Derechos Humanos

Derechos Humanos

27.3.18

Que los detengan

La Cámara Federal de Casación Penal, exhortó a que un tribunal oral de San Luis detenga y juzgue a los ex magistrados de esa provincia, Eduardo Francisco Allende e Hipólito Saá, y al militar retirado Alberto Camps, acusados de perpetrar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Camps está imputado en once casos de privación ilegítima de la libertad, pero pese a esto hasta 2014 fue titular del Espacio Cultural Terrazas -es artista plástico-, cuando gobernaba el ahora senador por Cambiemos, Claudio Poggi. En 2004 fue designado a cargo del Subprograma de Seguridad Comunitaria y en diciembre de 2007, al frente del Programa de Inclusión Social. Después -hasta 2009- fue coordinador del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano, cuando gobernaba Alberto Rodríguez Saá.

 

Espejos

En el marco del Mes de la Memoria, en la capital de Entre Ríos, se inauguró formalmente la Muestra gráfica y audiovisual "Espejos". Esta iniciativa que se exhibe en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, busca aportar a la construcción de la Pedagogía de la Memoria. Está organizada por el Consejo General de Educación, Secretaría de Cultura, Registro Único de la Verdad, Subsecretaría de Derechos Humanos, Hijos-Paraná y Abuelas de Plaza de Mayo.

 

Libertad

La Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías dispuso la libertad de Brian De Angelis, de 16 años, quien fue arrestado por error en un allanamiento llevado a cabo por personal de las policías Bonaerense y de la Ciudad, hace más de un mes, en la casa de sus abuelos en Villa La Rana. El caso de Brian sensibilizó a sus vecinos que, en reiteradas ocasiones, se manifestaron ante los Tribunales para proclamar su inocencia. Brian es otra víctima de la creciente violencia institucional. Pasó algo más de un mes en el Instituto Leopoldo Lugones de la ciudad de Azul, lejos de los suyos y recluido injustamente. Ahora volverá a su vida: su trabajo en una carpintería, la escuela secundaria y la posibilidad de probarse en el Club Atlético Chacarita Juniors.

 


 

Represión e impunidad

26.3.18

De paseo

Eduardo Costanzo, alias Tucu, está condenado a perpetua porque perpetró delitos de lesa humanidad, entre ellos por el secuestro y desaparición del dirigente comunista Rubén Tito Messiez. Pese a esto, días atrás fue visto paseando por calles de Rosario con lo que viola la domiciliaria con que fue beneficiado pese a la gravedad de los delitos por los que fuera condenado.

 

Apriete

Lucas Rodríguez va a tener que pagar cincuenta pelotas de fútbol por una sanción que le impuso la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, porque como integrante de la Selección Nacional de Fútbol, Los Murciélagos, grabó un video para pedir a Mauricio Macri que el Estado brinde ayuda económica para que el equipo femenino, Las Guerreras, viaje a un torneo internacional. El director de la Federación, Domingo Latela, reveló que los llamaron desde el despacho de Fernando De Andreis, para pedir “que tomara cartas en el asunto”.

 


 

ACOSAR A MILAGRO SALA13.7.2018

Esquema de una provincia en crisis

El gobierno provincial jujeño, en el marco de una profunda recesión, sigue hostigando a la prisionera política.

Para que una visita judicial pudiera tener presente en el establecimiento penal que el Estado jujeño mantiene en el populoso barrio Gorriti, en la capital provincial, a Milagro Sala, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Jujuy intentó trasladarla de su prisión domiciliaria. Pero su defensa logró que la prisionera política permanezca en su domicilio, aunque no dejó de poner en claro que la referente popular sigue siendo hostigada por el Estado que encabeza el gobernador Gerardo Morales.

Así lo consideró, también, Leonardo Rosales, secretario del PC jujeño, quien manifestó que Sala “nuevamente es motivo de hostigamiento” y “permanente acoso”.

Esto en línea con el Comité por la Libertad de Milagro Sala, desde donde se observó que la dirigente social no debería estar recluida sino en su casa del barrio de Cuyaya, en la capital provincial, tal como dictaminara la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rosales agregó que el hostigamiento está dirigido “a la compañera Milagro como a la organización Tupac Amaru”. “Este traslado que salió de la nada se enmarca en continuas formas del poder judicial y el poder político de tenerla intranquila”. En ese sentido pidió recordar que “hace poco tomaron la sede de la Tupac Amaru”.

Al respecto memoró que “el gobierno echó a los compañeros que estaban ahí llevando adelante actividades para mantener la sede en manos de los propios compañeros”. “Fue tomada, vallada y expulsaron a los compañeros que estaban adentro”, repuso y, puntualizando que allí hay insumos de salud vitales para los sectores populares, añadió: “no tuvieron en cuenta toda esa función social por todo el revanchismo que lleva adelante el gobierno”.

“Trata de despojar todo lo que significó la Tupac Amaru en distintas áreas”, adujo con respecto al gobierno de Morales. “Trata de invisibilizar eso y demonizar ese trabajo a través del continuo argumento de corrupción y desvío de fondos”, sumó y criticó: “como no pueden demostrar obras ni gestión, se apoderan de las cosas que hizo la organización Tupac Amaru y las muestran como un logro político”.

“Acá los medios de comunicación son cómplices en ocultar todas las situaciones de corrupción que llegan al entorno cercano del gobernador”, criticó Rosales. Y recalcó: “en eso se enmarca el continuo acoso a la compañera Milagro”.

 

AMENAZAS A LA FAMILIA DE FACUNDO FERREIRA13.7.2018

El caudal de la impunidad encuentra su cauce

Tras que se liberara al responsable de disparar contra el niño y matarlo, un policía denunció que le pidieron amenazar a la familia del asesinado.

Por la República Argentina, al amparo de las acciones y dichos de los popes punitivistas del Estado que encabeza Mauricio Macri, cunde un reguero creciente de impunidad policial. Ejemplo de ello fue que la semana pasada, tras que se liberara al policía responsable de matar a Facundo Ferreira de un tiro por la espalda, también se le permitiera volver a la calle a uno de los uniformados policiales acusados de asesinar a Natalia Melmann, eso pese a que quedaba incriminado por restos de su ADN en el cuerpo ultrajado de la joven.

Y esta semana el caso por la muerte de Ferreira, un niño tucumano cuyo único delito fue pasar en moto y “portando rostro” cerca de policías envilecidos de poder, sumó otra cuota de ignominia: un policía denunció que fue apretado por sus camaradas de armas para que baleara la casa familiar del muchacho asesinado. Ese mensaje corporativo y mafioso, no se concretó, pero el policía que lo denunció (poniendo en riesgo su trabajo y su vida) permitió tener más certezas de una persecución policial a los pobres y los luchadores que no por oculta dejaba de notarse.

El uniformado de la policía provincial tucumana se mantiene bajo identidad reservada pero con su testimonio aportó nombres. Por ejemplo, el de Walter Alejandro Díaz, del comando Radioeléctrico 911, uno de los que le pidieron sus oficios de amedrentar con el claro mensaje de “deciles que con la Policía no se jode”.

Este nombre y la frase expresa se encuentran en la denuncia que el oficial realizara ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal VIII de la capital tucumana. También la marca del vehículo en que se movilizaba Díaz, con otro compañero de la fuerza policial, en el momento de pedir al denunciante que obrara con amenazas a la familia de Ferreira: un Chevrolet Prisma con patente TUC.

“Me pidieron que te diga que te van a dar un arma para que vayas a la casa de estas personas, los amenaces y hagas disparos y les digas que no se tiene que meter con la policía”, le dijeron. El denunciante se encuentra fuera de la fuerza por estar encausado, pero para tentarlo a obrar como se denuncia le sugirieron que su causa podía quedar marcando el legajo de otro menos avispado.

En tanto, la familia del niño asesinado permanece mudando constantemente por temor a las represalias de un activismo que ha movilizado a las bases populares tucumanas, pese a que el gobierno de la provincia siga mirando para el costado.

Así presentó esta situación el comunista tucumano Héctor Manfredo: “hay complicidad encubierta del gobierno de la provincia, que tendría que haber separado de la fuerza a los dos policías acusados del asesinato”. Agregó que contra los agentes “las pruebas son concretas” y repuso: “han baleado por la espalda a este chico de 12 años de edad y lo mataron”.

Por otro lado, Manfredo describió el Barrio Juan 23, en donde vivía Facundo Ferreira, como “un barrio muy populoso de San Miguel de Tucumán”. Adujo que allí “hay persecución” por parte de los agentes de policía contra los más pobres. Aseveró que los azules son responsables de otras “amenazas a la gente que ha declarado a favor y ha denunciado este asesinato”.

“Se han hecho varias marchas”, dijo para ilustrar el activismo tucumano por esta muerte todavía impune. Le sumó que “el tema es cerrarle el paso a la impunidad”. Recordó que Ferreira “fue baleado por la espalda y asesinado de forma impune”.

Expresó que “la lucha continúa” y pidió “que trascienda, que se publique”. Redobló la apuesta expresando que “la lucha es a brazo partido”. “Que crezca la solidaridad y se denuncie la impunidad”, reclamó ante una realidad que resumió en esta terrible certeza: “el gatillo fácil se está imponiendo en toda la república”.

Allanaron la sede de la Tupac Amaru7.6.2018

Morales es persecución política

El martes a la noche la Policía de Jujuy ingresó al lugar sin mostrar la orden correspondiente. “Seguiremos resistiendo y no tenemos miedo”, recalcó Santiago Hamud.

“Es un episodio lamentable que nos recuerda a las épocas más oscuras de nuestra historia”, denunció Santiago Hamud, miembro de la Tupac Amaru, respecto al allanamiento perpetrado a la sede central que esta organización barrial posee en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Los policías que allanaron el lugar, nunca exhibieron la orden que -según dijeron- había emitido el juez Pablo Pullen Llermanos. Y lo hicieron de la peor manera: entraron con violencia y a los gritos, intimidando a adolescentes y adultos que estaban practicando actividades recreativas.

Asimismo, montaron un vallado que desde entonces impide el ingreso de los abogados e integrantes de la Tupac.

Esta acción judicial se enmarca dentro de una estrategia de persecución y hostigamiento dirigida a la organización que lidera Milagro Sala, que comenzó cuando el radical Gerardo Morales se instaló en el gobierno jujeño.

El constante amedrentamiento y agresiones que fuerzas estatales perpetran contra los militantes de la Tupac, tiene su punto más alto con la cárcel que, desde enero de 2016, padece Milagro Sala.

Pero lo de Morales no termina ahí. La Tupac denunció que el propio gobernador diseñó una red en la que la participan punteros radicales, para llevar a cabo una maniobra que consiste en plantar una cifra fuerte de dinero en su sede y, así, profundizar la demonización que ejerce sobre Milagro Sala y los principales dirigentes de la organización.

Este ataque se enmarca en un contexto en el que es evidente la caída que tiene la imagen de Morales, tras las últimas medidas económicas adoptadas por su gobierno en consonancia con las de La Rosada, que traen más hambre y pobreza a la población.

Hay que recordar que la paritaria que busca imponer desde el Gobierno Nacional tiene un techo del quince por ciento, pero Morales, para no ser menos, ofrece apenas un cinco por ciento de recomposición salarial para los trabajadores de la provincia del norte del país.

Y para poder perpetrar este ajuste descarado, vuelve a montar la persecución política a la organización barrial que ha cambiado la vida de muchos jujeños con la construcción de viviendas, escuelas y múltiples espacios de recreación.

La Tupac resiste

Al respecto, Hamud fue contundente cuando denunció que “esto es un acto más de persecución del gobierno de Gerardo Morales que vuelve a embestir contra la Tupac para montar un circo ante la caída de su imagen”.

Asimismo, advirtió que “Jujuy es un laboratorio de prueba de políticas de ajuste y, sobre todo, de represión, que después se llevan adelante en todo el país”.

Además detalló que “cuando la policía entró, cerró la puerta de la sede y no dejaban salir a niños que realizaban una clase de natación, tampoco a los adolescentes que practicaban voleibol y adultos que tomaban clases de zumba”. Y recalcó: “fueron momentos muy tensos, nadie podía salir”.

También hizo hincapié en que “fue un procedimiento claramente ilegal”, ya que los uniformados “se negaron a mostrar la orden de allanamiento, así que todavía ni siquiera sabemos por qué se metieron en nuestra sede”.

Pero, ante esta situación, fue claro cuando no dudó al sentenciar que “vamos a seguir resistiendo, continuaremos organizándonos y diciéndole a los compañeros de las bases que no tengan miedo, porque eso, es lo que ellos quieren generar”.

CAUSA MARGARITA BELÉN6.6.2018

Alberto Chas, otra vez en el banquillo

El 27 de junio va a comenzar el juicio al ex comisario Chas, que en 1976 participó en la organización de un pelotón de fusilamiento que terminó con la vida de quince militantes.

El 13 de diciembre de 1976 a unos treinta kilómetros de Resistencia, camino a Formosa, personal el Ejército Argentino y de la Policía de Chaco, frenó el traslado de presos políticos y organizó un pelotón que asesinó quince personas. Fue la conocida Masacre de Margarita Belén.

El próximo 27 de junio debe llevarse a cabo la audiencia preliminar de un nuevo juicio por esta matanza. Esta vez se encuentra imputado en la causa el ex comisario Alberto Chas, que participó en el fusilamiento colectivo de 1976.

Chas fue el único imputado absuelto en el juicio oral llevado adelante en 2011 por este mismo caso, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Como consecuencia de ello, en marzo de 2016, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –con los votos de los camaristas Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– anuló la absolución y ordenó al Tribunal Oral de Resistencia que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Al respecto, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Ataliva Dinani, recordó que durante el juicio de 2011, este organismo exigió prisión perpetua para Chas.

Asimismo, el abogado hizo hincapié en que quedó claramente establecida la participación de Chas en este episodio. “Se lo culpa a Chas de haber estado a bordo del primer auto que formó parte del operativo, ya que iba en el vehículo que cortó la ruta para parar a los que trasladaban a los compañeros que fueron fusilados”.

Tras lo que fue contundente a la hora de remarcar que con Chas de nuevo en el banquillo de los acusados, se avanza en una parte del juicio por la Masacre de Belén ya que, “básicamente, la actuación de los militares va a ser parte de un segundo juicio”.

Además destacó que “este hecho es un emblema de la dictadura en nuestra zona, porque cuando esto pasó, las organizaciones estuvieron defendiendo y acompañando a las víctimas y a los testigos, que también son víctimas aunque pudieron sobrevivir”.

Y finalizó: “siempre se tienen muchas expectativas en cualquier procesamiento en que se juzgue a los artífices de la Masacre a Margarita Belén que es un capítulo clave de la represión de la dictadura cívico militar”.