Un nuevo informe demuestra que los precios de los medicamentos continúan muy por encima de la inflación, lo que afecta el poder adquisitivo de la población, especialmente de los jubilados
Una de las prioridades que tendrá que atender el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, es contrarrestar de alguna manera, la impresionante inflación que en los últimos cuatro años afectó a los precios de los medicamentos. Se trata, ni más ni menos, que una prioridad de salud pública.
Un nuevo informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) confirma, una vez más, los aumentos abusivos que se vienen produciendo en el sector. Por ejemplo, medicamentos como Sintrom, que se receta para prevenir los accidentes cerebrovasculares (ACV), aumentó 1148 por ciento desde el 2015.
En concreto, según el informe del Cepa la jubilación mínima en los últimos cuatro años subió apenas un 239 por ciento, frente a los medicamentos que incrementaron su precio un 457 por ciento promedio.
Para el mismo período, organismos privados estiman la inflación registrada desde que comenzó la Presidencia Macrirondará el trescientos por ciento. Aquí vale recordar que durante el primer semestre se produjo el “apagón estadístico”, por lo que no midió la primera gran devaluación.
Bajo este panorama, por ejemplo, el poder de compra de la jubilación mínima se redujo un 23,4 por ciento desde el 2015.
De estos números se desprende que tanto la inflación del IPC como la suba de los medicamentos ha erosionado el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Por ello, tal como había denunciado la Defensoría de la Tercera Edad, es fácil comprender porque hoy el sesenta por ciento de los jubilados se encuentran por debajo de la línea de pobreza, es decir, que tras haber trabajado y aportado toda su vida hoy no pueden cubrir las necesidades básicas que les garanticen una adultez digna.
Ajuste
Hay que recordar que el proceso de ajuste sobre las jubilaciones y pensiones se consolidó con la reforma previsional de diciembre de 2017.
La reforma formaba parte de un “paquete” de medidas que el gobierno, tras las elecciones del 2017, se propuso imponer para profundizar la política de ajuste.
En concreto, la reforma previsional del macrismo consistió en un recorte de ingresos mediante un cambio en la fórmula de ajuste en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones.
Tras la reforma, solo en 2018, los jubilados perdieron 53 mil millones de pesos. Sumado a las pensiones y asignaciones, los trabajadores perdieron 64 mil millones. El monto representó más de diez mil por jubilado.
Por consiguiente, es preciso avanzar en un plan de reformas que genere las condiciones para que trabajadores y jubilados recuperen, además de la dignidad, lo perdido en estos cuatros años que fue mucho.
Entre las tareas urgentes para que así sea, será necesario derogar la reforma previsional y diseñar un nuevo esquema que asegure una política de seguridad social integral para trabajadores, desocupados y jubilados.
Una vez más, insistimos desde Nuestra Propuesta, que emprender esta tarea implicará afectar intereses poderosos y concentrados que vienen siendo favorecidos desde hace años, algunos más otros menos: mineras, exportadores agrarios, los bancos, empresas prestadoras de servicios públicos y prepagas de salud.
Para decirlo sin eufemismos, para que los jubilados puedan recuperar algo de lo perdido, se deberán instrumentar medidas de fondo que demandarán una poderosa articulación político-social que resista la reacción de estos sectores y que avance en reformas estructurales que, seguro, incomodarán a muchos.