verdad y Justicia.

Es una efeméride siempre populosa, con epicentro en la porteña Plaza de Mayo pero con réplicas importantes en todas las grandes ciudades del país. Pero la de este año se concretará en un marco de creciente represión y de renovada impunidad hacia los crímenes de la última dictadura, que abrieron la puerta al neoliberalismo en el país, el cual hoy gobierna con todo su terrible peso.

El año pasado, la Justicia del macrismo analizó la posibilidad de liberar represores condenados mediante la estrategia legal (ya caduca para crímenes comunes) del 2x1. La masiva y organizada respuesta popular detuvo la intentona, pero notables genocidas accedieron después a beneficios de prisión domiciliaria, se dieron condenas que no dejaron a nadie satisfecho y se ralentizaron los juicios.

Como la imagen que aparece en estos días grises de neoliberalismo campante es la de una impunidad que crece, no es aventurado pensar que las calles argentinas verán este año un 24 de marzo masivo como casi siempre, pero también en resistencia. Digamos mejor, numerosa resistencia.

Entre Ríos y memoria

Marcelo Boeykens, coordinador del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos y abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, informó que “los organismos (de derechos humanos) en la provincia marchamos de manera unificada”. Enfatizó que “hay una sola marcha en la ciudad de Paraná” y que “esto se logró a partir de las políticas negacionistas del gobierno macrista”.

Observó que en la versión entrerriana de la marcha se tomarán en cuenta los reclamos en contra del dicho 2x1 y las prisiones domiciliarias para peligrosos genocidas. “Hacemos hincapié también en que no hay ajuste sin represión”, dijo además, señalando así el lema convocante de la manifestación en su provincia.

Una lista confeccionada por el Servicio Penitenciario Federal y en la cual figuraban, entre otros, los nombres de 96 represores ya condenados como sugerencias de beneficiarios de la prisión domiciliaria, circuló en las redes y diarios. La existencia de la misma también motivó las reflexiones de Boeykens.

“El único lugar para los genocidas es la cárcel”, apuntó en ese sentido y le sumó que “no tiene ningún sustento este pedido”. Puntualizó que desde las penitenciarías se objeta la sobrepoblación carcelaria para sugerir estas liberaciones y por eso observó que “en Entre Ríos entre la población carcelaria total tenemos solamente a dos genocidas que cumplen prisión efectiva”.

Con respecto al listado, sostuvo que su existencia “habla de que el proceso de Verdad, Memoria y Justicia no tiene marcha atrás y, entonces, los genocidas, sabedores de que van a ser juzgados y condenados, buscan alguna manera de morigerar esas condiciones de detención”.

El Partido Comunista convoca a movilizar el sábado20.3.2018

A colmar las plazas de todo el país

“Los niveles de masividad de la movilización, son un patrimonio del movimiento popular argentino que, desde hace años, forja en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia su identidad como pueblo y hoy son un bastión en la lucha contra el proyecto de ajuste, entrega y represión del gobierno”, recalcan el Partido y la Fede al convocar a la marcha.

“A 42 años del golpe de Estado, nos movilizamos para rendir homenaje y seguir pidiendo juicio y castigo por los 30.000 compañeros desaparecidos, entre ellos, cientos de camaradas que fueron detenidos, desaparecidos y represaliados, primero por la Triple A y, más tarde, por la dictadura”, recalca la convocatoria que hacen el Partido Comunista y la Fede para marchar el sábado 24, a partir de la hora 11, desde la intersección de Belgrano y 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires.

“El terrorismo de Estado, con los genocidas en el poder, implementó un plan económico, político, social y cultural contra el pueblo”, puntualiza la declaración del PC y recuerda que, “apoyando e instigando este golpe de Estado, estuvieron los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales y no sólo pidiendo a gritos el terrorismo de Estado, sino también en muchos casos prestando sus instalaciones, su logística y sus vehículos para el exterminio, y entregando listas de trabajadores que militaban”.

Tras lo que destaca que “no olvidamos que la desarticulación de la clase obrera fue uno de los objetivos centrales de la dictadura” y que “se masacró a una generación que estaba organizada para resistir ante el avance de los intereses financieros multinacionales en el continente”.

Por lo que “a 42 años, desde el PC seguimos impulsando la denuncia y el esclarecimiento de la responsabilidad del poder económico concentrado de carácter imperialista que fuera promotor e inspirador de la dictadura y el terrorismo de Estado”.

Poder económico

Por otra parte, el PC y la Fede hacen hincapié cuando denuncian que “hoy, estos grupos atentan contra el sistema educativo público y gratuito, cierran escuelas y hospitales públicos y fuerzan el quiebre de pequeñas y medianas empresas, liquidan la industria nacional, entregan nuestras riquezas naturales y energéticas al capital trasnacional y endeudan al país comprometiendo el futuro de varias generaciones”.

Pero asimismo, “‘para garantizar la seguridad nacional’”, incrementan la represión, mantienen injustamente presos a determinados compatriotas, justifican el gatillo fácil y acuerdan con el imperialismo norteamericano la instalación de bases militares y servicios secretos de inteligencia”.

Por eso, “este 24 de marzo, hay que colmar las plazas de todo el país, desplegando una enorme movilización”, ya que “cualquier proyecto popular no puede nunca competir en el terreno del enemigo y nuestro terreno es la lucha y la calle”.

Y, en este sentido, el documento resalta que “los niveles de masividad de la movilización, son un patrimonio del movimiento popular argentino que, desde hace años, forja en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia su identidad como pueblo y hoy son un bastión en la lucha contra el proyecto de ajuste, entrega y represión del gobierno”.

Por eso, remarca, “es imprescindible la búsqueda de la unidad del campo popular” ya que “lograr la unidad nos pondría en mejores condiciones para enfrentar la represión del macrismo, que no hace otra cosa que seguir profundizándose”, de ahí que “esta marcha deba estimular todo lo relativo a la defensa del movimiento popular, garantizándonos que no perdamos las calles”, porque “nos mantenemos firmes en nuestros reclamos de los últimos años, que también son parte fundamental de la lucha por los derechos humanos en la actualidad”.

Y, en este punto, el documento recuerda la vigencia “de nuestro reiterado pedido de derogación de la Ley Antiterrorista, votada con la anuencia de sectores del progresismo, quienes debieran revisar ese error político y sumarse al pedido de que se derogue dicha ley”.

Pero también que “es imperativo fortalecer la movilización para derrotar el plan de ajuste en las calles, articulando al vasto campo de sectores agredidos por el gobierno”, al tiempo que destaca que “para los comunistas es imposible tener éxito en esta tarea sin una fuerza, a la ofensiva, con capacidad de librar la lucha cultural que es una lucha central contra la cultura de la dispersión y de la antipolítica”.

Por lo que “convocamos a nuestros camaradas y demás integrantes del campo popular a llevar adelante acciones unitarias, organizadas, de carácter antimperialista y de liberación nacional y social” ya que “es el combate que nos corresponde librar desde siempre, y con mucho más énfasis en la actual coyuntura”.

Y, en este sentido, vuelve a insistir con la exigencia de “juicio y castigo para todos los responsables, cómplices y beneficiarios políticos y económicos de la dictadura, derogación de la Ley Antiterrorista del imperialismo, no a los protocolos de seguridad, libertad a Milagro Sala y demás presos políticos y fuera ingleses de Malvinas y yanquis de América Latina”, así como en la postura solidaria con el pueblo de Venezuela “agredido por el imperialismo”.

Iris Pereyra de Avellaneda, de cara al 24 de Marzo20.3.2018

“Hay que movilizar para que no se dé un sólo paso atrás”

En esto hace hincapié la copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quien además denuncia un “acuerdo entre los militares y Mauricio Macri para dejar en libertad a los genocidas”.

 

-42 años del 24 de marzo de 1976, una fecha que propone reflexionar...

Se cumplen 42 años del golpe de Estado, es lógico que no nos olvidemos de esto y, sobre todo, de que es importante mantener la memoria viva. Son 42 años, no es joda.

 

-En este contexto, el gobierno saca su proyecto de vaciar de contenido al predio de Campo de Mayo...

Sí, ahí en Campo de Mayo hubo tres centros clandestinos de detención, entre ellos, El Campito, donde estuvimos presos con El Negrito, pero además el hospital donde las parturientas tenían a sus hijitos y el médico Bianco se los sacaba para regalarlos como si fueran paquetitos y el Tiro Federal, que era otro campo. Son tres centros clandestinos que debemos tener en la memoria. Por eso es que no podemos permitir que este gobierno haga un parque nacional para beneficio de ellos, no para los que estuvimos ahí adentro. No vamos a permitir que hagan su parque nacional en Campo de Mayo, esto es algo que vamos a pelear hasta la muerte. Desde 2014 nos prometieron seis hectáreas del predio para hacer centros culturales, algo bueno dentro de Campo de Mayo, pero subió este gobierno y, al contrario, garrote nos están dando, nos maltratan como si fuéramos cualquier cosa.

 

-La clave está en resistir...

Somos muchos, hay muchas organizaciones que estamos peleando, porque sabemos que debemos defendernos como sea, más ahora que el presidente Mauricio Macri quiere excarcelar a 96 militares genocidas.

 

-Eso es gravísimo...

Sí, por eso, si nos dormimos en los laureles los militares juzgados van a andar libremente por la calle y van a volver a hacer lo que querían, porque es lo que están buscando. Este gobierno no acepta la justicia civil, por eso es que debemos estar en la calle para pararle la mano, porque esto ya no va más. No puede ser lo que están haciendo, hay quinientas causas cajoneadas, no hay jueces, es un mar de cosas que estamos padeciendo. Por eso salimos a la calle y nos agarramos de eso, porque otra herramienta no tenemos y sabemos que debemos estar vivitos y coleando en las escuelas, la calle, acompañando a los despedidos, tenemos que estar en las fábricas que cierran y ayudando a la gente que está en la calle.

 

-¿Cómo ve la reacción popular ante el gobierno?

Lamentablemente noto mucha apatía en la gente, muchos que todavía están trabajando no se movilizan porque tienen miedo a perder el trabajo, por eso los que salen a la calle son, en su mayoría, trabajadores despedidos. Ojalá la marcha del 24 sea mucho más grande que la del año pasado, para que este gobierno vea que estamos en la calle y que no nos derrotaron. Debe ser así, tenemos que salir todos a la calle.

 

-Este 24 de marzo también llega en un contexto regional difícil, algo que se verifica en Brasil donde la semana pasada fue asesinada Marielle Franco...

En todos lados estamos padeciendo esto, pero si callamos, otorgamos, si nos quedamos en la casa, perdemos. Este asesinato es un hecho gravísimo que habla de lo que está pasando en Brasil pero también en toda la región por estos gobiernos títeres del imperialismo yanqui que destruyen todo lo que tocan. Sentimos mucha solidaridad con el pueblo brasilero en este momento ante el asesinato de una mujer pobre de las favelas que luchaba por los pobres. No sé en qué va a terminar esto, es un desastre todo esto, por eso es importante la organización y las organizaciones militantes que debemos mover cielo y tierra para que esto pare.

 

-¿Aquí es donde, nuevamente, aparece como respuesta la movilización?

Sí. Por eso es que estamos movilizados para todo, por los tarifazos, por los despidos, por la gente que está durmiendo en la calle, por la falta de trabajo, tomando medidas con los jubilados, con los estudiantes de colegios.

 

-A poco de otro aniversario del golpe de Estado de 1976, el obispo castrense, Santiago Olivera, critica públicamente a lo que llama “justicia ideologizada” y pide “una verdad completa”...

Sabemos que la Iglesia avaló los crímenes de lesa humanidad de la dictadura ¿Con qué derecho ahora la Iglesia pide que se cumpla con la memoria sin ideología. Y no sólo eso, la Iglesia fue directamente cómplice del golpe cívico-militar del 76, del que ya se cumplen 42 años. Estos pedidos no pueden ser escuchados y, además, hay que denunciar el acuerdo entre los militares y Mauricio Macri para dejar en libertad a los genocidas.

 

-¿Cree que existe alguna posibilidad de que esa maniobra prospere?

Eso es algo que no podemos permitir. No podemos dejar que los asesinos queden en libertad, es más, todavía el Poder Judicial tiene que juzgar a muchos miembros de la Iglesia y a civiles que estuvieron involucrados en el genocidio y que aún no fueron juzgados. Por eso para este 24 de marzo hay que volver a salir a la calle en todo el país, movilizar y dejarles claro que la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia no admite ni un paso atrás y que nunca dejaremos que se dé un paso atrás.

Sigue el juicio por la Causa Ford19.3.2018

La para empresarial de la dictadura

“Sólo la lucha y la presencia popular en el juicio, va a garantizar que estos responsables civiles y empresariales paguen lo que le hicieron al pueblo”, recalcó el secretario de Derechos Humanos de Suteba San Martín, Gustavo Sian.

Tras dos años de demoras, con los testimonios de los ex delegados Carlos Propato y Pedro Troiani, días atrás comenzó la etapa de declaraciones en el histórico juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados dentro de la planta que la multinacional Ford posee en la localidad bonaerense de General Pacheco.

“Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado” recalcó la abogada querellante, Elizabeth Gómez Alcorta, al referirse a los crímenes que se cometieron en la planta, pero particularmente en el quincho de Ford Motors Argentina que, durante 2012, fue señalizado como lugar de secuestro y tortura contra obreros de la fábrica.

En 1976, los primeros delegados en atestiguar, se desempeñaban como operarios de la fábrica que entonces empleaba entonces a más de siete mil trabajadores. El 13 de abril de ese año, fueron secuestrados de sus puestos de trabajo y torturados en “El quincho”, como llamaron al centro clandestino que, en clara connivencia, la autoridades de Ford cedieron al aparato represivo de la dictadura. Después, los trasladaron a la Comisaría de Tigre y de ahí a diferentes prisiones hasta que, un año más tarde, fueron liberados.

Por esta causa, el tribunal Oral Federal 1 de San Martín va a escuchar el testimonio de 24 víctimas, en el que es el primer juicio a empresarios que formaron parte del dispositivo montado por el terrorismo de Estado, que integra a todas sus víctimas en un solo debate. Aquí, los empresarios se beneficiaron con la dictadura, pero además actuaron de directamente en la persecución y represión ilegal.

En el caso, dos ex directivos de la automotriz están sentados en el banquillo junto al ex general Santiago Riveros. Se trata del ex gerente de manufacturas Pedro Müller y el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de seguridad de la planta de General Pacheco.

Responsabilidades

“La lucha popular ha logrado visibilizar, a lo largo de estos 42 años, la responsabilidad de los civiles empresarios de esta última dictadura cívico-militar”, recalcó el secretario de Derechos Humanos de Suteba San Martín y dirigente de la Lista Violeta, Gustavo Sian, tras lo que hizo hincapié en que “se puede ver con claridad la pata civil que estuvo junto a estos genocidas”.

En la misma dirección, Sian fue claro cuando reflexionó que este juicio permite señalar que “el genocidio no sólo fue resultado de una dictadura sangrienta para desaparecer a los disidentes político,s sino que también fue un modelo económico, social y cultural que se implantó en la República Argentina”.

Un modelo que, insistió, estuvo “comandado fundamentalmente por el imperialismo yanque junto a los lacayos nacionales que se enriquecieron a través de todas estas políticas represoras” por eso “es preciso recalcar que no sólo fue una dictadura militar, sino que fue cívica, eclesiástica y empresarial” por lo que este juicio “es un gran paso y es un logro del campo popular”.

Y sin dudarlo, destacó que, esto es así, más aún ahora que el país está gobernado por el poder real y que ese poder es neoliberal, algo que puede interferir para que los responsables tengan la condena efectiva que se merecen” por eso “sólo la lucha popular y la presencia de nosotros en el juicio, va a garantizar que estos responsables civiles y empresariales paguen lo que le hicieron al pueblo”.

 

16.3.2018

Sin presos políticos

El titular del Partido Comunista integró una delegación que, ayer, visitó la cárcel de Ezeiza donde están recluidos Carlos Zannini, Carlos Kirchner, Luis D’Elía y Jorge Y. Khalil. “les transmitimos solidaridad a los compañeros”, recalcó Víctor Kot.

El secretario del PC, Víctor Kot, visitó ayer a los presos políticos Carlos Zannini, Carlos Kirchner, Luis D’Elía y Jorge Y. Khalil, que se encuentran en el penal de Ezeiza. Lo hizo acompañado de los periodistas Horacio Aranda Gamboa, Víctor Ariel Weinman y Mario Roberto Sandras y con el motivo de llevar la solidaridad y afianzar los vínculos fraternales.

Al salir del penal, reafirmó “el compromiso del Partido Comunista de realizar todos los esfuerzos tendientes a consolidar un frente opositor para derrotar las políticas de ajuste, entrega y represión”. Y pidió “un 24 de Marzo sin presos políticos”. “Eso fue básicamente lo que les trasmitimos a los compañeros”, dijo.

“La Argentina está viviendo una democracia de muy baja calidad, con una persecución y acoso político y judicial contra todos los luchadores sociales y sindicales nunca vista desde la dictadura cívico militar hasta acá”, señaló después. Agregó: “este 24 de Marzo llamamos al pueblo, junto a sus organizaciones y a todas las fuerzas del campo popular a manifestarse masivamente en las calles y en las plazas de todo el país”.

BUENA SEÑAL PARA LOS GENOCIDAS15.3.2018

La Justicia del macrismo salda sus compromisos

A tono con las políticas crecientemente represoras del gobierno nacional, el Servicio Penitenciario Federal hizo circular una lista con posibles beneficiarios de prisión domiciliaria, entre los que se encuentran genocidas.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) remitió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias una frondosa lista de posibles beneficiarios de la prisión domiciliaria. Se trata de un trámite administrativo, pero en el pliego se encuentran nombres de prisioneros por delitos de lesa humanidad, genocidas, cuyos crímenes son imprescriptibles y no excarcelables.

Ciertamente es una provocación que se asienta en un claro cambio de época en un marco en que el gobierno agiliza su puntería para matar jóvenes ladrones por la espalda mientras refuerza el esquema represivo y lanza al debate temas como el 2x1 para beneficiar a los esbirros de la última dictadura. Esta lista del SPF reúne la friolera de casi 100 nombres de represores, entre los que se encuentran los de Jorge Tigre Acosta y el cura Christian Von Wernich, cuyos crímenes siguen impactando por su crueldad y salvajismo.

El juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, fue quien advirtió públicamente sobre este informe penitenciario, aunque el mismo observó: “no es tarea del sistema definir sobre los casos particulares”. Pese a ello los organismos de derechos humanos se quejaron de la situación y el peligroso precedente que sienta para el objetivo, varias veces manifiesto, de la liberación de genocidas.

Entre los mencionados en la lista, además de Acosta y Von Wernich, se encuentran también Julián Turco Simón, el temible médico naval Carlos Capdevilla y los services de Inteligencia, Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti.

Ilegal e ilegímo

Pedro Dinani, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), aclaró que lo que se sabe hasta ahora de la peligrosa lista “son trascendidos”, pero confirmó que en ella “hay una cantidad de detenidos que podrían ser beneficiados con la prisión domiciliaria”.

Observó que en la Ladh “estamos a favor de la concesión de prisiones domiciliarias” pero sólo “cuando se trata de crímenes comunes”. “Esa es la mejor consideración para la prisión domiciliaria”, observó y añadió que, en diferencia, “nos oponemos firmemente a la concesión de prisiones domiciliarias a los genocidas”.

También consideró que el listado confeccionado por el SPF fue elaborado “en función de mezclar aviesamente, con intención, los presos comunes con los genocidas”. “Son distintos regímenes jurídicos los que hay que aplicar a unos y a otros porque la entidad del delito ha sido diferente”, puntualizó al respecto.

“Es un beneficio en forma de impunidad porque ellos han permanecido en libertad por más de 30 o 40 años, lo que duraron los juicios”, señaló el abogado de derechos humanos y dijo que el listado es “contrario al espíritu de la ley de la concesión de la prisión domiciliaria”.

Adujo que para el caso, inclusive, “es ilegal la concesión de la domiciliaria” y destacó: “también es ilegítimo porque esa entidad de delito, el crimen masivo, el crimen de lesa humanidad, el crimen de genocidio, no puede ser amnistiada por ningún gobierno”.

Sin embargo de lo dicho, Dinani arriesgó que en lo obrado por el SPF hay “una amnistía encubierta”. Y explicó que “nos oponemos firmemente por una razón de Justicia pero también por el derecho que hace a las víctimas como nosotros, como la Liga, como Partido Comunista, que fuimos víctimas de estos genocidas”.

Con respecto a la incidencia de este listado en la consecución de los juicios por crímenes de lesa humanidad que están en curso, el letrado remarcó que “en todo trámite judicial siempre se han dado los pedidos de domiciliaria porque es una estrategia legal que utilizan todas las defensas de los genocidas” y que “nos hemos opuesto en cada uno de los juicios a la concreción”.

Puntualizó que “la concreción queda a cargo del tribunal” y recordó: “hemos denunciado a los tribunales que han concedido la prisión domiciliaria”. Y repuso que ahora “estamos evaluando un pedido de inconstitucionalidad si llega a haber algún decreto del gobierno que proponga esta lista o que no sea notificada a las partes la vigencia de esta lista”.

Finalmente, sostuvo que la existencia del listado “implica un arrasamiento de los derechos de las víctimas” y “políticamente muestra el compromiso que tiene el macrismo con lo del genocidio”. “El régimen macrista es la continuidad de los civiles que se beneficiaron con la dictadura”, afirmó.

 

EL FINAL DE OTRO GENOCIDA8.3.2018

La muerte del tirano

Reynaldo Bignone, último presidente de la última dictadura, falleció ayer. Fue el primero de los jerarcas dictatoriales que, merced a las tareas de la Ladh, debió cumplir cárcel por sus crímenes de lesa humanidad.

“Murió Bignone, pero Luis Pablo Steimberg y los colimbas desaparecidos seguirán vivos en nuestra memoria y la del pueblo”, recordó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) sobre el fallecimiento del genocida sobre quien pesaban una decena de condenas por delitos de lesa humanidad. Bignone, quien murió ayer en el Hospital Militar, fue el cuarto titular del Ejecutivo que puso, de facto, la última dictadura, pero también el responsable de secuestros, torturas, asesinatos y apropiaciones de bebés.

Como sus pares, este individuo nunca exhibió ningún signo de arrepentimiento ni suministró datos sobre el paradero de bebés que fueron arrancados de sus madres secuestradas ni sobre el sitio donde pueden hallarse restos de personas detenidas desaparecidas.

“Pocos saben que Bignone, el último dictador genocida que murió, fue el primero de ellos que fue detenido por el Poder Judicial tras la recuperación del régimen constitucional”, recordó la Ladh.

Y recalcó que esto “se debió a la labor incansable de los abogados y militantes de la Liga, especialmente en ese caso, de los compañeros Julio Viaggio, Carlos Zamorano y Horacio Rebón, quienes fundamentaron sus acusaciones contra quien fue, en sus propias palabras, ‘el ultimo de facto’, responsable de la ‘ley de autoamnistía’ que declaraba muertos a todos los compañeros desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado y remitía la posibilidad de juzgamiento de los perpetradores a los ‘juicios’ de ‘dios’ y de ‘la historia’ y dispuso mediante decreto, la destrucción de todos los documentos que probaban la criminalidad de la dictadura imperialista, militar, corporativa, eclesiástica, financiera y mediática”.

Tras lo que recuerda que “fue en el caso del secuestro y desaparición de Luis Pablo Steimberg, joven militante de la Federación Juvenil Comunista, quien se encontraba al tiempo de ser secuestrado por las Fuerzas Armadas, prestando el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo”.

Este hecho, reflexiona la Ladh, “fue en cierto modo, el principio de la concreción de la lucha de sobrevivientes, familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos, que hoy nos permite como sociedad exhibir los juicios por crímenes de lesa humanidad con sus cientos de condenados como conquista popular e histórica en la pelea por Memoria, Verdad y Justicia”.

De ahí que, ante “la muerte del criminal genocida convicto, vaya una reivindicación de la vida y la entrega de todos aquellos que hicieron de la pelea por los juicios una militancia y una razón de existir” ya que “el único lugar posible para un genocida es la cárcel”.

La Liga haciendo Justicia

Carlos Chango Zamorano salió al cruce de los medios de comunicación que reprodujeron que Bignone recién estuvo en prisión en 2010. Es que en realidad, merced a una querella de la Ladh por la desaparición de los conscriptos comunistas Steimberg y Luis García, el dictador cayó en cárcel a días de dejar su cargo como presidente de facto.

En ese sentido, recordó que “el padre de García era un gendarme, un oficial de jerarquía y un hombre magnífico en todo sentido” y que en carácter de tal y en una audiencia a la que asistió como abogado, “García le pegó a Bignone una paliza extraordinaria por la argumentación”.

Memoró: “le decía que Bignone estuvo en una mesa igual que esa, de un lado y él del otro y que le había dicho, como camarada de armas, que no tenía nada que ver en la desaparición de su hijo y que todo se iría a arreglar”. “Era mentira de parte de Bignone”, repuso el letrado.

“El juez Oliveri, que era el que había impulsado todo el procedimiento durante la dictadura, lo puso preso a Bignone 30 días después de haber sido presidente de la Nación y de haberle entregado la banda presidencial a Raúl Alfonsín”, dijo después.

“Antes de que finiquite la dictadura, desde temprano tiempo, desde que asumieron los genocidas, él (Bignone) había llegado a cargos tan relevantes como el de director de Institutos Militares”, observó y agregó: “los cuatro centros clandestinos de Campo de Mayo, como El Campito y otros, estaban bajo su conducción”.

“Bignone fue uno de los arquetipos de la actitud de estar íntimamente persuadido”, manifestó Zamorano y añadió: “daba la expresión exterior de que seguía convencido”. En ese sentido, remarcó: “fue de los ingenuos que declaró ante la prensa francesa que los militares franceses fueron los primeros que les explicaron procedimientos de desaparición forzada o arrestar a una persona para someterla a tormentos y disponer después de su destino”.

PROYECTO MACRISTA PARA CAMPO DE MAYO2.3.18

El parque del olvido

El presidente anunció, sorpresivamente, su proyecto para convertir el predio de Campo de Mayo, que fuera el mayor centro de prisión y exterminio de la última dictadura, en un parque nacional.

Antes de que se declaren de una vez por todas Espacio para la Memoria las instalaciones que, dispersas por el inmenso predio de Campo de Mayo, sirvieron como el mayor campo de concentración de los genocidas de la última dictadura, el presidente de la República hizo gala de desmemoria o de poder de agresión al anunciar ayer, en su discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que buscará convertir esa poderosa sede militar en un Parque Nacional.

Como es de esperarse, las primeras organizaciones en contestar la embestida, fueron los organismos de derechos humanos, que por cierto no ignoran que el anuncio presidencial se da a semanas de la mayor jornada de reivindicación histórica que tiene nuestro país: el Día de la Memoria, que rescata del olvido al golpe de Estado genocida del 24 de marzo de 1976 y reivindica la vida y las luchas de los 30 mil patriotas desaparecidos por los represores de los años de terror.

En este marco, descolló la declaración conjunta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), el Serpaj, la Apdh Zona Norte y la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, que fueron tajantes: “repudiamos el proyecto de hacer de Campo de Mayo un parque recreativo”.

“Campo de Mayo sigue siendo un lugar a preservar ya que aún hay juicios donde espacios de Campo de Mayo son utilizados como medidas de prueba”, explicaron y consideraron “significativo que este proyecto surja de un gobierno como el que encarna la Alianza Cambiemos, como que no nos hayan consultado a los organismos de derechos humanos, ni a los sobrevivientes ni a aquellos que llevan los juicios de lesa humanidad”.

En su alocución ante el Congreso, Macri había presentado así el proyecto de olvido: “tenemos derecho a vivir cerca de un lugar verde, donde podamos unirnos, conocer y preservar la naturaleza”. Nada dijo de los más de 5 mil detenidos que la dictadura tuvo en Campo de Mayo (de los cuales sobrevivió poco más que una cincuentena).

Tampoco del hecho de que Campo de Mayo nació con la premisa militar de la defensa pronta y efectiva de la ciudad de Buenos Aires ante toda amenaza extranjera, lo que es un dato significativo porque Buenos Aires, que no tiene otra gran instalación militar propia cerca, es una de las llaves geopolíticas de Sudamérica y tiene el precedente de haber sido invadida varias veces por el imperialismo, la primera en 1806, la última precisamente en 1976…

Un asunto muy personal

Iris Pereyra de Avellaneda, copresidenta de la Ladh y madre del Negrito Avellaneda, desaparecido durante la última dictadura y visto vivo por última vez en predios de Campo de Mayo, también fue prisionera de El Campito, el centro clandestino de detención y exterminio más célebre de los que hubo en Campo de Mayo. En esa condición, la activista enfatizó sobre Macri tras sus anuncios: “este tipo no tiene vergüenza”.

Sin embargo, no se privó de reflexionar con calma, por lo que destacó: “esta es una nube de humo que ha largado para tapar otras cosas más importantes que hay ahora”. “Hacer un parque de diversiones o un parque como él quiera en Campo de Mayo es una vergüenza”, recalcó y le sumó: “es lo mismo que están haciendo con el centro clandestino de Palomar”, desde donde, remarcó, “salían los vuelos de la muerte”.

Agregó que pasa “lo mismo con la Brigada de Morón, en donde María Eugenia Vidal está viviendo”. Al respecto, repuso: “hemos hecho denuncias, pero la Justicia es una mierda, desgraciadamente”. “No puede ser que un campo de concentración como ha sido El Campito, que está remarcado como centro clandestino, pueda ser convertido en un parque”, dijo y señaló que el presidente “está loco, está re loco”.

“Yo estuve quince días tremendos en El Campito, quince días que no se los deseo ni al más enemigo”, dijo Pereyra y recordó: “éramos muchos los que ahí sufríamos desde simulacros de fusilamiento hasta picana eléctrica”. “A mí me picanearon tanto que por la mama derecha, después de recuperar mi libertad, a mi otro hijo no lo pude amamantar porque tenía las glándulas mamarias quemadas”, señaló.

Luego informó: “estuve en El Campito la semana pasada”. En ese marco, ilustró que todavía “es de terror entrar ahí dentro” y que “me llevaron en un coche que iba traqueteando en un lugar con el pasto alto, en un abandono total”. “Había un árbol caído en el medio de la calle y tuvimos que bajarnos y seguir caminando”, puntualizó y denunció: “en un pozo mientras íbamos caminando encontramos unas cuantas camas de flejes, que son las que usaban cuando nos torturaban con la picana”.

Después observó que hace poco “nos habían cedido 6 hectáreas de Campo de Mayo para hacer cosas culturales” y que “hasta esta altura del partido no nos han dado nada”. Ante la situación, adujo que para el venidero 24 de marzo “tenemos que estar todo el mundo en la calle, que es la única forma de pararle la mano a esto”. “Mi memoria está más activa que el tren de Chacarita a Moreno”, expresó y finalizó resaltando: “estoy firme en la lucha y la voy a pelear”.

 

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL POR ARGENTINA22.2.18

Ni derechos ni humanos

Amnistía Internacional habló sobre Rafael Nahuel y Santiago Maldonado en su informe anual en el que, además, advirtió sobre la creciente represión en el país.

“Argentina había sido uno de los países que estuvo acompañando a los derechos humanos hasta que Macri dijo que los derechos humanos eran un curro” dijo Iris Pereyra de Avellaneda, co-presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), al referirse al informe sobre “La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018”, elaborado por Amnistía Internacional (AI).

Esta ONG difundió hoy ese estudio en el que, en el capítulo sobre Argentina, advierte acerca de la creciente represión, para lo que expone casos como los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, perpetrados en el contexto de operativos de fuerzas de seguridad federales.

Este informe que AI confecciona cada año, analiza la actitud estatal respecto a esta problemática en 159 países, tiene alrededor de quinientas páginas y se publica en simultáneo en todo el planeta.

El capítulo referido a nuestro país centra su preocupación, principalmente, en los crecientes hechos de represión perpetrados por fuerzas estatales al tiempo que se ocupa de la situación de los pueblos originarios, el hostigamiento y campañas perpetradas por equipos de trolls, así como por las demandas que realiza el colectivo Ni una Menos y, en este sentido, incluye datos sobre abuso policial a mujeres, violencia de género y la falta de acceso al aborto legal.

El informe es terminante a la hora de señalar prácticas aberrantes perpetradas por personal policial contra mujeres detenidas arbitrariamente tras la marcha del 8 de marzo de 2017. Pero también lo es cuando denuncia los “picos de violencia inusitada” que se profundizaron durante el período considerado. “En la marcha de diciembre, contra la reforma previsional, hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente”, recalca Amnistía.

Asimismo, dedica un importante segmento de su informe a la actitud que tiene el Gobierno Cambiemos respecto a las reivindicaciones de los pueblos originarios. Al respecto no olvida que fue en el contexto de demandas de comunidades originarias que se perpetraron los crímenes de Maldonado y Nahuel. Y es tajante cuando recuerda que “la mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía ese derecho”.

Otro aspecto sobre el que enciende luces de alarma Amnistía Internacional es la “amenaza creciente a la práctica de los derechos humanos” que representa el hostigamiento en redes sociales realizado por trolls.

Sobre esto, la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski, fue clara cuando hizo hincapié en que este tipo de ataques buscan provocar “disciplinamiento y autocensura de quienes, en ocasiones, tenemos una mirada crítica hacia ciertas políticas de Gobierno, sean periodistas, académicos o defensores de derechos humanos”.

Y, sin dudarlo, calificó a estas prácticas como limitantes de la libertad de expresión, ya que “restringen las voces disidentes, afectando al sistema democrático”, tras lo que puntualizó que “hay una predisposición de líderes en diferentes partes del mundo, entre ellas Argentina, a propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública”.

Con el curro a otro lado

“El curro es lo que está haciendo él, que está borrando de un plumazo todo lo que vivimos y los que hemos podido lograr en la Justicia”, dijo Iris Pereyra de Avellaneda, madre del Negrito. Agregó: “la Argentina es el único país que ha podido enjuiciar a los milicos en los juicios por crímenes de lesa humanidad”.

Recordó ese avance en nuestro país y lo comparó con la falta de Justicia con respecto a los crímenes del franquismo en España. En ese sentido expresó que ahora, tras dos años de macrismo, en Argentina “vamos para atrás, como el cangrejo”.

“Acá nosotros estábamos, dentro de todo, en un país bastante adelantado en derechos humanos”, observó y manifestó que desde la Ladh “siempre hemos tratado de llevar la lucha y la bandera de los derechos humanos”.

“Yo leo mucho y sin embargo en ningún país se ha hecho lo que se ha hecho en la Argentina”, puntualizó y observó: “en Uruguay también han pasado los golpes militares y sin embargo no han logrado tener la lucha como la tenemos nosotros”.

Reconoció que ahora “no tenemos la fuerza que tendríamos que tener en la Justicia” y advirtió: “este gobierno quiere borrar toda la lucha por los derechos humanos”. Y se quejó: “todos los días tenemos algo nuevo, que quieran privatizar los hospitales, echar a los maestros o tratar que los chicos no tengan educación”.

“Da bronca”, adujo y dijo “todo depende de nosotros”. Repuso que “si nosotros no estamos en la calle no vamos a lograr nada” y, en ese marco, expresó que “la movilización de ayer fue fabulosa”, en referencia a la que unió distintas centrales sindicales en contra de los ajustes macristas.

“Fue una patada en el culo al gobierno”, añadió y sostuvo: “todavía tenemos ganas y fuerzas para confrontar a toda esta mafia que tenemos en el gobierno”. Y se refirió al presidente Macri como “un mafioso, un delincuente”. “El tipo a toda costa quiere hacer lo que se le canta las pelotas”, le sumó.