Economia

 

 

Nada como tener buena banca | 21.04.2017

¿Se acuerdan de la Lista Falciani?

¿Qué hay detrás de las offshore? ¿A qué juega lo banca privada? ¿Zorros a cuidar el gallinero?

Alrededor de 150 investigaciones abiertas en más de ochenta países. En la nómina, además de Macri figuran otros jefes de Estado y de Gobierno como el premier islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, que renunció hace un año, dos días después de que se filtraran los Panama Papers.

¿Pero por qué crear una offshore? Básicamente para ocultar al beneficiario final de una empresa, lo que permite violar la legislación del país de origen y posibilita evadir impuestos y de blanquear capitales en estas guaridas fiscales.

Lo críptico de este sistema y la opacidad de las jurisdicciones donde están radicadas estas guaridas, vuelve complicada la tarea de investigación. En 2013, Gran Bretaña se comprometió a hacer públicos los datos de los beneficiarios finales de todas sus compañías y después siguieron esta actitud Francia, Nigeria, Afganistán, Nueva Zelanda, Jordania, Indonesia, Irlanda y Georgia. Y, desde junio de 2016, se puede verificar por internet la identidad de los dueños de cualquier sociedad británica.

Un papel fundamental en la creación de una offshore en una guarida fiscal, la tienen los intermediarios, tal como quedó demostrado cuando el caso de los Panamá Papers estalló a raíz de la investigación de lo actuado por el despacho Mossack Fonseca.

Pero el intermediario debe ser, sobre todo, un buen experto fiscal ¿Y qué mejor experto que la banca?

Este es un hilo al que condujo lo revelado por la Lista Falciani, la nómina de alrededor de 130 mil evasores fiscales poseedores de cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra del Banco HSBC que filtró el ex ingeniero informático de ese banco, Hervé Falciani.

 

Ni mu

Al promediar 2015, el Banco Central de Argentina que entonces tenía como titular a Alejandro Vanoli, le retiró a Gabriel Martino y Miguel Angel Estévez, la licencia para ejercer como presidente y vicepresidente de HSBC Argentina.

Lo hizo porque, en el marco de una causa penal en la que se acusó a los responsables de ese banco de asociación ilícita y evasión fiscal agravada, se consideró que Martino y Estévez habían facilitado la fuga de capitales por medio de la filial suiza.

Todo surgió de la Lista Falciani que, en este caso, presentó 4.040 cuentas de argentinos, sin declarar, en el HSBC Ginebra. La decisión de Vanoli, provocó una reacción corporativa monolítica de rechazo, encabezada por ABA, Adeba y AEA, al tiempo que el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea), pontificó: “admitir la situación importaría consentir la repetición de un gravísimo proceder que coloca a los directivos de las empresas sujetos al control de organismos públicos regulatorios y de fiscalización”. El mensaje es claro: “el Estado puede -y debe- reprimir por mí, pero nunca fiscalizarme”.

El top-ten de empresas argentinas que aparecen en la Lista Falciani, está integrado por Grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, Grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra, Edesur y Central Térmica Güemes.

En abril de 2017, el Banco Central, ahora presidido por Federico Sturzenegger, le devolvió la licencia y Martino volvió a ser designado presidente de la filial local del HSBC. Apenas asumido, Macri designó a Mariano Federici y María Eugenia Talerico como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero.

El abogado Federici se desempeñaba, en el momento de su nombramiento, en el Departamento Jurídico del FMI, mientras que Talerico era abogada del HSBC, al que representaba en tres causas que tramitaban en queja ante la Corte Suprema y de otros expedientes abiertos dentro de la UIF, por lavado de dinero de ese banco.

Cuando el lunes pasado Macri recibió en el Salón Blanco de la Casa Rosada a su par suiza, Doris Leuthard, la visitante se congratuló porque Argentina “ha tomado el camino correcto” y el presidente le contó que “lanzamos un programa de sinceramiento fiscal que ha sido muy exitoso, y en esto -le dijo- su país ha tenido un rol central”. De la Lista Falciani, ni mu.

Guaridas fiscales | 21.04.2017

¿Quien le pone el cascabel al gato?

¿Es posible que las instituciones del Estado Liberal Burgués se metan a fondo con este tema?

En noviembre de 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández, pidió ante sus pares del G20 la eliminación de las guaridas fiscales como modo de transitar un camino que permita poner fin a lo que calificó como “anarco-capitalismo financiero”, tras lo que reclamó mayores controles sobre los bancos de inversión y las calificadoras de riesgo para que el mundo vuelva a “un capitalismo en serio”.

El discurso fue encendido y entusiasmó, pero a la vuelta de la esquina la iniciativa fue languideciendo, mientras que a escala global continuaron fortaleciéndose las posiciones que naturalizan a estas guaridas fiscales, a todo lo que representan y las crisis que provocan. Queda claro que, en este sentido, crisis equivale a estafa.

Lo cierto, es que lo que está en crisis es la cada vez más insostenible relación entre capitalismo y democracia real. Y esto es así porque la cada vez más obscena dinámica que se verifica en la concentración de la renta y la riqueza, vuelve necesaria y profundiza transformaciones regresivas en las relaciones laborales, productivas y financieras.

La existencia de guaridas fiscales es sólo una consecuencia de este proceso de desmantelamiento de la democracia que forma parte del destino insoslayable del Estado Liberal Burgués. Entonces, la especulación como centro de un sistema socio-económico y político que absorbe los recursos, pone en crisis el concepto ascético del capitalismo que pretende que la economía es una actividad dirigida a garantizar el sustento de las personas.

 

Relato

El relato liberal dice que el mercado corporativo tiene que autorregularse y funcionar autónomamente porque es capaz de organizar relaciones sociales, formas de producción y distribución de recursos que garanticen el bienestar. Por eso, el Estado se tiene que correr y no intervenir en el mercado corporativo, salvo –por supuesto- por medio de regulaciones que favorezcan al capital.

Esta construcción mitológica que influye al pensamiento socialdemócrata y reformista en todas sus variantes, que consideran que es posible un “capitalismo bueno” en el que la mediación del Estado opere estructuralmente en favor de las mayorías populares.

Pero el Estado Liberal Burgués se desenvolvió en relación simbiótica con la corporación que, a su vez, necesita que este tipo de Estado le garantice las condiciones que el capital precisa para desarrollarse.

Para ser claro, necesita de un Estado que construya infraestructura y legisle, mantenga y proteja -por la vía violenta si fuera necesario- a la propiedad privada, para regular el orden social y permitir su reproducción.

Es que el Estado Liberal Burgués tiene un sello de origen, que es de clase y le impone la tarea de ser el garante de la acumulación de capital.

Pero cuanto más grandes, más criminógenas se vuelven las corporaciones. Claro que en el Estado Liberal Burgués, la cárcel es un espacio diseñado para los sectores populares y no para empresarios. Y, para ello, diseña cuerpos jurídicos, entre los que el Código Penal es el que presenta con más claridad el sesgo clasista y disciplinante para las clases populares.

Por eso Milagro Sala está presa y cuesta tanto encontrar un juez dispuesto a meterse a fondo con la investigación sobre el papel que pueda tener Mauricio Macri , en relación a lo que revelado en los Panamá Peaper’s y su saga. Pero también por eso, va a ser muy difícil que la institucionalidad global, tal como es su diseño, decidan hincar el cuchillo a hueso en esta cuestión.

 

 

El poder de las multinacionales | 19.04.2017

Conflicto de intereses

El ministro Buryaile integra un espacio empresarial decano en el lobby en favor del uso de agrotóxicos. Las corporaciones de parabienes.

“No sorprende pero es peligroso, es un fallo que ya se sabía que iba a ir en esta dirección porque, hoy más que nunca, estas multinacionales tienen un Gobierno y un Poder Judicial favorables a sus intereses”, lamentó el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván, al referirse a la decisión de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó el rechazo de una cautelar que buscó que se suspendan las pulverizaciones con glifosato en Argentina.

La cautelar había sido presentada por un grupo de personas que demandó a las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, al Consejo Federal de Medio Ambiente y a las empresas Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta.

Concretamente, pedían la suspensión provisional de “la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas”, solicitud que fue rechazada en primera instancia, ya que el Poder Judicial consideró que no había condiciones para que se ordene la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizan que se comercialicen semillas genéticamente modificadas.

Pero la Sala III considera que hay una “evidente dificultad probatoria” para demostrar la existencia “de efectos nocivos”, para la salud de las personas y el ambiente, provocados por la utilización de organismos “genéticamente modificados”.

Entre los argumentos en favor del uso de este tipo de productos está la opinión de un organismo oficial, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que evaluó que estos organismos genéticamente modificados no generan impacto sobre el ambiente diferente “del que produciría el organismo homólogo no modificado genéticamente”.

Martín Lema ya presidía la Conaiba cuando realizó publicaciones de diferentes artículos sobre el tema, en los que comparte firma con miembros de Monsanto, y de otras firmas que -se supone- el organismo que preside debe ayudar a controlar.

Pero no es el único integrante del staff gobernante que, a priori, presenta algún “conflicto de intereses” con este rubro tan ligado al agronegocio.

El propio ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, fue vicepresidente de CRA que integra la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, un espacio empresarial decano en el lobby en favor del uso de agrotóxicos, tal como lo es Aacrea que cuenta entre su dirigencia al jefe del Gabinete de Buryaile, Guillermo Bernaudo.

Entre los aportantes de los think tanks de Cambiemos están también estas empresas. Tal es el caso de Syngenta que aparece en la nómina del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, cuyo director ejecutivo es el secretario de Comercio, Miguel Braun. Según la agencia Bloomberg, Monsanto avanza con Syngenta en una fusión que, si se concreta, crearía en el mercado de las semillas y los agroquímicos, un monstruo que superaría los treinta mil millones de dólares de ingresos.

 

Cambiar el modelo agrícola dominante

“El modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no sólo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria”, asevera un reciente informe realizado por la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver.

Este trabajo, titulado “Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación”, cuestiona severamente la premisa que sostiene que éste es el único modelo que permitiría alimentar a la población mundial, al tiempo que destaca el impacto negativo que los agroquímicos provocan en la salud y el ambiente.

Por esto hace responsable a los agrotóxicos por la muerte de, al menos, doscientas mil personas cada año y hace hincapié en que el 99 por ciento de estos casos se registran en países cuyas economías no están entre las más fuertes del planeta.

Asimismo, plantea con claridad que existe un lobby empresario que impone reglas, aunque “sin utilizar productos químicos tóxicos, o utilizando un mínimo de ellos, es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes, con mayores rendimientos a largo plazo, sin contaminar y sin agotar los recursos medioambientales”.

También alerta sobre la “negación sistemática, alimentada por la agroindustria y la industria de los plaguicidas, de la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas, y las tácticas agresivas y poco éticas empleadas en el ámbito de la mercadotecnia”. En este sentido, un periodista especializado en temas agropecuarios que, por supuesto, pidió reserva sobre su identidad, le dijo a Nuestra Propuesta, que la presión de la industria es tal que “si hablás sobre este tema, tu carrera está acabada”.

Pero aunque la massmedia dominante lo oculte, las consecuencias son terribles. “Las mujeres embarazadas que están expuestas a plaguicidas corren mayor riesgo de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros, y sus bebés, de sufrir malformaciones congénitas”, advierte el documento de la ONU y puntualiza que entre las patologías más frecuentes están la leucemia y otros tipos de cáncer, esterilidad, alzheimer, parkinson, autismo , problemas respiratorios, trastornos hormonales, en el desarrollo y neurológicos.

Asimismo, recalca que aunque el incremento de la producción agrícola registrada durante los últimas décadas se consiguió con un altísimo costo en términos de salud humana y daño medioambiental, no consiguió eliminar el hambre del mundo, tras lo que reflexiona que la dependencia de plaguicidas “es una solución a corto plazo que menoscaba el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras”.

Y destaca que, además, conllevan un considerable costo para los Estados que son los que, tarde o temprano, deben atender las consecuencias que producen “a la sociedad en su conjunto”, al tiempo que “afectan los derechos humanos”.

Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina son las corporaciones que dominan más de la mitad del mercado de semillas y de las ventas de agroquímicos a escala global, lo que les otorga una formidable capacidad de lobby, tal como lo reconoce el informe cuando señala que estas transnacionales “ejercen un extraordinario poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial”.

Hora de devolver favores | 19.04.2017

Clarín se quedó con Nextel

Así, el Gobierno concentra aún más entre superjugadores, le da ventaja a Clarín en el cuádruple play y sigue ahogando a medios comunitarios y cooperativas.

Después de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo autorizara, quedó consumada la compra de Nextel por parte de Clarín, con lo que esta corporación adquirió -por 165 millones de dólares- la totalidad de la telefónica que maneja una porción del mercado y, así, cumplió con su viejo anhelo de instalarse en el mercado de telefonía celular.

Así, por medio de la Resolución 293/2017, la Comisión ratificó la operatoria que había vehiculizado el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que entregó gratis las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz para brindar 4G.

De esta manera, el Grupo Clarín se estableció como un jugador privilegiado en el mercado de telefonía celular, ya que va a poder brindar el servicio cuádruple de televisión por cable, Internet, telefonía fija y móvil.

El Grupo Clarín es uno de los grandes ganadores de la Era Cambiemos. En La Rosada saben que con un proceso de metódico putsch y desestabilización, fue un jugador determinante a la hora de horadar el Gobierno de Cristina Fernández, pero también para volver competitiva la candidatura de Mauricio Macri.

Pero también saben que a este holding no le tiembla el pulso si se tiene que cargar a un gobierno, sea del signo que fuera. Y a esto lo tienen claro los radicales que acompañan a Macri, porque algunos integraron el staff de Fernando De la Rúa que recibió un golpe letal del Grupo que exigía la licuación de su deuda.

Esto es algo que el propio Macri debe tener en cuenta y, por eso, sigue concediendo, aunque siempre patrimonio de todos los argentinos, ya que la premisa de su Gobierno es clara: la producción de riqueza es social, pero la toma de ganancias debe ser privada.

La recesión e inflación que no ceden, y todos los índices coinciden en que todo va mal -y promete estar peor- para los sectores populares y aún para los medios. Encima, todo esto en un año en el que los comicios de medio término pueden decidir bastante del destino que vaya a tener el Gobierno.

Y, en medio de este escenario, en La Rosada saben que es primordial que su relato sea creíble, y no sólo para los talibanes dispuestos a avalar cualquier medida con tal que sea reaccionaria. Para ello, su palabra debe estar apuntalada por el universo simbólico que la massmedia dominante -ahora en el Gobierno- aporta a construir cada día.

 

El Trece

Vale recordar que a instancias de la decisión de Macri, Carlos Rosenkrantz, accedió a la Corte Suprema. Se trata de un ex representante del Grupo Clarín, La Nación, Cablevisión, América TV y Claro.

Pero e sto no es todo, antes el mandatario había disuelto la Afsca para crear el Enacom y autorizó que el Fondo Fintech -que integra Cablevisión- adquiera Telecom. Un año después, el juez Julián Ercolini sobreseyó a Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble en la causa Papel Prensa.

Asimismo, destruyó Fútbol para Todos y, de esta manera, volvió a abrir la puerta al Grupo que, ahora de la mano de Fox, volvió a meterse en las transmisiones de los partidos.

También, en una maniobra que le puso la soga al cuello a un tendal de medios privados y comunitarios, el Gobierno Macri concentró la pauta publicitaria oficial en el Grupo que de los 96 millones de 2015, pasó a recibir 519 el año pasado.

Mientras tanto, el decreto 267 de 2015 anunció con la excusa de que le daría más competencia al sector telco, pero en este contexto otro decreto -el 1340- de fines de 2016, estableció que las telefónicas van a poder acceder al negocio de la TV por cable, pero sólo después de 2018, fecha que podría extenderse un año más, lo que consolida la posición dominante del Grupo que con la autorización de la compra de la totalidad de Nextel Argentina -realizada por medio de una maniobra poco clara- tiene allanado el camino a la prestación del cuádruple play, esto es, telefonía fija y móvil, internet y TV por cable.

Esto es así, porque antes Nextel había adquirido cuatro empresas menores que desde principios de los 90 tenían adjudicadas posiciones, entonces marginales, que el avance tecnológico -esto es la sofisticación de los dispositivos móviles- puso en valor.

Así, el Estado mira para otro lado y, con por lo menos un año de ventaja sobre sus competidores, el Grupo Clarín entra por la puerta grande en un negocio en el que, por las condiciones que estableció el Gobierno, quedan marginadas pequeñas empresas y cooperativas que representan algo más del diez por ciento del mercado.

Está claro que La Rosada acotó el sector telco, benefició a los grandes jugadores y decidió favorecer al Grupo Clarín, que respecto a los otros, es mucho más útil a la hora de consolidar público propio y dividir el ajeno.

 

 

El modelo económico del macrismo

Una maquinaria que no descansa

Otra vez Concordia es noticia por la crítica situación social que atraviesa. Según datos del propio Indec, la capital del citrus es la segunda ciudad con más pobres del país detrás de Santiago del Estero. (18/04/2017)

“Sin dudas esto se debe al fuerte impacto que la inflación y los aumentos de tarifas están teniendo sobre la economía nacional”, expresó Alejandro Milocco, secretario del Partido Comunista de Entre Ríos, tras conocerse los datos del Indec que confirman a Concordia como la segunda ciudad con más pobres en el país y detalló que la capital del citrus “lejos de ser la excepción, se vuelve nuevamente en un caso paradigmático”.

Para el dirigente, “no hay dudas de que el principal responsable de la situación social es el gobierno Nacional”, por lo que, rápidamente, advirtió que “hay elementos coyunturales que forman parte del detonante, pero también hay cuestiones estructurales que nunca fueron resueltas”.

El análisis de Milocco tiene en cuenta el contexto en el que se insertan los guarismos publicados por el Indec. Es que la ciudad ubicada al noreste de la provincia se había convertido en un caso emblemático tras la crisis del 2001: siete de cada diez concordienses se habían quedado sin trabajo como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales durante el menemismo.

Después, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, “esas cifras se redujeron enormemente y hoy el desempleo ronda el ocho por ciento en la ciudad, por lo que si bien la situación no es nada comparable, existe una matriz que hace que los más perjudicados sean siempre los sectores más vulnerables”, analizó.

 

Sin brotes

Tras la llegada del tan anunciado segundo semestre, lejos de emerger los primeros brotes verdes que el gobierno había prometido, lo que se evidenció fue un fuerte proceso de fuga de capitales, crecimiento de la deuda pública para gastos corrientes y destrucción del mercado interno. Ello derivó en un agravamiento de la crisis social y aumento de la pobreza que superó el treinta por ciento.

En Concordia, la situación es mucho más crítica, con casi la mitad de la población sin poder satisfacer sus necesidades básicas: “estamos inmersos en una crisis social muy grande”, dijo el titular del PC entrerriano.

El podio lo encabeza Santiago del Estero con un cuarenta y cuatro por ciento de pobres y tras Concordia se ubica Córdoba capital -donde Cambiemos arrasó en las últimas elecciones-, con un cuarenta.

¿Cómo se explican estos números? Para el dirigente, “si realizamos un análisis profundo, estas cifras se deben a dos cuestiones”. Por un lado, “a medidas económicas como la inflación -especialmente de los productos incluidos en la canasta básica- y el tarifazo que expulsaron del sistema a miles” y, por otro, a que “durante los años de crecimiento económico con el kirchnerismo no se generó empleo formal, registrado y enmarcado en convenios colectivos de trabajo”.

En la actualidad “el trabajo informal es muy alto en la ciudad y eso hace que todos aquellos que no tienen paritarias, vean disminuir su poder adquisitivo drásticamente”. Claro está que si para los trabajadores registrados durante 2016 el salario real cayó alrededor de un diez por ciento, en el caso de los trabajadores no registrados esa pérdida sea mucho mayor.

“Otro fenómeno que pone sobre la mesa el caso de Concordia es el de la destrucción del mercado interno”, puntualizó y explicó que “ello se debe a que muchos empleos dependían directamente de su sostenimiento y expansión, como así también del surgimiento de nuevas necesidades en el seno de algunos sectores que habían visto crecer su poder adquisitivo”.

Así, muchos trabajadores que se ganaban el plato de comida, la educación de sus hijos y el esparcimiento familiar mediante changas, ahora se encuentran en una crisis muy profunda.

El dirigente exclamó que “estas cifras no hacen más que reafirmar la justeza de los análisis y posiciones del PC durante los últimos años, especialmente, en el énfasis sobre la necesidad de encarar cambios estructurales”.

Para el caso “el ejemplo de Concordia es contundente”, aseveró y añadió que “el fuerte impacto que la inflación y los tarifazos sobre la población, dan cuenta también de la debilidad de algunas mejoras”.

Por eso, Milocco insistió que “el principal problema es que no se generó empleo de calidad”, tras lo que recordó que el trabajo no se crea por arte de magia, “sino que es necesario afectar intereses económicos de las grandes multinacionales, meterse con la renta minera y financiera, avanzar en una reforma agraria integral, entre otras medidas”.

Cerró el primer trimestre | 17.04.2017

Comer, cada vez más caro

Desde el sector privado y el académico, pero también el propio Idec, coinciden en que, lejos de los brotes verdes, sólo hay precios remarcados.

Siguen los despidos y la contracción del consumo popular se profundiza. Así lo señala el informe que la consultora Tendencias publicó en base a un relevamiento que llevo a cabo en marzo, que da cuenta de que durante ese mes, 61.249 personas fueron despedidas, fundamentalmente, del sector pyme. Pero esto no es todo: la destrucción del empleo triplicó la cantidad que se registró durante el mismo mes de 2016 que, vale citarlo, ya se había ubicado en un rango preocupante.

Por eso, no sorprende que, durante ese mes, creciera la cantidad trabajadores que llevaron a cabo medidas de fuerza para reclamar contra despidos o mejores condiciones laborales.

Respecto a la conflictividad existente en la relación entre trabajo y capital, un dato interesante es el que aporta el Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que señala que durante marzo, los conflictos volvieron a colocarse en el centro de la escena, “representados en los despidos sistemáticos acaecidos dentro del sector privado y, en el sector público, por la sostenida negativa del Gobierno en cuanto a la reapertura de paritarias docentes y vigencia de la paritaria nacional”.

Y no es para menos, ya que como sostiene el trabajo de Tendencias, con los de marzo, el acumulado de despidos del primer trimestre afecta a 75.027 personas, al tiempo que11.405 trabajadores fueron suspendidos, lo que implica un crecimiento de más del 41 por ciento, respecto a idéntico período del año anterior, pero también superior a la cantidad de enero y febrero de 2016.

Más crudos aún son los datos que aporta un estudio que hicieron el Instituto de Estudios de Consumo Masivo y el Indec que señala que, en lo que va del año, en el sector pyme de la Ciudad y el conurbano bonaerensese, se perdieron 150 mil empleos, producto del cierre de casi siete mil Pymes.

El dato es la previsible consecuencia de un mercado interno deprimido por la pérdida generalizada de trabajo e inundado de manufacturas importadas.

La apertura indiscriminada de importaciones pone a competir el salario de los trabajadores argentinos con el de sus pares de países donde la regulación estatal vuelca la balanza hacia el capital en su puja con el trabajo, por lo que los operarios se ven obligados a desempeñarse en condiciones casi esclavas.

Esto provoca caída en el consumo de productos nacionales y los consiguientes despidos que producen más retracción del mercado interno. Y, encima, una tasa de interés de referencia que no deja de subir, además del tarifazo crónico perpetrado en los servicios públicos, completa un combo letal para el trabajo.

De ahí que sea lógico el panorama existente en la zona Amba, donde desde la Confederación General Empresaria, se advierte que se verifica una caída del consumo del orden del 25 por ciento en rubros como el textil, calzado, metalúrgica, marroquinería y muebles que contrasta con la suba –promedio- del treinta por ciento en las importaciones.

 

Un mes pesado

En este contexto, marzo fue también un mes pesado para el bolsillo popular. Los precios de productos agrícolas se multiplicaron por 5,29 veces, según informó el Indice de Precios en Origen y Destino que elabora el Área de Economías Regionales de Came sobre una canasta de 25 alimentos agrícolas y ganaderos que se consumen en fresco.

Este relevamiento da cuenta del incremento que sufrieron esos precios desde que salieron del campo hasta que llegaron a la góndola. En marzo la brecha aumentó 11,4% respecto del mes anterior.

¿Puede resultar extraño que en este marco caiga el consumo? El consumo de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene cayó durante el verano y, entre ellos, el de los productos alimenticios de heladera se derrumbó casi un nueve por ciento. Esto quiere decir que se compran menos alimentos de consumo inmediato, pero también aquellos imperecederos.

Así lo destaca un relevamiento de la consultora CCR, que puntualiza que la demanda de productos esenciales cayó casi seis puntos porcentuales en febrero y 6,4 en el primer bimestre del año.

Es que lejos de los anuncios rimbombantes de La Rosada y sus propaladoras, persiste la contracción en la cantidad de productos despachados en hipermercados, supermercados pequeños, autoservicios, almacenes y otros comercios minoristas. Un dato preocupante es el que da cuenta que el consumo de carnes y lácteos sigue en caída.

Y en un contexto inflacionario estos datos son relevantes. El primer trimestre cerró con una inflación –de acuerdo al Indec- que se ubica en el rango del seis por ciento. Pese a esto, el Gobierno insiste en que el índice inflacionario no va a exceder los 19 puntos a fin de año y, con esa premisa, le pone techo a las paritarias.

Cuando comenzó 2016, desde La Rosada aseveraban que la inflación no sería superior al 25 por ciento, pero trepó a no menos del 42, cifra que creció hasta diez puntos porcentuales más, en el caso de los productos de la canasta básica que consumen los sectores más pobres de la sociedad.

Todo parece señalar que, en su segundo año, el Gobierno Cambiemos elige ir por el mismo camino.

 

La timba festeja... | 12.04.2017

La industria se hunde

Menos trabajo, persianas cerradas y un desplome que sigue.

La nueva escalada de la tasa de interés de referencia dispuesta por el Central, significa también otro golpe a la industria, sobre todo para el sector pyme y, por supuesto, para los trabajadores y el consumo interno.

Es que con el nuevo desplome que registró en febrero, esta vez del seis por ciento en relación a idéntico mes de 2016, la producción industrial cerró el bimestre inicial de 2017 con una retracción del 3,5 por ciento, según datos del propio Indec.

Esto se suma a los meses acumulados de contracción que coinciden con aquellos que lleva Mauricio Macri en la presidencia.

En el caso de febrero, con casi un veintitrés por ciento, la industria textil es la que más cayó y, muy de cerca, la siguió la automotriz, que arañó el 19 por ciento.

Pero esto no es todo. Las perspectivas parecen ser desalentadoras. Más de la mitad de los empresarios del sector consultados en la encuesta cualitativa del Indec, dijo que prevé que la situación no cambie durante el período marzo-mayo, casi un 16 por ciento opinó que va continuar cayendo la actividad y sólo el 32,8 se mostró esperanzado en que crezca.

Otros datos muy preocupantes son los que brindan la industria metalmecánica que, en febrero, se contrajo 8,5 por ciento en relación a idéntico mes de 2016 con lo que el primer bimestre cerró con una caída interanual alcanza superior al cinco por ciento, y la producción de acero y aluminio que se hundió más de nueve puntos porcentuales durante el segundo mes del año.

También se contrajo la refinación de petróleo, en este caso en más de nueve puntos, así la de artículos de plástico y caucho que lo hicieron en seis por ciento.

Así las cosas, a nadie puede sorprender que la capacidad instalada industrial siga en caída libre, ya que el Indec reconoció que, en febrero, descendió un sesenta por ciento, esto es, el peor registro en lo que va de la Presidencia Macri.

La cosa pasa de castaño oscuro. Más de la mitad de la maquinaria industrial está parada, algo que explica por qué –según el relevamiento de Cepa-, en 2016 la rama metalúrgica sumó la escalofriante cifra de 88.015 puestos de trabajo perdidos. De ellos, la rama metalúrgica totaliza 16.981 despedidos y suspensiones.

Mientras esperan al FMI | 12.04.2017

La tasa vuela y vuela

Impulsada por la suba en el precio de alimentos, la inflación sigue trepando. Se termina de descontrolar la emisión de bonos y el Central le echa leña al fuego a la hoguera que incendia la industria nacional.

En un año electoral y envalentonado por la movilización del 1º de abril, el macrismo decidió pisar el acelerador y profundiza su política económica con medidas de fuerte carácter neoliberal.

En esta clave hay que leer tres hechos económicos que, en el corto plazo, influirán en la economía real de los sectores populares, pero también van a agravar la crisis social que crece: se trata de la fuerte suba de la tasa de interés de referencia, la decisión de avanzar en un acuerdo -con contra-prestación- con el FMI y emitir bonos y letras del tesoro para incrementar el endeudamiento del Estado nacional y las provincias amigas de La Rosada y de aquellas que se dejen seducir.

Estas medidas tienen un contexto y es necesario ponerlo sobre la mesa. Abril comenzó con el autobombo de los logros conseguidos con el blanqueo que, según la Afip, redundó en un récord en la recaudación.

En un artículo publicado la semana pasada, advertimos sobre la verdadera implicancia de este récord y pusimos negro sobre blanco, algunos eufemismos utilizados por el gabinete económico para vender la sensación de que los brotes verdes finalmente iban a florecer.

Pero la cosecha se muestra marchita antes de ser cultivada. Los propios índices económicos que difunde el gobierno nacional, echan por tierra la pretensión de la reactivación económica. Encima, medidas como las tomadas esta semana por el gabinete económico, parecen ir a contrapelo de la tan mentada recuperación.

Algunos objetivos que dice tener el gobierno entran en contradicción con decisiones que toma ¿Estamos ante un caso de mala praxis económica o La Rosada no explicita sus verdaderos objetivos? Si es verdad que el gobierno desea llegar a 2019 con una inflación de un dígito, también es cierto que el plan que ideó para alcanzar esa meta es el de planchar -literalmente- el consumo de los sectores populares. En ese sentido, hay que entender el hecho de que, el mismo día que el Indec anuncia que la inflación de marzo fue de 2,4 por ciento -con aumentos sensibles en productos básicos de la canasta elemental, como alimentos y bebidas- se da a conocer la suba de la tasa de interés de referencia de hasta el 26,25 por ciento.

El mensaje es claro: el Tesoro Nacional decide emitir bonos, ingresan dólares en el marco del blanqueo, se accede al mercado internacional de crédito y se restablecen las relaciones con el Fondo Monetario, entonces, es mejor apostar a la timba financiera que a la inversión y generación de empleo.

Así, el gobierno invita a subirse a la bicicleta en un circuito que es para unos pocos. Ello queda claro cuando se contempla que “flexibilizan” las condiciones para ingresar millones de dólares en el circuito financiero, lo que hace crecer la renta financiera de los principales bancos que, hoy, son los máximos ganadores del modelo económico, junto a los exportadores.

Mientras tanto, los costos de financiación para el consumo minorista se presentan leoninos, a punto tal, que la Secretaría de Comercio debió volver sobre sus pasos y reactivar el sistema de cuotas sin interés, no ya en doce, sino en tres y como máximo en seis y sólo en algunos rubros. Al mismo tiempo, se encarece el crédito para Pymes e industriales. Tanto que hasta el mismo presidente de la UIA, José Urtubey, puso el grito en el cielo y llamó la atención sobre la decisión de subir la tasa de interés de referencia, mientras se endurecen los términos para lograr financiación en el ámbito productivo. El dirigente industrial se animó a pronosticar que “la fórmula que está usando el gobierno para bajar la inflación, no es la correcta”.

 

No hay errores

Hay que desmenuzar una por una las medidas del gobierno e insertarlas en el marco general del proyecto económico para entender que, lejos de tratarse de errores o mala praxis, lo que en realidad se está produciendo es una cirugía de alta precisión sobre la estructura económica argentina.

Este trabajo de precisión requiere de un arsenal de medidas, a cargo de los equipos del gabinete, en el que los aspectos técnicos se priorizan sobre los políticos.

A simple vista, podría parecer que el gobierno está siempre a centímetros de pegarse un tiro en el pie. Alcanza sólo con recordar los dichos del ministro de Economía, Juan José Aranguren, que tras los tarifazos -en un acto de sincericidio- se justificó diciendo que “tengo una planilla Excel que cumplir”.

Esta predilección de la “ceocracia” sobre las cuestiones técnicas ante las políticas se debe, fundamentalmente, a dos cuestiones. Por un lado, a su extracción de clase: se trata de Ceos, gerentes y accionistas de las empresas más importantes con intereses en el país, con larga trayectoria en el sector privado. Y, por otro, que de las “cuestiones políticas” se encargan los grandes medios de información que libran una batalla sin cuartel contra el pueblo, su resistencia y manifestaciones de rechazo a las medidas económicas del gobierno.

Como botón de muestra, alcanza con la vergonzosa justificación a la represión policial contra los docentes el domingo último en Plaza Congreso.

A esta altura suena trillado decir que “sin represión este modelo económico no se sostiene”, pero lo trillado no quita lo verdadero. Una vez más los hechos se despliegan ante una realidad que la massmedia dominante oculta, aunque con relativo éxito.

El acumulado de la inflación durante el primer trimestre del año, demuestra que la meta inflacionaria estará muy por encima del 18 por ciento estipulado por el gobierno, que es el argumento sobre el que se monta la vergonzosa oferta salarial a los docentes bonaerenses. Al mismo tiempo, tras conocerse la intención de comprar armas a EE.UU. para “fortalecer” la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, se filtró la voluntad del Ministerio de Seguridad de adquirir nuevo armamento para combatir los piquetes.

Estas decisiones demuestran que, en momentos en los que se agudiza la conflictividad social, el gobierno está decidido a pisar el acelerador y avanzar, lo más que pueda, mientras haya condiciones que se lo permitan. Y cuando no, ya dio muestras de que la represión estará a la orden del día.

Pertenecer tiene sus privilegios | 18.04.2017

Michetti, sobreseida

La causa abierta por las bolsas con pesos y dólares, fue a parar a la bolsa de los residuos.

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, fue sobreseida en la causa iniciada cuando, tras un robo en su casa, tuvo inconsistencias al explicar de dónde prevenía una importante suma de dinero que, según ella misma denunció, le había sido sustraído de su domicilio. La decisión la tomó el juez, Ariel Lijo, quien adoptó esta posición porque no pudo determinar “el origen ilícito” de los 245 mil pesos y cincuenta mil dólares que la vicepresidenta denunció que le fueron robados.

Vale recordar que el caso ocurrido durante la noche en que se disputó la segunda vuelta electoral, en 2015, tomó estado público , meses más tarde, por un artículo publicado en Tiempo Argentino. Desde ese momento, cada vez que intentó explicar el origen de estos fondos, la vicepresidenta exhibió inconsistencias, aunque se esforzó en dejar claro que se trataba de dinero que provenía de donaciones para una fundación que preside y de un préstamo particular que le hizo su pareja.

En su fallo, Lijo señala que se “corroboró la versión expuesta por Gabriela Michetti en las diversas presentaciones efectuadas ante el Tribunal” y, de ahí, se desprende el “origen lícito del dinero”.

Así las cosas, Michetti se suma a la lista de dirigentes de Cambiemos para los que la Justicia tiene un tratamiento, al menos, condescendientemente expeditivo.

No hace mucho el juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en una causa en la que se pedía que se investigue si está involucrado en el cobro de coimbas por parte del financista, Leonardo Meirelles, que está preso en el contexto de la causa Obedretch, iniciada en Brasil.

En este caso, el fiscal federal Federico Delgado, apeló el sobreseimiento y, ahora deberá definir la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, si continúa abierto el expediente.

 

Mauricio

Pero sin dudas, entre el staff gobernante, el más afortunado con la Justicia es el propio presidente, Mauricio Macri, quien en lo que va de su mandato ya estuvo imputado en seis causas, pese a lo que sigue gambeteando los Tribunales.

Pero esto no es nuevo para Macri. Su proverbial suerte tiene antecedentes en la causa iniciada en los 90 por el contrabando de autopartes entre el Grupo Sogma y Sevel Uruguay.

La mano salvadora vino de la Corte Suprema a la que llegó, tras varias chicanas judiciales y apelaciones. Ahí, la mayoría automática de la Corte menemista lo absolvieron.

Por su parte, más cerca en el tiempo, otra composición de supremos confirmó el sobreseimiento de Macri en la causa en la que estaba acusado por su responsabilidad en las agresiones perpetradas contra personas es estado de calle, por la banda de la Unidad de Control del Espacio Público (Ucep), que constituyó cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad.

Y, al promediar su primer año como presidente, la Sala I de la Cámara Federal sobreseyó a Macri en la causa de las escuchas ilegales, por la que fue procesado en 2010. El 29 de diciembre de 2015, el juez Sebastián Casanello había dictado ese fallo.