Rechazo del PC de Corrientes: El Presidente Viola la Ley.

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Así lo asevera el PC de esta provincia y recalca que, además, “lesiona gravemente el consenso social construido tras el retorno a la democracia y el debido respeto a los derechos humanos”.

"Los tres poderes de Corrientes deben rechazar el decreto de Macri”. De esta manera el Partido Comunista de esta provincia salieron al cruce de la decisión del ejecutivo nacional de habilitar a las Fuerzas Armadas a retomar actividades de seguridad interna dentro del territorio del país.

“Consideramos que dicho decreto es de una gravedad institucional sin precedentes, ya que intenta modificar leyes fundamentales desde el regreso de la democracia sin la participación del Congreso Nacional”, recalca el PC de esta provincia por medio de una declaración en la que insiste que, “ante esta situación, los Poderes del Estado no pueden permanecer neutrales ni ejercer obediencia debida hacia un gobierno nacional”.

Asimismo, puntualiza que “la intención de devolverle a las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir en seguridad interna, es para incrementar los niveles de represión ante las crecientes movilizaciones sociales productos de un modelo de ajuste y exclusión que lleva adelante la Administración de Macri” y, advierte, “todo con la fachada de combatir el narcotráfico y terrorismo”.

También reflexiona que “la sociedad argentina está cada vez más consciente que el modelo de Cambiemos sólo generará más pobreza”, al tiempo que asevera que “la sumisión al FMI no hace más que corroborar esa percepción” por lo que, “ante la protesta del pueblo, la reacción del gobierno será más represión”.

Quiebre

Así las cosas, a la hora de fijar postura, el PC de Corrientes hace hincapié en que el Decreto 683/2018 “es un quiebre del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, establecido en su artículo 36, incorporado por la Reforma Constitucional del año 1994”.

Pero también “recordamos a nuestros cuadros oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que la obediencia debida no excluye la responsabilidad penal e institucional y que una orden ilegal es nula totalmente”.

Por otra parte, la declaración del PC de Corrientes denuncia que “involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior viola la legislación vigente, lesiona gravemente el consenso social construido tras el retorno a la democracia y el debido respeto a los derechos humanos”.

De ahí que inste a “todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y sindicales a movilizarnos para frenar este nuevo avance por parte del Régimen Macrista contra los derechos de todos los argentinos”.