Derechos Humanos

Derechos Humanos

02.10.2017

 

Juicio

Desde ayer, Santiago Omar Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, durante la dictadura, comenzó a afrontar un nuevo juicio –esta vez- por el secuestro y torturas perpetradas contra once mujeres y la sustracción de sus hijos nacidos en la maternidad clandestina que funcionaba en la guarnición militar que comandaba. También se sientan en el banquillo el ex jefe del Servicio Clínica Médica del Hospital Militar de Campo de Mayo, Raúl Martín. Otro que debería estar ahí es Reynaldo Bignone, pero fue declarado incapaz de afrontar el proceso por razones de salud.

 

Etchecolatz

El ex jefe de la Policía Bonaerense se va a volver a sentar en el banquillo de los acusados desde el 12 de octubre, ahora ante el Tribunal Oral Federal 6 en el juicio en el que se investigan crímenes perpetrados en la Comisaría de Monte Grande y en la ex división Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

 

Postergado

La sexta audiencia por la causa Monte Peloni II que se lleva a cabo en el Tribunal Oral de Mar del Plata, debió ser suspendida porque el juez, Luis Imas, se ausentó por problemas de salud. Ese espera que el jueves 12 de octubre se reanude este juicio en el que está impurado José Clemente Forastiero, ex jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense que, además, estuvo a cargo de la Unidad Regional 11 de Azul desde noviembre de 1977 hasta enero de 1979.

 

26.09.2017

 

Adiestrador

Carlos Alberto Galo Rojas es suboficial del Ejército y acaba de ser detenido acusado de ser el responsable del adiestramiento de perros que se utilizaban para atacar a personas secuestradas en El Campito, centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura. Fue capturado merced a la investigación realizada por personal del Juzgado Federal 2 de San Martín a cargo de la jueza Alicia Vence, en el contexto de la Megacausa Campo de Mayo.

 

Domiciliaria

Sin la parafernaria que rodea a la domiciliaria que padece Milagro Sala, con la firma de los jueces Otmar Paulucci, Elbio Osoles Soler, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, Luis Abelardo Patti, va a convertirse en vecino del Septiembre Country Club, un barrio cerrado ubicado en la localidad bonaerense de Escobar, la misma en la que durante la última dictadura, el ex comisario secuestró, torturo y asesinó tal como consta en la causa por la que fue condenado por delitos de lesa humanidad. En la puerta de su vivienda no habrá retenes de Gendarmería ni restricciones para las visitas entre las que, seguramente, estará la de su hijo Maximiliano, candidato a concejal por Cambiemos, quién podrá visitarlo cómodamente.

 

Se quieren ir

La Cámara Federal de Rosario admitió un hábeas corpus colectivo firmado -entre otros- por el ex juez Víctor Brusa y los ex policías Eduardo Curro Ramos y Juan Antonio Mulasano, por lo que instruyó al juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, que investigue si hay un “agravamiento de las condiciones de detención”. En su escrito, los genocidas firmantes aclaran que quieren estar lejos de los presos comunes por lo que solicitan que se los traslade del penal de Coronda al de Las Flores.

 

Querellante

Meses atrás, Elina Rivero debió ser internada en coma como consecuencia de los golpes que recibió por parte de personal policial que la detuvo en la seccional del barrio Agote -en Rosario-, la misma dependencia donde desaparecieron a Franco Casco. Ahora se presenta como querellante en la causa abierta por las lesiones gravísimas que recibió.

 

Escrache

El represor Rubén Alfredo Boan disfruta de prisión domiciliaria, a la espera de que se sustancie el juicio oral en el que está imputado, en su vivienda ubicada en el partido bonaerense de La Matanza. Durante la dictadura, Boan fue suboficial de la policía bonaerense, pero además torturador y secuestrador del campo de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Ahora, convocados por Hijos y otras organizaciones de Derechos Humanos, se realizan escraches y campañas tendientes a informar quién es el vecino que tiene la localidad de Rafael Castillo.

 

Confirmada

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento con prisión preventiva que pesa sobre el ex jefe del Ejército, César Milani, en el marco de la causa que investiga el secuestro de Pedro y Alfredo Olivera, por el que está detenido desde febrero.

Denuncia

Los diputados del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO), Ariel Ruarte y Juan Manuel Esquivel, denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al director de la Gendarmería Nacional y al comandante general Gerardo José Otero; así como a los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos por abuso de autoridad y prevaricato. Lo hicieron a raíz de las condiciones irregulares de la prisión domiciliaria a la que se somete a Milagro Sala.

Homenaje

En la localidad bonaerense de Luján, Abuelas de Plaza de Mayo serán homenajeadas con una escultura. Que se emplazará a cuarenta años de que comenzaran su lucha. Así lo dispuso el Concejo Deliberante.

 

Represión e impunidad

02.10.2017

 

Persecución

En un nuevo capítulo de la persecución que padece Milagro Sala, la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó la prisión domiciliaria que cumple en una vivienda reacondicionada para que se parezca a una cárcel en el barrio La Ciénaga, en la ciudad de El Carmen.

 

Censura

La empresa massmediática Telefe-Viacom hizo retirar carteles colocados en Canal Once por los trabajadores para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. El Sindicato Argentino de Televisión repudió la decisión de la patronal.

 

Más poder

El Ministerio de Seguridad va a poder investigar a agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales involucrados en casos de violencia institucional y de género. Así lo establece una resolución del ejecutivo publicada en el Boletín Oficial por la que se le otorga más poder a la ministra Patricia Bullrich.

 

Apelado

La fiscal, Ana Helena Díaz Cano, presentó ante la Cámara de Casación, un recurso para revocar la absolución del efectivo de la Federal, Daniel Veyga, quien disparó y asesinó con su arma reglamentaria a Jonathan Kiki Lezcano y a Ezequiel Blanco, en julio de 2009, cuando las víctimas se encontraban dentro de su auto.

 

Amenazas

Trabajadores agrupados en la regional Cicop del Hospital Posadas fueron amenazados de muerte por desconocidos que irrumpieron durante una asamblea convocada para debatir pasos a seguir para enfrentar el intento de flexibilización laboral del que son víctima.

 

26.09.2017

 

Listas negras

En Bariloche, dos gremios de trabajadores de Pami se declararon en alerta, después de que este organismo pidiera el listado de trabajadores de esta dependencia que participaron de la intervención realizada en la delegación del Alto para pedir por Santiago Maldonado. El 25 de agosto los trabajadores llamaron a Maldonado como si fuera una de las personas que debía ser atendida en la oficina de la obra social y explicaron la situación ante los afiliados que ahí se encontraban.

 

Repudio

Reunidos en asamblea, trabajadores nucleados en desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate repudiaron el despido –por parte de nasa, la operadora de Atucha- del secretario adjunto del gremio, Damián Straschenco, quien en mayo de este año fuera envenenado con radiación. Y recalcó que la empresa también hizo lo propio con varios trabajadores que fueron testigos de lo que sucedió que fue caratulado judicialmente como “intento de homicidio”.

La desaparición de Santiago17.10.2017

Hallan un cuerpo en el río Chubut

Fue en un nuevo rastrillaje a cargo de buzos tácticos de Prefectura que, advirtió el titular de la Liga, fue hecho “sin presencia de las partes y estuvo a cargo de las mismas fuerzas que responden a Patricia Bullrich y que todo el tiempo han dominado el escenario”.

Al cierre de esta edición se vivían horas de ansiedad ante la posible resolución –la peor- del caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Todo comenzó al promediar la tarde cuando se supo que, durante un nuevo rastrillaje llevado a cabo en la zona del río Chubut ubicada dentro de la Pu Lof de la comunidad Mapuche Pushamen, habría aparecido un cuerpo sin vida.

Vale citar que el hallazgo a cargo de buzos tácticos de la Prefectura Naval acompañados por perros entrenados para hallar cuerpos bajo del agua, se realizó en la zona donde, el 1º de agosto, Santiago Maldonado fue visto por última vez.

Según los trascendidos –aún no hay información oficial- se habría hallado el cuerpo enganchado a ramas de sauce y sumergido en las aguas del río.

Este rastrillaje, que se suma a los que ya hicieron en agosto buzos tácticos de Policía Federal, fue propuesto por la fiscal Silvina Ávila y ordenado por el juez de la causa que investiga la desaparición de Maldonado, Gustavo Lleral, quien como se recordará tomó el caso después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia apartara a su antecesor, Guido Otranto.

Tras el hallazgo, el magistrado convocó de urgencia a la Unidad de Criminalística de la Policía Federal que deberá llevar a cabo las pruebas de identificación del cadáver encontrado a 1.500 metros de la zona del Pu Lof donde la Gendarmería perpetró la feroz represión contra la comunidad mapuche, el 1º de agosto, día en el que desapareció Santiago Maldonado.

También se supo que viaja al lugar una delegación gubernamental integrada por el secretario de Derechos Humanos, Sergio Avruj, un asesor del ministro de Justicia, Germán Garavano y un representante de la cartera de Seguridad.

Dudas

“El rastrillaje lo hicieron sin presencia de las partes y estuvo a cargo de las mismas fuerzas que responden a Patricia Bullrich y que todo el tiempo han dominado el escenario”, advirtió el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), José Schulman, al referirse a la versión dada a conocer sobre el hallazgo en el río Chubut, tras lo que recalcó que “es muy difícil dar una opinión sobre algo que no tiene ninguna confirmación todavía”.

En este sentido, hizo hincapié en que “debemos seguir diciendo es que toda la operación de represión a los mapuche y de secuestro de Maldonado, fue obra de las fuerzas estatales que han manipulado la situación y que durante 75 días han manejado toda clase de hipótesis tendientes a desvirtuar y dificultar la investigación”.

Por lo que, Schulman evaluó que “es altamente sospechoso que aparezca un cuerpo en un lugar que fue varias veces rastrillado, donde especialistas dijeron que nadie se podía hundir en ese río”.

Y, al respecto, fue claro cuando señaló que: “mantenemos la sospecha fundada de que las fuerzas estatales han mentido”, lo que “nos da derecho a pensar que siguen mintiendo y que siguen manipulando la situación”.

De todos modos, aclaró que “tampoco podemos hacer aseveraciones sobre algo sobre lo que todavía no tenemos la menor información y cuyo primer informante fue el diario La Nación y la periodista que firma la nota es la que se puso uniforme de Policía Federal para entrar al allanamiento a la comunidad”, por lo que “se puede pensar que se puso la camiseta de Gendarmería y la Federal todo el tiempo y que esta noticia es parte de esa operación”.

Así las cosas, el titular de la Ladh volvió a insistir con que “seguimos exigiendo una investigación independiente, porque es el Estado argentino está sospechado de haber desaparecido a Santiago” y aclaró que “esta es nuestra opinión: no le reconocemos aptitud moral ni jurídica al gobierno y a las fuerzas estatales”. Y, a la hora de evaluar el accionar del juez Lleral, explicó: “todavía no ha dado ninguna prueba de compromiso con la verdad, puesto que ni siquiera apartó a las fuerzas federales de la investigación”.

 

DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO09.10.2017

Las impresiones del letrado

El jurista Eduardo Barcesat, un día antes de la audiencia en contra del Estado nacional y la Gendarmería por encubrimiento, cargó contra el juez Otranto y rescató el rol de la movilización popular para esclarecer el crimen.

Mañana, como otras veces, los espacios linderos a los tribunales de Comodoro Py volverán a ser el lugar en que se crucen los caminos de la historia popular. Es que un hecho crucial se dará allí en el marco de las investigaciones por Santiago Maldonado: la primera audiencia en la acción penal contra las autoridades nacionales y la cúpula de la Gendarmería Nacional por encubrimiento de la desaparición forzada del joven bonaerense.

En tanto, diversas situaciones se siguen registrando en este caso, que mantiene en vilo al pueblo argentino y envilece de discursos represivos a un sector de la sociedad y a no pocos de sus referentes. Ante ello, el prestigioso jurista Eduardo Barcesat, quien es uno de los promotores de la denuncia contra el Ejecutivo nacional y la institución armada acusada de la desaparición de Santiago, analizó para Nuestra Propuesta el estado de las cosas.

En primer lugar, el cese de las actuaciones en la causa del juez que la atendía antes de Guido Lleral, mereció su aplauso, por lo que dijo: “hay que felicitar la salida de Guido Otranto”. Explicó al respecto que ese magistrado “es parte de lo que debe ser investigado” ya que “tiene una muy importante responsabilidad por haber impartido la directiva de la cual resultó, en definitiva, la desaparición”.

“Las hipótesis diversas que él mismo planteó y llevó a la causa judicial demuestran su interés por cubrir la verdadera situación”, agregó y, con respecto al nuevo juez, se limitó a manifestar: “esperamos saber si dispone, por ejemplo, retomar él la conducción de la actividad instructoria, que ha sido delegada a la fiscal, que no amerita ninguna garantía para la correcta actividad instructoria que merece un crimen calificado por las convenciones internacionales como de lesa humanidad”.

Volvió a criticar a Otranto también por obrar “falseando las pruebas ya colectadas” y aclaró que es “modesto” el criterio de “prejuzgar” que blandió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para desplazarlo ya que, estimó Barcesat, “había muchísimas otras causales más para separarlo de la causa, comenzando por haber sido el que dio la orden para que Gendarmería Internacional actuara”.

Repercusión de un grito

Como se recordará, el caso por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pese a no propiciar muchas acciones concisas para su esclarecimiento por parte del Estado nacional, mereció hasta la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que invitó al gobierno argentino a acudir el 26 de octubre a una reunión del organismo en Montevideo, a la cual la familia de Santiago Maldonado ya aseveró que concurrirá.

Barcesat aclaró que esta acción de la Cidh “es una obligación que surge tanto de la convención regional como de la convención internacional” y que “la intervención en este tema es parte del protocolo de las dos convenciones”. Añadió que “por ello la actitud que ha asumido el gobierno, de negarle a la Comisión Internacional la presencia de un comité de expertos para formular una investigación imparcial idónea es de una irresponsabilidad enorme”.

“Igual valor le asigno a la información que, a los 60 días, se le suministró a la Cidh diciendo que no se había colectado indicio o evidencia de la intervención de Gendarmería Nacional en la desaparición forzada”, repuso el abogado, que luego dejó claro que estas impresiones serán utilizadas, también, en la audiencia de mañana.

La línea represora

Barcesat también quiso emitir opinión sobre el mensaje político emitido por el genocida Alfredo Astiz la semana pasada, cuando en un vasto alegato en el marco del juicio que se le sigue por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Esma, este opinó, entre otras cuestiones, que los que surgen del pueblo mapuche en reclamo por sus derechos ancestrales son “movimientos terroristas secesionistas” y hasta se animó a minimizar la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago.

Dijo el letrado que entre estas apreciaciones de un represor ya condenado y las vertidas oportunamente por funcionarios del gobierno nacional actual “hay un isotopismo completo”. Le sumó: “son dichos simétricos a los que se empleaban durante el período de la dictadura militar para aludir o eludir la situación de los desaparecidos”.

Consideró que esto demuestra que “se actúa con iguales parámetros e igual criterio: ocultamiento y desinformación”. “Que lo diga un ser patológico como Alfredo Astiz ya es grave, pero mucho más grave es que lo diga quien está ejerciendo una función superior en el marco del poder Ejecutivo Nacional”, le sumó.

En ese sentido, rescató la respuesta popular masiva, en plazas de todo el país, a este accionar del gobierno argentino en alianza con ciertos sectores de la Justicia y las fuerzas represoras. Dijo que esas marchas “son la expresión más clara de que la conciencia del pueblo argentino no tolera una desaparición forzada”. “La dura experiencia que hemos atravesado bajo la dictadura ha formado una coraza protectora”, consideró.

Finalmente, manifestó un deseo: “esperemos que el poder judicial no asuma la misma actitud que asumió bajo la dictadura, que fue convertirse en cómplice del encubrimiento y en impedir la realización de una tarea instructoria fructífera, que determine los tres niveles de responsabilidad: el de los autores materiales de la apropiación del cuerpo, lo que es decir el pelotón de Gendarmería Nacional; el de los los autores mediatos, que son los que impartieron la directivas, los protocolos y la orden que llevó a la desaparición forzada de Maldonado y, en tercer nivel, el del encubrimiento de estos hechos”.

DISCURSO REPRESIVO09.10.2017

La política de Astiz

La semana pasada, mientras la Gendarmería que está acusada de desaparecer a Santiago Maldonado hacía actos de poder e impunidad, el propio presidente hablaba de una lista precisa de sus opositores y el represor Alfredo Astiz justificaba las acciones represivas del presente.

Alfredo Astiz es uno de los represores más consabidos del último genocidio argentino. En función de ello fue condenado y, de hecho, se le está realizando un nuevo juicio en el marco de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Esma. Pero (y acaso debamos inferir que envalentonado por las actuales circunstancias políticas argentinas) sus palabras en el alegato se animaron, además de a justificar las atrocidades que cometió, a hablar de la coyuntura.

Lo hizo con loas al accionar represivo de la Gendarmería, minimizando el rol de esta fuerza en la desaparición de Santiago Maldonado y tildando de “secesionistas” y “terroristas” a los movimientos mapuches que en el sudoeste de la Argentina y el centro-sur de Chile luchan por el reconocimiento de sus derechos ancestrales.

No es de extrañar que el gobierno Nacional haya emitido también opiniones en ese sentido. Ni aún el triste recuerdo de las listas negras que nos trajo a colación el mensaje del presidente Mauricio Macri hablando de los 562 argentinos que, a su juicio, “atrasan el cambio” y de cuyos datos, por ahora, no brindó públicamente más que esa cifra.

En este marco de amenazas presidenciales y abiertos discursos políticos de genocidas consabidos, la Gendarmería Nacional, una de las más visibles fuerzas actuantes en las represiones de los últimos años, se mostró tan envalentonada como Astiz, cuya visión pareciera ser la línea política del momento. En efecto, intervino un homenaje a Santiago Maldonado en la Universidad Nacional de Rosario, cosa que tiene vedada por ley y costumbres.

Por si esto fuera poco, el propio jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña restó importancia ante el Congreso de estos hechos. Y los verdes uniformes fueron por más en sus provocaciones: irrumpieron en Radio Pop con la excusa de un allanamiento justo cuando en la emisora se encontraba, en entrevista con el periodista Beto Casella, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El “nuevo fascismo”

Pedro Dinani, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, analizó los sucesos que comentamos. En ese sentido, recordó la expresión “totalismo corporativo” del ex juez Eugenio Zaffaroni para caracterizar al actual gobierno. “O, en palabras de Cristina Fernández de Kirchner, democracia de baja intensidad”, agregó.

En tanto, por su cuenta habló de “una democracia que aparenta democracia” a la que “definirla como democracia burguesa es un tanto infantil ya”. “Aparte de ser todo lo anterior, hay componentes de fascismo”, sumó y adujo: “es un nuevo fascismo el que está encarando la derecha”.

“Nadie pensaba que a menos de dos años el gobierno, Macri ya iba a tener un caso de desaparición forzosa como el de Santiago Maldonado”, consideró y opinó sobre la cifra de los 562 enemigos de Macri: “en esa cifra calculo que debemos estar algunos militantes comunistas, del kirchnerismo, periodistas y legisladores”. En ese camino, advirtió: “la militancia comunista tiene que estar preparada y caracterizar este momento político, por nuestra propia seguridad y para tratar de entender este orden de las cosas”.

“Gendarmería, si vamos a caracterizar su actividad en los últimos dos años, es el grupo de tareas de este gobierno”, observó y añadió: “los que analizábamos los hechos de la última dictadura nunca pensamos que íbamos a estar, en esta democracia restringida, con elementos paraestatales alentados desde el propio gobierno y apoyados por gran parte de la sociedad”.

Manifestó su resquemor por “que las garantías constitucionales y los derechos individuales y sociales de los argentinos estén en peligro de verse violados” y, tras recordar que “somos querellantes como Partido Comunista en el juicio en donde declara Astiz estas barbaridades”, que este genocida “es un cuadro político militar que fue condenado por delitos de genocidio”.

“Lo que hace es explicar lo que ellos entienden y lo que entiende el grupo político de Cambiemos sobre la realidad argentina”, expresó y sostuvo: “no hay diferencia de discurso entre lo que pensaban en la dictadura y lo que piensan hoy”. “Por elecciones han ganado los grupos políticos argentinos que estaban de acuerdo con el golpe de Estado”, dijo, por lo que aclaro: “se está dando cuenta de que hay un grupo social muy importante que apoya ese tipo de construcción de un sujeto a eliminar”.

En ese marco, Dinani fue tajante al afirmar que “el mismo sujeto social victimizado, los hijos de quienes fueron desaparecidos en los setentas, somos el nuevo sujeto a eliminar”. Y que “quienes van a ejercer la tarea de eliminar y justificar la eliminación son los mismos grupos económicos que produjeron el golpe de Estado cívico-militar”.

CONVOCATORIA A COMODORO PY09.10.2017

La Liga al frente

La Ladh presenta mañana en audiencia su acción penal contra Gendarmería y autoridades nacionales por encubrimiento en el caso por Santiago Maldonado.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) invitó públicamente a la movilización frente a los tribunales de Comodoro Py, para mañana 10 de octubre, con motivo de la audiencia por la acción penal contra autoridades del Estado Nacional y la Gendarmería por encubrimiento en el caso por desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La convocatoria la realizó enfatizando que el planteo legal se efectiviza con el patrocinio letrado de sus propios abogados y los del Instituto Arturo Sampay (que integra, entre otros, el jurista Eduardo Barcesat) y con la adhesión de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

La convocatoria a la presencia masiva en el acceso a los tribunales fue realizada por igual a militantes de derechos humanos como a los propios familiares de Santiago Maldonado, que vienen de encabezar la multitudinaria manifestación que a dos meses de la desaparición del joven se diera en la Plaza de Mayo como en otras del país.

El encuentro será a las 12 horas de mañana en la Avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. En tanto, en el segundo piso, sede de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, será presentado un informe oral de las demandas que correrá por cuenta de Barcesat.

Se trata de la causa 12.445/2017, seguida contra el presidente Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su ministro de Justicia, Germán Garavano y su secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Se acusa también al jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti y a toda la cúpula de la Gendarmería Nacional.

En el comunicado de la convocatoria, desde la Ladh enfatizaron que el crimen de encubrimiento de la desaparición forzada de persona es de lesa humanidad.

La audiencia tiene por objeto dirimir la competencia de la Justicia Federal de la capital argentina, tal como lo ha planteado la parte querellante y fuera sostenido por el fiscal federal de Primera Instancia, Federico Delgado, quien de inmediato de recibida la causa formuló requerimiento de instrucción.

En el curso de la audiencia, Barcesat denunciará, como hechos nuevos que confirman la continuidad en el obrar criminoso de lesa humanidad en que se encuentra incurso el gobierno Nacional, el haber informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), al cumplirse 60 días de la desaparición forzada de Maldonado, que no existen pruebas ni evidencias de responsabilidad en el hecho por parte de efectivos de la Gendarmería y también denegado a la Comisión de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, que una Comisión de Expertos, cumplimentando los protocolos de los Pactos Internacionales, tome intervención en las actuaciones.

 

 

Muerte en Gálvez09.10.2017

¿Qué pasó con Emiliano?

Patovicas y policías involucrados en el asesinato de una persona en un boliche bailable. Una localidad conmocionada se moviliza.

El viernes pasado, frente al boliche On Club, familiares y amigos de Emiliano Arri volvieron a movilizarse para exigir justicia para esta persona que tenía 39 años cuando, durante la madrugada del 24 de septiembre, fue con amigos a bailar a ese local ubicado en la localidad santafecina de Gálvez donde fue esposado y golpeado hasta morir.

“Mi hermano entró al boliche sano, limpito y bien cambiado, y lo sacaron muerto”, denunció , Juan Pablo tras lo que recalcó que “queremos saber qué le pasó, queremos justicia por Emiliano”.

Ya pasaron dos semanas pero continúa la movilización en esta ciudad ubicada a alrededor de 120 kilómetros de Rosario, donde durante la madrugada del 24 de septiembre dos patovicas agarraron a Emiliano y, de acuerdo a la denuncia de Juan Pablo, “después intervinieron tres más y lo llevaron hacia una zona donde todos los que van al boliche saben que es donde les pegan a los revoltosos”.

Y sin dudarlo hizo hincapié en que “mi hermano murió adentro del boliche porque cuando ingresó al sanatorio estaba cianótico por falta de oxígeno”, pero además señaló que “somos una familia muy conocida en la ciudad y demoraron cuatro horas para avisarnos”.

Los dichos del hermano de Emiliano tienen fuertes fundamentos. Hay testigos que avalan sus aseveraciones, ya que dicen que a Emiliano lo retuvieron -al menos- cinco patovicas y dos policías que hacían adicionales en el boliche, pero también aparece un dato relevante: el cadáver de Emiliano presentaba marcas de esposas en las muñecas.

Pese a esto, aún el expediente no está caratulado y Gálvez vive conmocionada por el asesinato de este padre de dos niñas.

Así las cosas, el Municipio clausuró el local mientras que el fiscal dijo que hay que esperar tres meses para saber el resultado de más pericias de laboratorio e histopatología forense, algo que para la familia es mucho tiempo.

Al respecto, el gobernador Miguel Lifschitz dijo que “vamos a estar en contacto, y personalmente le voy a pedir al fiscal Nessier, que está a cargo de la causa, que acelere lo más posible las investigaciones”.

BAHÍA BLANCA06.10.2017

Sentencias muchas y ejemplares

Una treintena de genocidas fueron condenados a prisión, la mayoría a perpetua.

Uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad que más acusados tenía en sus expedientes, arribó en Bahía Blanca a las sentencias, implicando estas que 21 de los genocidas de la dictadura que estaban siendo juzgados deban cumplir prisión perpetua. En tanto, casi una decena de otros represores recibieron penas de tres a catorce años de cárcel y uno solo resultó absuelto.

Las sentencias se dictaron ante la atención de los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales, entre las cuales el PC también estuvo. Ello nos obstante el ya conocido silencio mediático sobre esta clase de tema, que incluyó por parte del diario La Nueva (ex La Nueva Provincia), hegemónico en Bahía Blanca, la emisión permanente de infamias y mentiras sobre los testigos del proceso.

Las sentencias fueron emitidas por el Tribunal Oral Federal (TOF). Pero no pudieron a resolver Justicia sobre ocho de los imputados, que murieron durante las acciones judiciales o fueron apartados de ellas, arribando así a la impunidad biológica. El juicio tardó un año y trató delitos asociaciones ilícitas, homicidios, torturas, privaciones ilegales de la libertad y rapto de menores.

Las víctimas fueron 105 y las responsabilidades recaen son el V Cuerpo del Ejército, la Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, el Servicio Penitenciario Bonaerense y las policías Federal y de Río Negro y la provincia de Buenos Aires.

Triunfo sobre el contexto

Guillermo Memo Colantuono, secretario del PC bahiense, expresó que el juicio se dio “en un contexto complejo y difícil pero con bastante presión por parte de los organismos de derechos humanos y la militancia”. Agregó que lo actuado “ha sido difícil pero muy importante” y pidió que la atrocidad investigada “tiene que mantenerse en la conciencia de los compañeros y la ciudadanía”.

Valoró como “muy importante” el hecho de que la mayoría de los imputados haya recibido la pena de prisión perpetua. “Después veremos lo que sucede, si realmente serán tratados como presos por crímenes de lesa humanidad, como corresponde, o si este gobierno les sigue dando amparos y cuidados como si fueran unas chicas de quince”, añadió.

Condenó el rol de La Nueva en tanto duró el proceso, pero recordó que “La Nueva Provincia históricamente fue un órgano al servicio de la oligarquía y la marina”. Y dijo que comunicacionalmente este diario “juega el papel de construir en la sociedad el sujeto social que les permita instalar la dominación de clase”.

Es la política, compañero

Colantuono también evaluó las posibilidades de construir política que todavía tienen los condenados, que son muy mayores de edad. En ese sentido, expresó: “la posibilidad es proporcional a la falta de construcción de una propuesta que resuelva estos problemas desde el campo popular”.

“Si todavía seguimos con la concepción del ‘capitalismo bueno’, coqueteando con todas estas deformaciones y la corrupción generalizada del sistema, no vamos a poder resolver cabalmente la problemática en la que estamos metidos”, analizó y le sumó que “entonces esta gente sigue avanzando a través de los medios, al no resolverse la construcción desde el campo popular de una propuesta superadora, en la concepción de un sujeto social con este pensamiento fascista y neoliberal”.

Informó que durante el proceso “nunca hubo una gran participación popular” y que “siempre hubo una lucha para que eso se dé”. Repuso: “por eso es muy valorable lo que se dio en Bahía Blanca cuando, al cumplirse dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, nos reunimos más de 72 organizaciones”.

“Estamos luchando para unir y avanzar desde un debate franco y sincero en un diagnóstico y una caracterización del enemigo que tenemos por delante”, dijo y exigió: “poner por delante lo valiosa que es la unidad desde el punto de vista estratégico para dar una batalla que tenemos que dar, en el terreno cultural y en el de la construcción de alternativa”.

 

 

Preocupación en Miramar04.10.2017

¿Pueden quedar libres los asesinos?

Dos de los criminales que ultimaron a Natalia Melmann podrían disfrutar de un régimen de salidas transitorias. “Los familiares de Natalia viven recibiendo amenazas”, denunció desde el PC local Rodrigo Isequilla.

Ante el pedido de que se acepte el pedido de salidas transitorias de la defensa de Oscar Echenique, Ricardo Suárez y Ricardo Anselmini familiares y vecinos de Miramar se movilizaron hacia los Tribunales de Mar del Plata donde se celebraba la audiencia donde se decidiría si se les brinda ese beneficio a los autores del aberrante crimen de Natalia Melmann.

Natalia tenía quince años cuando, en febrero de 2001, tres policías la secuestraron cuando iba a la disco Amadeus. Por este crimen Echenique, Suárez y Anselmini recibieron la pena máxima más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado como coautores de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas”.

El pedido fue rechazado para Echenique, quien ya había sido procesado en una causa por torturas, pero el Tribunal aún debe expedirse sobre Anselmini y Suárez.

Las pruebas encontradas no dejaban ninguna duda sobre la responsabilidad de los tres policías, ya que en el cadáver de Natalia se encontró ADN de los policías y un testigo vio cuando la subían al auto. Pero pese a esto, tras el primer fallo, la Cámara de Casación redujo las condenas y hasta permitió salidas transitorias para uno de los criminales. Pero en 2012 la Corte Suprema volvió a ratificar el primer fallo y dejó firmes las sentencias.

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“Hicieron las presentaciones por separado porque es una forma de intentar desgastar a la familia y a los organismos de de derechos humanos”, denunció el secretario de organización del Partido Comunista de General Alvarado, Rodrigo Isequilla, al referirse a las marchas y contramarchas que va dando este caso.

Tras lo que recordó que “desde la desaparición de Natalia los familiares viven recibiendo amenazas y cuando suceden cosas como la de solicitar la libertad de los asesinos, vuelven a amenazarlos”, recordó Isequilla al aludir a las veces que desconocidos dispararon sus armas contra la fachada de la vivienda de los Melmann y perpetraron actos de vandalismo contra la tumba de Natalia.

Y después de recordar que “las organizaciones que acompañamos a los familiares hicimos una marcha y acto solicitando que el pueblo de Miramar exija que no se libere a los criminales” fue claro al recalcar que “vamos a seguir reclamando la cárcel para los asesinos”.

RECLAMO NACIONAL02.10.2017

Las multitudes buscan a Santiago

Las plazas del país se llenaron con centenares de miles de personas pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Tal como se había previsto, la marcha en reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado a dos meses de de su desaparición luego de que se lo viera por última vez en manos de Gendarmería, fue otro episodio multitudinario de rechazo popular al gobierno derechista de Cambiemos y los secuaces de Macri.

Tal como se había previsto, la marcha y posterior concentración en Plaza de Mayo, estuvo vigilada de cerca por el aparato represivo macrista y por los tradicionales “services” infiltrados. Pero a diferencia de la movilización que con el mismo motivo se había realizado un mes antes, esta vez el pueblo estuvo advertido y supo señalar a quienes, camuflados en la muchedumbre, fueron sólo “a pudrirla”, como quien dice.

Allí, con todos los recaudos y el compromiso que son del caso, ilustrados de consecuencia, estuvieron los comunistas organizados en el PC y la Fede. Sus banderas rojas lucieron con evidencia en la plaza histórica donde decenas de miles de ciudadanos unificaron su pregunta hasta ahora incontestada por el gobierno nacional: ¿dónde está Santiago Maldonado?

No faltaron otras fuerzas políticas y sociales y organismos de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por lo que la plaza tuvo el colorido de miles de banderas representando muchas tendencias políticas y sectores organizados en pos del mismo reclamo.

Así otras plazas del país porque, hay que decirlo, es toda una nación la que se ha movilizado para exigir respuestas a un gobierno que persiste en su estrategia de defender a Gendarmería y desviar la atención hacia otros temas.

Inclusive, desde este gobierno insistieron en mensajes distantes o directamente cínicos. Como el emitido por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que dijo, eludiendo toda su propia responsabilidad en el caso: “esperamos que la Justicia siga trabajando para que esto se sepa de una vez por todas”. Ante estas manifestaciones no es raro que las multitudinarias plazas argentinas exigieran ayer su renuncia.

La derrota de los buches

Con el precedente de los infiltrados que en la anterior marcha habían provocado desmanes a los fines de habilitar una feroz represión policial contra los manifestantes, los de esta nueva marcha estaban al tanto de la posibilidad de otra intervención de esa índole.

Las precauciones demostraron no haber estado de más porque ya desde el cruce de las avenidas Nueve de Julio y de Mayo se podían ver raros vehículos utilitarios sin otra identificación que una patente civil y de los cuales, sin embargo, salían algunos uniformados.

Y hacia el final del acto, cuando ya se estaban retirando por avenida de Mayo los manifestantes, algunos evidentes infiltrados, al grito (absurdo en esas circunstancias) de “viva la anarquía”, agredieron a periodistas. Pero, advertidos de la posibilidad de estas intromisiones, los participantes del acto se encargaron de señalar a los infiltrados y retirarlos del medio con firmeza y sin violencia.

Las masas están despiertas

Pese a toda mansedumbre a la que pareciera estar inclinado el pueblo en estos días de ajuste y represión, salió al cruce la multitud en todas las grandes ciudades del país exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, bandera de unidad de las fuerzas populares con más claridad que ninguna otra.

Así lo manifestaron, también, las muchas personalidades que, al no poder estar en la Plaza de Mayo, enviaron sus saludos, emitidos en pantalla gigante. Así Estela de Carlotto, que desde Europa afirmó estar luchando “por los derechos humanos del mundo” y exigió, ella también, la Justicia que falta.

Así, además, los que sí pudieron estar, como toda la familia de Maldonado, que llenó esa jornada histórica con su evidente dolor y su extraña esperanza (siempre se dirigieron a Santiago, como si presintieran que les escucha).

Sergio, su hermano, fue bien claro al apuntar sus miras: “quisiera preguntarle al presidente dónde está Santiago”. Poco después de estas palabras, dichas al límite del llanto, se abrazó a su madre bajo una lluvia intermitente, esa que suele bañar nuestra plaza en las horas históricas.

Solidarios con la familia y unidos al reclamo unánime, los originarios de la comunidad Pu Lof de Cushamen, enviaron un saludo al acto diciendi, también como quien se dirige a un presente, a Santiago: “gracias por no dudar en darnos una mano”. Agregaron que sus captores “no han podido capturar tu esencia que hoy se refleja en miles de personas que piden tu aparición con vida”.

Símbolos ya de las luchas patrióticas argentina, las madres de Plaza de Mayo presidieron el acto sentadas juntas en el escenario. Sus pañuelos amuchados allí arriba dieron el ejemplo de que no hay tiempo final para las luchas ni límite para la dignidad del pueblo revelado.

Germán, menos mediatizado que su hermano Sergio en las tareas familiares de buscar a Santiago y, acaso por ello, menos cauto a la hora de hablar en público, fue tajante al expresar, en condena a los medios masivos de información, que “estamos hasta la coronilla de esas noticias irrespetuosas”.

Condenó como “zánganos y parásitos” a los “políticos que se llenan la boca hablando de democracia y luego dicen que la familia está politizando el caso”. Y sumó un grito: “¡los que no quieren que aparezca son ustedes!”. Y cuando fustigó con rabia a Bullrich, la plaza entera irrumpió con la reiterada exigencia de renuncia dirigida a la funcionaria.

Sergio, además, leyó una carta a su hermano menor. Simplemente le dijo (pero a esto se lo dijo, en voz de Sergio, cada uno de los argentinos atentos a la desgracia general que está pasando): “te sigo buscando”.

 

REPRESIÓN EN JUJUY29.09.2017

En línea con lo actuado por Morales

Una protesta por salarios de los trabajadores de Ingenio Ledesma intentó ser anulada por la policía provincial. Pero el pueblo se unió a los trabajadores y la fuerza tuvo que retroceder. La lucha sigue.

El gobierno nacional ejemplifica, aprieta y observa. Los gobiernos provinciales obran en consecuencia y la Justicia, tanto nacional como provincial, legisla en donde no debe y prejuzga en donde le conviene al poder político y, sobre todo, económico. En esta lógica, que atenta contra todo criterio de normal desarrollo democrático, el gobierno jujeño actúa como el mejor alumno de las derechas. Acaso tanto o más que el propio macrismo en la Rosada.

Así, con la continua y apabullante táctica de hostigamiento a la Justicia laboral unida a su política de estigmatización a los trabajadores y sus reclamos, Macri y sus hombres y mujeres ejemplificaron al gobernador jujeño, Gerardo Morales, para que, valiéndose de una orden de desalojo firmada por la Justicia local a tono con las demandas del empresariado azucarero, su policía reprimiera ayer a los trabajadores del Ingenio Ledesma, que cortaban la ruta 34 a la altura de Libertador General San Martín.

Los empleados de la poderosa empresa de Carlos Pedro Blaquier reclamaban aumento salarial, consientes de que pese a que el ingenio es (y por lejos) la mayor empresa azucarera del país, les paga 2 mil pesos menos que a otros trabajadores del mismo rubro y misma tarea. El corte es la última instancia hallada para visibilizar el reclamo ante las negativas patronales de sentarse a dialogar, ello tras dos semanas de paro infructuoso.

De la tarea de despeje se encargó la policía provincial jujeña. Sin embargo, los trabajadores resistieron el embate de gases y avances a palos. Se sumaron a defender el reclamo de los trabajadores, primero sus familiares, después los vecinos de Libertador, que conocen de puebladas históricas y saben el rol cumplido por los azucareros en una ciudad de la que Blaquier, acaso, se cree dueño.

Así, tras una resistencia encomiada, los trabajadores han logrado permanecer en la ruta y se encuentran en estas horas esperando que los nenes de Ledesma, de una vez por todas, los reciban y escuchen.

C’est la politique…

Queda claro que, en Jujuy, la de estigmatizar y reprimir a los trabajadores y sus representantes es una línea política clara. Así lo determinan otras represiones contra los de Ingenio Ledesma y otras en la provincia. También la de judicializar la protesta, como es ejemplo la imputación, con recursos leguleyos entrados con fórceps a los juzgados, de referentes como Rafael Vargas, líder sindical azucarero o el dirigente comunista de Libertador, Ernesto Rueda.

En ese marco, vale recordar que el Ministerio de Trabajo de la Nación intervino turbiamente las elecciones internas en el combativo Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail), realizadas a mediados de este año. Esa intervención fue observada en estos días por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por los repetidos avances de Macri y el macrismo contra los trabajadores, sus representantes y defensores y, en general, contra los derechos laborales.

Así las cosas mientras Leonardo Rosales, secretario del PC jujeño, cuestionaba la represión de ayer diciendo que “siempre que hay negociaciones por salarios la prepotencia y la soberbia del Ingenio se manifiesta de estas maneras” y resaltaba que “los trabajadores del Ingenio Ledesma están cobrando cerca de 2 mil pesos menos que el resto de los trabajadores de otros ingenios”.

“El poder Judicial, que responde a Gerardo Morales en forma automática como Morales debe su gobernación al poder económico de Blaquier, rápidamente dispuso la orden de desalojo”, observó y agregó que en la policía “no contaban con que el pueblo de Libertador iba a expresar su acompañamiento”. “Salió gente de las barriadas circundantes y la policía tuvo que retroceder”, agregó.

Repuso que “esto demuestra que las jornadas históricas de lucha en los noventa, con las puebladas de Libertador, dieron un germen de rebeldía que puede poner freno a toda la soberbia de estos poderes económicos que se creen dueños de la provincia”. Y consideró que “la policía de la provincia está al servicio de proteger los bienes de Blaquier”.

Asimismo, dio a entender que, ante el fracaso de la policía en su avanzada contra el pueblo de Libertador, el gobierno provincial ya estaría pensando en la intervención de Gendarmería, “con todo lo nefasto que significa el accionar de Gendarmería, que se viene plasmando en el caso Maldonado y tantas otras veces”. En ese sentido, expresó: “tanto los capitales concentrados y el capitalismo como sistema económico buscan disciplinar al movimiento obrero y si no les oponemos resistencia van a seguir avanzando”.

Memoria, Verdad y Justicia29.09.2017

Avanza el juicio en La Pampa

Con el Partido Comunista como querellante continúa el proceso abierto por los crímenes perpetrados en la Subzona 1.4 II durante el terrorismo de Estado.

“El juicio está llegando a la sociedad”, celebró el miembro de la conducción del Partido Comunista de La Pampa, Sergio Ibaceta, al referirse al curso que está tomando el proceso abierto por los crímenes perpetrados en la Subzona 1.4 II durante el terrorismo de Estado.

Vale recordar que el PC es querellante en este juicio que comenzó el 29 de agosto y tiene sentados en el banquillo a Carlos Alfredo Sabbatini, Néstor Omar Greppi y el ex jefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini, quien pese a los reclamos de organismos de derechos humanos aguarda la sentencia en liberad.

Los otros procesados formaban parte del llamado “grupo policial” que fue creado formalmente en 1976 pero funcionaba desde la subordinación de la Policía provincial al Ejército refrendada un año antes por el entonces jefe de la Subzona 14, Ramón Juan Alberto Camps.

Ellos son Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Antonio Yorio, Néstor Cenizo, Hugo Marenchino, Oscar López, Athos Reta, Osmar Pérez, Miguel Ochoa, Jorge Quinteros, Jacinto Aráuz, Miguel Gauna, Juan Domingo Gatica, Luis Horacio Lucero y Alfredo Pérez.

“El PC se siente orgulloso de haberse constituido como el único partido querellante para la defensa de los derechos de sus víctimas y de todas las víctimas del terrorismo de Estado”, dijo Ibaceta, tras lo que recalcó que “esto no es casual, sino que es absolutamente coherente con la historia y con el significado cultural del PC, que es una cultura de lucha contra la injusticia y la opresión”.

Clima

Asimismo, el titular del PC pampeano recordó que a 41 años del golpe de Estado de 1976, “el actual gobierno nacional reinstala como en los años de dictadura un plan económico- social de endeudamiento y beneficio a un pequeño sector del poder económico concentrado que genera hambre, exclusión y pérdida de derechos conquistados, y que perjudica directamente a las mayorías populares”.

Pero, en simultáneo, “aumenta la represión a la protesta social intentando criminalizar a la juventud, los niños y a quienes piensan diferente”, algo que definió como “un claro retroceso en materia de derechos humanos”, ya que “pretenden reinstalar también la Teoría de los Dos Demonios, restándole importancia a los juicios, o bien con la complicidad de un sector del poder judicial, otorgando prisión domiciliaria a genocidas como ocurrió aquí en nuestra provincia”.

Pese a esto avanza el juicio y “los testigos están aportando fuertes testimonios sobre lo que sucedió en La Pampa en la época de la dictadura”, al tiempo que “las víctimas, con un acto de grandeza, han sabido exponer lo que realmente sucedió”.

Fue claro cuando hizo hincapié en que “esto va en contraposición de lo que quiere a nivel nacional el gobierno de ocultar o generar una política de la desmemoria”, por lo que “desde ese sentido, desde las organizaciones populares y los querellantes, entre los cuales estamos incluidos, estamos llevando con mucha altura esta defensa de la memoria” “pedimos cárcel común a todos los responsables y torturadores de la dictadura”.

Mar del Plata29.09.2017

Un fiscal en problemas

Es Fabián Fernández Garello, quien junto a otros cinco imputados, deberá responder por el secuestro y tortura de militantes comunistas durante la última dictadura.

“En nuestra localidad tenemos una tradición de esto porque el mismo responsable del CNU marplatense Gustavo Demarchi fue funcionario de la justicia hasta poco tiempo antes de ser juzgado, lo que marca que hay una connivencia importante entre sectores del poder judicial con el aparato represivo del terrorismo de Estado”, definió el secretario del Partido Comunista de Mar del Plata, Pedro Ferrer, al referirse a la decisión del juzgado federal en lo correccional y criminal 1 de San Isidro, que llamó a indagatoria al actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y a otros cinco imputados por el secuestro y tortura de militantes comunistas durante la última dictadura.

Cabe citar que la denuncia penal fue presentada durante 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que se basó en documentación que surgió del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).

Esos documentos dan cuenta de que cuando integraba la Dippba, Fernández Garello participó en este hecho, entre otras actividades de inteligencia ilegal.

Así, a partir del llamado a indagatoria prevista para el 13 de diciembre, organismos de derechos humanos solicitaron el juicio político del fiscal general de Mar del Plata, ya que no posee “las condiciones que la Constitución y las leyes determinan para el ejercicio del cargo”, ya que está imputado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad.

Participación

“Fue fundamental la participación de Fernández Garello en la estructura represiva como oficial de la Dippba, por lo menos, entre 1978 y 1981”, dijo Ferrer y añadió que “vemos con buenos ojos que se lo cite a la declaración indagatoria”.

El titular del PC marplatense recordó que “tenemos el antecedente del juicio a los integrantes del CNU”, tras lo que recalcó que “es preciso que la justicia actúe con un criterio independiente y que no se deje presionar por el poder de turno” aunque, aclaró, “sabemos que históricamente ha sido un aliado del aparato represivo de la dictadura militar”.

Fernández Garello admitió que colaboró con la dictadura dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y, en este marco, “el accionar de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es altamente valorable, porque ha permitido esclarecer varios crímenes de lesa humanidad, jugando un papel destacadísimo como fue en el caso del mega centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, o en la condena al represor Miguel Etchecolatz, teniendo un rol muy fuerte, o como es ahora con el caso de la desaparición de Santiago Maldonado”, resaltó para finalizar Ferrer.