Para defender el techo

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Los habitantes de la Casa Santa Cruz van a concurrir a una mesa de diálogo y, al menos por ahora, se frena el desalojo del edificio ubicado en Parque Patricios.

La audiencia convocada por el desalojo de la Casa Santa Cruz, acordó armar una mesa de diálogo para que todas las partes que se hicieron presentes intenten llegar a un acuerdo del que dependerá la suerte del centenar de familias que reside en el edificio de la calle Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Significativamente, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), no envió ningún representante a la audiencia presidida por la Defensoría del Pueblo.

Quienes sí estuvieron son el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, así como representantes de la Procuración General, la Defensoría de Menores, el Consejo de Derechos Económicos y Sociales, y la Defensoría General de la Nación.

También la legisladora Paula Penacca y los abogados

Rosa Herrera y Héctor Trajtemberg, ambos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), que representan a las familias que viven en el edificio.

Al respecto, desde la Ladh se repudió la actitud del IVC que “ni se tomó la molestia de enviar a alguien a la audiencia” y se recalcó que el gobierno “solo ofrece un subsidio que no soluciona ni un poco la vivienda de las familias ni la continuidad escolar y laboral de sus integrantes”.

 

Subasta y después

 

El edificio fue subastado durante 2010 y, aunque las familias que lo habitan intentaron conseguir un crédito para comprarlo, no lo lograron.

Lo adquirió -con todos sus habitantes adentro- Leonardo Ratuschny, quien pagó 1.550.000 pesos e inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo.

El expediente de desalojo está en manos del juez Jorge Cesari, que es el titular del juzgado civil 60 de la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a esto, quienes viven en el edificio no se quedaron con las manos cruzadas. Fue por su iniciativa que -durante 2015- tuvo lugar una audiencia en la que participaron los moradores del edificio, Ratuschny y el IVC.

La propuesta consistía en que se pudiera llegar a un acuerdo de venta. Pero Ratuschny valuó el lugar en treinta millones, una cifra descabellada si se tiene en cuenta que, por entonces, el Tribunal de Tasaciones de la Nación (Secretaría de Hábitat), lo valuó en ocho millones. Y no sólo esto: una inmobiliaria de la zona lo tasó en quince millones.

Vale recordar que en el edificio de Santa Cruz 140 funcionó la hilandería Selsa que cuando abandonó la actividad -ahí fabricaba toallas-, hizo lo propio con el edificio.

El lugar estaba vacío y abandonado, hasta que fue recuperado por quienes lo convirtieron en su hogar, las mismas familias de trabajadores que pueden perderlo todo si avanza la orden de desalojo. Son alrededor de cuatrocientas personas, de ellas un centenar son niños.