Economía

 

Breves de economía

27.3.18

¡Encima sequía!

Carnes de pollo y cerdo, pero también la leche, son productos en cuyos precios impactará la sequía que afecta a la zona núcleo de la producción agrícola del país. La falta de lluvias disparó el precio del maíz y la soja -en este último caso se perderán doce millones de toneladas-, pero también va a haber más de un millón menos de viajes en camión. Y, como estas oleaginosas son su principal insumo, las industrias porcina, avícola y lechera, ya reconfiguran costos que van a trasladar al resto de las cadenas de comercialización y, por supuesto, a las góndolas.

 

Cosecha

Ni lerdos ni perezosos, los ruralistas aprovechan la sequía para intentar una cosecha todavía mejor a la que tienen desde diciembre de 2015. La Sociedad Rural de Rosario, exigió que el gobierno adopte medidas adicionales tendientes a que los productores enfrenten las pérdidas provocadas por la sequía. Entre ellas, propone que se adelante el cronograma de reducción de las retenciones a la soja, que actualmente está en 28,5 por ciento, pero también que se suprima el pago de anticipos por el impuesto a las Ganancias de 2018. Sólo durante 2016 la transferencia hacia el agronegocio a raíz de la quita de retenciones, fue de alrededor de sesenta mil millones de pesos, esto sobre un tipo de cambio que promedió los quince pesos por dólar.

 

¿Chau Indec?

El Indec podría desaparecer para ser reemplazado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que estaría presidido por el secretario de Política Económica. Todo esto si prospera una iniciativa en la que el ejecutivo está trabajando por medio del Ministerio de Hacienda, que se espera plasmar en un proyecto de ley que derogue la ley 17.622 para crear el Sistema Estadístico Nacional, que estaría conformado por el Consejo Nacional de Información Estadística y el INE.

 

23.3.18

51 por ciento nacional…

YPF vendió el 25 por ciento de su unidad eléctrica a General Electric, además, la petrolera estatal anunció la búsqueda de un tercer socio que adquiera un 24, 5 por ciento adicional para desarrollar un plan de inversiones multimillonario.

 

En picada

Economistas de La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunciaron que la sequía que se extiende en gran parte de la zona núcleo agraria, ya provocó un daño económico de 3.436 millones de dólares. El impacto de la escasa lluvia registrada durante el período de cosecha 2017-2018, implicará una pérdida de once por ciento en los ingresos agrícolas estimados para este año.

 

22.3.18

¡A agarrarse!

En EE.UU., las acciones bursátiles que cotizan en los tres principales índices de Wall Street, se desplomaron hoy en la que significa la mayor baja porcentual diaria en seis semanas, después de que Donald Trump anunciara un plan de aranceles contra la República Popular China por hasta sesenta mil millones de dólares. Esta situación también provocó remezones en las bolsas europeas. Ahí, Londres cayó 1,23 por ciento, Fráncfort cayó 1,70, París 1,38 y Madrid 1,49. Por su parte, el Merval cayó un 1,1 por ciento.

 

Para abajo

De acuerdo a lo que informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante enero, las ventas en supermercados, bajaron un tres por ciento en término interanuales.

 

Otra vez

En lo que ya se está volviendo costumbre, el Banco Central volvió a intervenir desde el inicio de la jornada para evitar que el precio del dólar se dispare. Esta vez vendió alrededor de cuatrocientos millones de la moneda estadounidense para lograr que cierre casi estable en 20,59 pesos en agencias y bancos de la city.

 

Inflación

Los precios de los productos de Pascuas aumentaron hasta un sesenta por ciento con respecto al año pasado. Así se desprende de un informe de la consultora Focus Market, que da cuenta de que el kilo de pescado subió un 44 por ciento, la rosca un 61 y el Huevo Kinder escaló en un 62.

 

20.3.18

Diez al veinte

De acuerdo a un relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, correspondiente a marzo, por décimo mes consecutivo las expectativas de inflación se mantienen en veinte por ciento. Además, según el promedio, aumentaron un 2,2 puntos porcentuales respecto de la medición de febrero y se ubican en 29 por ciento. Mientras tanto, desde La Rosada, la massmedia de gobierno, el Banco Central y La Isla de la Fantasía, insisten en que la inflación 2018 va a ubicarse en el quince por ciento.

 

Una historia de amor

“Han sido dos años asombrosos”, dijo la titular del FMI, Christine Lagarde, al referirse al período inaugurado en Argentina en diciembre de 2015. “En esos dos años las autoridades argentinas han logrado mucho en política monetaria, en la reorganización del gasto público, reducción de la presión impositiva, libre competencia, desarrollo de talento y reducción del gasto innecesario en algunos sectores”, aseveró al respaldar a Mauricio Macri. Queda claro quiénes pagaremos los platos rotos cuando se acabe el idilio.

 

19.3.18

¿Precalentando?

“La meta inflacionaria del quince murió el día que nació”, dijo el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quien descartó que por ahora esté en las gateras para hacerse cargo del Ministerio de Economía o del de Finanzas, pero reconoció que tiene “vocación pública, estoy al lado del Presidente y siempre disponible”. De todos modos, alertó sobre la “dinámica de endeudamiento” y reconoció que “una de las herencias no de las malas recibidas, es un endeudamiento bajo, que da espacio para subirlo”.

 

Rompe récord, rompe mitos

¿Se acuerda cuando le decían que el Gobierno Cambiemos nunca intervendría en la economía porque el mercado acomoda todo mágicamente? La semana pasada, el Banco Central volvió a jugar fuerte en el mercado cambiario con 540 millones de dólares en lo que fue, hasta ahora, su mayor desembolso desde las Paso de agosto. Lo hizo en su afán por contener al dólar, algo en lo que -además- sigue fracasando. La autoridad monetaria colocó más de 723 millones desde el lunes 5 de marzo. Como se ve, otro mito del libre mercado se cae a pedazos y con él, otra mentira de Cambiemos.

 

Algo huele mal

“La inflación depende de la próxima estupidez que haga el jefe de Gabinete”, recalcó el economista de clara posición neoliberal, Javier Milei, quien junto a otros de ese club como José Luis Espert y Carlos Melconian, viene expresándose en tándem para correr al ejecutivo, pero por derecha. En este caso, Milei no se privó de nada y caracterizó a Marcos Peña como un “parásito inútil” que no sabe “sumar ni con una calculadora” y lo responsabilizó por la inflación, tras lo que hizo hincapié en que “el modelo económico está a la deriva” porque lo lleva adelante “gente incompetente”. Cuando a un gobierno de derecha lo corren por derecha, es porque en su mismo seno ya comienzan a madurar las condiciones para un ajuste todavía más cruel que el que se viene perpetrando desde diciembre de 2015.

 

Para arriba

De acuerdo al Indec, el costo de la construcción trepó en febrero un 1,8 por ciento impulsado por un alza del 2,8 en los precios de materiales, del 3,7 en gastos generales y el 0,7 en la mano de obra. Desde el mismo mes de 2017, el costo de la construcción aumentó 24,7.

 

16.3.18

Agua pesada

Se concretó el nuevo aumento en la tarifa del servicio que presta la concesionaria Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), esta vez, de un 26 por ciento la boleta de agua y cloacas. Así se estableció tras la audiencia pública que determinó que el promedio de facturación pase de 330 a 416 pesos.

 

No paran de subir

Según números del Indec, los precios mayoristas escalaron un 4,8 por ciento en febrero y en solo dos meses acumulan una suba del diez por ciento. El 4,9 por ciento data de los productos nacionales y un 4,3 de los importados.

 

15.3.18

Las Pymes no cuentan

Tras una semana de cuestionamientos hacia la conducción económica nacional, algunos de los referentes de la UIA sostuvieron una reunión conciliadora con el ministro de Producción y el Jefe de Gabinete. En ella se ratificó que las grandes empresas radicadas en el país apoyan la línea económica neoliberal del gobierno. Queda claro que, como siempre, buscan asegurar su máxima rentabilidad a costa del resto de los sectores de la economía.

 

Top Ten

Pese a que desde La Rosada se insiste en que este año va a cerrar con una inflación del quince por ciento, un informe del equipo económico que elabora mensualmente el IPC Congreso, evaluó que Argentina se va a mantener durante 2018 entre los principales puestos del ranking mundial de inflación, ubicado en el sexto lugar.

 

Todo sube, nada baja

La inflación de febrero, a nivel nacional, se ubicó en 2,4 por ciento en relación al mes anterior. Así lo informó ayer el Indec y señaló que fue empujada por la suba de las tarifas de transporte público, combustibles, prepagas y electricidad. En el primer bimestre, el avance de los precios es del 4,2 por ciento y se espera que para fin de marzo se ubique en el orden del seis, bien por encima de la línea del quince por ciento anual que se propuso cumplir el Banco Central.

 

13.3.18

Inflación

De acuerdo al relevamiento que realiza el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la inflación de febrero trepó al 2,4 por ciento con lo que la suba interanual es del 26,3. Durante el trimestre inicial del año ya se acumuló 4,4 por ciento, con lo que la inflación se acerca demasiado rápido a la pauta del quince con la que insiste el Gobierno Nacional.

 

La plata se sigue fugando

Sobre el cierre de la semana pasada, el Banco Central liquidó otros 123 millones de dólares y, pese a esto, sólo logró morigerar la escalada del precio de la moneda estadounidense que hoy rebotó y subió siete centavos, para colocarse en 20,61 pesos, cerca del record. La autoridad monetaria intervino tres veces durante la semana pasada, y volvió a hacerlo hoy, sacrificando más 180 millones de dólares de las reservas. Para varios economistas, se aproxima una nueva devaluación.

 

Aumento de peajes

Los peajes de las rutas bonaerenses 3, 205 y 226 aumentaron un ochenta por ciento. Se trata de los trayectos que van desde Buenos Aires a Mar del Plata, Balcarce y Tandil. Los incrementos llegan a 45 pesos para los autos y noventa en el caso de los camiones. Esas tarifas entraron en vigencia el 4 de marzo.

9.3.18

Paradoja

De acuerdo con el Monitor de Clima Social, relevamiento llevado a cabo por el Centro de Estudios Metropolitanos desde 2016, el conurbano bonaerense es la segunda región más pobre del país después del Noroeste. Paradójicamente, es en el Gran Buenos Aires donde se produce el 48 por ciento del PBI.

 

7.3.18

Más importaciones, menos industria

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (Ciai), las ventas del rubro siguen en caída libre. En los comercios minoristas las compras cayeron 1,5 por ciento en enero de este año comparado con el mismo mes de 2017. En los shoppings, en el acumulado de 2017, las ventas mermaron un siete por ciento. Por otra parte, la importación creció un 59 por ciento durante enero comparado con idéntico mes del año anterior.

 

Aumenta todo menos los sueldos

Una familia tipo, de cuatro integrantes, ya gasta 42 mil pesos por mes para poder vivir. De ese monto, un ochenta por ciento corresponde a servicios fijos como pago de alquiler, impuestos y el dinero que se destina para el transporte público. Según el informe que realiza cada mes el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), la canasta básica tuvo un incremento de un 36,7 por ciento desde febrero de 2017, situación que se da a partir del 35 por ciento de aumento de transporte, un doce de la telefonía celular, setenta entre electricidad y gas y un 33 que corresponde los alquileres.

 

5.3.18

Todo para atrás

Durante 2017, la producción de crudo de YPF disminuyó siete por ciento y la de gas 1,1, algo coherente con la caída de la inversión que, medida en pesos, se ubica en el 7,6 por ciento, algo significativo si se tiene en cuenta la suba del dólar y la inflación que trepó al 24,8 por ciento durante ese año. Pero esto no es todo. En producción, los desembolsos cayeron 9,8 por ciento, al tiempo que la refinación y comercialización mermó en un 16,9 por ciento.

 

La lluvia se hace esperar

La sequía debida al clima caluroso y seco que se vive hace meses, ya impacta en la ganadería y puede dejar pérdidas por 2.150 millones de dólares. Así lo advirtió el movimiento Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, que encendió luces de alerta cuando recalcó que el impacto puede ser superior si no llueve en los próximos días.

 

2.3.18

Otra para Caputo

En medio de los tironeos hacia adentro del Gobierno que provocó la filtración de datos sobre amigos del poder que se beneficiaron con el blanqueo de capitales que dispuso el ejecutivo, Alberto Abad renunció a la titularidad de la Afip. Para reemplazarlo, La Rosada eligió a Leandro Cuccioli, actual secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas, alguien de confianza del coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, pero también del ministro Luis Caputo sobre quien, apenas algunas semanas atrás, se supo que ocultó al fisco –en una guarida fiscal- una offshore que administraba 251 millones de dólares.

 

¿Le creemos a la UIA?

Después de dos años de una fuerte caída del empleo industrial que descendió en el orden del cinco por ciento y de más de doscientos mil despidos en el sector, la Unión Industrial Argentina hizo públicas algunas críticas al Gobierno que preside Mauricio Macri y, tibiamente, apuntó al crecimiento de las importaciones y la caída del consumo.

 

Lluvia de importaciones

Al cordero “patagónico” de Brasil y al vino “clásico argentino” de Chile, ahora, se suman limones y naranjas de España a la lista absurda de importaciones que propicia la brutal flexibilidad arancelaria que permite el gobierno nacional. Mientras tanto, los productores nacionales, particularmente de economías regionales, que ya realizaron verdurazos, frutazos y bananazos en Plaza de Mayo, siguen en un estado crítico debido al ingreso de materia prima extranjera.

 

La Patria Sojera

El valor de la soja volvió a subir en Chicago hasta 385,6 dólares la tonelada. El mercado oscila entre el deterioro que anticipa la cosecha argentina como consecuencia de la sequía y las perspectivas de crecimiento que se adelanten en Brasil, donde la recolección está demorada, pero sigue a paso firme.

1.3.18

Trimestre

Con los 47 centavos que acumuló en febrero, el dólar sumó su tercer mes de suba consecutiva, pese a que el último día del mes bajó siete centavos después de que el Banco Central anunciara que mantiene la tasa de referencia sin cambios.

 

Siga el baile…

Ayer, el ejecutivo oficializó la emisión de dos obligaciones por un total de sesenta mil millones de pesos. Se trata de los Bonos de la Nación Argentina en Pesos vencimiento 2020 y Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con ajuste por CER al cuatro por ciento con vencimiento 2023. Aunque estos títulos se emiten bajo ley argentina, será negociable y se solicitará autorización para cotizar en el Mercado Abierto Electrónico, además de bolsas y mercados de valores. Esta deuda paga interés del 19 por ciento, pero si la inflación es mayor al quince –algo muy probable-, se pagará el porcentaje de la inflación más cuatro puntos, esto es, va indexada. Sólo en lo que va de 2018, el Gobierno ya emitió deuda por el equivalente a quince mil millones de dólares.

 

28.2.18

Advertencia

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo ayer que la economía global muestra un crecimiento generalizado, pero advirtió que el panorama está cambiando por disputas comerciales, ajustes de políticas monetarias y avances tecnológicos. Fue en una conferencia que el organismo celebra en Yakarta y estimó que el crecimiento de la economía global será del orden del 3,9 por ciento este año. También reconoció que los estados que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se prepara para “una atmósfera de tasas más altas de interés en economías ricas como EE.UU. y el bloque de la zona euro”, atravesada por los efectos de estos ajustes en la estabilidad financiera y los flujos de capitales “que podrían tornarse volátiles”. Queda claro lo que se viene, mientras el Gobierno Cambiemos sigue tomando deuda que, como lo señala Lagarde, va a ser cada vez más cara.

 

A reconocimiento de parte…

El Banco Central mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 27,25 por ciento, con lo que reconoció que espera que en febrero la inflación siga por arriba de los valores de enero y, más aún, por encima de los que anuncia el gobierno. Entre otros datos que aportan en este sentido, está el de la inflación de enero, correspondiente al Sistema de Precios Mayoristas, que da cuenta de un cinco por ciento de arrastre respecto al mes previo.

 

Algo que baja

Con una contracción de un dos por ciento para enero, el consumo masivo arrancó a la baja por tercer año consecutivo, según se desprende del Consumer Thermometer, análisis que lleva a cabo mensualmente la consultora Kantar Worldpanel. La caída de la canasta de enero tuvo su pico más pronunciado en el Nivel Socio Económico Bajo Superior, que representa a un tercio de la población argentina, donde el consumo se redujo un once por ciento en volumen.

 

27.2.18

Riesgo país

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dijo que no se espera falta de liquidez a nivel internacional si -como se prevé- la Reserva Federal de EE.UU. vuelve a aumentar la tasa de interés, pero recalcó que desde su perspectiva para Argentina el crédito va a continuar encareciéndose por sobre lo que disponga ese organismo estadounidense como consecuencia del alto riesgo país. Y puntualizó: “uno de los problemas del modelo es conseguir plata”.

 

Para abajo

Un trabajo realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda, da cuenta de que las exportaciones regionales cayeron un diez por ciento durante 2017 y que, entre ellas, el sector frutihortícola es uno de los más afectados. El estudio hace hincapié en que esta situación no responde a condiciones climáticas adversas, sino que está vinculada a la desregulación del área.

 

La mesa servida

Tras el comienzo formal de la venta de la parte que YPF posee de Metrogas, comienzan a quedar sobre la mesa algunas cartas sugestivas. Vale recordar que, por medio de Gas Argentina Sociedad Anónima, la petrolera de bandera posee el setenta por ciento de Metrogas, de la que espera desprenderse, al menos, el 21 por ciento de sus activos en esta empresa y, para eso, designó al Citigroup para que esté a cargo de la selección de la oferta de compra. Según pudo saberse, la lista de interesados está integrada por la energética francesa Engie, además de fondos de inversión estadounidenses y europeos, así como los locales Andes Energía, holding de José Luis Manzano y la distribuidora Camuzzi.

 

26.2.18

Sigue subiendo

Hoy el precio de cotización del dólar en las principales casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires marcó un nuevo récord histórico cuando trepó veinte centavos para cerrar a 20,48 pesos, impulsado por la demanda de bancos y empresas ante la proximidad de fin de mes. Así, la divisa estadounidense acumuló, en una sola jornada, casi el equivalente al acumulado durante toda la semana anterior, cuando registró un avance de 23 centavos.

 

Trigo rojo

En enero, la empresa china Cofco International se convirtió en la principal exportadora de trigo de Argentina, al vender al exterior 679.145 toneladas, lo que representó un 28,6 por ciento del total de volumen que nuestro país exportó durante el primer mes del año. Además, esta compañía superó su propia marca de carga de buques en su planta de la localidad santafesina de Timbúes, desde donde cargó durante ese mes, 668.580 toneladas de granos, harinas y biodiésel, lo que supera la marca que tenía desde octubre de 2017.

 

Caída

La actividad industrial se contrajo 0,6 por ciento durante enero respecto a igual mes de 2017 que, vale señalarlo, había sido bastante malo. Así lo revela un trabajo dado a conocer ayer por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) que da cuenta de que, en términos desestacionalizados, el Índice de Producción Industrial (IPI) de enero retrocedió 1,1 por ciento respecto a diciembre de 2017. Se destaca el retroceso del 18,1 por ciento registrado en la industria automotriz y otro tanto pasó con la vinculada a la refinación de petróleo.

 

Llamado de atención

Centrales industriales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay –entre ellas la UIA- suscribieron una declaración en la que exigen a las autoridades negociadoras del acuerdo UE-Mercosur “transparencia” en las negociaciones, plazos y condiciones porque temen que los sectores afectados si se firma el tratado de libre comercio no se puedan transformar para seguir activos en el nuevo escenario, por lo que demandan un acuerdo equilibrado que reconozca las diferencias en el nivel de desarrollo entre los bloques. Y piden que se incluya una “cláusula de desarrollo industrial” y se preserven instrumentos de protección a la producción y el empleo “fundamentales para el funcionamiento actual y futuro del Mercosur”.

 

23.2.18

Sigua...siga el baile

Mientras su activa participación en guaridas fiscales lo vuelve a poner sobre la palestra, el ministro de de Finanzas, Luis Caputo, persiste en seguir echando nafta a la hoguera. Ahora, desesperado por cubrir vencimientos y tapar los agujeros –cada vez más grandes- del déficit fiscal, el Gobierno saldrá, la semana venidera, a colocar más bonos en pesos, a dos y cinco años, atados a inflación.

 

Para Educación no, para timba sí

Hoy se publicó en el Boletín Oficial la disposición del Ministerio de Finanzas de emitir dos series de Letras del Tesoro por ese monto -a 56 días- que se va a suscribir con la provincia de Buenos Aires.

 

Caída

La actividad industrial se contrajo 0,6 por ciento durante enero respecto a igual mes de 2017 que, vale señalarlo, había sido bastante malo. Así lo revela un trabajo dado a conocer ayer por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) que da cuenta de que, en términos desestacionalizados, el Índice de Producción Industrial (IPI) de enero retrocedió 1,1 por ciento respecto a diciembre de 2017. Se destaca el retroceso del 18,1 por ciento registrado en la industria automotriz y otro tanto pasó con la vinculada a la refinación de petróleo.

 

Ajustarse

Pese a que estamos atravesando un verano récord en altas temperaturas, el consumo de electricidad cayó un uno por ciento interanual en enero, de acuerdo a un informe presentado ayer por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). Este descenso involucra, básicamente, a usuarios comerciales y residenciales de todo el país.

 

Riesgo país

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dijo que no se espera falta de liquidez a nivel internacional si -como se prevé- la Reserva Federal de EE.UU. vuelve a aumentar la tasa de interés, pero recalcó que desde su perspectiva para Argentina el crédito va a continuar encareciéndose por sobre lo que disponga ese organismo estadounidense como consecuencia del alto riesgo país. Y puntualizó: “uno de los problemas del modelo es conseguir plata”.

 

Patrimonio

Tras el comienzo formal de la venta de la parte que YPF pose de Metrogas, comienzan a quedar sobre la mesa alguna cartas sugestivas. Vale recordar que, por medio de Gas Argentina Sociedad Anónima, la petrolera de bandera posee el setenta por ciento de Metrogas, de la que espera desprenderse, al menos, el 21 por ciento de sus activos en esta empresa y, para eso, designó al Citigroup para que esté a cargo de la selección de la oferta de compra. Según pudo saberse, la lista de interesados está integrada por la energética francesa Engie, además de fondos de inversión estadounidenses y europeos, así como los locales Andes Energía, holding de José Luis Manzano y la distribuidora Camuzzi.

 

22.2.18

Por todo el país

En una audiencia pública que se realizó en la ciudad de Tucumán, las distribuidoras de gas de la región centro y norte del país, reclamaron que, desde abril, las tarifas de su área de concesión sufran un incremento de entre el 44 y el cincuenta por ciento.

 

Otra suba

Al cierre de hoy, el dólar sumaba su segunda suba consecutiva de la semana para subir seis centavos, con lo que cotizó a 20,28 en las principales casas de cambio y bancos de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Relaciones carnales

Como para ratificar que con el Gobierno Cambiemos Argentina se está integrando al mundo, Washington dio por cerrado el tema del biodiesel al anunciar su “determinación final” de imponer aranceles por competencia desleal a la importación de este producto. En este sentido, el Departamento de Comercio, señaló que Argentina exportaba a EE.UU. biodiésel subsidiado por un valor de entre el 60,44 a 86,41 por ciento. Y confirmó aranceles de entre 61 al 87 por ciento para el biodiésel argentino.

 

Tasas

La Reserva Federal de EE.UU. (FED) destacó ayer que “el sustancial impulso subyacente en la economía” aumenta “la probabilidad” de que durante este año se avance en otros ajustes del tipo de interés ¿Qué quiere decir esto? Que para cumplir con su promesa de cerrar la economía y elevar la tasa de empleo, Washington necesita chupar dólares que andan sueltos por el mundo y, para lograrlo, el equivalente estadounidense del Banco Central, va a seguir subiendo la tasa de interés que se sitúa -por ahora- en el rango que va del 1,25 al 1,5 por ciento. Puede ser que esto sea una buena noticia para los trabajadores estadounidenses, pero seguro que es una pésima noticia para los argentinos a la luz de la gravísima toma de deuda a la que nos somete el Gobierno Cambiemos.

 

21.2.18

Sigue el pedal

Ayer, en consonancia con lo que se está operando en el mercado secundario, el Banco Central ajustó -respecto de la subasta de enero- la tasa corta en 49 puntos y en 39 puntos la más larga. Así, pactó la tasa de corte para la letra a 28 días en 26,75 por ciento anual, al tiempo que la de 273 días la colocó en 25 por ciento. De esta manera, el Central respetó el pacto que hizo con el sector del Gabinete que lidera Marcos Peña pero poquito, sin aceleración y sin resignar su vocación por la bicicleta financiera.

 

Déficit

De acuerdo a un reciente informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), el déficit comercial de autopartes en 2017 creció a 6.710 millones de dólares durante 2017, lo que representa un incremento de 15,4 por ciento con relación al año anterior. Este trabajo advierte que, asimismo, esto equivale a casi el ochenta por ciento del déficit comercial de la Argentina.

 

Para arriba

Según la medición de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la Canasta Básica Total aumentó un 23 por ciento respecto a enero de 2017, por lo que en la Capital federal, para no caer en la pobreza, una familia tipo necesitó durante ese mes un ingreso de 17.097,91 pesos, mientras que el límite de la indigencia quedó en 8.326,66 pesos.

 

Disparada

Durante enero el déficit financiero total se disparó 366 por ciento, ya que aumentó a 25.889 millones de pesos, si se lo compara con el rojo fiscal de 5.556 millones que registró el mismo mes de 2017.

 

20.2.18

Complicación

“La suba del dólar complicó bastante a la gente, porque aquellos que ya tenían créditos adjudicados, habían hecho la precalificación, encontrado su propiedad y reservado, les salto el dólar de 17 a veinte”, dijo el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, tras lo que recalcó que los compradores están “paralizados”. Y con claridad ejemplificó: “el que quería comprar un departamento de 150 mil dólares y tenía cincuenta mil, tomaba un crédito de un 1,7 millones de pesos y compraba los dólares”, pero ahora “con este salto, le siguen dando la misma cantidad de dinero, pero no puede comprar esos cien mil dólares”.

 

Tarifazo

Del 30,3 al 44,5 por ciento que en un año llegarán al 111,2 por ciento, son los ajustes que pretenden Metrogas y Gas Ban de cara a la audiencia pública que se va a llevar a cabo el jueves venidero. Si el gobierno le da luz verde a esta solicitud, el precio que pagan los usuarios por el metro cúbico del gas habrá trepado 1.083,3 por ciento desde 2015.

 

Agua pesada

Agua y Saneamientos Argentinos (AySa) va a proponer que el incremento tarifario que rija desde el 1º de marzo, se ubique en el 26 por ciento anual, al tiempo que avanzará en la sustitución de los subsidios zonales vigentes en partidos del conurbano bonaerense. La propuesta será hecha en la Audiencia Pública convocada para el 15 de marzo que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial. Vale recordar que Aysa, empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas a 3,5 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA.

 

Subte

El Gobierno de la Ciudad convocó, para el 6 de marzo, a la audiencia pública en la que espera se defina que el nuevo precio del pasaje de subte pase de los actuales 7,50 pesos a once y, en junio, a 12,50. Como la audiencia no es vinculante, ya es un hecho este nuevo capítulo del tarifazo que, sumados los dos tramos, alcanzaría a un incremento total del 66 por ciento.

 

19.2.18

Para arriba

Al cierre de la jornada de hoy, el dólar trepó trece centavos con lo que, en bancos y agencias de la city de la ciudad de Buenos Aires, cotizó a 20,18, con el telón de fondo de la huelga bancaria y feriado que tuvo lugar en EE.UU. por el Día del Presidente. Por su parte, en el mercado secundario de Lebac, las tasas operaban para el plazo de treinta días a 26,75 por ciento, al tiempo que para 240 días, lo hacían a 25,20.

 

Por las nubes

La canasta escolar se coloca en alrededor de un 24 por ciento más cara que la de 2017, según revela un relevamiento de la Asociación Consumidores Libres que señala que, la canasta básica, se va a colocar en el orden de los 2.700 pesos.

 

Tarifazo I

Después del tarifazo en el acarreo que, desde enero, pasó a costar 950 pesos, tras la audiencia pública realizada la semana pasada, el ejecutivo de la Ciudad estableció que el estacionamiento medido que costaba ocho pesos, pase a costar diez. Asimismo, cuando estén implementadas las terminales multipropósito, dispositivos tecnológicos que reemplazarán a los parquímetros, el costo de la ficha se va a ir de diez a quince pesos. Y se anticipó que el acarreo volvería a sufrir un tarifazo para irse a 1.600.

 

We are the Champions

Durante enero, La Rosada emitió 11.728 millones de dólares en nueva deuda. De este monto, en mercados internacionales fueron tomados 1.750 millones de dólares que tienen vencimiento a 2023, 4.250 millones por un bono a 2028 y tres mil millones que vencen en 2048. Pero además está la colocación de Letes en el mercado interno por 2.728 millones de dólares. Esto señala que el Gobierno Cambiemos persiste con la misma actitud de 2017 cuando colocó deuda por el equivalente a 94.682 millones de dólares. Al respecto, de acuerdo al seguimiento que realiza la Fundación Germán Abdala, el 64 por ciento de esas emisiones se hicieron en moneda extranjera y el 36 restante en moneda local. El 57 por ciento de esta deuda se emitió en el corto plazo, lo que plantea un escenario de fuertes vencimientos de capital e interés hasta 2022. Así, la deuda total del sector público, cerró 2017 en alrededor de 315.760 millones de dólares, lo que representa un preocupante 57,6 por ciento del PBI.

 

12.2.18

Sin techo

En poco más de un mes la desregularización del mercado de las naftas sigue exhibiendo sus virtudes. Con los precios acollarados al dólar y al antojo de quienes fijan cuánto se paga en el mundo por el barril de petróleo, la empresas que operan en Argentina siguen corrigiendo para arriba el reloj del surtidor y, así, durante este fin de semana largo el litro de premium superó 33 pesos, en promedio en el interior del país. Por eso si usted salió a las rutas para disfrutar de un merecido descanso y quiere llenar el tanque, va a tener que desembolsar alrededor de 1.600 pesos.

 

Marcan la cancha

Un reciente informe de la consultora Ecolatina enciende luces de alarma de cara al miércoles venidero cuando el Banco Central deberá actualizar el valor de referencia. Ahí se advierte que la entidad que preside Federico Sturzenegger está frente a una encrucijada y le recomienda que mantenga la tasa constante en los actuales valores de 27,25 por ciento, ya que “relajar la política monetaria no es recomendable en un contexto tan sensible: la tendencia alcista del dólar de las últimas semanas, junto con las turbulencias del mercado financiero internacional, exacerbaron la incertidumbre de los agentes económicos argentinos”.

 

Alerta

Debido a la sequía, en su informe mensual de oferta y demanda mundial de granos publicado el viernes pasado, el Departamento de Agricultura de EE.UU. redujo la estimación de producción de soja en Argentina en dos millones de toneladas con respecto a la proyección de enero y la ubicó en 54 millones de toneladas. También lo hizo para el maíz, en este caso, se cosecharían tres millones de toneladas menos.

 

Lo salvó el Rey Momo

Para el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, el Gobierno “no está nervioso” por la escalada que se registró la semana pasada en el dólar. Pero mientras decía esto, por otra ventanilla en sólo dos días la entidad que preside desembolsó quinientos millones de esa moneda, en el intento de frenar la suba, algo que sólo consiguió el feriado largo de carnaval.

 

Si los dejan…

La gran retención de granos decidida por los productores, provocó la caída de las exportaciones durante 2017. La cosecha agrícola total de la actual campaña 2017/18, registró una caída del 3,6 por ciento en comparación al ciclo previo. Pero, así y todo, la cosecha de cereales va a aumentar su participación en la producción agrícola total, en contraposición con la merma en la producción de soja, que tendrá la menor siembra de la última década.

8.2.18

Sube...sube

El precio de la divisa estadounidense experimentó hoy una nueva y fuerte suba y, al cierre de esta edición, se cotizaba en las principales casas de cambio en 20,20 pesos, esto es, 21 centavos más que su cierre de ayer.

 

Echale nafta

A trece días del anterior aumento, YPF subió las naftas 3,5 por ciento, algo que está autorizada a hacer, merced a la liberación de precios en el mercado de combustibles dispuesta, hace sólo cuatro meses, por Juan José Aranguren. Es el cuatro aumento desde entonces, por lo que la suba acumulada llega al 23,5 por ciento. Por su parte, Shell también subió hasta 3,5 por ciento los precios de sus naftas, con lo que el precio del litro premium en la Ciudad de Buenos, roza los 29 pesos.

 

Preocupa

De acuerdo al Indec, en diciembre sólo se utilizó el 64 por ciento de la capacidad instalada en la industria, lo que representa un crecimiento de apenas 0,4 contra el mismo mes de 2016. La caída respecto a noviembre es de 5,2 puntos porcentuales. Hay consenso en que las empresas comienzan a pensar en inversiones para ampliar la capacidad, recién, cuando se acercan al 75 por ciento de su capacidad instalada.

 

Entrega

YPF vendió 24,99 por ciento de su subsidiaria Energía Eléctrica al conglomerado estadounidense General Electric. Según la Comisión Nacional de Valores el acuerdo se cerró por 276 millones de dólares más un pago contingente de hasta 35 millones de esa moneda. El plan de la petrolera argentina es vender el 49 por ciento de la compañía.

 

6.2.18

Austeridad PRO

Entre el 3 y el 6 de diciembre de 2017, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli fue a Londres sin que se especificaran los motivos de su viaje de sólo tres días, por el que los vecinos de la Ciudad pagaron 142.235 pesos, esto es, casi cincuenta mil pesos por día. Recuérdelo cuando vuelvan a aumentarle el ABL.

 

Previsiones

María Eugenia Vidal dispuso un aumento del impuesto inmobiliario que llega hasta el sesenta por ciento, mientras que el promedio del incremento que para las tasas municipales aprobaron -en promedio- los intendentes del Conurbano, asciende al treinta por ciento con algunos picos que, como en Morón, llegan al cincuenta por ciento. Como se puede apreciar, todo muy lejos del índice de inflación estimado por el gobierno nacional que lo fijó en sólo el 17.

 

Góndolas

El capítulo del tarifazo que volvió a golpear en las tarifas de transporte público y energía eléctrica, prepagas y peajes, además de combustibles, tendrán un impacto de alrededor del seis por ciento en el precio de los alimentos y bebidas, así como el precio del dólar. Así se señala desde las cadenas líderes de supermercados que confirman que comenzaron a recibir listas de precios con este nivel de aumento liderados por formadores de precios como Ledesma, Las Marías, Nestlé, Molinos y Natura. Esto desmiente los recientes anuncios hechos por Adolfo Sturzenegger sobre un presunto retroceso sostenido de la inflación núcleo.

 

Criterio Cambiemos

En coincidencia con la decisión gubernamental de cerrar la fábrica nacional Fadea, instalará una oficina en el país el fabricante canadiense de aviones y trenes Bombardier. El anuncio lo hizo -y celebró- el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien es el principal responsable del vaciamiento y destrucción de Fadea que la semana pasada despidió a 35 operarios y, según se supo, en la misma lista se añaden otros cien.

 

5.2.18

Agua salada

Durante la audiencia pública celebrada el viernes en La Plata, la empresa estatal Aguas Bonaerenses, que provee el servicio de agua potable y cloacas a más de dos millones de personas que viven en la provincia de Buenos Aires, propuso un aumento tarifario del orden del cuarenta por ciento.

 

¡Pum para arriba!

Por suba del petróleo y el dólar, YPF aumentó 4,5 por ciento el precio de sus combustibles, por lo que el litro roza los treinta pesos, con lo que durante los últimos dos meses los precios subieron más de un diez por ciento.

 

Fondos Buitre

Draw Capital encabeza una demanda colectiva que exige, a nuestro país, el pago de 650 millones de dólares. A poco de asumir, el Gobierno Cambiemos celebró lo que dijo que era el fin del asunto con los Buitre, merced a un arreglo en el que cedió más de lo que pedían y por el que Argentina emitió 16.500 millones de dólares de deuda.

 

Para pensar

82% de la riqueza mundial generada en 2017 quedó en el 1% más rico. El 50% más pobre, unas 3.700 millones de personas, no se benefició nada de este crecimiento. Así lo reveló Oxfam durante el Foro de Davos, al dar a conocer su informe “Desigualdades extremas, la pobreza y los multimillonarios”. Ese año se produjo el mayor aumento histórico de mil millonarios.

 

Los sueldos de Sturzenegger

La reciente publicación de los salarios brutos mínimos, promedios y máximos del staff del Banco Central -obligada por la Ley de Acceso a la Información Pública- salarios que van de 129 mil a 394 mil pesos mensuales. Las autoridades superiores ganan 278.390 mil pesos netos mensuales, los asesores 105 mil y los choferes 130 mil pesos, además de gratificaciones y beneficios de hasta más del cincuenta por ciento.

 

La meta se quedó corta16.5.2018

La inflación como instrumento

Tras difundirse el índice de precios al consumidor durante el mes de abril -que no midió el traslado a precios de la devaluación en curso- una cosa quedó en claro: en tan sólo un semestre, la economía alcanzará la meta impuesta por el Banco Central ¿Qué rol juega la inflación en este modelo económico?

En el día de ayer, al tiempo que se conocían las cifras que había dejado el cierre del supermartes, el Indec publicaba el índice de inflación correspondiente al mes de abril: 2,7 por ciento, para acumular un 9,6 en el primer cuatrimestre y un 25,5 interanual.

Las cifras difundidas por el Indec obligaron a que ministros de primera línea tuvieran que reconocer que la meta inflacionaria del quince por ciento para este año ya estaba acabada. Tal fue el caso del Vice jefe de Gabinete Mario Quintana, quien reconoció que “las metas de inflación eran incumplibles” y echó culpas a Prat Gay al afirmar que “arrastramos una inconsistencia desde el momento cero” respecto al manejo del aumento de precios ¿Qué le dirán a los trabajadores ahora los jerarcas sindicales que cerraron paritarias del quince por ciento a pedido del gobierno?

Pero el sincericidio de Quintana no queda ahí. En la misma conferencia de prensa, reconoció también que “sabíamos que el financiamiento no sería eterno”, por lo que cabe sospechar que la posibilidad de acudir al Fondo Monetario Internacional siempre fue una opción en la agenda del gobierno.

Antes que Quintana, en los albores del supermartes, fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien debió aceptar que el 2018 tendrá “más inflación y menos crecimiento” que lo previsto ¿De verdad los funcionarios se desayunan recién ahora con esta noticia?

Sin dudas que no. La inflación es una de los fenómenos que expresa la puja distributiva en el seno de la sociedad. Es uno de los síntomas de la lucha de clases. En el marco del rediseño económico y social que emprende el gobierno, la convergencia entre inflación y pérdida de poder adquisitivo -la primera explica en parte a la segunda- es una de las formas que el bloque de poder utiliza para licuar los salarios.

Según un informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Uces), “el salario real medio de la economía cayó poco más de un cuatro por ciento en el último quinquenio, con un PBI que se contrajo 2,4 por ciento por habitante”.

El estudio de la Uces se alínea a las políticas de ajuste del gobierno de Macri, pero reconoce que gran parte del ajuste se produjo entre 2016 y 2017: “sin entrar en juicios de valor y analizar la capacidad de compra de las remuneraciones de los empleados en relación de dependencia, Idelas pudo detectar en una serie de 22 años que el nivel de cierre de 2017 se ubicó, en promedio, inferior a cinco por ciento por debajo del máximo que se anotó en 2015, con extremos que van de tres por ciento en el agro a ocho por ciento en sistema bancario y de seguros, en su conjunto”.

En una mirada general sobre el último lustro, el informe reconoce que “mientras el PBI se incrementó apenas 3,1 por ciento y por habitante declinó 2,4, el salario medio real del trabajador en el sector privado disminuyó un cinco por ciento, casi similar a la medida respecto a la variación en comparación con el máximo de la serie de 22 años”.

Este informe confirma que los objetivos del bloque de poder en la Argentina se vienen cumpliendo con creces. La orquestación del plan de restauración conservadora y neoliberal se viene ensayando desde antes de la llegada de Macri al gobierno.

Durante los dos gobiernos de Cristina Fernández la economía nacional sufrió el hostigamiento constante de la derecha que buscó, mediante distintas vías, hacer mella en la gobernabilidad del kirchnerismo y en el bolsillo de los trabajadores.

En ese marco la remarcación de precios jugó un rol fundamental. La inflación fue un problema que el gobierno de Cristina no pudo resolver, a pesar de políticas públicas como Precios Cuidados y el desarrollo de paritarias que, al menos, lograban empatarle al proceso inflacionario.

Ya sin el kirchnerismo en la administración del Estado, el bloque de poder decidió seguir echando mano a la inflación como herramienta para licuar salarios y deteriorar el poder de compra de los sectores populares, el mercado interno y la actividad económica en la pequeña y mediana empresa.

Tras la desregulación del mercado cambiario y de capitales, con la consecuente devaluación que esto trajo aparejado, la inflación durante el primer año de Macri en la Rosada fue la más alta desde la crisis de 2001: 42 por ciento.

La inflación de 2016 mostró un pico lógico de acuerdo a las políticas de shock implementadas por Cambiemos apenas se hizo de la administración del Estado: devaluación, tarifazos, quita de retenciones, etc. En 2017 si bien la misma bajó, dejó entrever que en realidad lo que había comenzado el año anterior era un proceso de expoliación del salario de los trabajadores.

Así las cosas, la inflación para el 2016 fue del 24,8 por ciento, muy por encima de la meta establecida por el Banco Central de entre doce y diecisiete por ciento. Esto explica el derrumbe en el poder de compra del ingreso de los trabajadores. Según informes elaborados por la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), para el bienio 2016-2017 la pérdida de poder adquisitivo del salario fue del 7, 3 por ciento.

En los mismos estudios, ésta universidad nacional anticipó que para el 2018 era de esperar una nueva merma de ocho puntos en el poder adquisitivo del salario. Sin embargo este pronóstico se realizó con un dólar a veinte pesos, tal como se calcularon los tarifazos.

Por eso, es fácil vaticinar que con una inflación proyectada de casi 29 por ciento y con paritarias a quince puntos en el mejor de los casos, esta pérdida del poder adquisitivo supere el nueve por ciento. En todos los casos de lo que se trata es de un empeoramiento general de la calidad de vida de los sectores populares.

Es imposible pensar este escenario como un fenómeno externo a la política económica del gobierno. No se trata de un “problema” que el gabinete no sabe “manejar” sino de consecuencias lógicas que se erigen sobre las principales medidas estructurales adoptadas por este gobierno: devaluación, desregulación del precio de los combustibles y tarifazos.

Como se sabe, la economía Argentina es permeable -como pocas en el mundo- a las variaciones del sector financiero, al dólar y el precio del barril de petróleo. De estos tres condicionantes, el macrismo agravó dos -sector financiero y dólar- y generó uno -precio del petróleo- al desregular los combustibles.

¿Era esperable otro escenario que no sea el de la agudización del proceso inflacionario? La respuesta es no y los argumentos son, a esta altura, archiconocidos. No es necesario ahondar en el peso que el dólar, los combustibles y las tarifas tienen en el conjunto de la economía.

No llama la atención el silencio de los exegetas del proyecto económico neoliberal respecto a la desregulación de estos precios de la economía. Estos que ahora se mantienen “al margen” son los que durante el kirchnerismo irrumpieron en el discurso público para explicarle a la población que la inflación se debía a dos fenómenos que era necesario detener: el aumento de salarios mediante las paritarias y la emisión de moneda por parte del Banco Central.

La realidad demostró que “enfriar la economía”, tal como proponían los voceros del establishment, no iba a terminar con la inflación. Pese a que las paritarias corren muy por detrás de la inflación y la devaluación y a la destrucción inaudita del mercado interno -sólo comparable a la realizada por la última dictadura militar y el menemismo- el proceso inflacionario se mantiene ¿Por qué?

Por qué, insistimos, la inflación es la manifestación de un fenómeno más estructural en la economía como lo es la puja distributiva. Pese a la pérdida del poder adquisitivo del salario, las grandes empresas productoras de alimentos, las energéticas y los supermercados siguen utilizando la remarcación de precios como instrumento para aspirar los ingresos de los sectores populares.

Como si fuera poco, al tratarse de una economía no dolarizada pero sí dependiente del dólar, las devaluaciones que realiza el gobierno brindan argumentos que legitima a estos actores a aumentar los precios, pero no legitima, al menos para el bloque de poder, a los trabajadores a demandar paritarias acordes a la situación de la economía. Los esfuerzos se les exigen siempre a los mismos. No es casualidad.

 

Super-martes de Lebac15.5.2018

La tormenta continúa

Pese a que el gobierno presentará como una “victoria” el tránsito de esta jornada financiera, lo cierto es que el Estado subió la tasa de interés, emitió un nuevo bono -Botes- y el dólar apenas bajó unos centavos respecto al día de ayer. La bomba de tiempo continúa activa.

La economía argentina debió enfrentar este martes un vencimiento de Letras del Banco Central (Lebac) por 617 mil millones de pesos equivalentes a casi 25 mil millones de dólares. Semejante vencimiento luego de tres semanas de aumento sostenido del dólar generó el temor a una crisis que, a este ritmo, se encuentra a la vuelta de la esquina: que la crisis cambiaria se transforme en una crisis bancaria.

En este marco, el gobierno acudió a la ayuda de dos fondos buitres, BlackRock y Templeton, cercanos al ministro de Finanzas, Luis Caputo, que inyectaron una masa de dólares a la economía con la compra de Botes, un nuevo bono en pesos a tasa fija que emitió el Estado nacional.

Gracias a esto, el dólar cerró a 24,60 debido a la intervención del Banco Central, que vendió alrededor de setecientos millones dólares y colocó la tasa de interés en un 45 por ciento.

La magnitud de esta intervención se puede hallar en los movimientos previos a esta jornada. Ayer el Bcra ofertó cinco mil millones de dólares a 25 pesos y hace una semana que viene sosteniendo una tasa de interés superior al cuarenta por ciento.

La incidencia de esta política en la estructura económica del país es gigante: el Estado paga un promedio de 5.500 pesos por segundo en intereses, según informó la Universidad Nacional de Avellaneda en un informe.

Así las cosas, en dos años y medio, el Estado invirtió en la bicicleta financiera un equivalente a más de nueve mil nuevas escuelas, cuatrocientos hospitales, casi 150 centrales Atucha II, ochenta satélites Arsat, 293 millones de asignaciones por hijo y 57 millones de jubilaciones mínimas.

La mirada del establishment

Todos estos fenómenos dan cuenta de la fragilidad de la economía nacional, impermeable al contexto internacional y a los vaivenes del sector financiero gracias a la política de endeudamiento externo masivo y bicicleta financiera.

Esta fragilidad es advertida, en primera instancia, por el establishment financiero.

Las nuevas trabas y el encarecimiento en el acceso al crédito internacional para el país dan cuenta de ello.

Para el caso, en el día de ayer la calificadora de riesgo Moodys advirtió que “la turbulencia de las tasas de interés y tipo de cambio han puesto en evidencia las debilidades estructurales de Argentina: alta inflación, una fuerte dependencia de los flujos de inversiones y un pequeño mercado financiero y crediticio local”.

Ante este diagnóstico, compartido tanto por ortodoxos como heterodoxos, la calificadora enseguida propone una salida para el corto plazo. Esta no es otra que volver el Fondo: “la presión para Argentina podría disminuir con la ayuda de una línea de crédito otorgada por el FMI”.

Dólar, Lebacs y economía real15.5.2018

Raíces de Fondo

Al cierre de esta edición el gobierno nacional afrontó ¿airoso? un vencimiento de Lebacs equivalentes a casi 25 mil millones de dólares ¿Cómo afecta esto a la economía real?

Detrás de los temblores financieros del Supermartes” se esconde toda una matriz económica destinada a resguardar el patrón de acumulación neoliberal ¿Cómo? Con una megadevaluación, tal como viene sucediendo. Hoy el dólar cerró a 24,60 mientras que el blue trepó hasta los 26,80.

La restricción externa, factor estructural que explica la devaluación de fines de abril principios de mayo, golpea el bolsillo de los trabajadores a través de los tarifazos y la suba de precios.

¿Cómo se relaciona la restricción externa con la inflación? En una economía de precios dolarizada y con un gobierno ultra ortodoxo que utiliza como herramienta la devaluación para solventar los desequilibrios de la economía, especialmente los externos, cualquier movimiento en el tipo de cambio castiga al aparato productivo, puntualmente a los asalariados y la pequeña y mediana empresa.

Lo hace a través de dos fenómenos económicos que al mismo tiempo son mecanismos que expresan la puja distributiva en el seno de la sociedad, es decir, de la lucha de clases: inflación -pérdida del poder adquisitivo- y destrucción del aparato productivo del país, favoreciendo las exportaciones primarias y las importaciones de productos terminados. Ambos fenómenos, redundan en pérdida del poder adquisitivo del salario, disminución de la potencia productiva de la economía, cierre de pequeñas y medianas empresas y, por ende, desempleo.

Sobre este movimiento de pinzas se cierne toda una maquinaria política y jurídica tendiente a favorecer al modelo económico del que nace, ahogando a todos aquellos sectores de la sociedad que tienen intereses antagónicos al del bloque de poder dominante.

Esto es, en la actualidad, la oligarquía financiera, la industria agroexportadora y la novedad que incluyó el macrismo como factor de poder: las empresas energéticas y prestadoras de servicios públicos.

Por eso para entender los movimientos del gobierno y el modelo económico que implementa hay que hacer foco en las demandas e intereses que representa. Un seguimiento sobre el movimiento concreto de las cosas, tal como enseñaron Marx y Engels al presentar el materialismo histórico, es un buen -y único- ejercicio para comprender la actualidad económica de la Argentina.

Por ejemplo, observemos por un momento al sector agroindustrial. Uno de los latiguillos que más se viene repitiendo desde los sectores agroexportadores es que el tipo de cambio está atrasado en relación a la inflación.

Según un estudio de Isepci, si se sigue el ritmo inflacionario desde diciembre de 2015 a esta parte, el dólar tendría que valer 26,42 pesos. Esto bien lo saben los agroindustriales, pero también lo sabe la diputada de la Coalición Cívica y aliada del gobierno, Elisa Carrió, quien el día viernes hizo un llamado público a los productores a que “hagan patria” y liquiden la cosecha “para que entren dólares” al país.

Este argumento coincide con una de las exigencias que el FMI impondría a la Argentina para acceder al crédito Stand By de alto acceso y es la obligación que deberá asumir el gobierno de llevar el tipo de cambio a "un precio acorde" al ritmo de la economía.

En ese sentido, hay que destacar que este “ritmo de la economía” no obedece a un orden natural o divino, sino que es producto de la política del gobierno y de los movimientos de las clases y fracciones que componen el bloque de poder. Por tanto, se trata en todo caso y momento de un escenario diseñado adrede.

La querella no es caprichosa. Tanto desde la óptica de los agroexportadores como de la del sector financiero, un dólar a 30 pesos sería deseable. Desde la morada neoliberal que aconseja al gabinete, sostienen que ese precio en el tipo de cambio contribuiría a subsanar uno de los principales problemas estructurales que agudizan la restricción externa: el déficit comercial.

Pero además, y he aquí una de las principales razones, incrementaría exponencialmente las ganancias de aquellos sectores de la economía que tienen su patrimonio dolarizado y, por el otro, se realizaría un fuerte descenso del salario real.

“Win win” cantaría el bloque de poder. Por eso cabe preguntarse ¿es indeseable este momento para el gobierno?

Esta pregunta nos obliga a situar el análisis en el siguiente nivel: ¿qué hará el gobierno ante este escenario? Para no confundir el diagnóstico, primero una salvedad: el gobierno no está en crisis. O mejor dicho, los objetivos programáticos del bloque de poder real en la Argentina no lo están.

Si la economía Argentina se encuentra asfixiada por la fuga de capitales, el endeudamiento externo masivo y la destrucción del mercado interno -por pérdida del poder adquisitivo del salario y el desempleo- es porque las políticas del gobierno han sido exitosas de acuerdo a sus objetivos.

Para ser claro: el gobierno está donde quería estar.

El antagonismo entre shock y gradualismo, como se intenta presentar desde el ala ortodoxa del bloque de poder, es ajena a los intereses del campo popular. No existe tal diferencia cuando la pérdida del poder adquisitivo ronda el 10 por ciento y las tarifas erosionan hasta el 30 por ciento de los ingresos en los hogares argentinos.

En el marco de una política de ajuste como la que se aplica desde diciembre de 2015, donde los esfuerzos del bloque de poder están concentrados en realizar la mayor transferencia de recursos en el menor tiempo posible desde el trabajo hacia el capital, no existe tal dicotomía. En todo caso se trata de una cuestión de tiempo pero no de forma, mucho menos de contenido.

Distinta salida, mismo objetivo

Por lo expuesto, una hipótesis parece razonable: si el plan de convertibilidad nacido de la crisis hiperinflacionaria de 1989 y 1990 fue la respuesta que ensayó el bloque de poder para superar el dique que se había generado para la transferencia de recursos desde el salario al capital, producto del primer agotamiento de la valorización financiera inaugurada por la dictadura militar, ahora puede sostenerse, sin temor a equívocos, que la megadevaluación del 162 por ciento en el período 2016-2018 ensayada por el macrismo es la respuesta que el bloque de poder ensaya para sostener la valorización financiera en un contexto de restricción externa cada vez más agudo producto de la voracidad en la política económica del gobierno.

Para el caso, los argumentos son similares. Como señala Eduardo Basualdo en “Estudios de historia económica argentina”, el argumento que cohesionó a las clases dominantes tras la hiperinflación de 1990 fue que esta obedecía al agotamiento de la variante “distribucionista” del modelo de sustitución de importaciones que produjo un agujero fiscal insostenible para el Estado, por lo que era necesario una salida estructural que ponga fin a la inflación y permita, en una misma maniobra, garantizar la libre circulación de capitales, es decir, la fuga al exterior.

El plan de convertibilidad estuvo orientado a cumplir esos objetivos. El endeudamiento externo masivo fue su correlato como lo fue su complemento: las políticas de ajuste grabadas en el “Consenso de Washington” al que adhirió el país.

Siguiendo esta línea de análisis, podríamos sostener que hoy ante una problemática similar -inflación, déficits gemelos y carencia de una fuente genuina de dólares para sostener la valorización financiera y la fuga- la salida se encuentra en su opuesto: la megadevaluación.

El plan de convertibilidad permitió al bloque de poder construir una nueva hegemonía que se extendió por menos de una década, que comenzó a exhibir fisuras muy rápidamente, pero que garantizó por al menos dos lustros al sector financiero, agroexportador e importador un modelo económico propicio para continuar con el saqueo de la economía nacional iniciado por la dictadura militar.

Este modelo de acumulación logró sostenerse a partir de uno de los cambios estructurales más importantes de la historia económica del siglo 20: la privatización de las empresas estatales y la consecuente transferencia de capital desde el Estado al sector privado.

El factor común en ambos momentos de un mismo período histórico, que permite caracterizar a los gobiernos de Menem y Macri como neoliberales, es el patrón de acumulación dominante: liberalización y timba financiera, endeudamiento externo masivo y predominio del sector privado sobre las empresas y áreas públicas. Sobre esta base se sustentó la imponente fuga de capitales en ambos períodos.

Ahora, con las exigencias del FMI a cuestas y las presiones de los exportadores, no parece descabellado que el objetivo del gobierno sea ubicar al dólar en un precio estimado de 30 pesos. De esta manera se licuarían los salarios, se comenzaría a equilibrar la balanza comercial y el bloque de poder contaría con los dólares necesarios -provistos por el Fondo Monetario- para acelerar el proceso de extracción y fuga del valor producido en el país por los trabajadores.

Y mientras tanto, cabe preguntarse: ¿cómo impacta este fenómeno en la economía real? De prosperar el proyecto económico ¿qué le espera en el corto y mediano plazo a los trabajadores y la pequeña y mediana industria?

Mercado interno, consumo y producción15.5.2018

El impacto en la economía real

La desregulación total de los tres principales precios de la economía -dólar, combustibles y tarifas- en la era Cambiemos afecta, directamente, al mercado interno, el consumo y la producción.

El impacto de la política económica del gobierno en la economía real es tan contundente como calamitoso ¿Qué esperar si prospera, tal como ansía el bloque de poder, el proyecto económico del macrismo?

La megadevaluación del 162 por ciento en menos de dos años y medio de gobierno, la apertura indiscriminada de las importaciones, la liberalización del mercado de capitales y el precio de los combustibles, la quita de las retenciones a las exportaciones y la política de asfixia sobre el salario de los trabajadores mediante paritarias a la baja redundó en un acelerado proceso de destrucción del mercado interno, el consumo y la producción.

La nueva espiral ascendente en que ingresó el dólar en las últimas tres semana repercutió en las góndolas de los supermercados de manera contundente: en alimentos, bebidas, productos de limpieza y electrodomésticos se registraron remarcaciones de precios que llegan hasta el 27 por ciento. Otro precio de la economía en el que pegó fuerte la suba de la moneda yanqui fue en el de los medicamentos: allí se puede observar aumentos de hasta el diez por ciento.

El panorama no es nada alentador: sin calcular el cimbronazo de las últimas semanas, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2018 es de casi siete puntos y se espera que con el acumulado de abril roce los diez. En apenas un cuatrimestre los aumentos de precios ya le pisan los talones a la meta del quince por ciento planteada por el gobierno ¡Y todavía falta mayo! La situación es tal que a última hora del día de ayer, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, salió a reconocer públicamente que este 2018 tendrá “más inflación y menos crecimiento” que lo previsto.

Pero ¿Cómo? ¿No era que el modelo económico estaba resultando? En un sentido el gobierno nunca mintió porque, en la práctica, los resultados son los esperados cuando se aplica un modelo económico sustentado en la especulación financiera y la destrucción del mercado interno. En todo caso, el gabinete muestra en lo discursivo un estado y movimiento de las cosas que no es tal.

Un claro ejemplo de ello es lo sucedido con los precios de los combustibles. En octubre, cuando el presidente anunció que liberaba el precio de las naftas en el mercado interno para que los argentinos “paguemos” por la nafta lo que se “paga” en el mundo, enunció que “justo ahora el combustible aumentó, pero yo soy optimista. Creo que en el futuro el petróleo va a volver a bajar”.

Sin embargo, desde el anuncio a esta parte el barril de petróleo aumentó un 35 por ciento y el dólar pasó de 17,68 a 23,15 hasta que se anunció el “congelamiento” por dos meses del precio interno de los combustibles.

Esta medida lo único que hizo fue postergar por 60 días el traslado a los surtidores de la devaluación de fines de abril principios de mayo ¿El objetivo? Frenar la espiral inflacionaria. Es que tanto la nafta como el dólar tienen una importancia capital en los precios de toda la economía.

No es que al gobierno le preocupe la inflación. En la actualidad, se encuentra abocado a conseguir los dólares necesarios para sostener el modelo de saqueo y fuga en un contexto de dificultad para el acceso al crédito internacional. Este frente de batalla, primordial para las aspiraciones del bloque de poder, demanda la máxima concentración de esfuerzos y en ese marco, una inflación aún mayor a la ya esperada tras la devaluación era un escollo a evitar. Momentáneamente.

Dólar, combustibles y tarifas

Para dar cuenta de las consecuencias que tiene sobre la economía real la devaluación, la alta tasa de interés y la bicicleta financiera, alcanza con visibilizar algunos de los resultados que esta política tuvo sobre el mercado interno, los trabajadores, el consumo y el sector productivo.

El consumo es un parámetro importante a la hora de constatar el ritmo de la economía. Si se cae el consumo, baja la producción, si baja la producción se deteriora el empleo y la falta de empleo redunda en aumento de la pobreza y la indigencia, es decir, en la imposibilidad de acceder a los bienes y servicios básicos. En otras palabras, impacta en el consumo y en la actividad de toda la economía. Tras una breve recuperación en marzo, desde las cámaras empresarias ya advirtieron que en abril el consumo se desplomó un 3 por ciento.

La evolución de la canasta básica desde diciembre de 2015 a esta parte es un indicador de cómo la devaluación se traslada a los precios: en el 2016 el incremento de la canasta fue de un 43,29 por ciento; en 2017 creció un 25 y en lo que va de 2018 un diez. En los mismos períodos el dólar aumentó un 21 por ciento, un 13,37 y 35. El acumulado para todo el período para la canasta básica es de un 95 por ciento y para el dólar un 162.

En torno a cuánto dinero necesita una familia para vivir, según un relevamiento del Índice Barrial de Precios, en noviembre de 2015 una familia tipo necesitaba 8.669 pesos para cubrir las necesidades básicas. Hoy esa familia necesita 16.967 ¿Qué pasó con los salarios e ingresos de los sectores populares en el mismo período? Se desbarrancaron entre siete y diez por ciento según el caso.

A qué se deben estas variaciones en perjuicio de los sectores populares. A que la argentina es una economía en la que el dólar es un precio importante, sino el más, de la economía junto al de los combustibles. Por eso, es lógico que si el gobierno desregula ambos precios y libera importaciones, se produzca el descalabro del que estamos dando cuenta en esta nota.

Por eso, en este contexto de devaluación gran parte de la economía se encuentra paralizada. Esto se explica, en buena medida, por la situación de la pequeña y mediana empresa, sector que emplea el 66 por ciento de la mano de obra del país y el treinta por ciento del valor agregado, la cual, se encuentra paralizada por dos fenómenos: la alta tasa de interés que rompe la cadena de pagos y encarece el acceso al crédito y el precio del dólar en un sector donde se depende mucho de los insumos importados para producir.

En la industria, la devaluación de estos días dejó sin referencia de precios al sector por lo cual se encuentra paralizada y con la cadena de pagos rota por la alta tasa de interés. Tal es así que desde la Confederación Empresaria Argentina (Cgera) se advirtió que en “este mes de mayo la actividad no existió”.

Semejante parálisis se explica por la incidencia del dólar en la economía local. Aquellas ramas de la producción -y de los servicios- que no dependen de productos importados al tipo de cambio del momento tienen su lista de precios dolarizada. Este es el caso del acero, los químicos o el PVC por ejemplo. Si a ello se le suma que las mercancías son transportadas por vía terrestre, se puede advertir como dos variables liberalizadas por este gobierno inciden directamente -y como ninguna otra- sobre los precios de la economía.

El otro precio que fue desregulado y que conforma la triada de variables que ahogan a la economía nacional son las tarifas. Como ya se explicó en este diario, el rediseño tarifario realizado por el gobierno es una de las tres puntas de lanza con las que el bloque de poder busca acrecentar las desigualdades sociales a partir de una redistribución regresiva del ingreso.

Por el caso, vale recordar que los tarifazos de febrero, marzo y abril se calcularon con un dólar a 20 pesos ¿Qué pasará con el precio de los servicios públicos de acá a fin de año con un dólar entre 25 y 30 pesos?

La desregulación de estas tres variables económicas necesita del endeudamiento externo masivo. Las ganancias que se obtienen vía bicicleta financiera y transferencias de recursos desde el trabajo hacia el capital se fugan al exterior. No hay errores ni daños colaterales. Se trata de un mecanismo demasiado perfecto como para no ser planificado.

 

Dólar para arriba y el Central liquida más divisas...14.5.2018

Mientras La Rosada cruza los dedos

La autoridad monetaria se desprendió de otros cinco mil millones y, pese a esto, por momentos la divisa estadounidense se vendió a 25,75 y cruza los dedos de cara al Supermartes cuando vencerán 680 mil millones de pesos en Lebacs.

De cara al supermartes -mañana el Central tiene que enfrentar el vencimiento de 680 mil millones de pesos en Lebacs- el superministro, Marcos Peña, señaló que el acuerdo con el FMI “no va a ser una solución mágica” y añadió que “eso nos tiene que dar tranquilidad” ya que “no estamos lejos de llegar a ese lugar de equilibrio que nos permita salir de la vulnerabilidad que hemos acumulado”.

Peña olvidó decir que quien más aportó a la acumulación de vulnerabilidad fue el Gobierno Macri con la implementación de una estrategia basada en la toma de deuda que, mayormente, se transformó en capital que fugó, por supuesto, después de hacer una diferencia gracias a los mecanismos como la alta tasa de referencia, que el propio gobierno les regala.

Tampoco dijo que la solución elegida para enfrentar esta situación, está en línea con aquella que provocó el problema, porque las divisas que terminaría habilitando -a cuentagotas y a un costo social altísimo- el FMI, entrarán por una ventanilla para salir rápidamente por otra.

Es decir, la solución buscada no pretende otra cosa que garantizar que el capital financiero que todavía opera en el país, esté seguro y siga teniendo una tasa de ganancia extraordinaria, y que cuando se acabe el último recurso, pueda fugarse plácidamente.

Mientras tanto, como va a persistir el drenaje que provoca la fuga de dólares, continuará y se va a acrecentar la crisis del sector externo y, por supuesto, el déficit fiscal.

Aquí debe volver a quedar en claro que nada de esto es casual. Es cierto que la crisis es autoinfligida y es acorde al lugar que economías de formaciones estatales capitalistas de segunda línea -como Argentina-, tienen asignado el diseño del orden global capitalista, en el contexto de la actual fase que atraviesa la Segunda Crisis de Larga Duración Capitalista.

Pero también es verdad que el Gobierno Cambiemos sobreactuó y las facciones que lo integran exhibieron un grado de rapiña e impericia que precipitó y profundizó las cosas.

Por estos días, la línea argumental más fuerte del gobierno parece haberse reducido a las aseveraciones que -para la tribuna- hace Carrió, quien durante los últimos días emitió una fatwa instando a la ejecución de su socio Durán Barba, tras lo que pontificó que “hay hijos de puta en todos lados, como por ejemplo en la UIA”.

Los dichos de la diputada Carrió no distan mucho, en esencia, de los postulados sobre los que se construyó el Proyecto Cambiemos ¿Si entonces resultó, por qué no lo haría ahora?

Pero de todos modos, en este contexto, nadie explica por qué una fórmula muy similar a la que le dio origen, puede solucionar este problema que, si bien reconoce policausalidades, tiene un factor común muy claro: transformar trabajo en capital financiero y fugarlo.

Por eso el constante ataque contra el salario y los derechos laborales adquiridos, así como aquel que se perpetra contra el sistema jubilatorio, algo que se va a profundizar si se aceptan las condiciones que exige el FMI, tal como se desprende de la historia de la relación entre ese organismo y nuestro país, así como del documento público que elaboró el Fondo tras su visita a Argentina, hace apenas seis meses.

Y si alguien todavía duda, no tiene más que repasar algunos de los principales hitos que jalonan el Gobierno Cambiemos.

Desde el mismo instante en que Mauricio Macri se instaló en La Rosada, se puso en marcha un dispositivo que liberalizó el mercado cambiario, algo que rápidamente -y como no podía ser de otra manera- se tradujo en sistemática fuga de divisas que se potenció por la absoluta desregulación de la circulación de capitales que ofreció una puerta giratoria a los flujos especulativos.

Así, la timba financiera tuvo la mesa servida: entran divisas, se valorizan por medio de las ridículas tasas que ofrece el Banco Central, se dolarizan y si te he visto no me acuerdo, en menos de un pestañeo ya se fugaron.

Si usted está pensando que así es imposible aguantar, añádale que –además- merced a la liberalización irrestricta de las importaciones, el déficit comercial estableció un récord en 2017. Esto, traducido quiere decir que –también por este mecanismo- son más los dólares que salen que aquellos que entran.

Y esto no es todo. La drástica disminución de impuestos para sectores como el agronegocio y la minería, achicaron la posibilidad de recaudación y lo hicieron a cambio de nada. Además, el ejecutivo le regaló al sector exportador la desregulación sobre la liquidación de divisas de las exportaciones ¿Qué quiere decir esto? Que los dólares en que se transforma el trabajo y la riqueza argentina, ahora no tienen que ingresar al país.

Para que todo esto no se note, el gobierno apostó a la toma de deuda en moneda extranjera, algo que pudo hacer porque en diciembre de 2015 encontraron un país que había pasado por un proceso de desendeudamiento importante.

Pero al llegar a la mitad de su mandato -es decir antes del desastre de los últimos días-, el Gobierno Cambiemos ya había llevado la deuda pública a 141.620 millones de dólares, mientras que las arcas del Banco Central se incrementaron sólo en 29.327 millones y, encima, mucho asiento contable y poco billete.

En el período considerado desde que asumió como presidente Macri y hasta el momento en que se comenzó a precipitar la crisis, el flujo especulativo en divisa supera en una relación de tres a uno a la inversión extranjera directa, en tanto que en concepto de pago de intereses, se fueron quinientos millones más que lo que entró de inversión genuina.

Contexto

En este contexto, durante la jornada la autoridad monetaria se desprendió de otros cinco mil millones pero, pese a esto, por momentos la divisa estadounidense se vendió a 25,75 y cruza los dedos a la espera de lo que pueda pasar mañana con la renovación de Lebacs.

De lo que tiene que renovarse, el sector público posee el treinta por ciento y un veinte lo poseen particulares residentes y no residentes en el país. Poco más de la mitad está en manos de bancos y fondos de inversión y es sobre este segmento donde el gobierno operó durante los últimos días y sigue emitiendo señales que, espera, sean tentadoras.

Así las cosas, mientras esperan que -el viernes- el FMI ponga en marcha sus mecanismos técnicos para estudiar el caso argentino, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, adelantó que “tres bancos” ofrecieron líneas de seguro anticorrida, al tiempo que señaló que hay contactos con el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina.

En todos los casos, la receta es la misma: devaluación, ajuste -esto es baja de salarios y recorte de derechos adquiridos-, endeudar para garantizar que sigan y se profundicen las condiciones de fuga de capitales y patear la pelota para adelante, después se verá.

La relación deuda y fuga es clara: el viernes, mientras en las principales casas de cambio de la ciudad de Buenos Aires, el dólar se ofrecía a 23 pesos, el Central vendió a 24. Sólo ese día perdió algo así como 1.100 millones de dólares, más de la mitad de la cifra que, dos días antes, había tomado como deuda con el Banco de Basilea.

El drenaje y los negocios para el Staff Cambiemos no para, ni siquiera, en medio de la crisis y la cloaca por la que se va conduce a los mismos bolsillos de siempre.

Así las cosas, la pregunta es qué puede ofrecer ahora el gobierno en un escenario en el que el rango alcanzado por la tasa de referencia, cristaliza un escenario en el que la inflación ya se coloca cada vez más cerca del treinta por ciento anual, las expectativas de crecimiento están en caída libre y el peligro de la estangflación vuelve a estar a la vuelta de la esquina.

Entonces, queda claro, la solución no es mágica, aunque desde las propaladoras de la massmedia de gobierno sigan con ese relato.

Después de pedir un dólar a 26 pesos “y que lo dejen libre”, el CEO de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Rattazzi, aseveró que durante la reunión que el viernes tuvo con un grupo de empresarios del G-6, Macri adelantó que hoy lunes se comunicaría con Donald Trump “que está totalmente a favor” de que el FMI otorgue un Stand-By a Argentina.

En la misma línea desde La Rosada anticiparon que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, habló con su par argentino para brindar el apoyo del Reino, algo que también habrían hecho Japón, Chile, Brasil, China, Holanda, México y Francia.

Nada de esto puede sorprender y, sobre todo en el caso de EE.UU., puede tener un correlato efectivo, ya que Washington tiene la Acción de Oro dentro del Directorio del FMI ¿Pero será bueno todo esto?

Es aquí donde la anunciada participación del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, brindan alguna precisión más que permite advertir que nada de lo que está pasando es casual.

Todos los mecanismos que llevaron a la actual situación responden -es verdad- a la rapiña de clase de las facciones que se instalaron en La Rosada en diciembre de 2015, pero también y sobre todo, a la voluntad de empujar a Argentina al sitio que el diseño capitalista global, en su actual fase de desarrollo, le tiene asignado.

El escenario de sumisión al Fondo estuvo en los planes del Gobierno Cambiemos desde su propia génesis, sólo que la rapiña e impericia de las facciones que lo componen, hizo que llegara antes de tiempo y de la peor manera posible.

Es que, para el tándem de poder que gobierna, “volver al mundo”, es asumir el lugar que el orden global capitalista le asigna a nuestro país que, por lo tanto, debe delegar soberanía económica y política.

Si prospera este intento, la decisión inherente a política económica y social de Argentina, va a quedar supeditada a una instancia supranacional, en este caso, el FMI, que tendrá la potestad de definir cómo deben ser las relaciones entre capital y trabajo, las estrategias productivas y los mecanismos a los que debe echar mano el estado para garantizar ese status quo.

De este modo, se irán obturando los escasos canales de democracia real que habilita el diseño del Estado Liberal Burgués y su sistema representativo.

Y es aquí donde se disipan las dudas y se ve con claridad que, más allá de impericias y actuaciones, la cosa es clara: aquello que representa el Fondo, ahora viene por todo y están diciendo “nos hacemos cargo”.

Dujovne volvió con el acuerdo encaminado11.5.2018

Cuando el salvavidas es un corsé

El gobierno pasó la gorra y ahora espera. ¿Puede alcanzar lo que consiga para equilibrar el déficit consolidado de alrededor de 47 mil millones de dólares que los argentinos le debemos a Macri y su “mejor equipo de los últimos cincuenta años”?

¿Puede evitar que continúe el drenaje de divisas, un modelo basado en la idea de que es posible financiar el déficit autoprovocado con emisión de deuda? Esto es lo que está intentando el ministro Nicolás Dujovne en Washington y es optimista. “El FMI nos ayudará a preservar lo que hemos logrado”, aseveró.

Los dichos del titular de hacienda van en sintonía con los de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y el subsecretario de Asuntos Internacionales de EE.UU., David Malpass, quienes ayer coincidieron en manifestar su apoyo a un entendimiento entre el Fondo y el gobierno argentino.

¿Pero qué será esto que el FMI va a ayudar a preservar? El déficit fiscal primario ascendía, en 2015, sólo a una tercera parte de lo que es ahora, que se ubica por encima de los 4,30 puntos del PBI.

Por su parte, en términos nominales, el déficit comercial de 8.471 millones registrado durante 2017, es el más alto de la historia y representa alrededor del 1,5 del PBI. Antes de que se detonara la crisis financiera de estos días, las principales consultoras coincidían en anticipar un déficit de la balanza exterior todavía mayor para 2018 , que ubicaban en torno a los once mil millones de dólares.

Pero todavía queda más. El déficit provincial se coloca por arriba del punto del PBI y el correspondiente a intereses de deuda externa se acerca al tres por ciento, al tiempo que el déficit cuasi fiscal, que deriva de la estrategia diseñada en base a la toma de deuda por medio de Lebacs, se acerca al dos por ciento y un cuatro por ciento es el que hay en aquel correspondiente a la cuenta corriente.

Ahora, el Gobierno Cambiemos está intentando convencer al FMI, para que se salga un poquito del estrecho corsé que impone la modalidad de Stand By, que aquel organismo reserva para un grupo que la Argentina de la Presidencia Macri comparte con Irak, Kenia y Jamaica.

Si lo logra, el Fondo va a desembolsar algo así como 19.700 millones de dólares, en cuotas y de acuerdo al cumplimiento de rigurosos objetivos que establece. Y, además, el acuerdo compromete el destino de esos dólares que sólo se podrán emplear para “corregir” desequilibrios que el propio gobierno creó en algunos casos y profundizó en otros. Siempre a partir de la receta del Fondo, lo que quiere decir que ni un centavo va a poder dedicarse a desarrollo, reactivación productiva ni muchos menos a políticas de sustentabilidad social.

Pero aquí es donde aparece otro dato interesante. Aún en el caso de que el ex columnista de TN salga airoso de su periplo por la capital estadounidense, lo que pueda embolsar –en el mejor de los escenarios- no va a alcanzar para equilibrar el déficit consolidado de alrededor de 47 mil millones de dólares, es decir casi el diez por ciento del PBI, que los argentinos le debemos a Macri y su “mejor equipo de los últimos cincuenta años”.

El mismo dream team por el que hoy el precio del dólar volvió a dispararse en nuestro país hasta tocar los 25 pesos, para cerrar en un rango de 24 , en un día en el que el Banco Central volvió a drenar dinero de los argentinos a la cloaca de la timba. Esa vez fueron novecientos los millones de dólares los que utilizó para frenar la corrida. También hoy, en el resto del planeta, el precio del dólar se depreció en relación a las monedas locales.

¿Monos con navaja?

Como ya explicó NP diario de noticias, desde que se instaló en La Rosada, el Gobierno Cambiemos quiso volver a meter a Argentina dentro de la órbita de decisión del FMI. Esto ya era una pésima noticia, pero además eligieron el peor camino y en eso sí que hubo impericia.

Todo lo citado son ingredientes que el ejecutivo fue metiendo en una olla a presión, que intentó descomprimir con la entrada indiscriminada de dólares que endeudaron a todos los argentinos a tasas ridículas y en plazos pocas veces vistos, al tiempo que permitieron que el staff gobernante y sus socios hiciera formidables negocios.

Pero en sólo dos años dilapidaron el crédito que dejó el desendeudamiento llevado a cabo entre 2005 y 2015. Ahí comenzó otra historia y por eso fueron hacia donde siempre quisieron ir: el Fondo.

Otro de los pilares de la estrategia gubernamental es la destrucción de herramientas creadas para que el Estado pueda intervenir en la economía. Si prospera el acuerdo con el Fondo estas herramientas van a ser potestad de ese organismo.

Si alguien quiere saber de qué va a esto, sólo debe repasar aquello que dijo -en noviembre de 2017- el FMI, cuando efectuó la revisión de las cuentas de nuestro país, en cumplimiento del Artículo 4 del organismo que el Gobierno Cambiemos volvió a habilitar.

Esa vez como en otras, el Fondo apuntó contra la inversión social y las paritarias que, reclamó, se limiten. Pero también hizo lo propio contra el sistema de pensiones, la legislación que rige las relaciones laborales y el empleo en el sector público.

Un mes más tarde, el ejecutivo avanzó en el primer capítulo de una reformulación del sistema previsional que -con el acuerdo con el Fondo en el bolsillo- intentará profundizar para terminar de liquidar del Fondo de Sustentabilidad, destruir el sistema de reparto y convertir a la jubilación en negocio financiero similar al que se plasmó con las Afjp.

Vale citar que el sistema previsional representa alrededor del 43 por ciento de la inversión primaria del Sector Público Nacional, las líneas de asistencia a personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica el doce y la planta estatal cerca del quince, al tiempo que la obra pública se lleva algo así como el diez por ciento de la torta.

Queda claro, entonces, a qué se refiere el Fondo cuando habla de bajar el “gasto social”, pero también que el ejecutivo se relame imaginando que a partir del acuerdo, va a poder justificar mejor el ajuste que viene perpetrando desde diciembre de 2015 que –como es evidente- no fue paliativo para que ninguno de los indicadores de la economía puedan presentar resultados, al menos, aceptables.

Flotación libre de la divisa y control de lo que ellos denominan “gasto social”, supervisadas por el Fondo, serán el leitmotiv de lo que se viene, acompañado por devaluación financiera y apertura de importadora. Pero, sobre todo, metas fiscales, metas externas y reformas estructurales que ponen en primera línea a la destrucción de los sistemas laboral y previsional tal como los conocemos.

Como se ve, lo mismo que se viene perpetrando desde que Mauricio Macri es presidente, pero hiper-recargado a partir de la abierta aceptación de delegación de soberanía económica y política en una instancia supranacional como es el FMI.

Esto se pone en evidencia cuando La Rosada y sus parlamentarios recalcan que el acuerdo con el FMI no es pasible de ser escrutado por el Congreso.

Así las cosas, desde la mirada más optimista, queda claro que por más dólares que pueda habilitar el Fondo, si se sigue financiado déficit con deuda sin producir dólares reales, nunca se va a salir de la dinámica que llevó a la crisis que el país atraviesa.

Pero aquí es donde resulta prudente aclarar, que esta dinámica en la que el tándem de poder que ocupa La Rosada se encuentra como pez en el agua, no es otra que aquella que –por definición- en su actual etapa de desarrollo, el capitalismo reserva para formaciones estatales de economías periféricas como Argentina.

¿Alguien puede pensar que en este escenario –y sobre todo con un gobierno como el actual- se puede equilibrar mínimamente el sector externo?

Es que la cosa pasa por el uso que se hace de los dólares, pero también por el lugar de dónde se los saca. Aunque no sólo eso: si en tan poco tiempo dejan de funcionar motores básicos de la economía como la inversión pública y privada, pero también la exportación y el consumo interno, es porque algo va mal y nada es casualidad.

¿Estamos los argentinos en manos de una especie de monos con navaja cebados por victorias electorales e incapaces de advertir lo que es tan evidente? Nada más lejos de eso.

Desde que el capitalismo comenzó a manifestarse como una economía-mundo, economía y política reflejan las necesidades de acumulación de la clase capitalista y, por ello, son la misma cosa, pero también son escenario de tensiones internas.

Esto explica porque capitalismo y guerra son sinónimo de violencia que alcanza diferentes esferas como la militar y la económica –fundamentalmente- entre facciones de las élites que pretenden la hegemonía, en una pugna en la que a las víctimas las aportan siempre los pueblos.

Entonces, el problema deja de ser económico y comienza a ser político y para hacer un diagnóstico certero, es preciso comprender de qué va esto de la puja intercapitalista e interestatal, abierta en el afán de dirimir el perfil que tendrá el futuro orden mundial.

 

Luces rojas de cara al acuerdo10.5.2018

El FMI no “ayuda” a las Pymes

Así lo recalcó Apyme ante el acuerdo anunciado por el Gobierno con el organismo internacional. “Esta medida evidencia el fracaso de una política económica y financiera”, indicó.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advirtió que la decisión del Gobierno de recurrir a un acuerdo con el FMI, “lejos de ser ‘preventiva’, busca frenar una corrida que llevó al dólar a más de 23 pesos”.

Al respecto, la entidad que agrupa a pequeños y medianos empresarios, aseveró que “esta medida evidencia el fracaso de una política económica y financiera que en lugar de la prometida ‘lluvia de inversiones’ tuvo por resultado, como se venía advirtiendo, un mayor ahogo externo y una brutal exposición del país a las fluctuaciones internacionales y a los movimientos de los capitales especulativos”.

Y, en esta dirección, hace hincapié en que “sin necesidad de esperar la ‘letra chica’ del acuerdo, las Pymes sabemos por experiencia que de nada sirve para nuestro sector la posibilidad de un endeudamiento a tasas más baratas con la contrapartida de las medidas de ajuste que imponen las consabidas recetas del FMI, en el marco de un modelo económico desregulador, aperturista y destructivo del mercado interno y la industria local”.

De ahí que, sin dudarlo, Apyme resalte que “los pequeños y medianos empresarios, hoy en emergencia social y productiva, acosados por los tarifazos, la devaluación, la inflación y el ahogo fiscal, veremos cómo se evaporan los miles de millones de dólares provenientes de los futuros préstamos para ‘salvar’ la brecha financiera y de este modo continuar garantizando las ganancias de los sectores más concentrados”.

Tras lo que alerta que, “este proceso que ya vivimos los argentinos, culmina con más fuga de divisas, mayor endeudamiento y nuevos ajustes, en detrimento de cualquier programa de desarrollo nacional con equidad social”.

Y finaliza recalcando que “continuaremos actuando junto con el empresariado local, los trabajadores y demás sectores vitales del entramado económico nacional, que serán los principales afectados por las medidas anunciadas, para revertir un modelo económico que no incluye a las Pymes, a los trabajadores, a la industria nacional y en definitiva, a la mayoría de los argentinos”.

Un freno y muchas dudas... 10.5.2018

Diputados contra el tarifazo

La Cámara baja dio sanción favorable a una iniciativa consensuada por todos los bloques no oficialistas. Mientras, en Washington, Dujone avanza con el acuerdo con el FMI al que el gobierno juega sus fichas.

Lo que pasó anoche en el Congreso plantea que es posible, que desde la política, se resista el constante putsch que perpetra el bloque de poder que gobierna desde diciembre de 2015, pero también exhibió que el espacio de consensos parlamentarios que se puede alcanzar, llega tarde y tiene límites muy claros.

Aunque la acordada por todas las bancadas no oficialistas no es la iniciativa más profunda, no deja de ser importante la media sanción que Diputados le dio al proyecto consensuado por el arco opositor, que postula la necesidad de que se retrotraigan las tarifas a noviembre de 2017 y se las congele por un año.

Por un lado es un gesto, algo tardío, hacia un ejecutivo que pese a que nunca tuvo mayoría en el Congreso, en casi dos años y medio, encontró ahí un terreno demasiado amable, en el que en nombre del cuidado de la gobernabilidad, se le permitió pasar iniciativas de terrible impacto social.

Lo de ayer tiene más que ver con el descontento social que hasta los parlamentarios de la oposición friendly, perciben que se acrecienta de cara a un año electoral, que con una verdadera vocación de cuestionar de fondo lo realizado por el Gobierno Cambiemos.

Y esto quedó claro cuando, en la previa al debate de la iniciativa vinculada a tarifas, la Cámara sancionó favorablemente el Proyecto de Ley de Financiamiento Productivo, pero también cuando evitó rechazar el acuerdo que pretende el gobierno con el Fondo, tal como lo propuso una iniciativa que presentó la bancada del FIT.

Así las cosas, lo de ayer se exhibe como el adelanto de un escenario probable de lo que puede venir. El acuerdo político amplio sirvió para contener, pero resulta escaso a la hora de profundizar.

Y es aquí donde aparece otro dato que dejó la jornada que acaba de pasar. Ante el Parlamento, en simultáneo con el debate del proyecto, tuvo lugar una movilización convocada por diferentes colectivos que se pronuncian contra el tarifazo, además de sindicatos y partidos políticos. También, en algunas ciudades hubo ruidazos.

Ante el Congreso, a la hora de los discursos, Hugo Yasky, Pablo Moyano, Pablo Michelli y el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, entre otros, coincidieron en recalcar que si el proyecto avanza y hay veto presidencial, habrá paro.

Si se tiene como punto de referencia el daño que, ahora mismo, está causando el tarifazo crónico entre vastos sectores de la sociedad, las expresiones que se escucharon en ese acto suenan demasiado moderadas.

Aunque la reacción contra el acuerdo entre el Gobierno Cambiemos y el FMI sobrevoló los discursos, sigue sin aparecer la reflexión que ubique la relación directa entre la concatenación de actos de gobierno que, conscientemente, el ejecutivo perpetró para empujar al país hacia la cloaca del Fondo y el tarifazo que, a fin de cuentas, fue el factor convocante para el acto.

Y, sobre todo, continúa pendiente la toma de decisión que –cuando todas las cartas están sobre la mesa- lleve a la construcción de un plan de lucha que sume a todo el sujeto social agredido por las políticas que perpetra el Gobierno Cambiemos, pero que también pueda servir como hoja de ruta que permita superar los límites que, una vez más, se exhibieron ayer desde la oposición parlamentaria.

Financiamiento

“Macri tiene asegurado el financiamiento para el resto de su mandato”, dijo ayer el ministro de Finanzas, Luis Caputo, al defender el camino emprendido por el gobierno hacia un acuerdo con el FMI que, en otro gesto de republicanismo, el ejecutivo anticipó que no va a someter a la consideración del Congreso.

Esta postura es compartida por el interbloque Cambiemos, tal como anoche lo aclaró su titular, el radical de Córdoba, Mario Negri, quien aseveró que volver al FMI no le causa “acné ideológico” y señaló que es preciso “ver las condiciones” del acuerdo que La Rosada se anticipó en anunciar y sobre las que, ahora mismo, se está anoticiando el ministro Dujovne en Washington.

Es difícil saber qué fue lo que hizo que el gobierno se decidiera a tomar la decisión de tirar la chancleta al Fondo cuando, hace menos de dos meses, desestimó la posibilidad de acceder a una línea de asistencia menos comprometedora que la que va a obtener en las condiciones actuales.

Pero lo cierto es, y sobre esto no hay posibilidad de dudas, que el regreso al FMI estuvo en el horizonte del Staff Cambiemos desde antes de que Mauricio Macri se convirtiera en presidente.

¿Entonces hubo impericia? Probablemente sí a la hora de elegir el cuándo, pero el qué ya estaba decidido desde el inicio mismo del Gobierno Cambiemos.

Ayer, mientras el presidente, eligió alejarse de La Rosada y viajó a Mendoza para sacarse fotos con chicos y policías, Marcos Peña brindó una ronda de prensa –entre amigos- donde defendió el acuerdo con el FMI, aunque admitió que a nuestro país le “van a exigir más” y señaló que “no es una situación asemejable a otras crisis”. Lo dijo cuando le preguntaron si existe riesgo de que esta situación desemboque en algo parecido a 2001.

Por su parte, desde el Congreso, Negri remarcaba que “para conseguir financiamiento hay que tener una posición amigable con el mundo”.

Mientras tanto, se iban conociendo algunos detalles de la línea de asistencia que el Fondo tiene reservada para el Gobierno Cambiemos, que no es otra que la que prodiga para Haití, Jamaica y Kenia.

En este contexto, ayer el precio de la moneda estadounidense siguió escalando y el Banco Central activó una línea contingente con el Banco de Basilea por 2.500 millones de dólares. Lo hizo en su afán por apuntalar las reservas que, durante los últimos días, drenaron algo así como ocho mil millones para satisfacer a la timba financiera que el propio gobierno fomenta.

Así las cosas, Dujovne fue a Washington a pedir un tradicional stand-by, esto es, la peor opción de “asistencia” que presenta el menú que ofrece el FMI, ya que el desembolso de este tipo de crédito está condicionado al cumplimiento de “metas”, esto es, condicionamientos que impone el Fondo. Si usted tiene más de treinta años, seguro que sabe de qué va todo esto.

En la primera línea de estos requisitos figuran reformas estructurales regresivas en la relación entre los universos del trabajo y el capital, pero también en los fondos de pensión, la política social y el ajuste fiscal.

Aquí es interesante señalar que el ejecutivo ya avanzó en mucho de lo que exige el FMI. Pero el desastre que ya perpetró con la reforma jubilatoria y la transferencia brutal de riqueza mediante inflación, desocupación y caída salarial no es nada comparado con lo que se puede venir si el acuerdo se concreta.

Otro tema es el inherente al déficit fiscal que el Gobierno Cambiemos incrementó respecto a la situación que encontró en diciembre de 2015. En este punto, La Rosada tiene una pequeña ventaja ya que, como consecuencia de la aceleración de la inflación, todavía puede exhibir un nivel de recaudación de alrededor de diez puntos por encima del gasto. Pero a instancias del acuerdo –persiguiendo la fantasía del déficit cero-, va a tener que ajustar todavía más, por lo que el impacto negativo sobre la recaudación no se va a hacer esperar. Entonces, ahí comenzará una nueva superescalada inflacionaria y, así, ad infinitum.

De todos modos, los optimistas dicen que el stand by podría concretarse en un mes o un poco más, por lo que La Rosada espera que –al menos- hasta que llegue la bendición, que el Fondo emita algunas señales que “calmen los mercados”. Esto es algo que el gobierno precisa como el aire, ya que el martes 15 de mayo, el Banco Central tiene que refinanciar un récord de 680 mil millones de pesos de Lebacs, esto es, el 55 por ciento del stock total en circulación.

Pero esto no es todo. En el horizonte de mediano plazo, aparecen quince mil millones de intereses de deuda para saldar este año y 25 mil millones para 2019.

¿Qué quiere decir esto? Que con el stand by en la bolsa –que Argentina recién debería comenzar a pagar durante 2020- Macri espera poder transitar con comodidad el camino hacia la ratificación de su gobierno, ya sea mediante su propia reelección o con lo que considera es el as que le queda en la manga: María Eugenia Vidal.

Esta es la opción de máxima que tiene el tándem de poder que ocupa La Rosada desde diciembre de 2015, pero no es la única.

Si el tiempo que Macri espera comprar con el stand by al FMI no le alcanza, la letra de ese acuerdo se presenta como el mejor garante para condicionar al gobierno que pueda surgir desde el bloque de alternancia que, junto con Cambiemos, ofrece el sistema de representación política que se consolida tras las parlamentarias de 2017.

La corrida y el retorno al FMI tienen también un carácter pedagógico para quienes, desde la oposición, vienen trabajando para galvanizar un bloque de alternancia que tenga posibilidades ciertas que llegar a La Rosada el año que viene.

Por eso, la jornada de ayer y todo lo que está pasando en los días que corren, vuelve señalar que es preciso poner límites al huevo de la serpiente antes que siga creciendo. Algo que será difícil de conseguir si sólo se ponen las fichas a la tibia dinámica parlamentaria y la escasa decisión de las centrales de trabajadores que aparecen más ocupados en resolver sus propias diferencias orgánicas, que en construir un verdadero plan de lucha.

Una buena para el Gobierno Cambiemos9.5.2018

El Proyecto Caputo ya es Ley

Diputados le dio sanción favorable a una iniciativa pergeñada por el ministro de Finanzas que propicia condiciones similares a las que provocaron la crisis subprime en EE.UU.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, su titular, Alejandro Bennazar, advirtió que con la escalada de la divisa estadounidense la mitad de los tomadores de créditos hipotecarios, están en situación de no poder concretar la operación que iniciaron para adquirir un inmueble.

Esto se debe a que con el salto del dólar, la diferencia entre el monto otorgado en pesos y el valor de la propiedad en divisa de EE.UU., es de alrededor de un doce por ciento más que en el momento en que fue otorgado el crédito.

Este dato se dio a conocer casi en coincidencia con la sanción por parte de Diputados del Proyecto de Ley de Financiamiento Productivo, la misma que reclamó Mauricio Macri en la inauguración del período legislativo.

Esta iniciativa que ahora sólo espera la firma del presidente, facilita la maximización de la ronda de negocios del gran capital especulativo y, particularmente, sirve en bandeja de plata a aquellos que tomaron créditos hipotecarios ajustados por inflación.

Por eso a nadie puede sorprender que el proyecto original que sufrió algunas modificaciones en el Senado y reformula la actual la ley de mercado de capitales, fuera elaborado por el ministro Luis Caputo.

Es que, aunque se lo presentó como una iniciativa que apunta a generar instrumentos facilitadores del acceso al crédito para las pymes, con sólo rascar un poco en su superficie se puede ver el verdadero fin de la iniciativa.

La que hoy se convirtió en Ley habilita la securitización de los créditos hipotecarios, esto es, que los bancos puedan vender este tipo de deuda.

¿Qué quiere decir esto? Ni más ni menos que se brinda un nuevo instrumento financiero para que los especuladores avancen sobre el mercado interno, ya que ahora podrán comprar letras hipotecarias y activos sintéticos, como los ETFs, es decir, fondos de inversión negociables en mercados secundarios de valores.

Pero asimismo, van a poder adquirir en forma de instrumento financiero, créditos destinados a la compra de vivienda otorgados por medio de bancos.

Este mecanismo es significativamente similar al que, durante 2008, provocó en EE.UU. el estallido de la crisis financiera con las hipotecas subprime y un año más tarde hiciera lo propio en España.

Momento propicio

La Ley de Financiamiento Productivo llega cuando, después de incentivar que se tomen créditos UVA para la adquisición de vivienda, el gobierno favoreció condiciones que provocaron la estampida del precio del dólar y, así, le soltó la mano a muchos de los que confiaron en este mecanismo.

Ahí hay un problema grave y urgente, pero no es el único.

Con esta nueva norma, se fomenta la titularización de activos, esto es, el mecanismo financiero por el que se transforma activos en otros productos derivados de ellos para lograr más rentabilidad y liquidez.

Esto, como se vio en la crisis subprime, abre una Caja de Pandora, ya que habilita la compra y recompra de títulos hipotecarios sin respaldo, lo que puede ocasionar un efecto dominó que afecte a todo el sistema financiero y que, en última instancia, tendrá que solventar el Estado.

La sanción fue celebrada en la Bolsa de Valores de Buenos Aires donde, aunque el riesgo país supera los quinientos puntos, después de cinco bajas consecutivas, el Merval trepó un 4,5 por ciento.

Hoy, en su portal, la compañía de inversiones financieras Portfolio Personal, destacó que la aprobación de la Ley de Mercado de Capitales “y las medidas del oficialismo en los últimos días, como el anuncio de conversaciones del FMI, subir las tasas e intervenir en el mercado de futuros trajeron alivio y optimismo al mercado”.

Y confió en que “esta aprobación nos acerca más a la posibilidad de ser emergentes y deja un mensaje de mayor sensatez de la clase política”.

Es que lo que se festeja desde el corazón de la City, es que la norma sintoniza con mecanismos que están inscriptos en el ADN del funcionamiento de las finanzas globales.

Por un lado apuntala la libre circulación de capitales como el que favorece las operaciones especulativas que, desde diciembre de 2015, potencian la fuga de divisas y atentan contra la producción y el equilibrio financiero.

Pero también es una Ley que, detrás de la máscara de la “desregulación”, en realidad, regula a favor del negocio financiero, al tiempo que desnuda la verdadera cara de la banca, en tanto actor facilitador de divisas para la timba financiera. Esto es, la maximización de la tasa de ganancia del negocio financiero a corto plazo que potencia la ronda especulativa, algo sobre lo que el staff gobernante sabe mucho y de primera mano.

Dujovne se fue a Washington9.5.2018

Y en La Rosada ya piensan en julio

Volvió el dólar a futuro, el dólar siguió subiendo y Aranguren pidió tregua a las petroleras que, dentro de dos meses van a volver a aumentar ¿Qué va a pasar cuando comiencen a dispararse las cláusula gatillo?

Aunque Nicolás Dujovne ya está instalado en Washington donde espera abrochar el arreglo del Gobierno Cambiemos con el FMI, la jornada de hoy volvió a caracterizarse por un dólar en alza –su precio superó los 23 pesos- pese a que en su intento por evitarlo, el Banco Central volvió a operar con futuros, es decir, echó mano a la misma herramienta por la que a instancias de una denuncia de Federico Pinedo y Mario Negri, el juez Claudio Bonadio procesó y envió a juicio oral a Cristina Fernández, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.

Por otro lado, al buscar evitar que la inflación de mayo se dispare todavía más, Juan José Aranguren obtuvo el compromiso de YPF, Shell y Pan American Energy de poner un paréntesis de dos meses al tarifazo que se registra en los combustibles.

Pero pese a esto, ya comenzó la remarcación en las góndolas, atada al precio del dólar y al impacto que tiene sobre los combustibles. De acuerdo al Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), la inflación de abril fue del 2,9 por ciento, lo que lleva a la suba de precios interanual al 26. Es el quinto mes consecutivo con un índice por encima del dos por ciento y en el cuatrimestre inicial ya se acumula un diez por ciento.

Está claro que la meta del quince por ciento anual es sólo una perversa fantasía del Gobierno Cambiemos y que aún si las petroleras respetan el acuerdo, cuando llegue julio van a incorporar a sus precios las variaciones de costos que absorbieron.

Es decir, lo que no se pague ahora para llenar el tanque, se va a pagar –y todo junto- dentro de dos meses, lo que anticipa otro rebrote inflacionario.

También, para entonces la inflación ya va a superar el quince por ciento -o menos- por el que se firmaron muchas de las paritarias. Queda claro que, en los casos que fue incluida, se tendrá que disparar la cláusula gatillo ¿Se quedarán quietos aquellos gremios que aceptaron el techo impuesto por La Rosada y ni siquiera reclamaron la inclusión de la clausula de revisión obligatoria? ¿Podrán las burocracias sindicales aplacar las demandas que esta situación genere entre sus propias bases?

Todo hace prever que estas dos cosas van a meter más presión inflacionaria. Pero el ejecutivo se conforma con patear el problema para adelante, aunque ese adelante quede cada vez más cerca. Y, mientras tanto, confía en el poder de persuasión que Marcos Peña y Elisa Carrió puedan tener, al menos, sobre el propio espacio de votantes de Cambiemos.

Veto y después...

Así las cosas, el mejor escenario que espera La Rosada, es llegar a un julio con el acuerdo con el FMI abrochado y con el cuadro tarifario firme, tras el veto presidencial que ya se anticipó para frenar la iniciativa legislativa de declarar la emergencia tarifaria, ampliar la tarifa social y atar los aumentos a la variación del salario.

Pero nada de esto podría poner en caja a la inflación, que llega de la mano de la profundización del ajuste, que se plasmó en la suba de la tasa de referencia por encima del cuarenta por ciento y que va a tener otra vuelta de rosca, todavía más drástica, si se concreta el acuerdo con el Fondo.

Los pocos integrantes del Staff Cambiemos que por estos días dan la cara son claros cuando aceptan que, la consigna del momento es “patear la pelota hacia adelante para descomprimir...después veremos”.

Este es el telón de fondo que tiene, al cierre de esta edición, el debate que se está dando en la Cámara de Diputados sobre el proyecto que consensuó la oposición, que contempla frenar el aumento de las tarifas. Macri y varios de sus ministros ya anticiparon que, si prospera esta iniciativa va a ser vetada por el presidente.

 

Macri blanqueó la relación con el Fondo8.5.2018

Volvieron

Con el precio del dólar en 24 pesos, el gobierno anunció que vuelve a buscar un acuerdo con el FMI. Ni el presidente ni el ministro Dujovne pudieron dar precisiones sobre el arreglo. La tasa de referencia sigue al 40 por ciento.

Con un dólar que se estaba vendiendo hasta a 24 pesos, el presidente Mauricio Macri anunció que la solución que su gobierno encuentra a la corrida que se desarrolla desde hace más de diez días, es el retorno abierto al FMI.

El contexto es claro: además de la corrida, al cierre de esta edición se esperaba la sesión que -en Diputados- tiene que debatir un proyecto unificado, tendiente a morigerar el efecto del tarifazo, una iniciativa que el ejecutivo ya adelantó va a vetar.

¿Pero por qué el FMI? El Fondo es el prestamista de última instancia, aquel que llega cuando los usureros tradicionales del mercado financiero global (pooles de bancos, aseguradoras, etc.), ya no ven garantías para seguir prestando. Esto comenzó a pasarle al gobierno que, en sólo dos años, dilapidó el colchón que dejó el proceso de desendeudamiento realizado de 2005 a 2015.

¿Cuál es la diferencia? La fundamental es que el Fondo exige ajuste estructural y delegación de soberanía, esto es, obligaciones fiscales mucho más drásticas que las actuales. En esta dirección, los intentos de avanzar en reformas regresivas en los terrenos laboral, previsional y fiscal realizadas hasta ahora por el Gobierno Cambiemos, pueden parecer pálidas ante lo que se espera imponga el Fondo.

Lo que se viene es la reformulación estructural de la relación entre capital y trabajo. Y aquí es prudente volver a insistir en que al dirigirse a los presentes en una ronda de prensa convocada hoy, Dujovne volvió a delinear un escenario ficticio. Mientras que el déficit crece, tal como lo hacen los impuestos y el desbalance comercial, así como la inflación y el ajuste, todo por medidas que el propio Gobierno Cambiemos adoptó.

El ministro habló de “financiamiento preventivo” y elogió el “apoyo expreso” que hizo Cristine Lagarde al programa que lleva a adelante el staff al que pertenece.

Así, el gobierno que llevó el déficit fiscal y el precio del dólar a límites desconocidos hasta ahora, intenta sacar un conejo de la galera con la mirada puesta en la licitación de setecientos mil millones de pesos en Lebacs que tendrá lugar el martes de la semana que viene.

Elogios

Así las cosas, debe quedar claro que lo del Gobierno Cambiemos y el FMI es sólo un capítulo más de una misma historia que fue delineada, no sólo por La Rosada, sino también por la mayoría de los gobernadores que ahora, endeudados en dólares, comienzan a darse cuenta que la cosa pasa de castaño oscuro.

Esto acollarado a una suba en las góndolas que ya comienza a manifestarse en rangos que van de diez a veinte por ciento. Entonces, la crisis financiera tiene un correlato directo y letal en la economía real donde las personas de carne y hueso -que todavía tienen trabajo formal- padecen paritarias del quince por ciento.

El anuncio de Macri fue breve. Los detalles que brindó el ministro Nicolás Dujovne, fueron insustanciales.

No queda claro si el acuerdo con el FMI va a incluir un préstamo contingente o si será a partir de dólares frescos. El propio Dujovne aclaró que no estaba en condiciones de explicar detalles y sólo se limitó a indicar que confía en que se va a poder avanzar en este acuerdo. También elogió al Fondo que, desde su particular mirada “no es el mismo de los 90”. Habría que preguntarle a Grecia donde, desde hace menos de una década, está imponiendo una política de feroz ajuste junto a la troika que integra con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.

El titular de Hacienda volvió a insistir en que la meta del quince por ciento de inflación “no se va a cambiar”, es decir, La Rosada ratifica su idea de profundizar la transferencia de riqueza desde el universo del trabajo hacia el del capital.

Según trascendió, serían treinta mil millones los dólares de este “préstamo contingente” y a una tasa del cuatro por ciento. Si esto se confirma, las reservas se colocarían en algo así como 85 mil millones de dólares, eso sí, poco billete y mucho asiento contable, algo que ya pasó después de que, en los albores del siglo, Fernando de la Rúa celebrara que “es lindo dar buenas noticias”, al anunciar la operación financiera que se presentó con el ostentoso título de Blindaje.

Resta cruzar los dedos y esperar que la FED morigere el crecimiento de su tasa, porque con cada centésima que sube, también lo hace la deuda contraída por este “préstamo contingente”, lo que llevaría a otro “préstamo contingente” y así ad infinitum. Nada de esto es especulación, sólo constatación empírica sobre algo que pasó y sigue pasando.

Así, queda claro que pese al arreglo con el Fondo, nada se mueve del ajuste plasmado en la exorbitante tasa del cuarenta por ciento anunciada el viernes ni la inflación que conlleva el dólar que, en el mejor de los casos, parece instalado por encima de los 22 pesos.

Estos datos corroboran que toda esta maniobra posee una lógica interna tal que, difícilmente pueda responder a meras casualidades.

Los que operaron los días de furia y corrida se quedan con sus ganancias y, además, el Gobierno Cambiemos avanza hacia otra de sus metas fundacionales. El acuerdo con el FMI ya está blanqueado, la “mejor solución”, tal como lo caracterizó Macri, no es otra cosa que un paso premeditado en el camino de construcción de un diseño social caracterizado por la hiperconcentración de riqueza y la destrucción del aparato productivo.

Maniobra conjunta7.5.2018

Cambiemos y la JP (Morgan)

La corrida cambiaria de la semana pasada tuvo un ganador claro: el JP Morgan ¿Actuó en coordinación con el Banco Central? Se llevan los dólares y dejan la inflación

El JP Morgan, el banco en el que se formaron Alfonso Prat-Gay y Luis Caputo, el que provocó la corrida cambiaria de la semana pasada cuando dolarizó sus carteras y fugó los rendimientos al exterior, anunció en un informe que la inflación en Argentina para 2018 será de un 22 por ciento y que el dólar va a costar 24 pesos para fin de año.

El informe elaborado argumenta que, debido a la fuga de capitales, el peso argentino se debilitó y por ende la inflación aumentará muy por encima de las estimaciones del gobierno. El JP Morgan puede decir públicamente aquello que en el gabinete saben pero no dicen: la meta inflacionaria del quince por ciento quedó muy atrás ya en el primer trimestre del año. Y los sucesos de la semana pasada, no hacen más que confirmar que a la previsión presidencial, le sobrará entre tres y cuatro meses.

En este contexto, durante el fin de semana, varias cadenas de supermercados comenzaron a remarcar precios. Las variaciones en los precios oscilaron entre el tres y el seis por ciento. Los combustibles se encuentran pronto a aumentar hasta un diez por ciento en estos días.

Mientras el gobierno insiste con cerrar paritarias con un techo quince por ciento. Aceiteros perforó oficialmente el techo la semana pasada al acordar un incremento de 19 puntos en un pago para sus trabajadores más un bono de 27 mil pesos. Pero, desde hace años, la paritaria de este sector es una excepción. El ejemplo más claro es que, otro sector importante de la economía con una tasa de ganancia cada vez más grande como el financiero, cerró un acuerdo paritario de quince por ciento y pagadero en cuotas.

Así las cosas, es fácil presumir que este año, la pérdida del poder adquisitivo del salario rondará entre el siete y el diez por ciento, valores similares a la pérdida de 2016, cuando el gobierno prometió que ese sería el único esfuerzo que iba a pedir a la población y jugó con la autoprofecía incumplida de recuperación en el segundo semestre.

Vale recordar que para el mes pasado, la proyección inflacionaria del sector privado era del veinte por ciento. En tan solo treinta días este cálculo trepó a un piso del 22, producto de la presión del sector financiero sobre el precio del dólar. La consultora Ecolatina, fundada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, lleva su previsión al 24 por ciento y acotó el pronóstico de crecimiento dejándolo por debajo del dos por ciento.

Contracara

El reverso del escenario que le espera a la clase trabajadora es el de la banca privada, pero especialmente, el de la JP de Wall Srteet: el JP Morgan.

Con el correr del fin de semana se confirmó aquello que se rumoreó durante todo el jueves y el viernes cuando el precio del dólar en los mostradores bancarios crecía minuto a minuto y las intervenciones del Banco Central no podían detener la subida: la fuerte devaluación obedeció, en gran parte, a la inmensa fuga de capitales efectuada por el JP Morgan que liquidó sus posesiones en pesos en el país, dolarizó el capital invertido y la renta para luego girar toda esa masa de dólares al exterior.

Lo que levanta sospechas, muy bien fundadas por la composición de clase del gobierno y por el antecedente en el mundo de las finanzas del gabinete económico del macrismo, es el comportamiento del Banco Central en lo que va del año.

La máxima autoridad monetaria del país viene desplegando una forma de intervenir que sería insólita si no fuera porque los beneficiarios siempre son los mismos ¿Mala praxis? Imposible. En lo que va de 2018 el Central “quemó” 8.682 millones de dólares vendiendo reservas para equilibrar el precio del dólar ¡Y luego devaluar! Así, entre la última semana de abril y la primera de mayo el JP Morgan se apropió, liquidando los pesos y comprando dólares, más de 2.561 millones de pesos o 116 millones de dólares.

¿Estaban al tanto los directivos del banco estadounidense de las maniobras del Banco Central? ¿Trabajaron en conjunto para que, de esta manera, el Central le entregara en bandeja una buena parte de sus reservas en apenas una semana?

Estas maniobras permiten sostener la querella: no hay mala praxis, lo que se observa, una vez más como en la década del 90, es delito y saqueo.

Mienten pero no disimulan7.5.2018

Bienvenidos al “shock”

La corrida cambiaria con devaluación de la semana pasada fue una operación conjunta entre el gobierno y el sector financiero que es el que hegemoniza la política del macrismo ¿El resultado? La apertura de una nueva etapa donde la derecha ya ni disimula la política de ajuste.

La semana pasada Argentina mostró un nuevo capítulo del ensayo neoliberal que se ejecuta en el país. Aunque, esta vez, tuvo un mayor peso simbólico para la población, “los mercados” y el mundo, ya que la salida propuesta por el gobierno reviste un carácter ultra ortodoxo que obliga a preguntarse ¿es una salida realmente? Y en el caso que la respuesta fuese positiva cabe interrogarse ¿para quienes?

La respuesta no sorprenderá a nadie. El gobierno se encuentra decidido a acelerar la política de “shock” y si para el caso a lo largo de toda la gestión sólo echó mano al “gradualismo” en términos discursivos, luego de la jornada del viernes pasado -con conferencia de prensa incluida de los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo-, quedó en claro que de aquí en adelante el “shock” será praxis y discurso, abandonando así la lógica de policía bueno/policía malo a la que apelaba el gabinete con esa escisión ficticia entre práctica y discurso que, como se sabe, en la pragmática no es tal.

Se podrían regar hectáreas enteras de papel con la tinta utilizada por este diario para explicar que el gradualismo económico de este gobierno no es tal y que es el propio modelo económico el que, por cuestiones endógenas, obliga al bloque de poder a pisar el acelerador y salir siempre para adelante.

Es decir, no existen soluciones graduales a los problemas que se le presentan al gabinete, porque son problemas generados por la política gubernamental.

Lo ocurrido en las últimas dos semanas con el dólar es un claro ejemplo. Ya quedó recontra demostrado cómo fue el propio gobierno el que agudizó, hasta límites insostenibles, la restricción externa eliminando retenciones a las exportaciones y abriendo las importaciones. Sobre ello, se liberó el precio del dólar y los combustibles y desreguló el sector financiero, favoreciendo la timba y la fuga de capitales.

Estas cinco medidas pueden explicar, en gran medida, los “desequilibrios” del modelo macrista.

Estos baches vienen siendo tapados, hasta el momento, con el endeudamiento externo masivo. El modelo de acumulación del kirchnerismo, que en su primera etapa se caracterizó por una política de desendeudamiento, permitió que el país contase con una buena capacidad para tomar deuda en el exterior.

Lo que vino después de diciembre de 2015 es conocido. La toma masiva de deuda en dólares viene siendo destinada, como no podría ser de otra manera bajo un gobierno neoliberal, para financiar el déficit comercial y fiscal, para estimular la bicicleta financiera y, especialmente, para financiar la fuga de capitales al exterior.

En economías periféricas como la Argentina, en donde operan muchas multinacionales, la fuga de capitales es un problema estructural de la economía. Luego hay grados de fuga: no es lo mismo girar los dólares a las casas matrices bajo la supervisión del Estado que hacerlo sin brindar ningún tipo de explicaciones sobre los montos y como es que se originaron. Esto último es lo que viene sucediendo en el país desde que Macri está en la Rosada.

El mecanismo explica la necesidad primaria de desregular el mercado de capitales para este modelo. El “intervencionismo” molesta al libre flujo del capital: el Estado no está para imponer reglas de juego que dificulten el circuito sino para garantizar que este sea efectivo.

Por eso la conferencia de prensa realizada por Dujovne y Caputo el viernes último no fue dirigida a la población sino a los “mercados”, el sector financiero y las grandes empresas. Fue un pueden estar tranquilos, estamos acá para que sus negocios -que son los nuestros- prosperen.

Bajo la línea del acero

Ahora bien ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? ¿Por qué el dólar se devaluó en un día un siete por ciento? ¿Por qué el gobierno en una semana quemó casi el diez por ciento de las reservas del Banco Central para estabilizar el precio de la moneda estadounidense?

Cuando suceden acontecimientos como estos siempre hay que mirar al interior del bloque de poder dominante. Un modelo como el actual, basado en el endeudamiento externo y la bicicleta financiera, exige un requisito que aplica tanto para el almacenero de barrio como para los grandes operadores del sector financiero: te presto en tanto puedas pagar o haya condiciones para que saldes tus deudas.

La disyunción exclusiva no es caprichosa: si hay capacidad de repago, el “mercado” presta y la tasa se abarata. Si la capacidad de repago disminuye, el “mercado” presta pero a tasas más altas. Ahora si comienza a disminuir la capacidad de repago por el nivel de endeudamiento y encima se comienzan a erosionar las condiciones para poder efectuarlo por el aumento de la conflictividad social, no debería extrañar que los tenedores de bonos y letras liquiden sus posesiones en pesos para migrar al dólar o que los bancos comiencen, especialmente los que ofrecen portafolios a grandes inversionistas como el JP Morgan, a fugar los dólares al exterior.

Por eso se puede decir que la crisis fue generada por el propio gobierno. Es tan cierto que todas las monedas del mundo se están devaluando por la apreciación del dólar vía aumento de la tasa yanqui, como que el gobierno acostó al país justo debajo de la espada de Damocles con su política de endeudamiento, altas tasas de interés, fuga y achicamiento del mercado interno.

La espada está cada vez más pesada y el bloque de poder coloca bajo su línea a la economía nacional ¿actitud suicida? Poco y nada. La ceocracia es bien consciente de los intereses en juego y opera para que en medio de las dificultades, si se suelta el acero, caiga sobre los trabajadores.

No existe otra manera de interpretar los anuncios realizados por Dujovne y Caputo el viernes, destinados a llevar tranquilidad a los “mercados” pero en los que no se habló de poder adquisitivo del salario ni en cómo generar dólares genuinos que no sean producto del endeudamiento.

Por eso no sorprende que la “salida” propuesta por el gobierno satisfaga al sector financiero: tasa de interés al cuarenta por ciento y recorte de treinta mil millones de pesos sobre el presupuesto. Esto no tiene otro nombre que no sea ajuste ¿Qué es lo que se ajusta en el presupuesto? Obras públicas y prestaciones sociales que realiza el Estado, pero no se toca la inmensa cantidad de pesos que se destinan, a diario, para el pago de intereses de la deuda.

Los timberos siguen de festejo7.5.2018

Azote al mercado interno

El principal problema de la economía bajo la gestión cambiemos es el sector externo. Pese a ello, el gobierno anunció medidas orientadas a reducir el gasto público ¿Equivoca el enfoque o es adrede? La pregunta se contesta sola.

La promesa del gobierno a los “mercados” de que trabajará para que haya un mayor ajuste fiscal y monetario sobre la economía, con el objetivo de “repatriar” algunos de los miles de millones de dólares que se fugaron la semana pasada de la timba financiera, será solventado por los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas y el comercio minorista.

Argentina fue noticia en el mundo el jueves por la devaluación del peso. En revistas del establishment como Forbes o Financial Times se preguntaron si era hora de “irse” del país para los inversores ¿Qué hizo el gobierno el viernes? Tento a los inversores para que se queden en el país subiendo la tasa de interés local de referencia hasta el cuarenta por ciento.

Una tasa de interés al cuarenta por ciento significa que, desde la semana pasada, el país tiene la tasa más alta de todo el mundo pero, también, significa un golpe letal para el mercado interno, para la pequeña y mediana industria, para los trabajadores endeudados con tarjetas de crédito, es decir, para todos aquellos que deben cuidar el bolsillo en el día a día para subsistir.

Para el sector Pyme implica un azote más de los tantos que viene recibiendo aunque este promete ser el más fuerte de todos por un motivo: afecta a la inversión productiva pero, especialmente, “enfría” la economía según la jerga neoliberal, esto es, afectará el poder de compra de la población.

El tamaño de las consecuencias es igual al tamaño de la economía Pyme en Argentina: representa más del treinta por ciento del valor agregado y emplea el 66 por ciento de la fuerza de trabajo del país.

La nueva tasa de interés rompe la cadena de pagos con la que sostiene la actividad ya que, como se podrá sospechar, ¿quién aceptará un cheque a noventa días cuando la tasa de interés se coloca entre un quince y veinte por ciento por encima de la inflación real proyectada para este año? Pero además, dificulta el acceso al crédito a un sector que solo puede invertir con préstamos a tasas normales.

La promesa que hizo Caputo en torno a que el Estado no se endeuda en el mercado nacional por lo que queda de 2018 implica que, parte de los esfuerzos orientados a la emisión de deuda en el exterior se redirigirán al escenario local. El perjuicio para las Pymes radicará en que la banca local orientará su cartera de préstamos hacia el Estado en detrimento de la pequeña y mediana empresa, lo que quitará aún más capacidad de inversión y liquidez al sector.

Ante este escenario, ¿qué le queda a un pequeño empresario? ¿Continuar con la empresa o liquidar los activos y volcar el dinero a la timba financiera con tasas de cuarenta por ciento a treinta días y de 57 por ciento a uno?

Una vez más el panorama más oscuro queda para los trabajadores. Con la devaluación de la semana pasada ya comenzó una ola de remarcación de precios de entre el tres y el seis por ciento que puede ser aún mayor cuando se confirme en estos días el aumento del diez por ciento de los combustibles.

Recorte para la mayoría, pero no para todos

Sin dudas que la noticia de mayor impacto en la economía nacional, junto a la devaluación, fue el anuncio de Dujovne de reducir el déficit primario del 3,2 al 2,7 por ciento gracias a un ajuste de más de treinta mil millones de pesos en obra pública.

Las consecuencias de esta decisión son absolutamente predecibles. Lo que no se puede predecir es la magnitud de las consecuencias ya que la estructura económica se encuentra cada vez más vulnerable a dos fenómenos: los vaivenes internacionales y el achicamiento del mercado interno.

Con la apreciación del dólar y la devaluación del resto de las monedas del mundo, Argentina tiene que hacerse de alguna manera de los dólares necesarios para sostener la actividad económica: gran parte de los insumos de la industria están dolarizados y se importan. Una posible solución, en el mediano plazo, sería sustituir importaciones pero para eso se necesitan incentivos, una tasa de interés baja y capacidad de inversión.

En la actualidad, la realidad económica nacional se encuentra lejos de ello. La pérdida del poder adquisitivo del salario erosionó el poder de compra de la población y por ende se desbarrancaron las ventas. El sector Pyme, el que mayor mano de obra emplea, no sólo no obtuvo ganancias para invertir y crecer, sino que no las tiene para mantener la actividad.

Sin embargo, es preciso destacar que el problema económico del gobierno no es fiscal sino externo, por eso las medidas anunciadas por el gabinete no sólo parecen insuficientes sino que, en realidad, están destinadas a descargar el ajuste sobre los trabajadores.

De las cinco medidas anunciadas por Dujovne y Caputo, una sola es de carácter regulatoria: la que obliga a los bancos a reducir sus tenencias en dólares del treinta al diez por ciento, cuyo objetivo es que aumente la oferta de dólares en el mercado cambiario y así bajar, en teoría, el precio.

Cabe preguntarse ¿Quiere el gobierno un dólar más barato? La respuesta es clara: no ¿Quiere el gobierno regular el mercado de capitales? Definitivamente no, sino por el contrario, que siga totalmente desregulado como hasta ahora.

Así se entiende porque ante la corrida cambiaria desatada por el JP Morgan y otros actores que salieron de las letras nacionales para irse al dólar, el gobierno eligió recortar el gasto público y no tocó el flujo de los capitales financieros.

¿Qué pasará cuando el martes 15 de mayo venzan los más de 650 mil millones de pesos invertidos en Lebac? El gobierno, previendo la situación, colocó la tasa en cuarenta puntos, pero con las cartas sobre la mesa ¿seguirá siendo opción las letras o los inversores -locales y extranjeros- correrán hacía el dólar?

 

Ante las medidas adoptadas por el gobierno4.5.2018

Apyme fijó su postura

“Más ajuste significa la defunción del mercado interno y las Pymes”, advirtió y recalcó que el ejecutivo condena al sector “a padecer condiciones prohibitivas para acceder al crédito productivo y la ruptura de la cadena de pagos”.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advirtió que las medidas dispuestas por el Gobierno ante la escalada del dólar, “están dirigidas a emitir señales hacia ‘los mercados’, en detrimento de la actividad productiva y del mercado interno”.

En este sentido, mediante una declaración que lleva las firmas de su titular, Eduardo Fernández, junto a la del secretario Juan José Sisca, hizo hincapié en que la suba de la tasa de referencia dispuesta por el Banco Central, “después de una devaluación de un diez por ciento, condena a las Pymes a padecer costos desmedidos a la hora de financiarse, condiciones prohibitivas para acceder al crédito productivo y la ruptura de la cadena de pagos”.

Tras lo que recuerda que el sector Pymes “viene afrontando permanentes incrementos de insumos dolarizados, junto con los tarifazos en servicios públicos”, pero también “el impacto inflacionario de estas medidas genera fuertes retracciones en la demanda interna, con la consiguiente caída de las ventas”.

Y que, “a diferencia de las grandes empresas, la Pymes no son formadoras de precios ni pueden descargar la exponencial suba de costos sobre sus clientes”.

Por eso, en un marco de apertura importadora y persecución fiscal, “un mayor ajuste como el anunciado por el Ministro de Hacienda, no hará más que sentenciar a miles de empresas a la incertidumbre, la parálisis o directamente la desaparición”.

Asimismo, recalcó que desde que asumió el Gobierno Cambiemos, “la actual política económica ya se cobró a más de 7.500 Pymes y está dejando en la ruina a sectores enteros de la industria nacional”.

Mercados

Por otro lado, Apyme resalta que “mientras los ‘mercados’ se limitan a aprovechar las ventajas transitorias del modelo, las inversiones genuinas seguirán sin aterrizar, en tanto que los grandes actores económicos cubrirán sus espaldas con mayores aumentos y más despidos”.

Y añade que, ahora, “el peso del ajuste caerá una vez más sobre las Pymes, los trabajadores, las cooperativas, la economía social, los profesionales, cuentapropistas y los segmentos más desprotegidos de la sociedad”.

También denuncia que, lejos de revertir esta situación, el gobierno profundiza “políticas ineficaces que confunden una pretendida ‘estabilidad’ que no se verifica en los hechos, con la paz de los cementerios”.

Asimismo, destaca que “no puede haber expectativas favorables para las Pymes y la producción nacional cuando se aplican las mismas recetas que llevaron a la actual situación de emergencia económica y social”.

De ahí que resalta que, “junto con los sectores afectados por esta política”, Apyme va a seguir desarrollando “una agenda que el gobierno parece desconocer: el fomento del mercado interno, el impulso a la actividad productiva nacional, la redistribución equitativa del ingreso y el fortalecimiento del entramado Mipyme y de las economías regionales. Es decir un camino que en lugar de atender las expectativas de los mercados, atienda a las necesidades del conjunto de la sociedad”.

Después de la corrida, el ajuste4.5.2018

La hora de los timberos

Cinco mil millones de reserva, un recorte para la inversión pública que tiene un piso de treinta mil millones y una tasa de referencia del cuarenta por ciento...todo para que el dólar se quede -tranquilo- por arriba de los 22 pesos ¿Qué va a pasar con el cuadro de tarifas de servicios públicos que fue pautado sobre una perspectiva de un dólar a veinte pesos?

Como corolario de una semana en la que los timberos que se esconden detrás del eufemismo “mercados” ganaron como pocas veces -sobre todo en tan poco tiempo-, La Rosada reaccionó hoy por la mañana con medidas que intentan volver a lograr un clima de pax.

La decisión anunciada por los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo, no sorprende, pero termina de dibujar un escenario complicado.

De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado de abril, que el Banco Central realiza entre las principales consultoras amigas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para este año no será menor al 22 por ciento.

Vale destacar que en este trabajo no está contemplado lo que pasó durante los últimos siete días. Pero esto no es todo. El propio Central, reconoce que el crecimiento durante este trimestre será cero y que la expectativa que tiene para el próximo es de sólo el 0,7 por ciento.

Pero es muy probable que este trabajo haya quedado desactualizado tras los anuncios de hoy por la mañana. Es que el tándem Caputo-Dujovne, anunció que el gobierno hizo añicos la meta de reducción del déficit fiscal que se había fijado y la pasó de 3,2 a 2,7 por ciento.

Esto implica, ni más ni menos que más ajuste en la inversión pública y, en este sentido, los titulares de Hacienda y Finanzas, adelantaron el recorte de treinta mil millones de pesos que estaban destinados a la inversión en obra pública.

Pero más rocambolesco es que, en este contexto, Dujovne insistiera con que la meta de inflación sigue siendo el quince por ciento. Si no fuera trágico, sería sólo patético, sobre todo si se considera que con el 2,7 por ciento que ya se anticipa para abril, de acuerdo a lo que evalúan algunas consultoras como Orlando Ferreres y Asociados que, además, aclara que la inflación proyectada a doce meses ya trepa al 24,6 por ciento.

Y todavía falta el coletazo que provocará -sólo por citar un caso- la suba del dólar en el precio de un insumo básico como los combustibles.

Pero también hay que estar atentos a lo qué vaya a ocurrir con el cuadro de tarifas de servicios públicos. Es que el tarifazo crónico fue pautado sobre una perspectiva de un dólar a veinte pesos.

¿Qué va a pasar si, en el mejor de los casos, el precio de la moneda estadounidense se estabiliza por encima de los 22? Una posibilidad que tiene ahora el ejecutivo es reajustar el tarifazo, algo que se presenta difícil en un escenario en el que desde la sociedad comienzan a aparecer signos de agotamiento que se reflejan en el Congreso donde, oposición friendly y de la otra, se pusieron de acuerdo para sancionar un proyecto que pretende retrotraer el cuadro tarifario a noviembre de 2017.

La otra posibilidad es no reajustar el tarifazo, pero claro, esto traería aparejada la profundización del déficit fiscal. Hoy, el gobierno resignó una parte de la meta que se había puesto en este sentido ¿estará dispuesto a seguir bajando esa expectativa clave para apuntalar el que ya es el principal pedestal donde basa su andamiaje el Modelo Cambiemos?

Es que desde principios de este año, ya se hizo evidente el agotamiento del crédito de confianza con el que, merced al proceso de desendeudamiento llevado a cabo entre 2005 y 2015, comenzó su gestión Mauricio Macri.

Esto quiere decir que, tal como ya está pasando, todo lo que consiga de aquí en adelante va a ser más difícil y de menor calidad, de ahí la reaparición del FMI que, en tanto prestamista de última instancia, se hace cargo cuando los prestamistas tradicionales -fondos de inversión y clubes de bancos- consideran que quien pide está en zona de riesgo. Pero para dar, los requisitos del Fondo son más estrictos y -en tanto favorecedor de negocios- una regla de oro cuyo cumplimiento exige es la baja del déficit fiscal, algo que el Gobierno Cambiemos está cada vez más lejos de poder cumplir.

Por eso, si quiere que le sigan prestando, va a tener que poner la latita sobre el techo del patrimonio nacional, es decir activos, porque con la entrega del excedente social que se acumuló durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya no alcanza.

En este sentido, durante la semana que termina, sonó con fuerza la posibilidad de que el gobierno eche mano a una herramienta similar al Plan Bonex que, en un anticipo de lo que más tarde fuera El Corralito, hace veinte años provocó el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos denominados Bonex 89.

También suena la posibilidad de que el ejecutivo avance hacia un acuerdo, al estilo Plan Blindaje, con el FMI que permitiría el acceso a un crédito por treinta mil millones de dólares. Por ahora, nada fue confirmado, pero todo es posible en el Universo Cambiemos.

¿Cómo nos ven el mundo?

Por eso es que una de las preocupaciones centrales que ahora tiene el Gobierno es la sanción del proyecto de Financiamiento Productivo que viene a reformar la Ley de Mercado de Capitales, que si prospera va a facilitar que los mismos que protagonizaron la corrida de la última semana, puedan acceder a más instrumentos financieros para especular en el mercado interno ya que, entre otras cosas, van a poder adquirir letras hipotecarias y activos sintéticos, como los Exchange-Traded Funds (ETFs), una suerte de híbrido entre una acción y un fondo de inversión que presenta muchas ventajas para el rápido movimiento de capital financiero.

Pero el punto más peligroso, como ya lo explicara NP diario de noticias, es que si el proyecto se transforma en Ley, grandes inversores privados -como los protagonistas de la corrida- podrán utilizar letras hipotecarias para comprar en forma de instrumento financiero créditos para la vivienda que se entregan a través de los bancos.

Este mecanismo es significativamente parecido a aquel que durante 2008 provocó en EE.UU. el estallido de la crisis financiera con las hipotecas subprime y al que poco después llevó a un desenlace similar en España.

Sin dudas, una herramienta clave cuando, merced a procedimientos como el de la última semana, muchas personas que accedieron a créditos UVA para llegar a la vivienda propia, se están viendo en figurillas para poder pagar cuotas que están atadas al dólar.

Así las cosas, queda claro que durante dos años y a instancias de una deliberada estrategia gubernamental, se fue convirtiéndose en carry trade al trabajo, es decir al salario de sectores medios y populares que se traducía en expansión del mercado interno que daba cierta estabilidad y prosperidad al sector productivo local.

Pero, al parecer, ya no alcanza con la bicicleta y esto es algo que se reflejó, ayer, en algunas de las principales publicaciones internacionales destinadas al corazón del sector financiero. “Es hora de salir de Argentina y salir corriendo. El carry trade ha mantenido a la Argentina a flote”, advirtió ayer Forbes, al tiempo que alertaba que “podríamos ver una repetición de 2001 en Argentina” y recomendaba que la “administración Macri” “reafirme su compromiso con la gestión de políticas ortodoxas y el ajuste fiscal”.

Y esta mirada que “el mundo” tiene sobre lo que pasa en Argentina, no es sólo propia de publicaciones especializadas. Hoy Fitch bajó el panorama de deuda de nuestro país, el riesgo país creció cien puntos y se desplomaron las acciones argentinas en Wall Street.

Lo de Forbes va en consonancia con el camino que, desde hace rato, vienen reclamando algunas de las facciones del tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, representados por economistas como Carlos Melconián y José Luis Espert.

Los anuncios de hoy por la mañana, van en esta misma dirección, lo que permite avizorar un escenario en el que la amenaza de estangflación es clara y en el que al Gobierno Cambiemos no le va a quedar otra que apresurar su agenda de “reforma permanente”, esto es formalizar en leyes la transferencia de riqueza desde el universo del trabajo hacia el del capital.

Esto implica echar por la borda derechos adquiridos por los trabajadores, pero también galvanizar con leyes que salgan del Congreso, lo que La Rosada ya viene perpetrando, mediante la destrucción sistemática de empleo y la imposición de condiciones que atentan contra los propios convenios. Algo que, necesariamente, va de la mano con una profundización del ataque contra derechos sociales, ciudadanos y humanos.

La tasa de interés volvió a trepar4.5.2018

Federico cantó Las 40

Después de una semana de corrida, los de siempre ganaron mucho, metieron miedo para justificar una tasa de referencia que enfríe la economía, ajuste de la inversión estatal y con la excusa de controlar costes, permita que se continúe cercenando el salario y se avance en la reformulación regresiva de la relación entre capital y trabajo.

Casi en coincidencia con los anuncios de Dujovne y Caputo, desde el Banco Central, Federico Sturzenegger elevaba en 675 puntos básicos la tasa de política monetaria, por lo que la tasa de interés se iba al cuarenta por ciento anual, al tiempo que para el pase activo a siete días, se coloca en 47 por ciento y para el pasivo, en 33.

De esta manera, por si a alguien le hacía falta, queda claro que las contradicciones que llevaron a la escalada que drenó cinco mil millones de dólares de reservas, son secundarias, se producen hacia adentro de una clase social absolutamente mimetizada con el capital transnacional y, por lo tanto, sin ningún tipo de anclaje con cualquier interés de la sociedad argentina.

Pero también que son secundarias las contradicciones existentes hacia adentro del Gobierno Cambiemos. Después de gastar litros de saliva para apuntalar el mito del “gradualismo”, es el turno del pragmatismo y el ajuste, algo en lo que coinciden la banda de Peña, Caputo y Dujovne, con aquella que lidera Sturzenegger. Porque -y en esto nadie duda- hay que estar abroquelados para defender los privilegios de clase.

“Somos pragmáticos”, hizo hincapié Dujovne cuando anunció la determinación de recortar treinta mil millones presupuestados para obra pública, el segmento que significaba la única carta seria que tenía el gobierno para reactivar -aunque sea moderadamente- el trabajo y la economía.

Por eso es que, después de un procedimiento que empujó por debajo de la línea de la pobreza a varias miles de personas, el dólar registró su récord histórico y el Central volvió a una tasa del cuarenta por ciento. Algo que, ayer, bendijo Carrió, la diputada que hace algunos años despotricaba contra el precio de una divisa estadounidense que se vendía por debajo de diez pesos, una tasa que ni siquiera llegaba a la mitad de la actual y una inflación que estaba abajo de la de ahora, en un escenario en el que se discutía ganancias y consumo, no despidos.

Así las cosas, “pragmatismo” es la palabra que recorre los pasillos de La Rosada que ya adelantó que el piso del ajuste es de 3.200 millones de dólares, pero también los del Central donde, en un cambio drástico, se recalca a quien quiera oírlo que durante la última semana se echó mano a alrededor de cinco mil millones de reservas porque, después de todo “para eso están” ¿Pero será tan así?

Cucarachas

Suponer que la nueva suba de la tasa apunta a la necesidad de parar la escalada del precio del dólar y, por ende, el correlato de esto sobre la inflación y el déficit fiscal, es algo así como disparar con un bazooka sobre la cocina porque aparecieron cucarachas. Lo más probable es que, cuando se disipe el humo, ya no haya cocina ni departamento, pero sí cucarachas.

Es que, con este tipo de procedimientos, lo que se pretende es hacernos creer que medidas facilitadoras de mejores condiciones para la concentración del capital, se adoptan para fomentar la lucha contra el déficit y la inflación. Pero alguien debería explicar cómo piensan hacer -después de todo este rollo- para que crezca la tasa de empleo de calidad, pero también la actividad económica a mediano y largo plazo.

Entonces, no hay dudas, la síntesis de la corrida es que los ganadores son los mismos de siempre, es una cuestión de clase. La salida a la situación provocada mediante la corrida, es también desde la misma mirada de clase y, por eso esta nueva rosca en el ajuste, ya que desde la perspectiva gubernamental, el problema fiscal y la inflación es consecuencia -básicamente- de la restricción energética, aunque se niegan a revisar la tasa de ganancia de los proveedores, porque si lo hacen se meterían con sus propios intereses y socios.

Pero no sólo esto. Además de lo que consideran que otro de los motivos es una excesiva circulación de dinero -esto es consumo interno- y, por eso, la constante búsqueda de enfriar la economía. Y, fundamentalmente, el gran responsable es lo que ellos llaman “costo salarial”.

De ahí que el escenario con el que concluye la semana, dista mucho de presentar una situación no deseada. Lejos de eso para muchos integrantes del tándem de facciones que ocupan La Rosada, esto es algo así como estar en Dineylandia, porque, además de que ganaron mucho durante estos últimos días, metieron miedo como para justificar una tasa de referencia que enfríe la economía, ajuste la inversión estatal y con la excusa de controlar costes, permita seguir cercenando el salario y avanzar en la reformulación regresiva de la relación entre capital y trabajo.

Entonces, si son los dueños del dinero aquellos que volvieron a ganar y tomaron posiciones más ventajosas que las que tenían hace algunos días, si alguien quiere saber quiénes son los responsables de la corrida, sólo deberá hacer lo que instruye la lógica de la novela policial, tendrá que seguir la ruta del dinero.

El dólar rompió la barrera de los 23 pesos3.5.2018

Como ayer, pero menos que mañana

No es la letra de un bolero, es el precio que la divisa estadounidense registró hoy en Buenos Aires, pese a que el Banco Central volvió a intervenir ¿Alguien sabe dónde está Mauricio Macri?

Aunque por séptima rueda consecutiva el Banco Central subió la tasa de política monetaria -al 33,25 por ciento- e intervino con ventas por cuatrocientos millones, la autoridad monetaria no logró evitar que siga la corrida que desde hace una semana se verifica en el mercado cambiario, donde el precio del dólar trepó un siete por ciento (en algún momento fue 8,3), esto es 78 centavos, para establecer un nuevo récord intradiario y colocarse en 23,30.

Si se la compara con la del viernes pasado cuando la colocó en 30,25 en su infructuoso intento por parar que se siguiera devaluando el peso, el Central subió la tasa de interés de referencia un trescientos por ciento.

Por su parte, en el mercado secundario para su plazo más corto, es decir de trece días, la tasa de las Lebac se catapultó al 38 por ciento, lo que implica el nivel más alto de los últimos dos años.

Pero esto no es todo. Después de convocar a otra reunión no programada del Consejo de Política Monetaria, Federico Sturzenegger, incrementó “de manera excepcional”, la distancia entre la tasa de política monetaria y la tasa de pases activos, que se fijó en 38,25 por ciento.

En un breve comunicado, el Central explicó que adoptó esta decisión “con el objetivo de garantizar el proceso de desinflación y está listo para actuar nuevamente si resultara necesario”, tras lo que reiteró que su objetivo es la meta de quince por ciento de inflación para 2018.

Así las cosas, mientras Sturzenegger hablaba de cosas tan reales como hadas y unicornios, en Argentina las cosas eran algo diferentes.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines, ya adelantaron que con la escalada del precio del dólar, el retraso del precio de las naftas subió alrededor de seis puntos. Con el nuevo ajuste, el nuevo precio de la nafta de YPF en la Ciudad de Buenos Aires se podría ir a los 32 pesos el litro.

Este precio de la economía arrastra a los componentes más sensibles de la canasta básica, que no es la única que se verá afectada por la estampida del precio del dólar.

Los créditos UVA están en la primera línea de los damnificados, sobre todo, para aquellos a los que la última semana los encontró con los pesos en la mano y el boleto sin firmar, que tendrán que recalcular cuántos dólares podrán comprar con los pesos que les prestó el banco.

Por su lado, los que ya tienen el préstamo UVA, cruzarán los dedos hasta poder hacer el debido control de daños . Pero antes deberán esperar que aclare –algún día va a aclarar- para poder evaluar cuánto va a impactar la trepada del billete estadounidense en el índice de inflación, porque la cuota de estos préstamos, está atada al precio al consumidor.

Y, por supuesto, habrá que establecer qué impacto tiene en el salario, en el de aquellos que ya firmaron por el quince por ciento –o menos- y en el de los trabajadores agrupados en sindicatos que todavía no cerraron paritaria. Pero sobre todo, donde más se va a sentir, es en la canasta básica de los sectores más vulnerables socioeconómicamente, una canasta conformada fundamentalmente por alimentos y medicamentos cuyos precios –vaya paradoja- están encadenados al del dólar.

Objetivos

Entonces, queda claro que esta disputa entre facciones del tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, va a tener ganadores y menos ganadores, pero los verdaderos perdedores los volverá a poner el pueblo.

Es que, una de sus principales consecuencias, va a ser el avance hacia un nuevo casillero de este reacomodamiento social que intenta imponer el Gobierno Cambiemos.

Es que este es un año sin elecciones, pero en el que se espera que haya definiciones políticas, sobre todo en el espacio que se postula como posible alternancia a Cambiemos.

La idea prioritaria de La Rosada fue controlar la tasa de interés y por eso la foto –forzada- del 28 de diciembre entre Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Sturzenegger.

Pero también se propuso también el precio del dólar y poner en caja –mejor dicho en una cajita del quince por ciento- a los salarios.

Todo esto, entre otras cosas, porque la principal fuente de financiamiento en la que se fue encorsetando el ejecutivo, es la toma de deuda externa que pudo contraer de forma incontrolada, gracias al crédito que le dejó el desendeudamiento emprendido por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Aquí vale volver a aclarar que de cada diez dólares que se tomaron durante estos dos últimos años como deuda, cuatro corresponden a capital especulativo, asientos contables que aprovechan la formidable oportunidad que se le brida a la bicicleta financiera. Otra parte de esas reservas que, presuntamente, están en el Central, son asientos contables dinero atesorado en dólares por particulares que las declaran en bancos.

Claro que la propia voracidad del sobrendeudamiento, llevó a que con el comienzo de este año, los prestamistas empezaran a bajar sus ventanillas, con lo que el escaso crédito que se viene consiguiendo, es cada vez más caro y para plazos más cortos. Hace menos de un mes se emitieron papeles por mil millones de dólares, por los que se va a tener que devolver el doble.

Significativamente, esa suma ni siquiera alcanza para cubrir la que el Central echó por la cloaca en su intento por evitar una estampida del precio de la moneda estadounidense, algo que nunca logró.

Así las cosas, cuando el año se acerca a su Ecuador, va quedando claro que de los tres objetivos que se fijó el ejecutivo, sólo está cumpliendo el de ajustar salarios.

Esto es toda una definición de clase, pero no alcanza a la hora tapar el terrible agujero fiscal que el propio gobierno provocó, tampoco para limar el déficit comercial de 8.500 millones de dólares registrado durante 2017, algo que, entre otras cosas, cercena drásticamente la posibilidad de que el Estado reciba dólares.

Tampoco ayuda a paliar la fuga de capitales de alrededor de treinta mil millones de dólares que se registra desde diciembre de 2015 y ni siquiera el saldo negativo que deja el dólar turista, algo así como diez mil millones sólo durante 2017, ni otro agujero, el que provoca la reticencia a liquidar divisas por parte del complejo del agronegocio que abiertamente reclama un dólar a treinta pesos.

 

Sube, sube, sube y sigue subiendo2.5.2018

El dólar rompió la barrera de los 21

Aunque el Banco Central sigue tirando reservas a la cloaca el precio de la moneda estadounidense continuó la escalada que comenzó la semana pasada. Marcos Peña dice que no hay que preocuparse. El Gobierno Cambiemos y la verdadera cara de la crisis sistémica que atraviesa el capitalismo.

“No es motivo para la intranquilidad”, insistió Marcos Peña hoy durante la jornada en la que el precio del dólar oficial se disparó sesenta centavos para establecer un nuevo récord al colocarse en 21,52, todo esto, pese a otra intervención del Banco Central que drenó a la cloaca de la timba financiera alrededor de cuatrocientos millones de la moneda estadounidense que se suman a los 1.382,1 millones del viernes, los 853,3 del jueves y los 1.471,7 millones de hace una semana.

Por su parte, en medio de este vértigo y aunque el viernes la autoridad monetaria subió la tasa al 30,25 por ciento, el precio del dólar no afloja su alza y ya comienza a hacer sentir su impacto en otros precios de la economía.

Es que con esta corrida cambiaria las petroleras ya anticipan otro aumento en la tarifa de los combustibles. Todo porque el precio que se fija en el mercado interno a los combustibles está atado al dólar -algo que le debemos al Gobierno Cambiemos-, lo que hace que los combustibles se disparen, merced a la suba registrada en el precio internacional del crudo Brent, que llevó el barril a 73 dólares, a lo que se suma la del valor por tonelada del biodiésel para su mezcla con gasoil.

Así las cosas, ya trascendió que, si todo queda como está hoy, el incremento en el precio de surtidor sería casi del siete por ciento que, en breve, se va a reflejar en las góndolas, es decir, en un nuevo salto inflacionario.

Entonces, queda claro, esta corrida que beneficia a algunas facciones que integran el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, no es otra cosa que una nueva vuelta de rosca en el camino de transferencia regresiva de riqueza emprendida por el Gobierno Cambiemos.

Pero también que la feroz voracidad expresada en el vertiginoso proceso de maximización de tasa de ganancia que ese tándem protagoniza desde que entró a La Rosada, exhibe un mecanismo depredador que, al dejar tierra arrasada, favorece la imposición de una legislación que modifique con un carácter regresivo a la relación entre capital y trabajo.

Por eso no sorprende el jefe de Gabinete cuando asevera que, en este contexto, “lo importante es que tenemos un Banco Central con recursos, herramientas con las que trabaja en cuidar las metas de inflación, que es el primer mandato”. Porque los recursos que está dilapidando el Central son de todos los argentinos, al tiempo que ya se está llegando a la meta de la inflación a la que alude cuando todavía restan recorrer ocho meses de 2018.

Claves

El capitalismo privatiza beneficios y socializa riesgos y deuda. Quien no comprenda esto no puede entender la lógica que tiene el Gobierno Cambiemos y, sobre todo, su política económica.

Es que como pocas veces, desde diciembre de 2015 Argentina tiene un gobierno que expresa el carácter que posee el Capitalismo como sistema de una clase concreta, la capitalista, que es la única beneficiaria de este sistema ideológico, económico y político.

Por eso es que, con las herramientas que otorga el gobierno en el bolso, prioriza dos de los fines fundamentales que tiene el Estado Liberal Burgués, esto es, asegurar que la clase capitalista acumule riqueza y legitimar el procedimiento y la propia acumulación, por medio de elecciones.

Es preciso reconocer que, hasta aquí, en ambas cosas le fue bastante bien, pero también hay que advertir que, lejos de ser como se pretende naturalizar desde la industria cultural y la massmedia hegemónica, capitalismo y democracia no son sinónimos y, por el contrario, están más cerca de ser antónimos.

Es que, difícilmente, un sistema que se basa en la explotación de muchas personas por otras pocas, pueda ser por lo menos justo. Y si queda alguna duda, a modo de constatación empírica, ahí están las seis mil millones de personas que viven por debajo del piso que establecen los estándares diseñados por organismos globales creados por formaciones estatales de intachable pedrigee capitalista.

Entonces, el Estado Liberal Burgués asume el papel de resolver contradicciones que trae aparejadas la acumulación, esto es, legitimar sus dinámicas y mecanismos, entre ellos y por excelencia, los mercados a los que se presenta y acepta como entidades de diáfana objetividad, pero que no son otra cosa que la porción más violenta de los poseedores del capital privado, actuando con total impunidad.

Estos mercados tienen propietarios que constituyen un entramado de instituciones y corporaciones capitalistas, entre ellas las financieras, que en casos como el de Argentina 2018, ni siquiera ocultan la imbricación y el carácter simbiótico con el Estado.

Entonces, cuando se habla de deuda pública queda claro que se habla de endeudamiento que –tarde o temprano- se licúa entre toda la sociedad.

Porque dentro del capitalismo, cualquier beneficio material que alcance a la clase no capitalista es un error, ya que por definición el objetivo de este sistema es la obtención y maximización de la tasa de beneficio propio.

Y de esto va, fundamentalmente, lo de la corrida que se le imprime al precio del dólar durante estos días. Un reacomodamiento entre facciones que, merced a la legitimación que les dio el voto popular durante tres elecciones seguidas, se hicieron con el gobierno.

“La lucha de clases sigue existiendo, pero la mía va ganando”, tituló el 14 de agosto de 2011, al publicar un artículo en The New York Times, Warren Buffet, quien según la revista Time, es una de las cien personas más influyentes del planeta, además de poseer una de las principales fortunas del mundo.

Es aquí, entonces, donde vale reflexionar sobre la urgencia que presenta la tarea de aportar a la construcción de una herramienta que evite que el Proyecto Cambiemos vuelva a legitimarse en 2019. Herramientas que deben construirse, desde la resistencia a las políticas gubernamentales, planteada desde la articulación unitaria en la acción, capaz de actuar en diferentes frentes.

Pero esto no debe inhibirnos de plantear, además del concepto de democracia política, aquel que remite a la democracia económica. Porque lo que expresa el Gobierno Cambiemos no es otra cosa que la verdadera cara de la crisis sistémica que atraviesa el capitalismo y el lugar que este escenario reserva a las formaciones estatales periféricas.

Energía fósil y trabajo asalariado son dos de los principales pilares sobre los que se asentó este sistema que, junto al proceso de degradación ecológica y al de descenso de la tasa de ganancia, va entrando en un cuello de botella que anticipa un posible desenlace vinculado a la búsqueda de otras formas de relación social.

Ahora subte y agua2.5.2018

Los tarifazos de mayo

El cronograma de aumentos de este mes y el acumulado desde la llegada de Macri a la Rosada confirman que los grandes perjudicados son los asalariados.

Como si fuera poco desde ayer viajar en subte es más caro ya que el boleto para acceder a la red de transporte más rápida e importante de la Ciudad de Buenos Aires trepó desde los 7,50 a los 11,50 pesos. El aumento es el primer escalón de una subida que llegará, al menos en este año, hasta los doce pesos con cincuenta a partir del 1º de junio. La suba acumulada significará un alza total del 66,7 por ciento.

Pese a estos aumentos el servicio brindado por Metrovías, la empresa concesionaria, es cada vez peor. El temporal del último sábado a la noche expuso las deficiencias y la falta de obras, quedando por varias horas la mitad de las líneas sin servicio por los coletazos de las lluvias en superficie que se trasladaron al bajo tierra. Vale recordar que cuando el Gobierno de la Ciudad se hizo cargo del servicio, que concesiona la empresa de Benito Roggio, la tarifa costaba 1,10 pesos.

Mayo es también el turno para las alzas en las boletas de agua corriente. La tarifa aumentó ayer un 26 por ciento y, además, está prevista una quita de subsidios durante todo el año del treinta por ciento, por lo que el incremento anual será, aproximadamente, del 68 por ciento.

Un breve repaso servirá para entender en qué escenario llegan estos aumentos. Desde que asumió Macri en diciembre de 2015, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), las tarifas aumentaron de la siguiente manera:

 

-Electricidad: 1490 por ciento

-Agua: 664 por ciento

-Gas natural: 1297 por ciento

-Transporte: 105 por ciento

-Peajes: 623 por ciento

-Prepagas: 88 por ciento

 

Para contextualizar estos datos, alcanza con recordar que en el mismo período los aumentos salariales acumularon, promedio, un 72 por ciento y la inflación rondó el 80 por ciento.

Hace poco un informe de la Undav había revelado que la presión de los servicios públicos para los trabajadores pasó del seis por ciento del salario mínimo al 21.

Todavía falta que en junio aumenten los trenes y colectivos y en agosto, nuevamente, la luz. Estos incrementos están pautados pero no contemplan los saltos del dólar ni las variaciones en el precio de los combustibles, ambas, variables que el gobierno decidió dejar libradas al “mercado”.

Tarifazos y empresas de servicios2.5.2018

Un modelo alternativo

Dos años de constantes tarifazos, que se suceden mes a mes con una voracidad implacable, obligan a trascender la cuestión tarifaria y cuestionarse, de una buena vez, la estructura de propiedad que subyace en el sector

Los nuevos tarifazos en la zona metropolitana que comenzaron a regir ayer en el sistema de transporte público -subtes- y agua corriente vuelve a poner sobre la mesa al principal mecanismo de ajuste sobre los trabajadores que implementa el macrismo: los aumentos tarifarios.

Pese a que los grandes medios de comunicación presentan la problemática sin cuestionar el objetivo principal y de fondo que persigue esta política, también es cierto que desde el campo popular y sus organizaciones abundan las denuncias sobre el carácter confiscatorio de los tarifazos sobre el ingreso de los trabajadores como así también el esquema de desigualdad social que este mecanismo genera, siendo este dispositivo uno de los que más contribuye a agudizar una redistribución regresiva de la riqueza.

Sin embargo, nadie se cuestiona la que quizás sea la fuente y al mismo tiempo la “madre de todas las batallas” en torno a los servicios públicos: la propiedad de las empresas y el modelo de servicios que estas brindan.

En el caso de la energía eléctrica: ¿por qué es el Estado el que realiza inversiones millonarias -que ningún privado haría- para construir represas y centrales hidroeléctricas y luego se entrega a los privados la distribución, para que estos hagan un negocio con lo que es un servicio básico y esencial para la población?

En el caso de los hidrocarburos ¿por qué es el Estado el que decide no invertir en la exploración y extracción, cediendo toda la línea de negocios a las multinacionales y, además, incrementa la compra de barriles de petróleo y gas generando un agujero fiscal imposible de sostener en el mediano plazo y qué explica el desbalance en la balanza de pagos?

¿Por qué el Estado decide desmantelar la mina carbonífera estatal en Río Turbio y se niega a poner en marcha la usina a carbón emplazada en la localidad santacruceña?

¿Por qué el Estado resigna la potabilización y distribución de agua? ¿Por qué se niega a la creación de una empresa estatal de transporte de pasajeros y mercancías aéreo, fluvial, ferroviario, terrestre y subterráneo?

Una de las respuestas posibles a estas preguntas es que para ello se requiere de voluntad política para hacerlo. Se trata de una respuesta plausible pero parcial, porque la misma escamotea una verdad evidente: la voluntad política no nace de la nada, sino de intereses económicos concretos. Entonces, quizás sea mejor efectuar la siguiente pregunta: ¿qué intereses económicos están en juego cuando se habla de la propiedad y control de las empresas de servicios públicos? Y en una instancia anterior: ¿Qué modelo de sociedad está implícito en el mecanismo por el cual es el Estado el que realiza las grandes inversiones para que luego hagan negocios los privados?

Estas preguntas nos llevan a cuestionar las formas de propiedad y las relaciones sociales de producción que emanan de la misma. En otras palabras, implican un llamado urgente a discutir el capitalismo en Argentina. ¿Es posible, en el marco de una economía de este tipo, desarrollar un modelo de servicio público en el que desde la instancia sui generis hasta el usuario prime una lógica social distinta a la del lucro?

En tiempos en los que se intenta construir una nueva hegemonía neoliberal en la región urge discutir estas cuestiones. Por qué más allá de las tarifas, es necesario poner en cuestión toda la estructura de servicios públicos en el país.

Alternativa

Más allá de la cuestión tarifaria, que es realmente apremiante para gran parte de la población, se impone la obligación de plantear modelos de gestión alternativa tanto en el plano económico como ecológico.

Las empresas de propiedad tripartita dirigidas por el Estado, trabajadores y usuarios se presentan como una opción tan viable como necesaria ¿Por qué no resuena esta propuesta entre las principales demandas del campo popular? No existe momento más oportuno para hacerlo que en este aunque cabe destacar que, lejos de todo oportunismo, se trata de una propuesta histórica del Partido Comunista que se encuentra incluida en los programas conocidos como Castelar I y II.

El desarrollo de empresas de estas características imprimiría una nueva dinámica no sólo al sector sino a gran parte de la economía, debido al peso específico que las mismas tienen por definición. Esto permitiría al Estado, en conjunto con los trabajadores y usuarios, definir tarifas justas por uso y región, como así también orientar inversiones y obras públicas.

Un claro ejemplo de esto es el sector eléctrico. Argentina produce, gracias a las usinas, centrales y represas que construyó el Estado en las últimas décadas, energía suficiente para brindar electricidad, sin problemas, tanto a hogares residenciales como al sector industrial.

Sin embargo, los problemas energéticos se generan allí donde el servicio está privatizado y controlado por una runfla de empresarios que viven de la teta del Estado: la distribución.

En este sector se destacan apellidos como Caputo, Mindlin o Pagano, dueños de Edesur, Edenor, Eden, Edes y Edesa, quienes se apropiaron de unos 9.076 millones de pesos con los aumentos en el bienio 2016-2018.

Estos grupos económicos no sólo no invierten sino que absorben recursos a los trabajadores con las tarifas y fugan sus ganancias al exterior.

Como si fuera poco, el gobierno logró aprobar y comenzó a implementar el sistema de “Participación pública privada”, un esquema neoliberal que se ejecuta en Europa -especialmente en España- donde se oficializa un mecanismo que en Argentina impera de hecho hace décadas: la inversión inicial del Estado para que luego los privados, que no invierten capital de riesgo, hagan sus negocios.

La opción contraria sería un esquema de inversión pública, como debe ser, cuya explotación sea también pública con empresas tripartitas y con perspectivas socioecológicas acordes a las problemáticas actuales del mundo como lo es el calentamiento climático, producto de la lógica productiva del capitalismo. Una vez más, se trata de pensar, diseñar y poner en práctica modelos no sólo superadores del capitalismo sino, y por sobre todo, contrarios a este.

La batalla en el Congreso ¿Alcanza?2.5.2018

El gobierno prepara el veto

En medio de una nueva escalada del dólar y con cada vez mayor rechazo a los tarifazos, incluso en el Congreso, Marcos Peña anunció esta tarde que si prospera una ley del Parlamento contra los aumentos será vetada

En el trabajo necesario y urgente para frenar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, este miércoles la oposición política con representación en el Congreso intentó prosperar con distintos proyectos de ley que tienen como objetivo, al menos, paliar la situación para los sectores populares.

Allí concurrieron más de una decena de intendentes “massistas” y peronistas, que se dieron cita en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que con el correr de las horas y ante la acuciante situación de una porción cada vez más grande de población, parece inevitable que prospere uno de los diversos proyectos que busca paliar los efectos de los tarifazos en el Parlamento.

Pese a ello y en el contexto de una nueva escalada del dólar que superó los 21,50 pesos -incremento que se espera que se traslade al precio de los combustibles en las próximas horas- el gobierno nacional ya avisó, en boca del jefe de Gabinete Marcos Peña, que el presidente vetará cualquier ley que sancione el Congreso que no tenga “sustento fiscal”.

Por el contrario, el gobierno está dispuesto a redoblar la apuesta: un informe publicado con la firma de dos funcionarios del Ministerio de Energía y Minería sostiene que aún hay margen para aumentar las tarifas por encima de la inflación.

Es más, desde la ceocracia esperan sacar cuanto antes la nueva Ley de Mercado de Capitales que desregulariza totalmente el sector financiero y salvaguarda los intereses de los privados ante cualquier crisis con los créditos, la deuda, etc.

Pero no es solo en el Congreso y en las calles donde se lucha contra los tarifazos. En los tribunales también se pugna por la suerte de los incrementos. La asociación civil Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), exigió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga ante el carácter abusivo de los aumentos; por su parte, la Corte deberá resolver en estos días sobre un amparo colectivo presentado por el municipio bonaerense de Leandro N. Alem. Defensa del Consumidor de esta localidad presentó un amparo, que tramita en los juzgados de Junín, contra la suba del gas residencial.

Vale recordar que en 2016 la Corte se expidió sobre el asunto, exigiendo al gobierno que realice audiencias públicas para fijar los incrementos y fijando que estos debían ser graduales y estar fundamentados. Este fallo que logró frenar el primer calendario de aumentos presentado por la ceocracia no logró impedir que luego, una vez realizadas las audiencias, el gabinete avanzara a piacere con los tarifazos.

El pedido está bien justificado. En declaraciones a Ámbito Financiero, el presidente de Deuco, Pedro Bussetti, argumentó que el amparo es necesario ya que, por ejemplo, las carnicerías “han quintuplicado el valor de las facturas que tienen que pagar por tener una heladera conectada las 24 horas y lo mismo ha pasado con restaurantes y demás comercios barriales”.

Excusas

Pese a esta realidad, lo cierto es que desde el fallo de la Corte, las audiencias públicas son apenas una excusa para evitar los problemas que el gobierno tuvo con la primera ola de tarifazos. Es que con la llegada del macrismo a la Casa Rosada el sector privado es el que marca el rumbo de la economía. El retiro del Estado en las decisiones económicas ha sido total y la desregulación es moneda corriente.

Este paradigma que se extiende a todas las dimensiones de la economía nacional tuvo su ensayo en los aumentos de tarifas y desde allí es una constante. Es un modelo que se profundiza día a día y que tiene como máximos paradigmas la libre flotación del dólar, la liberalización del precio de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos.

Que esto sea así es una cuestión de política económica y de clase. Basta con desentrañar la composición social del gabinete económico para entender que son los propios funcionarios los que tienen intereses en que el aumento de las tarifas sea permanente. El caso más emblemático es el del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien llego a la cartera nacional por ser el CEO de Shell en Argentina.

Por ello, nadie se sorprenderá al observar que el sometimiento de la estructura económica argentina a la lógica del mercado es operado en la actualidad desde el Estado al cual la ceocracia le imprime y consolida un perfil liberal burgués que se contrapone, fuertemente, a los rasgos keynesianos e intervencionistas ensayados por el kirchnerismo en el período 2003-2015.

Donde más se puede percibir esta diferencia es, justamente, en el diseño tarifario del país: desde la llegada de Macri a la Rosada el costo por kilovatio en dólares se triplicó y se ha sostenido una política de reducción de los subsidios al consumo que invierten la relación que convirtió a nuestro país en el segundo Estado con la electricidad más barata de la región detrás de Venezuela. Según el propio Ministerio de Hacienda, los subsidios en energía y transporte representarán para este 2018 el 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) cuando en 2017 era del 2,5.

Ante tal escenario queda a las claras que no alcanza con proyectos de ley que, necesarios, no logran tocar el fondo de la cuestión. Esta es una batalla que se gana en las calles, con participación de los trabajadores y usuarios que, en conjunto, construyan un nuevo modelo de servicios públicos.

 

¿Cómo llegamos acá?27.4.2018

Campo minado

El contexto general en el que se produjeron las mini-corridas de esta semana. Un proyecto político donde todo es previsible, nada es azaroso. Algunas cifras para aclarar la cosa.

La última semana de abril mostró las tensiones políticas y económicas del país, en el marco de una economía asediada por el saqueo y la voracidad de un bloque de poder dispuesto a aspirar la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible.

No culminó el primer semestre de este 2018 y ya tenemos la certeza de que durante este año, no sólo no habrá brotes verdes, sino que los desequilibrios de la economía se van a profundizar. La simple contrastación entre los datos que presenta el gobierno y los que producen organismos oficiales, echa por tierra los pronósticos optimistas del gabinete, pero confirman la teoría presidencial del “crecimiento invisible”. Allí donde debería verse prosperidad se ve un campo minado.

No es para menos, ya que los dos primeros años del gobierno dejaron tierra arrasada sobre la estructura económica del país. El 2016 fue el peor año para la economía nacional desde 2001, con una mega-devaluación que fue acompañada de una inflación galopante del 42 por ciento –que llevó a una pérdida del poder adquisitivo del salario de casi diez puntos- y una política de altas tasas de interés en el sector financiero para estimular la inversión especulativa sobre la productiva.

Esto trajo aparejada la destrucción del mercado interno que, junto a políticas represivas, llevaron a una erosión del salario y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Un claro indicador de esto es que, en el bienio 2015-2017, el empleo industrial se desplomó un 5,6 por ciento y los nuevos empleos que se registraron en toda la economía para el mismo período fueron de menores ingresos y con elementos de precarización.

Por ello, el argumento de “lo peor ya pasó” puede ser aplicable a cualquier momento, porque en realidad siempre está pasando. Es que el crecimiento económico del 2,8 durante 2017, apenas sirvió para recuperar algo de lo que se perdió durante el período 2015-2017.

Y la comparación ni siquiera es buena respecto a 2015, el último de Cristina Fernández al frente del Ejecutivo que, por lejos, fue de los peores de la etapa kirchnerista.

Pero como se dijo mil veces en este diario, crecimiento no es desarrollo y tampoco significa una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Por el contrario, los datos confirman que lejos de mejorar el estándar de vida de los sectores populares y de revitalizarse los sectores más dinámicos de la economía –como el sector Pyme, el mercado interno y el empleo industrial-, los indicadores más sensibles siguen barranca abajo.

Algunos datos son esclarecedores:

-No crece la inversión extranjera directa (IED). Por el contrario, 8,5 de cada diez dólares que ingresaron fueron a inversiones financieras en pesos. Es decir, a la bicicleta financiera, comportamiento estimulado por el gobierno que mantiene la tasa de interés de referencia más alta del mundo "emergente"

-Según la Cepal, desde que gobierna Macri se derrumbó un 64 por ciento la Inversión Extranjera Directa (IED).

-Para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad de Avellaneda (Undav), durante el bienio 2016-2017 la pérdida de poder adquisitivo del salario fue del 7.3 por ciento.

-El déficit comercial contabiliza quince meses consecutivos de balance negativo. En 2017 se alcanzó un récord de casi nueve mil millones de dólares. Y encima el gobierno propone un acuerdo Mercosur-UE que acentuará el rojo comercial.

-En el sector industrial, en dos años se perdió el 5,6 por ciento del empleo registrado.

-Dos tercios del empleo total creado durante 2017, corresponde a puestos inestables y de muy bajos ingresos. Así el gobierno creó la categoría de “nuevos monotributistas”, es decir, trabajadores precarizados, como trabajo registrado. Estos explican el 36,7 por ciento de las nuevas “fuentes laborales” que cuenta el Indec.

-Un inquilino en la Argentina gasta más del cuarenta por ciento de sus ingresos para pagar el alquiler y el déficit habitacional ya alcanza a tres millones y medio de personas.

Estos datos aportan el verdadero contexto de la economía argentina: destrucción del mercado interno, apertura indiscriminada de importaciones, déficit comercial histórico, endeudamiento externo masivo, bicicleta financiera, fuga de capitales, devaluación e inflación galopante.

Como si fuera poco, una parte de la clase media se endeuda con créditos UVA aunque ya se habla de un seguro por si "estalla la economía". Si el 2016, cuando comenzaron a ofrecerse, fue un buen año con dos mil millones de pesos entregados, el rendimiento para el sector financiero en 2017 fue superlativo: cincuenta mil millones de pesos.

Así las cosas, ¿puede arrancar así la economía tal como promete -desde hace dos años- el gobierno? ¿Qué pasa con el consumo y el mercado interno?

A una inflación anual proyectada de casi el 25 por ciento, el gobierno impone paritarias del quince o menos en todos los sectores y sin cláusula gatillo. La pérdida del poder adquisitivo es uno de los datos más fuertes de la economía.

Las cifras confirman que este año tampoco tendrá brotes verdes y eso que aún restan siete meses para que culmine el año, pero la agenda de tarifazos, la corrida ascendente del dólar y la desregulación de la economía permiten prever ya en el primer semestre que lo único que no tiene tope es la profundidad del pozo en el que se está sumergiendo la Argentina.

Dólar y modelo económico del macrismo27.4.2018

La espada de Damocles

La política económica del gobierno tiene una doble cara. Si por un lado es una máquina perfecta diseñada para el saqueo, por el otro, es una bomba de tiempo a punto de estallar por la restricción externa, la inflación y la baja del poder adquisitivo del salario.

La restricción externa y la cotización del dólar se convirtieron en uno de los principales “problemas” de la economía macrista. En realidad, más que un “problema”, se trata de dos variables que dan cuenta de la característica del modelo económico del gobierno: ajuste, endeudamiento y fuga de capitales.

Esta semana la problemática quedó “al rojo vivo” cuando, en apenas tres días, el Banco Central tuvo que vender alrededor de cinco mil millones de dólares para sostener una cotización de la moneda estadounidense por debajo de los 21 pesos. Como complemento realizó una fuerte suba de la tasa de interés hasta 30,25 puntos. Los intentos apenas alcanzaron y el dólar cerró este viernes a 20,90, mientras que el blue trepó a los 21 pesos.

Distintos fenómenos coyunturales, como la puesta en vigencia del impuesto a las ganancias a las Lebacs para extranjeros o las expectativas inflacionarias provocaron una corrida cambiaria que, a pesar de la intervención del Banco Central, redundó en una nueva devaluación del gobierno de Cambiemos.

Pese a las intervenciones del Central, el “fracaso” está a la vista, por lo que surge el siguiente interrogante ¿al gobierno le interesa realmente “controlar” el dólar? Esta pregunta encierra una trampa, ya que, lo que quiere controlar el bloque de poder real en Argentina no es la cotización de la moneda yanqui, sino el flujo de la riqueza para aumentar la tasa de ganancia de los grupos hegemónicos de la economía: oligarquía financiera, exportadores agrícolas y empresas energéticas.

En ese marco, el precio del dólar es un instrumento de economía política al que recurre el gobierno -sobre el que interviene el sector privado- y, al mismo tiempo, un campo de tensiones en donde se ponen en juego las tensiones de la economía y las consecuencias de la política económica del gobierno.

Veamos. El gobierno, al asumir, se recostó justo debajo de la espada de Damocles: levantó la restricción a la compra de moneda extranjera -llamado “cepo” por los medios- y al mismo tiempo eliminó retenciones a la minería y el agro. Argentina, al no tener la máquina de imprimir en verde, depende de los sectores económicos que generan divisas y estos son, en una economía primaria como la nuestra los sectores exportadores.

Entonces, en primer lugar, el gobierno agudizó notablemente la restricción externa y, paso siguiente, decidió sortear el problema con el endeudamiento externo masivo. Por eso, los dólares con los que cuenta en la actualidad el país no son genuinos, sino que, por el contrario, son prestados a un costo carísimo en un momento de endurecimiento de tasas por parte del Tesoro de EE.UU.

Al mismo tiempo, el Banco Central en sintonía con los ministerios de Hacienda y Finanzas, optó por “combatir” a la inflación mediante un instrumento ultraortodoxo: la suba de la tasa de interés para aspirar pesos de la economía y estimular la inversión especulativa por sobre la productiva. Esto repercutió en enfriamiento de la economía, pero, no pudo apaciguar la inflación, debido a otras decisiones macroeconómicas del gabinete: la suba de las tarifas, la liberalización del precio de los combustibles y la desregulación del sector financiero.

Entonces, al no poder controlar la inflación y al no generar dólares genuinos, el gobierno se vio obligado a estimular la bicicleta financiera para que los especuladores apuesten a las Lebacs y no a la moneda yanqui, la cual, está destinada principalmente a financiar la fuga de capitales.

A pesar de los intentos de la ceocracia, los tenedores de letras observan la situación económica general del país y, combinado al nuevo impuesto a las ganancias a las Lebacs en manos de extranjeros, deciden pasarse al dólar para resguardar la inversión especulativa.

A este comportamiento, se le añade el fenómeno de la deuda contraída por créditos hipotecarios UVA. Porque si bien ésta se contrae en pesos, cuando el deudor se dirige a la inmobiliaria para concretar la operación, allí se le exigen dólares, entonces, los pesos que le dio el banco son cambiados por dólares, lo que incentiva la suba del precio.

El combo es mortal porque ante la alta demanda de dólares, por los motivos expuestos, el precio de la moneda se encarece y el Bcra tiene que intervenir para sostener, aunque sea una utopía, la meta inflacionaria del quince por ciento para 2018. Entonces coloca en el mercado miles de millones de dólares de las reservas.

Esto quiere decir que el endeudamiento externo masivo se está destinando para financiar la fuga de capitales, sostener la bicicleta financiera y equilibrar el precio del dólar.

Otra causa del encarecimiento es el saldo negativo por el dólar turista que asciende a los diez mil millones sólo durante 2017. Aquí también el gobierno eliminó el impuesto que gravaba la venta de este tipo de compra.

Queda a la vista como, de esta manera, todos los dólares que ingresan al país en forma de endeudamiento van a parar, de una u otra forma, al sector privado especulativo. Como si fuera poco, cuando el Bcra declara que cuenta con una reserva de más de cincuenta mil millones de dólares miente, porque además de la baja constante por la intervención en el mercado cambiario, buena parte de esas reservas es deuda, es decir, un papel donde dice que tenés dólares si seguís emitiendo deuda, pero cada vez a un costo mayor ya que con inflación y déficit, el crédito es más caro.

Factores estructurales

En términos estructurales, el mecanismo es demasiado perfecto para tratarse de errores.

Los fenómenos estructurales que explican “el problema del dólar” son bien conocidos en nuestro país. La falta de dólares para solventar la actividad económica en un mundo globalizado donde la producción de mercancías se produce bajo una planificada división internacional del trabajo, es uno de los problemas más severos a resolver para economías primarizadas como la argentina.

Cambiemos llegó al gobierno, en 2015, con un déficit fiscal de cinco por ciento y un déficit comercial de poco más de tres mil millones de dólares. El último año de Cristina Fernández en el gobierno fue el primero, desde 1999, en el que la balanza de pagos quedó en rojo.

Luego, en menos de tres años de gestión, el macrismo aumentó el déficit fiscal un cincuenta por ciento (de 5 a 7,5) y desbalanceó la balanza de pagos como nunca antes en la historia, con un saldo negativo anual de casi diez mil millones de dólares en 2017.

Desde la ortodoxia neoliberal se insiste en que estos desequilibrios en la economía persisten o se profundizaron por el gradualismo en las políticas de ajuste. Lo que hizo falta, dicen desde esta tribuna, fue una política de “shock” para hacer todo el trabajo sucio de un plumazo y empezar de cero.

Este discurso, que circula ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, es decir, allí, en una de las arenas en las que se sedimenta el sentido común, visibiliza -parcialmente- el verdadero fenómeno que subyace a todo esto: la lucha de clases.

El alza en el dólar, las altas tasas de interés, el endeudamiento externo masivo y la fuga de capitales no son “daños colaterales”, sino partes necesarias de la perfecta maquinaria de ajuste del gobierno, cuyo objetivo central es lograr la mayor transferencia posible -y digamos, tolerable socialmente- desde el trabajo hacia el capital.

En otras palabras, se trata de un mecanismo que, con precisión quirúrgica, pretende operar una redistribución de la riqueza lo más regresiva posible. Los tarifazos son un claro ejemplo de esto. Con los fuertes aumentos -explicados por la quita de subsidios y los incrementos indiscriminados en la escala tarifaria- el gobierno realizó una fenomenal transferencia de recursos desde los trabajadores a los dueños de las distribuidoras eléctricas.

Así las cosas, los Caputo, Mindlin o Pagano se apropiaron de unos 9.076 millones de pesos con los aumentos, mientras el poder adquisitivo de la población trabajadora se derrumbó.

Lo que sigue a esto es conocido: destrucción del mercado interno y aumento del desempleo combinado con la inflación más alta del siglo 21.

De esta manera, queda a la vista que el problema no es el qué del asunto sino el cuándo. Nadie puede dudar a esta altura de los acontecimientos que el proyecto económico del gobierno está destinado a perpetrar las desigualdades sociales sobre las que se fundó la Argentina. La pregunta central de la etapa es ¿hasta cuándo el gobierno va a seguir tensando la cuerda ajustando a los trabajadores? ¿Hasta cuando la “oposición” va a seguir jugando a intentar construir solo un bloque de alternancia dentro del sistema capitalista? ¿Hasta cuando las organizaciones sindicales van a seguir actuando según la lógica oficialismo/oposición en vez de representar los intereses de la clase obrera?

Fuga de capitales, fuga de dólares27.4.2018

Argentina, puerta giratoria

Más del sesenta por ciento de los dólares que ingresan al país vía endeudamiento van a financiar la fuga de capitales. Se endeuda el Estado, se benefician los privados

¿Quién lo hubiera dicho? En las últimas 72 horas el Banco Central desempeñó un papel crucial, cuando al intentar equilibrar el precio del dólar, volvió a intervenir fuertemente en el mercado cambiario, subiendo la tasa de interés ¿No era que el Bcra debía ser autónomo? ¿No era que el precio del dólar lo fija el mercado bajo un libre juego oferta-demanda?

La retórica liberal del gobierno buscó, desde un primer momento, despojar de atribuciones al Estado. El objetivo siempre fue opacar el verdadero carácter del Estado cuando es administrado por sus propios dueños y así mantener velada su composición de clase.

Sin embargo, las fuertes intervenciones del Bcra para contener las corridas de esta semana, desnudan una verdad evidente de nuestra época que ¡Oh casualidad! es la misma que observaron Marx y Engels, en febrero de 1848, cuando redactaron el Manifiesto Comunista: el Estado macrista es un comité que organiza y administra los negocios de la gran burguesía en el país.

Si las experiencias de gobiernos populares durante parte del siglo 20 o principios del siglo 21 en América Latina permitió matizar esta definición -temprana en el marxismo- sobre el carácter del Estado, lo cierto es que la contraofensiva neoliberal parece retrotraer el escenario a mediados del siglo 19. Ya no hay Metternichs ni Guizots ni zares pero hay Macris, Piñeras, Trumps y Macrones.

El volumen de la fuga de capitales en el contexto de la economía argentina, es una buena prueba para sostener esta querella.

Según estimaciones de observatorios de universidades públicas como la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) o de la Universidad Metropolitana para el Trabajo y la Educación (Umet) y del Centro de Economía Política de Argentina (Cepa), la fuga de capitales en Argentina asciende, desde diciembre de 2015, a los 30 mil millones de dólares.

La profundización del endeudamiento y el crecimiento de la fuga de capitales, son dos caras de una moneda lanzada al aire en un momento en el que hasta EE.UU. cuida sus cuentas y eleva la tasa de interés.

El endeudamiento masivo externo en moneda extranjera, está destinado a cumplir con tres objetivos y necesidades de las clases dominantes: el giro de utilidades a las casas matrices de las multinacionales, la timba financiera y el sostenimiento del saqueo con dólares frescos, esto es, la financiación del déficit fiscal y comercial.

Estas tres metas del bloque de poder quedan confirmadas a partir de un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Umet. De los casi 133 mil millones de dólares de endeudamiento en el bienio 2015-2017, 108 los emitió el Tesoro Nacional y 76 fueron en moneda extranjera ¿Cuánto fue para fuga? Más de 82 mil millones dólares, es decir, el sesenta por ciento de las emisiones. El cuarenta por ciento restante se usó para estimular la timba financiera, para venta a ahorristas y para solventar los desequilibrios económicos del modelo.

Contexto internacional

Vale destacar que esta política se implementa en un contexto absolutamente desfavorable para tomar deuda en el mercado internacional. La suba de la tasa de interés por parte del Tesoro de EE.UU. es un verdadero problema, como también lo es el aumento del dólar y la inflación.

El encarecimiento del crédito parece ser un camino irreversible en el escenario internacional. El Deutsche Bank publicó un informe en el que anticipa que la tendencia es a un aumento de las tasas de interés en el mundo. Este banco augura que el rendimiento de los bonos yanquis a diez años, terminará en el 2018 a una tasa de 3,25 por ciento anual. Por su parte, los bonos emitidos por la Unión Europea tendrán un rendimiento de 1,25 puntos.

Este es un fenómeno que sin dudas despierta la preocupación del gabinete económico. Es que ante un mundo cada vez más proteccionista y con una tendencia constante al encarecimiento del crédito ¿cómo hará Argentina para hacerse de los dólares necesarios para sostener su economía?

La restricción externa es uno de los principales problemas de cualquier economía emergente o en vías de desarrollo, en el marco del capitalismo. El gobierno nacional agudizó este problema con la apertura de las importaciones y la reprimarización de la economía, en un contexto en el que comienzan a cerrarse las vías ortodoxas con las que esperaba financiarse: la exportación de productos agrícolas en el exterior y el endeudamiento.

Así las cosas, el gobierno no encuentra en EE.UU. el aliado económico que esperaba. Por el contrario, la administración Trump se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el gabinete. Vale recordar los altos aranceles fijados a la importación de biocombustibles argentinos y la traba al ingreso de limones nacionales. Ahora se suman también nuevas barreras para la colocación de acero y aluminio, afectando así los intereses de Tenaris y Aluar.

Frente a este escenario, el gobierno permite que los dólares que ingresan al país se utilicen para girar utilidades al exterior y para estimular la bicicleta financiera. Que quede claro: los dólares que llegan a Argentina lo hacen para ello y, así, el gobierno contribuye al saqueo de la riqueza nacional impuesto por EE.UU. y las multinacionales con intereses en la región.

No hay equívocos ni erratas, la fuga de capitales y la timba no son consecuencias o daños colaterales: son la verdadera causa de los desequilibrios de una economía nacional diseñada para el ajuste.

Plan preventivo de Cambiemos24.4.2018

Otro plan contra los trabajadores

Después de haber desatado una crisis social en Río Turbio, el gobierno decidió presentar un plan preventivo de crisis estilo Carrefour que lejos de mejorar la situación, la empeora

Luego de intervenir la empresa estatal Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y de despedir a quinientos trabajadores, el gobierno decidió avanzar en el mismo sentido que Carrefour e instó a su interventor, Omar Zeidán, a presentar un plan preventivo de crisis con el que, prometen, se solucionará la grave crisis social que atraviesa la localidad santacruceña.

Adonis Rojas, trabajador y delegado de ATE en la mina, responsabilizó de la situación que atraviesa Río Turbio y 28 de Noviembre al gobierno. Razón no le falta: en el Presupuesto 2018 aprobado por el Congreso, el oficialismo le otorgó 3.435 millones de pesos a la intervención que administra la mina, casi 800 millones menos que en 2017. Así comenzó la política de ajuste que derivó en 500 despidos y que ahora el gobierno busca profundizar.

Rojas aseveró que “este gobierno se está llevando puestas a dos comunidades -Río Turbio y 28 de noviembre- y a más de 40 mil habitantes”. De concretarse el preventivo de crisis, “lo que quedaría son dos pueblos fantasmas”. Hay una crisis económica muy grande en la región por el parate de la mina y con este preventivo lo único que logrará el gobierno es darle el tiro de gracia a una región que está paralizada desde hace meses por decisión del Ejecutivo.

Pese a que la empresa dice estar en crisis, la mina recibió una fuerte inversión por parte del Estado durante la gestión del kirchnerismo. “No estamos de acuerdo con el preventivo de crisis que va a presentar la empresa a instancias del gobierno” dijo el dirigente y agregó que “en la actualidad la mina ya está lista para producir un millón doscientas mil toneladas anuales de carbón”.

En ese sentido se preguntó: “¿cuál es la crisis de la que habla la empresa? ¿Cuáles son los números que demuestran que tienen que ajustar? Y en el caso de estar en situación de crisis ¿Qué pasa con la responsabilidad social de la empresa?”.

Y enseguida recordó que “en Río Turbio hubo muchos años de inversión en la mina, por lo que el argumento de que no hay condiciones para que sea rentable es mentira. Jamás en los últimos cincuenta años se invirtió tanto como se hizo con el gobierno anterior”.

Además, “el plan presentado por la empresa no contempla reincorporar a los 500 trabajadores despedidos, por eso vamos a seguir luchando para reincorporar a todos los compañeros, incluso la de aquellos que tuvieron que aceptar 'retiros voluntarios' bajo extorsión”

Por esto, “es una provocación de la empresa contra los trabajadores” expresó y comentó que “la empresa nunca se acercó a conversar con los trabajadores, tampoco nos informó de la situación y ahora nos enteramos por los diarios que va a presentar un plan preventivo de crisis con las mismas intenciones que lo hizo Carrefour: conseguir la venia del gobierno para avanzar con despidos, rebajas de salarios y flexibilización”.

Por eso, Adonis advirtió que “nosotros como delegados rechazamos y vamos a rechazar todo lo que implique un preventivo de crisis. El verdadero objetivo de todo esto es continuar con el salvaje ajuste que ya vienen aplicando”.

Por último, hizo hincapié en que “desde los trabajadores, organizados, realizamos varias propuestas a la patronal para conservar los puestos de trabajo, pero nunca obtuvimos respuestas” y concluyó que “somos la única mina del país operada por el Estado, somos trabajadores estatales, trabajando en un lugar de frontera con una gran importancia geopolítica”.

Plan preventivo para las empresas24.4.2018

¿Quién está en crisis?

Ahora el gobierno quiere instalar que los que están en crisis son los grupos económicos que, durante años, obtuvieron ganancias siderales, y le quiere hacer pagar la merma del consumo a los trabajadores. El caso de Carrefour y Yacimientos de Río Turbio como casos testigos

En el marco de la profunda crisis económica que atraviesa el país debido a las políticas del macrismo, el sector privado –hegemonizado por las multinacionales- y el gobierno coordinan acciones para agudizar el ajuste contra los trabajadores.

La querella no es infundada: el Procedimiento Preventivo de Crisis (Ppce), una herramienta a la que recurren las empresas frente a escenarios “adversos”, fue presentado por la multinacional en una jugada acordada con el gobierno. La maniobra queda al descubierto cuando la empresa estatal Yacimiento Carboníferos Río Turbio (Ycrt), intervenida por el gabinete, se presta a presentar un plan similar luego de despedir a más de 500 trabajadores.

Así las cosas, el gobierno que niega la crisis en lo discursivo, la reconoce en los hechos, aunque los casos de Carrefour y Río Turbio distan mucho de ser los de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas que sufren los tarifazos y el achicamiento del mercado interno.

Como si no bastara, y en consonancia con los Ppce, Macri ya tiene decidido dar de baja el programa Repro, una política pública del kirchnerismo que brinda a los trabajadores de las empresas con dificultades una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. Los fondos del programa son aportados por Anses, que de esta manera mantiene fuentes laborales que aportan al sistema de seguridad social.

Una vez más nos encontramos ante un modus operandi entre grupos económicos y Estado dirigido a golpear al corazón de la clase obrera. El programa de ajuste, entrega y represión se caracteriza por el trabajo conjunto de ambas partes, facilitado por el fenómeno, inédito en la historia del país, de que el gobierno en su gran mayoría se encuentra compuesto por cuadros dirigentes de las principales empresas con intereses en el país.

El proyecto económico de la derecha queda en evidencia y las maniobras a las que recurre para llevarlo a cabo también. Carrefour es una multinacional de origen francés, la cuarta empleadora del país, con una tasa de ganancia en América latina que duplica los márgenes europeos ¿Está en crisis la empresa? Definitivamente no. Lo que está en crisis en Argentina desde diciembre de 2015 a esta parte es el mercado interno, debido a la abrupta pérdida del poder adquisitivo del salario y la destrucción del empleo.

Esta merma en la capacidad de compra de los sectores populares repercutió, obviamente, en las grandes cadenas de supermercados. El consumo no se recupera en relación a la pérdida observada en el 2016 y se mantiene por debajo del promedio histórico con el kirchnerismo.

El escenario hizo que la multinacional francesa observara una merma en su tasa de ganancia, que es muy distinto a tener pérdidas. Por ejemplo, según el Indec, en el sector supermercadista, en febrero, las ventas a precios corrientes subieron en la comparación anual un 22,9 por ciento, por encima de la inflación para ese período en alimentos y electrodomésticos.

En realidad, la jugada de Carrefour remite a un doble objetivo. Por un lado, ensaya un movimiento de cara a otros posteriores para implementar su nuevo plan global de negocios enfocados al comercio electrónico. Por otro, cumple el papel de punta de lanza para que otras empresas, alegando situaciones similares, emprendan el mismo camino.

Por eso resulta reveladora la decisión del gobierno de instar a la intervención de la minera Río Turbio a que presente, en consonancia, un plan preventivo de crisis ¿Qué harán ahora entonces CencoSud, Walmart o La Anónima? ¿Este es el ejemplo a seguir?

¿Por qué?

El plan preventivo de crisis presentado por la multinacional francesa es para el gobierno un ejemplo de la política a seguir, por eso cuenta con la venia del Ministerio de Trabajo. Es una de las estrategias adoptadas por el gabinete en su política “foquista” a favor de la flexibilización laboral.

Ante la imposibilidad de poder sancionar, al menos por el momento, una ley al estilo español, francés o brasilero, el gobierno avanza con la intención de consolidar la flexibilización de hecho antes que de derecho.

Para ello, cuenta con una tercera pata sin la cual no podría avanzar en ese sentido: el permiso de la burocracia sindical. El acuerdo firmado entre el Estado, la empresa y el sindicato de comercio que conduce Cavalieri no deja lugar a dudas. Se trata de un programa que lleva la firma y el sello de todas las partes institucionales involucradas, pero rechazado por las bases que ya anunciaron que darán pelea.

El acuerdo contiene siete cláusulas que, entre otras cosas, establecen que los aumentos de sueldo serán sólo sobre el sueldo básico, que no se aplicará el total del porcentaje logrado en paritarias hasta el 2021, que se reducen las contribuciones patronales por dieciocho meses y que la empresa puede despedir pagando hasta el 50 por ciento de las indemnizaciones. Además, contempla el retiro voluntario de mil trabajadores con indemnización “de hasta” el 150 por ciento.

En otras palabras, el Estado decidió subvencionar a una multinacional mientras quita subsidios a las tarifas de los servicios públicos y presiona por paritarias a la baja. Por eso, los que están en crisis son los trabajadores y no las empresas.

La voz de los trabajadores24.4.2018

“Es un plan de ajuste del gobierno y la empresa”

En diálogo con Nuestra Propuesta, Larissa Martinelli analizó el acuerdo firmado entre el Estado, el sindicato y la empresa que atenta contra conquistas históricas de los trabajadores y condiciona a todo el sector

Larissa Martinelli es delegada de base del Sindicato de Empleados de Comercio en Rosario, dirigente de la Conat y trabajadora de Carrefour. Desde su puesto de laburo se encuentra en la primera línea de combate contra el acuerdo firmado por la empresa, el Estado y la burocracia sindical.

Esta tríada histórica que se ha confabulado siempre en contra de los trabajadores, busca consolidar el proyecto económico de los grupos económicos y la Embajada yanqui en el país.

En diálogo con Nuestra Propuesta Diario de Noticias, la dirigente analizó las consecuencias del acuerdo y denunció la política de persecución de la multinacional en complicidad con la conducción nacional del sindicato.

¿A quiénes afecta este Plan Preventivo de Crisis presentado por Carrefour?

Estas reestructuraciones que hace la empresa con la connivencia del gobierno a través del Ministerio de Trabajo afectan a toda la clase obrera, no sólo a los trabajadores de Carrefour. Este acuerdo es la punta de lanza de una ofensiva contra los trabajadores no sólo de comercio sino de todo el sector privado.

La empresa busca argumentos en la crisis pero al mismo tiempo habla de reestructuración ¿Cuál es la situación de Carrefour?

Hablar de "reestructuración" es un eufemismo, de lo que se trata es de un plan de ajuste ejecutado por una de las multinacionales más grandes del mundo. Es un plan de ajuste nacional e internacional que emprende la multinacional de origen francés. Sucede que en nuestro país encuentra mejores condiciones que en otras partes para llevarlo a cabo.

Desde el año pasado la nueva gestión para América Latina de la empresa viene planteando una reestructuración importante para aggiornarla al comercio electrónico.

Conflictos similares al que nos toca atravesar ahora a nosotros, también les tocó a trabajadores de Carrefour en España y Francia hace poco tiempo.

Estas reestructuraciones siempre implican cierres y, por tanto, la pérdida de fuentes de trabajo.

Entonces ¿lo de las pérdidas son excusas?

La empresa se aprovecha de la evidente situación económica del país con la que pretende dotar de legitimidad al plan preventivo de crisis. Sin embargo los números que presentó la empresa para aducir que lleva tres años consecutivos de pérdida no son reales.

En realidad, producto de la crisis económica, Carrefour bajó su tasa de rentabilidad pero no lleva tres años seguidos de pérdidas. No es lo mismo ganar menos que perder. En América Latina Carrefour tiene ganancias extraordinarias y tranquilamente el Estado le puede pedir que haga un esfuerzo, en vez de exigírselo, una vez más, a los trabajadores.

Las ganancias de la multinacional francesa en la región son un 30 por ciento mayores que en Europa, ya que allá tienen control de precios y acá no. Además, hay que destacar que Carrefour se dedica al comercio minorista y no es una cadena con precios baratos.

¿Qué plantea el plan de reconversión?

El plan de reconversión para sostener o aumentar la tasa de ganancia plantea reconvertir algunos hiper en mayoristas, por ejemplo, o poner tecnología como tiene Coto para que los clientes se cobren solos. Una de las vetas planteadas es bajar el sueldo a los empleados con mayor antigüedad en la empresa. Esos salarios, de acá en adelante, contarán con ítems no remunerativos en sus recibos, con el objetivo de reducir aportes, etc. Además de poder despedir empleados, Carrefour podrá reducir salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo, todo ello con el visto bueno del sindicato y la aprobación del gobierno.

Obviamente que este 'salvataje' sienta las bases para que las demás empresas del sector continúen por esta senda.

Uno de los puntos que quiere imponer la patronal es la imposibilidad de desarrollar asambleas en los espacios de trabajo, como así también sancionar a los trabajadores que realicen paros o quites de colaboración.

Como si no bastara, en el texto del acuerdo está expresamente establecida la multifuncionalidad, una de las cosas que siempre se quiso imponer y a la que nos veníamos resistiendo, hasta ahora, con éxito.

¿Cuál es el rol del Sindicato que firmó el acuerdo?

Dentro de la gravedad de la situación, lo más apremiante para los que trabajamos en Carrefour es la actitud del Sindicato de Comercio y de Armando Cavalieri. La organización gremial a nivel nacional firmó con gusto y sin oposiciones el plan presentado por la patronal.

Hay que recordar que Cavalieri fue uno de los primeros dirigentes en firmar la paritaria con el techo del 15 por ciento impuesto por el gobierno y así condicionó al resto de los gremios haciéndole un favor al plan de ajuste de Macri.

Se trata de un claro ejemplo de cómo funciona el poder y la derecha en el país, donde las empresas, el Estado y la burocracia sindical se unen para afectar a los trabajadores.

La conducción nacional del gremio presentó como un triunfo la firma de este plan de salvataje, aduciendo que logró impedir tres mil despidos. Sin embargo, las bases no lo creen y sabemos que va a haber despidos y retiros voluntarios forzados, que son lo mismo.

 

EMBARGOS A LAS PYMES17.4.2018

Ahogados por la ola

El gobierno nacional admitió los padecimientos de las pymes, pero no anunció ninguna medida para paliar la situación desde el Estado.

Desde la dirección nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Productores (Apyme) advirtieron sobre la delicada situación que vive nada menos que el 95 por ciento de las empresas pequeñas y medianas al respecto de los embargos y las ejecuciones de los mismos. Por eso exigió, entre otras cuestiones, la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales por 180 días.

“Es indispensable que las autoridades, además de tomar nota de la ola de embargos, actúen para que las empresas que proveen más del 70 por ciento del empleo no lleguen a esta instancia”, dijeron desde el organismo luego de apuntar que, pese a que el gobierno nacional admitió la ola de embargos al publicar en el Boletín Oficial la resolución de la Afip que otorga celeridad y sencillez a la resolución de los fondos embargados, no hace nada al respecto.

La publicación es de comienzos de este mes y facilita que los fondos embargados se utilicen en el perentorio pago total o parcial de las deudas de los pequeños empresarios más el 15 por ciento de pago a cuenta de intereses y costas.

En la presentación de esta medida, el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Meyer, informó que en 2017 sufrieron embargos 250.000 pymes. Eso en un marco de muy leve mejora en las actividades luego de un 2016 incruentamente a la baja y ante un 2018 con perspectivas de estancamiento.

“La actual medida de Afip en el mejor de los casos puede significar un leve mejoramiento de los tiempos administrativos y judiciales, pero no resuelve el origen del problema”, dijeron desde Apyme y observaron “la acuciante situación fiscal de cientos de miles de empresas ante la falta de planes de facilidades de pagos y una moratoria adecuada para el sector”.

Por estos motivos, exigió declarar la “emergencia fiscal de las Mipymes”. También que se agregue al plazo de 180 días solicitado, una refinanciación y moratoria a 120 meses de todas las deudas consolidadas incluidas los planes caducos y deudas en trámite administrativo y judicial.

Débito

Desde el 1 de abril y por disposición de la Afip, comerciantes, prestadores de servicios y profesionales que operan con consumidores finales están obligados a aceptar pagos a través de tarjetas de débito, algo que Apyme consideró como una medida que, de implementarse adecuadamente, puede resultar una herramienta para impulsar las ventas, beneficiar al consumidor y facilitar la formalización de la actividad en uno de los sectores más golpeados de la economía, el de las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, desde la entidad observaron que “debe considerarse al vasto universo de negocios pequeños, micro, barriales, emprendimientos, jóvenes profesionales y todos aquellos segmentos de baja facturación comprendidos en la norma y a los que no se contempla como exceptuados, hecho que debería considerarse en las condiciones que establece la disposición”.

Estado y corporaciones13.4.2018

De los dos lados del mostrador

La filiación de clase del gabinete y la genealogía de los grupos económicos que se favorecen con el modelo económico del macrismo exhibe un proceso de agudización de las desigualdades sociales en el país

La lista de los ganadores del modelo económico del gobierno deja en evidencia, una vez más, la fuerte relación entre Estado y grupos económicos. Este es uno de los principales pilares del proyecto liberal burgués que se está imponiendo en la Argentina.

El Estado es la expresión hegemónica -y dominante- de la puja entre las distintas fracciones de clase que pugnan por el poder en una determinada formación económico-social. Desde la batalla de Caseros a esta parte, en nuestro país vienen prevaleciendo las fuerzas oligárquicas ligadas al proyecto agroexportador. Con la nueva hegemonía del capital financiero en la era neoliberal, y bajo el proceso de valorización financiera de la renta agraria, se conformó un bloque de poder que se sostiene en base a la especulación, la exportación y los negocios con los recursos del Estado.

Por su parte, el gobierno implica la administración de una parte del Estado en un determinado período. Desde 1983 a esta parte, esta disputa se resuelve en elecciones generales donde se ponen en juego los intereses en pugna.

En este marco, la administración Cambiemos implica una novedad respecto a todas las etapas anteriores. Es la primera vez que el Estado se encuentra administrado, directamente, por sus propios dueños. En otras palabras, son los representantes de ese bloque de poder tripartito -el sector financiero, el campo agroexportador y la “patria contratista”- los que en la actualidad gestionan, directamente y sin intermediarios, la política económica desde el gobierno.

Resulta tan obsceno como paradigmático el caso argentino, bajo el cual también se podría encuadrar a los gobiernos de Paraguay y Chile. Esta clase empresarial es la encargada de llevar a cabo las reformas estructurales que demandan sus intereses.

Ejemplos sobran: el ministro de Agroindustria es el presidente de la Sociedad Rural; el ministro de Minería y Energía es el ex CEO de Shell; el ministro de Finanzas un representante de Wall Street; el secretario de Comercio el dueño de La Anónima o el presidente de la Nación la cara visible de una familia que se enriqueció al calor de la prebenda y el chantaje con los recursos del Estado durante la dictadura y el menemismo.

La filiación de clase del gabinete alcanza para sostener la querella, la cual, se puede ampliar si se tiene en cuenta quienes son los principales grupos económicos que crecieron en estos dos años.

En Pampa Energía -dueña de Edenor- es administrada por Marcelo Mindlin y Joe Lewis, amigos personalísimos del presidente. Mindlin, a su vez, compró Iecsa a Calcaterra en medio de las acusaciones por el caso Odebrecht. Por esta puerta entró Rogelio Pagano al negocio de la electricidad en la provincia de Buenos Aires, sector que logró monopolizar en apenas un año. Nicky Caputo también es un nombre que surge rápidamente, dueño de Edesur y mano derecha de Macri.

En el mundo de las finanzas a la situación de Luis Caputo, quien se autobenefició como ministro con la emisión de bonos y el dólar futuro, ahora se suma el delito de su ladero en el Ministerio. Se trata de Santiago Bausili, Secretario de Finanzas, quien sigue cobrando dividendos del Deutsche Bank. En este caso hablar de “conflicto de intereses” es un eufemismo que escamotea la genealogía del saqueo en el país. Todo el gabinete se encuentra en conflicto de interés, especialmente, con los de los trabajadores.

Ganadores y perdedores13.4.2018

Neoliberalismo recargado

En apenas dos años el gobierno logró consolidar su modelo económico que es la continuación del proyecto neoliberal inaugurado por la dictadura militar y profundizado por el menemismo. Informes del Cepa y la Undav ponen en contexto los índices difundidos por el Indec ¿En serio se animan a decir que bajó la pobreza?

La profundización diaria del proyecto del gobierno deja en claro cada vez más quienes son los ganadores y perdedores del modelo económico. La tercera etapa neoliberal reedita la tendencia histórica sobre la que se fundó el Estado liberal burgués en el país: concentración de la riqueza y hegemonía de los grupos económicos internacionales.

Desde la década del setenta a esta parte se viene consolidando una tendencia mundial que el modelo económico del gobierno agudiza: la hegemonía de la oligarquía financiera y del sector servicios por sobre el resto de las dimensiones de la economía, especialmente, en detrimento del sector productivo.

No es descabellado sostener que la política económica del macrismo es la continuación del programa de la última dictadura cívico-militar. Martínez de Hoz es un personaje que se recuerda poco y nada en relación al peso específico que tiene en la actualidad nacional, como también sucede con la Embajada yanqui. Ambos son los autores ideológicos de la política económica del macrismo.

Un nuevo informe del Centro de Economía Política de la Argentina (Cepa) publicado la semana pasada confirma esta hipótesis, más aún cuando se contextualiza con las conclusiones difundidas por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).

Según el Cepa, en el bienio 2015-2017 y gracias a las políticas económicas del macrismo, el sector financiero, las compañías que prestan servicios públicos privatizados y el campo agroexportador son las actividades que más crecieron en relación al PBI.

Por el contrario, y tal como informó la Undav, Argentina es el país de la región que más aumentó el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo. Ambos estudios, puestos en relación y a la luz de las medidas económicas, dejan entrever una aguda profundización de las desigualdades sociales en el país.

Nuestra Propuesta, en sus versiones diarias y quincenales, ha publicado más de un centenar de artículos en los que expone y denuncia el verdadero objetivo del gobierno de Macri, impulsado por el imperialismo yanqui y sostenido por el bloque de poder real. No se trata de otra cosa que de la profundización de las desigualdades sobre las que se fundó el Estado liberal burgués en Argentina.

Ello implica dos objetivos a corto plazo que el gobierno viene cumpliendo con creces: operar la mayor transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital y recuperar, en el menor tiempo posible, lo que los grupos económicos consideran “terreno perdido” durante los doce años de kirchnerismo.

La afirmación, lejos de ser caprichosa, está a la vista.

Unos ganan, otros pierden

Hace dos semanas el gobierno presentó con bombos y platillos lo que parecía ser una buena noticia para una gestión que, en dos años, tiene poco para mostrar de cara a la sociedad y nada para los sectores populares.

En conferencia de prensa, el presidente de la Nación anunciaba un nuevo informe del Indec en el que se consignaba que la pobreza había disminuido durante el 2017. Esto, sumado al crecimiento del PBI de 2,9 por ciento parecía confirmar, desde la óptica del gobierno, el éxito de las políticas de ajuste, las cuales, siempre han sido presentadas con fines altruistas de dudosa originalidad.

Sin embargo, los tarifazos de semana santa, el índice de inflación de marzo y los informes del Cepa y la Undav echaron por tierra, en menos de dos semanas, lo que el gobierno pretendió “vender” como acierto.

Siempre se afirmó que “crecimiento” no implica necesariamente “desarrollo” y mucho menos “reducción” de las desigualdades sociales. Esto, que a priori puede ser una paradoja, suele ser una constante en el capitalismo, especialmente en los países periféricos. A este perseverante fenómeno de las economías periféricas, el macrismo rinde tributo sobradamente ¿Quién se apropió del incremento del 2,9 por ciento del PBI? ¿Quiénes se apropiaron de esos recursos?

El informe del Cepa deja en claro aquello que se nota a leguas marinas: los sectores especulativos y las empresas que explotan las empresas de servicios públicos son, junto al campo agroexportador, los principales apropiadores de este crecimiento.

Veamos: si se tiene en cuenta la evolución de la participación en el PBI durante el periodo 2015-2017, el sector financiero aumentó su participación en un 0,74 por ciento del total; las empresas de servicios públicos un 0,61; el sector agroexportador un 0,49; y las empresas de transportes y comunicaciones un 0,35.

En contraposición, la industria, la construcción y el comercio decrecieron en la porción de riqueza que se apropian ¿Qué confirma esto? Que lo que se implementa en la actualidad es una reedición del modelo económico de Martínez de Hoz y de la dictadura y que el sector especulativo se impone por sobre el productivo. Esto redunda en un proceso de desindustrialización que se paga con crecimiento del desempleo y del empleo precarizado y, por ende, en una destrucción del mercado interno.

Nada de esto es casualidad. La tasa de interés y el endeudamiento externo masivo, pilares fundamentales de la política económica del gobierno, explican los beneficios del sector financiero; los tarifazos y la quita de subsidios fundamentan las ganancias de las empresas concesionarias de servicios públicos; la quita de retenciones a las exportaciones y la devaluación consolidan la renta de los terratenientes y pooles de siembra; y la desregulación del sistema de telecomunicaciones los dividendos de las empresas de comunicación.

La contraparte, necesaria, de esta política económica la sufren los trabajadores, la pequeña y mediana empresa, la agricultura familiar y hasta las grandes cadenas multinacionales de comercio, como la francesa Carrefour, que presentó un plan de contingencia ante el Ministerio de Trabajo debido a la merma en las ventas. Obviamente, el gigante de los supermercados pretende garantizar su rentabilidad en detrimento de los trabajadores.

Un claro ejemplo de esto es el peso que los tarifazos tienen para los sectores populares. El nuevo esquema tarifario ensayado por el gobierno y que se consolida día a día con la andanada de aumentos mensuales es un verdadero disciplinador social. Así queda claro al evaluar el peso que tienen los servicios públicos en el ingreso de los trabajadores.

Si tomamos el salario mínimo, según el Cepa, el desembolso en el pago de tarifas pasó del seis al 21 por ciento en apenas tres años. Así las cosas, la Argentina pasó de ocupar el octavo puesto en la región a estar en el podio de los países en el que las tarifas ejercen mayor presión sobre el salario.

"Partiendo de un costo tarifario ínfimo, producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria y convergencia acelerada a precios de mercado", sostiene el informe.

Estos datos confirman, una vez más, que la política económica del gobierno está centrada en efectuar una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital que no se puede combatir con medidas neokeynesianas ¿Estará presente esta realidad en los que piensan en “alternativas” de cara al 2019?

Importación récord de petróleo13.4.2018

¿Y el déficit?

A pesar de la austeridad discursiva a la que apela el gobierno, se multiplicó la importación de crudo en los últimos tres años, lo que redunda en una profundización del déficit comercial ¿Por qué y para qué?

Mientras el gobierno insiste en disciplinar a vastos sectores de la economía con medidas de ajuste, justificándose en la necesidad de disminuir el déficit fiscal para equilibrar las cuentas, unos pocos sectores gozan de ciertos privilegios que les permiten aumentar sus ganancias a costa de los recursos del Estado.

Entre los ganadores de la política económica del gobierno hay que contar a las grandes petroleras que no sólo se beneficiaron con la liberalización del precio de los combustibles y la devaluación sino que, además, multiplicaron por once en los últimos tres años la cantidad de petróleo que venden a la energía.

El principal argumento del gobierno a la hora de justificar los tarifazos y la liberalización del precio de los combustibles fue la necesidad de paliar la crisis energética del país, la que demandaba una inversión que, según el gabinete, el Estado no podía afrontar. Por ello redujo subsidios a los usuarios, autorizó aumentos por encima de la inflación y, finalmente, avanzó en la desregulación del sector energético.

Sin embargo, y pese a estas medias, en el último año el macrismo incrementó considerablemente la cantidad de crudo importado. Esto no sólo confirma el fracaso de la política del gobierno en relación a los objetivos expresados públicamente, sino que además significa un agujero comercial que explica, en parte, el déficit récord de la balanza de pagos durante el 2017 y que seguramente aumentará en este 2018.

Esta política económica significó una hemorragia de 114 millones de dólares. Esta enorme cantidad de dólares invertidos, que fueron directo a incrementar las ganancias de las principales petroleras del mundo, se explican por la desregulación del sector petrolero. Si en el periodo febrero-marzo de 2015 nuestro país importó 2.369 barriles de petróleo por día, durante el mismo período de 2018 el gobierno adquirió 27.567 unidades de crudo.

La regulación del precio de los combustibles servía para estabilizar el precio interno de los combustibles y, además, establecía una cuota máxima de importación de crudo, lo que obligaba a las empresas del sector, a mantener un nivel de producción local acorde a las necesidades energéticas del país.

La mano visible del mercado

La decisión de liberalizar el precio de los combustibles forma parte del proyecto de consolidación del Estado liberal burgués en el país. La medida alteró el escenario económico y profundizó la redistribución regresiva del ingreso. El aumento sin tope en el precio del combustible sirvió para aumentar la rentabilidad de empresas como Shell y encareció el costo del transporte público, los fletes y servicios como el gas natural. Por su parte las consecuencias inflacionarias están a la vista: en una estructura económica altamente dependiente, con gran parte de sus insumos a precio dólar y con mercancías que se transportan de forma casi exclusiva por vía terrestre mediante camiones y furgonetas, no era difícil prever el desenlace.

Vale recordar que esta desregulación del mercado de hidrocarburos coincidió con la fusión de Pan American Energy y Axion, petroleras que integradas verticalmente controlan el 76 por ciento del mercado. Además, permitió a las refinerías comprar petróleo en el exterior cuando el precio internacional hizo que sea más barato importarlo que producirlo.

Así las cosas, esta apertura indiscriminada en la importación de crudo y la liberalización del precio de nafta en surtidor, en el contexto de un mercado cada vez más concentrado, redundó en mayor rentabilidad para las petroleras -especialmente para las internacionales como Shell o Pan American- que fugaron los ingresos a sus casas matrices con los dólares que el gobierno adquirió vía endeudamiento externo.

Como si fuera poco, la posibilidad de comprar en el exterior hizo descender la producción local. Una cosa lleva a la otra: menor producción implica menos inversiones y una disminución del empleo en el sector o, lo que es lo mismo, la destrucción de los puestos de trabajo en una industria librada “al azar” -por decisión macroeconómica del gobierno- de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo y la cotización del dólar.

De esta manera el gobierno continúa dando pasos agigantados hacia el objetivo de someter al Estado a los intereses de los grupos económicos y el gran capital a costa del bolsillo de los sectores populares.

 

Colectivos, trenes y peajes también3.4.2018

Sube, sube y sube

El aumento de las tarifas en el transporte público forma parte del incremento generalizado de los precios de la economía. Mientras el consumo se derrumba.

Desde ayer viajar en trenes y colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano es más caro, como así también cargar el tanque con GNC y cruzar peajes.

Estos aumentos, sumados al de gas y en el contexto de los incrementos en las tarifas de agua y luz de marzo, alejan cada vez más la meta inflacionaria del quince por ciento anunciada por el gobierno y convenida con el Banco Central, luego de recalibrar la meta de doce puntos antes de que empezara el año y tras aprobar el presupuesto 2018.

En el caso del boleto de colectivos, el mínimo subió de 8,50 a 9,50 pesos, lo que implica un aumento del once por ciento. Para abordar los trenes de la línea Sarmiento, Mitre y San Martín el costo del pasaje pasó de los ocho a nueve pesos. Mientras tanto, se espera que tras la audiencia pública de abril en la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa del subte pase de los 7,50 a los once pesos.

Por su parte, los peajes -que golpean a los automovilistas junto a los incrementos de las naftas y el GNC- aumentaron un 13,4 por ciento promedio. Así las cosas,los livianos pagarán 45 pesos en las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en hora no pico y 63 en hora pico, mientras que en la Autopista Illia el importe a abonar será de 19 pesos en hora no pico y 28 en horario pico.

Mundo de fantasía

Estos números refuerzan la idea de que la baja de la pobreza anunciada por el Indec el miércoles pasado forma parte del “mundo de fantasía” que construye día a día el gobierno junto a la massmedia y que fue expuesto por el propio presidente el 1º de marzo en la apertura de las sesiones legislativas.

¿Cómo puede convivir la noticia de que hay menos pobres en la Argentina junto a la certeza de que cada día es más caro satisfacer las necesidades básicas? Varios son los números que desmienten el relato oficial. El Indec, al mismo tiempo que afirmó que la pobreza descendió, admitió que el costo de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 3,3 por ciento en febrero. La CBT es aquella que incluye un promedio de los precios de los alimentos, pero también incorpora el costo del transporte, servicios, salud y educación. Así las cosas, en la actualidad, una familia tipo en Argentina -dos adultos mayores y dos niños- necesitan 17.600 pesos por mes para permanecer por encima del umbral de la pobreza.

Si a esto se le añade la pérdida del poder adquisitivo que, según el sector, alcanza un siete por ciento en los últimos dos años, tenemos que el consumo disminuye mes a mes. En marzo, las ventas minoristas del comercio Pyme se derrumbaron un 2 por ciento y acumulan un descenso anual de 1,5, tal como difundió la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Como ya mencionamos, la inflación es el resultado de la puja distributiva que se viene sosteniendo en el país y de la cual el gobierno es parte. Por ello, pugna para torcerla a favor de los sectores patronales, los cuales, vienen sacando clara ventaja. En 2016 la inflación fue del 42 por ciento, en 2017 del 25 y para este año se espera que sea del 23 a pesar del techo anunciado del quince y de la merma en la capacidad de compra de los asalariados.

De esta manera, la Argentina desafía una de las máximas de la economía neoliberal y es aquella que sostiene que si “se enfría” la economía, el alza de precios se puede contener. Sin embargo, la principal variable de ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores sigue siendo el aumento de precios a pesar de que la economía está en un freezer. Un argumento más para sospechar de las premisas económicas del liberalismo.

Tarifas, inflación y pobreza3.4.2018

Más allá de los números

¿Hay menos pobres en Argentina? Los números presentados por el Indec la semana pasada contrastan fuertemente con la realidad: semana santa se fue pero dejó una ola de tarifazos que castiga a los sectores populares.

A menos de una semana de que el gobierno anunciase, con bombos y platillos, que la pobreza disminuyó, los sectores populares sufrieron un nuevo choque con esa realidad que el gabinete niega. Es que abril comenzó recargado, con fuertes aumentos en las tarifas del gas, transporte público, peajes y GNC.

“Cada vez más argentinos están saliendo de la pobreza” escribió el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una columna publicada en la edición dominical de La Gaceta de Tucumán, inaugurando así el mes de abril pero repitiendo, por enésima vez, las falacias sobre las que construye el relato oficial.

Lo escrito por Macri se asienta, hay que decirlo, en los datos publicados por el Indec el miércoles pasado. Según el organismo oficial la pobreza en 2017 se redujo hasta el 25,7 por ciento, una baja de 4,6 puntos en relación al 2016.

Pero, recordemos. “Este es el punto de partida para que me evalúen” había exclamado el presidente cuando en 2016 difundió que el índice de pobreza en Argentina era del 32,2 por ciento. Vale rememorar que, desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2016, en Argentina hubo un apagón estadístico: el Indec decidió, con la excusa de diseñar nuevas herramientas de medición “más creíbles” que las de Guillermo Moreno, no producir estadísticas.

Sucede que el rediseño metodológico en el Instituto coincidió con el primer semestre del mandato de Macri ¿Qué sucedió en ese período? Se produjo una devaluación de más del cuarenta por ciento, las tarifas aumentaron más de un quinientos por ciento y la inflación promedio fue de un veinte por ciento. Todo eso sólo en el primer semestre del 2016.

Así las cosas, Macri y el gabinete presentaron un índice de pobreza -32,2- que incluía el desastre generado por la política económica del primer semestre pero que no aclaraba cuál era el punto de partida real en diciembre de 2015. En otras palabras, la derecha se autoimpuso un termómetro absolutamente descontextualizado y diseño una metodología de medición que permita mostrar un descenso de la misma bajo su gestión.

A los números de laboratorio presentados por el gobierno y el Indec se le opone un termómetro difícil de contrarrestar: el de “la calle” y el bolsillo de los trabajadores ¿Cómo es posible que la pobreza haya disminuido si el poder adquisitivo del salario, jubilaciones y asignaciones se vio erosionado en el bienio 2015-2017? ¿Cómo puede haber menos pobres si el aumento del empleo fue menor al de la población económicamente activa?

La política económica del gobierno es clara y tiene un objetivo central: operar una fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital en el menor tiempo posible. Es en esta política que se enmarcan medidas como los techos en las paritarias, los tarifazos, la baja de retenciones a las exportaciones o la eliminación de subsidios, solo para mencionar algunas de ellas.

En este escenario, la inflación no es más que el reflejo de la puja distributiva que se da en el país y en la que el gobierno interviene para favorecer a los sectores patronales.

Estado y corporaciones

Desde los primeros tarifazos a comienzos de 2016, en las notas de este diario venimos alertando que el nuevo esquema de tarifas que se quiere imponer en el país obedece a un rediseño de la estructura económica basado en el saqueo de la riqueza y el ajuste para favorecer a los grupos económicos. La composición de clase del gobierno nacional alcanza para sostener esta querella.

Nombres como Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Joe Lewis se han ganado un espacio destacado en las crónicas que buscan desenmascarar al bloque de poder dominante. Ello sin perjuicio de los apellidos que componen el gabinete y se encuentran de los dos lados del mostrador, esto es, en el sector privado y la gestión del Estado: los Peña Braun, Etchevehere, Quintana, Aranguren y Caputo. Todos bajo la conducción de Macri y la Embajada de Estados Unidos.

A la lista que encabezan Nicky Caputo y Marcelo Mindlin hay que sumar un nuevo integrante, el financista Rogelio Pagano, un ex ejecutivo de Pampa Energía y Edenor que ahora controla las cuatro distribuidoras de luz de la provincia de Buenos Aires.

Tal como denunció Alfredo Zaiat en Página/12, el empresario -de bajo perfil público- administra las empresas Eden, Edea, Edes y Edelap. Para que esto pueda ser así contó con el apoyo indispensable de la gobernadora María Eugenia Vidal. No podía ser de otra manera: la posición de Pagano es inédita ya que le permite monopolizar la distribución de la energía eléctrica en la provincia, violando el marco regulatorio vigente.

De esta manera, Pagano tiene bajo control toda la provincia de Buenos Aires menos el conurbano bonaerense que, ¡oh casualidad! se lo reparten entre Edenor -Mindlin-Lewis- y Caputo -Edesur-.

Pagano usó como trampolín a Pampa Energía y Edenor tal como lo hizo uno de los empresarios favoritos en la Rosada: Marcelo Mindlin. Este fundó un verdadero imperio económico gracias a los tarifazos que aprobó Aranguren en el sector energético. Con las ganancias compró Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente y señalado como uno de los testaferros de la familia Macri y de Mauricio.

Ahora, este parece seguir el mismo camino gracias a Vidal y a fuerza de tarifazos. En 2016 logró imponer aumentos que fueron desde el cien hasta el 215 por ciento. En 2017, se le permitió un nuevo incremento de 125 por ciento más un adicional de diez puntos porque, supuestamente, el grupo cumplió con un plan de inversiones de casi seiscientos millones de pesos. En el primer trimestre de 2018 el precio de la energía ya aumentó un 32 por ciento.

Mientras esto ocurre, el costo de la Canasta Básica Total aumentó -sólo en febrero e incluyendo tarifas- un 3,3 por ciento. Aumenta el costo de vida para las personas y aumenta las ganancias de las grandes empresas ligadas al gobierno nacional ¿Casualidad o causalidad? Cualquiera sea el caso, que Pagano adore el dinero no es más que una casualidad irónica, más aún en tiempos de Pascua cristiana y pesaj.

¡Dale gas!3.4.2018

Con el frío, los aumentos

El gobierno, para no perder la costumbre, recibe los primeros fríos del año con anuncios de aumentos en las tarifas de gas. En dos años subieron más de mil por ciento en la zona metropolitana. “Es para que la energía sea más barata”, dijo sin sorna Aranguren

Comenzó el otoño y como no podía ser de otra manera llegó con aumentos: a partir de ayer las tarifas de gas volvieron a subir, esta vez, un cuarenta por ciento. Así las cosas y en apenas un año, los aumentos superaron el 110 por ciento, y desde que Macri se sentó en el sillón de Rivadavia el precio se encareció más de mil por ciento.

Estos números no son definitivos, sino que es la base del nuevo esquema tarifario. El aumento de cuarenta puntos es el piso que se pagará en el caso de que se mantenga el consumo respecto al mismo período del año pasado.

Los usuarios más castigados son los del área metropolitana. En Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los incrementos superan el mil por ciento promedio para los dos últimos años. Las alzas son tan impresionantes que las distribuidoras se encuentran diseñando un plan de financiación optativo para aquellos usuarios que no puedan pagar las nuevas facturas.

Pese a este panorama, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, volvió a justificar los incrementos bajo la promesa de una mejora en el servicio ya que, supone, las empresas estarán en mejores condiciones para invertir. Además, sin ironía, prometió que “es para que la energía sea más barata”, ya que, según el gobierno, una de las excusas de los aumentos en las tarifas residenciales es que sirven para mantener el precio de la tarifa social.

Sin embargo, la promesa de inversiones, por ejemplo, desconoce la tradición económica de las empresas del sector y las prácticas de los empresarios. Es que, tal como lo demuestra el caso de Marcelo Mindlin de Edenor o, en su momento, de los hermanos Cirigliano al frente de Trenes de Buenos Aires (TBA), cuando estos logran mayores ganancias, en vez de invertirlas para brindar un mejor servicio, las usan para fugar capitales o comprar nuevas empresas.

Lo que termina ocurriendo es lo mismo que viene pasando hace décadas en el país y no es otra cosa más que el fortalecimiento de los grupos económicos que crecen gracias a los recursos del Estado pero que, al mismo tiempo, pujan para que este disminuya el gasto público y elimine regulaciones.

Por eso las declaraciones del ministro no puede tomarse de otra manera más que como una tomada de pelo. Más aún cuando en la misma semana admitió tener todavía su patrimonio en el exterior y que podría ser repatriado sólo cuando el país, que el mismo administra, sea más confiable para invertir y ahorrar.

Ahora, en el caso del gas ¿Por qué aumenta tanto? Es que además de querer asegurar la rentabilidad a las empresas del sector, a costa del bolsillo de los usuarios, el gobierno busca establecer una paridad entre el precio interno y el de importación, más allá del costo de extracción en boca de pozo.

Para decirlo sencillo, el gobierno avanza en su plan de dolarizar el precio interno del gas en el contexto de un dólar absolutamente desregulado, cuyo precio es fijado por el “mercado”, tal como se jacta el presidente cada vez que le preguntan por el valor de la moneda estadounidense.

Ante este escenario, Enargas se encuentra negociando con Metrogas y Gas Natural un esquema de financiación en cuotas para las nuevas facturas que comenzaran a llegar en el invierno. Si los montos ya son abultados, con los nuevos incrementos se volverán impagables para un sector cada vez más grande de la población, más aun en el contexto de aumentos generalizados en los precios de la economía ¿La meta inflacionaria del quince por ciento? Bien gracias, como el poder de compra del salario y la recuperación del mercado interno.

 

Gambeta al Congreso21.3.2018

Caputo en su laberinto

Si lo prometió el gobierno, no se cumple. Así pasó con la visita de Caputo a la bicameral que busca interpelarlo por la incompatibilidad de sus negocios con el Estado, los cuales están probados e implican delito.

Pese a la promesa del propio Jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se iba a presentar este miércoles en el Congreso para dar explicaciones sobre los negocios que hizo con un fondo de inversión y una offshore siendo funcionario del gobierno nacional, finalmente y como era de esperar, la interpelación no se pudo realizar ya que Caputo se bajó a último momento.

La ausencia del ministro fue una victoria parcial de los diputados de Cambiemos que lograron dilatar, al menos hasta la semana próxima, la exposición de Caputo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda.

El actual ministro de Finanzas está desde hace unos meses en el ojo de la tormenta y es un fiel exponente de las características del gabinete macrista. El funcionario, que cuenta con el aval explícito del presidente y de los principales fondos de inversión del mundo, realizó negocios con el dólar futuro, se vio beneficiado por los tarifazos y hasta efectuó inversiones con fondos previsionales. Así las cosas, en menos de dos años, logro obtener dividendos por más de 800 millones de pesos.

Axis, Grainvest y Noctua son dos nombres blindados por el gabinete y la mass media. Sin embargo, remiten a uno de los saqueos más extraordinarios de los últimos años en el país. Y ambos están vinculados a Luis Caputo.

Como funcionario, Caputo ganó en cuestión de segundos más de setecientos millones de pesos ¿Cómo lo hizo? Cobrando los contratos de dólar futuro que había adquirido y a los que él mismo les fijó el precio. Un delito de proporciones que no fue tapa de ningún diario ni materia de indignación o linchamientos.

Como si esto no fuera poco, y también con Axis, Caputo hizo valer una inversión que hizo mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, el mismo que “corría riesgo” según el gobierno y que motivó el recorte previsional de diciembre último. Suena descabellado y lo es, suena a delito y lo es: el ministro uso fondos públicos para hacer inversiones privadas.

Con Gainvest, los negocios estuvieron por el lado de las inversiones golondrinas y allí su principal aliado fue el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Caputo fue beneficiado con las altas tasas de interés y con la devaluación, ya que tiene más de nueve millones de dólares en el exterior. A través de Gainvest, el funcionario se benefició de la bicicleta financiera que el mismo incentiva desde la administración del Estado.

Por último, al menos hasta donde se conoce, la voracidad de Caputo no lo dejó quedarse al margen de los beneficios del bono a cien años ¡qué él mismo emitió! Mediante Noctua, invirtió cinco millones de dólares en los títulos que pagarán generaciones y generaciones de trabajadores.

Pese a las evidencias, desde el gobierno insisten con que “no hay conflicto de interés”. Además argumentan que Caputo es “un hombre de las finanzas” por lo que es lógico que su nombre aparezca asociado a estas firmas y que ello no implica delito alguno. Sin embargo, su patrimonio indica lo contrario. En apenas dos años ganó más de ochocientos millones de pesos gracias a que se encuentra de los dos lados del mostrador, una ventaja comparativa que muchos anhelan y a las que pocos pueden acceder.

El FMI y el G20 ¿Qué dejó la cumbre?21.3.2018

Capitalismo recargado

Al igual que la cumbre de la OMC del año pasado, el foro del G20 -que es la antesala del encuentro de presidentes que tendrá lugar este año en Bariloche- no dejó mucha tela para cortar, aunque dejó en claro que el futuro del capitalismo no se dirime en estos espacios: Argentina ya tiene un lugar ganado y el FMI lo quiere reforzar.

Culminó sin grandes sorpresas y con las nuevas-viejas recetas esperadas la cumbre del G20 de Buenos Aires en la que participaron ministros y presidentes de los bancos centrales de las veinte economías más importantes del mundo.

El foro fue más trascedente por lo que sucedió en rededor que por los debates y las consideraciones finales, plasmadas en un documento que se publicó ayer al finalizar el encuentro.

Sin dudas que lo más importante del mitin fueron las reuniones que la Directora del FMI, Christine Lagarde, tuvo con el presidente Mauricio Macri por un lado y, por otro, con el ministro Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. En ellas, la mandamás del organismo internacional ratificó el beneplácito “del mundo” con el rumbo económico asumido por el país en diciembre de 2015 y insistió con una serie de medidas ortodoxas con el objetivo de “reducir el gasto” y bajar la inflación. Por su parte, desde el gobierno insistieron en la necesidad de que crezcan las inversiones extranjeras. Razón no le falta al gabinete: los famosos brotes verdes de la economía se transformaron en “crecimiento invisible”, y uno de los motivos que explica el fracaso del programa económico del gabinete es la falta de inversión por parte de las empresas que cuentan con dólares genuinos.

Esto queda confirmado al observar que no crece la inversión extranjera directa (IED) en el país. Por el contrario, 8,5 de cada diez dólares que ingresaron fueron a inversiones financieras en pesos. Es decir, a la timba, comportamiento estimulado por el gobierno que mantiene la tasa de interés de referencia más alta del mundo "emergente", aunque ayer la haya tocado para colocarla en un 26,6 por ciento.

La falta de inversiones, el aumento del déficit fiscal -pese al recorte en áreas sociales-, el peligroso desbalance de la balanza comercial y la inflación incontrolable sostenida por tarifazos y libre flotación del dólar, explican, la visita de Lagarde al país. La cumbre del G20 fue sólo una excusa. La experiencia indica que este tipo de visitas se producen, casi siempre, cuando el agua ya rebosó el cántaro, pero este no parece ser el caso de Argentina, todavía.

Entonces, se entiende mejor por qué la funcionaria del FMI salió a bancar fuerte in situ y públicamente al gobierno argentino y su política económica. Incluso, lo hizo resaltando que el ritmo en que se operaron las transformaciones estructurales “no son gradualistas”. El pez no sólo por la boca muere sino, que además, confirma los alertas emitidos por Nuestra Propuesta Diario de Noticias sobre la trampa que implica el debate entre shock o gradualismo en un contexto en el que el capitalismo ajusta cuentas hacia el interior del bloque dominante pero que tiene bien en claro que papel otorga a países periféricos como el nuestro.

Por ello, el FMI no duda en avalar la política del gabinete, basada en el endeudamiento, el ajuste y el peligroso nivel de emisión, enmascarado por medio de una altísima tasa de referencia del Central, así como la apertura indiscriminada de importaciones y su correlato, la contracción del mercado interno, y las consecuencias que esto trae que se verifican en la profundización del déficit fiscal y la inflación.

Todas estas recetas tiene una orientación bien clara y ahí es donde las internas del capitalismo mundial quedan a un margen. Las mismas están diseñadas para cristalizar un marco legal que le otorgue perdurabilidad a la feroz transferencia regresiva de riqueza que estas políticas provocan.

Y si alguien tiene alguna duda al respecto, sólo debe recurrir al documento público que un año atrás emitió el FMI donde explicita cuáles son las recomendaciones que hace para Argentina. La similitud entre esas “recomendaciones” y el contenido del Paquetazo de proyectos que La Rosada intentó -y logró parcialmente- que el Congreso sancione en diciembre de 2017, exime de cualquier otra explicación.

Grieta en el capitalismo

El Fondo Monetario jugó de local durante todo el encuentro y hasta pareció ser el verdadero anfitrión. Sin embargo, el foro dejó entrever las tensiones que se vislumbran al interior del bloque dominante capitalista que pugna por la conformación de un nuevo orden económico mundial.

Allí las diferencias son claras y Argentina parece haber tomado posición, aunque juega a dos puntas. La pugna entre el nuevo-viejo proteccionismo yanqui -presentado bajo la fórmula trumpeana de “un comercio libre, justo y recíproco”- versus el librecambismo de la Unión Europea que defiende a capa y espada los “convenios multilaterales” datan una “Guerra comercial” abierta en el mundo.

Ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no le teme a una “guerra comercial” porque entiendo -con razón- que su país tiene espalda -¡y armamento!- para sostenerla. En ese línea hay que analizar, en lo que a nuestro país refiere, las trabas a la importación de acero, biodiesel y limones impuestas por el país del norte.

Si bien el gabinete económico nacional sostiene oficialmente que “no existe una guerra comercial”, lo cierto es que es el propio presidente Macri el que intenta articular en la región un bloque que permita hacer fuerza para cerrar, finalmente, un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Por lo pronto, las intenciones de la derecha vernácula y regional parecedifícil de concretarse. En las últimas, Francia -a través de su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire- volvió a frenar el posible pacto debido a las tensiones internas del bloque europeo y, especialmente, a la lógica oposición de los sectores del agro que no quieren “competir” con Argentina.

De esta manera, la cumbre del G20 dejó entrever las grietas que hay entre los países que representan a las empresas y economías más importantes del mundo. Argentina negó la existencia de una “guerra comercial”; los europeos se quejaron de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y el aluminio ya que configura “una condición de comercio injusta”; y los representantes de la Casa Blanca fueron claros al afirmar que contaban con la venia presidencial para sostener un enfrentamiento comercial con el objetivo de que prevalezcan los intereses yanquis.

Así las cosas, el posicionamiento argentino frente a estas tensiones viene causando estragos en la economía nacional. La apuesta librecambista con la Unión Europea trajo aparejado la apertura indiscriminada de importaciones. Las consecuencias están a la vista: destrucción del empleo y del mercado interno, profundización de la restricción externa -escasez de dólares- y desbalance histórico de la balanza comercial.

La decisión de “abrirse al mundo” se complementa con las políticas de ajuste, especialmente con aquellas vinculadas a reducir la inversión pública en educación, salud, jubilaciones y programas sociales. Esto último es lo que vino a celebrar el FMI. Mientras Argentina parece pugnar por un mundo librecambista en materia comercial, en el aspecto financiero es campeón mundial de la desregulación.

Vale recordar que esta semana el Congreso se presta a sancionar una “Ley de financiamiento productivo” orientada a flexibilizar aún más las responsabilidades del sector financiero a la hora de hacer negocios en el país. Aquí no hay contradicciones ni “guerra comercial” que valga. Argentina es una excelente plaza financiera para fondos de inversión y para la timba financiera, sean estos yanquis o europeos.

Argentina y el mundo21.3.2018

Defensa de la agenda neoliberal

Pese a las tensiones internacionales entre proteccionistas y librecambistas, como si fuera el siglo 19, donde no hay diferencias es sobre el lugar que tiene que ocupar la Argentina del siglo 21.

La cumbre del G20 fue tomada por el gobierno nacional como una excelente oportunidad para ratificar y defender, ante propios y extraños, la agenda neoliberal que viene sosteniendo desde diciembre de 2015.

Como ya aclaramos, esta agenda no escapa a las tensiones que dominan al capitalismo mundial en este momento, el cual, tras la fuerte crisis del 2008-2009, aún se encuentra en fase de reconfiguración hegemónica.

Puertas adentro el camino parece ser bien claro y el visto bueno de Lagarde, con felicitación incluida, fue tomado por el gobierno como una señal para que insista con el mismo rumbo. El rediseño económico-social que ensaya el bloque de poder dominante en nuestro país es coherente -y necesario- con el libre flujo de la renta financiera que promueve el capitalismo. Aquí no hay proteccionismo que valga. Las desregulación del mercado de capitales es uno de los principales objetivos de los agroexportadores, las multinacionales y los fondos de inversión ¿Por qué? Por qué si la valorización financiera del capital y la renta es lo que caracteriza al capitalismo en esta etapa, en la división internacional Argentina tiene asignado un rol específico: el de país exportador de materias y primas y plaza financiera para la timba y la bicicleta.

La afirmación no es caprichosa, por el contrario, el programa económico del gobierno así lo demuestras. La destrucción de la industria nacional, el vaciamiento del Inti y la reducción del presupuesto en ciencia y tecnología es la contraparte necesaria del endeudamiento externo masivo, las Lebac y el aliento a la inversión especulativa por sobre la productiva.

Si el lector piensa que estos son argumentos repetidos, razón no le falta. Pero no es la falta de imaginación de este periodista la que lo hace navegar por las mismas zonas desde hace dos años, sino que es la política económica la que navega por una única ruta y con objetivos bien claros.

Se equivocan aquellos dirigentes de la oposición que acusan al gobierno de no tener un plan económico. Por ejemplo, que la inflación no se pueda controlar no es un daño colateral: es consecuencia de la puja distributiva que el mismo gobierno alienta en el proceso de transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital.

El agujero fiscal que supone el aumento del peso de los intereses de la deuda en las cuentas públicas, mientras los funcionarios desfilan por canales de televisión alertando que el principal objetivo es disminuir el gasto, tampoco lo es un error no forzado. No se trata de tenistas tirando siempre al fleje, lo que presupone el riesgo lógico de tirar más de una pelota afuera, sino de una precisa intervención del bloque de poder dominante sobre la estructura económica del país.

El impresionante rojo fiscal de mil millones de pesos mensuales para este año se inscribe también en esta lógica. Era obvio que la apertura de las importaciones en un contexto de avanzada proteccionista impulsada por EE.UU. y hasta por la Unión Europea que no quiere competir con el agro nacional iba a producir un desbalance sin precedentes ¿Acaso los economistas del gobierno, con experiencia en Wall Street y graduados en las principales usinas liberales no lo sabían? Por supuesto que sí y actuaron en consecuencia según el programa económico del bloque de poder.

No queremos ser reiterativos pero es preciso martillar hasta el cansancio sobre la realidad para destruir los relatos del gobierno. El país de fantasía de Macri y sus secuaces es, en la práctica, uno muy real para los trabajadores y los grupos económicos. Para los primeros es destrucción del empleo, inflación, pérdida del poder adquisitivo y represión. Para los segundos es desregulación financiera, importación descontrolada, fuga de capitales y salarios a la baja ¿Cómo se llama esto? Agenda neoliberal y es lo que el gobierno defendió en la cumbre del G20. Allí, nadie objetó.

Algunas recomendaciones para bajar el déficit fiscal16.3.2018

Para que no digan que no les avisamos

¿Y si en lugar de agarrárselas con los trabajadores activos y jubilados pasan la gorra entre los elusores que integran el Staff Cambiemos? ¿Qué es esto de andar escondiendo la plata en cloacas fiscales?

Otra vez, ante Christine Lagarde el gobierno juró que su objetivo es acabar con el déficit fiscal, algo que va a ser imposible si no le cobran impuestos a quienes tienen mayor capacidad contributiva. Pero además, si de verdad lo que quieren es bajarlo, nada mejor que comenzar por casa.

Sólo con la contrarreforma jubilatoria, el ejecutivo le sacó a los jubilados algo más de cien mil millones de pesos, pero este camino de transferencia regresiva que también se perpetra por medio de la inflación y la emisión camuflada detrás de la ridícula tasa de referencia que mantiene el Banco Central, pretende profundizarse por medio del tándem en que La Rosada va a transformar al capítulo laboral del Paquetazo de diciembre.

¿Pero cuanto se ahorraría el Estado si se propusiera cobrarle lo que debe a los que se refugian en guaridas fiscales? La cosa sería muy fácil, al menos si se decide a pasar la gorra por los que están en La Rosada, pero –claro está- un capitalista nunca se pega un tiro en el pie.

Es que más que paraísos, estas verdaderas guaridas o cloacas fiscales que sirven para ocultar dinero que no se quiere o no se puede declarar ni tributa ante la oficina de Hacienda, tienen a demasiados integrantes del Staff Cambiemos entre sus asiduos concurrentes.

Y aquí está lo más interesante del caso: cuando estos tipos y sus firmas se escabullen hacia estas guaridas y no pagan impuestos, provocan déficit fiscal. Sí, el mismo déficit que, después, sus socios o ellos mismos y desde el gobierno, utilizan como argumento para perpetrar Paquetazos, Recortazos, Tarifazos, Ajustazos y cosas de este estilo que le apuntan a la línea de flotación, sobre todo, de los sectores social y económicamente más vulnerables.

¿Entonces será verdad que hace falta ajustar para derrotar al déficit fiscal? Aquí debe quedar claro que Argentina no escapa al contexto del sistema capitalista financiarizado que, establecido a escala global, fija una hoja de ruta que si se cumple termina por convertir todo lo que pueda -producto y servicio- en activo financiero lo suficientemente volátil para favorecer a la especulación.

Es significativo que organizaciones globales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la Ocde –todas muy populares entre el Gobierno Cambiemos- impongan hacia adentro de los Estados normas rigurosas que favorecen la prosecución de esa ronda de financierización, pero miran para otro lado ante la existencia y proliferación de guaridas que aportan a que el universo de las finanzas transnacionales logre hegemonizar la economía a escala planetaria, lo que construye una fábrica de desigualdad que afecta, principalmente, a las economías de la periferia capitalista.

Es que de la mano de la financiarización global, los capitales corporativos van por el ascensor pero el aparato fiscal nacional lo hace por la escalera.

Y no puede ser de otra forma: en el ADN del Estado Liberal Burgués, está inscripto esto de que la fiscalidad nacional sea reacia a cobrarle a los que más tienen, pero además ahora tiene graves dificultades para hacerlo y, por eso, refuerza su énfasis recaudador en el universo del trabajo que es lo que tiene a mano y es seguro. De ahí tanto Paquetazo y Tarifazo.

Champions League

Aquí es donde se vuelve preciso explicar qué es esa Champions League en la que, según Marcos Peña, jugaba Luis Caputo, cuando vino a prestarle un servicio a la Patria y se hizo cargo del Ministerio de Hacienda.

Son 5,8 billones (esto es doce ceros) la cantidad de euros que esconden guaridas fiscales, revela en su libro “La riqueza oculta de las naciones”, el economista francés Gabriel Zucman, que aclara que este cálculo se basa en el análisis del resultado que dejan los controles oficiales sobre el movimiento de divisas que –por diferentes motivos- salen y entran a los países.

Y advierte que hay una especie de agujero negro que sólo se explica por la existencia de las guaridas fiscales, tras lo que estima que la cifra que pierden las Haciendas de cada país -cada año- por esta razón, ascendería a no menos de 130 mil millones de euros.

Otras estimaciones aseveran que es seis vez más lo que se elude y va a parar a estas cloacas. Paradójicamente, quien está a cargo de la cartera de Hacienda en Argentina, juega en esa Liga.

Pero, lejos de tener que ver con una situación de contingencia a la que los capitalistas echan mano para protegerse en medio de una situación de crisis, estas cloacas fiscales son parte central de las herramientas que creó el sistema capitalista para su etapa actual.

Por eso, con o sin crisis, el beneficio corporativo permanece intacto –en el peor de los casos se producen fusiones-, al tiempo que a los platos rotos los paga el universo del trabajo.

Para eso están estas guaridas fiscales cuya existencia –además- desenmascara otro mito capitalista: el que señala que a menor carga fiscal corresponderá mayor inversión. Muchas de estas cloacas son sólo un teléfono y una oficina compartida y, pese a que ahí la presión fiscal no existe, dentro de un año –si siguen donde están- lo único diferente que tendrán es un mayor número de elusores felices porque pueden mover capitales hacia donde quieran sin que nadie pregunte nada.

Porque, lo que subyace en todo esto, es codicia individual antisocial basada en un criterio de clase, pero sobre todo, favorecida por un sistema que propende en forma creciente la concentración y maximización de la riqueza.

Pasaron quince años, pero...16.3.2018

Un día volvió el FMI

¿Qué vino a hacer la titular de este organismo, Christine Lagarde, está en Buenos Aires donde compartió un panel con el ministro Dujovne y visitó, en Olivos, Mauricio Macri?

“Están atacando todos los problemas que hay que abordar, de manera determinada”, recalcó la titular del FMI, Christiane Lagarde, y defendió los enfoques del Gobierno Cambiemos cuando ayer, al compartir con el ministro Nicolás Dujovne un panel en la Universidad Torcuato Di Tella, sentenció que la política económica de La Rosada “no es gradualismo”.

El mensaje fue claro para un auditorio en el que, entre otros, estaba Miguel Ángel Broda, pero también en un contexto en el que ante lo dificultoso que se le está volviendo explicar por qué los resultados de sus políticas no son los prometidos en campaña, desde el propio riñón del Proyecto Cambiemos, se comienzan a levantar voces que señalan que “para consolidar el modelo no hay que esperar al segundo mandato de la Presidencia Macri”.

¿Qué quiere decir esto? Sólo una puja entre quienes creen que con las recetas de Durán Barba alcanza para llegar a octubre de 2019 y garantizar la reelección, y aquellos que temen que la “mayoría silenciosa” se canse de no ver “brotes verdes” y el gobierno se les escurra entre los dedos.

¿Pero por qué el FMI, por medio de Lagarde, salió a jugar fuerte para apoyar a los “gradualistas” de Macri?

La experiencia indica que este tipo de visitas se producen, casi siempre, cuando el agua ya rebosó el cántaro, pero este no parece ser el caso de Argentina, todavía.

El FMI avala la política cotidiana del gobierno, basada en el endeudamiento el ajuste y el peligroso nivel de emisión, enmascarado por medio de una altísima tasa de referencia del Central, así como la apertura indiscriminada de importaciones y su correlato, la contracción del mercado interno, y las consecuencias que esto trae que se verifican en la profundización del déficit fiscal y la inflación.

Pero también las recetas diseñadas para cristalizar en un marco legal que les otorgue perdurabilidad a la feroz transferencia regresiva de riqueza que estas políticas provocan.

Y si alguien tiene alguna duda al respecto, sólo debe recurrir al documento público que un año atrás emitió el FMI donde explicita cuáles son las recomendaciones que hace para Argentina. La similitud entre esas “recomendaciones” y el contenido del Paquetazo de proyectos que La Rosada intentó -y logró parcialmente- que el Congreso sancione en diciembre de 2017, exime de cualquier otra explicación.

La vaca atada

Así las cosas, queda claro que, con el Gobierno Cambiemos, el FMI vuelve a jugar de local y, más aún, tiene la vaca atada y que, por eso -sólo por eso- es que Lagarde envió una señal tan clara.

Es verdad que la titular del FMI vino a nuestro país para participar de diferentes reuniones del G-20, que se llevan a cabo de cara a la cumbre que va a tener lugar en noviembre, en Bariloche. Pero también que viajó cuatro días antes y que, la mitad de ellos -el fin de semana va a descansar en Iguazú- los dedicó a brindar un explícito apoyo a la línea socioeconómica que sigue el Gobierno Cambiemos que incluyó una visita a la Quinta Presidencial.

¿Pero qué quiere decir Lagarde cuando asevera que lo del Gobierno Cambiemos “no es gradualismo” y que “los ortodoxos podrían argumentar que sería mejor que se haga más rápido, pero en tanto haya decisión y voluntad y se reduzca en un punto el déficit fiscal primario sería un gran logro también”.

En la Di Tella, tras apuntar que “es un momento propicio para las reformas”, la titular del FMI se dirigió a Dujovne y, como si estuviera guionado, le preguntó: “¿No te parece que reducir los impuestos al trabajo va a ayudar a reducir la informalidad?”. La respuesta del ministro, una sonrisa complacida, fue más elocuente que cualquier palabra.

Entonces, como para rebobinar. Con mirada estratégica, Lagarde les dice a los gurkas del Modelo Cambiemos que no es prudente levantar la perdiz antes de tener la reelección en la bolsa, pero también bendice el camino elegido por el ejecutivo para “bajar el déficit fiscal”.

¿Pero cuál es ese camino? Lo que está claro es cuál no es. Sólo como consecuencia de la quita y baja de retenciones al trigo, soja y maíz, el Estado Nacional perdió 4.104 millones de dólares, tal como lo revela un reciente informe elaborado por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Y, encima, el presidente Macri acaba de anunciar que va a seguir profundizando la laxitud de los controles, trámites e impuestos estatales para el sector agroexportador.

Queda claro que si no se le cobra a aquellos sectores que tienen gran capacidad contributiva es muy difícil tapar el agujero negro en que el Gobierno Cambiemos convirtió al déficit fiscal.

Pero no sólo eso: la constante voluntad de beneficiar a los sectores más concentrados del poder económico -entre ellos el agronegocio- contrasta groseramente con el ajuste crónico al que se somete al universo del trabajo.

Por eso, en este contexto y en boca de Lagarde, la frase “es un momento propicio para las reformas”, tiene más de instructiva que de azarosa: es un espaldarazo para que La Rosada siga con su profundización del ajuste, pero también es un aval a la contrarreforma laboral. Y una señal al bloque de oposición que espera convertirse en alternancia de cara a 2019.

Es que la descalabrada fase de endeudamiento externo ya comienza a exhibir signos de agotamiento: la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. (FED) de elevar la tasa de interés y, así, comenzar a aspirar dólares que andan sueltos por todo el mundo, es una pésima noticia para esta estrategia basada casi exclusivamente en el endeudamiento externo.

Por otra parte, también el endeudamiento interno ya hace rato que se convirtió en un problema, ya que las letras que el Central sigue emitiendo con la finalidad de mantener a raya a la inflación, suman algo más del billón de pesos, sí, más de un millón de millones. Pero pese a esto, la meta inflacionaria del quince por ciento ya es sólo una fantasía que repiten los actores más descarados del staff gobernante y el déficit crece sin remedio.

La tempestad perfecta que en sólo dos años se dedicó a construir el Gobierno Cambiemos, anticipa un escenario peligroso y no muy lejano.

¿Qué va a pasar cuándo se acabe el crédito que dejó la “pesada herencia” del desendeudamiento y nadie quiera correr riesgos con endeudadores compulsivos como quienes ocupan La Rosada?

“No estoy acá para negociar con un programa y no vengo a prestar dinero, porque Argentina no lo pidió”, recalcó Lagarde en la Universidad Torcuato Di Tella ¿Habrá que creerle?

La decisión de la FED de proseguir con el alza de la tasa, que ya elevó de 1,25 y 1,50, anticipa un encarecimiento del crédito externo, algo que puede volver crítica la situación de Argentina, cuya relación entre deuda y PBI se acerca peligrosamente al límite rojo.

¿Qué va a pasar cuándo nadie quiera prestar? Ahí entran a la cancha -como prestamistas de última instancia- actores como el FMI y el Banco Mundial que, además, operan como facilitadores de negocios de terceros.

Y es desde esta perspectiva que cobra sentido la prolongada estancia de Lagarde en Argentina. Es un movimiento de pinzas: mientras bendice el plan que desde La Rosada se perpetra para modificar la relación entre capital y trabajo por medio de un marco legal que permita cristalizar lo que ellos llaman “cambio cultural”, hace blindar las condiciones que, tarde o temprano, llevarán a este gobierno o el que lo suceda, a golpear las puertas del FMI. Entonces será el momento en que vengan por condiciones todavía más leoninas, por un cercenamiento más profundo de derechos laborales, sociales, ciudadanos y humanos, pero también, por recursos naturales y la soberanía nacional.

Cierra Mossack Fonseca, pero Caputo y Macri siguen firmes16.3.2018

¡Qué jugadores!

La persona responsable del endeudamiento récord que contrajo Argentina en menos de dos años, tiene -al menos- una cuenta no declarada en una guarida fiscal, pero además posee una empresa relacionada con un fondo buitre y evade al fisco.

Aunque probablemente el chivatazo que lo empujó a la desgracia provino de alguna otra cueva creada para favorecer el ocultamiento de dineros de dudoso origen, lo cierto es que las revelaciones de los Panamá Paper’s, permitieron echar cierta luz sobre algunos asuntos oscuros y tocaron de cerca al gobierno argentino.

Ayer, a dos años de que los Panamá Paper’s se hicieran públicos el estudio de abogados radicado en Ciudad de Panamá, Mossack Fonseca, anunció el fin de sus operaciones, como consecuencia del “deterioro reputacional” que le provocó la revelación.

Está claro que la propaganda pública puede horadar hasta la destrucción a una firma que vende como producto, casi exclusivo, el servicio el ocultamiento de cuentas, al menos, opacas.

“El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos presentó al mundo, en base a información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales”, señaló a modo de descargo Mossack Fonseca.

Lo cierto es que, pese a que no queda claro qué es todo lo que hay detrás del Consorcio, en nuestro país los Panamá Paper’s involucraron en causas por presunto lavado de dinero, al presidente Mauricio Macri e inauguraron una saga que prosiguió con los Paradise Paper’s, que comenzó a desatar una madeja que puso en el ojo de la tormenta a su ministro de Hacienda, Luis Caputo.

Pero, de todos modos, los representantes locales del Consorcio, fueron piadosos con Macri, ya que esperaron para difundir el material de los Panamá Paper’s, hasta que pasaran las elecciones de 2015. Nadie sabe si esa revelación hubiera movido en algo el amperímetro electoral de entonces, pero lo cierto es que lo del Consorcio fue un gesto de extrema cordialidad para un grupo de periodistas que se reivindican independientes.

Pero no sólo el Consorcio tuvo actitudes más que amables con el ahora presidente A la hora de ponderar lo que sobre él se supo por medio de los documentos que atesoraba Mossack Fonseca.

Con la velocidad de Usain Bolt para recorrer los 100 metros llanos, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, dictaminó que el presidente no fue “socio ni accionista” de las sociedades off shore Fleg Trading y Kamegusha y que tampoco recibió “dividendos ni utilidades ni ganancias” por parte de estas firmas, pero que tampoco fue titular de cuentas bancarias pertenecientes a esas empresas radicadas en guaridas fiscales.

Revelaciones

Pero los capítulos de las revelaciones de los Panamá Paper’s que señalan el vínculo del mandatario de Argentina con guaridas fiscales, sólo fueron un anticipo de lo que vendría cuando se conoció otra filtración de documentos, en este caso, la que se dio en llamar Paradise Paper’s en la que -entre otros- aparecen los ministros de Finanzas y Energía, Luis Caputo y Juan José Aranguren, como administrador de una red de sociedades en cloacas fiscales y director de una sociedad offshore, respectivamente.

Desde entonces pasaron cuatro meses en los que desde el Poder Judicial y, por supuesto el ejecutivo con su apéndice la Oficina Anticorrupción que preside Laura Alonso, se encargaron de naturalizar el caso y de entorpecer cualquier vía que pudiera establecer qué tienen que ver estos dos funcionarios con otras guaridas fiscales.

La semana pasada, la Comisión Nacional de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés), confirmó la propiedad de la offshore Noctua por parte de Luis Caputo. Pero esto no es todo. De acuerdo a los documentos presentados ante la SEC, la firma aparece asociada a la empresa Axis Sociedad Gerente de Fondos de Inversión que es la misma que está denunciada por operaciones irregulares en la colocación de fondos de la Anses.

Vale recordar que, oportunamente, en sus declaraciones juradas, Caputo dijo que no es dueño ni tenía acciones en Noctua, por lo que no debía incluirla en ese documento. Lo mismo hizo Macri cuando le aparecieron sus dos offshores a raíz de lo revelado por los Panamá Paper’s.

En el caso de los Paradise, el Consorcio dio a conocer que Caputo controlaba esta offshore que, como en una mamushka, incluía otras dos radicadas en otras cloacas fiscales: la empresa Princess, de la que controlaba entre el cincuenta y el 74 por ciento de Affinis Partners II, que hacía lo propio con el 75 por ciento de Noctua.

No caben dudas que, como lo caracteriza Marcos Peña, Luis Caputo es un jugador de Champions League, pero también que es un milagro que con todo este prontuario, siga siendo ministro de Hacienda, aunque claro, si quien está a cargo de la presidencia comparte esta afición por este tipo de guaridas, de ahí para abajo, todo está permitido.

Es que la persona que es responsable del endeudamiento récord que contrajo Argentina en menos de dos años, tiene -al menos- una cuenta no declarada en una guarida fiscal, pero además posee una empresa relacionada con un fondo buitre y evade al fisco ¿Y para qué se posee una cuenta offshore?

Además, es quien nos endeudó a los argentinos por cien años y una de estas offshore compró parte de esos bonos que emitió el país a instancias del propio Caputo y que Argentina no puede rescatar unilateralmente aunque quisiera saldar la deuda antes de tiempo, porque el negocio -para ellos- está en el cobro de intereses.

Y esto es así porque explícitamente se establece en el acuerdo que selló Argentina para saldar la situación con la mayoría de fondos buitre, que se celebró a poco de asumir la Presidencia Macri, bajo jurisdicción de Nueva York y cuyo negociador fue el propio Luis Caputo.

 

Argentina y el mundo15.3.2018

Otro record global

El nuestro, no sólo es el país “emergente” que más deuda emitió en el período 2015-2017. También es el que más aumentó sus tarifas de servicios públicos, llevándolas a precios que no se pagan ni en Europa. Venezuela, la contracara.

En apenas tres años las tarifas aumentaron más de treinta veces y con porcentajes que llegan a los cuatro dígitos. Estos datos que suenan aterradores, no sorprenden a los usuarios que vienen desembolsando, mes a mes, una parte cada vez más importante de sus ingresos para pagar los servicios públicos.

El caso de las tarifas energéticas quizá sea el más paradigmático: en tres años las facturas subieron 26 veces, para concretar un aumento superior al 1.500 por ciento. Un incremento que supera en un 1.420 por ciento a la inflación. En el primer bimestre de 2015, un usuario que consumía 751 kilovatios en dos meses pagaba 62 pesos: para el primer bimestre de 2018, por 770 kilovatios abonará 1.634 pesos.

Queda en claro que es imposible sostener metas de inflación del quince por ciento con aumentos en las tarifas de ésta índole.

Pero el caso de la energía eléctrica no es el único. El precio para los consumidores de gas creció un promedio de 1.300 por ciento; el agua corriente un 664; los peajes 623; transporte 105 y prepagas más del noventa.

Para poner los datos en contexto, en el mismo período, el salario registrado privado promedio subió 73 por ciento, la jubilación mínima un 81 y las asignaciones un 69.

¿Y qué dice el contexto regional y mundial? Que con el macrismo, Argentina tiene las tarifas más altas del continente y del mundo.

Es que nuestro país pasó de tener una de las tarifas más baratas de América a doblar el precio promedio de la luz en la Unión Europea.

La contracara al modelo argentino es Venezuela, uno de los países de la región con las tarifas eléctricas más bajas para los usuarios. Ello se explica porque, en la vereda opuesta al esquema que quiere imponer la ceocracia, en el país bolivariano el Estado subsidia el ochenta por ciento del valor de la energía, es decir, la política tarifaria se encuentra construida sobre la base de un esquema 20-80 que se complementa con fuertes políticas de soberanía energética.

En América Latina, Argentina pasó de tener -en 2014- las tarifas de luz más bajas de la región, después de Venezuela, a ser el país con mayores incrementos en el sector, al punto que la misma BBC inglesa sostiene que el gobierno de Macri es sinónimo de “tarifazos” en el continente.

Pero si el ejemplo venezolano parece extremo por tratarse de un país cuyo modelo económico está en las antípodas del proyecto macrista, mejor comparar con uno de los espejos en el que más le gusta mirarse al gabinete económico: la Unión Europea.

A partir de febrero de 2018 el costo de la energía en Argentina es de 66 euros los mil megavatios cuando, por ejemplo, el promedio en la Unión Europea es de 37. Nuestro país no sólo ahora tiene una de las tarifas más caras de la región: en la mayoría de los casos, las mismas superan en un cien por ciento el valor de los países europeos. Para el caso, alcanza con mencionar algunos ejemplos paradigmáticos. Si en Argentina los mil megavatios costarán 66 euros, en Noruega cuestan 26, en Suecia 28, en Alemania treinta, en Francia 34, en Italia 44 y en España 47, sólo para mencionar algunos.

Un diseño desigual15.3.2018

Tarifas de clase

El esquema tarifario diseñado por el gobierno es, junto a la política de endeudamiento externo masivo, una de las variables más importantes a la que recurre el gobierno para llevar a cabo el programa de ajuste y saqueo.

Afrontar el pago de los servicios públicos ya se volvió la principal preocupación de la clase trabajadora y los sectores populares en Argentina, junto al pago del alquiler y la compra de alimentos.

La novedad de la época -macrista- en comparación a la década reformista del kirchnerismo, es que el carácter confiscatorio que las tarifas tienen sobre los ingresos de los trabajadores, afecta no sólo a los sectores más débiles -precarizados, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales-, sino que también lo hace con los "sectores medios" de la sociedad.

La política de ajuste del gobierno nacional, que como ya se explicó en reiteradas oportunidades en Nuestra Propuesta diario de noticias, es una de las variables principales del rediseño socio-económico del bloque de poder para acelerar la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, le apunta a la línea de flotación de toda la clase trabajadora y sus fracciones.

En otras palabras, se trata ni más ni menos que de una política tarifaria que tiene consecuencias estructurales, ya que golpea a la mayoría de la población, para favorecer a un grupo muy pequeño de empresarios, todos ellos con vínculos directos con el gobierno.

Un claro ejemplo de esto es como los tarifazos erosionan el poder de compra de los sectores populares y las cuentas de los pequeños y medianos comerciantes que, en muchos casos, se ven obligados a cerrar porque los montos de las tarifas de luz, gas o agua inciden en la viabilidad del comercio.

Se entiende entonces como la política tarifaria del gobierno genera un espiral que impacta en todos los precios de la economía. El incremento de las tarifas explica que, pese a la política monetaria ortodoxa del Banco Central, el ejecutivo no pueda domar la inflación. Según el Indec, la inflación de febrero fue de 2,4 por ciento y anualizada es del 25.

La corrida inflacionaria esmerila el poder adquisitivo del salario, lo que afecta la capacidad de compra de gran parte de la población, algo que redunda en una baja del consumo y en la destrucción del mercado interno.

Menos consumo, lógicamente, quiere decir menos ventas. Esto es algo de lo que pueden dar cuenta los grandes supermercados -el consumo en hipermercados se volvió a derrumbar en enero- pero por sobre todo, los pequeños comercios de barrio y centros urbanos. El que anda por la calle percibe fácilmente la enorme cantidad de comercios en liquidación por cierre o cortinas bajas, allí donde antes había un emprendimiento familiar.

La merma en el consumo significa también menos actividad económica. Este postulado keynesiano, tan cierto en la práctica como luego insuficiente para pensar políticas que permitan superar verdaderamente los problemas de la economía capitalista, es la principal razón que explica las diferencias entre la economía reformista del kirchnerismo y el modelo neoliberal del macrismo.

Claro está, no es una diferencia mínima. Para millones de personas significa tener "una moneda" más en el bolsillo para comer. Por eso el diseño tarifario apoyado en subsidios era una forma de sostener el poder adquisitivo del salario, el consumo y, por tanto, la actividad económica. Esto es lo primero que destruyó Cambiemos desde que llegó al gobierno y se entiende ahora porque su elección no es azarosa.

El dinero que el Estado invertía en subvenciones al consumo -y también a las empresas- ahora lo ponen directamente de sus bolsillos los trabajadores. El principal argumento de Macri, Peña y Aranguren para justificar la eliminación de subsidios es que tenían un peso muy grande sobre las cuentas públicas, tanto, que ponían en riesgo el equilibrio fiscal del país.

Esta excusa motivó su reducción, por ejemplo en el sector energético, en un 18 por ciento en relación a 2017. De esta manera, el Estado dejó de subsidiar el consumo energético: lo que es reducción en el presupuesto nacional, se traduce en aumento de tarifas y, por ende, del precio que debe pagar la población.

La matriz económica y el carácter de clase del gobierno se dejan ver en que el "gasto" no baja en relación al PBI ¿Por qué? Porque lo que el gobierno "ahorra" en subsidios lo gasta en el pago de intereses de la deuda que contrae. En 2017, el costo del crédito implicó un aumento del 1,2 al 1,7 por ciento del Producto Bruto.

Hablando claro: el Estado deja de invertir en subsidios -que componen una parte de lo que se denomina ingresos indirectos para los trabajadores- para garantizar la rentabilidad de la bicicleta financiera.

Así se perpetra una precisa intervención sobre la estructura económica del país que profundiza el verdadero objetivo del programa del gobierno: profundizar las desigualdades sociales entre el capital y el trabajo.

Estado y corporaciones15.3.2018

Prueba del saqueo

Una mirada desde las tarifas eléctricas deja en claro el diseño de país que la derecha quiere imponer en el país y la región.

Para operar la fenomenal transferencia de recursos en un sentido regresivo, es decir, realizar una distribución de la riqueza a favor de los sectores patronales y en contra de los trabajadores, una de las variables que el gabinete económico debe transformar es la política tarifaria y de subsidios del país. Esta es una empresa que no puede ser encarada de forma parcial, sino que debe coincidir con el proyecto de ajuste, entrega y represión que la derecha quiere imponer en Argentina para enhebrarla en el rosario de contrarreformas conservadoras que el imperialismo norteamericano impulsa en la región.

Este diseño de tarifas en el país que exige el disciplinamiento de los sindicatos del sector -como Luz y Fuerza- para abaratar los “costos laborales”, demandó una reforma tributaria que favoreció a las empresas energéticas, algo que ya había sucedido cuando en 2016 Cammesa decidió condonarle 3456 millones de pesos en deudas a Edenor, Edesur y Edelap.

Pero también exige cargar sobre los usuarios el costo de la producción y distribución de la energía eléctrica, para que sean los trabajadores los que financien el costo de la energía y las cuantiosas ganancias de las empresas, relegando así el derecho social al acceso de los servicios públicos a la lógica del mercado.

El sometimiento de la estructura económica argentina a la lógica del mercado es operado en la actualidad desde el Estado, al cual la ceocracia le imprime y consolida un perfil liberal burgués que se contrapone, fuertemente, a los rasgos keynesianos e intervencionistas ensayados por el kirchnerismo en el período 2003-2015.

Donde más se puede percibir esta diferencia es, justamente, en el diseño tarifario del país: desde la llegada de Macri a La Rosada el costo por kilovatio en dólares se triplicó y se sostuvo una política de reducción de los subsidios al consumo que invierte la relación que convirtió a nuestro país en el segundo Estado con la electricidad más barata de la región detrás de Venezuela.

Según el propio Ministerio de Hacienda, los subsidios en energía y transporte representarán en 2018 un 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), cuando en 2017 era del 2,5.

En 2016 estas subvenciones representaban el 3,6 por ciento, es decir, que en tan sólo dos años el gobierno redujo los subsidios en energía y transporte en más de la mitad (1,7 por ciento), diferencia que pasó a engrosar directamente las ganancias de empresas como Edenor, Edesur y Edelap y que afectó a los trabajadores.

Pero los trabajadores no sólo debieron financiar los dividendos de las compañías, también sufrieron una pérdida brutal del poder adquisitivo, en parte, explicado por los tarifazos, pero también por paritarias a la baja y alta inflación, problemas que se verán profundizados con la reforma tributaria y laboral que ya ensaya el gobierno.

Tal es así que pese a la retórica anti-inflacionaria del gabinete nacional y las metas de inflación propuestas por el Banco Central que se vuelven insostenibles -como quedó demostrado en este 2017- debido a la política económica de la ceocracia, el rubro vivienda, agua, luz, gas y otros combustibles se convirtió en un verdadero talón de Aquiles para el gobierno en la materia.

Es que en el Gran Buenos Aires, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, los aumentos en el sector superaron el 46 por ciento, 22 puntos por encima de la variación en el nivel general de precios al consumidor que rondó el 24 por ciento.

Los guarismos se desprenden de los informes realizados por el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y confirman, una vez más, que la política económica del gobierno es la de un pez que se devora su propia cola. Vale recordar que el rubro vivienda y servicios incluye alquiler, expensas y las boletas de Aysa, Edesur, Edenor, Metrogas o Gas Natural.

Los dueños de la luz

Si los tarifazos componen un aspecto medular en el plan de ajuste, entrega y represión del gobierno ¿cómo podrán los trabajadores enfrentarlos en el marco de una reforma laboral que apunte a menguar el poder de los sindicatos y a debilitar la posición del trabajo frente al capital?

¿Cómo podrán las organizaciones de usuarios hacer oír su voz en un Congreso Nacional dominado por el chantaje y la prebenda ensayada por el Ejecutivo ante una “oposición” dócil que termina desempeñando el rol de escribano ante el poder dominante en el país? ¿Cómo detener la voracidad de las compañías energéticas, cuyos dueños son amigos personales del presidente, cuando son los propios grupos económicos los que se sirven de los instrumentos del Estado para diseñar una política social que habilita los abusos contra los usuarios, erradica controles y se plantea destituir a los pocos jueces que se animan a dar lugar a los amparos presentados por los usuarios, como sucede en la actualidad con el juez bonaerense Arias?

Estos son algunos de los interrogantes abiertos frente al nuevo escenario acaecido tras la presentación del Paquetazo poselectoral, al menos en lo que a la política tarifaria refiere, aunque puede ser extendido al resto de los problemas que aquejan a la economía argentina y, en su seno, al conjunto del movimiento obrero.

La posibilidad de tener a disposición todas las herramientas del Estado, la complicidad de la corporación judicial y el poder de fuego de los medios masivos de información que actúan como verdaderos tanques en el contexto de una feroz guerra psicológica contra la población, otorgan a los grupos económicos ventajas comparativas muy difíciles de contrarrestar para un campo popular fragmentado en sus expresiones políticas y sin un programa de reivindicaciones que lo articule.

Por eso el gobierno nacional se desplaza a sus anchas y favorece, sin ruborizarse, a las dos principales empresas del sector energético cuyos dueños son amigos personales del presidente.

En el caso de Edesur, uno de los accionistas principales es Nicky Caputo, compinche de Macri desde los seis años en el colegio Cardenal Newman. Juntos cultivaron una sólida amistad que les permitió conformar empresas que fundaron la Patria Contratista en la década del 90. Así, a fuerza de obras públicas sin licitaciones y sobornos, construyeron un imperio económico del que se sospecha, Caputo es testaferro del actual presidente.

En la vereda de enfrente, Mauricio también tiene grandes amigos. Es que Edenor es una de las empresas que integra el consorcio Pampa Energía, en el cual tienen acciones Joe Lewis y Marcelo Midlin. El primero posee una residencia de lujo en Lago Escondido, Bariloche, donde además de privar a la comunidad de uno de los paisajes más bellos de nuestro país, le presta las instalaciones al presidente para que pase allí sus fines de semana de descanso. Lewis es uno de los trescientos empresarios más ricos del mundo, según la revista Forbes, y se hizo de trece mil hectáreas en la zona en 1997, con otro viejo conocido: Carlos Menem.

Pero, sin dudas, el empresario predilecto de Macri, después de Caputo, es Marcelo Midlin. Este compró parte de Edenor tras el rediseño tarifario del macrismo y, como si fuera poco, también le compró Iecsa a Ángelo Calcaterra, luego de que se conociera el vínculo del primo de Mauricio con los sobornos de Odebrecht en la región.

Además, el consorcio Pampa Energía, montado por el propio Midlin, adquirió el año pasado Petrobras Argentina ¿Habrá celebrado la liberalización del precio de las naftas tanto como los tarifazos?

Una vez más, lo que queda al descubierto es la fuerte relación simbiótica entre Estado y grupos económicos del que es testigo nuestro país como nunca antes en su historia.

Argentina y la encrucijada capitalista13.3.2018

Las dicotomías del poder

El rumbo económico emprendido por el gobierno tiene como destino final seguro la bancarrota y la crisis social. Sin embargo, las opciones siguen pensándose bajo la lógica del capital

A tres meses de iniciado 2018 y tras la experiencia previa de dos años de implementación del proyecto económico neoliberal del macrismo, ya se puede vislumbrar que este año tampoco se cumplirán las metas económicas autoimpuestas por el gabinete.

El déficit comercial histórico, el agujero fiscal agigantado por el peso de los intereses de la timba financiera, la caída del consumo, el proceso inflacionario y la erosión del poder adquisitivo del salario implican, también, que nuevamente tampoco será un buen año para la clase trabajadora.

Los fuertes desequilibrios de la economía, especialmente los del sector externo que agudizan la tendencia al endeudamiento para abastecerse de dólares, ponen en tensión la arquitectura diseñada por la derecha para sostener el ajuste y el saqueo. En otras palabras, por cuestiones endógenas y exógenas, el proyecto económico del macrismo corre el riesgo de perderse en su propio laberinto.

En el concierto internacional, la suba sostenida de la tasa de interés impulsada por la Reserva Federal es la principal preocupación del gobierno. Y razón no le falta: el encarecimiento del acceso al crédito para un gobierno que apaga los incendios que genera con los dólares que salen del grifo del financiamiento internacional, pone en cuestión la viabilidad de esta política en el corto y mediano plazo.

Así las cosas, una de las variables más importantes –si no la más importante- para el futuro del proyecto económico del macrismo no se define en el país sino en EE.UU.

La tasa de interés yanqui se encuentra en ascenso desde el año pasado, la tendencia este 2018 se va a consolidar y se espera que el próximo se mantenga según anunció la entidad monetaria estadounidense.

Para el gobierno esto significa que cada vez será más difícil y más caro la colocación de deuda. Esto supone riesgos muy importantes para un modelo económico que depende del endeudamiento externo para solventar los desequilibrios de su economía.

La dificultad del acceso a los dólares es un problema de primerísimo orden porque, en el marco de un déficit fiscal de casi mil millones al mes, es la única fuente de ingreso de divisas para sostener el modelo económico y hacer frente a la restricción externa.

Si se corta el grifo: ¿qué puede suceder? El gobierno tiene “aire” en cuanto y en tanto tenga acceso al crédito internacional. Pero en el caso de dificultarse la colocación de deuda ¿qué medidas puede adoptar para sortear la falta de dólares? Dos años de gobierno y la composición de clase del bloque de poder anticipan, sin temor a equívocos, quienes pagarán los platos rotos de una fiesta que no será eterna.

Es que con alta inflación, déficit gemelo, contracción del mercado interno y políticas proteccionistas por parte de los principales países que demandan los productos de origen agroindustrial que exporta la Argentina, la salida en un contexto capitalista sólo puede ser drástica.

La afirmación no es caprichosa, sino que se sustenta en los antecedentes históricos y recientes de nuestro país. Dentro del capitalismo no habrá solución definitiva para los trabajadores aunque algunos insistan, desde el ámbito de la política y de la economía, que con parches –es decir, con reformismo- se puede dar solución a los problemas estructurales del país.

Vale ser claros: hay medidas ortodoxas y las hay heterodoxas, pero ambas juegan en el terreno de la lógica del capital ¿Qué quiere decir ello? Que en la época de la valorización financiera, será la oligarquía bancaria la que siga hegemonizando y dirigiendo la economía.

¿”Salvaje” o “humanizado”?

Para Cambiemos, sin duda, la única salida es el ajuste. Una alternativa puede ser una mega devaluación que lleve el dólar a los treinta pesos, lo que implicaría una depreciación del salario real que desataría una crisis al instante.

Así las cosas, cabe preguntarse: ¿el gobierno podrá sostener la armonía de su propio modelo económico? Por lo expuesto, queda claro que no. Después viene la política y ese es otro arte que en nuestro país es impredecible y del que el macrismo se viene ocupando para construir escenarios que le resulten favorables.

“Los salarios le ganaron a la inflación” y “estamos creciendo” son algunas de las falacias repetidas por el gabinete y la massmedia. Sin embargo, el contraste entre la calle y la realidad es cada vez más grande.

Como explicamos, el “mundo de fantasía” –ver cobertura del discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo- al que apela el gobierno no refiere a la imaginación sino a una construcción intencionada por parte del gobierno que se condice con el lugar que el capitalismo otorga a la Argentina en el mundo.

En este contexto, la dicotomía “duranbarbesca” de “shock o gradualismo” es un falso debate. Es que los desequilibrios de la economía –déficit comercial, intereses de deuda, inflación y destrucción del mercado interno- colocan al país en un estado de debilidad que sólo puede ser “matizado” bajo un falso debate como este.

Además, esta supuesta contradicción trae consigo implícita otra en la que se monta parte de la oposición política al gobierno y es el pretendido antagonismo entre capitalismo “salvaje” y capitalismo “humanizado”. Así el bloque de poder se garantiza que no se piense ninguna alternativa poscapitalista en el país.

Los datos que esconde el gobierno13.3.2018

La economía en su contexto

Cambiemos muestra con entusiasmo un par de guarismos que confirmarían los primeros brotes verdes ¿Es así? La estadística del propio gobierno lo desmiente

Es marzo y ya tenemos la certeza de que 2018 no solo no tendrá brotes verdes sino que los desequilibrios de la economía se van a profundizar. La simple contrastación entre los datos que presentan el gobierno y los que producen organismos oficiales echan por tierra los pronósticos optimistas del gabinete pero confirman la teoría presidencial del “crecimiento invisible”. Allí donde debería verse prosperidad se ve tierra arrasada.

No es para menos, los dos primeros años del gobierno dejó un campo minado sobre la estructura económica del país. 2016 fue el peor año de la economía nacional desde 2001, con una mega-devaluación que fue acompañada de una inflación galopante del 42 por ciento –que llevo a una pérdida del poder adquisitivo del salario de casi diez puntos- y una política de altas tasas de interés en el sector financiero para estimular la inversión especulativa sobre la productiva.

Esto trajo aparejado una destrucción del mercado interno que, junto a políticas represivas, llevaron a una erosión del salario y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Un claro indicador de esto es que en el bienio 2015-2017 el empleo industrial se desplomó un 5,6 por ciento y los nuevos empleos que se registraron en toda la economía para el mismo período fueron de menores ingresos y con elementos de precarización.

Por ello el argumento de “lo peor ya pasó” puede ser aplicable a cualquier momento porque en realidad siempre está pasando. Es que el crecimiento económico del 2,8 durante 2017 apenas sirvió para recuperar lo que se perdió en el período 2015-2017. La comparación ni siquiera es buena respecto a 2015, el último de Cristina Fernández al frente del Ejecutivo que, por lejos, fue de los peores de la etapa kirchnerista.

Pero como se dijo mil veces en este diario, crecimiento no es desarrollo y tampoco significa una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Por el contrario, los datos confirman que lejos de mejorar el estándar de vida de los sectores populares y de revitalizarse los sectores más dinámicos de la economía –como el sector Pyme, el mercado interno y el empleo industrial-, los indicadores más sensibles siguen barranca abajo.

Algunos datos son esclarecedores:

• No crece la inversión extranjera directa (IED). Por el contrario, 8,5 de cada diez dólares que ingresaron fueron a inversiones financieras en pesos. Es decir, a la bicicleta financiera, comportamiento estimulado por el gobierno que mantiene la tasa de interés de referencia más alta del mundo "emergente"

• Según la Cepal, desde que gobierna Macri se derrumbó un 64 por ciento la Inversión Extranjera Directa (IED)

• Para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad de Avellaneda (Undav) en el bienio 2016-2017 la pérdida de poder adquisitivo del salario fue del 7.3 por ciento

• El déficit comercial contabiliza trece meses consecutivos de balance negativo. Durante 2017 se alcanzó un record de casi nueve mil millones de dólares. Y encima el gobierno propone un acuerdo Mercosur-UE que acentuaría el rojo comercial.

• En el sector industrial, en dos años se perdió el 5,6 por ciento del empleo registrado

• Dos tercios del empleo total creado en el 2017 corresponde a puestos inestables y de muy bajos ingresos. Así, el gobierno creó la categoría de “nuevos monotributistas”, es decir, trabajadores precarizados, como trabaja registrado. Estos explican el 36,7 por ciento de las nuevas “fuentes laborales” que cuenta el Indec

• Un inquilino en la Argentina gasta más del cuarenta por ciento de sus ingresos para pagar el alquiler y el déficit habitacional ya alcanza a tres millones y medio de personas

Estos datos aportan el verdadero contexto de la economía argentina: destrucción del mercado interno, apertura indiscriminada de importaciones, déficit comercial histórico, endeudamiento externo masivo, bicicleta financiera, fuga de capitales, devaluación e inflación galopante.

Como si fuera poco, una parte de la clase media se endeuda con créditos UVA aunque ya se habla de un seguro por si "estalla la economía". Si el 2016, cuando comenzaron a ofrecerse, fue un buen año con dos mil millones de pesos entregados, el rendimiento para el sector financiero en 2017 fue superlativo: cincuenta mil millones de pesos.

Así las cosas, ¿puede arrancar así la economía tal como promete -desde hace dos años- el gobierno? ¿Qué pasa con el consumo y el mercado interno?

A una inflación anual proyectada del 22 por ciento, el gobierno impone paritarias del quince o menos en todos los sectores y sin cláusula gatillo. La pérdida del poder adquisitivo es uno de los datos más fuertes de la economía y febrero lo confirmó con una caída de la compra en hipermercados del seis por ciento. También disminuyeron las compras con tarjetas de crédito –casi tres por ciento- y las ventas minoristas descendieron un punto y medio.

Las cifras confirman que este año tampoco tendrá brotes verdes y eso que aún restan nueves meses para que culmine el año, pero la agenda de tarifazos, la corrida ascendente del dólar y la desregulación de la economía permiten prever ya en el primer trimestre que lo único que no tiene tope es la profundidad del pozo en el que se está sumergiendo la Argentina.

Nunca se fueron13.3.2018

¿A qué viene Lagarde?

Luego de quince años, un titular del FMI visita el país para reunirse con el presidente y el gabinete económico. Nuevas lecciones para un alumno ejemplar

En el marco de la cumbre de ministros de Economía de los países del G20 que se realizará en Buenos Aires los días 19 y 20 de marzo, Christine Lagarde, directora del FMI, vendrá al país para participar del evento pero, especialmente, para reunirse con Macri e impartir órdenes.

Lagarde estará acompañada por el número uno del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. La visita se produce poco tiempo después del reto que la mandamás del Fondo hizo a los países por la política de endeudamiento masivo de algunos de ellos, como es el caso de la Argentina.

Aunque parezca paradójico, Lagarde había advertido sobre “los niveles de vulnerabilidad en el sector financiero” y se había mostrado inquieta por “un aumento preocupante de la deuda en muchos países”.

¿A qué apuntaba verdaderamente el reto impartido por la economista francesa en el Foro de Davos? El Fondo, conocedor de las consecuencias de las políticas de endeudamiento masivo pretende que los países miembros se curen en salud. El antecedente reciente de la crisis de 2001 en Argentina y de la eclosión griega en 2009-2010 son motivos suficientes para que el organismo internacional advierta sobre los altísimos costos que tiene está política.

¿Es que ahora se volvieron humanistas y pregonan la justicia social? Nada más alejado de ello. El sistema financiero internacional entiende como pocos que la teoría del “cuanto peor mejor” no conviene a nadie, pero especialmente, no conviene a sus intereses.

Lo que si conviene es que los países miembros cumplan a pie juntillas con el plan económico que el capitalismo internacional otorga. Argentina es un alumno ejemplar, no quedan dudas, pero es mucho el terreno que el capital desea recuperar. Entienden que el momento de avanzar es “ahora o nunca” porque el malestar social que provoca la política económica es creciente y no hay apagón mediático que lo pueda contener.

El Fondo viene a presentar la nueva hoja de ruta que permita acelerar el plan de ajuste y saqueo.

Alumno ejemplar

Vale recordar que es la primera visita de la directora del FMI desde que Argentina volvió a aceptar las auditorías que el organismo impone a los países miembro con el objetivo de que estos cumplan con las metas fiscales que ansían los sectores financieros.

A partir de la llegada de Cambiemos al gobierno en 2015, y pese al reto de Lagarde, nuestro país se ha convertido en un alumno destacado del Fondo, tal como sucedía en los 90. La reforma previsional y el recorte de la inversión pública en Ciencia y Tecnología, pero también en educación y salud, son un pedido expresos del organismo.

Por ello no es casualidad que la visita de Lagarde sea la primera de un titular del Fondo en quince años.

Además de reunirse con Macri –y de participar del encuentro de ministros-, Lagarde se reunirá con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, para revisar la agenda económica y realizar los “ajustes” necesarios de cara al 2019.

Una de las principales consecuencias de “la vuelta” del Fondo al país es que ahora el gobierno nacional destina la mitad de lo que paga en intereses de deuda al presupuesto de Salud. La orientación de recursos es coherente con la decisión de implementar el CUS y destruir la salud pública.

¿De dónde surge la medida? De una “recomendación” del Fondo. Los recortes realizados son consecuencia de las órdenes impartidas tras la misión del FMI que visitó nuestro país en 2016. En el informe de la misma, mediante el reporte 16/346, el Fondo sostuvo que “el gasto de salud pública en Argentina ascendió al 32 por ciento del gasto público total (…) lo que sugiere que puede haber espacio para optimizaciones”.

Es que la principal línea de acción que el FMI recomienda para “equilibrar las cuentas públicas”, que en Argentina son seriamente afectadas por el peso cada vez mayor de los intereses de la deuda, es el recorte del gasto público, es decir, el ajuste fiscal, que se complementa con la entrega del sistema de servicios y empresas públicas al sector privado.

Por eso nadie podrá sorprenderse por el perfil de las medidas económicas que adopte el gobierno tras la cumbre, pues, las mismas estarán orientadas a consolidar el ajuste que emprende el gobierno.

 

Volvió el período legislativo... 12.3.2018

Y se viene el 3x1

Mientras distrae con los chisporroteos con los empresarios y sube el tono de la disputa con la CGT, el gobierno afina la rosca para pasar por el Congreso la contrarreforma laboral, ahora, partida en tres proyectos.

El tire y afloje entre el gobierno y una parte de lo más concentrado del empresariado, representado en la UIA (Ver ¿Se acabó el idilio entre La Rosada y la UIA?), así como la brecha que el ejecutivo fomentó y logró meter dentro de una CGT que ya se fracturó, dibujan un telón de fondo propicio para que avance uno de los cuatro pilares de un paquete de leyes que en La Rosada consideran indispensable.

El pedestal sobre el que piensan edificar algo más que lo que resta del que -ellos esperan- sea el primer mandato presidencial de Mauricio Macri, está compuesto por lo que denominan reformas al sistema de jubilaciones, la fiscal-tributaria y la laboral, así como el proyecto de ley de financiamiento productivo que es la forma light en que prefirieron renombrar a la Ley de Mercado de Capitales, que con media sanción de Diputados, el Senado acelera su tratamiento.

Hasta ahora, de estas normas, el Congreso sólo pudo dar luz verde a las de reforma jubilatoria y tributaria que, por otra parte, eran las que necesitaba el ejecutivo -con urgencia- para poder dibujar un Presupuesto 2018 cuyo borrador hacía agua por donde se lo mirara, como consecuencia del déficit fiscal que el propio ejecutivo profundiza día a día.

¿Es esto lo que hubieran querido los ocupantes de La Rosada? Seguro que no. En su estimación de máxima, el Paquetazo de fin de año debía transitar sobre rieles dentro del Congreso, pero por encima de la cooptación y la permeabilidad de legisladores de las bancadas de oposición friendly, la movilización en la calle le dijo que no al intento, al menos por ahora.

Lo que pasó en diciembre le sirvió al ejecutivo para darse cuenta de que puede tensar la cuerda, pero no tanto. Y es desde esa mirada que reformuló la táctica con que espera convertir en realidad la contrarreforma laboral.

Al más puro estilo McDonald’s, La Rosada sabe que de cara a la recta final de las Presidenciales 2019, no es tiempo para la Big Reforma, por eso apuesta al Combo Laboral.

La idea que fue anticipada por el propio Macri ante la Asamblea Legislativa es clara: destripar el proyecto inicial en varios miniproyectos y colocar como mascarón de proa alguno de los escasos puntos saludables que tenía el original.

De este modo, detrás de la iniciativa de extender las licencias por paternidad que anunció el presidente -que por otra parte es casi un calco de un proyecto presentado por el diputado De Pedro en 2017- espera sacar tres nuevos proyectos de ley sobre blanqueo laboral, pasantías y obras sociales, este último para crear el Instituto de Salud.

El desguace de la iniciativa que no prosperó en 2017, tiene sus ventajas para el gobierno que considera que este diseño lo va a favorecer para abordar a los universos político y sindical. Con la iniciativa fragmentada en tres bloques, el oficialismo cree que tiene más posibilidad de encontrar aliados entre las bancadas no oficialistas y la burocracia sindical.

Pero también entiende que va a poder ofrecer a la sociedad un producto menos vulnerable a las críticas adversas: la presentación de tres iniciativas en diferentes momentos, puede ayudar a la tarea cosmética de la massmedia de gobierno.

Y hay otro punto. La forma en que compartimentaron el proyecto inicial, puede permitir que en todos los casos haya, al menos, un punto que tenga acuerdo con bloques de oposición y sectores sindicales. Este es el caso de los capítulos referidos a blanqueo laboral y formación profesional que, aunque favorecen drásticamente al universo del capital, cuentan con amplios niveles de consenso legislativo y sindical, es decir, hacia adentro del PJ.

Aquí es donde también aparece otro punto interesante, ya que en la Rosada se ilusionan con que estos proyectos pongan en tensión a los avances que se están dando en el Universo PJ, sobre todo, después de la movilización del 21 de febrero.

Y esto es así porque evalúan que cuentan con los compromisos de una porción importante de parlamentarios y sindicalistas del peronismo y panperonismo, que estaban dispuestos a votar la iniciativa en diciembre si la movilización popular no se los hubiera impedido.

Estos sectores representan una parte relevante hacia adentro de ese universo ¿Priorizarán los otros actores del peronismo el embrionario camino de unidad que están transitando, hasta el punto de agachar la cabeza y oponer poca resistencia a los proyectos o se plantarán contra ellos, aún a riesgo de que esa actitud dinamite la posibilidad de comenzar a construir un espacio sólido de cara a las Presidenciales 2019?

Paquete, paquetazo

Las contrarreformas jubilatoria, laboral y tributaria son -como ya explico varias veces NP diario de noticias- una serie de medidas que no pueden dejar de leerse en interrelación.

Como ya lo está demostrando con los casos de provincias que siguen haciendo agua, la reforma tributaria, es sólo un caramelo que les dieron a gobernadores que -desesperados por pagar aguinaldos- vendieron su alma al diablo.

Salvo el caso de Rodríguez Saá, que no firmó el acuerdo, el resto aceptó entregar a los jubilados atados de pies y manos, pero no sólo eso, ya que además delegaron autonomía a cambio de poco y nada. La gran ganadora fue María Eugenia Vidal que se aseguró una caja de cuarenta mil millones de pesos extra con la que, lejos de mejorar la situación de los estatales bonaerenses, piensa construir el camino de su reelección.

Pero no es la única beneficiada. A sólo dos meses de sancionada, la contrarreforma previsional ya demostró que los patos de la boda son los jubilados y pensionados, personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica que cobran la AUH y veteranos de Malvinas. Merced a la forma de medición establecida por la nueva Ley, el aumento fue del 11,69 por ciento, mientras que con la anterior fórmula hubiera sido del 14,5 por ciento, esto es que en el caso de la mínima, en lugar de cobrar 8.297 pesos recibirán 8.094.

Esta medida va concatenada al paquete de leyes de contrarreforma laboral que, como la anterior, también plantea la profundización de los cambios fiscales regresivos por medio de la reducción de los aportes patronales, algo que indefectiblemente va a ensanchar el profundo agujero fiscal existente.

Desde el diario del Partido Comunista, muchas veces explicamos por qué se produce este agujero fiscal y el carácter endémico que tiene respecto al modelo que representa el Gobierno Cambiemos. También que todo lo que se suele anunciar desde La Rosada para -presuntamente- combatir este problema, es poco más que cosmética.

Es en esa dirección que se inscribe la reforma fiscal, que sólo retocó algunos tributos que -en líneas generales- no aportan mucho volumen. Es imposible que una reforma de ese tipo pueda mover, favorablemente, el amperímetro, porque la verdadera contrarreforma se perpetró apenas se instaló en La Rosada el actual gobierno y durante 2016, con la quita de retenciones y con la casi eliminación del impuesto a bienes personales, entre otras medidas.

Esta es una parte de la transferencia de riqueza que vino a cristalizar -con fuerza de ley- el Paquetazo de diciembre que, ahora comienza a desarrollar su nueva fase.

Los tres proyectos en que dividieron la iniciativa inicial, apuntan contra la ley de contratos de trabajo.

El blanqueo laboral, que en principio goza de un amplio acuerdo con sectores sindicales y del PJ, presenta un pecado de origen que para nada es casual. Del mismo modo que el blanqueo de bienes y capitales, comienza consagrando el perdón de lo que -por lo menos- pueden llamarse incumplimientos previos.

Si el blanqueo benefició -a cambio de casi nada- a grandes evasores, en este caso se favorece a los empleadores que están en falta en materia de aportes y contribuciones a los trabajadores pero, además, a los responsables de delitos más graves como trabajo esclavo e infantil.

Aquí vale recordar que, en 2014, el gobierno nacional promulgó la Ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral que -entre otras cosas- creaba el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), consistente en una base de datos de patronales a las que se les demostró que fomentaban el trabajo en negro.

A esas empresas se las inhibía de la posibilidad de recibir créditos de la banca oficial, pero también de presentarse en licitaciones de obras públicas.

Un punto interesante que reveló el registro establecido por la Ley de 2014, es que al tope de los incumplimientos en materia laboral, estaban firmas con gran capacidad financiera y económica, algo que desmiente la idea que asocia informalidad con el sector pyme.

El registro que actualmente tiene a alrededor de 22 mil compañías incorporadas por diferentes tipos de faltas, va camino a la destrucción. Sobre fines de enero, un DNU alivió las multas y los tiempos de permanencia en el que los infractores debían permanecer en el registro.

En este contexto, si prospera la iniciativa del Gobierno Cambiemos, estas firmas van a ser abiertamente beneficiadas, ya que se volvería al criterio que indica que si se bajan las “cargas” patronales, las empresas van a regularizar la situación de sus trabajadores y se fomentará la creación de empleo.

¿Pero será así la cosa? Si todavía quedan optimistas, lamentamos decepcionarlos. Este camino ya lo recorrió el gobierno que entonces presidia Carlos Menem cuando, en 1993, desde el Ministerio de Economía, Domingo Cavallo impulsó la reforma laboral. Los resultados de esa medida ya son parte de una historia que aún sufren muchos argentinos, pero si hace falta recordarlos, vale decir que contribuyeron a que se despidan trabajadores provocando una desocupación record que tuvo su pico en 2002, pero también a subir y amesetar la tasa de trabajo en negro, en el orden del 35 por ciento.

Otra consecuencia que tuvo esa norma es el establecimiento de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales, que mantuvo las alícuotas más o menos en el rango del 19 por ciento lo que, además, opera como descuento que beneficia al empleador sobre lo que aporta a la Anses. Es decir, permite que las patronales también picoteen de ahí.

Queda claro entonces que lo que buscan es favorecer la posición del universo del capital respecto al del trabajo, porque si lo que quisieran es regularizar situaciones de informalidad laboral -que existen y se fomentan desde el propio Estado- se debería hacer que las empresas pagaran lo que deben por los incumplimientos en que incurren hasta ahora y, desde ahí, buscar algún tipo de incentivo hacia adelante.

Vale citar que este es uno de los puntos del proyecto de ley original en los que la CGT estaba de acuerdo, pero también que tal como lo revela un trabajo del Centro de Economía Política (Cepa), si se hubiera sancionado la norma en diciembre y, por lo tanto, la ley hubiese comenzado a regir, este año sólo por este punto, el agujero fiscal se hubiera incrementado en 42 mil millones de pesos.

Pero esto no es todo, otro punto que va a debatir el Congreso es el referido a la baja del costo de la indemnización que, hasta ahora, se calcula a partir de una fórmula que incluye salario básico, aguinaldo, vacaciones y bonificaciones, entre otros conceptos. Si prospera la iniciativa gubernamental, se va tener en cuenta sólo al salario básico.

Y, por otra parte, se creará un fondo de “cese laboral”, esto es, una cuenta donde va a parar parte del aporte de los empleadores, a la que se echaría mano si es preciso pagar una indemnización. Esto deja abierta la puerta a que se avance sobre el salario de los trabajadores para aportar a ese fondo.

La “formación profesional”, es otro de los capítulos del proyecto original que fue consensuada con la CGT y la oposición parlamentaria encabezada por el PJ.

Esta parte de aquella iniciativa que sobrevive en el paquete de proyectos que se comenzarán a considerar durante el primer semestre, es algo sobre lo que -particularmente- pueden hablar los estudiantes secundarios que sobre este tema vienen dando lucha desde que Macri era jefe de Gobierno y Esteban Bullrich su ministro de Educación.

Es que si les va bien con esto, se introducirán “prácticas formativas”, por las que alumnos del último año del ciclo medio, trabajarán durante doce meses a cambio de algo que se llamaría “asignación estímulo no remunerativo” ¿Qué es esto? Trabajar treinta horas semanales -cinco al día- por una remuneración sin aportes y por medio de un contrato carente de estabilidad.

Asimismo, en el paquete se incluye el item que establece la figura de “trabajador independiente con colaboradores”. Así, cualquiera podrá inscribirse como trabajador independiente junto a otros cuatro colaboradores. Esto presenta sus problemas, ya que es difícil imaginar que el Estado vaya a tener vocación o eficiencia a la hora de controlar que, efectivamente, en la práctica sean sólo el trabajador independiente y otros cuatro los que lleven a cabo la tarea en cuestión.

Pero además, esta es otra figura que cristaliza la disolución del vínculo laboral, ya que deja de existir la relación empleado-empleador, algo en lo que ya se avanzó mucho con el fomento del monotributismo y el emprendedorismo. O sea que lo que por ahora es fraude laboral encubierto, pasaría a convertirse en Ley.

¿Tiene algo de novedoso todo esto? Para nada, cualquiera que leyera las recomendaciones hechas por el FMI, en su capítulo referido a Argentina, al promediar 2017, pudo anticipar lo que se viene.

“Siempre estuvimos al aire”, le dijo el periodista Antonio Laje al diputado Nicolás Massot, la semana pasada en el programa que conduce en dúplex en América TV y A24.

La aclaración vino porque un sorprendido Massot se acababa de dar cuenta que en una breve frase y creyendo que estaba fuera del aire, definió cuál es la caracterización que sobre el escenario de representación política hace el oficialismo.

“Nosotros nos podemos quedar seis años más, diez años más. Después de nosotros va a venir el Partido Justicialista reciclado”. Esa caracterización alude también al establecimiento de una continuidad institucional basada en los límites que la hora, pero por encima de todo su propio ADN le impone al Estado Liberal Burgués. Pero también habla de la necesidad de un camino de gobernabilidad que incluye y compromete a los dos actores de este sistema de representación política.

Por eso es que estos dos grandes bloques, el que sintetiza Cambiemos y el PJ, encuentra puntos de acuerdo en aspectos clave para garantizar -desde su particular mirada- esto que llaman gobernabilidad, que no es otra cosa que el contexto favorable a la estabilidad de las relaciones capitalistas que, en la etapa actual, no pueden ser otras que las de la profundización de la transferencia de riqueza desde el universo del trabajo hacia el del capital, pero también la pérdida de derechos laborales, sociales, ciudadanos y humanos.

Por eso, inaugurado el año legislativo, habrá que ver quiénes -desde el Congreso y el universo sindical- estarán dispuestos a seguir amparándose en el argumento de la gobernabilidad y permitirán que pase el Combo Laboral y quienes, todavía más comprometidos con aquello que representa el proyecto Cambiemos, se pongan en la fila donde entregan la Cajita Feliz.

Salvaje, bueno o malo, keynesiano, neokeynesiano, protokeynesiano... 12.3.2018

El capitalismo ataca de nuevo

¿Cuál es el escenario que propicia la reforma regresiva en la que insiste el gobierno nacional? Un sistema de representación política que lo legitime todo y un debate de fondo sobre la verdadera demcoracia.

Si hay un punto clave entre las leyes con que el gobierno espera perpetrar su contrarreforma laboral, es el referido a la flexibilización de las condiciones que actualmente posee la relación entre empleador y trabajadores, es decir, entre capital y trabajo.

Tanto en el proyecto original como en el producto del destripe, figura el intento de que el concepto de empresa en red, la tercerización y el emprendedorismo reemplacen conceptualmente y en la práctica a la estructura clásica piramidal.

En este punto vale recordar que de acuerdo a la ley de contrato de trabajo vigente, se establece que la empresa que comanda el proceso productivo es la responsable solidaria ante cualquier incumplimiento en que incurriera cualquier empresa contratista.

¿Qué se va a establecer si prospera el nuevo intento gubernamental? Sencillamente que ese criterio cambie, por lo que cualquier empresa que tercerice parte de su actividad en una contratista que -a su vez- subcontrate a otra que deja de cumplir con derechos laborales, ya no será responsable solidaria.

Este viejo anhelo en el que coinciden la UIA y otros sectores empresariales, es una práctica habitual de las multinacionales. Y el marco legal que el Gobierno Cambiemos quiere imponer, busca homologar esas condiciones con las de Argentina ¿Va quedando claro de qué hablan cuando se refieren a volver al mundo?

¿Pero por qué reemplazar el criterio piramidal por el de red? Queda claro que todo esto tiene que ver con la maximización de la tasa de ganancia a costillas de los trabajadores, pero no sólo eso. Es que la destrucción del modelo piramidal y el consecuente fomento de la tercerización, favorece también la desarticulación de la unidad productiva, la fábrica, como espacio de resistencia y organización de los trabajadores.

Con el diseño en red, los trabajadores pueden coexistir dentro de un mismo espacio, pero su actividad está regida por varios convenios y, más aún, depende de distintas patronales, empresas que -como si fueran mamushkas- se esconden una dentro de otra, tercerización tras tercerización.

¿Que se pretende con esto? Ni más ni menos que el viejo sueño capitalista: pretenden que desarticulando el espacio de resistencia y organización, puedan avanzar en la sustitución del proletariado por otra figura, el precariado. Y todavía más, quieren terminar con la lucha de clases.

Keynesianas

Vivimos en el capitalismo, algo que alude a un momento que se distingue porque se produce por medio del trabajo asalariado y la extracción de plusvalía, algo que plantea también una particular manera de relacionarse socialmente.

¿Pero será esta la única forma que tenemos las personas para relacionarnos?

Resulta interesante formular esta pregunta de respuesta aparentemente evidente, cuando desde lo que se presenta como contracara de la moneda aparecen -nuevamente- propuestas de tipo keynesiano que, por muy atractivas que parezcan, están condenadas a tener un vuelo de perdiz dentro del contexto actual, atravesado por una situación de crisis sistémica del capitalismo.

¿Pero cómo es esto? ¿No se podrán reeditar experiencias keynesianas, neokeynesianas o protokeynesianas que en otros momentos -incluso hace poco- tuvieron algo positivo que exhibir?

No es factible que se pueda reeditar una salida de este tipo a modo de solución a la crisis y como mecanismo de generación de otro ciclo de acumulación acelerado como el europeo de entreguerras o aquellos que -incipientemente- se desarrollaron en Argentina durante los 50 del siglo 20 o la primera década del 21. Y esto es así por razones económicas, ecológicas, culturales y sociales.

Los modelos que como el neoliberalismo devinieron de las crisis con que estallaron las experiencias keynesianas, tienen un componente clave en la respuesta que las clases dominantes dan al acotado reparto del excedente social que se había producido.

En el momento actual, atravesado por la disputa de dos bloques que desde el mismo corazón del sistema capitalista pugnan por dirimir cuál será el diseño del orden mundial del siglo 21, se profundiza con mayor voracidad la reapropiación de ese excedente social.

Pero, por otro lado, otra acumulación acelerada de carácter keynesiano chocaría con una barrera que le plantea el propio ecosistema que difícilmente pueda sostener un nuevo proceso de acumulación y crecimiento sostenido de la producción de forma exponencial.

Y no menos importante es el límite cultural y social, que determina la mirada que la perspectiva reformista tiene sobre los procesos económicos. Es que la diferenciación que desde esa perspectiva se hace entre un capitalismo productivo, bueno y nacional, respecto a un capitalismo financiero y especulativo, coloca en el lugar de contradicción principal a una que existe pero que sólo es -como se acaba de explicar en este artículo- una situación de pugna hacia adentro del capitalismo. Esto queda expuesto con sólo recorrer los resúmenes de actividad de grandes transnacionales, que revelan la imbricación y pugna existente entre las dos facciones.

¿Pero entonces, si no existe salida por el lado del capitalismo bueno, si la alternativa que se pretende establecer es entre una contrarreforma que profundice más la transferencia regresiva de riqueza o un modelo que pretenda que el Estado Liberal Burgués vuelva a un lugar de regulador de un proceso de acumulación y crecimiento sostenido que además derrame, que por lo expresado antes, ya no puede tener? ¿No será sensato entonces pensar en que es mejor asumir la necesidad histórica de construir soluciones de otro tipo?

¿Democracia, qué democracia?

Entre las formas más virtuosas que los seres humanos encontramos para relacionarnos socialmente siempre estuvo presente el concepto de autogestión. Y, aunque suene demodé es una mirada que podría facilitar la tarea de poner sobre el tapete el debate acerca de la necesidad de avanzar en formas de auténtica democracia económica.

Es que es preciso reabrir el debate que se pretendió clausurar con la homologación de los conceptos capitalismo y democracia, a partir de un sistema que defiende la democracia política con la extensión del voto y diferentes concesiones inherentes a derechos civiles, pero lo hace para obturar cualquier posibilidad de democracia económica.

Es que la democracia económica está íntimamente ligada a la autogestión, esto es, a que los propios productores decidan qué, para qué y cómo se produce. Esto vuelve necesaria la participación de los productores/trabajadores en la generación de la riqueza social, su distribución y comercialización. Pero, asimismo, rompe con los límites que indefectiblemente tiene cualquier alternativa keynesiana y coloca a los trabajadores de la economía formal e informal ante la perspectiva de pensarse más allá de su relación con el Estado.

Desde una perspectiva ideológica, la democracia liberal se fundamenta sobre el supuesto de que propicia igualdad de derechos y obligaciones ante la ley, pero en la práctica el Estado Liberal Burgués está diseñado para blindar a la propiedad privada y defender a las clases propietarias ante cualquier intento de las que no lo son de avanzar hacia formas de igualitarismo económico.

Y es en este punto en el que se comprende un poco mejor de qué va este nuevo escenario que está construyéndose a partir de un sistema de representación política remozado y leyes que vienen a destrozar las relaciones entre capital y trabajo que rigieron durante los últimos sesenta años.

El capitalismo atraviesa una crisis sistémica que, por supuesto, involucra y golpea fuerte en economías periféricas como la de Argentina.

Es en este contexto, en el que aparecen pequeños y efímeros signos de recuperación de la economía capitalista que, de ninguna manera, significan que se esté ante un nuevo proceso de acumulación sostenido que permita una salida del tipo keynesiano.

Pero asimismo, queda claro que lo que se plantea es qué tipo de arquitectura social es la que devendrá de este diseño y, en esta dirección, ya se advierte la creciente y global intervención autoritaria y directa de las clases dominantes que, hasta ahora, sólo encuentra respuestas moderadas desde el universo del trabajo.

Estos pasos en la exacerbación de la lucha de clases, en los que está haciendo punta la clase capitalista, señalan que se puede estar en la antesala de transformaciones medulares del sistema social y económico, pero también advierten que el sentido que tengan estos cambios puede determinarse en el contexto de las luchas sociales.

Esto es que se podrá ir hacia un sistema mucho más autoritario o hacia otro más democrático y participativo.

Durante los albores del siglo 21, se intentó el retorno a fórmulas reformistas. Experiencias como las de Grecia, Brasil o Argentina dan cuenta de que la salida no está por ese lado. Por eso, quizás sea la hora de volver a construir desde una perspectiva que priorice la articulación de los conceptos de democracia política y económica, pero también pensar que es posible transitar un proceso de transición hacia un diseño social diferente fundamentado en democracia amplia y profunda, esto es, un diseño no capitalista.

 

 

De la Madre Patria con amor12.3.2018

¿Cómo les fue a los españoles con su reforma laboral?

El proyecto que impulsa el Gobierno Cambiemos tiene un modelo en aquel que impuso, seis años atrás, el Partido Popular y Mariano Rajoy. Los resultados de aquello están a la vista, será cosa de tomarlos en cuenta.

De novedosa, la contrarreforma laboral que pretende imponer el gobierno no tiene nada. Es que como en otras cosas, en esta, la inspiración a Mauricio Macri parece llegarle del modelo político que reconoce como ejemplo.

En estos días, cumple seis años la reforma laboral española que significó un drástico cambio en el sistema de negociación colectiva, lo que provocó una contundente devaluación salarial, pero también profundos recortes en derechos adquiridos por parte de los trabajadores.

Desde entonces, en una economía no inflacionaria, los salarios cayeron un 7,5 por ciento en el rango de los más elevados, pero este porcentaje se triplicó para los más bajos, al tiempo que el sistema de contratación se flexibilizó a punto de que es posible acordar contratos por hora, algo que se ve favorecido por la preeminencia de un sistema en red en el que -muchas veces- no queda claro para quién se trabaja.

¿Pero qué argumentos se esgrimieron allá por 2012 para sancionar esta legislación? Los mascarones de proa fueron el fomento de la competitividad de España porque, con la flexibilización de las regulaciones entre capital y trabajo -es decir la reducción salarial- se suponía que se iba a mejorar el saldo entre importaciones y exportaciones.

Pero lo poco que mejoró el comercio exterior de España, se explica básicamente por el incremento de la demanda externa sin que se mejoren cuestiones estructurales.

Asimismo, se vieron afectados los convenios laborales, ya que por un lado se planteó un vacío que condiciona la negociación entre sindicatos y cámaras patronales, pero también favorece a que cualquier convenio de empresa reduzca los salarios de los convenios sectoriales sin que haya causa económica que lo justifique.

Esto va concatenado a la enorme capacidad que se dio a las patronales para modificar condiciones salariales y de trabajo, pero también para despedir de manera arbitraria.

En síntesis, la reforma que nació de la connivencia política del Partido Popular y el Psoe, persiguió y logró que a las patronales les resulte más barato despedir trabajadores, flexibilizar el marco general de las relaciones laborales, promover la negociación individual de las condiciones de trabajo en un claro ataque a la negociación colectiva y abaratar -para los empresarios- el empleo, especialmente aquel de los jóvenes, abriendo la puerta a contratos basura.

¡EPA!

De acuerdo a los relevamientos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística de España, en 2011 el desempleo alcanzaba a 5.287.300 de personas y poco después de la puesta en marcha de las reforma a las seis millones.

Pero desde ahí comenzó a decrecer hasta caer a 4.237.800 desempleados durante 2017, con lo que la tasa de desempleo pasó de 22,56 por ciento a 18,63.

Esta reducción, aclara la EPA, no se tradujo en los índices de ocupación, ya que el número de personas con empleo apenas creció un 1,96 por ciento desde que comenzó a regir la legislación.

Así, durante ese período pasó de 18.153.000 a 18.508.000, lo que quiere decir que sólo hay 355.100 personas ocupadas más, algo que la EPA atribuye a que en España, durante esos años, cayó la población en edad de trabajar en un 2,96 por ciento.

Pero, por otro lado, no se solucionó el problema del desempleo crónico que fue otro de los argumentos a la hora de presentar la ley. Entonces había 1.431.300 personas en esa condición, cifra que desde que entró en vigencia la norma se incrementó en un 22,8 por ciento, con lo que cuatro de cada diez desocupados de España lleva más de dos años sin empleo, algo que se profundiza entre personas mayores de cincuenta años de edad.

Según la legislación, su puesta en funcionamiento permitiría que se potencien los contratos indefinidos respecto a los temporales. Pero, por el contrario, las estadísticas oficiales señalan que la tasa de temporalidad en el mercado laboral español se catapultó al 26,5 por ciento durante este lapso de tiempo, lo que significa un récord para la Unión Europea, sólo superado por Polonia.

Mientras tanto, la hipótesis que esgrimió el Gobierno Rajoy que aseveraba que con mayor flexibilidad para las empresas se iban a reducir despidos, se respondió con un crecimiento alarmante de la contratación a tiempo parcial, especialmente aquella por horas que trepó hasta alcanzar el 16,62 por ciento.

Acceso a la vivienda en CABA07.03.2018

Otro déficit que aumenta el macrismo

Un estudio de la UBA sobre la desigualdad en la Ciudad reveló que el déficit habitacional es una problemática que se profundizó con la gestión PRO. Modelo de ciudad para pocos

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales (Fsoc) de la UBA confirma que bajo la gestión del Pro en la Ciudad las desigualdades entre el norte y el sur se han profundizado y que el déficit habitacional es una de las principales problemáticas que aquejan a los trabajadores porteños.

El informe -elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad de Fsoc- es contundente: en la Comuna I del centro porteño se da un fenómeno propio del modelo de ciudad Pro. En esta se registran, según datos de la investigación, los mayores índices de viviendas desocupadas y, al mismo tiempo, los mayores niveles de hacinamiento de la Ciudad.

En otras palabras, la Comuna I que comprende los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución, concentra en su seno la mayor cantidad de viviendas ociosas -que no pagan impuestos por ello y que su construcción se explica por el boom inmobiliario- y los mayores niveles de hacinamiento, especialmente en los barrios de Retiro, Constitución y Monserrat, que se explican por los precios de los alquileres y las condiciones leoninas impuestas por los propietarios a los inquilinos.

Los datos son muy claros: según un relevamiento realizado por la Federación de Inquilinos Nacional, en la Capital Federal el alquiler significa el 41 por ciento de los ingresos de una familia y 8 de cada 10 inquilinos cree que nunca podrán acceder a una casa propia.

Los números son sorprendentes y dan cuenta del impacto de la inflación en el bolsillo de los trabajadores, ya que, históricamente, el alquiler supo representar entre el 25 y 30 por ciento de los ingresos de los inquilinos. Ahora, la tendencia parece consolidarse en detrimento de los trabajadores. Estos guarismos no contemplan el gasto en servicios como luz, agua, gas y ABL, que desde 2015 a esta parte sufrieron aumentos de más del mil por ciento.

Claro está que esta no es una problemática solo de los porteños. En la Argentina, el déficit habitacional alcanza a más de tres millones y medio de personas y es uno de los principales problemas en los centros urbanos del país.

El estudio confirma que la principal preocupación de los inquilinos en el país es el precio mensual de los alquileres. A esto, le siguen las inquietudes por los requisitos para acceder a un alquiler y cómo hacerse de una garantía.

Estado y sector privado

En todo el país, el déficit habitacional es un problema creciente. La Federación Nacional de Inquilinos consigna que en el siglo 21 la cantidad de personas que alquilan aumentó un once por ciento.

En la actualidad son más de ocho millones de personas las que alquilan una vivienda en el país, según confirma la Encuesta Permanente de Hogares, lo que equivale al 17 por ciento de la población.

Estas cifras se acentúan drásticamente en la Ciudad ya que el porcentaje asciende al 38 por ciento de la población, lo que convierte a la Capital en el distrito con más inquilinos del país.

Esto no es casualidad. Desde 2007 a esta parte tanto Macri como Larreta aprobaron permisos para construir más de doce millones de metros cuadros en la Ciudad de Buenos Aires. La cifra equivale a 250 mil departamentos de dos ambientes, sin embargo, y contra las premisas ortodoxas del liberalismo, el impresionante aumento de la oferta no disminuyó los precios de las viviendas -tanto para alquiler como para venta- ni tampoco solucionó el déficit habitacional. Por el contrario, este problema estructural que lleva un siglo en la Ciudad se ha visto acentuado por las políticas del macrismo.

Así las cosas, según cifras oficiales, en 2018 el 38 por ciento de los hogares porteños viven bajo un techo alquilado, cifra que denota un aumento de un 62 por ciento respecto a 2001. Es decir, cada vez hay más propietarios y menos dueños, más inquilinos y mayor renta. La contundencia de los datos queda expuesta si se tiene en cuenta que la población de la Ciudad se muestra estable desde hace años con casi tres millones de habitantes.

Otro dato que da cuenta de la gravedad del problema es el que desnuda el carácter especulativo de la construcción de viviendas en Buenos Aires: en una ciudad donde se estima que el déficit habitacional supera los 130 mil hogares, la cantidad de viviendas ociosas asciende a 120 mil. Los guarismos demuestran que, con decisión política para poner a disposición de los sectores populares esa capacidad ociosa, el Estado podría dar un paso serio para dar solución a la falta de vivienda en el distrito con mayores ingresos per cápita del país.

Sin embargo la falta de voluntad política para avanzar en ese sentido explica, en parte, las condiciones que permitieron a los grupos económicos vinculados a la construcción -Irsa, Roggio o Calcaterra- aumentar sus dividendos. Este escenario favorable para las corporaciones fue potenciado con las facilidades que otorga el modelo económico del gobierno nacional: blanqueo de capitales, exenciones impositivas, cesión de terrenos fiscales y mega-proyectos de “urbanización” como los de la Villa 31 que no son más que arreglos cosméticos pagados como obras colosales.

Precios cada vez más caros07.03.2018

Las utopías del PRO

La política económica del gobierno y el modelo de ciudad Pro invitan a preguntarse: alquilar ¿también es una utopía?

Si el “mercado inmobiliario” hace que cada vez sea más difícil acceder a un alquiler, el contexto de la Ciudad de Buenos Aires lo hace casi imposible para un número cada vez mayor de personas, especialmente en la zona sur de la Capital.

De acuerdo al informe del Centro de Estudios de la Ciudad la tasa de desocupación en la zona sur es más del doble que en el norte: 16,9 contra siete por ciento, cuando el índice nacional es, según el Indec, del 8,7 por ciento.

Estos datos hay que ponerlos en relación. Otro informe, en este caso del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), señala que alquilar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense puede costar hasta el sesenta por ciento del salario de un trabajador medio.

Si el acceso a la vivienda digna es desde hace décadas uno de los problemas estructurales más serios que afecta a los trabajadores, desde la implementación de las medidas económicas impulsadas por el macrismo, la situación se agravó sensiblemente. Como si no fuera poco, el gabinete económico decidió dinamitar el Plan Procrear y cajonea en diputados una nueva ley nacional de alquileres, que cuenta con media sanción en Senadores. Así las cosas, la utopía de la casa propia se desvanece para que surja una nueva, que da cuenta del deterioro del nivel de vida de los trabajadores: el del acceso a un techo digno. Si comprar resulta imposible, alquilar sigue siendo una verdadera utopía.

Se entiende la gravedad del problema para la mayoría de los asalariados cuando se recuerda que el poder adquisitivo del salario -como consignó el Centro de Economía Política de Argentina- disminuyó más del ocho por ciento desde la asunción de Macri. Así las cosas, la disyuntiva dejó de ser ahorrar para comprar o buscar un crédito hipotecario para ser mucho más primaria: pagar como se pueda un alquiler para tener un techo donde guarecerse.

Lógica del capitalismo

En vez de impulsar una ley nacional de alquileres que iguale la disparidad que existe entre propietarios/inquilinos, el macrismo impulsó a nivel local en la Ciudad una reforma aprobada por la legislatura para sostener el negocio de las inmobiliarias.

A pesar de que en un principio los corredores inmobiliarios dijeron que se trataba de una reforma que “estigmatiza la profesión y provocará el aumento de los alquileres”, lo cierto es que una vez consumada la ley, las cámaras del sector confirmaron su posición de no ceder un centavo en su tasa de ganancia y cargaron los costos sobre los inquilinos.

La modificación de la Ley 2.340 volvió a poner sobre el tapete uno de los problemas más importantes que tiene el país, especialmente en sus centros urbanos, y que afecta como pocos a los sectores populares: el déficit habitacional.

Las modificaciones que se plantearon para favorecer a los inquilinos, sirvieron para visibilizar que para millones de trabajadores la única alternativa de acceder a la vivienda es mediante el alquiler.

Esta realidad -que a esta altura se plantea como una verdad de Perogrullo-, se revela como parte de un diseño económico-social inherente al Estado liberal-burgués que ayuda a desmitificar la fantasía keynesiana del Estado de bienestar, ya que, como se sabe, la propiedad privada es la piedra fundacional sobre la que se sostiene el modo de producción capitalista.

En ese sentido, pese a que a primera vista pareciera ser contradictorio, las modificaciones a la ley 2.340 se presentan como necesarias para reproducir el proyecto económico y social de la derecha, y dentro de este, el modelo de ciudad que impulsa el macrismo. Ello explica que haya sido el propio Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien se pusiera al frente del proyecto y pidiese a sus legisladores que modifiquen la normativa.

En momentos de profunda crisis económica, donde la flexibilización laboral es uno de los principales objetivos del bloque de poder que administra el Estado en la actualidad, facilitar las condiciones de acceso al alquiler de una porción de la población no sólo es coherente con la arquitectura social sobre la que se asienta el Estado liberal-burgués, sino que se revela como necesaria.

El proyecto neoliberal se sostiene, entre otros pilares, bajo una relación capital/trabajo donde la estabilidad en el proceso de concentración de la riqueza es inversamente proporcional a la estabilidad ocupacional de la fuerza de trabajo. En otras palabras, la flexibilización laboral que facilita la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital incluye una inestabilidad de los puestos de trabajo que se ve reflejada en los índices de desocupación y precarización.

Dentro de este esquema, una porción cada vez mayor de asalariados tiene dificultades para ahorrar o acceder a créditos hipotecarios para comprar vivienda, por lo que el alquiler pasa a ser la alternativa más viable para sostener un proyecto familiar. Si los trabajadores precarizados, los que cobran el salario mínimo y los desocupados están “condenados” a vivir como sea, en condiciones indignas de hacinamiento y sin acceso a los servicios públicos, un sector de la “clase media” -desde profesionales a trabajadores calificados y pequeños comerciantes- ven derrumbarse ante sus ojos el sueño de la casa propia. Para estos últimos, pero también en menor medida para los primeros, el macrismo ofrece un modelo de ciudad en el que los inquilinos se reproducen al ritmo del crecimiento del negocio inmobiliario.

De lo que se trata es de una relación perversa que mide las políticas sociales y económicas desde la lógica de una relación costo-beneficio establecida por el propio bloque de poder real, donde se ofrece como alternativa una ciudad de pocos dueños, donde la vivienda se convierte en un atajo para valorizar el capital, la renta financiera y la renta agraria. Para los trabajadores, el acceso al techo sólo es posible a través de alquileres, por lo que es coherente que el macrismo busque una fórmula que permita morigerar las condiciones leoninas que en sí mismo impone la relación locador-locatario, sobre todo para descomprimir la tensión que se agudiza con el achicamiento del mercado interno y que afecta tanto a trabajadores como a sectores medios.

Ante este escenario, lo que para desprevenidos puede presentarse como “novedoso” en la gestión Larreta, la cual, se intenta presentar como más “progre” y “moderna” que la de su antecesor, jefe político y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo cierto es que el proyecto ideado por el oficialismo porteño es coherente y necesario con el diseño económico-social de la derecha en el país.

Como supo indicar el marxista italiano Antonio Gramsci, no es la coerción -que la hay y mucha en la Argentina actual- la única herramienta con la que cuentan las clases dominantes para sostener su hegemonía política, económica y cultural. También se vale de consensos cimentados en concesiones, las cuales, no son contradictorias con el crecimiento de la represión y la violencia institucional. Incluso, cuando estas concesiones se asientan en fríos cálculos políticos y económicos, es donde el bloque de poder deja entrever los objetivos estratégicos de su proyecto social que se basa en la reproducción de la propiedad privada, la concentración de la riqueza y la multiplicación del capital a costa del trabajo.

 

Créditos UVA07.03.2018

Festejan los bancos

Donde hay una necesidad ¿hay un negocio? Así lo entiende el Pro. Los créditos UVA son un ejemplo

Cómo es costumbre, allí donde hay una necesidad el gobierno nacional diseña una arquitectura para el negocio de los privados en detrimento del rol del Estado.

Esto es lo que ocurre con el acceso a la vivienda bajo la gestión macrista. Si en nuestro país hay tres millones y medio de personas que no tienen acceso a una vivienda digna, allí está el gobierno para hacer un negocio y entregarlo al poder financiero.

Así lo marca el impresionante crecimiento de los créditos UVA en el mercado hipotecario durante 2017 y dentro de este, el espiral ascendente de los bancos privados por encima de los públicos.

En el último año se consolidó el sistema de créditos indexados a la inflación como nunca antes en nuestro país. Si el 2016, cuando comenzaron a ofrecerse, había sido un buen año con dos mil millones de pesos entregados, el rendimiento para el sector financiero en 2017 fue superlativo: cincuenta mil millones de pesos.

Es en este festival del crédito hipotecario donde los privados afilan sus dientes para hacer jugosos negocios.

Con el macrismo, la oligarquía bancaria está de para bienes. Es que además del impresionante negocio de la timba financiera, el gobierno los favoreció también con la posibilidad de brindar créditos indexados a la inflación, lo que en el mediano y largo plazo es un negocio redondo para los acreedores y una condena a la banca rota para los deudores, en su gran mayoría trabajadores con ingresos en pesos que se deprecian con la inflación y la devaluación.

Otra vez el 2017 brinda un gran ejemplo: para el primer día del año, el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo era de 17,26 pesos y el 31 de diciembre ya era de 21,09. Es decir, un aumento del 22 por ciento en apenas un año, muy por encima de la relación entre paritarias e inflación para la gran mayoría de la clase obrera.

Los créditos UVA tienen una primera consecuencia lógica que quedó plasmada en el mercado inmobiliario porteño en enero de este año: la compra de propiedades creció un 30,9 por ciento en relación a igual mes del año anterior.

Los números son tan impresionantes como las consecuencias que esto puede tener en el corto y mediano plazo. La crisis de las hipotecas en España brinda un ejemplo concreto al respecto ¿Cuánto falta para que estalle en Argentina?

Algo más que una historia de amor despechado05.03.2018

¿Se acabó el idilio entre La Rosada y la UIA?

Como el dúo Pimpinela, al final, siempre se reconcilian ¿Sabe usted quién tiene la culpa de todo? Mientras tanto, marcos Peña insiste con que la inflación se va a clavar en el quince por ciento.

Las butacas de los teatros de Mar del Plata y Carlos Paz acusan la crisis pero, pese a esto, el verano tenía reservado un culebrón. En este caso lo regaló Mendoza y los protagonistas no fueron una aspirante a vedete o un galancito de moda.

No, lejos de eso, y de algunas previsiones, el culebrón estalló con el telón de fondo de la Fiesta de la Vendimia y los protagonistas fueron el gobierno nacional y la UIA.

“Los empresarios deben tener una agenda más positiva y dejar de llorar”, reclamó el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y despechado explotó: “nosotros hicimos la reforma tributaria, bajamos costos logísticos, aumentamos reintegros, financiamos equipamientos, abrimos nuevos mercados”, tras lo que exigió que los industriales inviertan.

Es que, poco antes, la Junta Directiva de la entidad que agrupa a parte de lo más concentrado del capital que actúa en Argentina, había reprochado al ejecutivo el “crecimiento de las importaciones” y la “fuerte caída en el consumo”.

Pero la sangre no llega al río, al menos por ahora, ya que lo que amenazó con ser un flor de culebrón, terminó pareciéndose más a una comedia americana de enredos. Y, como no podía ser de otra manera, el happy end vino por donde tenía que venir.

“Hay que seguir trabajando en bajar el costo argentino y mejorar las condiciones para exportar”, resumió el titular de la UIA, Miguel Acevedo, tras lo que aclaró que “el empresariado en general apoya la dirección del Gobierno”.

Entonces queda claro cuáles son las cuestiones secundarias y cuáles las aleatorias en la relación entre dos hermanos de clase que, entre otras cosas, coinciden en quién es el que debe pagar los platos rotos, mientras ellos resuelven sus contradicciones.

Es que, “bajar el costo argentino” sigue siendo la clave para el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015 y no quedan dudas qué quiere decir esta frase en boca de esta gente.

La cantinela de siempre

“Argentina tiene salarios altos y baja productividad”, resaltó uno de los vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja y se quejó: “competimos con otros mercados que no pagan impuestos”.

La síntesis es contundente y en ella coinciden los empresarios que atienden en sus oficinas y los empresarios que ocupan La Rosada. Desde esta perspectiva, la clave es bajar salarios e impuestos hasta emparejarlos con los de aquellas formaciones nacionales, cuyas economías capitalistas periféricas están absolutamente permeadas por la deslocalización y la financierziación.

Por eso tanto énfasis en las leyes sancionadas en diciembre, que afectaron drásticamente al sistema previsional y al esquema tributario.

Pero también el que ponen a la hora de intentar destruir el marco legal que rige a la relación entre los universos del capital y el trabajo. El ejecutivo ya aclaró que pretende que la contrarreforma laboral que no pasó en diciembre por la presión popular, encuentre un corredor propicio en la rosca parlamentaria y, para eso, la destripó en tres proyectos que espera que estén sancionados antes de fin de año.

Mientras tanto persevera en su tarea de redistribuir regresivamente la riqueza por medio de una alta inflación, la baja salarial y la inflación enmascarada a través de la deuda cuasi fiscal.

En este contexto, Marcos Peña, ratificó la meta de inflación del quince por ciento para este año y celebró los “acuerdos paritarios que se pudieron cerrar en torno a esa previsión”, tras lo que instó a “mirar hacia adelante con humildad y vocación de servicio para seguir ratificando el cambio”.

Pero lejos de esa vocación que invoca el jefe de Gabinete, desde la city porteña siguen subiendo la previsión inflacionaria. Al parecer, aquí el optimismo oficial no cuenta: un relevamiento que realiza el Banco Central entre las principales consultoras de la city, señala que el pronóstico creció en febrero de 19,3 a 19,8 por ciento y anticipa un piso no inferior a veinte para este año.

¿Entonces cómo le cierra esto al Gobierno? La respuesta es clara: para un diseño basado en la toma de deuda, es un problema que se corte el chorro de dólares.

Por eso es que a una UIA que estuvo ausente durante dos años, cuando la apertura indiscriminada de importaciones hizo estragos entre las pyme y el empleo, ahora comienza exhibir gestos de preocupación. Y por eso es que también, desde el ejecutivo, le recuerdan que este es el gobierno de su clase, que le dio incluso más de lo que pidieron y que por eso reclama algo a cambio. Pero como en un folletín barato, esta también parece ser una trama de amores no correspondidos.

 

 

EE.UU. prendió la aspiradora05.03.2018

¿Se llevará toda la mugre?

La Reserva Federal sigue subiendo la tasa y sólo el Gobierno Cambiemos parece no darse cuenta. 360 mil millones de pesos en tres meses se fueron por la cloaca de las letras. Un poco de historia reciente, como para refrescar la memoria.

Sólo como consecuencia de las tres renovaciones de letras del tesoro de diciembre, enero y febrero se provocó la fuga de 360 mil millones de pesos. La tendencia que ya es un sello marca registrada del Gobierno Cambiemos, es muy preocupante, pero la cosa todavía puede ser peor.

Es que al tironeo que comienza a exhibirse entre algunas de las diferentes facciones que integran el proyecto que -desde lo político- sintetiza Cambiemos, se suma un factor externo clave que pone en zona de riesgo a aquellas formaciones nacionales que basan su economía en diseños monetarios y financieros sostenidos por el préstamo exterior.

¿Cómo que ese diseño se parece mucho al que rige en Argentina desde diciembre de 2015? Seguro y ahí está la cuestión.

En diciembre, el ejecutivo drenó por la cloaca de las letras 130 mil millones de pesos, después repitió con cincuenta mil en enero y un mes más tarde con ochenta mil millones.

Usted dirá que todo esto no importa porque, total, con Mauricio Macri de presidente la lluvia de dólares es ininterrumpida y eterna. Lo sentimos, pero parece que no es así.

Es que durante febrero y por más que hubo esfuerzos en tal sentido, La Rosada y las provincias, pero también en buena parte las grandes empresas radicadas en el país, captaron dólares en el mercado internacional.

En esto hay razones endógenas y, entre ellas el desorbitante volumen de la deuda tomada por el estado nacional en sólo dos años que enciende luces de alarma, pero también el hecho de que quince provincias ya hayan tomado deuda en el exterior hace que los prestamistas comiencen a reconsiderar la situación.

De aquí en más, todo va a ser más caro y las garantías pondrán más en riesgo, no sólo la soberanía económica, sino la nacional.

Pero hay otra que todavía tiene mayor peso. La Reserva Federal de EE.UU. (FED) espera proseguir a lo largo del año con la suba de la tasa de interés que ya ascendió hasta el 1,25 por ciento sobre el final de 2017. En este camino, la tasa de referencia del equivalente estadounidense del Banco Central, va saltar al dos por ciento, para ir hasta 2,5 en 2019 y tres en 2020.

Este proceso parece consolidarse con la llegada a la titularidad de la FED de Jerome Powell, pero también porque en las elecciones de noviembre se va a jugar un round que, incluso, excede las necesidades políticas de Donald Trump (Ver Y barreras son barreras).

De todos modos Trump sabe que, para su Presidencia, la apuesta de las elecciones de medio término es a cara o cruz y no está dispuesto dejar pasar la oportunidad.

Acosado por demócratas y republicanos, tiene claro que si quiere ganar precisa consolidar el voto que dos años atrás lo llevó a la Casa Blanca y que, por ello, necesita satisfacer promesas de campaña y esto quiere decir generar trabajo para los estadounidenses.

Por eso es que tiene en gateras el que se presenta como el plan de obra pública más agresivo después del New Deal de Franklin D. Roosevelt, consistente en una inversión de un trillón y medio de dólares.

Está claro que un trillón y medio de dólares es una suma que no se junta así como así, pero es todavía más difícil juntarlos si, además, se le bajan los impuestos a los ricos, algo que Trump consiguió cuando el Capitolio le aprobó la reforma fiscal, en diciembre de 2017.

¿Entonces qué hacer para conseguir ese monto de billetes para financiar lo que puede convertirse en el pedestal desde el que construir su propia reelección?

La respuesta que da el mismo Trump es “con inversiones externas”, lo que quiere decir que va a prender la aspiradora para comenzar a absorber todos los dólares que andan sueltos por ahí, es decir, aquellos que venían prestando a ingenuos o delincuentes que no leían o no querían leer la letra chica del contrato. Cualquier similitud con el proceso de endeudamiento al que, desde hace dos años, se viene sometiendo a Argentina, no es pura casualidad.

Empresariado nacional

Entonces, la FED sube y va a seguir subiendo la tasa de interés para chupar los dólares que necesitan para el megaplan de obras públicas de la Presidencia Trump.

Esto que puede ser una buena idea para algún trabajador estadounidense, es una pésima noticia para aquellos de países con economías capitalistas de segundo orden. Y mucho más si, como el caso de Argentina, tiene un gobierno que se viene empeñando con tesón en profundizar las características de un esquema ligado a la renta agroexportadora que plantea una clara reprimarización de la economía.

Pero es peor todavía cuando la burguesía, fuertemente ligada a una oligarquía concentrada en la agroexportación, posee una capacidad terrible para ejercer presión y quiere que el piso del dólar sea de treinta pesos.

Y ni que hablar, cuando el panorama se completa con una burguesía industrial a la que, desde una perspectiva que supone que existe un capitalismo bueno, se la quiso convencer de que es “nacional”.

En abril de 2008, un desconsolado Paolo Rocca, le escribió una carta a la entonces presidenta Cristina Fernández. En la misiva le pedía que intercediera ante Hugo Chávez, cuyo gobierno se veía dispuesto a avanzar en la nacionalización de la siderúrgica Sidor que el Grupo Techint tenía en Venezuela.

Nueve años más tarde, el mismo Rocca se paseaba por la planta para fabricación de tuberías para la industria petrolera de TenarisBayCity con otro presidente de Argentina, Mauricio Macri. La estaban inaugurando, pero la planta no estaba en nuestro país y mucho menos en la República Bolivariana: estaba en Houston, hacia donde fueron a parar los dólares que Don Paolo rescató, gracias a la gestión de Cristina Fernández, de las garras de Chávez.

Como se ve, soñar con el “empresariado nacional” y el “capitalismo bueno”, puede convertirse en pesadilla.

Así las cosas, en este sandwich de factores externos y endógenos, queda claro que ya decidió que el salame sea el pueblo y, particularmente, los trabajadores, por eso el ajuste y la contrarreforma estructural que pretende consolidarse con peso de Ley.

¿Pero esto de la aspiradora de la FED, pudo tomar por sorpresa al Gobierno Cambiemos? Nada más lejos que eso. “Caputo jugó en la Premier Ligue” dijo la semana pasada Marcos Peña para enaltecer la actitud del ministro de Finanzas que habría dejado un lugar de privilegio en el universo de las finanzas globales, para volver a Argentina y “servir a la Patria”.

Es verdad que Caputo fue y es un operador de esos intereses que Peña intenta disimular con la metáfora de la Premier Ligue ¿acaso pudo no saber que esto se venía y que ya está pasando?

Sólo con la suba de la tasa dispuesta por la FED en diciembre la fuga de divisas de Argentina volvió a señalar un récord ¿Qué va a pasar cuando se siga profundizando esta tendencia?

La situación es diferente a la de 2001, principalmente porque el gobierno tiene la ventaja de la “pesada herencia” que dejó un desendeudamiento 12,5 por ciento en relación al PBI.

Pero nada es eterno y, como queda claro en el desarrollo de este artículo, los tiempos se precipitan. Durante la previa de 2001, los bancos hicieron las valijas, las llenaron de dólares que fugaron precipitada y masivamente. Eso ya es parte de la historia. Ahora las condiciones externas y las internas favorecen la construcción de otra estampida ¿hay algún dato que permita creer que esta vez la banca va a jugarse y va a cuidar al pequeño y mediano ahorrista, a la industria nacional?

Desde el propio gobierno les envían señales peligrosas: si prospera el Decretazo –entre otras cosas- los bancos van a poder meter mano en las cuentas sueldo. Y, al inaugurar el período legislativo, Macri pidió que se apure la sanción que convierta en ley al proyecto de Mercado de Capitales que ya fue aprobado en Diputados y espera tratamiento en el Senado.

La iniciativa que en principio se denominó Ley de Mercado de Capitales, apunta a permitir la entrada en funcionamiento de instrumentos financieros para que los inversores puedan especular en el mercado interno, entre otras cosas, adquiriendo letras hipotecarias y activos sintéticos. Es decir, facilita la incubación del huevo de la serpiente que en EE.UU. detonó la crisis de las subprime de 2008 y, un año más tarde, hizo lo propio en España.

Amigos son amigos...05.03.2018

Y barreras son barreras

A los limones y el biodiesel se suma ahora la restricción arancelaria que EE.UU. puso al acero y el aluminio ¿A qué está jugando Washington? La puja intercapitalista y sus consecuencias en la periferia.

Después de los limones y el biodiesel, ahora EE.UU. le baja la barrera al acero y el aluminio argentinos, lo que significa un duro golpe para la balanza comercial que en 2017 tocó un fondo histórico, pero además vuelve a poner en cuestión aquello de que con Mauricio Macri en La Rosada, el mundo capitalista iba a abrir sus puertas a nuestro país.

La cosa es que el presidente, Donald Trump, anunció que va a firmar esta semana la disposición que establece aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y del diez para el caso de las de aluminio que estarán en vigor “por un largo periodo de tiempo”.

La medida apunta a la República Popular China que, de acuerdo a lo señalado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en el documento conocido como Informe 232, es “el gran responsable” del exceso de acero existente en los mercados internacionales ya que ese país produce “sólo en un mes lo mismo que EE.UU. en todo un año”.

Pero toca en la línea de flotación a la industria nacional del acero y aluminio que, fundamentalmente, por medio de Techint y Aluar, exporta anualmente hasta quinientos millones de dólares a EE.UU.

Una vez más queda claro que una cosa es un amigote de juergas juveniles y negocios a veces poco claros, pero otra muy distinta son las relaciones internacionales. Más aún, cuando están atravesadas por una pugna muy fuerte que intenta dirimir supremacía entre dos facciones, pero también el perfil del capitalismo y el nuevo orden mundial para el siglo 21.

 

Economía-mundo

Durante los últimos cuatro siglos el capitalismo trabajó para consolidarse como una economía-mundo y lo está logrando. Por eso es que economía y política reflejan las necesidades de acumulación que posee la clase capitalista y, así, son la misma cosa, pero a su vez se constituyen en escenario de tensiones internas del capitalismo.

Por eso es que –siempre fue y será así- guerra y capitalismo son sinónimos. Y este conflicto permanente entre facciones de las élites que pretenden la hegemonía, se presenta entre formaciones estatales que adscriben al sistema por medio de la violencia militar y económica en las que las víctimas siempre son aportadas por los pueblos.

Así, el mega-mercado capitalista en que convirtieron al planeta, es el escenario donde se superponen e imbrican intereses de grandes capitales y las principales formaciones sociopolíticas y estatales.

La pugna es por la hegemonía entre una mirada que plantea la profundización del imperialismo tradicional, y otra que pretende que el poder de los estados merme hasta quedar limitado a la función de Estado Policial, que garantice la ronda de negocios y la seguridad de las élites locales.

Es así que en el escenario planetario se puede señalar –a grandes trazos- dos bloques de jugadores globales pertenecientes a las clases dominantes. El que está perdiendo influencia es más vinculado al capital productivo e industrial -más ligado a las formaciones estatales nacionales- y lo está haciendo en manos de la facción inherente al capital financiero globalista, que tiene como paradigma el dominio planetario por medio de redes financieras de control.

En este punto, es prudente insistir con que la versión productivista no es menos mala que la financiera y remite a un imperialismo ligado a la tradicional toma de posiciones por medio de la invasión territorial y cosas por el estilo.

Y que en el corazón del bloque capitalista se está dando este enfrentamiento entre corporaciones transnacionales y otros grandes jugadores del capitalismo global que actúan –incluso- hacia afuera y hacia adentro de las mismas formaciones nacionales.

EE.UU. lejos está de escapar a esta dinámica de enfrentamiento de estas dos facciones y, como es la principal potencia hegemónica, el impacto de lo que allí pase se siente en la periferia.

De los globalistas ligados a redes del capitalismo hiperparasitario financiero, se puede citar a la Banca Rothschild, S&P y Barkley con Monsanto y Cargill; al tiempo que en el otro rincón, se ve al staff imperialista tradicional con jugadores como ExxonMobil controlada por JP Morgan, Halliburton ligada al suministro de logística, armamento y paramilitares para la guerra, pero también Rockefeller y Goldman Sachs.

El accionar de estos y otros grupos con sus imbricaciones hacia adentro y afuera de EE.UU., explica el por qué de la complejidad y las características de lo que está pasando.

Entonces, cuando se tira del hilo que dejan los limones y el biodiesel, el aluminio y el acero, lo que se encuentra son datos de la puja intercapitalista e interestatal que remiten a otros vinculados a aspectos geoeconómicos y geoestratégicos, que hablan de la lucha por el diseño de las características que –esperan ellos- tenga el futuro orden mundial.

 

 

El flagelo de la deuda externa27.2.2018

El mundial que no queremos ganar

En el año en el que se disputará un nuevo mundial de fútbol, la Argentina toma la delantera y se consagra como campeón mundial… en emisión de deuda. Así las cosas, frente al creciente descontento frente a la política económica, el gobierno responde con más y más deuda.

En medio del creciente descontento popular con el gobierno de Macri, que se viene manifestando con expresiones espontáneas contra el presidente en el espacio público y con enormes movilizaciones como las del 21 de febrero, el gabinete económico decidió profundizar la política de endeudamiento externo masivo en moneda extranjera.

Luego de conocerse que el déficit de la balanza comercial fue de casi mil millones de dólares en enero -que marca una hemorragia que ya lleva 13 meses consecutivos-, el Ejecutivo firmó hoy a instancias del ministro de Finanzas Luis Caputo, una nueva emisión de deuda por 89 millones de dólares.

Esta nueva emisión no aislada responde a diversos fenómenos. El primero es, sin dudas, la evidente compulsión del gobierno por tomar deuda -con altas tasas de interés- en el mercado internacional para financiar la fuga de capitales, la bicicleta financiera y el déficit gemelo.

En segundo lugar, responde a un comportamiento del sector empresarial. Es que la deuda privada en dólares también aumentó considerablemente en el bienio 2015-2017. Por ejemplo, en 2017 la deuda del sector privado ascendió a 6.100 millones de dólares, un dos por ciento más respecto al 2016.

Y en tercer lugar porque el Estado se sumergió en la lógica del endeudamiento del cual es difícil escapar. Es que no sólo el Estado nacional se endeuda a tasas carísimas, a largo plazo y en dólares sino que también lo hacen las provincias.

La deuda en dólares de estas desde el 2017 llegó a los 5.100 millones y en 2016 fue de 6.560. En total, en solo dos años, provincias y municipios se endeudaron por más de 11.500 millones de dólares, una cifra mínima al lado del Estado nacional, como también mínimos son sus productos brutos en relación a este.

Un caso paradigmático es el de la provincia de Buenos Aires. En 2016 fue por lejos la provincia que más deuda tomó y en el bienio 15-17 colocó deuda por más de nueve mil millones de dólares, más que países como la India o lo mismo que Qatar.

Director de orquesta

Sin dudas que el actor que marca el camino es el Estado nacional administrado por una clase dirigente que se transformó en tal en el marco de los negocios con la patria contratista, la falta de competencia y el chantaje.

Este carácter parasitario y lumpen del bloque de poder dominante es el que estimula el perfil entreguista, dependiente y reprimarizado del Estado nacional en su fase liberal burguesa.

Hay datos que confirman el carácter de este comportamiento de clase, pero sin dudas uno es el de más contundencia: desde el 2015 a la fecha Argentina es el país "emergente" que mayor deuda tomó en moneda extranjera según datos del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet).

En total se trata de casi 133 mil millones de dólares en tan solo dos años. Argentina encabeza un podio que completan Arabia Saudí e Indonesia. Pero la deuda trae consigo otro lastre: el del pago de interés. Este año nuestro país pagara 38.631 millones de dólares sólo en retribuciones por el dinero prestado, lo que equivale a un 6,6 por ciento del PBI.

A este ritmo, el año que viene la cifra ascenderá a unos 42.888 millones que dan cuenta del siete por ciento del Producto Bruto.

Estos datos confirman el carácter entreguista y dependiente del gobierno. Pero que quede claro: no se debe a su perfil de lumpenburguesía. Su orientación parasitaria es consecuencia del proyecto de país que el imperialismo yanqui quiere imponer en la región.

Un claro ejemplo de ello, que se puede relacionar con la política de endeudamiento masivo del gobierno, son los esfuerzos que viene realizando Macri para sellar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

A contrapelo de las políticas proteccionistas que aplican las potencias del capitalismo central, en la región se quiere trazar un camino aperturista. El gobierno para dar el ejemplo lo hizo en el ámbito local, realizó una apertura indiscriminada de las importaciones y ahora el déficit comercial produce un agujero en las cuentas públicas que "obliga" al gabinete a tomar deuda para solventarlo.

Está es una práctica recurrente de la derecha macrista. La astucia de ésta radica en la generación de escenarios en los que luego opera con lógicas neoliberales. Pero primero expone deficiencias que según este justifican las medidas adoptadas.

Eso es lo que lleva al presidente, por ejemplo, a declarar que no le gusta endeudarse pero que mientras sea una “necesidad" lo hará.

El ministro de finanzas Caputo también refiere a "necesidades" financieras a la hora de justificar el endeudamiento. Ahora bien, las lógicas endógenas de este modelo se fagocitaron en tan sólo dos meses el cincuenta por ciento de las "necesidades" proyectadas por el ejecutivo en el presupuesto 2018, calculadas en treinta mil millones.

La estrategia no es novedosa. Ya Carlos Marx en el Capítulo I de El Capital había afirmado que el capitalismo crea en los hombres nuevas necesidades que luego satisface. Esto lo entendieron muy bien las agencias de publicidad norteamericanas que hicieron de esa necesidad una virtud y explotaron el marketing como estrategia comercial para maximizar la tasa de ganancia y penetrar en todos los mercados posibles.

Hoy el gobierno aplica esta lógica a la hora de orquestar su plan económico. El vaciamiento de políticas públicas para luego justificar despidos y el retiro del Estado en espacios sensibles para el tejido social o la generación de desequilibrios fiscales con la emisión desenfrenada de deuda para luego tomar más deuda son dos ejemplos claros de esta lógica que opera con precisión quirúrgica en el seno de la estructura económica nacional.

Las razones del desequilibrio externo27.2.2018

Fuga de capitales y deuda en Cambiemos

La profundización del endeudamiento y el crecimiento de la fuga de capitales son dos caras de una moneda lanzada al aire en un momento en el que hasta EE.UU. cuida sus cuentas.

El endeudamiento masivo externo en moneda extranjera está destinado a cumplir con tres objetivos y necesidades de las clases dominantes: el giro de utilidades a las casas matrices de las multinacionales, la timba financiera y el sostenimiento del saqueo con dólares frescos, esto es, la financiación del déficit fiscal y comercial.

Estas tres metas del bloque de poder quedan confirmadas a partir del informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Umet. De los casi 133 mil millones de dólares de endeudamiento en el bienio 2015-2017, 108 los emitió el Tesoro Nacional y 76 fueron en moneda extranjera ¿Cuánto fue para fuga? Más de 82 mil millones dólares, es decir, el sesenta por ciento de las emisiones. El 40 por ciento restante se usó para estimular la timba financiera, para venta a ahorristas y para solventar los desequilibrios económicos del modelo.

Vale destacar que esta política se implementa en un contexto absolutamente desfavorable para tomar deuda en el mercado internacional. La suba de la tasa de interés por parte del Tesoro de Estados Unidos es un verdadero problema, como también lo es el aumento del dólar y la inflación.

El encarecimiento del crédito parece ser un camino irreversible en el escenario internacional. El Deutsche Bank publicó un informe en el que anticipa que la tendencia es a un aumento de las tasas de interés en el mundo. Este banco augura que el rendimiento de los bonos yanquis a diez años terminará en 2018 a una tasa de 3,25 por ciento anual. Por su parte, los bonos emitidos por la Unión Europea tendrán un rendimiento de 1,25 puntos.

Este es un fenómeno que sin dudas despierta la preocupación del gabinete económico. Es que ante un mundo cada vez más proteccionista y con una tendencia constante al encarecimiento del crédito ¿Cómo hará la Argentina para hacerse de los dólares necesarios para sostener su economía?

La restricción externa es uno de los principales problemas de cualquier economía emergente o en vías de desarrollo en el marco del capitalismo. El gobierno nacional agudizó este problema con la apertura de las importaciones y la reprimarización de la economía en un contexto en el que comienzan a cerrarse las vías ortodoxas con las que esperaba financiarse: la exportación de productos agrícolas en el exterior y el endeudamiento.

Así las cosas, el gobierno no encuentra en EE.UU. el aliado económico que esperaba. Por el contrario, la administración Trump se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el gabinete. Vale recordar los altos aranceles fijados a la importación de biocombustibles argentino y la traba al ingreso de limones nacionales. Ahora se suman también nuevas barreras para la colocación de acero y aluminio, afectando así los intereses de Tenaris y Aluar.

Frente a este escenario, el gobierno permite que los dólares que ingresan al país se utilicen para girar utilidades al exterior y para estimular la bicicleta financiera. Que quede claro: los dólares que llegan al país lo hacen para ello y así el gobierno contribuye al saqueo de la riqueza nacional impuesto por EE.UU. y las multinacionales con intereses en la región.

No hay equívocos ni erratas, la fuga de capitales y la timba no son consecuencias o daños colaterales: son la verdadera causa de los desequilibrios de la economía nacional, especialmente del sector externo.

 

 

El jefe de Gabinete bancó a Toto Caputo27.2.2018

El orgullo de Peña

Le soltaron la mano a Díaz Gilligan porque se le descubrió una cuenta en una guarida fiscal, pero el ministro de Finanzas sigue siendo intocable. Jugaba en la Champions League y dejó todo para jugársela por su país”, dijo ayer Peña como para cerrar el caso.

En La Rosada ya entregaron la cabeza del ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan a quien la fiscal federal, Alejandra Mángano, pidió investigar por la denuncia de lavado de dinero que pesa en su contra, después de que se descubriera que no declaró 1,2 millones de dólares que se le detectaron en un banco de Andorra, en una cuenta a nombre de una offshore de la que fue director.

Pero lo que va quedando claro es que, de ninguna manera, piensan soltarle la mano a Luis Toto Caputo, pese a que su relación con las guaridas fiscales es mucho más comprometida que la de Díaz Gilligan.

Es que el ministro de Finanzas, fue administrador de Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión hasta poco antes de que se hiciera cargo de esta cartera.

Este fondo fue creado por el Deutsche Bank, del que Caputo fue jefe de Trading para Europa del Este y América Latina hasta 2003, cargo que antes había ocupado, pero para JP Morgan en Nueva York de 1994 a 1998.

La cosa es que Axis cobró comisiones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, por la colocación de recursos del Fondo en letras que emite el Banco Central.

Pero esto no es todo, tal como se supo cuando se ventiló el caso de los Paradise Papers, durante 2017. Caputo fue administrador de Noctua Partners, un gestor de fondos de inversión radicado en Miami con ramificaciones en las guaridas fiscales de Islas Caimán y Delaware. Este fondo suscribió papeles del bono a cien años emitido por el mismo gobierno que integra Caputo que, además, es quien estampó su firma para autorizar la colocación de deuda a más largo plazo que Argentina tomó en su historia.

Después se supo que Noctua Partners compró parte de la colocación del bono centenario por cinco millones de dólares.

Por esto, pesan sobre Caputo -quien nunca declaró su papel en Noctua en su declaración a la Oficina Anticorrupción- denuncias por negociaciones incompatibles para un funcionario público.

Tampoco dijo nada sobre la participación que como administrador, el ministro tuvo, entre 2009 y 2015, en el fondo buitre con sede en Islas Caimán, Alto Global, tal como se desprende de las revelaciones hechas por los Paradise Papers.

Jugador

Pese a todo esto, según el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los argentinos deberíamos peregrinar para agradecer a Luis Caputo. “Jugaba en la Champions League y dejó todo para jugársela por su país”, dijo ayer Peña al defender a su amigo a quien calificó como una “de las diez o quince personas más talentosas” en su área “en todo el mundo”.

Queda claro cuál es el área de Caputo y que, en esa misma área, está el resto del Gobierno Cambiemos. “Lo recontra banco”, insistió el jefe de Gabinete y recalcó que “es un orgullo para este país que Toto Caputo sea ministro”. Sólo le faltó decir, ministro de un Gobierno para el que Caputo es una pieza clave porque, sin ser Lio Messi, es un jugador de la liga del capital financiero transnacional, la misma en la que individualmente y con sentido de clase, los integrantes del Staff Cambiemos se sienten como pez en el agua, haciendo negocios propios y endeudando al resto de la sociedad.

Mientras tanto, desde el corazón del propio establishment, el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, puso en duda los efectos de la política de hiperendeudamiento que lleva a cabo el “talentoso” Caputo.

“El Gobierno está trabajando para la próxima crisis de deuda”, puntualizó a la hora de reprochar el alto nivel de endeudamiento al que el Gobierno nacional empujó a todos los argentinos.

“Macri emitió más de cien mil millones de dólares y para mí es un error muy grande lo que se está haciendo, de endeudarse a mansalva”, resaltó y señaló: “Caputo es el encargado de conseguir esos recursos, de ir a Wall Street, a Londres y explicar a los principales jugadores del mercado qué es lo que está tratando de hacer la Argentina y por qué emite este nivel de deuda”.

Y, en esta dirección, reflexionó que “Caputo y el Gobierno la han tenido fácil en estos dos años, ahora se le va a complicar” porque “van a tener que explicar por qué no se han hecho cosas”.

Tras lo que sin dudar sentenció: “el mercado financiero internacional ha tenido una tolerancia enorme con el gobierno de Macri, de hecho el presidente todavía tiene un prestigio internacional y le fue muy bien en Davos. Pero a la vez está empezando la duda y eso se traduce en el mercado con el aumento de riesgo país”.

La crisis de la industria textil se cobra una nueva víctima26.2.2018

Ahogar para bajar costos laborales

Este es el camino elegido por el gobierno que tensa el hilo para que avanzar, por medio del “reformismo permanente”, en la flexibilización de convenios y el recorte de derechos adquiridos por los trabajadores para establecer, en la práctica, la reforma laboral que no pudo imponer como consecuencia de la movilización popular de diciembre.

Medio centenar de obreros llevan a cabo guardias que cubren las 24 horas para evitar que se profundice el vaciamiento de la fábrica Textil GB, ubicada en la localidad de Granadero Baigorria -en el Gran Rosario- que dejó de producir después de que la patronal dejara de abonar el alquiler del edificio -ya debe un año- y que en diciembre le retiraran el medidor de gas por falta de pago.

Aquellos que resisten dentro de la planta son claros cuando señalan que la patronal vació la empresa y denuncian que el jueves pasado, por orden del gerente, los encargados se llevaron ropa de trabajo, computadoras, llaves y papelería. Y, encima, les deben salarios atrasados.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo citó a una reunión en la que no hubo acuerdo porque, además de no hacer ningún ofrecimiento formal, lo que los representantes de la firma dejaron claro es que antes de comenzar a hablar quieren reducir la planta de empleados a la mitad.

En este contexto, crecen los rumores y todos son desalentadores. Entre ellos el que señala que la fábrica cambiaría de razón social, por eso quieren deshacerse de la mitad de los operarios, pero especulan con tensar más y más la cuerda para desgastar, porque ni siquiera estarían dispuestos a pagar las indemnizaciones correspondientes.

Pero, lamentablemente, la postal de una fábrica tomada por sus trabajadores en un intento casi desesperado por mantener la fuente laboral, no es rara en la Argentina gobernada por Cambiemos y mucho menos cuando se habla de una industria textil.

La textil es una de las principales industrias afectadas por el proceso que se inauguró en diciembre de 2015, con la llegada del Gobierno Cambiemos y la irracional apertura de importaciones que fomenta, a lo que se suma la contracción del consumo que registra el mercado interno a raíz del incremento del desempleo y la caída del salario.

Este combo letal hizo que los principales polos textiles estén heridos de muerte. Y esto nada tiene de casual, ya que el sector textil acumuló -sólo durante 2017- una caída del 8,7 por ciento en el nivel de producción, según datos del Indec.

¿Pero por qué un sector que está entre aquellos que más se recuperaron después del estallido de 2001, comenzó a derrumbarse en 2015 de una forma tan vertiginosa que -a sólo dos años- está en clara zona de riesgo? Sobre fines de enero, el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, anticipó que con el sector textil “estamos trabajando en un proyecto que está prácticamente cerrado”. ¿Qué será lo que el gobierno tiene casi cerrado con cámaras empresarias y gremios del sector?

La respuesta está en el espejo en el que La Rosada espera que se miren todos los sindicatos: el acuerdo que abrochó con el Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, que lidera Guillermo Pereyra, que permitió destruir el convenio que regía al sector para recortar, drásticamente, derechos laborales a los operarios de Vaca Muerta.

La cosa es clara: desde el Estado regulan para destruir al sector hasta llevarlo al límite de su subsistencia y, cuando está ahí, el propio Estado propone -junto al capital- su receta para solucionar la situación que no es otra que la reducción de lo que ellos llaman “costos laborales” con el argumento -absolutamente indemostrable- de que así se va a incrementar la oferta y se defenderá la fuente laboral.

Una vez más, este caso exhibe con impunidad el carácter simbiótico que tiene el Estado Liberal Burgués y la corporación, pero también cuál es el lugar que el orden mundial le reserva a una economía capitalista de segundo rango. Por eso es que, después de poner a la actividad textil contra las cuerdas, el Gobierno Cambiemos va por la flexibilización del convenio de los trabajadores del sector. Porque, mientras arrojan globos de ensayo por un lado, se pelean, polemizan y se reconcilian con protagonistas de la burocracia sindical, el “reformismo permanente” sigue su marcha y lo hace con muy buena salud.

No es lo mismo Lucio que Fidel

Desde la Secretaría de Transformación Productiva se insiste con que el acuerdo va a implementar “una rebaja de costos laborales, pero no salariales, y una mayor formalización del sector que tiene casi un 75 por ciento de trabajadores en negro en el sector de confección”.

Aquí resulta interesante desmenuzar el concepto. Queda claro que a la hora de hacer este acuerdo, no necesitan meterse puntualmente con el salario, ya que de eso se ocupa la presión que ejercen la creciente desocupación e inflación, pero también el gobierno nacional cuando fija techo del quince por ciento para la negociación paritaria que, cada vez, va más a la baja.

Por otra parte, la “rebaja en costos laborales” a la que alude, no es otra cosa que recorte de derechos laborales adquiridos, algo que explica muy bien el modelo Vaca Muerta.

Y si lo que quiere Castro (atenti, hablamos de Lucio) es terminar con la informalidad que padece el 75 por ciento de los trabajadores del sector, puede comenzar por casa y ver qué pasa con las denuncias que, en 2012 y hace apenas un año, realizó La Alameda, por explotación laboral en talleres textiles clandestinos ubicados en el barrio de Mataderos, que producían para la firma de indumentaria para niños Cheeky, que pertenece a la primera dama, Juliana Awada.

En síntesis, lo que se está proponiendo es modificar el convenio para consolidar la transferencia de riqueza que ya se perpetró también en este sector, pero asimismo, favorecer condiciones para la destrucción de la organización obrera, lo que busca favorecer condiciones que conviertan al proletariado en precariado.

Y para que, acorde al lugar que el orden mundial capitalista le otorga a Argentina, los trabajadores textiles deban competir con aquellos que fabrican los productos que inundaron el país desde diciembre de 2015, propiciando las condiciones sin las que ninguna modificación de convenio hubiera estado ni siquiera en la mente más calenturienta.

En noviembre de 2017, el relevamiento de Costos Laborales Unitarios de Manufacturas (Clum), elaborado por la consultora ABECB, dio cuenta de que Argentina está en el último puesto del ranking de “costos laborales manufactureros”.

Es preciso reconocer la solidez de los informes de esta empresa privada dedicada a realizar “diagnósticos sectoriales, estudios de mercado, evaluación de oportunidades de inversión y estrategias de negocio”, al tiempo que no hace falta ahondar sobre cuál es la perspectiva ideológica desde la que se posiciona.

De acuerdo a su relevamiento Clum, que analizó la economía de 25 países, Taiwán es el más competitivo en término de costos manufactureros, seguido por México, Indonesia, Tailandia y China.

Esto quiere decir que es en estos países donde las personas deben trabajar más y en peores condiciones para obtener salarios menores ¿pero respecto a quienes? En la otra punta de la lista se ubican países como Francia, Suiza, Australia y, aún, Argentina.

De acuerdo al informe, entre las ramas industriales menos competitivas están confecciones, textiles, cuero y calzado, maquinaria de oficina, autopartes, minerales no metálicos, madera y edición.

Entonces, es en este caso, el de la industria textil, donde se advierte con claridad de qué va esta idea que se intenta imponer desde el Gobierno, las patronales y la massmedia dominante sobre la necesidad de que la industria nacional sea más “competitiva”, para lo que sería preciso “bajar costos laborales unitarios”.

¿Qué quiere decir esto? Reducir la cantidad de salario por cada unidad producida.

Por eso el putsch de fin de año con que La Rosada combinó garrote y cooptación para avanzar en las reformas tributaria y jubilatoria. También quiso hacerlo con la laboral, pero la presión social fue demasiada y su propia oposición friendly le dijo que no. Pero no se da por vencido y, a la vez que avanza en varios proyectos en que destripó el inicial, también lo hace sector por sector donde genera y encuentra condiciones como las que ya considera maduras en el textil.

 

 

Los operarios resisten el cierre de Textil GB26.2.18

“Somos solidarios con los trabajadores”

Con esta frase, el secretario del PC de Rosario, Norberto Champa Galiotti, fijó la posición del partido ante la situación que se vive en la planta ubicada en Granadero Baigorria. Y advirtió que en la zona “el problema se agrava por los ajustes, tarifazos y la represión al movimiento popular”.

“Esta empresa viene con conflictos desde hace muchos años, ya desde el 2014 estaba con problemas con el centenar de trabajadores que tenían empleados y ahora con las condiciones económicas generadas por el modelo económico, se han agravado estos conflictos”, dijo el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galieotti, al referirse a la situación que atraviesa la planta Textil GB, ubicada en Granadero Baigorria, que sigue tomada por sus operarios.

Al respecto, Galiotti recordó que “esta es una compañía textil que se dedica al pre lavado donde desde hace rato vienen con pagos atrasados, antes eran las horas extras y ahora varios salarios y aguinaldo”.

Tras lo que, hizo hincapié en que Textil GB “es parte de las empresas que están en crisis” y recordó que, durante los 90, “la ola neoliberal convirtió a Rosario en la ciudad con el desempleo más alto de todo el país”, por lo que “ahora con el gobierno de Cambiemos “nuevamente se está verificando el impacto negativo de las políticas, de hecho todos los datos nos demuestran que en el Gran Rosario y en la propia ciudad de Rosario, avanzan los despidos y hay muchos cierres de comercios y fábricas”.

Ola neoliberal

El titular del PC rosarino se solidarizó con los trabajadores que resisten en la planta, pero también fue claro al exhibir su preocupación por la situación de la que Textil GB es un índice contundente.

“Recordemos que en la otra ola neoliberal, la de los 90, existía la empresa Textil Virasoro que se dedicaba al lavado y que se transformó en cooperativa” y aunque “después de un gran conflicto con los dueños de la empresa, el Poder Judicial falló a favor de los empresarios, esa fue una lucha muy prolongada y este conflicto va en el mismo camino”. Y, sin dudarlo, recalcó que “esta situación es parte de los achiques producto de las políticas neoliberales del gobierno.

Por otro lado, Galiotti señaló que, en medio de esto, “está la gobernación que intenta hacer equilibrio, porque está el tema de la deuda que tiene la Nación con la Provincia y que, políticamente, la ciudad está en alianza con el PRO, ya que tienen acuerdos tácitos para mantener la gobernabilidad”.

Pero también advirtió que “esta situación de despidos y cierre de empresas, se da en el contexto del plan de la ministra Patricia Bullrich, que militariza el Gran Rosario, Rosario y Santa Fe”, tras lo que remarcó que “hay que recordar que en la rebelión de 2001, Rosario fue epicentro de esas movilizaciones”, por lo que “los gobernantes comienzan a preocuparse por la inquietud del pueblo y, nosotros, estamos preocupados porque vemos cómo nos someten como pueblo”.

Y, en la misma línea, señaló que en su zona periférica, “Rosario tiene un cordón compuesto de barrios populares donde se muestra la exclusión, y la militarización planificada por el Ministerio de Seguridad va en ese sentido” ya que “buscan por medio de la represión que el pueblo se quede quieto, pese al conflicto social que provoca la exclusión”.

Granadero Baigorria es parte de ese gran cordón industrial que va desde Puerto General San Martín hasta Campana “y si miramos en el sentido económico hasta Bahía Blanca, pero hay que tener en cuenta que esta zona norte del Gran Rosario que incluye Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Puerto San Martín, atraviesa una situación que se agrava, porque los ajustes permanentes y tarifazos no paran y crece la represión al movimiento popular”.

El ministro Cabrera y las cosas del pasado26.2.18

Un poco más de sanata Cambiemos

Para el titular de la cartera de Producción la apertura indiscriminada de importaciones no significa un problema ¿Una nueva bravuconada del staff gobernante o una punta para desarmar una madeja discursiva que pretende ocultar lo evidente?

Los datos son irrefutables, después de un pésimo 2016, el año pasado volvió a profundizarse el déficit de la balanza comercial y, en este contexto, Argentina se consagró como el país de la región con menor relación cuantitativa entre exportaciones y PBI.

Para que quede claro. En Chile, México, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador creció la tasa de exportación por encima del diez por ciento, Paraguay y Uruguay lo hicieron en un rango levemente superior al nueve, mientras que Argentina sólo lo hizo un 0,9. Todo esto, en el contexto de un comercio global que creció un 3,5 por ciento durante 2017.

Este es el telón de fondo de los recientes dichos del ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien aseveró que el debate sobre el déficit de la balanza comercial está mal enfocado, ya que desde su particular perspectiva “se miran mucho las importaciones y no se le presta la debida atención en las discusiones a las exportaciones. El foco de la problemática está en que Argentina exporta poco”.

Esta afirmación suena muy optimista cuando de acuerdo a los propios datos oficiales, durante el primer mes de 2018 se registró un déficit comercial nominal de 986 millones de dólares, lo que lo convierte en el más alto para un enero desde 2015.

Así las cosas, después de echarle la culpa a la pesada herencia, Cabrera recalcó que “queremos ser una potencia exportadora y estamos tomando medidas para mejorar, para insertar a nuestro país al mundo”, algo que choca frontalmente con la realidad, a la luz de casos testigo como el reciente bloqueo estadounidense a la exportación de biodiesel argentino. Tras lo que apuntó contra el universo del trabajo y le recomendó “a los gremios que dejemos de discutir cosas del pasado”.

¿Pero será verdad que es posible pensar sólo en exportar sin prestarle atención a lo que pasa con las importaciones? En este punto es prudente recordar que cuando asumió el Gobierno Cambiemos, el 75 por ciento del empleo registrado en el sector privado correspondía al sector de la pequeña y mediana empresa y estaba vinculado al consumo interno.

A dos años, esto está cambiando drásticamente como consecuencia, entre otras cosas, de la apertura indiscriminada de las importaciones.

¿Entonces de qué habla Cabrera? Cuando sugiere que los gremios “dejen de discutir cosas del pasado”, está hablando de convenios y, lisa y llanamente, de derechos adquiridos que, una vez arrasados, permitirían que a los trabajadores argentinos no les quede otra que competir en un esquema de deslocalización con sus pares de esos países a los que elogia el relevamiento de ABECEB.

Perspectiva

Pero esta mirada no responde sólo a la perspectiva depredadora del staff gobernante, sino que se sustenta en una de las piezas clave de la maquinaria cosmovisional capitalista.

Desde esa perspectiva el librecambio es visto como la panacea de la máxima liberalización financiera y comercial, pero más aún, es la llave que garantiza el crecimiento económico acelerado, el incremento del comercio y la profundización del cambio tecnológico que, en conjunto, viabilizaría una asignación eficiente de los recursos hacia adentro de la economía de aquellos países que lo practiquen.

El problema es que esta construcción ideal parte de hipótesis de difícil comprobación empírica.

Es que, por un lado, es imposible que los Estados que comercian entre sí, lo hagan sólo a partir de una paridad absoluta de costes relativos de las mercancías, ya que siempre se especializan en alguna que obtienen a menor coste que las demás y desde ahí -cuando pueden- planifican su estrategia comercial.

Pero además, el escenario donde se desarrolla el comercio internacional, es decir, los mercados en los que intervienen Estados y empresas nunca son de competencia perfecta, porque siempre va a haber uno o varios actores que posean suficiente poder como para influir sobre las condiciones del intercambio.

Además, los productos objeto de intercambio jamás son completamente idénticos, al tiempo que siempre hay corporaciones, empresas o Estados que favorecen la toma de posiciones dominantes a favor de unos y en detrimento de otros.

Queda claro entonces que esto de los mercados de competencia perfecta es sólo un mito del que se valen quienes están interesados en vendernos los presuntos beneficios del librecambio, ya que desde esa mirada todas las economías serían igual de competitivas, lo que haría que mágicamente se equilibrara la relación entre las importaciones y exportaciones hasta lograr una paridad de saldo y, así, no habría déficit.

Pero como la verdad es otra -y aquí nada tiene que ver la magia- se puede constatar que la liberalización del comercio nunca beneficia a las economías capitalistas periféricas y, por supuesto, jamás a sus trabajadores.

Por eso, mientras desde el Gobierno Cambiemos se insiste con posturas como la que acaba de esgrimir Cabrera, se profundiza el déficit y la transferencia regresiva de riqueza que favorece la hiperconcentración en medio de un esquema que apunta a beneficiar sólo al capital productivo destinado a profundizar la reprimarización de la economía y a que se acomode al esquema de deslocalización de segunda generación y, por supuesto, a la gran vedette de la hora, el capital financiero transnacional.

 

 

Gas y agua23.02.2018

Los aumentos que vienen

El gobierno convocó a audiencias para “discutir” las tarifas de gas. Pero... al tener el precio atado al dólar el impacto en las boletas es impredecible con las mini-devaluaciones.

Los tarifazos en las boletas de agua y gas impactaran en todo el país. AySa ya anunció que propondrá un incremento tarifario del 26 por ciento anual a partir del 1 de mayo y una sustitución progresiva de los subsidios zonales vigentes en los partidos del Gran Buenos Aires. Y las distribuidoras de gas ya afirmaron que los incrementos irán del 28 al cincuenta por ciento.

En el caso del agua, el anunció quedará concretado cuando, en una Audiencia Pública convocada para el 15 de marzo, se formalicen los nuevos cuadros tarifarios. En el caso del gas, las audiencias públicas continuaban realizándose al cierre de esta edición.

El complemento de los tarifazos es la quita de subsidios. Por ejemplo en el caso del agua la eliminación de los subsidios debería entrar en vigencia el 1º de mayo de acuerdo a la Disposición 19 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Con este nuevo esquema se estima que 1,1 millón de usuarios dejarán de percibir el subsidio del 25 por ciento.

En el caso del gas, los aumentos serán por región y oscilarán entre el 28 y cincuenta por ciento. Por ejemplo, las empresas distribuidoras de gas de la región centro y norte de país plantearon un incremento de hasta el cincuenta por ciento.

Por su parte Metrogas -que tiene a su cargo la red de distribución en la Ciudad de Buenos Aires- propuso aplicar una tarifa plana, esto es, una tarifa mínima fija en todo el año sin variaciones estacionales. Para “paliar” los incrementos, la empresa propuso que las modificaciones de la tarifa plana sean semestrales.

El primer aumento pedido por Metrogas alcanza el 44,5 por ciento y en un año superará el 110 por ciento, muy por encima de la inflación para el mismo período, mida quien la mida.

Dólar y tarifas

Vale recordar que los aumentos en el gas ya estaban pautados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que encabeza Aranguren. El caso de las tarifas de gas es de lo más paradigmático, no sólo porque el ministro a cargo de regular el mercado tiene intereses económicos directos con una de las empresas más grande del mundo en el sector como lo es Shell, sino también porque prevé una inflación del once por ciento en dólares.

El cronograma aprobado por el gobierno hasta 2019 para casi todo el país, contempla ese alza en el precio del gas en el denominado “punto de ingreso al sistema de transporte” (Pist) que representa el sesenta por ciento del valor final -sin impuestos- de la tarifa que abonan los consumidores residenciales.

¿Cómo influye entonces el precio del dólar en las tarifas? ¿Cómo impacta la escalada de la moneda estadounidense?

Para medir el impacto en la inflación y en el poder adquisitivo de los trabajadores alcanza con puntualizar en el detalle de que si los precios y aumentos están previstos en dólares, los mismos dependerán de la cotización de una moneda que se encuentra bajo un fuerte proceso de alza sostenida.

En la actualidad el precio del gas en Pist está fijado en 4,19 dólares a lo que hay que sumarle la variación en el precio de la moneda estadounidense.

Como si no fuera poco, vale recordar que en el mes de diciembre aumentaron las tarifas de gas para transporte y distribución. En este caso, como sucede también con la nafta, el incremento impactó rápidamente en todos los productos de la economía que incluyen entre su costo el traslado en flete.

 

Tarifazos para todos23.02.2018

Se profundiza la política tarifaria

Los tarifazos constituyen una variable central de la política económica del gobierno. La composición de clase del gabinete es una de las claves que explican los aumentos

Los aumentos no cesan y los tarifazos tampoco. A los aumentos en las facturas de energía eléctrica autorizados por Vidal en la provincia de Buenos Aires y al incremento del boleto del transporte público ahora se suman nuevos tarifazos en gas y agua.

En el marco de las audiencias públicas convocadas por el Ejecutivo para “discutir” los nuevos valores del gas en Argentina, las empresas distribuidoras ya fijaron posición y adelantaron que habrá un incremento a partir del primero de abril, de entre el 38 y 58 por ciento.

Sólo falta la confirmación oficial. Las audiencias públicas son apenas una excusa para evitar los problemas que el gobierno tuvo con la primera ola de tarifazos del 2016 cuando la Corte Suprema instó al Ejecutivo, tras un largo conflicto con los usuarios, a convocar a audiencias para discutir los aumentos de más del 500 por ciento.

Con la llegada del macrismo a la Casa Rosada el sector privado es el que marca el rumbo de la economía. El retiro del Estado en las decisiones económicas ha sido total y la desregulación es moneda corriente.

Este paradigma que se extiende a todas las dimensiones de la economía nacional tuvo su ensayo en los aumentos de tarifas y desde allí es una constante. Es un modelo que se profundiza día a día y que tiene como máximos paradigmas la libre flotación del dólar, la liberalización del precio de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos.

Que esto sea así es una cuestión de política económica y de clase. Basta con desentrañar la composición social del gabinete económico para entender que son los propios funcionarios los que tienen intereses en que el aumento de las tarifas sea permanente.

El caso más emblemático es el del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien llegó a la cartera nacional por ser el CEO de Shell en Argentina.

También cuentan las amistades. Marcelo Mindlin y Joe Lewis, accionistas de Pampa Energía y Edenor son amigos personales del presidente, como también lo es Nicolás Caputo, dueño de Edesur.

No hay inversiones

La desidia en los servicios públicos es total. Los tarifazos no sirvieron para financiar obras de infraestructura para mejorar el servicio. Lejos de ello, tributaron a aumentar los dividendos de las empresas y para financiar la fuga de capitales en el juego de la bicicleta financiera.

El Estado debería controlar el plan de inversión de las empresas y obligar a las prestadoras a brindar un servicio de calidad ¿Pero cómo lo podría hacer un Estado en el que los empresarios se encuentran de los dos lados del mostrador?

Pretender que este Estado liberal burgués, administrado por la clase propietaria que se forjó al calor de la consolidación de la patria contratista es irrisorio. Tampoco se puede pretender que las organizaciones de usuarios ganen cada una de las batallas en el ámbito legal ya que, cuando es el caso, la Justicia falla a favor de las empresas. Y cuando no y favorece a la población, allí está el Poder Ejecutivo para disciplinar y perseguir como sucede con el caso del juez Arias.

Al tratarse de uno de los puntos nodales de la política económica de la contraofensiva conservadora, los tarifazos solo podrán ser detenidos si se logra vencer el plan de ajuste, entrega y represión. Y para ello se necesita una poderosa organización popular que derrote, definitivamente, al gobierno y el bloque de poder real.

Jugada del gobierno para sostener la bicicleta9.02.2018

Especulación blindada

La “cláusula gatillo” que el gobierno concedió a los inversores muestra la creatividad de la derecha a la hora de salvaguardar el esquema de ajuste y distribución regresiva de la riqueza en tiempos en que EE.UU. encarece el crédito. Mientras, impone un techo del quince por ciento a las paritarias

En un nuevo paso hacia delante en su estrategia de profundizar el ajuste y el saqueo en favor de los sectores dominantes de la economía, entre los que se destacan los propios integrantes del gabinete nacional, el gobierno decidió otorgar a los especuladores financieros un beneficio que históricamente fue de los trabajadores: la cláusula gatillo por inflación.

En una decisión sin precedentes pero que da cuenta del carácter de clase del gobierno -que se afianza en el perfil liberal burgués que le imprime al Estado nacional- el Ministerio de Finanzas emitió deuda pública al 22,5 por ciento o a inflación más un 3,75 por ciento. Mientras el Ministerio de Trabajo que conduce Triaca ya anunció que impondrá un tope a la negociación salarial en este 2018 de quince puntos, Luis Caputo -que comanda la cartera de Finanzas- construyó un escenario ideal para aquellos que quieran venir a hacer negocios financieros en el país, cuya tasa de interés local es la más alta del “mundo emergente”.

El momento elegido para hacerlo no es azaroso: se trata de un operativo de pinzas ideado por los organismos internacionales de crédito y orquestado por las más altas esferas del Poder Ejecutivo para garantizar la rentabilidad de la bicicleta financiera en el escenario local en momentos en que Estados Unidos encarece el crédito a un ritmo sin precedentes.

La FED -el Sistema Federal de Reservas estadounidense- decidió subir la tasa de interés para bonos a diez años a 2,8 por ciento. Una fuerte señal a “los mercados” que rápidamente fue leída en Argentina y el mundo. Ahora se espera que la administración Trump eleve también el costo del crédito tres veces este año, tal como lo hizo en 2017, siendo el último aumento en diciembre.

¿Qué confirman estos movimientos Sistema de Reservas yanqui para la Argentina? Que el crédito internacional -es decir, en dólares- no sólo tenderá a encarecerse sino que también se endurecerán los requisitos para acceder al financiamiento externo.

Esta es una muy mala noticia para el proyecto económico del gobierno. Al menos a priori. En primer lugar porque confirma una verdad que no por obvia deja de ser apremiante para el gabinete nacional: el endeudamiento externo masivo no será para siempre.

La afirmación no es caprichosa: si una de las explicaciones sobre el incremento de la deuda, esgrimida por el propio Mauricio Macri, era la “necesidad” de combatir el déficit fiscal, queda claro que un aumento de la tasa de interés estadounidense -que repercute inmediatamente en todo el sistema financiero internacional- obligará al gobierno a acelerar su política de ajuste.

He aquí una de las razones porque en momentos en los que se aceleran los despidos en el Estado -Fanazul, Río Turbio, Inti y Hospital Posadas son los principales focos de conflictos al momento, pero no los únicos- y se presiona desde Trabajo para imponer un techo a la discusión salarial de 15 puntos, por otro se concede una cláusula gatillo de ajuste automático a los inversores que apuesten a la valorización financiera en el país.

Afianzar las brechas

¿A qué se debe la decisión, sin ningún tipo de prurito, de otorgar semejante beneficio a uno de los sectores de la economía que más creció en el bienio 2015-2017 mientras se le niega una recomposición adquisitiva al movimiento obrero que es uno de los principales perdedores del período con un retroceso de seis puntos en su poder adquisitivo según informó la Undav?

No pagan justos por pecadores, como tampoco se trata de “compensar” un “desequilibrio” del modelo económico como solía suceder con la discusión paritaria durante el kirchnerismo: el proyecto económico-social de la derecha está pergeñado para asegurar que la desigualdad estructural entre capital y trabajo se perpetúe y consolide. Y para que dentro de esta, los sectores agroexportadores y financieros saquen la mayor tajada posible.

La decisión es clara: el gobierno se encuentra decidido a premiar la especulación y valorización financiera del capital en detrimento del trabajo, la industria y el mercado interno.

Las consecuencias no por esperables dejarán de ser drásticas. La deuda emitida en pesos al principio de esta semana equivale a 3.500 millones de dólares. A ello hay que añadirle una renovación de mil millones de dólares en Letes (Letras del Tesoro). En total son 4.500 millones de dólares que se suman a los nueve mil emitidos en enero.

De esta manera, en tan sólo dos meses, el gobierno ya cubrió casi el treinta por ciento del plan financiero proyectado para este año que es de treinta mil millones de dólares. Todo esto en un contexto de encarecimiento del crédito internacional.

Dólar y bicicleta financiera9.02.2018

El combustible de la inflación

Con las primeras discusiones paritarias de 2018 vuelve sonar el argumento de que los salarios empujan a la inflación ¿Es esto correcto? La realidad dice otra cosa.

En una lectura entre líneas, y no tanto, la decisión del gobierno de emitir deuda local con una tasa de interés que incluye cláusula gatillo por inflación deja en evidencia que la meta inflacionaria recalibrada hasta el quince por ciento para este año estará entre seis y diez puntos por encima del cierre esperado por los mercados.

Tres fenómenos recientes permiten sustentar esta afirmación: el informe difundido por Focus Economics Consensus Forecast-LatinFocus que reveló que para bancos y consultoras privadas la inflación anual trepará al 18,6 por ciento; la serie de minicorridas semanales del dólar que ya cotiza a más de 20,50 cuando el presupuesto lo estimaba en 19,30; y la liberalización del precio de los combustibles y los tarifazos que erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores.

Estos tres fenómenos hacen que en apenas cuarenta días de transcurrido 2018, la meta inflacionaria pautada por el gobierno sea irrisoria e imposible de cumplir.

Aquí es donde la responsabilidad del gabinete económico es total: la decisión de desregular el mercado de capitales, de liberar el precio de los combustibles y de aplicar una política de shock sobre las tarifas públicas es contraria a toda pretensión de bajar la inflación, aún cuando se aplasten los salarios.

Por eso, vale preguntarse: ¿es realmente, como se suele sostener desde las huestes de la ortodoxia, que los aumentos salariales son uno de los principales factores que impulsan la crecida inflacionaria? Un informe reciente de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) echa por tierra este argumento. Según consignó su Observatorio de Políticas Económicas, Argentina es el país de la región donde el salario mínimo en dólares sufrió la mayor caída en el bienio 2015-2017.

En Argentina el poder de compra promedio en dólares se desplomó un 6,1 por ciento ¿Quiénes completan el podio? Brasil y Paraguay, dos de los alumnos más aplicados en la política de ajuste del FMI, con un 4,7 y 3,4 respectivamente ¿Casualidad? Nada de ello: junto a Perú y Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay encabezan la andanada neoliberal en el continente.

En la vereda de enfrenta se encuentra Bolivia, cuyo poder adquisitivo para los trabajadores mejoró un 8,2 por ciento.

Dólar imparable ¿Y ahora?

La minicorrida del dólar de estos días tendrá efectos de medio y largo alcance sobre la economía nacional. Qué el máximo histórico de 20,50 se haya alcanzado tan rápido en este 2018 habla a las claras del ritmo que tendrá la economía para lo que resta del año.

En ese sentido el caso de los combustibles es paradigmático: en menos de dos meses, por ejemplo, YPF aumentó sus precios un 16 por ciento ¿Cómo evitar que estos incrementos no impacten en toda la cadena de valor que da forma a los precios de la economía? La suba de los combustibles coincide con la corrida alcista de la moneda estadounidense.

Después, los incrementos de las naftas y energía se trasladan a los costos de producción y, especialmente, de logística en un país que depende del transporte automotor para la distribución de mercancías.

Estos incrementos llegan a las góndolas y mostradores en medio de un fuerte proceso de contracción del mercado interno y del poder adquisitivo del salario. Entonces queda a la vista como el principal motor de la inflación no son las paritarias o los aumentos salariales sino la política económica que carga sobre la espalda de los trabajadores los costos de la valorización financiera del capital.

Informe del Banco Central8.02.2018

Festejan los bancos

Argentina se endeuda en el exterior pero también puertas adentro. Los créditos UVA casi que se duplicaron en un año según la máxima autoridad monetaria.

Desde que Macri llegó a La Rosada, Argentina es el país de la región que más caro tiene el acceso al financiamiento internacional. Países como Perú, Chile y Uruguay acceden a tasas de interés más bajas ¿Por qué?

Porque a pesar de los matices -que en el marco del capitalismo no lo son tanto- de cada economía, ninguno de ellos decidió fagocitar su propio mercado interno ni financiar con endeudamiento los desequilibrios de su balanza comercial. Pero, especialmente, porque las tasas de inflación de sus economías no son siderales como las nuestras.

Aquí es donde la responsabilidad del gabinete económico es total: la decisión de desregular el mercado de capitales, de liberar el precio de los combustibles y de aplicar una política de shock sobre las tarifas públicas es contraria a toda pretensión de bajar la inflación, aún cuando se aplasten los salarios.

Ante este escenario ¿El gobierno dejará de tomar deuda? ¿Se detendrá el rumbo ascendente de los créditos UVA en el mercado local? ¿Qué pasará con las Lebacs y demás instrumentos de regulación monetaria?

Queda más que claro que el gabinete apelará a todos los instrumentos necesarios e incluso, recurrirá a la creatividad para diseñar nuevas herramientas o variables que permitan salvar el negocio.

La inventiva de aplicar una “cláusula gatillo” a los bonos emitidos en febrero para proteger la inversión de los bonistas no sólo es novedosa sino que también, como ya dijimos, es una clara señal para toda la economía: el incentivo estará puesto en la inversión especulativa y no en la productiva.

Una clara muestra de ello es que en enero el 93 por ciento de los créditos otorgados en el sistema financiero local fueron con tasas de interés ajustables por UVA.

A pesar de las desventajas que estos créditos suponen para los usuarios, los préstamos en moneda local crecieron 1,5 por ciento y en el 2017 el total de créditos acumuló un crecimiento de 27 puntos en términos reales, según informó el Banco Central.

Estos datos y el rumbo económico que el gobierno profundiza día a día es una muestra clara de la vulnerabilidad de la estructura económica nacional, y expone especialmente a los trabajadores que sufren la inflación y deberán afrontar los costos sociales de la política de endeudamiento.

FEBRERO DE AUMENTOS1.02.2018

¿El problema nomás es la calor, Marta?

El día empezó con aumentos en los medios de transporte colectivo. No hay escapatoria por auto: también aumentaron los peajes tras el aumento en los combustibles que se dio la semana pasada.

Comenzó febrero y se disparó otro capítulo del tarifazo crónico al que, desde diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos somete a los argentinos.

Hoy aumentaron cuatro rubros que impactan seriamente bajo la línea de flotación de sectores populares y medios, pero que también traerán aparejado un fuerte impacto en la inflación que —cuando recién empezó el año— ya nadie cree que pueda estar ni siquiera cerca de la estimación que hizo La Rosada después de modificar el Presupuesto 2018, un día después de que lo votara el Congreso.

Así las cosas, al brutal incremento registrado que, desde hace dos semanas, se viene registrando en el precio de los combustibles, se suma ahora la suba en las tarifas de transporte público de pasajeros y de energía eléctrica, así como en los peajes y la medicina prepaga.

Este último caso es bastante elocuente si se quiere advertir cuál es el sentido de lo que vino a hacer la presidencia Macri. Desde que el tándem de poder que gobierna se instaló en Balcarce 50 en diciembre de 2015, la medicina prepaga se encareció un 82 por ciento, todo esto en un contexto de inflación desbocada que contribuye a que no sean pocos los que deban recurrir al sistema sanitario público y universal como alternativa a una prepaga que ya no pueden pagar.

Pero también desde esa fecha, el gobierno se ensañó con ese sistema a punto tal que recortó su presupuesto y lo subejecutó, además de avanzar en el diseño e implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), un sistema que busca vaciar el área de Salud Pública.

Y si lo que se busca es algo todavía más elocuente, sólo alcanza con revisar otra de las aristas que tiene el constante tarifazo perpetrado sobre la prestación del servicio de energía eléctrica. En menos de dos años, la cotización en bolsa de las acciones de Edenor subieron en más de un 220 por ciento.

Así, mientras usted cuenta las chirolas para pagar la factura de la luz, entre los que festejan está Marcelo Midlin, quien además de ser dueño de Edenor, durante 2017 compró (¿compró?) Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.

Pero no sólo eso. Poco después ¿adquirió? un parque eólico que pertenecía a una sociedad que integraba el Grupo Socma y, por medio de la desarrolladora Tglt, en la de la Constructora Caputo, que no es otra que la de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri.

Calentitos

La primera de las jornadas de febrero empezó con un calor pesado y agobiante. Por encima de las penurias del clima, el gobierno arrojó otra: la del aumento en los transportes. Así, por ejemplo, desde hoy un viaje desde los suburbios porteños al centro pasará a costar de 6,75 a 9 pesos. Doloroso para un viajero de tres o hasta cuatro medios de transporte que debe hacer el mismo recorrido todos los días y que a duras penas llega a fin de mes.

También sumaron sufrimiento hoy a la hora de viajar los propietarios de un automóvil, que además de tener que solventar sin aumento salarial alguno el alza del precio de combustibles que se dio la semana pasada, hoy deberán pagar un 13 por ciento más si van y vienen a o desde Buenos Aires por los accesos Norte y Oeste, que se cuentan entre los más concurridos del área metropolitana porteña.

José Ferro, trabajador ferroviario de la línea Belgrano Norte sindicalizado en la Unión Ferroviaria y militante comunista se quejó: “como trabajador, lamentablemente tengo que sufrir el transporte público, en uno de los cuales yo también presto un servicio”.

Además expresó que “el transporte público es lamentable” y que “el tarifazo, realmente cala sobre nuestros sueldos y calidad de vida porque tenemos una pérdida de poder adquisitivo grandísima ya con los tarifazos del mantenimiento de nuestro hogar”. “Ir a producir, a trabajar, es carísimo”, apuntó después.

Como si esto fuera poco, el esquema de descuentos a “pasajeros frecuentes” que rige para usuarios de la tarjeta Sube que, en Capital, usen el subte más de 20 viajes al mes, fue denunciado por no realizar los descuentos previstos.

Esto a una semana de que comenzara a aplicarse el sistema Red Sube, que permite descuentos a quienes combinadamente realicen viajes en tres medios de transporte en el marco del área metropolitana porteña. Lo que oculta este aparente beneficio es que alcanza al 18 por ciento de los viajeros diarios y que no incide en la inmensa recaudación que, a costa de los bolsillos trabajadores, recogen las empresas, únicas beneficiadas de los aumentos.

Dijo José Ferro al respecto: “para tomarse uno, dos, tres, cuatro medios de transporte no alcanza”. “Un trabajador termina gastando 50 pesos por día si toma tres medios de transporte”. Agregó: “son un millón y medio de personas que está pagando 50 pesos diarios para poder llegar a trabajar con sueldos que hoy, en promedio, no llegan a 15 mil pesos y con los que no cubren la canasta básica”.

¿En qué ahorra el gobierno?1.02.2018

La verdadera política económica

Un repaso por las directrices de la política económica de Cambiemos desnuda a quien se ajusta realmente. Los funcionarios, sus amigos y familiares, siempre beneficiados

La política económica del gobierno desde diciembre de 2015 a esta parte es una sola y no tiene equívocos: consolidar y acrecentar la concentración de la riqueza en favor de las clases históricamente dominantes en el país mediante un mecanismo –internacional- de valorización financiera del capital y reprimarización de la economía.

¿Cómo se relaciona esto con la decisión del gobierno de ajustar la planta política en el Estado? La –supuesta- iniciativa del presidente de reducir uno de cada cuatro cargos jerárquicos en la Administración Pública Nacional opera de forma inversa a como fue presentada.

¿Cómo puede ser posible? El “ajustazo” busca perpetuar las condiciones políticas, sociales y económicas que le permitan al gobierno continuar con el rediseño del país. En este esquema el ajuste recae sobre las espaldas de los trabajadores para aumentar, como quedó expuesto en muchos casos, los dividendos de las principales empresas del país, entre las cuales, se destacan aquellas que son conducidas por miembros del gabinete, familiares y amigos.

El gabinete cuando ataca los puestos políticos del Estado lo que hace, en la práctica, es dañar al Estado en su rol de asistente social. Por qué lo que se termina achicando siempre, en primer término, son las prestaciones sociales, los programas de subsidios, las políticas ambientales, la educación y salud pública y todas aquellas áreas vinculadas a paliar los problemas endémicos del capitalismo en el país.

El ejemplo más paradigmático de esta política, sin dudas, lo constituye la reforma previsional que “ahorro” al Estado cien mil millones de pesos, cien veces más que el ahorro logrado con la supresión del 25 por ciento de la planta ejecutiva nacional.

Los números son elocuentes: el verdadero ajuste el gobierno lo hace sobre jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. A eso hay que sumarle la quita de subsidios al transporte, la energía, el gas y demás elementos que componen lo que se denomina salario indirecto del trabajador.

Si a esto se le suma una inflación sostenida en el bienio 2016-2017 del 66 por ciento y una pérdida del poder adquisitivo para el mismo período de hasta el diez por ciento según el sector, resulta claro que el ajuste lo sostienen los trabajadores.

Así de hipócrita es la política económica del gobierno que exige discursivamente los mismos esfuerzos a la población y a su planta de funcionarios pero que en la práctica los primeros sostienen las ganancias de las empresas de los segundos.

Como enseñó Lenin, lo primero que hay que preguntarse ante una medida o posición política de un grupo determinado es ¿a qué sector social beneficia esa posición o medida? Un ejercicio tan elemental como escaso en la actualidad nacional.

Creció la desigualdad

Los intereses de la deuda pública nacional implican ya un tercio del déficit fiscal generado por el macrismo. En 2016 el déficit fiscal fue del 5,9 por ciento del PBI y el pago de intereses de la deuda representaba el 1,6. En 2017, el déficit fiscal fue de 6,1 y los intereses de la deuda ascendieron al 2,2 del Producto bruto.

El poder de estos números está en su relación intereses-Producto Bruto ya que exponer las cantidades en millones de pesos deja de ser relevante dado las cantidades desorbitantes y fuera de toda posibilidad de entendimiento para aquellos que llevan sus cuentas diarias con quince mil pesos mensuales con la mejor de las suertes.

En el bienio 2016-2017 cada argentino se volvió un 1,4 por ciento más pobre en relación al Producto Bruto Interno. Como si no fuera poco, desde que Cambiemos es gobierno, los que menos tienen se llevan cada vez menos y los que más tienen se llevan cada vez más. Así las cosas la brecha distributiva para ese período entre el diez por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se agrandó significativamente: en el 2015 la diferencia entre estos era de 16 veces, en 2016 de 19 y en 2017 de 20.

Por su parte, si nos atenemos al coeficiente de Gini veremos como la desigualdad aumentó un 4,4 por ciento.

Todo esto en un marco en el que la industria nacional es uno de los sectores más perjudicados de la economía, donde la presencia de productos importados crece significativamente día a día en detrimento del mercado interno. Para colmo, el déficit comercial –qué alcanzó su nivel máximo en 2017- es compensado con el endeudamiento externo masivo que también financia la bicicleta financiera y la fuga de capitales.

Aquí es donde se puede ver nítidamente de que va la política económica del gobierno: la devaluación y la apertura de las importaciones dañan severamente la economía local y favorece a los sectores exportadores. Ese desequilibrio se ve reflejado en la balanza comercial cuyo déficit se tapa con el endeudamiento de generaciones de familias de trabajadores, cuya principal función es oxigenar la timba financiera y la expoliación de riqueza mediante el giro de utilidades y el turismo en el exterior.

Una cosa es clara: los ajustados son siempre los mismos y los beneficiados, también.

De Macron a Macrin…29.1.18

Es el proteccionismo… idiota

El presidente de Argentina insiste con eso de la apertura indiscriminada ¿pero qué le responde el mundo? Otra gira mágica y misteriosa, pero con muy pocos resultados para exhibir. Un viejo compinche de juergas a quien Macri debería escuchar.

La reciente gira del presidente Mauricio Macri por Europa deja algunas enseñanzas, tan evidentes que sólo una banda talibán del neoliberalismo como la que ocupa La Rosada desde diciembre de 2015 es incapaz de ver.

Pero en realidad lo que pasa no es nada nuevo. Hace mucho que desde las principales economías capitalistas se vienen dando señales en tal sentido. Un mundo cerrado a la importación, abierto a la deslocalización y proclive a la externalización, que encuentran un campo orégano en las oportunidades que países políticamente débiles presentan para la maximización de la tasa de ganancia del capital financiero -en muy poco tiempo-, son características que se presentan desde los albores del siglo 21 y se profundizan a partir de los estallidos de 2008 y 2009.

Esto es sólo una manifestación evidente de las características que adquiere la Segunda Crisis de Larga Duración que atraviesa el capitalismo, pero también es algo que -al parecer- el gobierno argentino se niega a mirar.

Y esto no es todo, tampoco posa una mirada reflexiva hacia las consecuencias que su fundamentalismo aperturista trae a la sociedad argentina en la coyuntura, pero también en el corto, mediano y largo plazo.

¿Pero será que los argentinos y especialmente el pueblo, estamos en manos de una especie de monos con navaja que, cebados por victorias electorales y adulación barata de la massmedia que ellos mismos alientan, son incapaces de advertir lo que es tan evidente?

Una señal clara para el gobierno fue la que el conjunto de los estados integrantes de la OMC le dieron en la cumbre que se celebró, en diciembre de 2017, en Buenos Aires. Durante meses, Macri soñó con que ese encuentro iba a ser como una especie de presentación en sociedad de las virtudes de algo que, temerariamente, algunos en La Rosada ya denominan “El Modelo”.

Básicamente trabajó y esperó lograr dos objetivos: una declaración contundente a favor de la apertura al libre comercio y la foto de la firma del acuerdo UE-Mercosur, por supuesto, con él como anfitrión.

Pero nada de esto pasó: la OMC viene tocada de muerte desde la Ronda de Doha donde, con bastante tino, el sur comenzó a plantear reparos, sobre todo, respecto a la liberalización del comercio agrícola global.

Tal como se adelantó oportunamente desde NP diario de Noticias, la cita de Buenos Aires estaba condenada al fracaso, ya que en los encuentros previos no se había podido llegar ni a un atisbo de acuerdo. Pero también porque la propia OMC es cuestionada desde centros financieros transnacionales y economías capitalistas centrales, como una herramienta apta para sus objetivos. Como se ve, lo que fue, al parecer, ya no es.

Así las cosas, la postura del gobierno argentino quedó en soledad, mejor dicho, casi en soledad, ya que sólo fue acompañada por la República Popular China (RPCh). En este punto es pertinente hacer algunas consideraciones.

La política exterior de la RPCh es clara al respecto y se asienta en su formidable PIB que las principales mediciones coinciden en que -durante 2017- superó los trece billones de dólares, esto es 82,8 billones de reimbimbi, al sumar los de Hong Kong y Macao. Pero, sobre todo, en una estrategia para nada improvisada que la llevó, en menos de tres décadas, a ser el principal candidato a convertirse en la principal potencia geoestratégica global del siglo 21 (Ver Una ruta que trae algo más que seda).

Periplo

El periplo presidencial tuvo un paso por Rusia donde, en esto de intentar atraer inversiones, Macri debió agachar la cabeza ante Vladímir Putin y prometerle que, en realidad, no piensa deshacer todo aquello acordado en 2014 por el mandatario de la Federación y Cristina Fernández. Palabras más, palabras menos, lo que hicieron fue confirmar que las barbaridades que él e integrantes de su gobierno dijeron sobre esos acuerdos, eran sólo papel picado para la tribuna. Ah, y le anticipó a un hierático Putin, que piensa volver porque le prometió a Antonia que la llevará al Mundial.

De ahí a Davos, exclusivo centro vacacional suizo donde Macri se siente como en su casa, donde sólo hubo un encuentro bilateral improvisado con Angela Merkel, pero sí se destacó la agenda que mantuvo con más de una decena de CEO de gigantes globales, entre ellos, algunos que repitieron la misma cita de 2016 y 2017. Muchas promesas y fotos, como aquella en que se ve a Macri con Bill Gates, pero poca inversión, sobre todo productiva.

También se destacó la foto con Máxima Zorreguieta que selló la construcción y venta de un reactor desarrollado por el Invap a Holanda que, queda claro, es producto de la política científico tecnológica desarrollada entre 2003 y 2015. Las sonrisas y la grandilocuencia del anuncio contrastan groseramente con la política de vaciamiento y despidos que lleva adelante Macri en el Conicet y otras herramientas estatales vinculadas al desarrollo de ciencia y tecnología, incluido el Invap.

Pero el plato fuerte para las expectativas del mandatario argentino estaba depositado en la entrevista con Emmanuel Macron, quien accedió a la presidencia después de una carrera meteórica en la política que lo había llevado a ser el elegido por Francoise Hollande, para comenzar con las reformas que pretenden hacer añicos lo que queda de Estado de Bienestar.

Pero este escaso recorrido no quiere decir que sea un improvisado. Es que mientras que a instancias de Franco, Mauricio Macri recibía clases particulares de economía con Álvaro Alsogaray, Macrón se formaba como un cuadro en la Banca Rothschild. Este es un dato importante que no hay que perder de vista.

Antes de ir a la cancha con Nicolas Sarkosy, Macri se entrevistó con Macron a quien le pidió “no desperdiciar esta oportunidad” para que la UE avance en un tratado de libre comercio con el Mercosur. En conferencia de prensa, la respuesta del mandatario francés fue contundente: ese acuerdo podría ser “desestabilizador” para el sector bovino de su país. Eso sí, los dos coincidieron en cargar las tintas contra Venezuela y Macri fue más lejos cuando adelantó que “Argentina no va a reconocer” el resultado de las elecciones presidenciales de ese país que, todavía, no tienen fecha.

Lo del párrafo anterior es muy elocuente. Al unísono el mundo capitalista –y en particular las derechas- coinciden en sancionar a quien intente buscar alternativas a ese sistema. Pero de las puertas para adentro, el universo capitalista sigue teniendo vecinos de primera y de segunda y las fronteras entre ambos, son infranqueables, por más bien que se intente hacer los deberes. Y otra cosa, eso del liberalismo está bárbaro, pero únicamente en una dirección.

De nada sirvió la reunión con integrantes del Consejo Ejecutivo del empresariado de Francia (Medef) ni el convite al almuerzo organizado por el grupo Rothschild. Macron insistió con lo que denominó “líneas rojas” que su país no está dispuesto a pasar, lo que quiere decir que continúan las barreras que obstruyen el tratado desde principios de siglo. Y lo hizo apelando a lo que más le duele a la propuesta del gobierno argentino: la Política Agrícola Común de la Unión Europea que con Francia y Polonia a la cabeza, se mantiene firme en puntos clave como las barreras existentes en lo inherente a las carnes rojas, productos agrícolas y el bioetanol.

De ahí que si el tándem que lideran los gobiernos de Argentina y Brasil quiere anotarse un poroto político y forzar la firma del tratado, va a ser a fuerza de ceder todavía más. Es decir, darle un golpe letal a la pequeña y mediana industria, pero también al trabajo, a cambio de poco y nada.

De todos modos, Macri anticipó que confía en que el acuerdo se va a suscribir en breve.

Pero al parecer, aunque en consonancia con Michel Temer, el mandatario de Argentina aprovechó el Foro de Davos para adjudicarse la bandera de haber “derrotado al populismo”, todo parece señalar que, a diferencia de los sectores medios de sus países, empresarios, banqueros y presidentes de estados capitalistas centrales precisan algo más para tomarlos en serio. Parece que el horror y el pacato cinismo que lleva a que sectores medios –y no tanto- acepten cualquier cosa, alcanza para el consumo interno, pero no para la Superliga del capitalismo que puede sonreír con un presidente que les habla en inglés y asevera que por aquí todos somos descendientes de europeos, pero sólo eso.

Es que, en el capitalismo, los gobernantes de países no suelen ser otra cosa que cuadros intermedios al servicio del capital. El objetivo general que persiguen es el mismo, pero hacia adentro del capitalismo hay facciones, grupos de intereses enfrentados, contradicciones y conflictos (Ver Nada es personal).

Entonces no es lo mismo el Pollo que la Banca Rothschild entrenó para disputar liderazgo en Europa, que el alumno de Alsogaray. Es que, entre otras cosas, para lo que representa el primero, el mundo es su territorio pero Europa y EE.UU. son su casa, mientras que para Macri y su troupe la cosa es diferente. “Si se viene el comunismo me voy a la estancia y chau”, decía un personaje de una novela de Beatriz Guido que bien podría ser Macri o cualquiera de su staff.

“Como presidente de EE.UU., siempre voy a poner a mi país primero, como los líderes de otros países deberían poner a sus naciones primero”, dijo Donald Trump en Davos y recalcó que “no podemos tener libre comercio si algunos países explotan el sistema a expensas de otros”. Y remarcó que “ahora es el momento de invertir en EE.UU.”.

Lo que deja una reflexión y una pregunta flotando en el aire. Quizás Macri debería hacerle caso –al menos en esto- a su ex compinche de juergas, porque en este escenario es prudente preguntarse dónde elegirán radicarse los capitales –de todo tipo- que Macri prometió llegarían a Argentina después de su asunción presidencial, sobre todo, después de que la Reserva Federal de EE.UU. aumentara de 1 a 1,25 punto porcentual las tasas de interés y anticipara otro aumento para este año.

El capitalismo, su crisis y sus facciones...29.1.18

Nada es personal

¿Sobre qué ola pretende surfear el Gobierno Cambiemos? La pugna entre dos versiones del capitalismo y los muertos que siguen poniéndolo los pueblos. Geoeconomía y geoestrategia ¿Qué se juega en la puja intercapitalista e interestatal?

La historia del Grupo Macri ofrece un panorama claro que explica el carácter simbiótico que posee el Estado Liberal Burgués y la corporación. Y el análisis de su evolución exhibe en forma condensada y desde la periferia, algunas de las características que presenta, hacia adentro, la versión del capitalismo que surgió tras el breve interregno que existió entre las dos Crisis de Larga Duración.

Una mirada sobre este grupo, permite advertir un devenir que va del capital prebendario ligado -de alguna forma- a la producción por medio de la obra pública, al perfil netamente prebendario financiero que tiene su paradigma en las guaridas fiscales que cuentan al Staff Cambiemos entre sus principales vecinos y la apropiación del Estado para convertirlo en facilitador de la mega-timba global.

Entonces, aquí vale volver a preguntarse si será que el pueblo argentino está en manos de una especie de monos con navaja cebados por victorias electorales e incapaces de advertir lo que es tan evidente.

Nada más lejos de eso ¿Pero entonces de qué va todo esto? Aquí es prudente tener claro que desde que -hace cerca de cuatro siglos- el capitalismo comenzó a manifestarse como una economía-mundo, economía y política reflejan las necesidades de acumulación de la clase capitalista, por lo tanto, son la misma cosa, pero a su vez son escenario de tensiones internas.

Esto explica, entre otras cosas, porque capitalismo siempre fue –y es- sinónimo de guerra entre las formaciones estatales que adscriben al sistema. Y este ejercicio constante de la violencia alcanza diferentes esferas, entre ellas, la militar y la económica –fundamentalmente- entre facciones de las élites que pretenden la hegemonía, en una pugna en la que a las víctimas las aportan siempre los pueblos.

Ahora bien, todos están de acuerdo en mantener un planeta convertido en un mega-mercado regido por las reglas capitalistas, pero a la hora de determinar de manera más fina el orden internacional, les cuesta más llegar a una síntesis en la que se superponen e imbrican intereses de grandes capitales y las principales formaciones sociopolíticas y estatales.

En pugna por la hegemonía, una mirada u otra, plantean la profundización del imperialismo tal como lo conocemos o la merma del poder estatal hasta quedar limitado a la función de Estado Policial que garantice la ronda de negocios y la seguridad de las élites locales.

Fantasía

¿Pero por qué todo esto? El capitalismo necesita mantener la fantasía de que funciona como sistema capaz de poder ofrecer algo bueno a la población mundial, pero como sus principales formaciones estatales están quebradas, sólo puede sostener esta ficción a fuerza de emitir dinero que, cada día, tiene menos respaldo.

Para que quede claro. La deuda de EE.UU. asciende a alrededor de veinte mil billones de dólares y la curva de la relación deuda-PIB crece en forma alarmante, de manera tal que se estima que entre 2025 y 2030, va a ser imposible echar mano a cualquier método de rescate.

En este camino, la Reserva Federal de EE.UU. arrastra al Banco Central de Londres y al japonés, y pretende hacer lo propio con el Europeo. Como se ve, aquello que es herejía en la periferia, es aceptado en el centro capitalista que, cada vez más, fundamenta en el poderío militar la supremacía del dólar como moneda de intercambio global, al tiempo que extrae de la periferia los recursos económicos, fundamentalmente, los energéticos. Pero también para transformar en privada y multinacional a la riqueza social que, en algunos lados, se construyó en años de lucha.

De esto van los tratados de libre comercio como aquel que se pretende hacer entre la UE y el Mercosur.

Es que en el escenario global, a grandes rasgos, se pueden señalar dos bloques de grandes jugadores pertenecientes a las clases dominantes. El que está perdiendo influencia es aquel más vinculado al capital productivo e industrial, más ligado a las formaciones estatales nacionales y lo está haciendo en manos de la facción inherente al capital financiero globalista, cuyo paradigma es el dominio planetario por medio de redes financieras de control.

Aquí debe quedar claro que la versión productivista no es menos mala que la financiera y remite a un imperialismo más ligado a lo tradicional, es decir a la toma de posiciones por medio de la invasión territorial y cosas por el estilo.

Por eso es que en el corazón del bloque capitalista no todo lo que brilla es oro y el enfrentamiento de formaciones nacionales, sólo es un índice de la disputa entre corporaciones transnacionales y otros grandes jugadores del capitalismo global que actúan –incluso- hacia adentro de esas mismas formaciones nacionales.

Así las cosas, el escenario del enfrentamiento de estas dos facciones se da hacia el interior de la principal potencia hegemónica y el resto del centro capitalista, pero asimismo en la periferia donde se suele reservar a países con influencia regional el trabajo sucio de aportar el soporte técnico sobre el terreno. Esto también explica el énfasis de Macri al cargar las tintas contra Venezuela.

Comprender todo esto es necesario para entender qué pasa en Siria, Yemen o Ucrania, pero también en nuestra región y, especialmente, en Argentina. Y, por supuesto, aporta a comprender por qué lo que en apariencia podría atribuirse a un irracional instinto depredador del Gobierno Cambiemos, responde a otro tipo de variables, mucho más predecibles y sistémicas.

Porque, a fin de cuentas, para hacer un diagnóstico acertado, es preciso tener una mirada certera sobre esto de la geoeconomía y la geoestrategia, porque en esto va uno de los principales aspectos de la puja intercapitalista e interestatal por el perfil que tendrá el futuro orden mundial y, en esto, como decía Michael Corleone, nada es personal, sólo negocio.

China de cara al centenario de la República Popular29.1.18

Una ruta que trae algo más que seda

¿Macri y la RPCh solos contra el mundo? Del 2020 al 2025-2030, no solo unos pocos años. Planes estratégicos de uno y otro lado, paradigmas y objetivos diferentes.

La postura de Macrón volvió a confirmar que la obsesión aperturista del Gobierno Macri va a contrapelo de las posturas predominantes en el centro e incluso la periferia capitalista. Y que este nuevo traspié se suma al que sufrió en noviembre en Buenos Aires cuando, en la OMC, la posición de Argentina quedó sola...sola no, ya que fue acompañada por la que exhibió la RPCh.

¿Pero por qué Beijín asume esta postura? Ya hablamos del PBI chino y de los papeles de deuda estadounidense que, por otra parte, en un número abrumador están en manos del Estado chino, pero también de la situación de imposible retorno que el peso de esa deuda va a tener para EE.UU., a más tardar en 2030 y de la forma en que esto está arrastrando a los bancos centrales de Gran Bretaña y Japón.

En este punto es interesante recordar el documento titulado Made in China 2025, que el Consejo de Estado presentó en mayo de 2017, que postula un instructivo para transformar –en diez años- a este país del actual “gigante de la fabricación” en “potencia de la fabricación” de productos que superen los estándares de calidad de aquellos europeos y estadounidenses.

El plan está basado en el concepto Industria 4.0 que desarrolló Alemania y propone tres fases de diez años cada una, con el propósito de que al cumplirse el centenario de la fundación de la República Popular, China sea la principal potencia industrial y manufacturera global.

Para esto el Estado va a destinar fondos especiales y creará incentivos fiscales en diferentes áreas vinculadas a nueve objetivos estratégicos que tienen que ver con mejora de la capacidad de innovación, establecimiento de una marca de alta calidad, promoción de la integración de la informatización y la industrialización, así como la implantación de técnicas productivas que respeten el medio ambiente y una enfática promoción de la investigación y desarrollo en áreas clave.

Calidad de vida

Aunque uno de los puntos del plan es mejorar -a escala mundial- la influencia de las empresas chinas, lejos está de ser el único.

Es que, en este contexto, la RPCh también hace hincapié en la construcción de un bloque comercial que, según espera, va a quedar galvanizado con lo que se dio en denominar Nueva Ruta de la Seda o Un cinturón, una Ruta, un ambicioso programa que pretende articular el sudeste asiático con Alemania y que involucra una alianza estratégica con Rusia.

La iniciativa alcanza a sesenta países donde viven siete de cada diez personas del mundo, pero que también poseen tres cuartas partes de las reservas energéticas registradas del planeta, cuya sinergia podría generar alrededor del sesenta por ciento del PBI global.

Para esto Beijin prevé invertir unos 1,4 billones de dólares que se destinarán, entre otras cosas, a la construcción de autopistas y vías férreas que van a cruzar Asia Central y Rusia, así como una red portuaria, entre otros proyectos de infraestructura costera tendientes a articular a la República Popular con el sudeste asiático, el Golfo Pérsico, África y el norte del mar Mediterráneo.

Pero la visión estratégica del gobierno chino posee un objetivo central que tiene que ver con elevar la calidad de vida de la población de manera sustentable. En este sentido se avanzó bastante durante los últimos años, al punto de que este país que ya era potencia en términos de producción, pasó a serlo en lo que hace al mercado interno.

Ciudades medias como Shenzhen poseen PBI equivalente al de países europeos como Suecia; con Alibabá a la cabeza, el comercio digital chino multiplica por seis al de EE.UU. y el pago online es cincuenta veces más voluminoso que el de ese país.

Todo esto señala que se modificó la política de austeridad hacia el mercado interno, que promovió el Estado durante más de dos décadas por medio de una tasa de cambio fija respecto al dólar que garantizaba mantener a raya a la inflación.

Ahora, con una capacidad productiva que ya superó a la de EE.UU., la fase de crecimiento interno va a permitir que la sociedad china esté ante la perspectiva de convertirse en la que más consuma en el planeta. Por eso Made in China 2025: ya aprendieron a fabricar y ahora a caballo de un formidable superávit comercial, salen a adquirir activos en Europa y EE.UU., y si para muestra basta con un botón, ahí está Volvo, que desde que la compró Chery, dejó de ser el emblema y orgullo de Suecia. En esta perspectiva, Beijin aboga por la apertura de mercados.

Pero el superávit no es producto de un milagro. Por ejemplo, la RPCh grava con un arancel del cuarenta por ciento a los productos estadounidenses, lo que no le impidió que –pese a los pataleos de Trump- el año pasado firmara con EE.UU. acuerdos por 250 mil millones de dólares para la compra, entre otras cosas, de petróleo y gas de esquisto. Así, el superávit comercial se transforma en energía que China necesita para seguir generando superávit.

Ahora bien, ante la posibilidad que este crecimiento del consumo interno provoque inflación y ante la necesidad de poder seguir evitando la influencia negativa del dólar, Beijin tiene algunas cartas en la manga.

Tal como pasó en Rusia desde que fue evidente el ataque externo que años atrás sufrió el rublo, las reservas de oro de la RPCh vienen creciendo ¿Se está preparando para crear una divisa respaldada en metálico y lo podría hacer junto a Moscú? ¿Buscará ampliar la internacionalización del reimbimbi a caballo de la inversión que traerá el desarrollo de Un cinturón, una Ruta?

Una treintena de países, entre ellos Argentina, tienen reimbimbi como activo de reserva. Si China da este paso, abiertamente habrá cuestionado la hegemonía del dólar, al menos en la amplia región que prevé la influencia de la Nueva Ruta de la Seda. Y lo hará en la perspectiva 2025-2030, cuando la Espada de Damocles de la deuda que pesa sobre EE.UU. haya llegado a su punto de no retorno.

Entonces, queda claro porque la RPCh reclama apertura de mercados y desde donde lo hace: desde el plan que se fija, de cara a 2025, la incorporación del equivalente a varias poblaciones argentinas a un nivel de vida de estándares europeos. Mientras que, el Plan 2020 de Macri, como ya lo explicó NP diario de noticias, sólo persigue poner en caja una inflación autoinflingida y a costa del salario y la producción local.

 

El doble de deuda en relación a salud25.1.18

La salud está en deuda

Cumpliendo con las recomendaciones del FMI, el gobierno nacional destina la mitad de lo que paga en intereses de deuda al presupuesto de Salud. La orientación de recursos es coherente con la decisión de implementar el CUS y destruir la salud pública

El Estado en su fase neoliberal privilegia la política de endeudamiento y deja desamparados a millones de personas en un área tan sensible como el de la salud.

La afirmación no es caprichosa: según se desprende del Presupuesto 2018, diseñado por el ejecutivo y aprobado por el Legislativo, la administración Cambiemos destinará al pago de intereses y servicio de deuda un total de cuatrocientos mil millones de pesos, el doble de la totalidad de los fondos que el Estado invertirá en salud para el mismo año.

“Es una decisión de política económica que no sorprende dado el perfil neoliberal del gobierno”, enfatizó el médico sanitarista del Partido Comunista Néstor Lucatelli, y añadió que “es una medida coherente con la implementación del CUS y la destrucción de la salud pública”.

El análisis de Lucatelli se condice con la realidad que atraviesa en la actualidad el sistema sanitario nacional. Esto es algo que se deja ver rápidamente en la crítica situación del Posadas -donde despidieron a 122 trabajadores-, en la falta de vacunas para fiebre amarilla y de medicamentos para el tratamiento de HIV.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que por distintos motivos trascendieron públicamente en los últimos días. Pero desde la llegada del macrismo la situación es calamitosa en todo el sector público en general y de esta realidad no escapan los hospitales públicos, centros de atención primaria, etc.

Como si esto no fuera poco, el gobierno desfinancio el Acumar, eliminó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) y el incremento en los precios de los medicamentos se ubicó un ochenta por ciento promedio para el período 2016-2017 -14 puntos por encima de la inflación del período.

En este contexto adquiere sentido el CUS, la iniciativa macrista para destruir la salud pública. Una vez más la lógica es la misma: el Estado desfinancia y vacía áreas y políticas públicas para después justificar reformas en el sector, con la inercia repetitiva de retirar al Estado y entregar el negocio a los privados.

En Salud un claro ejemplo es la política implementada por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En 2017, la mandataria bonaerense se ufanó de “ahorrase” 18 mil millones de pesos del presupuesto sanitario. Se trata de la parte del presupuesto que destina dinero a la construcción de nuevos hospitales y centros de atención.

Así las cosas, y ganándose el premio de mejor alumna del gobierno nacional en materia de ajuste, de los treinta mil millones de pesos con los que contaba para nuevas obras, apenas uso doce mil.

El “ahorro” motivó un pedido de informe de los diputados provinciales en la legislatura bonaerense que Vidal desoyó. Además, en el Hospital de Lanús, por ejemplo, culminaron el 2017 con la mitad de los tratamientos interrumpidos porque la provincia no entregaba medicaciones.

Los recortes realizados en Nación y provincia es una consecuencia de las recomendaciones realizadas por la misión del FMI, el cual, mediante el reporte 16/346, afirmó que “el gasto de salud pública en Argentina ascendió al 32 por ciento del gasto público total (…) lo que sugiere que puede haber espacio para optimizaciones”.

Lo que el Fondo Monetario entiende como “optimizaciones” los cuerpos de los bonaerenses lo pagan con salud. En otros términos, para cumplir con las metas fiscales del organismo multilateral, la administración Cambiemos sacrifica la vida de los trabajadores.

Es una ecuación que a la derecha siempre le cerró.

Situación crítica

“El deterioro de la salud pública es general y es un fenómeno que viene ocurriendo desde que asumió el macrismo”, explicó Lucatelli y aclaró que “lo que ahora se percibe en la provincia y en todo el país es una situación que ya conocemos desde hace casi una década en la Ciudad de Buenos Aires”.

Esta realidad permite deducir que “no hay coincidencias, se trata de un modelo de gestión sanitaria excluyente y privatista que ahora se exporta a todo el territorio nacional”.

Lo que sucede en la actualidad, según el sanitarista, “es un achique de personal, de recursos, de insumos y de capacitaciones para destinar los fondos que antes se invertían en estas áreas a otras prioridades”.

El especialista recordó que en diciembre se realizó una jornada en el Hospital Ramos Mejía donde uno de los tópicos de discusión fue "El hospital que queremos". En esta mesa se habló sobre que lo que es el hospital: una institución de complejidad, un hospital escuela, de excelencia, para profesionales, enfermeros, etc.

A pesar de ello y desoyendo a los trabajadores, el Ministerio de Salud resolvió bajar la categoría del Ramos Mejía de "agudo" a "general".

“Esta decisión atenta contra una larga tradición de los hospitales de agudos de la Ciudad y el país, que formaron a los mejores profesionales en vastas disciplinas, que mejoraron el conocimiento médico y trataron a millones de pacientes de forma gratuita”, analizó y enfatizó que “una de las explicaciones, miserables, es que se le baja la categoría para reducir los recursos que se van a destinar”.

Estas políticas lesionan gravemente décadas de trabajo que hicieron a la salud pública argentina un ejemplo en la región y en el mundo. “Contrario a esta tradición nacional, el gobierno avanza también para impedir que en los hospitales de la Ciudad se puedan atender ciudadanos de países limítrofes o habitantes del conurbano”, contó.

Todo este vaciamiento que sufre la salud pública en la Ciudad, la provincia y el país es coherente con la intención del gobierno nacional de instalar la Cobertura Universal de Salud (CUS), una sigla que es un eufemismo para avanzar sobre la salud pública y proceder con la privatización de las prácticas médicas, la entrega de medicamentos y la atención primaria.

“El modelo que copia el CUS es similar al que ya funciona en Chile y Colombia donde el acceso a la salud no es universal y la mayoría de las atenciones, hasta las más mínimas, se encuentran aranceladas”, refirió.

Como ya adelantamos durante toda la segunda parte del 2017 en las notas de este diario, el CUS es el verdadero objetivo del macrismo para hacer negocios con la salud.

Situación socioambiental

Toda la salud ambiental y la atención primaria se verán fuertemente lesionadas con el CUS. “Cambiemos desde que llegó a la Rosada asumió una política de desfinanciamiento sobre políticas públicas de prevención y abordaje de problemas socioambientales”, puntualizó Lucatelli.

No hay que enfatizar demasiado en la idea de que en el contexto de una crisis económica y social la situación socio-sanitaria y ambiental se agrava. Ante ello el Estado puede hacer dos cosas: ocuparse y abordar la problemática o dejar a los ciudadanos a la deriva, expuestos a focos infecciosos, condiciones de vida inhumana, etc.

En este sentido el caso de Cambiemos es paradigmático, por qué existe una retroalimentación entre causa y consecuencia en el ámbito socioambiental y de salud pública.

Es la propia política económica del gobierno la que genera la crisis social que agrava el escenario socioambiental y sanitario del país y este, a su vez, hace que los hospitales y los centros de atención primaria desborden de personas que acuden allí, que antes tenían obra social pero que ahora no porque los jefes y jefas de familia fueron despedidos, etc.

Y, como si fuera poco, los hospitales tienen cada vez menos recursos para trabajar, escasean los insumos y los trabajadores de la sanidad desarrollan sus tareas en condiciones de precarización muy altas.

El combo es letal y es una verdadera bomba de tiempo, como lo es la política de endeudamiento. Con sólo recordar que para este 2018 el presupuesto para deuda duplica al de Salud, basta para entender cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno. “Al gobierno no le interesa la atención primaria, como tampoco le interesa la atención primaria ambiental y el saneamiento”, expresó Lucatelli.

Crisis social en Córdoba25.1.18

Una imagen que duele

La profunda crisis social, económica y ambiental fue registrada por una cámara de TV cordobesa: un niño corriendo un camión recolector de residuos para comer

Un video de niños corriendo detrás de un camión recolector de basura por hambre en Córdoba se ha vuelto viral en las redes sociales y da cuenta de la profunda crisis alimentaria y social que se vive en el país.

Esta crisis golpea especialmente en los grandes centros urbanos pero también se hace sentir en el interior. Y son los niños y adolescentes uno de los sectores más castigados por la política económica del gobierno.

Un informe del Cippec -Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento- reveló el año pasado que alrededor de seis millones de niños y adolescentes se encuentran en la pobreza. La cifra equivale al 46 por ciento de la población menor de edad y corresponde al último trimestre del 2016, es decir, no contempla la inflación y el deterioro en el nivel de vida y en los ingresos que se registró en todo el 2017.

La imposibilidad de acceder a los productos que componen la canasta básica en Argentina es una problemática que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad a lo largo y ancho del país. En un repaso por cada uno de las provincias, el informe revela que San Juan, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes son las provincias más afectadas y en todos los casos superan el cincuenta por ciento, cinco puntos por encima de la media nacional. El caso más extremo es el sanjuanino, donde la pobreza infantil y adolescente supera el sesenta por ciento.

Uno de los elementos más relevantes del estudio -elaborado con datos brindados por el propio Indec- es que la pobreza en menores de 18 años es una vez y media superior a la tasa de pobreza de la población total. Este dato no es menor y plantea, una vez más, la falta de perspectiva que el capitalismo les propone a los jóvenes.

Por su parte la indigencia en este sector etario golpea fuertemente, especialmente en el Gran Córdoba donde se registran los índices más altos: 15,38 por ciento.

Crisis endémica

“Lo que muestra el video es, lamentablemente, una cosa muy cotidiana en Córdoba” explicó Solana López, Secretaria del Partido Comunista cordobés.

La situación, especialmente de niños y niñas de los barrios más vulnerables, es de extrema gravedad. Ante este escenario, “las organizaciones sociales y políticas venimos planteando la necesidad de que se declare la situación de emergencia social y alimentaria, ya que la situación es muy grave”, añadió.

López puntualizó que “en la mayoría de los casos se trata de personas que han sobrevivido durante los gobiernos del kirchnerismo y que con la llegada de Macri a la Rosada vieron deteriorada drásticamente su situación”. Ello, en gran parte, agravó un problema que ya existía: de por sí muchos programas nacionales no llegaban a Córdoba, por lo que “la crisis social no es nueva pero se ha profundizado enormemente”.

Así las cosas, la dirigente concluyó que “se trata de una crisis endémica que caracteriza a la provincia”. Ahora, sin ayudas sociales desde el Estado, las condiciones de vida son insostenibles para una gran parte de la población. “Todo esto empeora en enero ya que los comedores escolares están cerrados por vacaciones y todos los chicos que acceden a un plato de comida allí no lo pueden hacer en esta época del año”, declaró. “En la práctica, de diciembre a marzo estos chicos no tienen dónde comer”.

Los problemas de alimentación se combinan con los problemas socioambientales y sanitarios de la provincia: “hay un colapso absoluto del sistema de salud pública en Córdoba”, comentó Solana. La situación es similar a la de todo el país: faltan insumos, los salarios en el sector son bajos y no se invierte en infraestructura.

Una de las problemáticas más notorias es la falta de vacunas, “situación que se agrava especialmente en invierno cuando empiezan a proliferar los virus y se multiplican los focos infecciosos”. El panorama es más que delicado, al punto que ya se lamentaron vidas de niños por falta de dosis.

Debido a la falta de vacunas en los centros de atención a la salud, “lo que termina sucediendo es que los que pueden compran la dosis y se la aplican y los que no, terminan sufriendo las consecuencias de la falta de inversión estatal”.

“La situación de vulnerabilidad es constante, se prolonga durante todo el año debido a múltiples situaciones que golpean a la infancia, la niñez y la adolescencia”, concluyó.

 

El CUS, el FMI y el Banco Mundial25.1.18

Los ideólogos de siempre

¿De qué se trata el CUS, el programa con el que el macrismo quiere privatizar la salud?

El programa “Cobertura Universal de Salud” -CUS- es impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud y cuenta con el beneplácito de las empresas de medicina prepaga, las clínicas privadas, los grandes laboratorios transnacionales y la burocracia sindical que, tras un acuerdo que beneficiaría también a la caja de las obras sociales sindicales, asestaría un golpe mortal al sistema nacional de salud pública.

Una vez más el gobierno opera para presentar una medida que beneficia al sector privado en detrimento del público como una mejora sustancial para toda la sociedad y hasta se atreve a utilizar la palabra “universal” en el nombre del programa.

Pero que el árbol no tape el bosque: de universal no tiene nada, sino todo lo contrario ya que va a profundizar la crisis en los hospitales públicos, va a favorecer la desfinanciación de la salud y engrosará las ganancias de los empresarios del sector.

En definitiva, con este programa de “Cobertura Universal a la Salud” el macrismo diseñó una perfecta maquinaria para encubrir una brutal transferencia de recursos desde el Estado a los grupos económicos. El dinero que el Estado invierte en los hospitales públicos pasará a financiar las ganancias de las gerenciadoras médicas y las clínicas privadas.

Como si fuera poco, el programa reduce el Plan Médico Obligatorio –PMO- y elimina el Programa Remediar. En ambos casos se trata de un plan de ajuste sanitario. El Programa Remediar era una política pública que nació tras la crisis de 2001, impulsada por el ex ministro de Salud Ginés González García y que tenía el objetivo de asegurar gratuitamente a la población que asiste a los centros de atención primaria más del noventa por ciento de los medicamentos requeridos en enfermedades frecuentes y crónicas.

Ahora estos gastos correrán a cuenta de los pacientes que puedan afrontarlos. Los medicamentos, al ser bienes de primera necesidad que no se pueden postergar por una razón vital y de supervivencia, seguirán vendiéndose y garantizando la rentabilidad de los laboratorios y las droguerías.

En la práctica, la eliminación de este programa funciona como aspiradora sobre los bolsillos de los trabajadores, dinero que pasará directamente y sin escalas a engrosar las ganancias de las empresas del sector.

Lo mismo ocurre en el caso del PMO, el cual a partir de la implementación del CUS quedará disminuido. El PMO es una canasta básica de prestaciones mediante la cual los beneficiarios de obras sociales y los usuarios de las prepagas tienen el derecho a recibir las prestaciones médicas incluidas en ella. Al tratarse de un derecho, las prestadoras tienen la obligación de garantizar el acceso a las mismas aunque, como se sabe, suelen recurrir a maniobras y demoras voluntarias para regatear las prestaciones.

Si se logra imponer el CUS, esta metodología ya no será necesaria ya que será el mismo Estado el que simplifique el trabajo eliminando de la lista prestaciones básicas prácticas que hasta el CUS eran obligatorias.

Dólar, tasas y desequilibrios24.1.18

Una fragilidad dolarizada

El aumento en el precio del dólar favorece la concentración de la riqueza y genera movimientos en la bicicleta financiera que estimula el gobierno ¿Qué rol juega la FED en todo esto? Argentina cada vez más sensible a los vaivenes externos.

En las últimas cuarenta y ocho horas el dólar ha trepado en su cotización hasta un nuevo récord -19,93- debido a dos fenómenos, uno endógeno y otro exógeno, que se encuentran fuertemente ligados. Se trata de la expectativa de los mercados ante la nueva tasa de interés de referencia local tras los cambios en la meta inflacionaria para este 2018 y las subas en las tasas de interés en los Estados Unidos.

Esta fuerte ligazón entre el frente interno y externo desnuda una de las principales debilidades de la economía argentina en su etapa neoliberal: la fragilidad frente a los cambios en el sistema financiero internacional.

Esta exposición y dependencia en el frente externo se encuentra fundamentada, principalmente, en la política de endeudamiento externo masivo que sostiene el macrismo desde el día uno de gobierno.

Es que la orientación económica del proyecto político de la derecha es la continuidad histórica del plan orquestado por los Estados Unidos e implementado por Martínez de Hoz en la década del setenta y que, tras la experiencia neoliberal de la dictadura y el menemismo, se encuentra en su tercera etapa de implementación.

Esta política económica reprimariza la estructura productiva del país, destruye el empleo y erosiona los salarios. Como contrapartida los sectores especulativos de la economía obtienen ganancias siderales provenientes de la bicicleta financiera, “deporte” favorito de las clases dominantes del país en los últimos cuarenta años y que fomenta la migración de las inversiones productivas a las apuestas especulativas.

Por eso no es descabellado afirmar que el modelo económico atrasa varias décadas por más que viva momentos de contundente actualidad en algunos países de la región y el mundo.

En consecuencia, la economía argentina atraviesa una situación de extrema debilidad. La tan mentada “recuperación económica” que presenta el gobierno como un signo positivo no es más que un signo de fragilidad: se trata de un leve rebote que a su vez es desigual y focalizado en muy pocos sectores, como el de la concentración agropecuaria, las actividades extractivas y el financiero.

Pero si estamos de acuerdo con que el verdadero ritmo de la economía en un país que busca desarrollarse lo marca el sector productivo, hay que resaltar que el último período con crecimiento industrial fue el 2011 donde la producción manufacturera creció casi siete puntos.

Luego se registró una merma en la actividad con leves bajas -producto de la crisis internacional- hasta el cambio en la orientación económica del país: en 2016 la producción de manufacturas cayó un 4,6 por ciento -la más alta desde el 2001- para apenas recuperarse en 2017. La baja en el período es del 2 por ciento.

Estos datos confirman la hipótesis de que el “crecimiento económico” del que se ufana el gobierno es apenas un rebote del pésimo 2016, muy segmentado y focalizado en los sectores concentrados de la economía ¿Qué quiere decir esto?

Qué el “crecimiento” presentado por el macrismo no da cuenta de cómo es que se produce y, mucho menos, de quienes se lo apropian. Un centenar de familias se apropian del diez por ciento de la riqueza que se genera en el país. Por ejemplo durante 2016, año en el que la producción de manufacturas se desplomó, en el país crecieron las fortunas privadas gracias a la valorización de sus activos financieros.

En otras palabras, en un año en el que el sector productivo vivió una profunda crisis con caídas similares a las del 2001, la concentración de la riqueza se consolidó gracias a la bicicleta financiera.

Este simple ejemplo alcanza para demostrar cómo, con apenas dos variables, el plan de ajuste, entrega y saqueo que impulsa el gobierno se materializa en la realidad concreta.

Una caída de la actividad industrial redunda en la pérdida de puestos de trabajo, en el aumento de la desocupación y por ende en una carrera descendente del poder adquisitivo del salario; como contrapartida, aquellos que tienen la posibilidad de contar con importantes fortunas invertidas en el sector financiero, apuestan a la especulación y obtienen ganancias siderales gracias a la bicicleta financiera que la administración Cambiemos estimula con el endeudamiento externo masivo.

Un proceso visible

La complejidad del escenario actual se ve agravada por los fuertes desequilibrios que condicionan la economía nacional: déficit fiscal, déficit comercial histórico, fuga de capitales, sostenimiento del vertiginoso proceso inflacionario y pérdida del poder adquisitivo del salario confluyen en un escenario que sólo se sostiene con la enorme entrada de divisas gracias al grifo del endeudamiento. Pero este no es infinito.

Por ejemplo, según el propio Indec las importaciones crecen casi veinte veces más que las exportaciones ¿qué significa? Que el 2017 perderá el título al año del déficit comercial histórico en manos del 2018.

Hasta el momento, Hacienda viene haciendo frente a este –casi 8.500 millones verdes- con los dólares que provienen del exterior vía deuda pero cabe preguntarse ¿hasta cuándo prestarán dinero los organismos internacionales si el gobierno no logra corregir los desequilibrios en el fisco, comercio exterior e inflación?

Por lo pronto el gobierno cuenta con “aire” para continuar con la política de endeudamiento porque todavía la deuda en relación al Producto Bruto no es tan significativa -43 por ciento aproximadamente-.

Pero si existen peligros inminentes. Si la FED decide elevar la tasa de interés en los Estados Unidos y Argentina toca -tal como sucedió recientemente- su tasa de interés local -que es la más alta del mundo emergente- es muy probable que comience un proceso de dolarización de carteras. Para decirlo lisa y llanamente: una corrida cambiaria con una abrupta salida de las Lebacs.

Este posible movimiento es el que explica que en lo que va del 2018 el dólar haya aumentado un 2,6 por ciento.

En este marco, los especialistas aseguran que el futuro del dólar es incierto. Sin embargo, estos ignoran las señales de la economía, los grupos concentrados, los especuladores y la orientación propia de la política del gobierno.

En menos de 60 días el precio de la moneda estadounidense aumento 2,50 pesos. Ese movimiento, que debe ser llamado lisa y llanamente como devaluación, se trasladó rápidamente a todos los precios de la economía.

Por ejemplo, YPF hoy anunció un nuevo incremento de las naftas, las cuales ya casi rozan los 30 pesos el litro, y una de las razones que arguyó es la nueva cotización del dólar.

Así de rápido es la traslación del precio, lo que habla de una economía fuertemente dependiente de la moneda yanqui, casi como si fuera un reflejo.

Por ello es tan importante para este gobierno la política monetaria de Estados Unidos y el aumento de la tasas de interés que estaría por implementar la FED preocupa en las huestes presidenciales.

Un aumento de la tasa por parte de la potencia del norte no solo encarecerá el crédito sino que afectará inversiones -que nunca llegaron al país- y generará un movimiento centrífugo del dólar en gran parte del mundo y, especialmente, en Argentina.

Este no es un dato menor para nuestro país y en parte se explica por la política de saqueo que lleva adelante la derecha. 2017 fue un año récord en fuga de capitales y déficit comercial. Entonces, no es difícil imaginar el panorama de cara al futuro. No ve el que no quiere ver.

El futuro de la bicicleta24.1.18

Andar asegurado

Los cambios en la meta de inflación para el 2018, la devaluación y la leve baja en la tasa de interés no afecta el andar de la bicicleta y la especulación ¿Cambiar algo para que nada cambie? Ese es el camino.

Las modificaciones sobre algunos instrumentos financieros y los movimientos ascendentes en la tasa de interés en los Estados Unidos no ponen en riesgo la bicicleta financiera de cara al 2018. Por el contrario, la salvaguardan.

El pasado 9 de enero el gobierno modificó la meta inflacionaria para el 2018 tras el fracaso rotundo en la materia en los años previos. Solo por mencionar el caso del extinto 2017, el Central había fijado una meta de 12 y un techo de 17 puntos, pero, a pesar de esto, la inflación en el GBA culminó en un 25 por ciento. La economía no se conduce con “metas” sino que se interviene con herramientas concretas.

Este recalibramiento sobre la meta inflacionaria para este año forzó a que el Banco Central modifique, cosméticamente, la tasa de interés de las Lebacs: la misma descendió, apenas, 75 puntos básicos.

Con esta medida el Banco Central tomó la decisión de seguir recurriendo a las Lebacs como el principal instrumento de absorción monetaria. Esto quiere decir que a pesar del retoque sobre la tasa de interés de referencia interna, los niveles en los que se ubica la tasa continúa garantizando el andar de la bicicleta financiera.

No podía ser de otra manera ya que se trata de un negocio jugoso: sólo en 2017 las licitaciones de Lebac generaron intereses por más de 180 mil millones de pesos.

La política monetaria del Banco Central para este año buscará garantizar el andar de la bicicleta financiera al mejor costo posible.

Al menos así parece presentarse el escenario, sin embargo cabe preguntarse ¿Es esto posible?

Desde el gobierno son conscientes de los desequilibrios que esta mecánica adquiere. Tanto que hasta el propio presidente del Central, Federico Sturzenegger, salió a decir públicamente que estos años las tasas están “un poco elevadas”, lo que adelantó una de las maniobras del gobierno al modificarla.

En sintonía, el Central decidió quitar 75 puntos básicos a la tasa local de referencia que se colocó en 27, 25 puntos. En la práctica, con el precio carísimo que viene pagando el gobierno a los bonistas, se trata de una medida cosmética.

El negocio de la especulación financiera seguirá siendo rentable y la decisión de la autoridad monetaria parece buscar más un efecto propagandístico que otra cosa.

Además, de ninguna manera este “cambiar algo para que nada cambie” calmó la insaciabilidad de los bonistas.

Es que con la inflación que no se detiene y ante la inminente suba de la FED en la tasa yanqui, comenzaron a salir del peso para ir a lo seguro: el dólar. He aquí una de las explicaciones de porque el dólar alcanzó su pico máximo en estos días y por qué, tal como esperan los exportadores, superará los 20 pesos para el mes de marzo.

Hasta el FMI toma nota24.1.18

Un reto para salvar el negocio

En el Foro de Davos la directora del FMI reprendió a los países que abusan del recurso del endeudamiento y habló de “vulnerabilidad” del sector financiero ¿A qué se debe realmente la advertencia?.

Paradójicamente mientras Argentina profundiza su política de endeudamiento externo masivo, en el Foro de Davos la Directora del FMI, Christine Lagarde, alertó sobre “los niveles de vulnerabilidad en el sector financiero” y se mostró preocupada por “un aumento preocupante de la deuda en muchos países”.

¿A qué se destinan esas grandes masas de dinero del que se retroalimenta el sistema financiero internacional? La situación del creciente endeudamiento en el mundo opera de manera similar que en la Argentina: funciona como motor de la desigualdad y contribuye a su fortalecimiento.

El mismo fenómeno que se advierte en el país también se repite en el mundo: el de la concentración de la riqueza: según un informe publicado por la ONG Oxfam en 2017 el 872 por ciento de la riqueza global fue a engrosar los bolsillos del uno por ciento de la población. Así de obsceno como se lee.

De esta manera 8 de cada 10 dólares generados fueron apropiados por apenas 74 millones de personas en el mundo, mientras más de 3700 millones de habitantes, que equivalen a la mitad de la población mundial, no recibieron ningún tipo de crecimiento económico.

Otro dato difundido es delictivo: la riqueza acumulada por apenas 42 personas en el mundo igualan a lo que poseen 3700 millones de personas.

Según el estudio este crecimiento de la desigualdad cabalga a caballo de la precarización laboral, la fuga de capitales que en el escenario mundial cuenta como transferencias entre las grandes empresas y la evasión tributaria ¿Similitudes con el actual proceso argentino? La repuesta no sorprende: todas.

Buen alumno

En apenas dos años de gobierno macrista, Argentina tomó deuda en moneda local y extranjera por 121.588 millones de dólares. De ese total, sólo el Tesoro Nacional emitió 98.185 millones de dólares, de los cuales, 85.167 millones fueron a parar a manos de acreedores externos, según el último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET.

¿Para qué se utilizaron estos dólares? Para estimular la bicicleta financiera y la fuga de capitales. En 2017 la fuga acumulada anual llegó a 25.069 millones de dólares, que equivale al 48 por ciento de las reservas del Banco Central. Es decir que, de cada 100 dólares que llegaron por la vía del endeudamiento externo, 84 fueron destinados a financiar la fuga.

Además, la hemorragia de dólares en las arcas del Banco Central es un síntoma preocupante. Especialmente porque esta sangría tiene como objetivo financiar la especulación y el giro de utilidades al exterior y no para inversiones públicas y productivas.

Estos números, contrastados con la afirmación de la directora del FMI invitan a la siguiente pregunta: entonces ¿Argentina es un buen o mal alumno? La pregunta es sólo retórica. El prontuario del organismo multilateral y el perfil político-ideológico del gobierno demuestran, a las claras, como el macrismo hace los esfuerzos necesarios para lograr el beneplácito del Fondo Monetario.

Ejemplos hay de sobra: la reforma previsional con ajuste a los jubilados, el lanzamiento de la Cobertura Universal de Salud -CUS- para reducir la inversión en salud pública, el ajuste en ciencia y tecnología o la puesta en marcha de la flexibilización laboral son algunos de los consejos del organismo que conduce Lagarde y que forman parte del recetario tradicional e histórico de la derecha en el país.

En esto no hay equívocos ni contradicciones. Las afirmaciones en el Foro de Davos emitidas por la dirigente francesa van destinados al corazón del propio establishment para que no pongan en peligro el andar de la rueda que el propio FMI genera y estimula.

 

¿Por qué el gobierno juega sólo con el 15?23.1.2018

Cartas marcadas

Un techo para las paritarias basado en una inflación que ni los amigos del gobierno creen posible ¿Las paritarias son un mecanismo para bajar la inflación? ¡Todo sea para que seguir endeudando!

El techo paritario del quince por ciento que pretende el Gobierno y la proyección inflacionaria inicial del Banco Central que trepa al 17,4 por ciento, son un cóctel letal que va a profundizar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores que, desde que Mauricio Macri es presidente, registra un “empeoramiento general”.

Así lo señala un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv) que recuerda que, de acuerdo a las estadísticas que confecciona el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2015, la inflación anual fue de 26,7 por ciento, pero el año siguiente, es decir el primero de la Presidencia Macri, se disparó hasta llegar al 41,2 y en 2017 trepó hasta el 28 por ciento.

Para este año, la encuesta REM, es decir el relevamiento de datos que el Banco Central realiza entre los que considera principales actores del mercado, sobre las expectativas inflacionarias, da 17,4 por ciento.

Está claro que estos 2,4 puntos que las consultoras afines a la ideología de los actuales ocupantes de La Rosada anticipan para 2018, alcanzan para destruir los quince de la meta de inflación que el Gobierno corrigió. Pero la diferencia se amplía si se toma como referencia, relevamientos de institutos y consultoras que presentan más independencia respecto a los intereses que defiende el mercado.

Vale recordar que al comenzar 2017, las expectativas del mismo relevamiento oficial eran del diez por ciento para todo el año. Por lo que al verificar el panorama de diciembre, según los datos oficiales del Indec, es evidente por qué es razonable dudar sobre la posibilidad de que se cumpla con la meta del quince por ciento.

En este sentido, el economista Santiago Fraschina, integrante del Observatorio de Políticas Públicas, recalcó que “con la acumulación de dos años consecutivos de desvíos significativos respecto de los objetivos oficiales, la credibilidad del esquema de metas de inflación se vuelve más endeble”.

Tras lo que advirtió que “uno de los problemas que se desprenden de la clara tendencia de sesgo de mediciones de expectativas como la del Banco Central, es que puede conducir a desvíos significativos que influyan sobre el proceso de paritarias, afectando los niveles reales de los salarios”.

Techo

Nadie duda que el ejecutivo juega una carta fuerte cuando intenta poner un techo del quince por ciento a las paritarias. Y, en idéntica dirección, pretende que ese techo esté congelado, al menos, durante doce meses y para eso prevé eliminar la cláusula gatillo que la mayoría de sindicatos incluyeron durante las paritarias 2017 en su intento por morigerar el impacto negativo que, sobre el salario, provoca la suba del costo de vida.

Si prospera el intento gubernamental, este año va a desaparecer esta cláusula de ajuste compensatorio prevista para el caso de que la inflación sobrepase al porcentaje de aumento que, vale destacarlo, fue sólo una solución paliativa, ya que aunque permitió cierto nivel de recomposición cuando la inflación taladró determinados techos.

Pero, en muchos casos corrió por detrás de la carestía, ya que la aplicación de la cláusula gatillo se efectivizó varios meses después de que el umbral fuera vulnerado.

¿Pero por qué tanto énfasis gubernamental en esto de controlar el techo salarial? Pese a que esto responde a una poli causalidad, el motivo más fuerte es aquel que señala que desde la perspectiva de La Rosada, bajar salario es la única forma de contener precios y, por ende, a la inflación.

Esto es una de las exigencias de los organismos internacionales cuya opinión tiene un peso importante para que el gobierno pueda seguir endeudando al país.

Que quede claro, endeudar no es lo mismo que favorecer el ingreso de capital productivo. Lejos de eso, una característica del endeudamiento sin precedentes al que el Gobierno Cambiemos somete al país, es que su finalidad casi exclusiva, es el ingreso de divisas que en el corto plazo obtienen una importante ganancia y se fugan.

Es decir, bicicleta financiera que, además, deja pingües ganancias a los comisionistas familiares, amigos e integrantes del staff Cambiemos.

Durante 2017, la fuga de divisas creció un 123 por ciento. Se fugaron 22.148 millones de dólares, cifra que se compensa con los 22.959 de la misma moneda que ingresaron por títulos públicos, por lo que la gran cantidad de dólares que entraron al país, fueron a parar a la financiación de la fuga de capitales.

En este contexto, desde el corazón del Gabinete Macri, Rogelio Frigerio, no ocultó la intención de los ocupantes de La Rosada, cuando postuló que “las paritarias deben tener en cuenta el objetivo de bajar la inflación”. Más honesto hubiera sido decir “como no les queremos cobrar a los que más tienen, a quienes -encima- seguimos favoreciendo sacándoles impuestos, estrujamos a los trabajadores y, para ello, qué mejor que la paritaria”. Pero esto nunca lo diría una persona tan educada como quien se jacta de ser el representante de la política en un gabinete de ceos.

Así las cosas, lo cierto es que con cada recorte que se opera contra el salario, cae un escalón más el ya alicaído consumo interno. Esto es grave, ya que el mercado interno representa el 75 por ciento del PBI, por lo que queda claro que el consumo interno es la principal variable en la que se debe enfatizar si lo que se quiere -como señala el gobierno- es crecer.

Y más terrible aún si se tiene en cuenta que, merced a la desregulación talibán del comercio exterior perpetrada por el gobierno, a ese mismo mercado interno se lo inunda de productos fabricados en países víctima de la deslocalización donde, entre otras cosas, el salario promedio se coloca apenas por encima de la línea de subsistencia.

¿Una locura para un país que desde hace un siglo se debate por construir y mantener una estructura industrial, algo que a su vez favoreció condiciones para el desarrollo de un proletariado dinámico?

Puede ser, pero no desde la perspectiva de quienes se instalaron en Balcarce 50 en diciembre de 2015. Y de esto va, fundamentalmente, la gira europea que en este preciso momento lleva a cabo el presidente Macri, quien en su valija lleva el acuerdo Unión Europea-Mercosur que se quedó con las ganas de sellar en diciembre, cuando se reunió en Buenos Aires la undécima -y devaluada- Conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Al respecto, un reciente trabajo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), enciende luces de alarma. Si Macri logra reflotar el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur, en Argentina, once de cada diez puestos de trabajo fabriles estarán en peligro.

Así lo advierte un estudio del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior que depende de la Umet, que da cuenta de que el impacto laboral del proceso de desregulación y reducción de aranceles que prevé este acuerdo, va a estar concentrado en los sectores metalmecánico, autopartes, química, marroquinería, muebles, calzado, textil y automotores.

Como se puede observar, en todos los casos se trata de sectores que tradicionalmente generan producción y empleo local que, con la apertura de importaciones desreguladas terminarán de ser destruidos. Y bueno es resaltar la palabra “terminarán”, porque en los apenas dos años que lleva el Gobierno Macri, estos rubros ya fueron empujados a situaciones límite.

Pero esto no es todo. Con la rebaja arancelaria de productos europeos a todo el Mercosur y el consecuente abaratamiento relativo de esos productos en los mercados de nuestra zona, Argentina va a ver mermado su nivel de exportaciones al resto de los integrantes del espacio regional, entre ellos a Brasil, que es el principal socio comercial de nuestro país.

¿Sobrecumplimiento de las metas fiscales?23.1.18

¡Qué lindo es dar buenas noticias!

Festejos en Hacienda y La Rosada ¿pero será para tanto? Dujovne contento con el déficit fiscal primario ¡Piedra libre a los intereses de la deuda!

Está claro que dentro del marco ideológico que guía al Gobierno Cambiemos, la variable para controlar precios es el salario, pero también que además del daño social que el diseño consecuente provoca, resulta ineficiente para esa finalidad.

Otra cosa que también está clara después de dos años de Mauricio Macri en La Rosada es que, para su gobierno, contraer deuda es casi la única fuente de financiación posible para la economía.

Pero hasta desde el FMI le están diciendo que, con la compulsiva toma de deuda financiera que lleva a cabo el gobierno, rápidamente se está agotando el crédito que heredó gracias al proceso de desendeudamiento iniciado en 2003 por Néstor Kirchner.

“Hay un aumento preocupante de la deuda de muchos países y debemos estar atentos”, dijo ayer la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, desde Davos, donde copreside el Foro Económico al que se va a sumar hoy el presidente Macri, quien en sólo dos años emitió deuda -en moneda local y extranjera- por 121.588 millones de dólares, cifra terrible que este año se va a incrementar en -al menos- otros treinta mil millones.

En realidad, lo que diferentes organismos internacionales de crédito le están diciendo al gobierno, no es que deje de endeudar a los argentinos -después de todo ese es su negocio-, sino que comience a hacer bien los deberes que le ordenan. En esta línea se presentan las presiones que, desde el mismo espacio ideológico que ocupa el ejecutivo, aparecen cada vez con más frecuencia y más amplificación por parte de la massmedia dominante. Carlos Melkonian, José Luis Espert y otros representantes de esa fauna, operan cada vez más abiertamente para aquellos que desde adentro y afuera de La Rosada, evalúan que ya están dadas las condiciones políticas para profundizar lo que llaman “cambio cultural”, es decir el marco legal que solidifique el cambio regresivo que se perpetra en la relación entre capital y trabajo.

Y uno de los puntos -casi fetiche- de estas requisitorias de los organismos supranacionales de crédito, es la baja del déficit.

Es en esta dirección que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se apresuró la semana pasada a celebrar públicamente cuando anunció los resultados finales de las cuentas públicas nacionales de 2017, donde destacó la baja del déficit fiscal primario respecto al de 2016.

Hasta aquí, bombos y platillos, además de medalla y beso ¿pero será para tanto la cosa?

Olvido

Dujovne celebró el cumplimiento de las metas fiscales y el festejo se propaló por la cadena de la massmedia de gobierno, pero el mensaje tuvo dos destinatarios claros: Doña Rosa y esos organismos supranacionales de crédito que, con el FMI a la cabeza, ya comienzan a pedir -por ahora sólo piden- resultados.

El ministro que cuando usted lea esto va a estar recibiendo a Macri en Davos, se jactó del sobre cumplimiento de la meta.

¿Pero de qué va todo esto? Para comenzar a despejar la paja del trigo hay que decir que lo que anunció es el déficit primario, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda.

Aquí La Rosada se había fijado una meta del 4,2 por ciento del PBI y el déficit cerró en 404 mil millones de pesos, lo que representa el 3,9 del PBI ¡Un éxito! Dicen en el ejecutivo ¿Un éxito?

El problema es que si se rasca la superficie del “éxito” gubernamental, lo que se advierte es que Dujovne se olvidó de incluir los intereses de la deuda que durante 2017, en pesos, se incrementaron la friolera de un 71 por ciento.

Entonces, si se suman ambos conceptos, que es lo que corresponde, la cifra alcanza alrededor de 630 mil millones de pesos ¿Pero alcanzaría esto para borrar la sonrisa del rostro de Dujovne? La respuesta es clara: esto representa el 6,1 del PIB, por lo que el déficit financiero creció en relación al de 2016 que, por otra parte, ya había pegado un salto respecto al de 2015.

Y como para terminar de borrar cualquier dejo de sonrisa, sólo alcanza con recordar que, de acuerdo al presupuesto que para este año firmó Dujovne, cuatrocientos mil millones de pesos se van a destinar a pagar intereses de deuda. Es decir que, parafraseando a Ernesto Sánz, el producto del trabajo de los argentinos, se está yendo por la canaleta...de la deuda, mientras que sigue creciendo el agujero negro del déficit. Todo esto, mientras Dujovne y Doña Rosa no dejan de celebrar.

 

Vender poco e importar mucho23.1.18

Cambiemos superó otro record

El déficit comercial no para de crecer. ¿Importar más y vender menos es buen negocio? ¿Qué hay detrás de todo esto?

“Desbalanceados”, de esta manera, al promediar 2017, NP diario de Noticias, tituló un artículo de tapa en el que dio cuenta de la alarmante situación que provocaba por entonces la balanza comercial de Argentina que, entre enero y julio, presentaba un saldo negativo de 3.428 millones de dólares, algo que significaba un récord histórico en moneda corriente.

Pero los récord están para superarse, por lo que el Gobierno Cambiemos cerró el año un déficit de 8.471 millones de dólares según los datos que el Indec daba a conocer al cierre de esta edición.

Este informe sobre el intercambio comercial del país, se completa con los datos de diciembre de 2017, que dan cuenta de que las exportaciones alcanzaron 4.515 millones de dólares y las importaciones 5.362 millones de esa moneda por lo que el último mes del año también dejó un déficit en la balanza comercial, en este caso, de 847 millones de dólares. Pero esto no es todo. También en diciembre, las exportaciones se redujeron 2,4 por ciento respecto al mismo mes de 2016, lo que representa 113 millones de dólares menos que ingresaron.

Por su parte, en lo que hace al resumen anual, se advierte que las importaciones crecieron respecto a 2016: 66.899 contra 55.911 millones de dólares. A la hora de desagregar, se puede observar que la entrada de bienes de capital creció muy poco: de 12.123 a 14.908, mientras que en los bienes intermedios, es decir productos elaborados destinados para la industria, la suba fue de 15.484 a 17.838, al tiempo que en el rubro bienes de consumo, el incremento se pasó de 7.400 a 8.947 millones de la moneda estadounidense.

Pistas

El informe que hoy por la tarde dio a conocer el Indec, brinda algunas pistas y corrobora datos que revelan que continúa un generalizado proceso de deterioro de la balanza comercial, salvo con algunos países de Medio Oriente.

Pero la caída, tal como lo explica un reciente informe de la compañía de consultoría en economía y negocios de abierto corte neoliberal ABECEB, sigue afectando todas las balanzas bilaterales del país, entre ellas el comercio con Brasil, la Unión Europea (UE), el Nafta, la República Popular China, la zona de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) que, entre otras, incluye a economías pujantes como Indonesia y Singapur.

De estos datos se desprende también el peligro que se abre con la posibilidad de que se efectivice el tratado de libre comercio entre Mercosur y la UE ya que, partiendo desde una balanza comercial que no deja de dar rojo, Argentina quedaría encorsetada en una apertura aún mayor a la que experimenta desde diciembre de 2015.

Por lo que, en un escenario global en el que todos se cierran, nuestro país se abriría más todavía, al tiempo que se vería forzado a aceptar la homologación de las leyes propias a normas absolutamente regresivas, que rigen la relación entre capital y trabajo en otras latitudes.

Pero en su fundamentalismo, quienes ocupan La Rosada insisten con esto de que importar más y vender menos es buen negocio.

Es que para las grandes empresas, aquellas formadoras de precios y, por lo tanto, de inflación, el mercado local es una especie de coto de caza propicio para ajustar su tasa de ganancia, por medio del incremento de precios internos.

Y aquí también es prudente recordar que el nivel de diversificación e imbricación que posee la cartera de negocios de estas multinacionales, les garantiza la maximización constante de su tasa de ganancia.

Con este telón de fondo, el Gobierno Cambiemos lauda automáticamente –y orientado por su identidad de clase- para el universo del capital, por eso las patronales ganan en paritarias y beneficios impositivos que rozan lo delictual.

Mientras tanto, para financiar la balanza comercial deficitaria el ejecutivo recurre a la maximización de la ronda de endeudamiento externo en dólares e interno en Lebacs, es decir, inversión en pesos por la que el Banco Central paga una tasa exorbitante, cuyo producido se transforma en dólares que se fugan o vuelven a la feroz bicicleta, siempre que el gobierno vuelva a ofrecerle condiciones leoninas.

El período 2001-2014 dejó un saldo de la balanza comercial con un superávit favorable de alrededor de once mil millones de dólares. Todo en medio de un escenario en el que, entre 2004 y 2005, se utilizó parte del dinero que ingresaba en este concepto para el desendeudamiento.

Pese a este piso favorable y a la devaluación que el Gobierno Macri perpetró apenas asumido, el déficit se disparó y sigue creciendo.

Para explicar esto vale la pena revisar la forma en que, con la llegada de Mauricio Macri a La Rosada, se modificó la dinámica entre crecimiento industrial e importación de bienes de consumo.

Hasta 2015 se mantenía y crecía el ingreso al país de bienes de consumo, pero simultáneamente lo hacía la producción manufacturera local, porque el salario crecía incluso por encima de la inflación. Se puede cuestionar si este diseño era sustentable, pero funcionaba e incluía.

Pero con Cambiemos en el gobierno, el Estado retiró prácticamente todas las regulaciones que operaban como dique de contención al ingreso de productos manufacturados que compiten con otros producidos en el país.

Esto trajo un alarmante crecimiento de la importación y el reemplazo de bienes producidos en Argentina por otros fabricados en países donde el salario y las condiciones laborales extremas son la variable que garantiza “competitividad”. Esas condiciones que caracterizan la relación entre capital y trabajo, son el escenario que el Gobierno Cambiemos pretende reproducir en Argentina, bajo eufemismos tales como “modernización” o “inteligencia para integrar al país en el mundo”.

Pequeña y media empresa...23.1.18

En zona de riesgo

La ola de aumentos agrava la situación de las pymes y el mercado interno, advirtió Apyme y recalcó que “es urgente que el gobierno contemple los intereses de las Pymes, los trabajadores, la producción y la industria local”.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) hizo pública su alarma “por las fuertes alzas en los precios dispuestas por el Gobierno entre diciembre de 2017 y estos primeros días de 2018”, incrementos que “aumentarán los costos en las cadenas de valor, lo que afecta mayormente a las empresas más chicas, sin espaldas financieras para afrontar una continua pérdida de capital de trabajo”.

Por medio de una declaración que lleva las firmas de su titular, Eduardo Fernández, y del secretario Juan José Sisca, la entidad que nuclea a pequeños y medianos empresarios, advirtió que la reciente suba del precio del dólar “ya está produciendo además remarcaciones preventivas en los principales rubros”.

Asimismo, puntualizó que, por otra parte, el tarifazo que afecta los precios de transporte, los servicios de energía eléctrica, agua y gas, así como combustibles, telefonía móvil, peajes, medicina prepaga, medicamentos y otras áreas sensibles “agravará el estancamiento de las ventas de las Pymes a causa del creciente deterioro del poder adquisitivo en el mercado interno, que es la principal fuente de ingresos de estas empresas”.

Posición

En esta dirección, Apyme reflexionó que “las únicas medidas del Gobierno para atacar la inflación, siguen siendo las altas tasas y la apertura importadora”, al tiempo que recalcó que la tasa de interés de más del 28 por ciento no ha logrado bajar la inflación según las metas propuestas por el propio Gobierno, en cambio, hace inviables las inversiones productivas y agrava el ahogo financiero de las Pymes”.

Y fustigó la política de comercio exterior que sostiene La Rosada. “Por la apertura importadora, que afecta a la producción fabril local, el pasado mes de noviembre de 2017 se produjo un déficit comercial 1.541 millones de dólares, con un aumento de más del treinta por ciento de importaciones y una caída de cinco por ciento de exportaciones”, por lo que el acumulado de los últimos once meses es de 7.656 millones, “el más alto de la historia”.

De ahí que “no sólo aumenta la inflación, sino que quedan fuera de competencia las Pymes, la producción local y las economías regionales”, mientras que “el esquema tributario profundiza su regresividad, en tanto “cobran mayor peso los impuestos al consumo, bajan las retenciones a la exportación sojera y disminuye la tributación por bienes personales”.

Y, de este modo, “se consolida un esquema de distribución del ingreso que significa una continua transferencia de recursos desde las Pymes, los trabajadores y los sectores más vulnerables hacia los núcleos concentrados de la economía, donde sólo cien empresas explican el 64 por ciento del PBI y el 80,2 por ciento de las exportaciones”.

Todo esto provoca un desbalance de las cuentas públicas que “se está cubriendo con un desmesurado endeudamiento que sólo augura continuos y crecientes ciclos de ajuste”, por lo que Apyme alerta “es urgente revertir estas políticas y que se contemplen los intereses de las Pymes, los trabajadores, la producción y la industria local, claves para aspirar a un horizonte de desarrollo con equidad distributiva”.

 

Continúan los tarifazos22.1.18

Año nuevo, tarifas nuevas

La gobernadora Vidal autorizó un aumento del 32 por ciento en las tarifas de energía eléctrica y así, junto al aumento de los combustibles, queda expuesta la hoja de ruta de la derecha para este año: tarifazos para todos.

La ola de tarifazos no se detiene y el comienzo del 2018, año no electoral, parece indicar cuál será la hoja de ruta en materia tarifaria: aumentos muy por encima de la inflación, mayores a las paritarias y con acumulados de más del 500 por ciento en relación a diciembre de 2015.

El camino en este caso lo marca María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora autorizó a las compañías eléctricas que operan en territorio bonaerense a aplicar un incremento del 32 por ciento.

La autorización de Vidal se produjo luego de que la Secretaria de Energía -dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que encabeza el inefable Juan José Aranguren- modificara el precio mayorista de la electricidad.

El aumento compromete a las áreas Río de La Plata, Área Atlántica, Área Norte y Área Sur, y se concretó mediante la Resolución 60/2018 publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

La suba se hará efectiva en dos tramos: el aumento del 20 por ciento va a ser sobre los de enero, y un alza del 10 por ciento será para lo que los usuarios consuman entre el 1 de febrero y el 30 de abril.

Estos incrementos se producen semanas después de que el “equipo económico” de la Rosada desautorizara la meta inflacionaria del 2018 establecida por el Banco Central.

Que la inflación no cese a pesar de la pérdida del poder adquisitivo del salario y la caída del consumo es una muestra clara de la celeridad con la que el tándem del poder real realiza su cirugía sobre la estructura económica del país. Pocos fenómenos como la inflación exponen la densidad de la puja distributiva en el marco de una sociedad dividida en clases, como también pocas agresiones del capital sobre el trabajo son tan elocuentes como la actual en nuestro país. 

Así las cosas, la escalada tarifaria vuelve a poner blanco sobre negro la política económica del gobierno. No es exagerado afirmar que la misma es una compleja ingeniería económica, política y social cuyo objetivo es incrementar la tasa de rentabilidad del sector privado en detrimento de los asalariados.

Esta disputa entre capital y trabajo no es una novedad, es lo que define a las economías capitalistas tal como lo revelaron Marx y Engels en el Siglo XIX. Lo que resulta verdaderamente novedoso, al menos en la historia argentina, es la celeridad con la que avanza el bloque de poder dominante en el marco de esta ofensiva neoliberal que hiere al conjunto de la sociedad.

En partes para el todo

Como ya señalamos en reiteradas oportunidades, el rediseño social que el tándem de poder real ansía implementar en el país encuentra en el sector tarifas un aspecto medular ¿Por qué? Porque es un área sensible que afecta a toda la población, especialmente a los trabajadores y dentro de ello a los más vulnerables, por lo que se revela como una dimensión propicia -desde la óptica de la ceocracia- para efectuar una fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital.

Por eso cuando se habla de tarifas se habla del precio de los servicios públicos pero también se habla del tipo de sociedad y país que se quiere construir. Un país con tres o cuatro tarifazos al año es un país de ajuste, entrega y represión.

Esto queda demostrado cuando se advierte la relación que hay entre los incrementos de las tarifas -que resultan confiscatorios para los bolsillos de gran parte de la sociedad-, y reformas tan sensibles como la previsional, tributaria e incluso laboral.

Por ejemplo, es preciso destacar que -siempre desde la óptica de las compañías y el sector privado- el nuevo diseño tarifario exige una reforma laboral que discipline aún más el disminuido poder de fuego de los sindicatos del sector y que abarate los “costos laborales”.

También exigía una reforma tributaria que favorezca a las empresas energéticas, algo que ya había sucedido cuando en 2016 Cammesa decidió condonarle 3456 millones de pesos en deudas a Edenor, Edesur y Edelap.

Y exige cargar sobre los usuarios el costo de la producción y distribución de la energía eléctrica para que sean los trabajadores los que financien el costo de la energía y las cuantiosas ganancias de las empresas, relegando así el derecho social al acceso de los servicios públicos a la lógica del mercado.

Los tarifazos son un engranaje más de un esquema dispuesto para el saqueo que, a su vez, retroalimenta a cada una de las instancias que compromete en una lógica en la que el ajuste, la entrega y la represión cuajan para garantizar el proyecto político de la derecha.

Tarifas que perfilan un país exclusivo22.1.18

Diseño tarifario para el saqueo

Las tarifas representan un item sensible para los trabajadores y sus ingresos. Por eso, el gobierno las eligió como una de las variables principales para consolidar la política de ajuste.

El sometimiento de la estructura económica argentina a lógica del mercado es operado en la actualidad desde el Estado al cual la ceocracia le imprime y consolida un perfil liberal burgués que se contrapone, fuertemente, a los rasgos keynesianos e intervencionistas ensayados por el kirchnerismo en el período 2003-2015.

Donde más se puede percibir esta diferencia es, justamente, en el diseño tarifario del país: desde la llegada de Macri a la Rosada el costo por kilovatio en dólares se triplicó y se ha sostenido una política de reducción de los subsidios al consumo que invierten la relación que convirtió a nuestro país en el segundo Estado con la electricidad más barata de la región detrás de Venezuela.

Según el propio Ministerio de Hacienda, los subsidios en energía y transporte representarán para este 2018 el 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) cuando en 2017 era del 2,5.

En 2016 estos subsidios representaban el 3,6 por ciento, es decir, que en tan sólo dos años el gobierno redujo los subsidios en energía y transporte en más de la mitad (1,7 por ciento), diferencia que pasó a engrosar directamente las ganancias de empresas como Edenor, Edesur y Edelap y que afectó a los trabajadores.

Los usuarios no sólo debieron financiar los dividendos de las compañías, sino que también sufrieron una pérdida brutal del poder adquisitivo, en parte, explicado por los tarifazos, pero también por paritarias a la baja y alta inflación, problemas que se verán profundizados con la reforma tributaria y laboral que ya ensaya el gobierno.

Tal es así que pese a la retórica anti-inflacionaria del gabinete nacional, se siguen sosteniendo metas de inflación que se vuelven insostenibles año a año -como quedó demostrado en este 2017- debido a la política económica de la ceocracia.

Para el caso, hay que destacar que el rubro vivienda, agua, luz, gas y combustibles se convirtieron en un verdadero talón de Aquiles para el gobierno en la materia. Es que en el Gran Buenos Aires los aumentos en estos sectores superaron el 46 por ciento, 21 puntos por encima de la variación en el nivel general de precios al consumidor que rondó el 25 por ciento. Los guarismos se desprenden de los informes realizados por el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y confirman, una vez más, que la política económica del gobierno es la de un pez que se devora su propia cola.

Los dueños de la luz

Si los tarifazos componen un aspecto medular en el plan de ajuste, entrega y represión del gobierno ¿cómo podrán los trabajadores enfrentarlos en el marco de una reforma laboral que apunta a menguar el poder de los sindicatos y a debilitar la posición del trabajo frente al capital?

¿Cómo podrán las organizaciones de usuarios hacer oír su voz en un Congreso Nacional dominado por el chantaje y la prebenda ensayada por el Poder Ejecutivo ante una “oposición” dócil que termina desempeñando el rol de escribano ante el poder dominante en el país?

¿Cómo detener la voracidad de las compañías energéticas, cuyos dueños son amigos personales del presidente, cuando son los propios grupos económicos los que se sirven de los instrumentos del Estado para diseñar una política social que habilita los abusos contra los usuarios?

Estos son algunos de los interrogantes abiertos, al menos en lo que a la política tarifaria refiere, aunque pueden ser extendidos al resto de los problemas que aquejan a la economía argentina y, en su seno, al conjunto del movimiento obrero.

La posibilidad de tener a disposición todas las herramientas del Estado, la complicidad de la corporación judicial y el poder de fuego de los medios masivos de comunicación que actúan como verdaderos tanques en el contexto de una feroz guerra psicológica contra la población, otorgan a los grupos económicos ventajas comparativas muy difíciles de contrarrestar para un campo popular fragmentado en sus expresiones políticas y sin un programa de reivindicaciones que lo articule.

Por eso el gobierno nacional se desplaza a sus anchas y favorece, sin ruborizarse, a las dos principales empresas del sector energético cuyos dueños son amigos personales del presidente.

En el caso de Edesur uno de los accionistas principales es Nicky Caputo, compinche de Macri desde los 6 años en el colegio Cardenal Newman. Juntos cultivaron una sólida amistad que les permitió conformar empresas que fundaron la patria contratista en la década del noventa. Así, a fuerza de obras públicas sin licitaciones y sobornos construyeron un imperio económico del que se sospecha Caputo es testaferro del actual presidente.

En la vereda de enfrente, Mauricio también tiene grandes amigos. Es que Edenor es una de las empresas que integra el consorcio Pampa Energía, en el cual tienen acciones Joe Lewis y Marcelo Mindlin. El primero posee una residencia de lujo en Lago Escondido, Bariloche, donde además de privar a la comunidad de uno de los paisajes más bellos de nuestro país, le presta las instalaciones al presidente para que pase allí sus fines de semana de descanso. Lewis es uno de los trescientos empresarios más ricos del mundo según la revista Forbes y se hizo de 13 mil hectáreas en la zona en 1997 con otro viejo conocido: Carlos Menem.

Pero, sin dudas, el empresario predilecto de Macri después de Caputo es Marcelo Mindlin. Este compró parte de Edenor tras el rediseño tarifario del macrismo y, como si fuera poco, también le compró Iecsa a Ángelo Calcaterra luego de que se conociera el vínculo de este con los sobornos de Odebrecht en la región. Además, el consorcio Pampa Energía montado por el propio Mindlin adquirió el año pasado Petrobras Argentina ¿habrá celebrado la liberalización del precio de las naftas tanto como los tarifazos?

Una vez más, lo que queda al descubierto es la fuerte relación simbiótica entre Estado y grupos económicos del que es testigo nuestro país como nunca antes en su historia.

 

El techo ya se muestra perforado21.1.18

La inflación no se toma vacaciones

La política económica de Cambiemos no le da respiro al bolsillo de los trabajadores. Aumentos en energía y combustibles para perfilar el año nuevo.

Los aumentos de las tarifas y la crecida del dólar que se dio entre diciembre y enero hizo que el año comenzara con su meta de inflación -de 15 por ciento- ya perforada, al menos en términos de proyección, al punto que como se recordará, el Jefe de Gabinete Marcos Peña tuvo que dar una conferencia de prensa con los ministros que manejan la economía para anunciar un recalibramiento del objetivo, superior al que se había votado horas antes con el presupuesto 2018.

El 2017 cerró con una inflación del 25 por ciento a pesar de que la meta del Banco Central estaba fijada en 17. Ocho puntos más que lo previsto y habla a las claras de dos fenómenos: de la inoperancia del gabinete para cumplir aquello que augura y, como la mentira es un arma a la que el gobierno apela sin remordimientos.

Es que ya en septiembre se había perforado el techo del 17 por ciento y a pesar de ello el gobierno insistió en todo momento en la meta fijada por el Central.

El proceso inflacionario que vive el país, el más alto de la hiper alfonsinista, es obra y gracia de la política económica del gobierno. En 2016 la inflación fue del 42 por ciento y en 2017 del 25. En tan solo dos años el macrismo acumuló un 67 por ciento de inflación, lo que hizo que el poder adquisitivo del salario perdiera hasta diez puntos, dependiendo el sector.

A pesar de las altas tasas de interés para “enfriar” la economía impulsadas por el Central, el gobierno no ha podido domar el proceso inflacionario. Una de las claves que explican este proceso corrosivo de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores son los tarifazos y la liberalización del precio de los combustibles.

La desregulación del mercado de combustibles, la quita de subsidios al transporte y energía que redundó en tarifazos y las devaluaciones que llevaron al dólar a culminar el año rozando los 20 pesos son algunos de los fenómenos que contribuyeron al fracaso de la ceocracia en la materia.

El caso del combustible es paradigmático. Se trata de uno de los precios que mayor incidencia tiene sobre el conjunto de los precios de la economía. Sus variaciones impactan directa e inmediatamente sobre todos los productos y servicios que, en algunas de sus etapas de ciclo económico, requieren de transporte terrestre o energía para producirlos.

Estos dos factores explican porque el traslado a los precios de los alimentos, bebidas, insumos y demás mercancías -muchas integran la canasta básica- se produce instantáneamente.

A pesar de esta incidencia estructural del precio de las naftas en la economía, el gobierno nacional decidió autorizar dos aumentos en el primer semestre del año y luego eliminar los controles sobre el mercado de combustibles, permitiendo que el sector privado fije el precio en surtidor.

Así, en tan sólo mes y medio y por estar atado al precio internacional del barril de petróleo, el precio de la nafta aumentó dos veces a finales del 2017 y una ya en lo que va del 2018.

En esta materia el que adquiere protagonismo es el ministro de los tarifazos, Juan José Aranguren, quien con sus decisiones de política económica afecta directamente al sector.

Decreto, Decretazo, Paquetazo...19.1.2018

¿Se viene el Fujimorazo?

¿Se atreverá Cambiemos a gobernar sin el Congreso y sin sindicatos? Por ahora, desde La Rosada dejan trascender que, en marzo, volverán a probar suerte con la reforma laboral que no pudieron pasar en diciembre como consecuencia de la movilización popular.

El 85 por ciento de los trabajadores argentinos cree que mantenerse empleable es una responsabilidad propia. Once millones de ciudadanos ratificaron -apenas tres meses atrás- al gobierno que, además, logró meter en la bolsa a los gobernadores de diferente signo político que el suyo -salvo a Rodríguez Saá- para dar vía libre al Paquetazo, todo en un contexto en el que la CGT no paró de mirar para otro lado.

Estos son algunos datos que la constatación empírica les otorga a algunos integrantes del Gobierno Cambiemos, que sueñan con un escenario sin sindicatos ni Congreso.

Suena fuerte ¿pero será tan así?

El primero de los datos se desprende del informe de Randstad Workmonitor, correspondiente al último trimestre de 2017, que este grupo global que se presenta como “empresa de servicios de recursos humanos”, llevó a cabo en 33 países.

Queda claro hacia dónde apunta este grupo corporativo, pero también que los datos de su relevamiento sintonizan con los paradigmas de un gobierno que usa el argumento de la promoción de la “cultura emprendedora”, como zanahoria para avanzar en la redefinición del diseño que rige la relación entre capital y trabajo, pero también en un nuevo diseño social.

Esto que desde La Rosada sintetizan como “cambio cultural”, no es otra cosa que un modelo de sociedad caracterizado por deslocalización, descentralización, inestabilidad y rotación de trabajadores, esto es, flexibilidad laboral suficiente para que el empresariado tenga las manos libres para alterar a piacere las condiciones laborales. Pero, asimismo, para reducir plantillas y carga horaria conforme su interés por maximizar ganancias, porque desde esta mirada, es “el mercado” quien decide.

Para ser claros, lo que aparece al analizar este diseño, sólo con rascar un poco la superficie, es la naturalización de la subcontratación como consecuencia de la aplicación de modelos empresarios en red, para sustituir a los piramidales.

Esto conlleva la ruptura de la relación entre empresario-empresa y trabajador. Así, la fábrica o la empresa, pero también el sindicato desaparecen como escenario de resistencia y organización.

Porque de lo que se trata es de un putsch que promueve la descolectivización, lo que es un atentado contra la construcción de identidad de clase.

El dato que presenta Randstad Workmonitor -sea verdadero o no- alude a ese sujeto emprendedor, el que felizmente deja la planta de la que lo echaron para ponerse a fabricar cerveza artesanal. Pero la fantasía de trabajadores convertidos en sus propios empresarios tiene las patas demasiado cortas ¿Acaso alguien se acuerda dónde fueron a parar los parri-pollos y maxikioscos que proliferaron durante los 90?

Dale con el quince

En este contexto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió a insistir con que durante 2018 la inflación va a ser del quince por ciento y que, por lo tanto, el techo salarial deberá ir en consonancia con ese porcentaje. Aquí es bueno señalar dos cosas: si desde el Ejecutivo se fija un techo salarial, pierden sentido las paritarias, algo en lo que avanzó La Rosada con el Decreto 52/2018. Pero también es bueno recordar que, en lo que va del Gobierno Cambiemos, la inflación siempre se colocó holgadamente por encima de las metas fijadas en el Presupuesto.

¿Entonces por qué habría que creerle a Peña y acordar recomposiciones de sólo el quince por ciento, más aún, cuando el jefe de Gabinete aclara ahora que de acuerdo al diseño que propone el gobierno, no va a hacer falta establecer cláusulas gatillo? Pero todavía queda algo ¿dentro de este esquema, qué pasa con lo que perdieron los trabajadores durante dos años en los que el salario le miró -y de lejos- la luneta a la inflación?

La pulseada que Peña le ganó a Federico Sturzenegger, elevó las metas inflacionarias para este año de doce a quince por ciento, pero también abrió un escenario en el que La Rosada pretende retomar iniciativa con un plan ambicioso que se propone encorsetar la inflación en quince por ciento para este año, cinco puntos menos para 2019 y sólo un cinco por ciento para 2020 ¿Pero quién va a pagar este ajuste?

A esta altura queda claro que el Presupuesto 2018 que elaboró el ejecutivo y sancionó el Congreso no es más que una parodia. Es que su texto no incluye las reformas tributaria y previsional en las que ya se avanzó, pero tampoco las nuevas metas inflacionarias que, vale recalcarlo, fueron anunciadas al día siguiente que el Parlamento dio luz verde al Presupuesto.

Quien suponga que el Gobierno Macri sabía que iba a borrar de un plumazo el texto que envió al Congreso, no se equivoca. Y tampoco aquel que diga que, a partir de esto, el mensaje que el presidente brinde en el hemiciclo el 1º de marzo, así como sus actos de gobierno posteriores -al menos los de este año- serán sólo una peligrosa pantomima.

Durante los dos primeros años de su presidencia, Mauricio Macri, se las ingenió para surfear sobre un Congreso en el que nunca tuvo las mayorías propias a las que -habitualmente- aspira cualquier mandatario.

El carácter simbiótico que el ejecutivo presenta con buena parte del Poder Judicial y la industria massmediática dominante, le garantizó que por cooptación o amedrentamiento, una oposición friendly le suministrara los votos que necesitó para sacar leyes aberrantes.

Otra ayuda inestimable recibió desde una burocracia sindical acostumbrada a calentarse donde mejor pegue el sol, pero también aterrorizada por los carpetazos que llevaron a más de un impresentable a la cárcel.

Pero en el comienzo de la recta final hacia 2019, muchos en La Rosada y sobre todo en los grupos de poder concentrado del que son parte los integrantes del elenco Cambiemos, comienzan a darse cuenta que reducir a la nada a la UCR fue fácil, pero que hacerlo con el PJ, puede ser una quimera.

Es que, salvo para sus socios de clase, el Gobierno Cambiemos demostró que tiene poco para ofrecer y poco es poco, sobre todo a la hora de imaginar que con eso puede construir un bloque de poder capaz de hegemonizar, “para siempre”, el sistema de representación política nacional.

Los que ganaron durante estos dos años, que son pocos pero se llevaron mucho, exigen que la inmoral ronda de maximización de su tasa de ganancias no se detenga. Para garantizar esto, La Rosada sabe que debe aprovechar el importante consenso social que -según coinciden diferentes sondeos- aún conserva, para transformar esa legitimación en leyes que le brinden solidez a ese “cambio cultural” que pregona.

Desde su génesis, el Estado Liberal Burgués se fundamentó en pilares sólidos: los códigos Penal y Civil, que le garantizan la hegemonía en el uso de la fuerza y la construcción de leyes para proteger a la propiedad individual y a los propietarios, por supuesto, de aquellos que no la tienen ni lo son.

Para ello, la fantasía que recrea la división de poderes apuntala a un sistema representativo que, al tiempo que pretende disciplinar a la lucha de clases, ofrece un espacio de contención para las clases subalternas.

Pero en ese camino nunca desechó la preeminencia de un órgano de poder sobre los restantes, si eso fuera preciso, para garantizar los objetivos que dan sentido al propio Estado Liberal Burgués.

Si se comprende esto, se podrá advertir por qué no resulta conspiranoico evaluar que, para el tándem de poder que está en La Rosada desde diciembre de 2015, no es una alternativa descabellada gobernar sin sindicatos ni Congreso.

¿Es rocambolesco pensar en la posibilidad de un Fujimorazo? Quizás, pero lo cierto es que, hace apenas un mes, durante dos jornadas que dejaron decenas de detenidos y hospitalizados por la represión policial perpetrada en una ciudad militarizada y un Congreso cercado por un operativo propio de una ocupación militar, se votó una parte sustancial del Paquetazo que podó jubilaciones, AUH, pensiones para discapacitados y veteranos de guerra.

Todo con legisladores que reconocieron que fueron apretados para dar quórum y votar el proyecto gubernamental y otros a los que se denunció penalmente porque advirtieron en qué condiciones se llevaba a cabo esa sesión.

Esa vez se votó la parte, que para los objetivos del gobierno resultaba más urgente, pero para completar el Paquetazo todavía falta. Desde La Rosada desistieron de convocar extraordinarias para que se trate el resto. En el medio avanzaron con un Decretazo que va en la misma dirección que el Paquetazo.

Queda claro que no llamaron a extraordinarias porque, presionados por la movilización popular de diciembre, desde la oposición frendly le hicieron saber que no hay condiciones para que el resto del Paquetazo pase, al menos por ahora y tal cual está, sobre todo en el capítulo referido a la reforma laboral.

¿Se atreverá Cambiemos a gobernar sin el Congreso y sin sindicatos? Por ahora, desde La Rosada dejan trascender que, en marzo, probarán suerte con la reforma laboral. En diciembre no pudo hacerlo, la movilización popular se lo impidió. Habrá que ver, entonces, si la realidad de la sociedad argentina se parece más a la que en diciembre salió a la calle o aquella que muestra el informe de Randstad Workmonitor.

Quiénes y quiénes pierden...19.1.2018

That is the question

¿Quién espera el gobierno que pague el costo de la meta 2020 que se fija? Al revisar quienes son los ganadores del Gobierno Cambiemos, queda claro quién se espera que sea el pato de la boda.

De cara a los dos años que quedan del que aspiran sea su primer mandato, quienes integran el staff Cambiemos se lanzan a 2018 decididos a avanzar en el Paquetazo, pero también con la mira puesta en reducir el brutal déficit fiscal que el propio gobierno se encargó de disparar.

Que quede claro. Este objetivo persigue satisfacer los requerimientos de los organismos de crédito internacional que, públicamente, hicieron saber que si no pone el déficit en caja, se va a comenzar a complicar la ronda de sobreendeudamiento en la que metió al país el Gobierno Cambiemos.

Por eso es que poco pueden ponerse contentos con esta intención gubernamental de llevar la inflación al cinco por ciento para 2020. Es que, por el camino elegido por La Rosada, la forma de lograrlo es por medio de un feroz ajuste del que ya tuvimos una muestra con la reformas jubilatoria y tributaria.

En este contexto, diciembre fue el mes elegido para hacer pasar lo que se pudo del Paquetazo, pero también para que los “mercados” pudieran hacer una nueva diferencia.

Es que el tire y afloje que se evidenció como nunca antes hacia adentro del equipo económico del gobierno, dejó claros ganadores y perdedores. Pero atención, no estamos hablando de Nicolás Dujovne o Federico Sturzenegger.

Es que, a caballo de los dibujos que hicieron con el presupuesto y sus correcciones, el juego entre el dólar y la tasa de referencia recalentó la inflación de diciembre en un rango que, sobre todo, se trasladó rápidamente a los artículos de primera necesidad.

Como en un subibaja levantaron las tasas, para volver a ajustarlas levemente a la baja, lo que provocó una escapada hacia el dólar y el siguiente toque que acomodó a las tasas otra vez, permitió que ganen aquellos amigotes a los que les avisaron sobre la maniobra.

En el medio, los de a pie terminaron el año con una inflación en alza y una perspectiva peor a la luz de los nuevos capítulos del tarifazo que se vienen y del impacto que esta jugarreta tuvo sobre el precio de los combustibles que, como se sabe, se traslada rápidamente a los fletes y de ahí a las góndolas.

Mientras tanto, la balanza comercial cerró 2017 con su peor performance en décadas: más de nueve mil millones de dólares de rojo y una tendencia que, incentivada por las propias políticas gubernamentales, se sigue profundizando.

Deuuuuuuuda

Quince mil pesos de intereses de deuda por segundo -y sigue creciendo- es demasiado como para que lo pueda soportar un simple presupuesto.

Por eso es que aparece muy mentirosa la meta inflacionaria corregida del quince por ciento que modificó el ejecutivo, pero además, resulta muy preocupante fundamentalmente para los sectores que presentan mayor vulnerabilidad social, entre ellos los jubilados.

Entonces, aquí es prudente volver a preguntarse quién espera el gobierno que pague el costo de la meta 2020 que se fija. Una pauta la brinda el texto de los diferentes capítulos del Paquetazo, pero otra -y muy elocuente- se advierte al ver quiénes son los ganadores de la primera mitad del Gobierno Cambiemos.

Entre los que pican en punta están las energéticas con las empresas prestadoras de servicio eléctrico a la cabeza, que además de ser de las principales beneficiarias del tarifazo, aumentaron considerablemente su rentabilidad.

Otro tanto ocurre con las petroleras, especialmente la Shell que se benefició con prebendas como la que el Estado le otorgó por medio de Aerolíneas Argentinas, y que recibieron el regalo de la liberalización del precio del combustible y la posibilidad de atarlo a la suba del dólar.

Al agronegocio, después de sacarle las retenciones y avanzar en un esquema de retenciones cero, lo liberaron de la obligación de liquidar las divisas en Argentina, algo que explica -entre otras cosas- porque a veces el precio del dólar parece volverse loco.

Pero también, este mecanismo, se convierte en una formidable invitación a la fuga de divisas, algo que está creando un agujero muy peligroso que, por ahora, el gobierno disimula contrayendo deuda.

Y es aquí donde aparece otro de los grandes jugadores beneficiados por lo que va de Gobierno Cambiemos. El sector financiero tiene mucho que agradecerle a La Rosada ya que, ni bien asumido, Mauricio Macri desreguló la compra y la venta de divisas, dejó en manos del mercado -es decir de la timba financiera- el manejo del tipo de cambio, pero también hizo lo propio con la fuga y la bicicleta.

Así, con la banca y la timba en plena fiesta, no sorprende que el año comience con algunos de los representantes ilustrados del sector más concentrado de la industria exportadora, presionando para que se perpetre otra drástica devaluación. Pero esto no es todo, es desde ese espacio desde donde se reclama con más énfasis que las paritarias tengan un techo del quince por ciento y que se apure la sanción del resto del Paquetazo que, entre otras cosas, les garantice nuevas reglas para la relación entre capital y trabajo y el sistema jubilatorio.

 

 

LOS GOBERNADORES DEL MAURI19.1.2018

La lista blanca

El presidente compartió con sus más cercanos en el Ejecutivo una lista con los nombres de los gobernadores a los que favorecerá. El costo de no estar en ella.

Al parecer, al menos en algunos casos, el crimen paga. Así se desprende de la decisión gubernamental de brindar un “trato preferencial” a los gobernadores de la oposición friendly, que vienen apoyando medidas dispuestas por La Rosada, entre ellas, la reforma jubilatoria.

La determinación que, según se supo, fue exigida por el propio Mauricio Macri, alcanza a una decena de mandatarios provinciales a los que la orden es “atenderles siempre el teléfono”.

Esta decisión de “darles prioridad”, porque “aportan gobernabilidad”, aparece como un premio por lo hecho pero también como un incentivo para lo que se viene de cara a un año en el que el Gobierno Cambiemos tiene por delante el desafío que implica lograr que el resto del Paquetazo se convierta en Ley, en la previa de un año electoral y con el menor costo posible.

La lista que corona el trabajo meticuloso que lleva adelante el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, contempla a algunos de los que sin ningún tipo de pudor ni siquiera esperaron que termine 2015 para saltar –sin escalas- del kirchnerismo al filo-macrismo.

La campeona de este segmento es la fueguina Rosana Bertone que, junto a su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, fueron de los primeros en subirse al avión presidencial para acompañar a Macri.

Pero también están ahí los clásicos representantes de partidos provinciales acostumbrados a acomodar su horma a cualquier zapato: al misionero Hugo Passalacqua, Omar Gutiérrez de Neuquén e incluso al rionegrino Alberto Weretilneck poco se les puede reprochar por haber saltado de la foto con Daniel Scioli al living de Macri, ya que sin una estructura nacional que los cobije, les resulta difícil sobrevivir en esta selva que es el escenario de la política burguesa argentina.

Y entonces aquí llegamos al segmento donde están los personajes más sorprendentes de la lista Juan Manzur quien hasta anteayer fue ministro de Cristina Fernández a quien le deben mucho otros de la nómina como Domingo Peppo, Gustavo Bordet y Lucía Corpacci. Por supuesto, otro que está ahí es Juan Schiaretti que con su cordobesismo, parece que se convirtió en un buen surfer de la política.

Algo más que agua

Así las cosas, queda claro que como decía la frase publicitaria de American Express, pertenecer tiene sus privilegios. Y si no pregúntele a los que no están en la lista.

Uno de los que ya recibió un aviso es el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, territorio en el que Cambiemos perdió por un puñado de votos.

Después de que un año atrás La Rosada le retaceara ayuda vital cuando media provincia se estaba prendiendo fuego (literalmente) por un incendio forestal que duró varias semanas, ahora el presidente intervino en el diferendo entre Mendoza y La Pampa por la construcción de una central hidroeléctrica sobre el Río Colorado.

Y lo hizo en favor de su socio político, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien además es el flamante titular de la UCR. Ante esto, Verna adelantó que va a llevar la cuestión a la Corte Suprema y denunció que “el presidente se ha convertido en juez y parte”.

El emprendimiento en cuestión es el proyecto Portezuelo del Viento, un embalse para la generación de energía impulsada por Mendoza en su límite sur con La Pampa, sobre el que el gobierno pampeano objeta el impacto ambiental que traerá al Río Colorado que podría cambiar su cauce.

Sergio Ibaceta, de la conducción del PC pampeano, cuestionó “la extorsión y el apriete que genera Cambiemos hacia los gobernadores”. “La provincia de La Pampa, al ser una provincia chica y desendeudada, puede tener cierta autonomía política”, explicó después y agregó que ello es así “más allá de que Verna propició que Cambiemos se fortaleciera en una provincia históricamente peronista”.

Historió que después, el gobernador pampeano “se empezó a enfrentar y a mantenerse con un bloque autónomo” y a resultar “incómodo para el gobierno nacional”, por lo que ahora se encuentra en lo que denominó “una lista negra”.

Por otro lado, Ibaceta adujo que el fallo de Macri a favor de Mendoza y en detrimento de La Pampa, se dio “para beneficiar a los grandes capitalistas bodegueros de Mendoza, que cortan río arriba y no dejan que el río Atuel siga su curso”.

Sostuvo que la lucha es “histórica” y “lleva 30 años”. Y puntualizó que la posición de Verna “es muy sentida por los pampeanos”. “El gobierno nacional tomó una postura totalmente parcial a pesar de que la Corte Suprema le dio la razón a La Pampa”, agregó.

Comenzó 201815.1.2018

¡A puro Decretazo!

¿Necesidad y urgencia? El titular del PC sale al cruce del DNU 27/2018 que Macri suscribió por firma electrónica. Un texto largo y a la medida de las exigencias del FMI y la Ocde. El juego de las diez diferencias, a ver si usted acierta.

“El presidente Macri toma para sí las atribuciones del Congreso Nacional”, así se refirió el secretario general del Partido Comunista, Víctor Kot, al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial, que contiene 170 medidas que modifican y derogan cientos de leyes, en áreas de ocho ministerios.

Entre otras cosas, en su contenido más medular, el DNU 27/2018 le otorga al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) flexibilidad suficiente como para que disponga de los ahorros de la Anses.

La excusa es “desburocratizar el Estado”, pero lejos de esto, el megadecreto que a la distancia firmaron Mauricio Macri y los integrantes de su gabinete –casi todos estaban de vacaciones en sitios exclusivos- le apunta a la línea de flotación al FGS, es decir, al dinero de los trabajadores.

Es que habilita al FGS a operar en el mercado financiero y no sólo eso: otorga a la Unidad de Investigación Financiera la facultad de soslayar la competencia judicial de los fiscales, permite los embargos comerciales de la cuenta sueldos de los trabajadores y reduce hasta la ridiculez las multas de infracciones laborales a las empresas.

Estos son sólo algunos de los puntos que, en sí, alcanzan para expresar de manera lapidaria el carácter regresivo del Decretazo que, además y entre otras cosas, tiende a apuntalar el desarrollo de un mercado de capitales a costa del dinero de los trabajadores, en especial, de los jubilados.

En este sentido el Decretazo contacta con el proyecto de Ley de Financiamiento Productivo que ya posee dictamen del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa confeccionada por el Ministerio de Finanzas busca reformar la actual ley de Mercado de Capitales, para lo que habilita mecanismos como los que en EE.UU. y España, fomentaron las condiciones para las crisis financieras de hipotecas subprime en 2008 y 2009.

Pero esta vocación por el fetiche que significa la creación de eso que quienes ocupan La Rosada denominan mercado de capitales, no es para nada nueva.

“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”, recalca el texto del DNU del 11 de enero.

“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional”, señala el decreto 2284/91 que el 31 de octubre de 1991 firmaron Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo para desregular el comercio interior y exterior.

Si usted es aficionado al juego de las diez diferencias, seguro que acertó. En esta caso hay sólo una: ahí donde el menemismo puso “economía popular de mercado”, Cambiemos dice “economía pujante, competitiva y transparente”. Por lo demás, las ideas son las mismas, lo que hace esperar que las consecuencias sean idénticas o peores.

Gallos y media noche

“Entre gallos y media noche, y de espaldas al Congreso Nacional, el decretazo que acaba de firmar el presidente Mauricio Macri, más allá de sus considerandos y resoluciones, avasalla la división de poderes y arrasa con los últimos vestigios de la democracia representativa en la República”, señaló al respecto Kot.

Y, en esta dirección, el titular del PC tomó como propios conceptos del constitucionalista Eduardo Barcesat, quien sin dudarlo hizo hincapié en que “los considerandos invocan necesidad y urgencia, pero no cumplimenta los recaudos de la Constitución Nacional”.

De ahí que, añadió Kot, “sin entrar en el análisis de los 192 artículos del Decretazo, el presidente Macri desconoce al Congreso Nacional y toma para sí las atribuciones legislativas, dictando un úkase (edicto imperial en Rusia), lo que es inadmisible en un Estado de Derecho”.

Por lo que fue contundente cuando puntualizó que “lo que sí es de ‘necesidad y urgencia’ para este gobierno de CEOs de las trasnacionales, es dar cumplimiento a las directivas del FMI que vuelve a monitorear la política y la economía de Argentina, como en los 90, cuando se desmanteló el Estado Nacional”.

En este punto, vale recordar que en sus considerandos, el Decretazo dice que las medidas que alcanza “deben ser tomadas en tiempo oportuno” algo que, destaca, es imposible con el Congreso en receso.

“El transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto”, puntualiza.

Pero pocas cosas son tan mentirosas como este postulado. La misma firma electrónica que utilizó Macri para el Decretazo, pudo ser usada para convocar a extraordinarias, algo que hoy, el mismo día que el presidente retornó de sus prolongadas vacaciones, aún no hizo.

Así las cosas, a la hora de despejar el terreno de basura informativa, se advierte que –medularmente- el Decretazo se parece mucho a las “recomendaciones” que hiciera el FMI, en noviembre de 2016.

Pero también está en sintonía con la obsesiva pretensión de los ocupantes de La Rosada de que Argentina ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), por lo que busca colocarse en sintonía con las exigencias de ese organismo internacional.

Esa obsesión por la Ocde15.1.18

Un gobierno de ricos, al club de los países ricos

Como un oráculo inverso y al igual que su primo hermano, el FMI, este organismo no acierta una sola de sus predicciones, pero igual tiene quien lo escuche ¿Por qué será?

¿Será tan importante esto de entrar a la Ocde como para que, en ese camino, se justifique el Decretazo que Mauricio Macri firmó la semana pasada? ¿Pero qué es esto de la Ocde?

Desde el señorial château de la Muette, ubicado en las afueras de Paris, actúa este organismo supranacional que se autocalifica como de “cooperación”, está integrado por 35 Estados que juntos representan poco más del sesenta por ciento del mercado mundial el setenta del PNB global.

También de acuerdo su propia autodefinición, se ocupa de armonizar políticas entre sus Estados miembros y hacia otros que no lo son, para maximizar el crecimiento económico y colaborar con el desarrollo mundial. Hasta aquí todo parece salido de una película de Heidi, pero la realidad es más oscura.

Porque lo cierto es que, tal como su primo hermano el FMI, la tarea fundamental de la Ocde es formular “recomendaciones”, un eufemismo que esconde toda una batería de medidas y recursos de presión, puestos al servicio de la transferencia de riqueza desde la periferia capitalista hacia las economías centrales.

Por eso no puede nadie sorprenderse cuando, tal como el FMI, la Ocdce aparece recurrentemente -y como salida de la nada- en nuestra región, de la mano de gobiernos permeables a este tipo de sugerencias o bien, de la que aquellos que por su propia condición de clase están decididamente alineados con este tipo de cosmovisiones.

Los decálogos de estos organismos son coincidentes: ajuste e intervención de sus especialistas para la confección de lo que denominan “reformas” que impactan sobre los sistemas públicos y universales de salud, educación y pensiones que, de esta manera, dejan de ser públicos y universales.

Lo que se busca de esta forma es favorecer de manera acelerada una transferencia de riqueza desde el universo del trabajo hacia el del capital y, dentro de él, más específicamente, el capital financiero.

Por eso es que el amplio abanico de esta “reformas” alcanza también a la relación entre capital y trabajo, así como otras esferas que afectan drásticamente la vida cotidiana de los trabajadores y el pueblo, ya que cercenan derechos laborales, sociales, ciudadanos y humanos.

Todo esto cuidando las formas establecidas dentro de los límites del Estado Liberal Burgués, lo que busca dotar a estas reformas absolutamente regresivas de la legalidad –y legitimidad- que necesitan para volverse permanentes.

Como se puede advertir, el “cambio cultural” que propone como horizonte casi espiritual el Gobierno Cambiemos, comienza exhibir su verdadero rostro.

Verdaderas intenciones

Pero a la hora de revelar las verdaderas intenciones de estos organismos, nada mejor que revisar los resultados de las predicciones que, como el Oráculo de Delfos, sus equipos de economistas brindan cada año en extensos y puntillosos informes.

Y si para muestra alcanza con un botón, revisemos algunos. El informe de Perspectivas Económicas de septiembre de 2007 confeccionado por la Ocde, aseveró que su “pronóstico central” para la situación económica que se venía era “bastante benigno”, algo en lo que sintonizó con el del FMI que recalcaba -a mediados de ese año- que no había “razones para preocuparse por la economía mundial”.

No hace falta recordar que, pocos meses después, el estallido de la crisis de las subprime se llevó puestos los ahorros y sueños de una buena parte de los trabajadores estadounidenses y que sus coletazos todavía persisten.

Eso sí, algunos que estaban avisados de lo que se venía aprovecharon para hacer buenos negocios. Entre ellos el titular del FMI, el español Rodrigo Rato, que mientras afirmaba que la economía mundial mantendría “su buena marcha”, participaba de la festichola que, con el estallido subprime español, dejó en la calle a decenas de miles de trabajadores corridos por el desalojo.

Pero esto no es todo, a caballo de esta crisis autoinflingida, la connivencia entre el PP y el Psoe inauguró para España un proceso de destrucción del Estado de bienestar signado por una feroz transferencia de riqueza, desde el universo del trabajo hacia el del capital.

Cualquiera que repase las “recomendaciones” del FMI y la Ocde -entre otros organismos supranacionales- a España y las medidas adoptadas, fundamentalmente por el Gobierno Rajoy, va a encontrar una asombrosa similitud con las que ahora estos mismos organismos le hace a un gobierno que, como el argentino, se exhibe sumamente permeable a aceptarlas.

Los argumentos son siempre casi idénticos: los sistemas públicos y universales de salud, pensiones y educación no son sustentables tal como están y, por eso, es preciso incorporar el capital privado que, queda claro, destruye su carácter público y universal.

De esto va la Ocde y la ansiedad del Gobierno Macri por obedecer sus “sugerencias”, lo que permitiría que Argentina pase de ser candidato a miembro de este organismo que, en la jerga de las relaciones internacionales se denomina, algo socarronamente, como el “Club de los países Ricos”.

Importación de bienes15.1.18

Licencias sin control

Apyme advirtió que con el Decretazo se liberan, todavía más las importaciones, algo letal para la industria nacional, en especial para el sector Pymes.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) hizo pública su “gran preocupación” por la eliminación de más de trescientas posiciones arancelarias del sistema de control de Licencias No Automáticas para la importación de bienes.

La decisión fue anunciada por la Secretaría de Comercio y adoptada en el contexto del DNU 27/2018, emitido por el Gobierno Nacional bajo pretexto de la “desburocratización” y “simplificación” del Estado que, recalca Apyme, “al atentar contra la división de poderes resulta de dudosa constitucionalidad”.

En este sentido, la entidad que agrupa a pequeños y medianos empresarios, hace hincapié en que, “en el marco de una verdadera invasión de productos importados que está afectando a muchos rubros de la industria nacional y las economías regionales, se avanza hacia la total eliminación de este tipo de controles para reemplazarlos por sistemas más laxos, en línea con exigencias de la Ocde y de la OMC”.

Asimismo, por medio de una declaración que firman su presidente, Eduardo Fernández, y el secretario Juan José Sisca, recuerda que el rojo de la balanza comercial que asciende a ocho mil millones de dólares en 2017, “habla claramente de qué debe esperarse de la profundización de estas políticas”, lo que “significa menos trabajo para más empresas nacionales de rubros sensibles, que deben cerrar sus puertas o expulsar mano de obra”.

Caída libre

También destaca que, “tal como sucede en los últimos dos años, “la caída de la demanda interna generada por el mayor desempleo y la política de salarios a la baja se refleja de modo directo en la disminución del poder adquisitivo de la población”.

Y es contundente al resaltar que con esto caen las ventas de las Pymes, “de las cuales más del noventa por ciento dependen sólo del mercado interno”.

Apyme puntualiza que el Decretazo “ratifica un proyecto con eje central en la liberalización comercial, la desregulación financiera y la flexibilización laboral”, lo que implica “mayores ventajas para grandes grupos económicos, multinacionales y la especulación en detrimento de las Pymes, la industria y el trabajo local”.

Por lo que insta al gobierno nacional a “reconsiderar estas medidas que de ningún modo pueden favorecer a las Pymes”, al tiempo que convoca a “todos los sectores a pronunciarse contra este decreto que afecta el trabajo y los derechos de millones de argentinos y a defender políticas activas que posibiliten el desarrollo con equidad social”.

 

No por tanto repetir se dice la verdad12.12.2017

Hora de seguir destruyendo mitos

¿Será verdad que vale la pena hacer el esfuerzo que nos pide el gobierno? ¿Un escenario donde la evolución salarial se desvincula, cada vez con más, de las mejoras que se registran en la productividad?

El techo salarial y flexibilización laboral son herramientas útiles para evitar la inflación. Este es un precepto clave para el pensamiento neoliberal al que echa mano el Gobierno Macri y que, durante los días que corren, las propaladoras massmediáticas de gobierno se encargan de repetir como verdad canónica y hasta el hartazgo ¿Pero será así la cosa?

Lo que dicen es que el control de los salarios impide el incremento de masa monetaria circulante y, por lo tanto, el de la inflación.

En esta línea de razonamiento, la contracara de la moneda sería la deflación que disminuye drásticamente la masa de dinero en circulación lo que arrastraría también a las tasas de interés, así como a la actividad económica en general, ya que no queda dinero para comprar ni vender. Esto trae aparejado pérdida de puestos de trabajo y significa un golpe letal para la economía.

Estos dos escenarios, es decir incremento de la inflación seguido por un crack y el consiguiente momento de deflación, atraviesan prácticamente toda la historia del capitalismo.

Y, en todos los casos, quien gana es el que posee dinero –esto es la clase propietaria- que puede acumular en un escenario inflacionario y aguantar en una economía rota, es decir, en medio de una deflación ¿Recuerdan 2001 y 2002?

Así las cosas, en entorno deflacionario es mortal para sectores como el pyme que -pese su eficiencia- necesita del mercado interno para vender sus productos. Y con este jugador herido o afuera de la cancha, los que quedan son aquellos que tienen dinero y capacidad para concentrar la producción y la oferta que, así, queda concentrada en menos manos.

Esta concentración favorece que el mercado quede en manos oligopólicas y monopólicas, lo que le otorga el poder casi absoluto para establecer precios y condiciones en toda la cadena de valor.

Justificación empírica

Como se ve, no existe ninguna justificación empíricamente comprobable capaz de demostrar que -a la corta o a la larga- medidas como las contempladas en el capítulo laboral del Paquetazo puedan traer beneficios para las mayorías. Dicho esto, vale destacar como cada aspecto del paquetazo está concatenado a los otros, para configurar un marco legal capaz de garantizar la transferencia regresiva de riqueza y consolidarla en un modelo social mucho más desigual que el actual.

En este sentido, dos aspectos clave aparecen en la dispersión salarial que propicia la flexibilización, pero también en el escenario que plantea una fiscalidad diseñada para provocar desigualdad.

Y aquí es donde se cae otro de los mitos canónicos del diseño que se expande a escala global y que, en Argentina, intenta imponer el Gobierno Macri. Es que el crecimiento de la economía, otro de los argumentos que explicaría la pertinencia del “esfuerzo” que significa todo lo que incluye el Paquetazo no trae, necesariamente, mayor bienestar para los pueblos.

Durante el último cuarto de siglo se duplicó la renta a escala planetaria, pero fueron quienes integran el decil más rico los que se quedaron con la mitad de este incremento. En la contracara, la mitad más pobre de la población mundial obtuvo sólo el diez por ciento de las nuevas rentas generadas.

Así las cosas, también a nivel global la productividad aumentó casi un veinte por ciento, pero los salarios reales crecieron alrededor del seis, lo que quiere decir que la evolución salarial se desvincula, cada vez con más, de las mejoras que se registran en la productividad, algo que destruye el mito que vincula dinamismo económico y desarrollo.

Paquetazo y techo salarial12.12.2017

El trabajo como variable de ajuste

Distintas fuente coinciden en que, durante 2017, la inflación volvió a ganarle al salario, algo que –según espera el ejecutivo- se debería repetir en 2018.

Un reciente informe de la consultora Manpower, revela que aún ante la perspectiva de que el Paquetazo -que incluye la reforma laboral- sea aprobado, durante 2018 no se va a revertir la tendencia negativa registrada durante los dos primeros años del Gobierno Macri en lo que hace a la generación de empleo.

La Encuesta de Expectativas de Empleo, un relevamiento que esta consultora hace en base a 801 empresas, señala que sólo el trece por ciento prevé sumar personal durante el trimestre inicial del año venidero, al tiempo que el cuatro señala que va a disminuir su plantel y el resto no espera hacer modificaciones.

De los diez países encuestados en América, el único que no presenta perspectivas positivas es Argentina y fuera de la región países como Japón, Noruega, Rumania Australia y Polonia, mientras que con expectativas moderadas aparecen la República Popular China, India y Brasil.

Este dato resulta interesante en la antesala del tratamiento parlamentario que, en extraordinarias el 19 y 20 de diciembre, el ejecutivo pretende que convierta en Ley al núcleo más duro del Paquetazo que contempla las reformas del Sistema Tributario, el Pacto Fiscal que suscribieron el 16 de noviembre el ejecutivo nacional y los gobernadores con excepción del Alberto Rodríguez Saá, así como el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, y las reformas Previsional y Laboral.

En este contexto, La Rosada ya a anticipó que espera imponer, para 2018, un techo salarial que no exceda el doce por ciento, ya que anuncia una inflación del diez ¿Pero se le puede creer a esta estimación?

De acuerdo al presupuesto que confeccionó el ejecutivo para este año, que fuera aprobado con el voto de legisladores peronistas y del Frente Renovador, la pauta inflacionaria sería menor al 17 por ciento. Pero ya en diciembre ni siquiera las propaladoras más cercanas al gobierno creen en esa estimación.

Para corroborarlo, sólo alcanza con revisar el último informe del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT (ODE), que dice que la con inflación de noviembre -que alcanzó el 2,18 por ciento- el incremento de precios anualizado ya es de casi 26 por ciento y todavía falta diciembre, un mes donde las fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones le añaden peso a la inflación.

Y en este sentido, si para muestra basta con un botón –o con un arbolito- vale citar que según un informe publicado esta semana por el observatorio de políticas públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), la suba promedio de los productos navideños es casi un 29 por ciento en el caso de la canasta más modesta y del 41 en aquella que habitualmente consumen los sectores medios.

Pero esto no es todo, dentro de algunos productos la cosa pasa de castaño oscuro: para los budines el aumento supera el 24 por ciento, en el caso del pan dulce está por arriba del 31 y en el de las sidras se ubica en casi un 41, porcentaje que supera cuando se habla de confituras.

Todo esto, según destaca la Undav, en un contexto donde el arrastre de los dos últimos años es terrible, ya que los productos de consumo navideño se incrementaron en un rango que va del 87,4 al 96 por ciento.

Pobres e indigentes

Así las cosas, la inflación que según el ODE va a estar en el orden del 26 por ciento, supera en dos puntos al 24 que se impuso como techo salarial para los trabajadores en relación de dependencia durante 2016, año en el que la mayoría de gremios firmaron muy por debajo de ese porcentaje.

¿Dónde queda entonces la recomposición salarial si para 2018 desde el ejecutivo ya se anticipa que el techo va a volver a estar bastante por debajo de la inflación?

Este trabajo también da cuenta de que, en noviembre, para no ser indigente, un adulto necesitó contar con un ingreso mensual de 2.325,15 pesos, en tanto que no caer por debajo de la línea de pobreza, debió tener ingresos no menores a 5.376,13 pesos.

Es con este telón de fondo que desde la Universidad Católica Argentina (UCA), el Gobierno Macri volvió a recibir fuego amigo. Un informe de la UCA que acaba de ser difundido enciende luces de alarma: lejos de morigerarse, desde diciembre de 2015 la pobreza y la indigencia crecen en Argentina.

Los datos son elocuentes, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 31,4 por ciento de los argentinos viven en situación de pobreza, al tiempo que casi el seis por ciento sobrevive en la indigencia. Esto quiere decir que 13,5 millones de personas son pobres y 2,5 indigentes, de ellos, casi la mitad son niños menores de catorce años.

Y esta situación se agudiza, todavía más en el conurbano bonaerense donde el 27,8 por ciento de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza y casi el ocho en situación de indigencia.

Otra mentira y van...12.12.2017

Aguinaldo y ganancias

Hecha la Ley, hecha la trampa, una norma que dejó pliegues como para seguir cobrándole a los que menos tienen.

Aunque la Afip avisó que el impuesto se fue prorrateando a lo largo del año, el medio aguinaldo de este mes va a sufrir la retención del impuesto a las Ganancias y, de esta manera, volverá a implementarse una práctica que fue sumamente cuestionada hasta 201, incluso por muchos de los que entonces estaban en la oposición y ahora forman parte del gobierno.

Vale recordar que la Ley 27.346 que comenzó a aplicarse durante este año, establece un prorrateo equivalente al 8,33 por ciento del salario que se toma como pago a cuenta de lo que el trabajador debería cobrar en diciembre.

Por medio de este mecanismo, se pretendía evitar que el pago del medio aguinaldo lleve al ingreso del empleado a una categoría superior a la que en realidad posee, por lo que sufriría un gravamen equivalente al mismo monto del sueldo anual complementario.

Pero hecha la ley hecha la trampa. Esta norma deja entre sus pliegues resquicios para que casi todos los trabajadores que fueron alcanzados por el impuesto, se vean obligados a tributar el medio aguinaldo.

Uno de ellos se presenta en el caso de los trabajadores que hayan recibido algún aumento de sueldo durante el semestre, ya que como el aguinaldo se calcula como la mitad de la mayor remuneración del período, serían pasibles de una deducción de Ganancias superior a la proporción del 8,33 por ciento del último ingreso.

Otro caso es el del pluriempleo, es decir, aquellos que añadieran una ocupación principal adicional que, durante el año generara ingresos extra, pero también en el de los que problemas de instrumentación del nuevo sistema el agregado mensual del 8,33 del salario para determinar el saldo a retener de Ganancias, no se haya aplicado en los meses previos, por lo que se va a añadir en diciembre.

Ante este panorama que con claridad desenmascara otra promesa incumplida, desde La Rosada deslizaron que es posible que durante 2018 se eleve el mínimo no imponible en un 29 por ciento. Pero por ahora, habrá que pagar y esperar.

 

Impuestazo a la economía solidaria08.12.2017

Van por las cooperativas

Por su naturaleza jurídica las cooperativas no deben pagar Ganancias, pues no las tienen. A pesar de ello, según se desprende de la reforma tributaria que espera su sanción en la cámara baja, el gobierno busca gravar con este impuesto a las asociaciones cooperativas del sector financiero. Puerta abierta para avanzar sobre el resto de las cooperativas de la economía

La segunda etapa del plan de ajuste, entrega y represión de la derecha claramente plasmado en el paquetazo de reformas que el Ejecutivo presentó en el Congreso no sólo favorece a la banca privada y las grandes empresas sino que también afecta a las cooperativas que desempeñan su actividad solidaria en el sector financiero.

Así se desprende de dos artículos –el 23 y 24- del proyecto de reforma tributaria con media sanción en Senadores y que espera tratamiento y aprobación en la Cámara Baja en el contexto de la convocatoria a sesiones extraordinarias que realizará Macri en las próximas horas.

Según el texto, la forma que encontró el gabinete económico para gravar la actividad de las cooperativas de ahorros, créditos y seguros es la de cobrarles el impuesto a las ganancias desconociendo el artículo 20 –incisos d y g- de la ley que la reglamenta. En estos dos puntos, la ley afirma que el impuesto a las ganancias no podrá aplicarse a las sociedades cooperativas.

Para ello el gobierno establece en el artículo 23 y 24 de la reforma tributaria que la exención impositiva no regirá para los excedentes que provengan de actividades de ahorro, seguros y crédito por lo que ahora las cooperativas y mutuales del sector pasarán a pagar un tributo del que estaban exentas por el carácter social de su actividad.

De esta forma el gobierno iguala las condiciones entre las asociaciones que desarrollan su actividad en el marco de la economía social y bajo lógicas solidarias con las de las empresas privadas con afán de lucro.

La jugada no es sorpresiva. Someter a las mismas obligaciones a cooperativas y empresas privadas en el marco de un diseño económico-social hecho a medida de estas últimas perjudica a todos aquellos sectores que ofrecen productos y servicios bajo modelos distintos a los hegemónicos.

Cambio cultural

El rediseño económico-social encarado por el bloque de poder real en la Argentina exige transformaciones en el ámbito económico pero también -y como extensión de estos-en la arena cultural.

En ese sentido el gobierno no da puntada sin hilo. Es que el mismo día en que el Juez Claudio Bonadio dictaba la prisión preventiva –práctica extendida en esta época y asimilable a los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo en el período 1976-1983- contra Zannini, Timerman, Delia, Esteche y Cristina Kirchner –que como es Senadora pidió a la cámara alta su desafuero- , el presidente Macri inauguraba en el interior de la Quinta de Olivos el “Paseo de la República” como expresión del “cambio cultural que hemos emprendido”.

Esta transformación cultural a la que refiere Macri es condición sine qua non para que el bloque de poder real pueda realizar la profunda cirugía que tanto ansía sobre la estructura económico-social del país.

Para que ello sea posible es menester –desde la perspectiva de los grupos económicos- avanzar en una serie de medidas que consolide el perfil liberal burgués del Estado nacional que, por definición, se contrapone el Estado semi-keynessiano ensayado por el kirchnerismo durante los 12 años previos.

Ese es el objetivo principal del paquetazo que el Ejecutivo consensuó con sus principales aliados –agroexportadores, la banca privada, supermercados entre otros- y que negoció con los gobernadores bajo la amenaza de condicionar las cuentas públicas de las administraciones regionales.

La reforma laboral, previsional y tributaria así como el “pacto fiscal” con las provincias son partituras tocadas por una orquesta que comenzó a sonar en diciembre de 2015 y que tiene ya, entre sus principales obras, ejecuciones tales como la quita de retenciones a la exportación de granos, el endeudamiento externo masivo, la tasa de interés de bonos en pesos por encima del 30 por ciento anual y la alianza estratégica con Brasil para celebrar un tratado de libre comercio con la Unión Europea.

El paquetazo de “reformas permanentes” –así las bautizó el propio presidente- afecta a toda la estructura económico-social del país ya que apunta a efectuar y consolidar un rediseño del país bajo lógicas neoliberales que habían sido domesticadas y anuladas en el ciclo anterior.

Hasta el momento el gobierno viene implementando estos profundos cambios en materia económica con represión pero también con consenso. Gramsci ya había advertido en las décadas del 20 y el 30 que estás son dos caras de una misma moneda con la que las clases dominantes pagan su posición dentro del bloque histórico que las erige como tales.

Ahora bien, si los niveles de consenso dan cuenta de la capacidad hegemónica de las clases dominantes y el despliegue de la fuerza –represión y persecuciones a opositores- hace referencia a la capacidad de resistencia de los oprimidos, se puede afirmar sin temor a equivocarse que en la actualidad la buena salud del rediseño económico-social que práctica el gobierno depende, en el corto plazo, del éxito en la implementación de esta batería de reformas que tienen el objetivo de plasmar en texto y ley las transformaciones que los grupos económicos vienen imponiendo de hecho.

Esto se evidencia, tal como lo denunciara ayer el PC en un comunicado, en la “cacería política sin precedentes en la democracia Argentina” desatada ayer contra dirigentes políticos de la oposición pero también en la urgencia por parte del Ejecutivo de llamar a sesiones extraordinarias para sancionar allí la mayor cantidad de reformas posibles.

La solidaridad no tiene lugar

Para que la imposición de esta nueva matriz social sea exitosa el bloque de poder dominante necesita que se efectúe un profundo cambio cultural en el seno de la sociedad. Esto es coherente con un modelo económico-social en el que lo especulativo prime por sobre lo productivo, lo rentable por sobre lo solidario y lo privado por sobre lo público.

Por ello no hay equívocos en el texto y la letra de cada una de las reformas que el gabinete redactó para que el Congreso, bajo la lógica de la escribanía, avale las intenciones del Ejecutivo.

En ese caso, el artículo de la reforma tributaria que grava con el impuesto a las Ganancias a las empresas de tipo solidaria en el sector financiero resulta aleccionador: las cooperativas deberán ajustarse al esquema de la lógica del lucro, lo que en esencia, implica dañar el fundamento mismo de su razón social.

Al igual que sucede con el salario del trabajador –que no es ganancia sobre un capital invertido sino el precio de la fuerza de trabajo que el capitalista paga-, las empresas cooperativas no generan ganancias o dividendos sino excedentes que son repartidos entre los socios –que también son usuarios- según los servicios utilizados y nunca sobre un capital invertido.

La economía social y solidaria posee lógicas muy distintas a la actividad privada con fin de lucro. El crecimiento de este tipo de organización económica durante los años del kirchnerismo dejó casi 30 mil cooperativas en todo el país, estadística que sin duda molesta a la administración cambiemita.

Estos cambios que afectan a las empresas solidarias del sector financiero se condice con el desfinanciamiento y ataque que el gobierno efectúa, desde que asumió, sobre las fábricas recuperadas. Se sabe que en momentos de deslocalización, fuga de capitales y caída de la inversión productiva, la economía social adquiere relevancia como solución alternativa al problema del empleo y la gestión empresarial.

Por ello no es descabellado ni resulta caprichoso afirmar que los artículo 23 y 24 de la reforma tributaria son la punta de lanza del gobierno para avanzar contra todo el sector cooperativo y solidario del país.

Esta avanzada se justifica tanto por los cambios de orden económico como cultural. Si no es admisible que las cooperativas quiten clientes a empresas privadas, menos lo es permitir la existencia de modelos de gestión alternativos al afán del lucro desmedido en un contexto donde se estimula, como nunca antes, la bicicleta financiera y la inversión especulativa.

El bloque de poder dominante no da puntada sin hilo. Con los artículos 23 y 24 el gabinete busca cruzar una primera trinchera que tiene como objetivo principal desterrar cualquier semilla de organización económica que erosione la voracidad de las elites neoliberales.

Más bicicleta, más especulación08.12.2017

Una bomba de tiempo

Gracias a la política de endeudamiento masivo que ensaya el gobierno nacional, los bancos aumentan sus ganancias a caballo de créditos UVA y baja tasa de interés sobre los depósitos ¿La clave? La desregulación del sector financiero y la esperada reforma del mercado de capitales vía paquetazo

El sistema financiero en Argentina se está convirtiendo a paso acelerado en una verdadera bomba de tiempo para toda la sociedad. Según informó el Banco Central (Bcra), en el último año los créditos UVA crecieron un 91 por ciento mientras que los depósitos de ahorristas se mantienen estancados, con un incremento apenas superior a los 20 puntos.

¿Qué quiere decir esto? Qué la economía nacional se vuelve cada vez más sensible a cualquier cimbronazo en el sistema financiero internacional, al tiempo que la población se endeuda con créditos que serán impagables y los bancos obtienen ganancias exorbitantes de forma inmediata.

La desregulación del mercado financiero y de capitales que se viene operando de hecho desde diciembre de 2015 a esta parte es la clave que permite que este modelo se propague vertiginosamente.

A la espera de que los diputados aprueben la “Ley de financiamiento productivo” para las Pymes que incluye una reforma del mercado de capitales, los bancos establecen tasas de interés a sus anchas sin ningún tipo de restricción, lo que se plasma luego en las estadísticas difundidas por la máxima autoridad monetaria del país.

Así las cosas –y en gran parte gracias a los créditos UVA- los bancos cobran tasas altísimas para prestar dinero mientras que pagan intereses bajísimos a los ahorristas que deciden abrir plazos fijos y cuentas corrientes.

Si los dividendos de la banca se explican fácilmente por la ecuación intereses cobrados por el dinero prestado menos intereses pagados por el dinero depositado se entiende rápidamente el negocio redondo que estos están haciendo con el actual modelo económico.

Según el Bcra, “el financiamiento del UVA sigue ganando participación sobre el total de préstamos a personas físicas” ya que “desde el lanzamiento de este instrumento se entregaron unos 44.800 millones de pesos en créditos indexados por inflación”.

A su tiempo, el crecimiento de depósitos no aumentaron, en ninguno de los casos, por encima del 22 por ciento, ya sea en cuenta corriente, plazos fijos o cajas de ahorro, lo que da cuenta de un claro estancamiento en este ítem.

En otras palabras, con el gobierno de Cambiemos ha crecido la cantidad de personas físicas que le deben a los bancos. A su vez, estas justifican una parte importante de los dividendos que las entidades obtienen gracias a las altas tasas de interés al tiempo que pagan cada vez menos por el dinero que la sociedad les deposita en sus cuentas para que estos lo hagan circular.

Tiempo de deuda

A este escenario milimétricamente preparado para que los bancos hagan sus negocios hay que agregarle la timba financiera con tasas en Lebacs que superan, según el plazo, el 30 por ciento anual y la inmensa cantidad de dólares que ingresan –hasta que el grifo se cierre- al país vía endeudamiento externo para financiar la fuga de capitales y el círculo vicioso de dólar-pesos-Lebacs-dólar con el que se encuentran haciendo negocios los fondos de inversión que, cuando el país entre en default, no duraran en hacer valer sus títulos adquiridos.

En esta semana corta que pasó el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo anunció que colocará Letes por 40 mil millones de pesos y 1.700 millones de dólares.

A este ritmo la política de endeudamiento del gobierno nacional busca romper todos los récords. La deuda total en moneda extranjera, según datos del Observatorio de la Deuda de la UMET, desde la asunción de Cambiemos y hasta mediados de noviembre de 2017, fue de 87.880 millones de dólares, lo cual equivale al 15,7 por ciento del PIB.

En relación al PIB, pasó de representar el 27,5 por ciento a fines de 2015 a alcanzar el 43,2 por ciento en la actualidad. Un rasgo relevante es que, el sector público ha generado el 89 por ciento del nuevo endeudamiento y sólo un 11 por ciento correspondió al sector privado, según el referido observatorio.

En materia de Lebac, el Bcra detalló en su informe de noviembre que el stock es de 1147 mil millones de pesos. De ese total, 344 mil millones de pesos se encuentran bajo posesión de los bancos. Los títulos restantes están bajo propiedad de inversores y fondos privados que desembarcan en el país para hacer sus negocios. Motivos no les faltan: Argentina tiene la tasa de interés local más alta del denominado mundo emergente. Negocio redondo para la especulación y una bomba de tiempo para toda la sociedad.

 

Rediseño tarifario08.12.2017

Gas y transporte recargado

A los aumentos ya concretados en las tarifas de agua, luz y gas se le suma un recargo en estas últimas que impactará en el bolsillo de los usuarios. Además, se espera una fuerte suba del transporte para 2018 ¿El factor común? La quita de subsidios

Las malas noticias para los usuario de los servicios públicos no se detienen: a los nuevos tarifazos de agua, luz y gas concretados el primero de diciembre se le suman la quita de subsidios al Fondo Fiduciario del gas que redundará en aumentos de hasta el 2000 por ciento en los aportes que los consumidores hacían al mismo y un rediseño en las tarifas del transporte público.

El Ministerio de Energía y Minería que encabeza Juan José Aranguren, acorde a la política económica del gobierno, decidió transferir el subsidio que el Estado otorgaba a los usuarios de las zonas más frías del país a las facturas que abonan los habitantes de la zona metropolitana del país.

La medida fue publicada ayer jueves en el Boletín Oficial y había sido anticipada en las audiencias públicas que el gobierno realizó durante el mes de noviembre. Lo que no se sabía era como impactaría la decisión de Aranguren en el bolsillo de los trabajadores.

Ahora con esta transferencia que el Estado opera contra los usuarios, el recargo pasará desde los 84 centavos a 18 pesos por un gasto de 211 metros cúbicos, y de 1,59 a 34,12 pesos por 399 metros cúbicos.

De la medida publicada en el Boletín Oficial se desprende también que los usuarios pasaran de pagar 104 a 170 pesos en concepto de “cargos fijos” por el Fondo Fiduciario.

Esta decisión se da a conocer una semana después de que el gobierno autorizara incrementos en las tarifas de luz y gas, donde las subas más fuertes las sufrieron los usuarios de Edenor y Edesur.

Como si no fuera poco pero coherente con el esquema tarifario perfilado por el gabinete económico desde que asumió, el gobierno tiene decidido quitar los subsidios al transporte público, decisión que redundará en un aumento anual de 6 pesos a razón de 50 centavos por mes. Así las cosas, el mínimo de colectivo en el Gran Buenos Aires pasará de los 6 a los 12 pesos, es decir, un aumento del 100 por ciento.

¡Buenas noticias, llegaron los brotes verdes!06.12.2017

Lástima que son de arbolitos...

Cada vez más libertad...para la timba. Que a nadie le falte su dólar ¿Que buscan con todo esto?

La semana pasada, el Banco Central autorizó que las agencias y casas de cambio lleven a cabo sus operaciones de compra y venta de divisas en la vía pública y por medio de promotores, lo que sin eufemismos no es otra cosa que autorizar la actividad de los arbolitos.

Pero esto no es todo. Como para favorecer más aún a la timba, el Central también adoptó normas que facilitan el proceso de autorización de casas y agencias de cambio que, ahora, se va a poder hacer con escasos requisitos y online. Así, tras un click, cualquiera -o casi- va a poder iniciar su actividad en este lucrativo rubro.

A la hora de explicar los motivos de la decisión, el Central señaló que busca “facilitar el acceso de turistas y del público en general a operaciones legales de cambio”, tras lo que –en un comunicado oficial- lamentó este tipo de actividad está “muy subdesarrollada en la Argentina, en comparación -por ejemplo- con Perú (1.242 personas físicas cambistas, 1.045 casas de cambio) o Colombia (1.436 profesionales de cambio)”.

Perú y Colombia son, junto con Brasil y Chile, los países de la región que poseen mercados de capitales más voluminosos en relación a sus respectivas economías y a menudo se los presenta como modelo a seguir. Pero también están entre las economías más desiguales de la región que, de acuerdo al Índice de Gini es la más desigual del planeta, después de la subsahariana.

¿De qué hablamos?

Hablar de capitalismo es hablar de capital que, fundamentalmente, es una forma de relacionarse socialmente. Pero también es un sistema histórico, siempre amenazado por sus propias contradicciones internas, que consigue sobrevivir porque es capaz de rediseñarse, mutar y volver a equilibrarse.

La expansión que alcance la explotación en cada momento y sociedad, está vinculada –entre otras cosas- a la pertinencia que pueda tener un determinado régimen de acumulación, pero también a capacidad de integrar y fidelizar a las clases subalternas a un determinado orden social.

En este proceso de legitimación, la construcción de un imaginario en el que el fetiche por excelencia de la financierización, el dólar, aparezca como un objeto de deseo al alcance de la mano, es clave.

Así las cosas, al tiempo que desde las propaladoras massmediáticas se machaca con esto de que la libertad se convirtió en un concepto que se explica sólo a través de las relaciones de mercado, cualquier hijo de vecino va a poder, libremente, adquirir su billete verde, sin cepo y a un arbolito.

Mientras tanto, a caballo de una política monetaria y fiscal sustentada en la desorbitada toma de deuda externa, el país se convirtió en un campo orégano para la timba financiera.

Pero esto no sólo implica una feroz transferencia regresiva de riqueza. Es que con la financierización de la economía se dispara un proceso de mutación del capital productivo en capital financiero, lo que apunta también a la destrucción del espacio de resistencia de la clase trabajadora.

Así, lo que se pretende es atacar al proletariado y reemplazarlo por un sujeto social lábil, el precariado. Y, por sobre todo, cumplir con el objetivo estratégico que se propone: dinamitar la lucha de clases.

¿A que no sabes quién vino a cenar?06.12.2017

El robo y el Botín

¿Vidas paralelas? Resulta que el Paquetazo no era un invento argentino ¿A qué habrá venido a Argentina una de las principales jugadoras de peso del mercado financiero global?

Ayer, Santander Río lanzó su nueva línea de crédito para grandes y pequeñas empresas bajo la modalidad UVA y, así, pasó a ser el primer banco privado que ofrece este tipo de servicios al sector productivo.

De acuerdo al anuncio, los créditos se destinan a la financiación de proyectos de inversión, capital de trabajo y adquisición de bienes de capital a una tasa que de nueve por ciento que se puede financiar, hasta sesenta meses, bajo la modalidad de amortización del sistema francés.

La noticia suena a brote verde ¿pero será tan así la cosa?

Desde que dos semanas atrás Diputados le diera vía libre, la iniciativa que busca reformar la Ley de Mercado de Capitales, está trabada en un Senado en el que todo parece ser negociable. Por eso no sorprende que se haya dejado trascender que el presidente, Mauricio Macri, incluirá la iniciativa para que se trate en sesiones extraordinarias.

En La Rosada confían en que, con la nueva composición de la cámara alta, la norma se convertiría en Ley antes de fin de año. Y, en este escenario, Macri podría reglamentarla durante el trimestre inicial de 2018.

¿Pero por qué tanto apuro? La iniciativa se publicita con el argumento del presunto beneficio que traería al sector pyme, pero lo en sustancial persigue favorecer la generación de un espacio libre de trabas a un formidable negocio financiero.

Esto se revela en uno de sus puntos clave que, si prospera el proyecto, viabilizará que grandes inversores privados adquieran –como instrumento financiero- créditos para la vivienda que se entregan por medio de bancos.

Es prudente destacar que la utilización de letras hipotecarias de esta manera, no representa un mecanismo novedoso. Experiencias de este tipo ya se desarrollaron en otros países, entre ellos EE.UU. y España, donde normas casi similares crearon las condiciones que provocaron las crisis financieras de hipotecas subprime en 2008 y 2009.

Pero esto no es todo. En su texto, el proyecto del ejecutivo anula el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales, que es aquel que le permite a la Comisión Nacional de Valores (CNV), supervisar y ejercer control sobre el mercado de valores, esto es, sobre las firmas cotizantes.

Si avanza la nueva norma, la CNV no va a poder remover a integrantes del directorio de una sociedad ni designar veedores.

Otro punto para destacar es el que habilita el funcionamiento de fondos cerrados de inversión, algo que incluye eliminación de impuestos y corrobora el sentido verdadero que persigue la iniciativa: lograr una mayor liberalización del mercado de capitales, lo que va en sintonía con los requerimientos del FMI y la Ocde pero, fundamentalmente, está en el carácter identitario y de clase del tándem de poder que gobierna Argentina desde 2015 ¿Pero quiénes serán los grandes jugadores para los que el Gobierno está sirviendo la mesa?

Invitada especial

Mientras una multitud de trabajadores se movilizaba hacia el Congreso contra el Paquetazo, Macri recibía en la Casa Rosada a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

En nuestro país -por sus depósitos y créditos- el Santander es el principal banco privado que, además, no hace mucho adquirió la banca minorista de Citibank Argentina, con lo que sumó algo así como mil clientes y setenta sucursales. Y, con una cartera de132 millones de clientes y alrededor de doscientos mil empleados, es una de las mayores entidades financieras del globo.

La Banca Santander y la familia Botín son jugadores de peso en el mercado financiero global. Pero, asimismo, es uno de los principales beneficiarios del paquetazo crónico que, bajo la eufemística designación de “reformas”, desde hace más de una década vienen imponiendo en España, primero el gobierno del socialdemócrata Rodríguez Zapatero y después el de Mariano Rajoy.

En este caso, las “reformas”, supusieron el rescate de la banca que había jugado a la ruleta con los derivados de créditos hipotecarios, todo a costa de una formidable caída de los salarios.

Esta transferencia de riqueza fue acompañada de proyectos que se convirtieron en Ley, entre gallos y media noches, que provocaron la pérdida de derechos políticos, sociales, ciudadanos, humanos y laborales. El Paquetazo se destinó a favorecer a bancos privados que quedaron una situación de insolvencia como consecuencia de su delincuencial política crediticia, pero también le otorgó mucha más capacidad de decisión a las principales empresas vinculadas al capital productivo que tienen sólida imbricación con el capital financiero.

Como el que avanza por aquí, el Paquetazo de allá, comprendió capítulos que afectaron drásticamente a los sistemas de prestación universal y pública de Salud, Pensiones y Educación. Y, fundamentalmente, rediseñó de forma regresiva a la relación entre los universos del trabajo y el capital, lo que cristalizó la transferencia regresiva de riqueza.

Así las cosas, a caballo de una destrucción de empleo de características cataclísmicas, lo que provocó también el hundimiento de miles de pymes, un reducido grupo de grandes propietarios, entre ellos la familia Botín, no sólo recuperaron posiciones que habían perdido por la crisis que ellos mismos provocaron, sino que quedaron mejor que antes.

¿Suena parecido? Puede ser, en tal caso, va a ser cuestión de advertir de qué se habla cuando se habla de volver al mundo y, antes de hacerlo, será prudente ver qué es lo que está pasando en ese mundo. Al menos si usted es lector de NP diario de noticias, no va a poder decir que no le avisamos.

 

Macri con derecho a veto06.12.2017

Abiertos al mundo, pero no tanto

Se vienen la Cumbre Ministerial de la OMC y la Contra Cumbre de los Pueblos. El ejecutivo dio de baja la acreditación de varias ONGs.

Al compartir un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), el jefe de Gabinete Marcos Peña, fue claro cuando recalcó que “confiamos y respaldamos la política monetaria que implementa el Banco Central”.

Fue en el Sheraton, donde Peña estuvo acompañado en la mesa principal por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y un grupo de empresarios, entre ellos el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; y el director general de Swiss Medical Group, Miguel Blanco.

Ahí, el jefe de Gabinete destacó la presidencia pro tempore de la Argentina en el G20 y la organización de la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comenzará la semana venidera en Buenos Aires, tras lo que resaltó las “buenas perspectivas” que se presentan para que nuestro país ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Y, en este contexto, aseveró que el “mundo nos abre las puertas y no sólo nos da la bienvenida, sino que nos plantea que tenemos un rol muy importante para cumplir”.

Pero, más allá del optimismo de Peña, no se espera ninguna declaración fuerte durante la Cumbre de la OMC que, desde La Rosada, pretenden exhibir como un ejemplo de la “reinserción Argentina en el mundo”.

Es verdad, lo que se haga permitirá que el Gobierno se ponga en una vidriera desde la que va a reafirmar cuál es el perfil que pretende para nuestro país.

Aquí cabe recordar que la OMC atiende asuntos inherentes al intercambio comercial y política arancelaria, pero no sólo eso, ya que sus agendas abarcan tópicos como servicios y propiedad intelectual, así como –y esta es la parte del león- políticas públicas principalmente vinculadas a infraestructura, lo que incluye licitación de obras y adquisiciones públicas por parte de los Estados miembro.

Esta organización propicia fervientemente la desregulación del comercio y la eliminación de trabas, y aquí es donde la identidad de la actual política exterior argentina contacta con los postulados medulares de la OMC.

El resultado de las reuniones previas que celebra el Consejo General de la OMC, en Ginebra, señala que persisten los desacuerdos que se arrastra desde 2003, por contradicción sur-norte, respecto al debate abierto en la Ronda de Doha.

Esto hace que no deban esperarse grandes resultados del encuentro de Buenos Aires en el que, de todos modos, el gobierno va a aprovechar para reafirmar la postura adoptada desde 2016, por la que se sumó a quienes priorizan temas vinculados a competencia, inversión y la participación del capital privado en la infraestructura estatal. Y, sobre todo, se pronuncian abiertamente en favor del agronegocio.

En este sentido, la cumbre de Buenos Aires va a profundizar el rasgo conservador de la organización, con posturas afines al desarrollo sin trabas del libre mercado y lejanas a los intereses de los pueblos. Y algo de esto ya se anticipó a la hora de las acreditaciones.

Cuestión de seguridad

“Por razones de seguridad”, el gobierno de Argentina revocó 63 acreditaciones que la OMC ya había otorgado a diferentes organizaciones no gubernamentales para participar en la Cumbre Ministerial.

Ante esto, una de ellas, la ONG británica Global Justice Now consideró que, “el presidente Mauricio Macri, mostró claramente que su Gobierno no respeta la democracia ni el pluralismo” y señaló a la AFI y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como responsables de esta prohibición.

En la vereda de enfrente de la Cumbre Ministerial, se prepara la Contra Cumbre de los Pueblos, que se va a llevar a cabo desde el 13 al 15 de diciembre, también en la ciudad de Buenos Aires.

Ahí, entre diferentes organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos va a estar la Unión de Campesinos Poriajhú, cuyo titular, Raúl Toto Galván, repudió la decisión del gobierno de vetar la participación de ONGs.

“Creo que va a ser la primera vez en todo lo que han sido las cumbres mundiales, que un gobierno no permite entrar a las organizaciones sociales para manifestarse junto al encuentro con la OMC”, recalcó Galván y añadió que “este gobierno que dice que hay que estar abierto al mundo, le cierra la puerta a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales que vienen desde hace mucho tiempo rechazando a la OMC”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que esta es “una actitud antidemocrática que muestra a este gobierno tal cual es”, ya que “se comporta así con las organizaciones internacionales, pero también lo hace hacia adentro del país cuando intenta meter miedo a la sociedad con la represión”.

Por lo que, finalizó: “aunque ganó las elecciones con el apoyo popular, en su concepción, es totalmente antidemocrático, antitrabajadores y antimovimientos sociales”.

Paquetazo, jubilados y salud pública05.12.2017

Salud para pocos

En medio de la algarabía por la media sanción a la reforma impositiva que beneficia a los grupos económicos y sacude las cuentas públicas, un funcionario Pro reconoció que los jubilados “pierden plata” ¿Cómo afecta el paquetazo a la salud pública y en especial a los adultos mayores?

“Los jubilados pierden plata, pero no poder adquisitivo” fue la expresión que Pablo Tonelli, diputado nacional de Cambiemos, usó para justificar –con el cinismo que caracteriza a los funcionarios y dirigentes del macrismo- el recorte de las jubilaciones propuesto por el gobierno y el desfinanciamiento del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) que pone en peligro los ingresos de casi siete millones de beneficiarios.

La afirmación es por todo inexacta: según el Centro de Economía Política de Argentina (Cepa) el poder adquisitivo de la jubilación mínima durante todo el 2016 fue de alrededor del 7,4 por ciento. A pesar de los aumentos establecidos por la casi extinta Ley de Movilidad Jubilatoria, el poder de compra en 2017 no se pudo recuperar y, tal como sucede con las asignaciones familiares o el salario docente, la desventaja respecto a la inflación es amplia.

La situación es mucho más grave cuando se tiene en cuenta que en la actualidad la jubilación mínima equivale al 50 por ciento de la canasta básica. A pesar de ello, Tonelli argumentó que “lo importante es que no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios y la canasta básica”, desconociendo por absoluto la situación de los jubilados en el país.

Pero la actitud no sorprende si se recuerda que fue el propio presidente de la Nación el que en una cómoda entrevista televisiva con Mirta Legrand no pudo asegurar cual era el monto de la jubilación mínima bajo su mandato.

A pesar de tratarse de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, donde la intervención del Estado se presenta como una herramienta estratégica para proteger el bolsillo de los adultos mayores, la política económica del macrismo en materia previsional –al igual que en todas las áreas de la economía- favorece a las grandes empresas y perjudica a los sectores mayoritarios.

Como contrapartida del congelamiento de haberes –que frente al alza de precios se transforma en un ajuste del poder adquisitivo-, del desfinanciamiento del FGS y del Pami los grandes laboratorios forman parte del selecto grupo de ganadores en el marco del modelo económico del gobierno.

Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav) el aumento promedio de los medicamentos en los dos primeros años de Macri en La Rosada fue del 102 por ciento, casi 41 puntos por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

Para colmo y como parte de la misma política, el Pami recortó la entrega gratuita de medicamentos estableciendo nuevos requisitos irrisorios como, por ejemplo, no poseer un automóvil de menos de 10 años de antigüedad ¿un jubilado con un Gol 2006 es lo suficientemente rico como para dejar de percibir la medicación de forma gratuita? Para la lógica Pro, sí.

Estas medidas se entienden mucho más cuando se ponen en contexto: para el año próximo el gobierno espera avanzar con la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), eufemismo al que apela para lanzar una ofensiva privatizadora contra la salud pública y favorecer a las clínicas privadas, las gerenciadoras médicas y las prepagas.

Esta batería de medidas, que no puede desvincularse del paquetazo que Macri presentó tras los resultados electorales de octubre como epílogo del rediseño económico-social del país, es coherente con la voluntad de eliminar prestaciones médicas del Plan Médico Obligatorio (PMO), verdadero baluarte del sistema de salud pública que garantiza la gratuidad de prácticas médicas indispensables para la población independientemente de si se posee obra social o prepaga.

La intención del ejecutivo es sustituir el PMO por una “canasta básica” de prestaciones que excluirá muchas de las prácticas que en la actualidad son garantizadas por el plan médico ¿El objetivo? Que el beneficiario –o el empleador en el mejor de los casos- abone aquellas prácticas y estudios que se encuentran por fuera de la nueva canasta. Se trata de un retroceso inaudito en la historia de la salud pública nacional ¿cómo se explica?

Desfinanciar, es la tarea

Con el CUS el gobierno de Cambiemos quiere romper con un logro nacional: Argentina hace más de medio siglo que integra el selecto grupo que contiene al 8 por ciento de la población mundial con acceso universal y gratuito a la salud pública.

En pleno siglo XXI parece una cifra menor pero sólo si se pierde de vista el hecho de que el modo de producción que impera en gran parte del mundo es el capitalista y que el mismo se encuentra desde la caída del muro de Berlín en su fase más radical, es decir, en su versión neoliberal -de base financiera- donde la salud ya no es un derecho sino un área de negocios.

A este principio ortodoxo parece adscribir la administración Cambiemos y en sintonía con este despliega su política sanitaria que se corresponde al de un Estado liberal burgués en el que el ordenador principal de la economía es la fuerte simbiosis entre Estado y grupos económicos.

Nuestro país es uno de los pocos del mundo que aún conserva el sistema sanitario de base universal que nació tras la Segunda Guerra Mundial como parte de la conformación de los Estados de Bienestar en Europa Occidental y parte de América Latina. El mismo fue una “reacción” planificada desde el seno del propio capitalismo para contrarrestar las conquistas sociales que el bloque socialista comenzaba a enarbolar como bandera para un nuevo tipo de sociedad.

Pero a más de 25 años de la caída del muro de Berlín y con un capitalismo en crisis que estimula el recorte de la inversión social por parte del Estado, el modelo sanitario de base universal y gratuita se presenta como anacrónico. Así las cosas, el gabinete económico diseña a instancias del FMI, los grandes laboratorios y las empresas de medicina prepaga un nuevo sistema sanitario de carácter privatista.

El nuevo modelo, coherente con estos postulados privatizadores, se encuentra muy bien representado en el CUS que el gobierno ansía implementar a nivel nacional. Allí es donde nace la estrecha relación entre este y el paquetazo que favorece a las tabacaleras, a las prepagas y a las principales droguerías y que afecta el bolsillo de los jubilados con aumentos de los medicamentos muy por encima de la inflación en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, que recorta fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses y que reduce las prestaciones del Pami.

Vale recordar que el CUS es un eufemismo que esconde una compleja arquitectura para efectuar una enorme transferencia de recursos desde el sector público y los bolsillos de los trabajadores hacia las clínicas privadas y los grandes laboratorios.

El CUS es impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud y cuenta con el obvio beneplácito de las empresas de medicina prepaga, las clínicas privadas y los grandes laboratorios transnacionales pero también con el de la burocracia sindical que, tras un acuerdo que beneficiaría también a la caja de las obras sociales sindicales, asestaría un golpe mortal al sistema nacional de salud pública justo en momentos en que el Anses ve erosionada su sustentabilidad con el recorte que se desprende la reforma tributaria aprobada en el Senado y que espera tratamiento en Diputados.

Laboratorios y prepagas en la era PRO05.12.2017

Tarifazos donde más duele

Dos años de medidas a favor de los grandes grupos económicos permitieron a las prepagas y laboratorios aumentar los precios muy por encima de la inflación y a costa de la salud de los trabajadores

No sólo las tabacaleras, los supermercados -tal como lo demostramos en “Reformas a medida de los súper”- y la banca se encuentran de fiesta con el modelo económico del gobierno. Las empresas de medicina prepaga y los laboratorios también conforman el selecto grupo de beneficiados con la política económica de la ceocracia.

En el caso de las prepagas, entre las que se destacan Osde, Swiss Medical y Galeno en tan solo dos años aumentaron el precio de sus planes en un 88 por ciento, 27 puntos por encima de la inflación del período.

El último ajuste comenzó a correr esta semana: un incremento del 6 por ciento, el quinto del año con un acumulado de 27 que permite a estos colosos de la medicina privada acrecentar su facturación entre 4 y 5 puntos por encima de la inflación 2017.

Por su parte los laboratorios, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav), aumentaron los medicamentos en los dos primeros años de gestión macrista un 102 por ciento, más de 40 puntos por encima de la inflación acumulada para el mismo período.

Por su parte, vale destacar que a octubre de 2017 la inflación acumulada según el Indec es de 19,5 por ciento, mientras que en el rubro salud el incremento es de más del 23, lo cual afecta negativamente el costo de vida de los trabajadores.

¿Casualidad? Nada de ello. El proyecto económico-social de la derecha en el país guarda jugosos negocios para las empresas en el ámbito sanitario. Pero para ello primero es necesario erosionar la larga tradición de salud pública universal y gratuita con la que cuenta nuestro país.

En el caso de las empresas de medicina prepaga, el lanzamiento del CUS permite a estas contar con millones de “nuevos clientes” que deberán pagar por prestaciones que en la actualidad son gratuitas o, mejor dicho, se encuentran cubiertas por el Estado.

Con el CUS y bajo el eufemismo de “universal” el macrismo diseñó una perfecta maquinaria para encubrir una brutal transferencia de recursos desde el Estado a los grupos económicos. El dinero que el Estado invierte en los hospitales públicos pasará a financiar las ganancias de las gerenciadoras médicas y las clínicas privadas.

Como queda claro, el programa de “universal” no tiene nada ya que reduce el Plan Médico Obligatorio y elimina el Programa Remediar.

Sin remedio

Toda la política económica del gobierno tiene en su reverso un esquema que con precisión quirúrgica beneficia a los sectores concentrados de cada una de las áreas en las que interviene.

A los aumentos del 84 por ciento promedio de los medicamentos -con picos del 183 en los indicados para problemas de tiroide, del 157 en broncodilatadores o del 120 en hipocolesterolemiantes- se corresponde la eliminación del Programa Remediar y el ajuste del Pami a la entrega gratuita de medicinas.

El Programa Remediar era una política pública que nació tras la crisis del 2001. Impulsada por el ex ministro de Salud Ginés González García, Remediar tenía el objetivo de asegurar de forma gratuita a la población que se atendía en hospitales y centros públicos más del 90 por ciento de los medicamentos indicados para enfermedades frecuentes y crónicas.

Ahora estos gastos correrán a cuenta de los pacientes que puedan afrontarlos. Los medicamentos, al ser bienes de primera necesidad cuya compra no se puede postergar por una razón vital y de supervivencia, seguirán incrementando la rentabilidad de los laboratorios y las droguerías a costa de los bolsillos de la población.

En la práctica, la eliminación de este programa funciona como aspiradora sobre los bolsillos de los trabajadores, dinero que pasará directamente y sin escalas a engrosar las ganancias de las empresas del sector.

Como bien señala la Undav en su informe, “la suba de precios en bienes y servicios relacionados con la salud no se detiene y el incremento de los gastos en salud presiona el presupuesto familiar, al ocupar una porción cada vez mayor del total de ingresos”.

Lo mismo ocurre en el caso del Programa Médico Obligatorio (PMO), el cual a partir de la implementación del CUS quedará disminuido, lo que será ganancia para prepagas y empresas de gerencia médica que venden servicios a obras sociales sindicales.

Así las cosas, las prepagas y los laboratorios integran ese grupo de privilegio que junto a agroexportadores, bancos y especuladores se encuentran haciendo negocios como nunca ante en un contexto de crecimiento de la deuda externa, aumento de la pobreza y el desempleo. Un daño difícil de reparar en la salud de los trabajadores y en la estructura económica del país.

Las tabacaleras también05.12.2017

Un paquetazo que no es humo

Gracias a una reducción del 5 por ciento en el impuesto a los cigarrillos, las tabacaleras aumentarán sideralmente sus ganancias al tiempo que el Estado contará con menos recursos para combatir uno de los principales problemas de salud pública en el país: el tabaquismo.

Las tabacaleras ganarán más de 5 mil millones de pesos gracias a una reducción del 5 por ciento –de 75 a 70- en la carga tributaria sobre las empresas del sector. Este nuevo margen de ganancia se desprende de la reforma impositiva diseñada por el ejecutivo y con media sanción en el Senado. El principal perjudicado es el Estado que recauda, en la actualidad, el 70 por ciento del precio de venta al público.

El lobby de las tabacaleras se deja ver en que si el gobierno fundamentó el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas por los daños a la salud que estas generan, no incluyó bajo este argumento al consumo de cigarrillo en el país, el cual, insume más del 10 por ciento del presupuesto total destinado a salud por el Estado nacional.

A pesar de que no se producen datos oficiales desde el 2006 cuando se comenzó a implementar el Programa Nacional de Control del Tabaco, queda claro que el Estado –con el viejo esquema- recaudaba cifras menores a los gastos que luego debía afrontar por los perjuicios sanitarios.

Ese mismo año, según el Ministerio de Salud, la sociedad invirtió casi 7 mil millones de pesos en atender patologías relacionadas al consumo de tabaco mientras que el Ministerio de Economía extirpó a las tabacaleras –en concepto de impuestos- apenas 4200 millones, poco más de la mitad. Para el año 2014, el gasto sanitario entre el sector público y privado por tabaquismo ascendía a 24 mil millones frente a apenas 10 mil millones de recaudación tributaria.

La medida tendrá alto impacto sanitario ya que se espera un aumento del consumo de tabaco una vez implementadas las reformas. Se calcula que en la Argentina mueren alrededor de 40 mil personas al año por problemas de salud vinculados al consumo del cigarrillo. Un aumento del consumo no solo supondría un incremento en los decesos vinculados al tabaquismo sino un alza en los tratamientos de patologías relacionadas a esta adicción que afecta a más de 6 millones de personas.

El aumento del tabaquismo en un contexto de desfinanciamiento de la salud pública y de encarecimiento del costo de los medicamentos supone un problema sanitario de extrema gravedad para un sistema público que cuenta cada vez con menos recursos.

La lógica neoliberal de ajuste en la inversión pública en áreas sensible como salud –tratamientos- y educación –prevención- se complementa con el diseño de una arquitectura tributaria regresiva que favorece a las empresas y daña la economía y salud de la población.

Así las cosas, los cambios impulsados por el gabinete económico –y aceptado por los gobernadores- favorece a las dos principales tabacaleras del país, Massalin Particulares y Nobleza Picardo, que concentran el 97 por ciento del mercado y afecta las cuentas de los fumadores y, especialmente, de las provincias.

Estas últimas se verán afectadas de forma directa e indirecta. De forma directa porque los 5 mil millones de pesos que ganarán las tabacaleras provienen de impuestos al cigarrillo que eran repartidos –en porcentaje- entre los estados regionales. Y de forma indirecta porque el impacto sanitario del incremento del tabaquismo en el país será absorbido, en parte, por los hospitales y centros provinciales.

En otras palabras, se multiplicarán los pacientes al mismo tiempo que se recorta la inversión pública en salud. Este esquema de desfinanciamiento es compatible con la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) denunciada en las páginas y notas de este diario por los trabajadores del sector como la punta de lanza de la privatización de la salud pública en el país.

Pero no sólo los ciudadanos que acuden a los centros públicos se verán afectados. El ajuste golpea a toda la sociedad, incluso a los sectores medios y medios altos que tienen la posibilidad de pagar una prepaga: desde que asumió Macri en 2015 estas aumentaron, en promedio, un 88 por ciento, muy por encima de la inflación (de aproximadamente un 61 por ciento para el mismo período). De esta manera el gobierno avanza a paso firme en su objetivo de que el acceso a la salud sea un privilegio posterior al de estar vivos.

 

Paquetazo y reforma laboral04.12.2017

¡Apúntenle al proletario!

La modificación regresiva de la relación entre capital y trabajo ya se viene perpetrando en Argentina ¿Por qué la quieren convertir en Ley?

El capítulo del Paquetazo con el que el gobierno pretende profundizar la flexibilización de las relaciones laborales, avanza en el Congreso sobre un campo abonado por el grave deterioro de las condiciones de empleo en relación de dependencia y el alarmante crecimiento del trabajo por contratos temporarios.

<

De acuerdo al relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), desde diciembre de 2015 hasta julio de este año, 264.143 personas fueron despedidas y suspendidas, de ellas 76.526 corresponden al sector público y 187.617 al privado. El setenta por ciento de estos despidos fueron perpetrados en la industria que, sólo durante el semestre inicial de 2017, expulsó a 14.038 trabajadores.

Esta situación, tal como oportunamente lo explicó el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la UnSam, plantea un cambio de perfil en el mercado laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores, el acceso a la protección social y la posibilidad de agremiación.

Todo, como consecuencia de una creciente precarización, algo que provoca incertidumbre entre quienes deben planificar su propio futuro, ya que junto a la reducción del empleo registrado, la tasa de desocupación se constituyó en la más elevada de los últimos diez años, al tiempo que avanzan los niveles de precariedad laboral entre la población ocupada.

Es en este contexto de estancamiento del empleo asalariado en el sector privado, en el que crece la participación modalidades contractuales que presentan menos beneficios laborales.

Así las cosas, vale preguntarse cuál es el horizonte que se presenta con un techo de recomposición salarial que, según anunció el gobierno, no deberá superar el doce por ciento para 2018 y con el proyecto de reforma laboral convertido el Ley.

Celebración

Durante los últimos meses La Rosada viene celebrando la presunta expansión del empleo formal y algo de razón tiene. Pero lo que no dice, es que la totalidad de esta expansión se explica por el crecimiento de las modalidades de contratación que presentan escasísimos beneficios laborales, como son las contrataciones a plazo fijo y las que se llevan a cabo por medio de agencias de empleo eventual.

Lo que queda claro entonces es que, aunque el relato neoliberal asevera que el Estado se debe poner al margen del proceso económico, el Gobierno interviene con toda su fuerza para regular favoreciendo el desarrollo de un determinado modelo social.

Y que para ello utiliza las herramientas que posee el corpus de leyes del Estado Liberal Burgués, instrumentadas para defender a la propiedad privada y a los propietarios. Esto es, para regular en favor del capital y en detrimento del trabajo.

Es que con el agotamiento del breve interregno que se abrió tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo entró en su Segunda Crisis de Larga Duración y, con el fracaso del modelo de trabajo fordista en las economías capitalistas desarrolladas, comenzó un momento caracterizado por una vertiginosa carrera hacia adelante en la que quienes poseen el capital concentrado profundizan el proceso de concentración de poder, maximización de ganancias y búsqueda de legitimación.

En este marco se inscribe el “cambio cultural” proclamado por el Gobierno Cambiemos, que es un correlato de otros procesos similares que se están llevando a cabo a escala global.

Para que pueda perpetrarse este “cambio cultural” es preciso destruir la conciencia de clase y, así, una construcción y desarrollo histórico basados en la solidaridad como mecanismo organizativo de resistencia a la injusticia, así como práctica de apoyo mutuo y acción colectiva de las clases subalternas, ante el ataque de las dominantes.

Porque es a partir de esta dinámica de acción colectiva que se modificó la percepción que tenemos entre pares y respecto a otras clases antagónicas. De ahí que, ahora, los ganadores del capitalismo se esfuercen para generar condiciones que favorezcan la transformación de proletariado en precariado.

Por eso, el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, apunta a modificar la relación entre capital y trabajo, algo que pretende edificar sobre un cuerpo de leyes que garanticen condiciones para que se naturalice el desempleo, la flexibilización y la precariedad prolongada en el tiempo.

Pero también la baja en el nivel salarial y una profunda incertidumbre que ensombrezca todo el universo del trabajo. Todo esto ya está pasando en economías capitalistas de Europa y EE.UU.

El Estado Liberal Burgués cumplió a rajatabla con su papel de garante de la propiedad privada individual y de los propietarios. Y lo hizo con gobiernos de derecha o con aquellos que pretendían propiciar el advenimiento de “un capitalismo bueno”.

Ahora, en la etapa actual del desarrollo capitalista, inmersa a escala global en su Segunda Gran Crisis de Larga Duración, quien administra el aparato del Estado Liberal Burgués tiene como tarea central asegurar que la renta estatal transmute en capital financiero que garantice la prosecución de la ronda de concentración y apropiación de recursos naturales, intelectuales y simbólicos.

Por definición, junto a las corporaciones, el Estado Liberal Burgués regula para garantizar la maximización de ganancias. De ahí que nadie puede sorprenderse cuando también regule para avanzar sobre normas que estrangulen cualquier tipo de asociación entre integrantes de las clases subalternas.

Esto no es otra cosa que trabajar para que el proletariado se convierta en precariado. Y lo hace por medio de la regulación estatal –esto es el Paquetazo- pero también con el fomento de la desindustrialización y la deslocalización, robotización y empresas en red, así como la asociación corporativa que utiliza la terciarización para favorecer la flexibilización, la incertidumbre y fragmentación para el universo del trabajo.

Para poner en el arbolito04.12.2017

¿Se viene el Lapicerazo?

La Rosada confía en que la parte sustancial del Paquetazo va a convertirse en Ley antes de fin de año ¿Recortar derechos para “enfrentar la crisis” y generar empleo? ¿En qué punta del ranking quiere usted estar?

“Ahora la lapicera la tiene el Senado”, dijo sobre el proyecto de reforma laboral enviado por el ejecutivo, el triunviro cegetista, Juan Carlos Schmid y así, al tiempo que se desligó del resultado de una iniciativa que fue consensuada con la CGT, le pasó la pelota a los representantes de las provincias que, el antecedente cercano de la reforma previsional, permite advertir que son sumamente permeables a avalar las decisiones de La Rosada.

Así las cosas, las cartas parecen echadas. Según pudo saberse, el gobierno espera que su proyecto pueda tratarse –y sea sancionado- el miércoles 20 de diciembre en la cámara alta y, para eso, Mauricio Macri lo va a incluir en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Pero antes, para el miércoles 13, espera que se convoque a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía y Trabajo y Previsión Social para debatir la reforma laboral. Ahí se verá con qué cuenta el bloque que preside Miguel Pichetto y qué se desgranó hacia la bancada de Cristina Fernández que, ya anticipó, votará en contra de la iniciativa.

Y aunque en el Universo PJ todo suele ser volátil, es probable que este episodio señale, al menos, una tendencia de lo que puede esperarse de un año legislativo, en el que el Congreso va a ser uno de los escenarios en los que se dirimirá el destino del Paquetazo con el que el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, quiere consolidar aquello que define como “cambio cultural” y que no es otra cosa que una modificación profundamente regresiva en las relaciones entre los universos del trabajo y el capital, pero también en la raíz de los vínculos de la sociedad argentina.

Mientras tanto la cartera que preside Nicolás Dujovne dejó trascender que confía en que, antes de fin de año, el Congreso aprobaría las reformas tributaria e impositiva con un costo mínimo, ya que a la marcha atrás dada con el impuesto a los vinos, sólo debería sumarle la del impuesto interno a las gaseosas azucaradas. Esto sólo implicaría un costo de veinte mil millones respecto a la expectativa inicial y, a cambio, se estaría asegurando embolsar alrededor de 110.000 millones de pesos.

El resto que le falta para tapar el agujero fiscal que el Gobierno Cambiemos viene incrementando desde que resignó cobrarle impuestos a los agroexportadores y la minería, provendrá de la reforma previsional que también, espera el ejecutivo, se convierta ley en antes de que haya que desarmar el arbolito.

La vedette del Paquetazo

Aunque en lo que hace al corto plazo la reforma previsional es la vedette del Paquetazo, a la hora de definir el perfil socio-económico que se pretende imponer desde La Rosada, la reforma laboral no se queda atrás.

Esta reforma nace del profundo desequilibrio que -en favor del universo del capital- impone desde hace dos años la regulación estatal, pero asimismo del consenso y absoluta imbricación entre el gobierno y los actores del capital financiero y productivo más concentrado que actúa en Argentina.

Y esto no es todo, ya que a la hora de jugar esta carta, La Rosada cuenta con el formidable aparato que le brinda la massmedia de gobierno, pero también con el aval que significa el reciente triunfo electoral.

En lo inmediato, lo que se pretende es reducir lo que desde el universo del capital se denomina como “costo laboral”, por medio del fomento a la descentralización de la negociación colectiva, abaratar el despido de trabajadores e incentivar la flexibilización de las formas de contratación.

Para justificar esta aparente necesidad, apelan a voces presuntamente tan imparciales como autorizadas –hasta no hace tanto una de ellas fue el propio Dujovne- que recorren propaladoras massmediáticas para machacar con argumentos como que es preciso “enfrentar la crisis”, que todos los países están haciendo lo mismo o que, con las reformas, se va a generar empleo.

Lo de la crisis está claro, hay que enfrentarla, aunque es cuestionable que los resultados de la crisis sistémica que provoca el capitalismo, puedan combatirse con herramientas confeccionadas a partir del más puro diseño capitalista.

Aquello de que “todos los países hacen lo mismo” tiene su parte de verdad. Aunque no son todos, tras el agotamiento del breve interregno keynessiano, la tendencia que se extiende en las economías capitalistas centrales y periféricas, tiene que ver con el avance del capital sobre el trabajo.

Pero a la hora de evaluar las consecuencias de este proceso, los resultados son cuestionables.

Un informe elaborado por la consultora ABECB, que se dio a conocer días atrás, da cuenta de que Argentina está en el “último puesto en el ranking” de costos laborales manufactureros.

¡Oh! ¿Habrá que alarmarse por esto? La respuesta a esta pregunta debe darla usted mismo. El más competitivo en término de costos manufactureros es Taiwán, detrás México, Indonesia y Tailandia, mientras que los menos competitivos –los que comparten segmento con Argentina- son Francia, Suiza y Australia.

Habrá que preguntarse si es bueno avanzar en una reforma laboral que ponga el salario de los trabajadores argentinos en el mismo rango de aquellos que reciben los de las maquilas mexicanas, indonesias y tailandesas o si, quizás, es preferible que se parezca al que perciben los suizos o australianos.

¿Pero y si además de esto la reforma está lejos de garantizar la creación de empleo?

Este es un punto interesante porque se trata del principal anzuelo de aquellos que, desde una perspectiva ideológica y de clase, postulan la necesidad de esta medida o, simplemente, en la de los que –a partir de prejuicios ideológicos – repiten el argumento.

Es, al menos, cuestionable que la escasés de empleo resulte de una legislación laboral que, presuntamente, contempla demasiado derechos para los trabajadores.

En una economía que, en el orden global y en nacional, se induce una clara tendencia hacia la financierización, es difícil que la riqueza pueda transformarse, ya no en capital social, sino al menos productivo capaz de fomentar el trabajo.

Y aquí es donde queda claro que uno de los principales objetivos directos que persigue la reforma laboral, es poner a disposición del capital mano de obra extremamente dócil y barata, algo que se logra con la precarización que brinda al capital mejores condiciones para obtener beneficio, eso sí, a costa de producir menos y peor.

Y, fundamentalmente, la cosa pasa entonces por la definición acerca de qué modelo productivo se quiere y, en tal caso, para qué se lo quiere. Porque la subcontratación generalizada, la externalización y la disminución drástica de la inversión pública son sólo herramientas a las que echa mano la clase propietaria en su afán por favorecer el camino de rediseño del capitalismo, que sólo tiene como norte profundizar la concentración de riqueza, la asimetría de posibilidades y la desaparición del salario como elemento central de la relación entre capital y trabajo.

 

Crece desde el pie...04.12.2017

Construir en la diversidad, esa es la tarea

En diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, comienzan a multiplicarse las construcciones y articulación popular para enfrentar el Paquetazo.

"La unidad entre la CTA y la CGT se viene llevando adelante muy bien en nuestros municipios, donde vamos coincidiendo en las miradas y en las prácticas”, destacó la secretaria de género de la CTA regional San Miguel-José C. Paz-Malvinas Argentinas, Chavela Miño, tras participar en una actividad unitaria que se llevó a cabo en San Miguel.

Ahí, diferentes organizaciones, entre ellas las dos CTA, la CGT y el MTL fueron contundentes a la hora de rechazar el paquetazo que intenta imponer el gobierno nacional . “Hay plena unidad de criterios, tanto en lo teórico como en las cuestiones prácticas”, recalcó Chavela Miño y celebró el trabajo conjunto que se hizo de cara a la jornada de lucha que tuvo lugar el miércoles 29 de noviembre.

“Ahí estuvimos trabajando con los compañeros, desde las bases, entregando volantes y materiales en toda la región y en los principales barrios”, recordó la representante del MTL y añadió que “venimos llevando adelante este trabajo con los compañeros, algo que tiene valor porque es militancia desde las bases, más allá que no se pueda lograr a un nivel superior”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “el camino de unidad tiene que transitarse estrechando vínculos”, pero asimismo “prestando atención a las reivindicaciones de cada lugar para que, en conjunto, podamos construir un programa político y de acción en las calles”.

Pero no sólo en San Miguel avanza la tarea de construir unidad en la diversidad, desde las bases y entre trabajadores. El 1° de diciembre en la sede de CTA de los Trabajadores de San Nicolás, se reunieron organizaciones sindicales, sociales, de jubilados, jóvenes, mujeres y de derechos humanos para acordar transitar este camino “de la más amplia unidad que desde diferentes sectores se viene construyendo para enfrentar el ajuste y la pérdida de derechos que el gobierno viene a instaurar”.

Por su parte, el Frente Barrial CTA bonaerense comenzó a desarrollar un plan de lucha, con la presentación de un petitorio en el que se reclama la constitución de la Paritaria Social.

Lo hizo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en el petitorio se exige que el gobierno brinde respuesta favorables a los reclamos que el Frente viene formulando como consecuencia de la creciente pobreza, la caída del consumo y de la actividad económica, así como de la y la baja de programas sociales.

Al respecto, el Frente insistió en demandar un ingreso de 7.500 pesos para quienes participan del Programa Argentina Trabaja, que se relance el plan de obras infraestructura barrial, se fortalezca la economía social, se lance un programa de construcción de vivienda popular y se implemente la tarifa social en todos los servicios.

Para sumar

Mientras tanto, en Almirante Brown, diferentes sindicatos se movilizaron unidos contra el Paquetazo. “La intención del macrismo es modificar leyes laborales, aumentar la edad jubilatoria y el cálculo actual de aumentos e imponer una tarjeta de salud que atenta contra la atención libre en los hospitales públicos”, señaló la Cicop, uno de los gremios que articulan en este espacio junto a los docentes Suteba y UDA, el Sindicato de Empleados Municipales y la CTA.

Y, en la zona norte del conurbano bonaerense, organizaciones sindicales se unieron para convocar a la jornada de movilización de la semana pasada en un espacio que pretende seguir articulando para resistir la arremetida del Gobierno nacional contra los trabajadores.

Mientras que en Ituzaingó, las seccionales locales de sindicatos como ATE, FEB, Suteba, Upcn y las dos CTA también se convocaron para avanzar en la construcción de un ámbito de trabajadores estatales “para coordinar debates y acciones conjuntas contra las políticas de los gobiernos provincial y nacional que afectan los derechos de los trabajadores”.

Al tiempo que en General Pueyrredón, diferentes organizaciones se declararon en estado de alerta y movilización “para rechazar las políticas que el gobierno nacional de Mauricio Macri se encuentra implementando, así como su réplica a nivel provincial y municipal” que, aclararon, “no dan solución a los problemas existentes, sino que lo único que han logrado, luego de casi dos años de gestión, es profundizar la desigualdad y la pobreza”.

Paquetazo y consumo01.12.2017

Reformas a medida de los Súper

En una cuenta de suma cero, el congelamiento de las jubilaciones redunda en un incremento en las ganancias de los grandes supermercados vía baja a las contribuciones patronales. Cuando el consumo no ayuda, la intervención estatal parece deseable para los grupos concentrados

“Todos tienen que ceder un poco” había vociferado Mauricio Macri al defender la política económica de su gobierno en conferencia de prensa antes de las elecciones de octubre. Sin embargo, a la luz de los hechos, con la media sanción al proyecto de reforma tributaria y previsional queda en claro que siempre ceden los mismos.

Esto es lo que ocurre con las grandes compañías de supermercados, uno de los actores económicos responsables del incremento sostenido de la inflación –por su práctica abusiva en la remarcación de precios- y uno de los segmentos donde el gabinete cosecha los mejores amigos.

Con la baja a las contribuciones patronales a los grandes empleadores, las principales cadenas del país se apropiaran de un botín de más de 15.600 millones de pesos anuales, lo que equivale a casi 180 mil jubilaciones mínimas durante un año.

En la economía, si bajo un proyecto económico social siempre pierden los mismos sectores es muy probable que en su revés siempre salgan favorecidos los mismos jugadores.

Lejos de ser una excepción, esta lógica de transferencia de recursos desde el trabajo al capital se presenta como la regla general del proyecto económico del bloque de poder dominante. Está es una constante que se comenzó a evidenciar en la primera semana de gobierno en 2015 con la devaluación, que se reforzó con los tarifazos y se consolidó con la pérdida del poder adquisitivo del salario y la quita a la retenciones al agro.

Al igual que con la baja de la retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las retenciones a cereales, son los sectores concentrados de la economía los que salen ganando. La afirmación no es caprichosa: al Estado le cuesta 5.500 millones de dólares, cantidad que cubriría casi en su totalidad el déficit actual de la balanza comercial.

¿Cómo se financia esta pérdida? Con endeudamiento externo, tanto del sector público como privado. La lógica es perversa porque gran parte de ese endeudamiento destinado a equilibrar el déficit gemelo –ya que también hay déficit fiscal- es invertido especulativamente en la bicicleta financiera, con la emisión de Lebacs que resta liquides a la economía, contrae la inversión privada y, por ende, obtura la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Este esquema de ajuste que se conjuga con bicicleta financiera golpea a los más débiles, como es costumbre: los jubilados. El senado, presionado por los gobernadores y el gobierno, ya dio media sanción al proyecto que congela los haberes jubilatorios y favorece, entre otros, a los grandes supermercados.

Además, como si no fuera poco, la disminución de fondos en el Anses pone en peligro no solo la sustentabilidad de las asignaciones familiares y planes sociales sino también el futuro mismo de las pensiones.

Consumo y demanda

El 2016 fue el peor año de consumo masivo privado para la economía argentina en años, motivado fundamentalmente por la fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario que se ubicó entre el 8 y el 10 por ciento según el sector. El promedio de las diversas consultoras que midieron el ritmo de compra en el 2016 data de una caída del 4 por ciento en el consumo masivo. Sobre esa baja, el 2017 experimenta una nueva caída del 1 por ciento.

Esta disminución de un punto es lo que llevó a diversos miembros del oficialismo a exclamar y festejar –con el cinismo que los caracteriza- que la caída del consumo se había detenido. En realidad lo que sucedió este año, en gran parte gracias al crédito privado –tarjetas de créditos y préstamos personales- y el endeudamiento externo, es una disminución paulatina en el ritmo de la caída, pero caída en fin.

Incluso, en algunos sectores donde se observaron incrementos en la demanda –como en los mayoristas, lo que da cuenta de cómo el trabajador ha decidido cuidar su bolsillo- la comparación siempre es con 2016 y nunca con el 20515 cuando la economía aún no había comenzado a sufrir las consecuencias de las políticas gubernamentales.

Uno de los grandes perjudicados por esta merma en el consumo fue, sin dudas, los grandes supermercados, quienes si bien han sostenido un ritmo de facturación que les ha permitido mantener sus márgenes de ganancia, sufrieron un freno en el ritmo sostenido de crecimiento en sus dividendos.

Como respuesta a esta problemática y en vistas en que las grandes cadenas como Coto, Cencosud, Carrefour y Walmart son grandes aliados del gobierno, el gabinete económico decidió premiar a los supermercadistas con una baja en las contribuciones patronales equivalente a 180 mil jubilaciones mínimas durante un año.

Dicho de otra manera, el gobierno decidió transferir de una sola vez casi 16 mil millones de pesos anuales desde la Anses a los supermercadistas.

Sacarles a los adultos mayores para darle a los Coto y Jumbo es una nueva muestra más –como si hiciera falta- del perfil de este gobierno. Es una medida que se haya en sintonía con la lógica de aumentos en los servicios públicos y esenciales y de baja en la presión tributaria sobre los sectores más concentrados de la economía, lo que construye una estructura impositiva fuertemente regresiva. Por eso, en realidad, cuando el presidente dice “todos” en realidad dice “ustedes”.

La anónima, inflación y el gobierno01.12.2017

La familia es la familia

Los supermercados aceleran el ritmo inflacionario del país con la remarcación de precios a pesar de verse beneficiados por la reforma tributaria y previsional que también favorece a la familia del Jefe de Gabinete y el Secretario de Comercio

Octubre marcó el fin del relato del gobierno en torno a la inflación y el fracaso de la política monetaria del Banco Central para combatirla: con un IPC del 1,5 por ciento según el Indec y un acumulado del 19,4 el techo de 17 puntos fue perforado.

A este ritmo, y faltando dos meses para el fin de año, la proyección anual ubica a la inflación en torno del 23 por ciento ¿Quiénes impulsan este incremento sostenido? Los supermercados. La afirmación no es caprichosa: durante el mes de noviembre las grandes cadenas aumentaron sus precios en un 1,9 por ciento a pesar de contar con el favor de la reforma impositiva que los coloca en una situación de ventaja respecto a los consumidores y trabajadores.

El índice se desprende de un relevamiento sobre 25 productos de la canasta básica publicado en el diario Ámbito Financiero.

Las subas más fuertes se dieron en productos sensibles para el consumo popular como fideos, azúcar, atún, salsa de tomate o mayonesa.

La radicalidad de las grandes tiendas que a pesar de los favores que reciben continúan aumentando los precios es coherente con las posiciones que vienen esgrimiendo. En una conferencia de la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU) realizada hace dos semanas en La Rural, los popes de las seis cadenas más grandes del país –Coto, Walmart, Carrefour, La Anónima, Casino y Cencosud- se quejaron de la “gradualidad” del gobierno en el ajuste y bregaron por una política de shock.

Favores

Expresiones tales como “bajar costos” y la “presión tributaria” se hicieron recurrentes en cada una de las intervenciones que, a la luz del proyecto que votó el Senado, fueron bien recibidas en el gobierno que siguió con atención la conferencia.

No podía ser de otra manera. Entre los expositores se encontraba Federico Braun de La Anónima, la tienda de supermercados patagónicos propiedad de la familia del Jefe de Gabinete Marcos Peña Braun y del, nada más ni nada menos, Secretario de Comercio Miguel Braun, tío del dueño de La Anónima.

Pero esta no es la primera vez que la cadena perteneciente al clan Braun-Menéndez –que crecieron gracias al genocidio de Roca en la Patagonia- se ve beneficiada por decisiones gubernamentales de un Estado que administran. En septiembre la cadena vinculada al Jefe de Gabinete fue favorecida con la adjudicación de más de 2313 toneladas de la cuota Hilton, la cuota de exportación de carne bovina sin hueso de alta calidad que otorga la Unión Europea a los países exportadores de carne. Argentina es el país que posee la cuota más grande con casi 30 mil toneladas anuales que son repartidas por el gobierno entre los frigoríficos del país.

Se confirmaron los aumentos01.12.2017

Otro golpe al bolsillo

Mediante una publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía y Minería confirmó un incremento del 45 por ciento en las tarifas del gas y de hasta el 47 en el de la luz.

Tal como adelantamos en este diario y luego confirmará el gobierno, hoy comenzaron a regir las nuevas tarifas de luz y gas en todo el país.

El aumento en el interior del país -sin contar Edesur y Edenor- será del 38 por ciento a partir del 1 de diciembre de 2017. En el conurbano, el aumento que será implementado en dos tramos, terminará siendo del 70 por ciento: 43 por ciento en diciembre y 24 en febrero. Para hogares residenciales, en algunos casos, los incrementos podrían superar el 90. En las provincias por ejemplo el aumento será del 25 y 15 en Tucumán, 25 y 16 en La Plata y del 16 y 13 en Córdoba

En términos concretos el aumento de la tarifa se explica por la modificación en el precio mayorista de la energía calculado con un dólar mayor a los 19 pesos. En la actualidad, los usuarios de la zona metropolitana pagan 640 pesos cada 1.000 kilovatios de consumo: a partir de diciembre pagarán 876 y en febrero deberán desembolsar desde 1.077 hasta 1.440. En el caso de la pequeña y mediana industria el precio pasará de 1.070 a 1.392, un aumento del 30 por ciento.

De esta manera, según calcularon las organizaciones de defensa del consumidor, una familia de clase media pagará alrededor de 1700 pesos mensuales de luz.

La decisión del ejecutivo se inscribe en el marco de un rediseño del esquema tarifario en el país en vista a favorecer a las principales empresas de servicios públicos. Se trata de un sector donde el gobierno tiene grandes amigos, entre los que se encuentran los Bulgheroni, Mindlin y Lewis solo por nombrar algunos de los más significativos.

Pese a este incremento y al pautado para el mes de febrero, que como se sabe impactará en toda la estructura de precios del país, el macrismo insiste con su idea de sostener el año próximo paritarias que no superen el 17 por ciento.

En este contexto, se puso en marcha la mesa técnica salarial en la provincia de Buenos Aires entre los gremios docentes y los funcionarios de Vidal. Allí el escenario parece más radical ya que, como se les adelantó a los dirigentes en conversaciones informales, la gobernadora ansía llegar a un acuerdo (sic) de entre el 10 y 12 por ciento.

Este simple ejemplo deja en claro que no hay equívocos en la política económica del gobierno. Son dos aspectos de una misma dimensión: transferencia de recursos desde el trabajo hacía el capital o, en términos prácticos y sencillos, desde los docentes a las empresas energéticas o desde los jubilados a los grandes tiendas de supermercados.

Tratado Mercosur Unión Europea22.11.2017

Ni libre ni comercio

Con el encuentro de la OMC a la vuelta de la esquina, el gobierno se obsesiona con la firma del acuerdo UE-Mercosur que perciben como un hito en el camino de Argentina hacia la liberalización absoluta de su comercio exterior.

Aunque reconoció que nadie obliga al gobierno a firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el secretario de Relaciones Económicas Internacionales del ‎Ministerio de Relaciones Exteriores, Horacio Reyser, no pudo ocultar su entusiasmo cuando expresó que “sería muy lindo” que en la cumbre de la OMC de diciembre “podamos decir junto a la Unión Europea que somos los paladines del libre comercio”.

El deseo formulado por Reyser ante una entusiasta audiencia convocada la semana pasada por la UIA, señala con claridad dos de los objetivos que encabezan la agenda de La Rosada de cara a la finalización del año: la rúbrica del acuerdo Mercosur-UE y la cumbre de la OMC que se celebrará en Buenos Aires cuyo éxito, entienden en el gobierno, sólo será total si de ahí saliera un documento que expresara –entre otras cosas- de qué va esto de la “reinserción Argentina en el mundo”.

La apertura indiscriminada de importaciones ya adelanta, de alguna manera, cuál es el escenario previsible si prospera el acuerdo con la UE que entusiasma a parte del mundo empresario.

De lo que se trata es de suprimir aranceles y tarifas para el intercambio de bienes, algo que enciende luces rojas en el sector pyme y, por lo menos, amarillas dentro del industrial.

Pero esto no es todo, paradójicamente sectores clave de la agroindustria de nuestra región como biodiesel, etanol y carnes bovinas no están considerados en el acuerdo.

En este contexto, lo que para el ejecutivo es “avanzar en una inserción inteligente”, sólo da cuenta de la posibilidad de extender los plazos de aplicación de la apertura que planteará posiciones arancelarias que, por supuesto, beneficiarán a aquellos sectores más concentrados y con mayor capacidad de diversificación.

Si el entusiasmo del gobierno se asienta en fundamentos imaginarios o reales es algo que estará por verse, pero lo que está claro es que el escenario que podría quedar post acuerdo, acorrala la posibilidad de desarrollo e innovación industrial argentina.

Tampoco queda claro qué va a pasar con las reglas de origen, herramienta que la UE emplea con bastante rigurosidad hacia adentro ¿Pero pondrá el mismo celo cuando se trate de evitar que artículos manufacturados, asiáticos pero con etiqueta europea, crucen el Atlántico?

Una semana atrás, Jyrki Katainen, anticipaba que “estamos muy cerca de lograrlo” ya que “ambos bloques promovemos la apertura económica”. De esta forma, el vicepresidente de la Comisión Europea, se refería a un acuerdo que, al parecer, en Bruselas dan por hecho.

Katainen dijo esto tras recibir al canciller argentino, Jorge Faurie, a quien le agradeció la decisión del Gobierno Macri de propiciar el acuerdo que desde la perspectiva del funcionario finlandés, “fortalecerá la confianza de los inversores de Europa en Argentina”.

Un mito al servicio de pocos

Con Macri en La Rosada, Temer en Palácio do Planalto y Venezuela afuera del Mercosur, el bloque regional dejó de soñar en la ecuación energética que posibilitara avanzar hacia un horizonte industrialista, para proponerse como un reservorio de economías reprimarizadas, aptas por competir ofreciendo ventajas comparativas en un esquema de deslocalización y finaciarización.

Y aquí vuelve a ser interesante advertir cómo también esta medida está concatenada con cada segmento del Paquetazo que intenta imponer el gobierno. Es que a un diseño de este tipo le sobran trabajadores y mucho más si están organizados en unidades productivas y sindicalizados.

Una economía reprimarizada y puesta al servicio de la deslocalización y financiarización no necesita proletarios, por eso en connivencia con la burocracia sindical intenta imponer un nuevo modelo: el precariado.

Este mensaje fue rápidamente decodificado por la UE, que coincide con el Gobierno Cambiemos en que es el momento de pisar el acelerador.

Así las cosas, el mito construido en torno a la necesidad de conseguir la “confianza de los inversores”, parece imponer como verdad canónica que es preciso avanzar en más desregulación, apertura y liberalización, aunque esto empuje más hacia el abismo al déficit comercial.

El argumento de las ventajas que traería aparejado el acuerdo UE-Mercosur, descansa sobre algunos mitos apuntalados por un formidable aparato massmediático y académico, financiado por conglomerados de corporaciones.

¿Existe evidencia empírica que permita aseverar que liberalizar el comercio internacional trae ventajas para más personas que otro tipo de régimen comercial?

Aquí, al igual que cuando se habla de la liberalización financiera, es preciso tener en cuenta que los mercados donde intercambian privados y Estados nunca son de competencia perfecta y que, en el caso de los países, el comercio se lleva a cabo a partir de los costes relativos de las mercancías en las que se especializan.

Los mercados no son de competencia perfecta y la competitividad de las economías presenta profundas asimetrías, lo que impacta en desequilibrios comerciales que sólo se pueden saldar mediante regulaciones tendientes a proteger a los sectores más débiles de la propia producción, lo que no es otra cosa que cuidar el trabajo y el salario.

Entonces, sin la posibilidad de que exista competencia perfecta, estos tratados que, como el UE-Mercosur pretenden presentarse como de libre comercio, no son otra cosa que arreglos hechos merced a la complicidad de gobernantes, cuya única finalidad es lograr condiciones excepcionales para que grandes corporaciones puedan reafirmar su posición dominante, controlar mejor los mercados y ejercer su rapiña sin ningún tipo de competencia. De libre comercio no tienen nada.

Como se ve, cuando se cae la máscara de la libertad, lo único que queda es la peor, la corporativa concentrada y oligopólica que está en el ADN del capitalismo en cualquiera de sus versiones.

Reunión de la OMC en Buenos Aires22.11.2017

Una fiesta para pocos

Ministros y empresarios de 164 países convocados en Buenos Aires. Una vidriera para que La Rosada exhiba, hacia afuera y adentro, que el “cambio cultural” que se empeña en liderar el Gobierno Cambiemos, ya está en marcha y vino para quedarse.

De alguna manera, para La Rosada la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que va a tener lugar en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre y la de jefes de Estado del G-20 que se llevará a cabo en Bariloche en noviembre de 2018, tienen un valor simbólico clave.

Las dos, así lo pretenden, deben servir para exhibir hacia afuera -pero fundamentalmente hacia adentro- que el “cambio cultural” que se empeña en liderar el Gobierno Cambiemos, ya está en marcha y vino para quedarse.

Por eso y para garantizar que esa lectura simbólica sea adecuadamente decodificada, está poniendo toda la carne al asador para recibir a titulares de las carteras económicas de finanzas y producción, además de empresarios, de los 164 países miembros de la OMC.

Pero hay algo más de simbología en todo esto. Desde que asumió el Gobierno Macri, comenzó un proceso de cambio bastante significativo en lo inherente a la política exterior argentina.

La obsesión de La Rosada por expulsar a Venezuela del Mercosur sólo es comprensible cuando se analiza qué es lo que la República Bolivariana venía a aportar al bloque continental.

La ecuación energética que justificó la entrada de Caracas al Mercosur ya es cosa del pasado o, al menos, así parecen decididos a sentenciarlo los gobiernos de Mauricio Macri y Michele Temer que coinciden en que el bloque avance hacia un diseño prácticamente acotado por la reprimarización.

De ahí que conceptos como “favorecer condiciones para la llegada de capital extranjero”, “seguridad jurídica”, “desregulación a la medida de las corporaciones”, “libertad de mercados y capitales” y el fomento de “un ambiente propicio para que las empresas tengan ganancias”, que suenan como la mejor música en La Rosada y Planalto, se extiendan como una mancha de aceite por cada rincón del Mercosur.

“Argentina es un modelo a seguir en la región”, pontificaba en agosto el presidente del Banco Mundial, el coreano-estadounidense Jim Yong Kim, quien aprovechó también para celebrar el “gradualismo” del Gobierno Cambiemos que, señaló, se verifica en la quita de subsidios a los combustibles que -desde su particular perspectiva- “benefician más a los ricos que a los pobres”.

Y tras recalcar que para “el inversor promedio”, Argentina todavía es “un lugar de riesgo porque no están seguros de que vaya a haber continuidad de las políticas que se están tomando ahora”, celebró “el liderazgo de Mauricio Macri” e instó a los argentinos a “seguir estas reformas para que los inversores vengan en 2018 y vean las posibilidades fantásticas que tiene la Argentina y entiendan que es un gran país para invertir”.

Y en esta sintonía es que el gobierno espera que el encuentro de la OMC se convierta en una vidriera que sirva para que “el mundo” pueda advertir que Argentina es un país dispuesto a suministrar a “los capitales”, la “seguridad jurídica” que reclaman y la “productividad” que otorgue garantías de maximización de la ganancia corporativa, algo que tiene un firme pedestal en el Paquetazo que, en esos días, quizás se siga debatiendo en el Congreso.

¿Dubai out?

¿Pero de qué va esto de la OMC? Para comenzar es prudente señalar que este organismo no se encarga sólo de atender asuntos inherentes al intercambio comercial y la política arancelaria, por lo menos en el sentido conceptual más estricto.

Desde su creación, sus agendas abarcan tópicos como servicios y propiedad intelectual, pero asimismo políticas públicas -sobre todo- en aquello que atañe a infraestructura. Y, por supuesto, negocios vinculados a la licitación de obras y adquisiciones públicas, por parte de los Estados miembros.

La OMC propugna la desregulación del comercio y la eliminación de trabas, algo que contacta con el diseño actual de la política exterior argentina. Pero ni esto le garantiza al Gobierno que el encuentro que lo tendrá como anfitrión, adopte decisiones de fondo que le permitan quedar en el recuerdo.

Así se desprende de las reuniones previas que viene celebrando el Consejo General de la OMC con sede en Ginebra, donde siguen pronunciándose los desacuerdos que, desde 2003, se definen como “crisis de multilateralismo”, es decir la contradicción sur-norte que llevó a que en el encuentro celebrado en 2015 en Nairobi, los países más industrializados coincidieran en concluir que la Ronda de Doha está prácticamente cerrada.

Y es que la Ronda de Doha –por el encuentro llevado a cabo en 2001 en la capital de Dubai- ponía en el centro del debate la necesidad de avanzar en formas de cooperación para el desarrollo de las economías del sur.

Esta postura –la de Doha- dejó de estar en la agenda de Argentina que, desde 2016, se sumó a aquellas que prefieren priorizar temas vinculados a competencia, inversión y la participación del capital privado en la infraestructura estatal; pero también aquellas que favorecen al agronegocio.

Así las cosas, lo que queda claro es que -con o sin declaración rimbombante- lo que va a prevalecer en el encuentro de Buenos Aires, serán posturas conservadoras afines al desarrollo sin trabas del libre mercado y lejanas a los intereses de los pueblos.

Y lo que va a estar ausente, oculto detrás de un discurso cada vez más uniforme, va a ser el debate que tendría que propiciar el Estado, acerca de cuál es el diseño de modelo productivo y de consumo sobre el que es preciso avanzar y, a partir de ahí, cómo debería insertarse Argentina en el mundo.