Pedro Dinani va a representar a al ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, y al presidente del Partido Justicialista de la capital provincial, Luis Lugones.
“Vulneraron los derechos de los detenidos” recalcó la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) al anunciar que se presentó ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, dónde radica la investigación por espionaje ilegal.
Fue ayer, ya que el abogado Pedro Dinani va a representar a al ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, y al presidente del Partido Justicialista de la capital provincial, Luis Lugones.
Villena investiga un caso de espionaje ilegal que ya tiene más de veinte imputados que en su mayoría fueron integrantes de la AFI y antes de la Policía de la Ciudad, fuerza a la que algunos retornaron cuando Mauricio Macri dejó la Presidencia.
También aparecen en la causa Emiliano Blanco, quien fuera director del Servicio Penitenciario Federal, junto a otros funcionarios del área, y personas que se desempeñaron en La Rosada como Darío Nieto y Susana Martinengo.
Vale recordar que, al menos por el momento, sólo hay un detenido en una causa que está vinculada a la que sustancia Villena, que es Alan Ruiz, quien fuera jefe de Operaciones Especiales de la AFI bajo las órdenes de Gustavo Arribas.
Asociación ilícita
Respecto a la presentación que hizo ayer la Ladh, su presidente, José Schulman, acompañó a Dinani en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde dejaron un documento denunciando el modus operandi del Servicio Penitenciario Federal (SPF), “que durante dos años habilitaba a los compañeros de la Liga el ingreso a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, previa solicitud de documentos y otros datos”.
Al respecto, hay que recordar que la Liga realizaba entrevistas en los penales federales de Marcos Paz y Ezeiza “a detenidos en el marco de causas que tipificamos como detenciones arbitrarias, mal formuladas o viciadas que en su conjunto rotulamos como persecuciones políticas”. Estas visitas son una práctica histórica para la Ladh y se realizaron, sistemáticamente, desde 2018 hasta marzo de 2020.
“Todas las visitas se realizaron previa aceptación por parte de las autoridades del SPF y del cumplimiento de la información legal correspondiente para el ingreso, acorde a las rutinas de los penales y de las personas allí recluidas”, recalca.
Y recuerda la Liga “puso estos encuentros a disposición de la militancia por los derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales vinculadas a la organización”.
Así, “cientos de personas fueron autorizadas por el SPF, a quien se le entregaba con más de 72 horas de antelación un listado detallado de los visitantes, sus documentos de identidad y los datos de los reclusos que entrevistarían”.
La Ladh tiene un banco de datos de, al menos, mil personas “que ingresaron con nosotros a visitar a los detenidos” señala y añade que “los recientes testimonios y documentos dan indicios de un sistema de espionaje y vigilancia del que fueron víctimas cerca de mil personas que asistieron a estas visitas”.
Por otra parte, sostiene que muchos de los visitantes manifestaron haber notado comportamientos extraños al retirar los teléfonos celulares de los gabinetes en donde los dejaban para ingresar a la sala de entrevistas.
“Destacamos el carácter gravísimo de esta situación, que por un lado afecta los derechos de los presos, vulnerados en su derecho a legítima defensa al romper el secreto de dialogo entre los reclusos y sus abogados, y por otro lado se transforma en un acto de persecución con quienes somos solidarios con los perseguidos, hechos de una enorme gravedad”, sostiene.
Y, al respecto, Schulman exigió que se trate urgente esta causa y que “rápidamente juzgue y condene a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos”, así como que con urgencia se allanen las oficinas y la sede central del SPF, pero también el penal de Florencio Varela “y todos aquellos donde hubieran presas y presos políticos”.
Tras lo que recordó que el juez Villena investiga una organización integrada por miembros de distintas agencias de seguridad como la AFI, Policía de la Ciudad y el SPF “que junto a abogados y funcionarios de otros poderes del Estado llevaron adelante actividades que violan a la Ley 25.520”.
Al tiempo que advierte que una parte de esa asociación ilícita se dedicaba al espionaje a representantes políticos y periodistas, al tiempo que otra parte del expediente apunta a saber cómo se habría monitoreado a detenidos que consideramos presos políticos.