Derechos Humanos

Derechos Humanos

27.3.18

Que los detengan

La Cámara Federal de Casación Penal, exhortó a que un tribunal oral de San Luis detenga y juzgue a los ex magistrados de esa provincia, Eduardo Francisco Allende e Hipólito Saá, y al militar retirado Alberto Camps, acusados de perpetrar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Camps está imputado en once casos de privación ilegítima de la libertad, pero pese a esto hasta 2014 fue titular del Espacio Cultural Terrazas -es artista plástico-, cuando gobernaba el ahora senador por Cambiemos, Claudio Poggi. En 2004 fue designado a cargo del Subprograma de Seguridad Comunitaria y en diciembre de 2007, al frente del Programa de Inclusión Social. Después -hasta 2009- fue coordinador del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano, cuando gobernaba Alberto Rodríguez Saá.

 

Espejos

En el marco del Mes de la Memoria, en la capital de Entre Ríos, se inauguró formalmente la Muestra gráfica y audiovisual "Espejos". Esta iniciativa que se exhibe en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, busca aportar a la construcción de la Pedagogía de la Memoria. Está organizada por el Consejo General de Educación, Secretaría de Cultura, Registro Único de la Verdad, Subsecretaría de Derechos Humanos, Hijos-Paraná y Abuelas de Plaza de Mayo.

 

Libertad

La Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías dispuso la libertad de Brian De Angelis, de 16 años, quien fue arrestado por error en un allanamiento llevado a cabo por personal de las policías Bonaerense y de la Ciudad, hace más de un mes, en la casa de sus abuelos en Villa La Rana. El caso de Brian sensibilizó a sus vecinos que, en reiteradas ocasiones, se manifestaron ante los Tribunales para proclamar su inocencia. Brian es otra víctima de la creciente violencia institucional. Pasó algo más de un mes en el Instituto Leopoldo Lugones de la ciudad de Azul, lejos de los suyos y recluido injustamente. Ahora volverá a su vida: su trabajo en una carpintería, la escuela secundaria y la posibilidad de probarse en el Club Atlético Chacarita Juniors.

 


 

Represión e impunidad

26.3.18

De paseo

Eduardo Costanzo, alias Tucu, está condenado a perpetua porque perpetró delitos de lesa humanidad, entre ellos por el secuestro y desaparición del dirigente comunista Rubén Tito Messiez. Pese a esto, días atrás fue visto paseando por calles de Rosario con lo que viola la domiciliaria con que fue beneficiado pese a la gravedad de los delitos por los que fuera condenado.

 

Apriete

Lucas Rodríguez va a tener que pagar cincuenta pelotas de fútbol por una sanción que le impuso la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, porque como integrante de la Selección Nacional de Fútbol, Los Murciélagos, grabó un video para pedir a Mauricio Macri que el Estado brinde ayuda económica para que el equipo femenino, Las Guerreras, viaje a un torneo internacional. El director de la Federación, Domingo Latela, reveló que los llamaron desde el despacho de Fernando De Andreis, para pedir “que tomara cartas en el asunto”.

 


 

NUEVO JUICIO EN LA PLATA14.8.2018

Con Etchecolatz compareciendo por TV

Se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la Brigada de Investigaciones de San Justo.

En audiencias que llevará a cabo el Tribunal Oral en lo criminal Federal 1 de La Plata, comenzó el juicio por los crímenes perpetrados en la Brigada de investigaciones de San Justo durante la última dictadura. Se sentarán en el banquillo veinte imputados por el secuestro de 81 personas, de las cuales 31 permanecen desaparecidas.

En la primera audiencia se vio la presencia de un nutrido espectro militante. Estuvieron el PC y la Ladh (fue su copresidenta, Iris Pereyra de Avellaneda). También militantes de Hijos, CTA y Apdh entre otras organizaciones que, en la entrada, montaron una radio abierta.

El tribunal a cargo está formado por los jueces subrogantes Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Pablo Vega. Los dos últimos integraron el tribunal que absolvió a Juan José “Pipi” Pomares, quien estaba acusado de perpetrar crímenes de lesa humanidad cuando integrara la CNU, banda paraestatal de ultraderecha que actuó durante la década del 70. Por su lado, junto a Esmoris, Jarazo fue parte del tribunal que absolvió a otro represor: Alejandro Duret.

Vale recordar que el centro clandestino de detención que funcionara en la Brigada de Investigaciones de San Justo, integró –junto a otros treinta centros- el Circuito Camps y estaba a cargo de la Dirección General de Investigaciones que dirigía Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien está imputado en esta causa.

No rendirse

Los hechos arribaron a juicio luego de cuatro décadas. Esto fue visto por Romina Pereira, secretaria de organización del PC de La Matanza, asistente a la primera audiencia, como algo que “determina que no hay que bajar los brazos jamás”. “Nada es imposible si ponemos por delante los objetivos de los 30 mil”, sentenció y recordó que entre esas metas están “cambiar la realidad y transformar la Justicia”.

Adujo que el juicio va a ser “extensísimo” porque la Brigada “funcionó muchísimo tiempo y aún hoy sigue funcionando” y sólo se prevé el promedio de una audiencia por semana. “Uno de los reclamos es que deje de funcionar como brigada de investigaciones e inteligencia”, señaló la militante y, en ese sentido, objetó: “sigue funcionando con las mismas instalaciones que durante la última dictadura”.

Pereira en este punto agregó que “ese mismo espacio sigue funcionando como un lugar a donde si cualquier civil tiene que hacer una denuncia tiene que ir”. Repuso que “es un cuerpo alterado” y su existencia “es una incongruencia en sí misma”. “Para nosotros debería estar cerrado como espacio policial y debería funcionar como espacio de memoria, verdad y justicia”, apuntó.

Se quejó también de que a esta audiencia el genocida Etchecolatz llegara tarde, aunque debiera comparecer por videoconferencia. Resaltó que ello se dio “portando las garantías de una Justicia fascista y patriarcal que les permite a ellos estos privilegios”.

 

FORO DE DERECHOS HUMANOS10.8.2018

Si el continente es candela, los organismos son paz

En la Iglesia de la Santa Cruz, con la organización de la Ladh y el apoyo del PCA, se llevó a cabo un encuentro de luchadores de derechos humanos de toda Nuestra América.

En la Casa de Nazareth, dependencia de la iglesia de la Santa Cruz, se juntaron por primera vez las que serían más tarde, inolvidablemente para la actualidad argentina y para su historia nacional, las Madres de Plaza de Mayo. Allí Esther Balestrino contactó con Gustavo Niño, más conocido como Alfredo Astiz, que la marcaría como promotora del movimiento y contribuyera a su desaparición, convirtiéndola en mártir de la lucha de los derechos humanos en Argentina.

En ese espacio de grey católica, significativamente comprometido con dicha lucha trascendente en este país de episodios que trágicamente se repiten, un nuevo encuentro se dio para magnificarlo como espacio de resistencia organizada: el Foro por la Libertad de las Presas y los Presos Políticos de Nuestra América y Todos los Pueblos.

En estos días en que todo el continente ve volver las mismas prácticas represoras, camufladas esta vez por los vistosos trajes con que la banca internacional viste a los nuevos represores. La reunión de tres jornadas significó un espaldarazo a quienes sienten que aún se puede recuperar lo perdido para, con organización, conseguir lo que todavía no logramos en el sur del mundo: vivir en paz y armonía en un marco de irrestricta observancia de los derechos humanos.

Este nuevo episodio de lucha tuvo marcado carácter internacionalista y también consideró todas las duras situaciones que se nos presentan: desde la prisión política de Lula Da Silva hasta los poco comentados casos de presos políticos en Uruguay, pasando por la liberación de los prisioneros por la Masacre de Curuguaty y la lucha del pueblo mapuche en Chile y Argentina.

Organizado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) y convocado por organismos sociales y derechos humanos de todo el continente, contó con el apoyo ferviente de varios partidos comunistas, como el argentino, el paraguayo y el uruguayo. Tan importante fue la tarea desplegada, que no faltaron los saludos de presos políticos de la talla de Facundo Jones Huala y Julio De Vido, de Argentina; Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriano junto a Rafael Correa y Jesús Santrich, ex comandante de las Farc detenido por acciones de inteligencia desplegadas en Colombia por parte de la DEA y la CIA.

Entre las organizaciones participantes destacaron la venezolana Fundalatin, la colombiana Fundación Lazos de Dignidad, la chilena Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), el ecuatoriano Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, la estadounidense Alianza por la Justicia Global, la uruguaya Comisión por la Memoria y la Plataforma Social de Derechos Humanos Memoria y Democracia, de Paraguay.

Allí donde estuvo la muerte

En los lindes de Buenos Aires y en pleno conurbano se encuentra la sede principal del Ejército Argentino. Es Campo de Mayo, que durante la última dictadura cívico-militar fue el campo de concentración más grande del Operativo Cóndor. Por allí pasaron miles de luchadores que luego engrosaron las listas de desaparecidos.

En ese punto de la geografía suburbana de la capital argentina, el macrismo quiere montar un parque, con visos de especulación inmobiliaria. Sin embargo, desde comienzos de este año la Ladh viene realizando visitas para enfatizar que allí estuvo la muerte y que de ello no hay olvido. Por eso el foro por los presos políticos de nuestro continente comenzó su encuentro visitándolo.

Desde el comienzo del jueves 2 de agosto, la caminata precedida por la copresidenta de la Ladh, Iris Pereyra de Avellaneda, recorrió uno a uno los espacios de dolor, que todavía no están bien señalizados como tales y que, además, están sujetos a litigio judicial porque los predios siguen siendo del Ejército y son capaces de brindar pruebas sustanciales de los crímenes genocidas.

Pereyra, madre del Negrito Floreal Avellaneda, no estaba en vano presidiendo la caminata: también está al frente de la lucha por que ese predio nunca sea el mentado parque sino un espacio para la memoria de lo que pasó y de lo que jamás debe volver a pasar. Ni la tortura, ni la muerte que esa caminata hizo recordar a la referente de derechos humanos la arredraron. Es que no marchó sola: la secundó el movimiento nuestroamericano que lucha por esos derechos.

La dolorosa América

El viernes 3 de agosto se realizaron algunas de las ponencias sobre prisioneros políticos en los países hermanos. Fue una larga jornada que, al cabo, duró 12 horas en las instalaciones de la Casa de Nazareth, arrancando con un discurso de Graciela Rosemblum, presidenta de la Ladh, que saludó a los presentes remarcando la solidaridad de los pueblos con la causa de los presos políticos.

La primera mesa habló de la Venezuela bolivariana en la voz de María Eugenia Russian, de Fundalatin. Desde allí se remarcaron los apoyos del Foro a la lucha del pueblo chavista contra las agresiones constantes del imperialismo y sus lacayos, como la oposición al gobierno constitucional de Maduro, por el gobierno colombiano y la OEA.

Chile, jaqueado por la consolidación de su neoliberalismo en el poder pero ilustrado por la lucha mapuche, también estuvo. Se habló del país vecino tanto en consideración de la noche pinochetista como de las luchas de la Unidad Popular y la causa mapuche. Se brindaron las palabras de Alicia Lira, presidenta de la Afep; Pedro Cayuqueo Millaqueo, periodista y escritor; Fernando Pairicán Padilla, historiador y Jaime Patricio Petruzzi ex preso político peruano e integrante del Comité por la Libertad de Ramiro Hernández Norambuena, luchador trasandino detenido desde el 2001 en Brasil.

Colombia y Perú, como cuadra a la historia de la Patria Grande, estuvieron juntas. En el panel estuvo la poetisa Mary Soto explicando la situación de los presos políticos peruanos durante y tras la Guerra Sucia llevada a cabo por Fujimori, cuando la Base Naval de Callao era una prisión política y los jueces “sin rostro” eran toda la Ley.

Junto a ella, el investigador Javier Calderón y el presidente de Lazos de Dignidad, Gustavo Gallardo, ilustraron sobre los muchos presos políticos colombianos en el marco del todavía vigente proceso de paz. Calderón, además, remarcó las estrategias judiciales para atacar el proceso y, particularmente, a los dirigentes populares.

Juntos también se presentaron Brasil y Uruguay. Lille Caruso habló de los silenciados presos políticos del país platense. En tanto, los brasileros Marcelo Chalreo y Carmen Diniz, pidieron, con todos los participantes del foro, la libertad de Lula Da Silva.

De eso sí se habla

Honduras y Paraguay fueron tratadas, en su respectiva mesa, por Anahit Aharonian, dirigente del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos; Albino Villalba, de la Plataforma de Derechos Humanos paraguaya y Fabricio Arnella, representante de paraguayos en Argentina. Un punto aparte merecen las observaciones brindadas al respecto de los presos políticos de Curuguaty, recientemente liberados con la excepción de Rubén Villalba.

Después de la presentación, Federico Ovejero, miembro del equipo jurídico de la Ladh y estudioso de la realidad paraguaya, sostuvo: “la masacre de Curuguaty es el elemento fundante del cartismo, de la presidencia de Cartes”. Agregó que la nueva dirigencia, encabezada por el presidente electo, Mario Abdo Benítez (de quien recordó que es hijo de un secretario personal del dictador Stroessner) “tiene que limpiar, como nuevo sector dominante, la tara a nivel internacional y también, un poco, el ámbito de la Justicia”.

“Este fallo vino como anillo al dedo para Mario Abdo Benítez”, dijo el joven abogado. “Sin embargo hay más presos políticos en Paraguay”, sostuvo y enfatizó: “lo que permitió que se llegue a esta instancia en el caso Curuguaty es, básicamente, la lucha popular” que “unió sectores de la izquierda, el movimiento campesino y la Iglesia Católica”.

Presos políticos en la Argentina

En la recta final hacia el fin del encuentro, los abogados Rosa Herrera, Pedro Dinani y Federico Ovejero, de la Ladh, hablaron sobre los presos políticos argentinos, la lucha del organismo de derechos humanos querellando a los responsables del último genocidio argentino en los juicios por crímenes de lesa humanidad, la violencia institucional, el derecho a la vivienda y la solidaridad abierta con la causa palestina.

La crisis del Estado de derecho en nuestro país también fue tratada. Se encargaron de ello los abogados Gerardo Etcheverry y Eduardo Barcesat y el juez Juan María Ramos Padilla. Barcesat habló sobre las constantes violaciones que la legalidad vive en la Argentina, sobre todo por parte de quienes ahora detentan el gobierno. Etcheverry, a su vez, conversó sobre la cuestión de los “arrepentidos” como concepto en boga. Padilla, en tanto, observó cómo se corrompe el Estado de derecho en el propio ámbito judicial.

Todos luchan

A la última jornada se arribó con la esperada carga de conocimientos nuevos, matizada por la energía luchadora de Lita Boitano, de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y José Schulman, secretario de la Ladh.

Los acompañaron, con sus palabras dichas desde el dolor vivencial por la persecución política que se vive en nuestro país, Analía Tolaba, representante de los presos políticos jujeños de la Tupac Amaru; Sonia Ivanoff, abogada de Jones Huala y Alessandra Minicelli, compañera de vida de Julio De Vido, uno de los más notables presos políticos de la actualidad (aunque no el único).

Finalizada esa jornada y el encuentro, los participantes firmaron la “Declaración solidaria de Buenos Aires”, que sigue incorporando firmantes y se puede hallar con ese nombre en las redes sociales y la web. Allí se expresó que el compromiso de los organismos de derechos humanos de nuestro continente es, con claridad, por la “libertad a todas y todos los presos políticos de América y todos los pueblos del mundo” y el “respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, amenazados por el plan de reconquista colonial del imperialismo norteamericano y sus aliados”.

MILAGRO SALA TRASLADADA A SALTA10.8.2018

Prisión y destierro para la líder

La dirigente social, que enfrenta una nueva causa judicial, fue remitida a una cárcel salteña. Sus defensores piden la intervención de la Cidh.

Milagro Sala ha vuelto a prisión. Fue trasladada a una cárcel de Salta por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, que le revocó la prisión domiciliaria y ordenó su traslado al Complejo Penitenciario Federal General Martín Güemes. La prisionera fue notificada poco después de una audiencia judicial en el marco de la dudosa causa que se incorporó a la lista en su contra.

Había estado internada poco antes debido a una descompensación, atribuida por su círculo más cercano a la constante persecución judicial, política y mediática que sufre la principal dirigente popular del norte argentino. De esta manera, Pullen Llermanos dejó sin efectos la prisión domiciliaria mientras otra opereta se incorpora contra Sala: se acusa a un ex colaborador suyo de llevar registros de corrupción en cuadernos, como haría más un estúpido que un verdadero corrupto.

Pero el juez brindó a Sala, displicente, una última posibilidad, la de salir del penal salteño toda vez que deba presenciar audiencias en la nueva causa en su contra, ante el Tribunal en lo Criminal 3, de Jujuy. Y así hasta septiembre. En tanto, la luchadora presa ya inició una nueva huelga de hambre mientras su salud se deteriora inevitablemente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que ya había cuestionado la situación en que Sala se encuentra y ordenado la detención domiciliaria, recibió otra denuncia por el nuevo traslado de la reclusa. Fue realizada por el Cels y abogados de derechos humanos tras de que el Comité por la Libertad de Milagro Sala advirtiera que a la dirigente “la quieren muerta”.

La denuncia observa el “palmario incumplimiento de las medidas provisionales” dispuestas por la Cidh, que oportunamente fueran respaldadas por la Corte Suprema de Justicia. Por eso se incluyó la intervención “urgente” del organismo internacional de Justicia para evitar lo que se llamó “manifiesto ensañamiento y animadversión” contra Sala por parte de la Justicia jujeña.

El mencionado comité, además, afirmó que “el gobernador Morales y el juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro”. En ese sentido, observó: “cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia, sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes”.

Peligro: jueces jujeños con poder

Leonardo Rosales, secretario del PC de Jujuy, aportó la visión roja sobre el caso. Consideró que “es particularmente grave lo que está pasando con la compañera Milagro”. Pero destacó: “acá siempre estuvimos convencidos de que la Justicia responde al oficialismo, en este caso a Gerardo Morales”.

“La Justicia es un ámbito en donde el único objetivo es hostigar a la compañera y a todos aquellos que se atrevan a defenestrar la política de ajuste que viene implementando este gobierno”, señaló después para expresar: “la saña particular con ella nos hace pensar que lo que quieren es llevarla a una situación límite”. Y fue claro: “lo que quieren es que atente contra su vida”.

“Está haciendo una huelga de hambre para denunciar estos mandatos y estos abusos contra su persona”, dijo en referencia a la popular prisionera. En ese camino, remarcó que ante el caso “la única situación que vemos posible es que intervengan los organismos internacionales de derechos humanos”.

Recordó que en previas visitas de la Cidh como de una comisión especial de la ONU, ambos organismos internacionales “coincidieron en que acá hay un abuso de autoridad y hay una presa política”. En este punto, apuntó: “se ha profundizado esta persecución”. También advirtió sobre la salud de Sala diciendo: “la huelga de hambre es una metodología de lucha que deja secuelas”.

Con respecto al traslado de la dirigente a la provincia vecina, Rosales aseveró que “quieren sacarla del ámbito familiar, de la posibilidad de que los compañeros y su círculo más cercano pueda contenerla”. Agregó que “Salta es una provincia conservadora y alineada a las políticas del gobierno nacional”.

Como otras veces, denunció que la Justicia jujeña “está totalmente cooptada y responde a los requerimientos del oficialismo”. En ese marco, aseguró: “Pablo Pullen Llermanos, que ordenó la detención, en su historial constantemente tiene una notable enemistad hacia Milagro”. Repuso: “no hay objetividad para nada”.

Paraguay2.8.2018

Curuguaty: ¡Victoria popular!

El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese país, permite que recobren su libertad los campesinos involucrados en ese caso que aún estaban detenidos.

“La absolución definitiva de las campesinas y campesinos de la masacre de Curuguaty es una histórica victoria en primer lugar suya, que a lo largo de estos seis años vencieron al dolor de haber perdido familiares, amigos y compañeros; a la rabia de ser acusados como autores de una masacre de la que sobrevivieron -algunos de ellos con heridas graves-; a la imposibilidad de trabajar, estudiar, ver a sus familias y desarrollar sus vidas; a la desatención médica en situación de reclusión; a la presión física y psicológica de un proceso judicial en el que recibieron todo tipo de agravios por parte de jueces, fiscales, policías y algunos periodistas y dueños de medios de comunicación; a cuatro huelgas de hambre prolongadísimas en las que algunos de ellos casi pierden la vida; y a una sentencia arbitraria de primera instancia en la que se los condenó cambiando la acusación, en medio de un inmenso operativo policial militarizado”.

Así se pronunció el Partido Comunista Paraguayo (PCP) respecto a la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que revocó las condenas que pesaban sobre once campesinos que fueron sentenciados por el Caso Curuguaty, que tuvo lugar el 15 de junio de 2012 y derivó en el juicio político y destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

El fallo dividido de los camaristas Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez, permite que recobren su libertad los campesinos involucrados en ese caso que aún estaban detenidos. Ellos son Rubén Villalba, condenado a 35 años de cárcel; Luis Olmedo Paredes, penado a 20 años; Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, sentenciados a 18 años.

Lucha

“Es una victoria popular de los familiares de las presas y presos políticos que atravesaron un sinfín de penurias en medio del luto y el dolor”, recalcó el PCP y añadió que también es un triunfo “del conjunto del movimiento popular, las organizaciones campesinas, estudiantiles, culturales, de mujeres, de trabajadoras y trabajadores, de artistas, de defensoras y defensores de derechos humanos organizaciones Tlbi, migrantes, de pueblos originarios, de niñas, niños y adolescentes, organizaciones eclesiásticas y políticas en todas sus vertientes desde el progresismo a las izquierdas, que con ingenio, coraje y mucha persistencia recurrimos a diversas formas de lucha en todo el país para obtener la libertad de las presas y presos políticos”.

Y recordó que “desde Buenos Aires, Córdoba, Madrid, Barcelona, París, New York, Londres, Berlín, Sao Paulo, Estocolmo y otras latitudes, la migración paraguaya se organizó y peleó junto a organizaciones populares de sus territorios por revertir esta inmoral acusación y condena”.

Asimismo, recalcó que “la falacia instalada por fiscales, sojeros, políticos golpistas y todos los medios comerciales de comunicación los días posteriores a la masacre de que un peligroso grupo de campesinos fuertemente armados y presuntamente entrenados por guerrillas organizó una emboscada contra un pequeño grupo de policías desarmados que legalmente realizaban un operativo de allanamiento queda hoy evidenciada una vez más como ridícula y como una deliberada estrategia de shock comunicacional que perseguía un objetivo claro: ejecutar un golpe de Estado. Para ejecutar -y luego justificar- ese golpe de Estado del 21 y 22 de junio del 2012, necesitaban condenar campesinas y campesinos como chivos expiatorios”.

Tras lo que señaló que “la lucha por Curuguaty fue también a lo largo de estos años una oportunidad para evidenciar que el poder narco-mafioso instrumentaliza a la justicia para perseguir y condenar a sectores sociales y políticos que disentimos con el régimen de democracia de fachada que rige desde la salida de Stroessner en 1989”.

Pero asimismo advirtió que hay en Paraguay “numerosas causas similares donde dirigentes sociales -principalmente campesinos- pero también estudiantes, sindicalistas, dirigentes políticos son acusados falsamente por la justicia para frenar sus demandas o incluso, asesinados por sicarios o policías”.

Ya que, asevera, en ese país “nunca dejó de existir el terrorismo de Estado, nunca dejaron de existir las presas y presos por razones políticas” y, en este contexto, “la lucha por el caso Curuguaty llevó esta verdad a todas las pantallas, obligó a toda la sociedad a mirar hacia la cárcel de Tacumbú y mostrar las miserables condiciones en el que el Estado paraguayo mantiene presos y sin condena a miles de jóvenes, hombres, mujeres y trans, principalmente por ser pobres”.

 

En medio de un nuevo ataque judicial en su contra1.8.2018

Internaron a Milagro Sala

Días atrás comenzó el juicio a la líder de la Tupac Amaru en la que se la acusa por fraude y asociación ilícita. Sus abogados aseguran que la fiscalía no tiene pruebas de cómo y cuándo ocurrieron los delitos por los que la acusan.

Ayer, Milagro Sala fuellevada de urgenciaal Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy, después de que se desvaneciera en el lugar donde cumple prisión domiciliaria.

La dirigente social quedó internada y, de acuerdo al parte oficial, está “estable y lúcida”, pero desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala, advirtieron que había sido entubada, al tiempo que se denunció “el hostigamiento que sufren” la diputada del Parlasury el resto de los militantes de la Tupac Amaru, por parte de los gobiernos de Jujuy y nacional.

Y es en el contexto de represión que atraviesa Jujuy y con un gobierno que tiene de conejillo de indias al Poder Judicial, que días atrás comenzó el juicio oral y público por la megacausa conocida como “pibes villeros” en la que, además de la referente de la Tupac Amaru, están acusadas más de treinta personas entre militantes sociales y ex funcionarios públicos. El juicio estará dirigido por el Tribunal Oral en lo Criminal 3. Serán veinte audiencias que se extenderán hasta el 6 de septiembre.

Vale aclarar, que la persona a cargo del tribunal, Alejandra Toblada, reprobó los exámenes para ser jueza en lo criminal. Sin embargo lo es y todo induce que “a dedo”. Las otras dos juezas que la secundan pasaron el examen por muy poco. Tan elementales son las tres que para rechazar los planteos de la defensa copiaron y pegaron pedazos enteros de un fallo de la Cámara de Casación Penal. Algo que se define como “Plagio Judicial”.

Matias Duarte, abogado de Milagro, denunció previamente irregularidades del proceso y que el tribunal “privó a Sala de elementos fundamentales para defenderse”, y consideró que “está recibiendo un trato violento desde el punto de vista institucional”.

Además, a la dirigente social jujeña, le armaron mas de sesenta causas, las cuales prescribieron todas menos cinco, y es el cuarto juicio que debe enfrentar, detenida desde enero de 2016, y el primero con posibilidad de recibir condenas graves (hasta diez años de prisión). El 3 de febrero de 2017 fue condenada a tres años de cárcel en suspenso por un escarche al gobernador de Jujuy Gerardo Morales.

La pena fue apelada por la querella y la defensa y Casación no solo la confirmó sino que le exigió al tribunal elevar el monto de la condena. En diciembre de 2016, fue condenada por violar el código contravencional al acampar durante cincuenta días frente a la Gobernación.

Por otro lado, La LigaAgentina por los Derechos del Hombre (Ladh) filial Jujuy, se encuentra acompañando a los dirigentes de la Tupac Amaru, y recalcaron que “existe una manifiesta animosidad en su contra desde las instituciones del Estado y de muchos funcionarios que la componen tanto el poder judicial como del ejecutivo o legislativo”.

A todo esto le agregaron que “no existen las debidas garantias en el proceso ya que se vienen ventilando groseros errores denunciados por los abogados defensores y diversos organismos de derechos humanos”.

Santiago Hamud, militante comunista de Jujuy, aseguró que es aberrante el mamarracho judicial que están llevando adelante”, y que la designación de la Jueza AlejandraToblada, se trata de un “acomodo político” de parte del gobernador.

Hamud fue contundente cuando habló de los juicios a los militantes juejeños, y los caracterizó como un “circo”, considerando que Milagro Sala y los demás militantes, ya tenían la condena escrita antes del juicio.

También, dijo que “los juicios a milagro sala son una estrategia de Morales y del gobierno nacional son para tapar la otra cara de Jujuy, la cual esta sufriendo brutales despidos, ajustes y tarifazos.

En el marco de que el presidente Macri, por decreto, haga que las Fuerzas Armadas “ayuden” en la “seguridad interna y en las fronteras, Hamud aseguró que Jujuy es un laboratorio de políticas represivas que se terminan implementando en todo el resto del país, ya que dicha provincia es una zona fronteriza.

“Para ellos Jujuy es una zona clave porque para las bases norteamericanas y desde aquí poder iniciar alguna especie de desestabilización en el país hermano de Bolivia”, contó Hamud.

Por otra parte, se refirió a los militantes que están en libertad, y les adujo que tienen un rol fundamental en organizar a las bases del campo nacional y popular, ante la ausencia de los líderes de las agrupaciones.

A un año de su desaparición forzada 1.8.2018

Movilización por Santiago

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre está presente en el acto que se lleva a cabo en Plaza de Mayo. También el Partido Comunista, la Conat y la Fede.

Durante la semana inicial de agosto la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) participa en diversas actividades. Va a movilizarse por Santiago Maldonado, visita El Campito en Campo de Mayo y realiza el Foro por la Libertad de las presas y los presos políticos de Nuestra América y todos los pueblos, en la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con la presencia de veinte delegados internacionales.

Hoy 1º de agosto, como parte del colectivo de organismos de Derechos Humanos, la Liga se dio cita en Plaza de Mayo donde, desde la hora 17, se lleva a cabo un acto a un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La consigna de la jornada es “El Estado es responsable”. Al respecto, al explicar el sentido de esta convocatoria, ayer en una conferencia de prensa que tuvo lugar en las oficinas de Telam, donde los trabajadores resisten el despido y achique de la agencia oficial, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, recalcó que “cuando decimos que el Estado es responsable no son sólo palabras, es el único que en una desaparición forzada tiene todo el aparato político, el poder judicial y los grandes medios para pasarnos por arriba con todo lo que hagamos, y nunca avanzar”.

Por lo que pidió “crear una unidad para estar en todas las causas, más allá de las diferencias, ante un enemigo en común, este gobierno es enemigo, no está haciendo nada por el pueblo, sólo ajusta y reprime, mata pibes en los barrios, y está del lado de los poderosos y contra quienes luchan por un ideal y un cambio”.

El Campito

Por otro lado, mañana y merced a una autorización judicial, integrantes de la Ladh ingresarán a El Campito, lugar donde funcionara durante la última dictadura uno de los cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Campo de Mayo.

Ahí, junto a integrantes de otras organizaciones, se va a rendir homenaje a Roberto Santucho, Cacho Scarpatti y Floreal Avellaneda “representantes de tres culturas políticas pero todas víctimas del genocidio perpetrado por militares, curas, empresarios e intelectuales”.

Asimismo, el viernes 3 de agosto se realizará el Foro por la Libertad de las Presas y los Presos Políticos de Nuestra América y Todos Los Pueblos, que va a tener lugar en la Casa de Nazareth de la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la calle EE.UU. 3150, desde la hora 10.

Ahí participarán representantes de organizaciones de derechos humanos de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, así como ex presos políticos, abogados, militantes y defensores de los derechos humanos.

Entre otros, se darán cita el abogado de Colombia que preside la Fundación Lazos de Dignidad Gustavo Gallardo y Javier Calderón, sociólogo de Celag e integrante de Marcha Patriótica de Colombia, así como el poeta y familiar de un preso con 23 años de cárcel de Perú, Mary Soto.

También se espera la participación de Marcelo Chalreo, presidente Comisión de Derechos Humanos Orden de Abogados Río de Janeiro y la de Carmen Diniz, que forma parte del MST de Río de Janeiro.

Otros que participarán son: Alicia Lira, presidenta Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo Millaqueo, el historiador Fernando Pairican Padilla, Jaime Patricio Petruzzi, del Comité por la Vida y la Libertad de Ramiro y Pablo Ruiz (Soawatch).

Así como la de la dirigente de Derechos Humanos de Uruguay Lille Caruso, Evaristo Banegas de la Plataforma de Derechos Humanos de Paraguay, el Juez José María Ramos Padilla, los abogados Eduardo Barcesat, Pedro Dinani, Rosa Herrera, Federico Ovejero y Gerardo Etcheverry, entre otros.

 

Mar del Plata30.7.2018

Indagaron a un fiscal general por delitos de lesa humanidad

Fabián Fernández Garello es acusado de tareas de espionaje en organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos durante la última dictadura.

La jueza Alicia Vence reabrió la causa que permanecía encajonada y citó al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello para el nueve de agosto, quien actualmente sigue en actividad y había sido denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria.

Garello pertenecía a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) de San Martín, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial.

Además, está acusado de persecución, secuestro y torturas contra militantes del Partido Comunista, como parte de un grupo de tareas conformado por fuerzas conjuntas de la delegación Dippba de San Martín, el destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y la Brigada de Caseros, lugar que funcionó como centro clandestino de detención.

Las víctimas fueron secuestradas, luego sacadas de su cautiverio e introducidas en móviles policiales sin identificación. Esta práctica represiva sistemática era conocida como “lancheo”.

Una de ellas señaló en su declaración que fue alojada en condiciones inhumanas y obligada a señalar domicilios bajo la amenaza de pisar su cabeza con un automóvil.

El pedido de juicio político a Fernández Garello tuvo muchos impulsores, y entre ellos se encontraban Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, además de otros referentes del movimiento de derechos humanos.

Sin embargo, a fines de diciembre, durante la audiencia preliminar, el juez archivó las actuaciones y el fiscal así evitó su enjuiciamiento y posible destitución. El 21 de ese mes, un día después de esa audiencia, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado (que tenía la causa donde se investigaba el secuestro y tortura de los tres militantes comunistas en julio 1981, hechos en los que participó el jefe de los fiscales marplatenses) notificó que postergaba su audiencia indagatoria y la de los otros cinco imputados, sin poner fecha alternativa.

Arroyo Salgado intentó deslindar el caso en su colega Alicia Vence, quien rechazó la competencia de modo tal que el expediente fue a la Cámara de San Martín, donde revocaron la resolución de Vence y ordenaron investigar los “elementos que comprometen a los imputados”, incluyendo a Fernández Garello. Así, antes de la feria judicial de invierno, esta jueza llamó a indagatoria a los seis imputados.

Uno de ellos es el ex coronel del Ejército Norberto Apa, ex jefe del destacamento de inteligencia 201 de Campo de Mayo, que se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad en las causas de Ana María Martínez y en la referida a la denominada Contraofensiva; y goza de prisión domiciliaria.

Pedro Ferrer, Secretario del PC de Mar del Plata, caracterizó que se reabra la causa y se indague al fiscal general Garello como “algo muy positivo”, y adelantó que convocaran una conferencia de prensa denunciando el vinculo del fiscal con la dictadura.

Además, aseguró que “es un logro importante”, considerando que la municipalidad de Mar del Plata que está en manos de Cambiemos, es uno de los lugares donde más se avala la represión desde el estado municipal.

También, destacó otros logros del campo nacional en su ciudad como el freno a las agrupaciones neonazis, protagonistas de hechos violentos en la ciudad en los últimos tiempos y que el genocida Miguel Etchecolatz no tuviera asilo domiciliario en “la feliz”.

CONDENA A LA MILITARIZACIÓN27.7.2018

Enfrentar la ilegalidad inconstitucional

La masiva movilización de ciudadanía en Buenos Aires y las principales ciudades del país para repudiar las intenciones del presidente de poner militares a vigilar la calle, dejó claro que el país tiene memoria. Los pasos a seguir, analizados por Beinusz Szmukler.

Las calles argentinas, y no sólo en Buenos Aires, revelaron ayer lo que para muchos, sobre todo en el gobierno nacional, todavía no quedaba claro: que el pueblo argentino guarda una celosa memoria de los hechos de su pasado reciente como para permitirse que las acciones represivas se repitan.

Sin embargo (y el gobierno lo ha demostrado repetidas veces) el proceso de ajustes macristas ante la creciente resistencia popular en las calles y las casas refuerza sus estrategias represivas. La intención del presidente de volver a poner en las calles a las fuerzas armadas para atender roles estrictamente policiales encendió la alarma también porque va en ese sentido.

El pueblo se movilizó en diversos sectores del país, pero pareció unido por el espanto y, si bien no faltan en las marchas sectores esclarecidos al respecto de lo que verdaderamente pasa, pareciera no estar todavía suficientemente al tanto de que lo planificado por el macrismo con respecto a nuestras fuerzas armadas es, además, estrictamente ilegal y hasta inconstitucional.

Así lo enfatiza Beinusz Szmukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, quien además destacó que ni la nefasta Ley Antiterrorista, vigente en nuestro país desde el proceso político anterior, habilita a los uniformes verdes a ejercer en las calles el mismo rol policíaco que hace pocas décadas sembró el país de muertes, torturas y desapariciones.

El jurista tampoco obvió los intereses imperiales ocultos tras el decreto 683/2018 En ese sentido, rescató para las reflexiones que la situación amerita el hecho de que en nuestro país se dará a fin de año el encuentro de presidentes del G20 y que la todopoderosa Christine Lagarde estaba aquí cuando la medida fue anunciada ante un aparatoso marco de militares.

Como se recordará, el decreto publicado en el Boletín Oficial del 24 de julio, derogando o modificando leyes expresas y decretos precedentes, entre otras cuestiones habilita a las fuerzas armadas intervenir en la defensa de “objetivos estratégicos” no especificados. Dicho esto y considerando el aluvión de pueblo que se prevé marchando ante la llegada de nuevos ajustes del Gobierno Cambiemos, ¿no será la Plaza de Mayo un objetivo estratégico a defender por las tropas militares que, al decir del general Martín Balza, “no tienen balas de goma”?

Movilizados y demás

Beinusz Szmukler pidió juzgar los hechos “por el momento en que se dan y en su contexto”. En ese sentido y tras recalcar que “esta decisión presidencial es inconstitucional e ilegal”, la idea de sacar militares a ejercer de policías “se da en un momento en que se acentúa la crisis económica y social”.

“Narra una situación global de Latinoamérica en la que hubo un retroceso en el desarrollo que tenían varios países”, agregó y observó que en este marco se da la “tentativa de liquidación de los organismos regionales, como la Unasur”. “Está todo en este marco internacional”, remarcó.

Recordó que entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de este año se reunirá en Buenos Aires la cúpula presidencial del G20. Ante ello consideró que en el Gobierno Cambiemos “están tomando medidas para poder sindicar una voluntad represiva para con el movimiento popular, que sale a la calle, reclama y resiste”.

“Uno se enorgullece de pertenecer al pueblo argentino, que está resistiendo”, dijo. Tras ello, expresó que “el cuento de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no convence a nadie” y sostuvo que el combate contra estos fenómenos “no es una función de las fuerzas armadas sino de la policía”.

Szmukler también caracterizó el anuncio de Macri como “una especie de reivindicación del terrorismo de Estado”. Y recordando que este fue apoyado por reivindicadores de la última dictadura como Ricardo Bussi y Cecilia Pando, destacó: “los apoyos que tiene son, más o menos, de ese nivel o de los intereses económicos concentrados”.

“Esta idea de poner a las fuerzas armadas en la calle para cumplir roles típicamente policiales no tiene otro sentido que mostrar la posibilidad de represión y asustar a la gente”, fustigó y añadió que “para nada” la cuestionada Ley Antiterrorista vigente contempla el rol de policía para, por ejemplo, el Ejército.

“Las fuerzas armadas sólo intervienen y se organizan para enfrentar las agresiones de origen externo, perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado, dejando fuera de la órbita de las mismas toda cuestión que se refiera a la seguridad interna”, ilustró el letrado y añadió que “esto hasta es parte de una resolución de Nacional Unidas del año 74”.

“El decreto está violando las leyes existentes y por eso es ilegal”, dijo. Por eso llamó a “librar una fuerte batalla” en su contra y, al respecto, especificó que “en el Congreso se debería dictar una Ley” en el mismo sentido y que “los jueces competentes cuando les lleguen las demandas planteando la inconstitucionalidad deberán decretarla” como “parte de la lucha por el Estado de derecho y la democracia”.

 

Una idea que obsesiona al gobierno26.7.2018

¿Las calles con botas?

Así se desprende del decreto del presidente Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a retomar actividades de seguridad interna. Desde todo el país se manifiesta la reacción que recalca que las calles son del pueblo.

Cada acción tiene su consecuencia, por eso estaba claro que el modelo económico que somete a las clases populares llevado adelante por este gobierno -y ahora con el FMI- no cierra sin represión e intimidación, como viene sucediendo de forma creciente desde hace dos años y medio.

El Decreto 683/2018, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del presidente, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, significa una vuelta de rosca más en la implementación de un escenario de represión al pueblo, aún más que la Doctrina Chocobar que enunciara Patricia Bulrrich.

El decreto enfatiza la colaboración y apoyo de los militares en tareas de seguridad interior “ante cualquier otra forma de agresión externa”, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Y además es una provocación al movimiento popular, algo que queda expuesto cuando se advierte el sitio elegido por Macri para hacer el anuncio: Campo de Mayo, lugar donde durante la última dictadura funcionaron cuatro centros clandestinos detención.

De ahí que la respuesta popular no se hiciera esperar y, hoy jueves, recorra todo en país en forma de movilización que suma a un importante arco social, político, sindical y de organismos de derechos humanos, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el PC, la Fede el MTL y la Conat.

Voces

Uno de los puntos de movilización es Rosario, donde el titular del PC local, Norberto Champa Galiotti, aseveró que este decreto “es parte del plan de la escalada de las políticas globales del imperialismo en la región” y recalcó que si se quiere combatir al terrorismo, “un gran aporte sería no dejar que se instalen bases militares de EE.UU. en Argentina, ya que ése es el principal país terrorista en el mundo, que ha creado células terroristas a lo largo de la historia”.

Asimismo, el secretario del PC de Rosario, dijo que para resistir el Decreto 683/2018, es preciso avanzar en formas de unidad “luchar para ganar las calles y exigir a los diputados y senadores que deroguen el decreto del Presidente que es anticonstitucional”.

También desde La Pampa se alzan voces contra decisión de Macri. Ahí, el secretario del PC provincial, Sergio Ibaceta, fue claro al señalar que el decreto es “totalmente repudiable” y, tras señalar que era “esperado”, enfatizó que la respuesta del campo popular debe ser una masiva manifestación, pero asimismo, “la búsqueda de caminos de unidad, por parte de las fuerzas populares, para terminar con este periodo neoliberal”.

Por su parte, el secretario del PC de Jujuy, Leonardo Rosales, hizo hincapié en la necesidad de “poner un freno a este decreto, algo que lograremos junto a los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas”. Y destacó que esta medida es consecuente con la política represiva que exhibe el Gobierno Cambiemos “desde el mismo instante en que comenzó”.

Otro punto donde hoy se moviliza es Bariloche desde donde el titular local del PC, Rubén Terrile, alertó sobre “el gran riesgo de que las Fuerzas Armadas argentinas se conviertan en una extensión del brazo militar norteamericano e israelí en nuestro país”, tras lo que fue contundente cuando denunció que el decreto “expresa la necesidad que tiene Macri de abroquelar el plan económico del FMI”.

Mientras tanto, desde Córdoba, la secretaria del PC provincial, Solana López, no dudó cuando advirtió que la decisión presidencial “significa mayor profundización de las políticas neoliberales y neocolonialistas que impone el imperialismo a través del FMI”, algo que “sólo se puede dar con represión”.

Del mismo modo, Alejandro Milocco -secretario del PC de Entre Ríos-, opinó que la medida responde “puramente a intereses norteamericanos” y llamó a la “unidad del campo popular para eliminar el decreto y sacar al macrismo en 2019”.

Por su lado, el secretario del PC de Mar del Plata, destacó que “la clara vinculación y parecido histórico del gobierno de Cambiemos con la dictadura militar” que se refleja por medio de este decreto. Y sin dudarlo recalcó: “este modelo económico no cierra sin represión”.

También desde el territorio se levantan voces contra la determinación gubernamental de autorizar que las Fuerzas Armadas actúen fronteras adentro del país. “Esta es la manera que tiene el gobierno de garantizar su política de ajuste”, aseveró el responsable del MTL de la provincia de Buenos Aires y miembro de la mesa provincial del PC, Gustavo Muñoz, quien remarcó que, por eso, “la respuesta del campo popular ante está avanzada del imperialismo debe ser contundente”.

Movilizados contra el decreto26.7.2018

Fuerzas armadas represivas, Nunca Más

Pese a las lluvias, miles de personas marchan este jueves en todo el país tras el decreto de Mauricio Macri que busca más represión para sostener este modelo de ajuste y entrega.

“De estos podemos esperar cualquier cosa”, recalcó la copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Iris Avellaneda, cuando fue consultada sobre la movilización que se está llevando a cabo -al cierre de esta edición- hacia la sede del Ministerio de Defensa de la Nación.

La cita principal es en la ciudad de Buenos Aires, pero se replica en las principales ciudades del país. En Paraná la convocatoria de la Multisectorial de Derechos Humanos es a la hora 17 en Plaza 1º de Mayo bajo la consigna “Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más”, mientras que también en Entre Ríos, en Concordia, la cita es a la misma hora en Plaza 25 de Mayo.

Por su parte, en Rosario, un amplio arco de organizaciones de defensa de los derechos humanos, sociales, sindicales y políticas nucleadas en el espacio Juicio y Castigo, convocan a acompañar la ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo para repudiar la decisión adoptada por Mauricio Macri “bajo el pretexto de colaborar en tareas de seguridad interior”.

Y en Córdoba capital, la Comisión por la Memoria instó a manifestar contra del decreto presidencial, hoy desde la hora 16, frente al Monumento San Martín y ahí acompañarán la marcha de las Madres de Playa de Mayo; mientras que en Mar del Plata, la filial local de Abuelas de Plaza de Mayo, encabeza frente al monumento al General San Martín, la movilización que suma a esta ciudad al repudio de la decisión de Macri.

Asimismo, en Mendoza, la convocatoria de organismos de Derechos Humanos es -en la capital provincial- para hoy a la hora 18 en la intersección de San Martín y Garibaldi, en tanto que desde La Pampa, la CTA local y la Unión de Trabajadores de la Educación (UteLPa) , hicieron público su rechazo al decreto del Gobierno Cambiemos y pidieron que el Congreso Nacional “impida este nuevo avance contra los derechos humanos”.

También en la ciudad de Neuquén habrá una movilización llamada bajo la consigna “Ni un paso atrás. Memoria, resistencia y lucha”, que tiene lugar desde la hora 17 hacia el monumento a San Martín, al tiempo que en Corrientes, un espectro de fuerzas que van desde los partidos Comunista y Demócrata Cristiano, hasta el gremio docente Suteco, se pronunciaron contra del decreto.

“Este gobierno gobierna para los ricos y por eso lo único que propone es ajuste, pobreza y hambre y eso es sólo posible con represión”, señala el comunicado de diferentes organismos de defensa de los Derechos Humanos, sindicales, sociales y políticos que convocaron a la movilización que se realiza en San Miguel de Tucumán, desde plaza Urquiza hacia plaza Independencia.

Por su parte, en Salta, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos llamaron a marchar a la misma hora hacia Plaza 9 de Julio.

Y luego del nefasto anuncio de Macri, diversas organizaciones de Derechos Humanos salieron de inmediato con un comunicado en repudio a esta medida y con un contundente llamado a la movilización de hoy.

“Los Organismos de Derechos Humanos repudiamos la decisión del presidente Mauricio Macri de reformar el sistema de Defensa Nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior”, denunciaron las Abuelas de Plaza de Mayo y la línea fundadora de Madres, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los Familiares de Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas e Hijos, entre otros organismos, en el que convocaron a la manifestación que se llevó adelante este jueves.

Entre otras entidades, La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina también se sumaron al repudio.

Movilizados

“Este decreto les ha dado mucho poder a los militares.

El gobierno está haciendo cosas terribles como el parque nacional que buscan imponer en Campo de Mayo”, alertó Iris Avellaneda que no dudó en aseverar: “ellos largan la medida con la idea de que si no decimos nada, avanzan”.

Ante esto, remarcó que “la respuesta nuestra tiene que ser la calle”, y destacó la importancia de la masividad ante estos hechos: “está claro que han retrocedido en el 2x1 por la marcha que hicimos”.

Por último, la integrante de la Ladh valoró la respuesta social a lo largo y ancho del país luego del decreto de Mauricio Macri del pasado lunes. “Hoy realizamos una movilización muy numerosa que le demuestra a Macri lo que pensamos, ellos buscan que antes de 2019 no quede nada y no lo vamos a permitir”, enfatizó.

También el Secretariado del Partido Comunista del Partido Comunista hizo público su rechazo enfático “a la militarización del país que promueve el presidente Macri y el decreto en este sentido” que, recaló, “significa un paso más en el avasallamiento de la institucionalidad y la pérdida de soberanía, que viene a sumarse a la entrega y alineamiento con EE.UU. y la sumisión al FMI”.

Asimismo, hace hincapié en que, “al adscribir a la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ que se propala desde el Comando Sur, con la excusa del combate al narcotráfico y al terrorismo, el gobierno de ricos para ricos vuelve a poner a las Fuerzas Armadas bajo la hipótesis del ‘enemigo interno’, que para Macri es potencialmente el pueblo argentino, ya harto de verse vapuleado y castigado con las políticas de exclusión, desempleo, hambre y miseria”.

Y, en este contexto, “a fin de dar cabal cumplimiento de las órdenes emanadas del FMI, que significan un nuevo y brutal ajuste, pretende sumar a las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas y la conflictividad social creciente, recreando el fantasma del “enemigo interno”, y sometiendo al país a las prácticas más aberrantes de la oscura y larga noche de la pasada dictadura cívico militar”.

 

De tal palo tal astilla25.7.2018

Ricardo Bussi feliz tras el decreto

“Es hijo de un genocida y sus dichos no sorprenden”, dijo Héctor Manfredo, integrante del PC de Tucumán.

El hijo del represor fallecido, Antonio Bussi, no escondió su felicidad ante la decisión que adoptó Mauricio Macri respecto al papel de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de aumentar la represión para imponer este descarado ajuste al pueblo trabajador.

“Me siento exultante, la tranquilidad y la seguridad volverán”, expresó el concejal del partido Fuerza Republicana, después de la medida anunciada este lunes en Campo de Mayo.

Hay que recordar que Antonio Bussi fue un militar que estuvo adelante del Operativo Independencia, que implementó el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que tuvo el objetivo de perseguir a los “subversivos” en la provincia de Tucumán, pero que en realidad fue una prueba piloto del terrorismo de Estado.

Además, Bussi fue gobernador tucumano de facto durante el período de 1976-1978 y luego fue electo para ejercer el cargo durante los años 1995-1999.

Después de 1983 fue enjuiciado y se lo declaró culpable de secuestro y asesinato, pero salió beneficiado con la Ley de Punto Final, que impidió su procesamiento.

Dicha ley fue establecida en 1986 durante el gobierno de Raúl Alfonsín y señalaba que se extinguía la acción penal contra aquel que cometió delitos de lesa humanidad hasta el 10 de diciembre 1983.

Heredero

“Los dichos de Bussi no son casualidad, el es un heredero del genocida y justifica hechos lamentables”, señaló Héctor Manfredo, secretario del PC de Tucumán que añadió que “esta medida de Mauricio Macri reivindica a los genocidas”.

Asimismo insistió en que “pretenden la seguridad del garrote y la represión para implementar este modelo de hambre que va a explotar en cualquier momento”.

Por otro lado, hizo hincapié en el rol de los partidos que permitieron que Ricardo Bussi se presente en las elecciones. Hubo una complicidad de ciertos espacios que le dejaron este sin vergüenza presentarse”, destacó.

Asimismo, respecto a la reacción de los tucumanos frente al decreto que firmó Macri, Manfredo fue contundente cuando sin dudarlo indicó que “ante esto apuntamos a la resistencia y mañana vamos a hacer una convocatoria importante para demostrar nuestro descontento”.

Y finalizó advirtiendo que “quieren volver a instaurar un pasado nefasto, acallar las voces, pero no vamos a permitirlo”.

Por su parte, en este contexto, los organismos de Derechos Humanos, centrales sindicales, sociales y partidos políticos convocaron mañana a la movilización que tendrá énfasis en San Miguel de Tucumán, desde plaza Urquiza hacia plaza Independencia.

Acusaciones falsas25.7.2018

Tu vida siempre ha sido una mentira

En su intento por desprestigiar a quienes rechazan el decreto que modifica el papel de las Fuerzas Armadas, Claudio Avruj realizó acusaciones falsas a organismos de Derechos Humanos. “Lo que dijo es un desconocimiento absoluto, ya que los organismos de Derechos Humanos hemos estado desde el inicio en la detención de Milani”, recalcó Rogelio De Leonardi.

“Lo de Avruj es una falacia”, denunció Rogelio de Leonardi, secretario de Derechos Humanos de la CTA, ante los dichos de Claudio Avruj, quien es titular del área en el Gobierno Cambiemos, que apuntó a organismos de Derechos Humanos de respaldar la designación de César Milani como jefe del Ejército, en 2013.

Casualmente, Avruj apuntó contra los que se expresaron en contra del decreto que firmó Mauricio Macri, que modifica el rol de las Fuerzas Armadas en la “seguridad interna”.

“Lamento que la misma inquietud no se haya planteado cuando se designó como jefe del Ejército a César Milani. Al contrario: Milani recibió el auspicio de algunos organismos o cuanto menos un curioso silencio de otros", señaló el miembro del gobierno al diario Clarín.

Pero estos dichos lejos están de coincidir con la realidad. Hay que recordar que muchas entidades de Derechos Humanos se opusieron públicamente a la designación de Milani como jefe de Estado Mayor general del Ejército, puesto en el que estuvo durante dos años hasta renunciar en 2015.

Pero también vale recalcar que la lucha por llevar a la cárcel a quien es responsable de delitos de lesa humanidad, en La Rioja, durante la última dictadura cívico-militar, no cesó hasta el 11 de noviembre del año pasado, fecha donde se lo sentenció a prisión preventiva.

Para los genocidas, cárcel común

“Los dichos de Avruj son una falacia”, remarcó Rogelio De Leonardi que recalcó: “lo que dijo es un desconocimiento absoluto, ya que los organismos de Derechos Humanos hemos estado desde el inicio en la detención de Milani”.

Además, el dirigente de Ctera destacó el papel que tuvo al respecto la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), cuando aseveró que “en conjunto con otras organizaciones, desde la Liga siempre insistimos con la prisión de este señor”.

En ese sentido, el militante comunista recordó como Alfredo Olivera, que comenzó la denuncia al torturador, se dio cuenta de quién era el ex jefe del Ejército cuando fue designado por el gobierno que presidió Cristina Fernández.

“Alfredo es hijo de Pedro Adán que fue torturado por la gente de César Milani y, al verlo por televisión, se dio cuenta de quién era”, expresó De Leonardi y resaltó que “ahí se comunicó con los organismos de Derechos Humanos que desde un principio se manifestaron en contra de esa decisión gubernamental”.

Y fue contundente cuando insistió en que “siempre exigimos la cárcel común para Milani” por lo que “Avruj no sabe nada de nuestra lucha contra todos los que cometieron delitos de lesa humanidad”.

Vale recordar que el Partido Comunista y en particular De Leonardi como su titular de La Rioja, nunca se apartaron de la lucha en reclamo de justicia por Alberto Ledo, quien fue desaparecido cuando estaba realizando el servicio militar obligatorio, en Tucumán, en junio de 1976.

Ledo fue secuestrado y asesinado por la militancia que tenía en el movimiento estudiantil y, tal como lo aseveró siempre De Leonardi, “César Milani lo fichó porque entonces ya hacía tareas de inteligencia”.

Por otra parte, la abogada comunista, María Elisa Reynoso, es querellante en la causa abierta por el conscripto, al tiempo que actúa en otras tres iniciadas contra Milani por delitos de lesa humanidad, entre ellas, la que puso al ex titular del Ejército tras las rejas.

 

Eduardo Barcesat y el nuevo decreto de Macri24.7.2018

“Es volver al período de la Doctrina de Seguridad Nacional”

El constitucionalista recalcó que el presidente no puede autorizar que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Señaló que el pueblo va a resistir la medida y que evalúa hacer una presentación judicial que salga al cruce del decreto. Organismos de Derechos Humanos –entre ellos la Liga- convocan a movilizar el jueves hacia el Ministerio de Defensa.

 

-Macri anunció que, por decreto, va a volver a habilitar que la Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior...

El sistema legal argentino establece, claramente, desde la Constitución y luego desde la ley específica de organización de las Fuerzas Armadas de la Nación, que todo aquello que refiera a la organización de las mismas (su permiso para salir, el de entrada para las fuerzas extranjeras en territorio argentino, etcétera), todo, es materia que tiene que ser resuelta por el Congreso de la Nación. De manera que pretender vía decreto, sea decreto simple o decreto de necesidad y urgencia, modificar el régimen constitucional sobre las potestades que tiene el Poder Legislativo en materia de organización, régimen y contralor de las fuerzas armadas, significa una usurpación de potestades del Poder Legislativo.

 

-O sea que no pasa sólo por sancionar un decreto, sino que sea el Congreso quien intervenga…

Sí, porque el Congreso es el que ha regulado que las Fuerzas Armadas no intervienen en conflictos internos. Es absolutamente inviable desde el punto de vista del texto constitucional que el Poder Ejecutivo, por sí, dicte un decreto, sea de necesidad de urgencia o simple (que es lo que hace cuando no quiere enviarlo al contralor del Congreso de la Nación), donde establezca la intervención de las fuerzas armadas argentinas en tareas de inteligencia, vigilancia y/o represión respecto del interior del país. Eso es convertir al pueblo argentino en enemigo interno, lo cual es absolutamente detestable desde el punto de vista del estado de derecho y la organización democrática de la Nación.

 

-¿Qué papel juega en esto la Ley Antiterrorista vigente en nuestro país?

No le otorga ninguna función a las Fuerza Armadas, de manera que, más allá del acierto o error (y yo creo que tiene más de error que de acierto), no afecta la funcionalidad de las Fuerzas Armadas y no hay manera de introducir a las Fuerzas Armadas que no sea por una ley del Congreso de la Nación, respetando las incumbencias que discierne la Constitución Nacional, particularmente en su artículo 75.

 

-El Ejército en las calles tiene precedentes duros para el pueblo argentino ¿Estamos ante una nueva instancia represora en nuestro país?

Yo creo que eso es bastante claro desde el decreto de seguridad interior, que modificó 45 figuras del Código Penal en cuanto a quién le corresponde la prevención, la investigación y, eventualmente, la represión de esas 45 figuras, que además tienen un tipo penal abierto porque luego el decreto ese afirma “o cualquier otra figura penal que a juicio de la autoridad pueda considerarse que afecta la seguridad interior. Desde ese decreto simple, porque no lo hicieron por decreto de necesidad y urgencia para evitar el contralor.

 

-¿Empeora la situación el hecho de que hay antecedentes de las Fuerzas Armadas actuando en asuntos internos en función del narcotráfico y el terrorismo, como por ejemplo los rotundos fracasos en México y Colombia?

El derecho comparado siempre es una fuente de inspiración y de ilustración sobre cómo resultan estas innovaciones, inducidas siempre por la fuerza imperial porque, obviamente, esto es para que el imperio tenga asegurada la continuidad del modelo y no que sea tumbado por la protesta y la movilización populares. Obviamente hay una línea directriz entre dominación, sujeción imperial y este proyecto de militarizar el Estado argentino. Y además subordinado a los militares, que es la otra faceta grosera de inconstitucionalidad.

 

-La muerte de Santiago Maldonado y el 2x1 movilizaron a la sociedad argentina. ¿Vale esperar una movilización de similar índole ante la perspectiva del Ejército en las calles?

Yo creo que el pueblo argentino va a movilizarse, va a ganar la calle y va a resistir el hecho de que las fuerzas armadas intervengan en inteligencia, prevención y represión interior, porque eso es decir que el pueblo argentino es parte del enemigo de las fuerzas armadas, lo cual es, por supuesto, volver al período nefasto de la doctrina de la seguridad nacional.

 

-¿Hay jurisprudencia internacional en contra de lo que anunció Macri?

La jurisprudencia extranjera, al igual que las experiencias de otros países del continente americano que emplearon a las Fuerzas Armadas en represión interna es una fuente para informarse, pero no son de ninguna manera una política que sea impuesta al gobierno argentino. Basta ver los malos resultados para las Fuerzas Armadas de haberlos inmiscuido en represión interna y terminaron siendo parte del aparato del narcotráfico. Esto es una experiencia adquirida y por lo tanto no tiene ningún sentido repetirlo. Pero de ahí a hablar de una jurisprudencia en otros países, no creo que haya intervención alguna que no sea por hipótesis de conflicto externo.

 

-¿Y algún pacto internacional suscripto por Argentina que evite esta acción?

Los tratados suscriptos por la Nación Argentina y que no se han aplicado nunca, el Tratado del Atlántico Sur, por ejemplo, como otros que son secuelas del mismo, en esto son parte de lo que debe ser removido no parte de lo que debe ser instrumentado.

 

-¿Existen caminos judiciales para poder evitar la implementación de este decreto?

El artículo 75 que define las potestades del Congreso dice que le corresponde al Poder Legislativo dictar las normas para las Fuerzas Armadas, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Por eso no es incumbencia del Poder Ejecutivo ampliar o modificar los roles existentes de la Fuerzas Armadas en una medida que significa volverlas a poner bajo la hipótesis del enemigo interno, que es el pueblo argentino. Por eso empezaremos el estudio del decreto para hacer una presentación judicial después de la feria.

JUICIO CON POCAS EXPECTATIVAS18.7.2018

Sin empresarios en el banquillo

Comenzó en Jujuy un proceso que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura a instancias de dos empresas cuyos dueños, uno de los cuales es Blaquier, no son acusados.

La época en la Argentina tras la asunción de la derecha al frente del gobierno nacional está difícil para lo que refiere a las investigaciones sobre la responsabilidad criminal del empresariado en el terrorismo de Estado de la última dictadura. Este escollo, sin embargo, fue sorteado una vez más por la militancia de derechos humanos que en Jujuy posibilitó la apertura de un nuevo proceso que investiga a los desaparecidos de Ingenio Ledesma y Mina El Aguilar.

El proceso arrancó con una demora de tres años con respecto a lo que se habían prefigurado los querellantes y busca justicia sobre un centenar de casos de secuestros, torturas y desapariciones. Y aunque la intención de dichos querellantes es que se sienten en el banquillo empresarios como Carlos Blaquier y Julio Lemos, estos no serán juzgados como acusados aunque lo que surja de las acciones judiciales los toque incontrastablemente.

Las acciones se llevan en el Tribunal Oral Federal 1 de San Salvador de Jujuy y los 23 acusados son integrantes y ex integrantes del Ejército, la Gendarmería, las policías provincial y Federal y el Servicio Penitenciario. Por primera vez, vale destacar, se juzga a efectivos de Gendarmería.

Las esperanzas, ante un cuerpo judicial (el jujeño, que tiene presa a Milagro Sala) muy cuestionado, son pocas en la querella. Sobre todo porque, pese a las demoras para iniciar el juicio, no se puede esperar que el debate dure menos de varios años. Esto se colige al saber que se observará una sola audiencia semanal en un proceso que tiene no menos de cuatrocientos testimonios previstos.

Leonardo Rosales, secretario del PC jujeño e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, resaltó que “uno de los financiadores de la campaña de Gerardo Morales fue Carlos Pedro Blaquier”. Agregó: “desde 1930 el Ingenio Ledesma estuvo involucrado en la designación de gobernadores y todo lo que es el poder político local” y “ese poder llega hasta el día de hoy”.

Expresó también que las acciones judiciales “se enmarcan en un gobierno nacional y provincial que impulsa políticas neoliberales y busca no sólo favorecer económicamente a las grandes empresas sino sacarle toda la culpa que pudieran tener en el pasado, cuando empezó a aplicarse esta política neoliberal y tuvieron que llevar adelante la desaparición de trabajadores, de estudiantes y referentes del movimiento obrero”.

“Blaquier y la otra empresa, El Aguilar, son los que tuvieron listas negras de compañeros”, señaló y sostuvo: “fueron los que denunciaron y persiguieron a los trabajadores”. “Esperamos desde el movimiento obrero, desde los sectores populares, organismos de derechos humanos, que se los llame al banquillo”, repuso.

“En el caso de El Aguilar, llegaron a tener un puesto de Gendarmería dentro de la empresa”, informó y consideró: “ellos financiaban también a las fuerzas represivas”. “Es fundamental poder develar toda esta historia aún más allá de este contexto contrario para lograr la verdad”, dijo aunque observó que “las expectativas efectivas de que se haga Justicia son muy pocas”.

 

Sobre el sistema penal, la justicia machista, patriarcal y de clase17.7.2018

El Escarmiento

La condena a Nahir Galarza o cómo se activan los dispositivos de control hacia las mujeres en la justicia patriarcal. Desde su mirada, la abogada y feminista, Silvina Perugino, reflexiona sobre este caso judicial.

El proceso judicial llevado adelante contra Nahir Galarza, su abordaje mediático y la condena, sorprendió al feminismo de argentina, subido a su cuarta ola, y también, en medio de una de las batallas más arduas que ha llevado adelante en los últimos años: la legalización del aborto.

No obstante, el movimiento de mujeres en general y el feminismo en particular tiene escuela en ocuparse de varias cuestiones a la vez: la doble jornada laboral es un claro ejemplo, también lo es la doble agenda política, que llevamos cada día, intentando instalar la temática de género sin desatender las cuestiones más “generales”, sobre todo en momentos de retrocesos sociales y de derechos.

Pese a ello, el “caso Nahir”, así lo titulan los medios, no ha formado parte de la agenda del feminismo. Hace unos pocos días asomaban temerosos algunos posteos de algunas compañeras en las redes que merecían luego, algunos correctivos, del tono que “con el feminismo está todo bien, pero esto ya es otra cosa”, digamos que el feminismo se permite hasta un punto, y que una vez ya pasada esa raya no estaría habilitado. O en el tono de “Se hizo justicia” o “Pedimos justicia mas allá del sexo del persona”, “había violencia de los dos lados”, entre otros, incluso muchas de estas reflexiones desde una supuesta perspectiva feminista.

El problema del feminismo y su relación con la justicia penal es arduo; y tan amplio el espectro ideológico que convoca el movimiento, que se sienten parte del mismo, personas que hasta avalan la pena de muerte. Un feminismo liberal. Un feminismo acomodaticio con la justicia penal. Un feminismo que celebra una condena a perpetua de uno de los dispositivos de control social más eficaces que los Estados modernos nos han sabido brindar. Un feminismo punitivista. Un feminismo contrario a sus propios principios.

Cierto es también que desde esta trinchera pedimos y exigimos que de una vez, la justicia investigue los crímenes asociados a la violencia de género, los juzgue y los condene.

Condena

También es cierto que la condena no nos devuelve a las víctimas, no sana el dolor de las que quedaron vivas, y poco nos garantiza el eventual cese de la violencia de género. Pero el reclamo va por otro carril, el reclamo es que deje la justicia de convalidar determinados crímenes, que deje de tolerar las violaciones, los feminicidios, los travesticidios, que deje de promoverlos con su actitud encubridora. No tanto sirve la condena en sí, como la demostración de una justicia comprometida con las víctimas menospreciadas por siglos, de una justicia para la que no haya muertos de primeras y muertas de segunda, una justicia que se tome en serio la violencia de género. Extremos complejos acerca de nuestro rol frente a la justicia penal, y también falta de soluciones.

La justicia que existe, la justicia y hablamos de la justicia como poder y no como valor, la justicia sí tiene sus propias soluciones. La justicia sí sabe qué hacer en determinados casos. La justicia sabe, que demorar un juicio oral diecisiete años puede concluir en la absolución de uno de los imputados, sabe que si una mujer es “infiel” puede provocar la “emoción violenta” del feminicida y este hecho actuar como atenuante de la condena, la justicia también sabe cuando una feminicida “no puede comprender la criminalidad del acto”, y sabe valorar si ”ha cooperado con la justicia”, la justicia sabe que si el crimen es un travesticidio o un transfeminicidio, puede dejarlo impune porque a nadie le importa. Sabe qué crímenes debe tolerar y qué crímenes no debe tolerar, y lo hace en defensa propia. Lo hace en defensa del propio sistema político que le ha dado origen.

Y lo que más sabe la justicia, es aplicar el rigor. Aplicar el correctivo. Servir de escarmiento. Los pasos dados en términos sociales y políticos por el feminismo deben encontrar un coto. Y el coto lo pone el Poder del Estado que más ha obstaculizado el ejercicio de los derechos de las mujeres. Es un correctivo social. Es un mensaje claro: no vamos a permitir la defensa de tu vida a costa de la vida del violento, del patriarca. Las únicas vidas susceptibles de ser apropiadas sin condena son la de los cuerpos feminizados, salvo, claro está, que un movimiento de mujeres y activistas multitudinario acompañe el caso, que haya abogadas con perspectiva de género, que los medios se apiaden y alguna otra cuestión que se me escapa. Y así y todo, veremos el peso moral que tiene en lo social del feminicida y/o travesticida. A la inversa el rigor se aplica.

Así, con una ciudad movilizada por el crimen del patriarca, la misma ciudad inmovilizada por los crímenes de las travestis, con un abogado que prefirió el hermetismo pensando tal vez, que estaba ante un caso puro del derecho penal, y no ante un caso que mas debe competerle al feminismo, con los medios de comunicación dispuestos a construir la victima que decide decir basta, el demonio más atroz sobre la tierra, y con un feminismo ajeno, transcurrió un juicio que en tal sólo seis meses consiguió una sentencia ejemplar: perpetua a una joven de 19 años, que se convierte en la más joven condenada a perpetua y que paradójicamente es mujer. Ya lo sabemos, la tasa de criminalidad en las mujeres es mínima. Qué ha cambiado de la política criminal del 1900 cuando la primera cárcel que se crea es una cárcel de mujeres siendo que el porcentaje de mujeres que delinquían era, como ahora, mínimo ? Nada. En ese entonces la cárcel fue correctivo para las mujeres que no soportaban el orden patriarcal de sus matrimonios. Y hoy la justicia nos da esta condena ejemplar. Y es lógico sentirse un poco parte de este correctivo, sentirse un poco parte de las destinatarias de la condena. Y lo debe sentir el feminismo, el feminismo que sabe que para generar las condiciones dignas de vida de las mujeres, las travestis, las trans, las lesbianas, debemos reconfigurar de cuajo este estado y sus instituciones, y para ello es necesario tensionar el orden, las decisiones, las razones. Por eso pido la absolución para Nahir, porque creo que hay que tirar de la piola de este sistema que nos somete, que permite los feminicidios, y los travesticidios, que sustenta la cultura de la violación, que no soporta a las víctimas empoderadas, que prefiere mil veces a las víctimas muertas, que se resiste a nuestro derecho al aborto. Hay que tirar de la piola de esta justicia machista, patriarcal y de clase, de este sistema penal que sólo sirve para control, hay que tirar de la piola y tirar, hasta que se rompa.

ACOSAR A MILAGRO SALA13.7.2018

Esquema de una provincia en crisis

El gobierno provincial jujeño, en el marco de una profunda recesión, sigue hostigando a la prisionera política.

Para que una visita judicial pudiera tener presente en el establecimiento penal que el Estado jujeño mantiene en el populoso barrio Gorriti, en la capital provincial, a Milagro Sala, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Jujuy intentó trasladarla de su prisión domiciliaria. Pero su defensa logró que la prisionera política permanezca en su domicilio, aunque no dejó de poner en claro que la referente popular sigue siendo hostigada por el Estado que encabeza el gobernador Gerardo Morales.

Así lo consideró, también, Leonardo Rosales, secretario del PC jujeño, quien manifestó que Sala “nuevamente es motivo de hostigamiento” y “permanente acoso”.

Esto en línea con el Comité por la Libertad de Milagro Sala, desde donde se observó que la dirigente social no debería estar recluida sino en su casa del barrio de Cuyaya, en la capital provincial, tal como dictaminara la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rosales agregó que el hostigamiento está dirigido “a la compañera Milagro como a la organización Tupac Amaru”. “Este traslado que salió de la nada se enmarca en continuas formas del poder judicial y el poder político de tenerla intranquila”. En ese sentido pidió recordar que “hace poco tomaron la sede de la Tupac Amaru”.

Al respecto memoró que “el gobierno echó a los compañeros que estaban ahí llevando adelante actividades para mantener la sede en manos de los propios compañeros”. “Fue tomada, vallada y expulsaron a los compañeros que estaban adentro”, repuso y, puntualizando que allí hay insumos de salud vitales para los sectores populares, añadió: “no tuvieron en cuenta toda esa función social por todo el revanchismo que lleva adelante el gobierno”.

“Trata de despojar todo lo que significó la Tupac Amaru en distintas áreas”, adujo con respecto al gobierno de Morales. “Trata de invisibilizar eso y demonizar ese trabajo a través del continuo argumento de corrupción y desvío de fondos”, sumó y criticó: “como no pueden demostrar obras ni gestión, se apoderan de las cosas que hizo la organización Tupac Amaru y las muestran como un logro político”.

“Acá los medios de comunicación son cómplices en ocultar todas las situaciones de corrupción que llegan al entorno cercano del gobernador”, criticó Rosales. Y recalcó: “en eso se enmarca el continuo acoso a la compañera Milagro”.

 

AMENAZAS A LA FAMILIA DE FACUNDO FERREIRA13.7.2018

El caudal de la impunidad encuentra su cauce

Tras que se liberara al responsable de disparar contra el niño y matarlo, un policía denunció que le pidieron amenazar a la familia del asesinado.

Por la República Argentina, al amparo de las acciones y dichos de los popes punitivistas del Estado que encabeza Mauricio Macri, cunde un reguero creciente de impunidad policial. Ejemplo de ello fue que la semana pasada, tras que se liberara al policía responsable de matar a Facundo Ferreira de un tiro por la espalda, también se le permitiera volver a la calle a uno de los uniformados policiales acusados de asesinar a Natalia Melmann, eso pese a que quedaba incriminado por restos de su ADN en el cuerpo ultrajado de la joven.

Y esta semana el caso por la muerte de Ferreira, un niño tucumano cuyo único delito fue pasar en moto y “portando rostro” cerca de policías envilecidos de poder, sumó otra cuota de ignominia: un policía denunció que fue apretado por sus camaradas de armas para que baleara la casa familiar del muchacho asesinado. Ese mensaje corporativo y mafioso, no se concretó, pero el policía que lo denunció (poniendo en riesgo su trabajo y su vida) permitió tener más certezas de una persecución policial a los pobres y los luchadores que no por oculta dejaba de notarse.

El uniformado de la policía provincial tucumana se mantiene bajo identidad reservada pero con su testimonio aportó nombres. Por ejemplo, el de Walter Alejandro Díaz, del comando Radioeléctrico 911, uno de los que le pidieron sus oficios de amedrentar con el claro mensaje de “deciles que con la Policía no se jode”.

Este nombre y la frase expresa se encuentran en la denuncia que el oficial realizara ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal VIII de la capital tucumana. También la marca del vehículo en que se movilizaba Díaz, con otro compañero de la fuerza policial, en el momento de pedir al denunciante que obrara con amenazas a la familia de Ferreira: un Chevrolet Prisma con patente TUC.

“Me pidieron que te diga que te van a dar un arma para que vayas a la casa de estas personas, los amenaces y hagas disparos y les digas que no se tiene que meter con la policía”, le dijeron. El denunciante se encuentra fuera de la fuerza por estar encausado, pero para tentarlo a obrar como se denuncia le sugirieron que su causa podía quedar marcando el legajo de otro menos avispado.

En tanto, la familia del niño asesinado permanece mudando constantemente por temor a las represalias de un activismo que ha movilizado a las bases populares tucumanas, pese a que el gobierno de la provincia siga mirando para el costado.

Así presentó esta situación el comunista tucumano Héctor Manfredo: “hay complicidad encubierta del gobierno de la provincia, que tendría que haber separado de la fuerza a los dos policías acusados del asesinato”. Agregó que contra los agentes “las pruebas son concretas” y repuso: “han baleado por la espalda a este chico de 12 años de edad y lo mataron”.

Por otro lado, Manfredo describió el Barrio Juan 23, en donde vivía Facundo Ferreira, como “un barrio muy populoso de San Miguel de Tucumán”. Adujo que allí “hay persecución” por parte de los agentes de policía contra los más pobres. Aseveró que los azules son responsables de otras “amenazas a la gente que ha declarado a favor y ha denunciado este asesinato”.

“Se han hecho varias marchas”, dijo para ilustrar el activismo tucumano por esta muerte todavía impune. Le sumó que “el tema es cerrarle el paso a la impunidad”. Recordó que Ferreira “fue baleado por la espalda y asesinado de forma impune”.

Expresó que “la lucha continúa” y pidió “que trascienda, que se publique”. Redobló la apuesta expresando que “la lucha es a brazo partido”. “Que crezca la solidaridad y se denuncie la impunidad”, reclamó ante una realidad que resumió en esta terrible certeza: “el gatillo fácil se está imponiendo en toda la república”.

Allanaron la sede de la Tupac Amaru7.6.2018

Morales es persecución política

El martes a la noche la Policía de Jujuy ingresó al lugar sin mostrar la orden correspondiente. “Seguiremos resistiendo y no tenemos miedo”, recalcó Santiago Hamud.

“Es un episodio lamentable que nos recuerda a las épocas más oscuras de nuestra historia”, denunció Santiago Hamud, miembro de la Tupac Amaru, respecto al allanamiento perpetrado a la sede central que esta organización barrial posee en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Los policías que allanaron el lugar, nunca exhibieron la orden que -según dijeron- había emitido el juez Pablo Pullen Llermanos. Y lo hicieron de la peor manera: entraron con violencia y a los gritos, intimidando a adolescentes y adultos que estaban practicando actividades recreativas.

Asimismo, montaron un vallado que desde entonces impide el ingreso de los abogados e integrantes de la Tupac.

Esta acción judicial se enmarca dentro de una estrategia de persecución y hostigamiento dirigida a la organización que lidera Milagro Sala, que comenzó cuando el radical Gerardo Morales se instaló en el gobierno jujeño.

El constante amedrentamiento y agresiones que fuerzas estatales perpetran contra los militantes de la Tupac, tiene su punto más alto con la cárcel que, desde enero de 2016, padece Milagro Sala.

Pero lo de Morales no termina ahí. La Tupac denunció que el propio gobernador diseñó una red en la que la participan punteros radicales, para llevar a cabo una maniobra que consiste en plantar una cifra fuerte de dinero en su sede y, así, profundizar la demonización que ejerce sobre Milagro Sala y los principales dirigentes de la organización.

Este ataque se enmarca en un contexto en el que es evidente la caída que tiene la imagen de Morales, tras las últimas medidas económicas adoptadas por su gobierno en consonancia con las de La Rosada, que traen más hambre y pobreza a la población.

Hay que recordar que la paritaria que busca imponer desde el Gobierno Nacional tiene un techo del quince por ciento, pero Morales, para no ser menos, ofrece apenas un cinco por ciento de recomposición salarial para los trabajadores de la provincia del norte del país.

Y para poder perpetrar este ajuste descarado, vuelve a montar la persecución política a la organización barrial que ha cambiado la vida de muchos jujeños con la construcción de viviendas, escuelas y múltiples espacios de recreación.

La Tupac resiste

Al respecto, Hamud fue contundente cuando denunció que “esto es un acto más de persecución del gobierno de Gerardo Morales que vuelve a embestir contra la Tupac para montar un circo ante la caída de su imagen”.

Asimismo, advirtió que “Jujuy es un laboratorio de prueba de políticas de ajuste y, sobre todo, de represión, que después se llevan adelante en todo el país”.

Además detalló que “cuando la policía entró, cerró la puerta de la sede y no dejaban salir a niños que realizaban una clase de natación, tampoco a los adolescentes que practicaban voleibol y adultos que tomaban clases de zumba”. Y recalcó: “fueron momentos muy tensos, nadie podía salir”.

También hizo hincapié en que “fue un procedimiento claramente ilegal”, ya que los uniformados “se negaron a mostrar la orden de allanamiento, así que todavía ni siquiera sabemos por qué se metieron en nuestra sede”.

Pero, ante esta situación, fue claro cuando no dudó al sentenciar que “vamos a seguir resistiendo, continuaremos organizándonos y diciéndole a los compañeros de las bases que no tengan miedo, porque eso, es lo que ellos quieren generar”.

CAUSA MARGARITA BELÉN6.6.2018

Alberto Chas, otra vez en el banquillo

El 27 de junio va a comenzar el juicio al ex comisario Chas, que en 1976 participó en la organización de un pelotón de fusilamiento que terminó con la vida de quince militantes.

El 13 de diciembre de 1976 a unos treinta kilómetros de Resistencia, camino a Formosa, personal el Ejército Argentino y de la Policía de Chaco, frenó el traslado de presos políticos y organizó un pelotón que asesinó quince personas. Fue la conocida Masacre de Margarita Belén.

El próximo 27 de junio debe llevarse a cabo la audiencia preliminar de un nuevo juicio por esta matanza. Esta vez se encuentra imputado en la causa el ex comisario Alberto Chas, que participó en el fusilamiento colectivo de 1976.

Chas fue el único imputado absuelto en el juicio oral llevado adelante en 2011 por este mismo caso, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Como consecuencia de ello, en marzo de 2016, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –con los votos de los camaristas Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– anuló la absolución y ordenó al Tribunal Oral de Resistencia que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Al respecto, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Ataliva Dinani, recordó que durante el juicio de 2011, este organismo exigió prisión perpetua para Chas.

Asimismo, el abogado hizo hincapié en que quedó claramente establecida la participación de Chas en este episodio. “Se lo culpa a Chas de haber estado a bordo del primer auto que formó parte del operativo, ya que iba en el vehículo que cortó la ruta para parar a los que trasladaban a los compañeros que fueron fusilados”.

Tras lo que fue contundente a la hora de remarcar que con Chas de nuevo en el banquillo de los acusados, se avanza en una parte del juicio por la Masacre de Belén ya que, “básicamente, la actuación de los militares va a ser parte de un segundo juicio”.

Además destacó que “este hecho es un emblema de la dictadura en nuestra zona, porque cuando esto pasó, las organizaciones estuvieron defendiendo y acompañando a las víctimas y a los testigos, que también son víctimas aunque pudieron sobrevivir”.

Y finalizó: “siempre se tienen muchas expectativas en cualquier procesamiento en que se juzgue a los artífices de la Masacre a Margarita Belén que es un capítulo clave de la represión de la dictadura cívico militar”.