El ex propietario de la empresa La Veloz del Norte Marcos Levín, fue procesado el jueves junto dos ex policías y a un ex jefe del área de Personal de esa compañía por los delitos de lesa humanidad a 17 trabajadores durante la última dictadura militar.
El juez federal de Salta, Julio Bavio, procesó a Marcos Levín por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a trabajadores de la empresa La Veloz del Norte. Lo caracterizaron como “instigador” de los ilícitos cometidos contra sus empleados, entre enero y febrero de 1977, en esa provincia.
La resolución alcanzó también al exjefe del área de personal de la empresa, José Antonio Grueso; al excomisario Víctor Hugo Almirón; y al exoficial auxiliar, Enrique Víctor Cardozo.
En coincidencia con la posición sustentada en el requerimiento fiscal, el juez entendió que Grueso debía responder por los mismos delitos, pero en calidad de “partícipe necesario”, mientras que Cardozo como “coautor” y Almirón en carácter de “autor mediato”.
Asimismo, impuso un embargo para Levín por la suma de $1.200.000 y, para el resto, la mitad de ese monto. El magistrado entendió que Levín, junto a Grueso, Almirón y Cardozo, fue uno de los idearios de perseguir y torturar a los empleados que demostraban simpatía con el delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA),Víctor Cobos, también víctima de las torturas (juzgado en otro proceso).
Vale mencionar que los 16 testigos que prestaron declaración, habían sido detenidos y torturados en 1977 cuando los encontraron en Tucumán. Para detenerlos, Levin prestó colectivos de La Veloz para que personal de la policía vaya hasta Tucumán y traiga a los perseguidos que también eran de la UTA y residían allí.
En La Veloz del Norte se confeccionaban listas de choferes y otros trabajadores, quienes eran detenidos ilegalmente y trasladados a la ex comisaría cuarta, donde eran sometidos a torturas para amedrentarlos y que dejen de apoyar los reclamos gremiales, o los obligaban a confesar supuestos robos o fraudes en contra de la empresa. Levín suma ahora su tercer procesamiento por delitos de lesa humanidad, con una condena de 12 años de prisión en la primera causa.
Los procesamientos serán sin prisión preventiva. En el caso de Levín, se lo procesó en calidad de "instigador del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos" cometido en perjuicio de 16 empleados de la empresa transportista: Miguel Ángel Rodríguez, Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Rubén Héctor Vrh, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lídoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Oscar Horacio Espeche, Sebastián Lindor Gallará, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Carlos Eugenio Bais y Norberto Bórquez.
Lo dispuesto por Bavio surge de una investigación que se desprendió de la primera causa penal seguida contra Levín, Almirón, Cardozo y otro ex jefe policial, elevada a juicio el 19 de marzo de 2014, por los mismos delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas.
En ese tramo de la investigación, en el que se juzgó el caso de un exdelegado gremial de la empresa de transporte, el 28 de marzo de 2016, los jueces Carlos Jiménez Montilla, Federico Díaz y Gabriel Casas, del Tribunal Oral Federal 1, condenaron a Levín a 12 años de prisión. La misma pena fue aplicada al excomisario Almirón, mientras que Cardozo fue sentenciado a 8 años de cárcel.
En dicho juicio, en el que la acusación estuvo a cargo de los fiscales generales Amad y Francisco Snopek, acompañados por el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, se generaron pruebas claves que posteriormente fueron incorporadas a la investigación de los hechos cometidos en perjuicio de los restantes extrabajadores de La Veloz del Norte.
A pesar de esa condena, Levin en la causa de La Veloz I es absuelto por casación en primera instancia, ya que consideraron que no tenía participación directo. Ahora, en la causa La Veloz II gracias a los aportes de los 16 testigos vuelve a estar imputado.
Estos hechos sucedieron entre enero y febrero de 1977, y fueron enmarcados como delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado. El juez explicó que "los trabajadores describieron con precisión que eran llevados a una habitación que se encontraba en el fondo de la dependencia donde les propinaban golpes de puño, para luego ser ‘tirados’ en un colchón mojado con los ojos vendados y atados de pies y manos, y ser sometidos a picana eléctrica”.
La semana pasada, Levin ya había sido procesado en una tercera causa penal por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de trabajadores con participación gremial en la provincia de Salta. En este caso es investigado por la detención ilegal y las torturas al delegado gremial ceramista, y militante comunista, Carmen Esteban Juárez, quien fue torturado en los galpones de la empresa La Veloz del Norte.
Juárez fue detenido la noche del 21 de agosto de 1977 por miembros de la Policía de Salta que lo llevaron a los galpones de La Veloz del Norte (en la avenida Monseñor Tavella al 54), donde fue golpeado antes de ser llevado a la Comisaría Cuarta de la ciudad de Salta, lugar en el que volvió a ser sometido a torturas.
En la resolución, la jueza recordó que Levín "era el dueño y responsable de lo que sucedía en las instalaciones de su empresa 'La Veloz del Norte' donde se llevó detenido a Carmen Esteban Juárez y donde se le aplicaron tormentos, lo que no habría podido cometerse sin expreso conocimiento y/ó autorización del dueño" y por eso lo consideró partícipe necesario de estos hechos.
En este sentido, Mariana Leonard, Militante del PC y de la Lahd de Salta, destacó la lucha de los organismos de Derechos Humanos de la provincia y de la Procuraduría de lesa humanidad “para que Levin vuelva a estar imputado” y no dudó en afirmar que “casación va tener que volver atrás con el fallo”.
Asimismo, lamentó que “a pesar del largo proceso de años que tienen estas causas Levin nunca estuvo en la cárcel”. “Levin debe estar en una cárcel común”, remarcó Leonard, y fue clara cuando dijo “no vamos a aceptar la domiciliaria porque el domicilio no es una cárcel, ya que un genocida no puede ser un vecino común y corriente”. Por lo que enfatizó : “en Argentina todavía hay muchos genocidas con prisión domiciliaria”.
De este modo, la militante Comunista señaló que “todavía queda un largo proceso de lucha, ya que vez terminada la etapa investigativa, después vendrá la elevación juicio, y recién ahí pasará al tribunal oral federal para que sea juzgado”.
Por otra parte, celebró que “se sigan llevando a cabo juicios de Lesa humanidad, en una provincia que en su mayoría es negacioncita”. En esta línea, fue crítico del ejecutivo encabezado por Gustavo Saenz y del Concejo Deliberante de Salta por haberle hecho un homenaje al represor Juan de la Cruz Kairuz por su carrera deportiva, y por el dictamen de luto por la muerte del ex gobernador de la provincia durante la dictadura militar, Roberto Ulloa.
También, Leonard lamentó que “al haber una negación sobre estos hechos, mucha gente no sabe quién es en realidad Kairuz, ya que los medios locales no le dan relevancia y por el contrario lo ocultan”. Tras lo que completó: “estos papelones institucionales nos duelen a quienes tenemos familiares desaparecidos”.
En esta sintonía, Leonard recordó como “el gobernador Saenz puso Juan Manuel Pulleiro como ministro de seguridad, un militar totalmente negacioncita de la dictadura”.