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Política
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El gobierno ordenó pagar a las empresas prestadoras -y así a las productoras- del servicio de gas en concepto de “compensación” por la devaluación total del último año.

En el tramo final de su mandato, el macrismo sigue favoreciendo a las grandes empresas que constituyeron el núcleo económico-social de su gobierno. Esta vez a las energéticas: mediante una Resolución publicada en el Boletín Oficial, el Estado pagará más de 24.600 millones de pesos en concepto de “compensación” por la devaluación acumulada entre abril de 2018 y marzo de 2019.

En efecto, frente a la profunda crisis social que vive el país -que afecta a millones de trabajadores-, una vez más la política económica del gobierno explicita su carácter de clase.

El cálculo de la “compensación” fue realizado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y se fundamenta en el Decreto 1.053/18 del Ejecutivo, que establecía -entre otros puntos- que “con carácter excepcional” el Estado pagará “las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el primero de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio”.

Una vez más, queda en claro que nada en la política económica del macrismo puede ser atribuido a la improvisación.

Por el contrario, cada decisión se encuentra articulada en un proyecto bien definido, destinado a favorecer a las grandes empresas vinculadas a los servicios públicos, a las entidades financieras y los agroexportadores.

 

Favorecidos

 

Entre las prestadoras favorecidas por la Resolución están Metrogas, Camuzzi, Litoral Gas, Gasnor, Distribuidora de Gas del Centro y de Gas Cuyana y Naturgy BAN.

A su vez, serán resarcidas algunas de las grandes empresas productoras como Tecpetrol, Pan American Energy, Pampa Energía y Roch, entre otras.

En suma, se trata empresas nacionales y multinacionales que se favorecieron durante los últimos cuatro años con los tarifazos que explican, en gran parte, la brutal pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores durante el gobierno de Macri. Pero para los trabajadores no habrá compensación alguna.

Hay que recordar que al publicar el Decreto, el gobierno argumentó que el objetivo era que esta variación -hoy estimada en más de 24 mil millones de pesos- no recaiga en los bolsillos de los trabajadores. Lo dijo en un año electoral en el que la derecha jugaba su ficha.

A pesar del argumento retóricamente “populista” del gobierno, es evidente que los costos de la “variación” por la devaluación eran asumidos por el Estado nacional, es decir, que en última instancia, se elegía destinar dinero de los contribuyentes para compensar a las empresas gasíferas con fondos que podrían ser utilizados –por ejemplo- con fines sociales.

Por consiguiente, nunca se puso en duda las ganancias de las empresas que, lejos de eso, se maximizaron como nunca a raíz de los tarifazos.

En efecto, y con el cinismo que caracterizó a estos cuatro años de gestión gubernamental, el macrismo eligió que los beneficios de estas empresas sean asegurados por el Estado porque, en última instancia, los “esfuerzos” recaen siempre del mismo lado.

Por otra parte, el gobierno apenas cumplió con el plazo de noventa días de congelamiento del precio de los combustibles y autorizó un incremento del cinco por ciento en el precio de las naftas. Fue la octava suba en lo que va del año y se espera que en diciembre las naftas vuelvan a aumentar.

El rubro de los combustibles es un área sensible para la estructura de precios de la economía en Argentina, debido especialmente -pero no únicamente- al impacto que tiene sobre los costos de flete para el traslado de mercancías y la prestación de servicios de transporte público y privado.

Por ende, cualquier variación en este sector impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores.

De ahí que, de cara a los próximos años, el nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de regular a las empresas prestadoras de servicios y a las petroleras, para evitar que los futuros aumentos no superen al índice de variación salarial, pero también para facilitar que los sectores populares recuperen parte de los perdido durante los últimos cuatro años.