A pesar de que el humo llega hasta sus narices, el FMI y el gobierno niegan el incendio. La cuarta misión del Fondo en un año llegó para asistir al gobierno en su hora más difícil. Inflación interanual de más del 50 por ciento, tasa de interés por encima de los 73 puntos, la industria nacional parada y fuga de capitales récord. El próximo gobierno deberá afrontar vencimientos por más de 150 mil millones de dólares.
Luego de reunirse con la cúpula de la CGT para conocer la posición de la central obrera ante la situación económica, el representante del FMI Roberto Cardarelli, afirmó que “lo peor ya pasó” y que el Fondo está preparado para cualquier escenario, por lo que no “teme” a la posibilidad de que Cristina Kirchner gane las elecciones presidenciales de diciembre.
Las declaraciones de Cardarelli, que encabeza una nueva misión del Fondo en Argentina, coincide con la visión que el gobierno de Macri intenta implantar sobre la actualidad del país de cara a la contienda electoral. Por supuesto que no sorprende.
Con esta nueva misión queda a la vista como el macrismo, una vez más, decide entregar al organismo internacional las llaves del país hasta las elecciones de octubre. ¿Qué pasará después? La hoja de ruta, en el caso de que Cambiemos logre la reelección, se encuentra detallada en la rápidamente perecida propuesta de “Diez puntos de acuerdo” que el gobierno preparó para convocar a una mesa de diálogo a la oposición, justo días antes del desembarco de Cardarelli y compañía.
Se trata de la cuarta visita del FMI en menos de un año y la misma tiene como objetivo efectuar una revisión in situ del programa de obligaciones económicas que el Fondo impuso al gobierno para desembolsar, en tramos, 57 mil millones de dólares. A diferencia de las tres visitas anteriores, esta tiene la particularidad de ser la primera luego de que el Directorio habilitará al Banco Central a intervenir en el mercado de cambios con los dólares del préstamo. Se trata de una decisión inédita que desnuda los intereses del organismo en el país, ya que no solo es la primera vez que el FMI otorga un permiso de este tipo, sino que se trata de una concesión que el propio Convenio Constitutivo del Fondo prohíbe expresamente.
Como consecuencia de este permiso y a un mes del último desembolso del Fondo, las reservas del Banco Central ya perdieron el 86,7 por ciento del total. Los dólares de cada desembolso duran cada vez menos. Esto demuestra que el gobierno abrió el grifo del Central para que los empresarios amigos fugen capitales ante la incertidumbre electoral. La afirmación no es caprichosa ya que el pez por la boca muere: la decisión de Sandleris -avalada por Macri y que derriba el tan mentado mito de la “independencia” del Banco Central- de no informar más el nivel de reservas del Central y para qué se usan los dólares del Fondo sirven a modo de indicio, como el humo que delata la existencia de un incendio.
Pese a lo descabellado de la decisión, la misma no generó el pánico que generan en los mercados, por ejemplo, la difusión de encuestas nacionales. La explicación hay que buscarla en la “estabilidad cambiaria” que demandan los acreedores y que necesita el Fondo para que Argentina pueda afrontar las obligaciones y vencimientos de, al menos, este año, cuando el FMI termine de entregar la última partida dólares que completarán los 57 mil millones acordados. Los pagos futuros, evalúan desde el Fondo, dependerá de los resultados de las elecciones de octubre. Es esta convicción la que explica el apoyo abierto y total del organismo internacional a la gestión de Cambiemos y su apuesta a que triunfe, como sea, en los comicios presidenciales.
Por las dudas, el gobierno ratificó públicamente esta convicción en el punto 10 de la propuesta tardía, marketinera y oportunista a la oposición: “cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”. El resto de los puntos es, para decirlo en criollo, sanata.
Sin embargo, esta es una parte del contexto en el que llega la comisión revisora del Fondo. La otra, obviamente, es escamoteada por completo tanto en la misiva macrista como en las apariciones públicas de Cardarelli: aumento de la pobreza y la indigencia, destrucción del mercado interno, incremento del desempleo, desindustrialización y fuga de capitales.
Sin más, en estos días se conocieron datos que por más esperados que hayan sido no dejan de ser escalofriantes: la actividad industrial se derrumbó en marzo un 13,4 por ciento interanual. La debacle en relación al primer trimestre del 2018 es de más de 11 puntos. La baja en la actividad es el correlato de la altísima capacidad ociosa de la industria nacional: según el Indec la capacidad ociosa alcanza al 57,7 por ciento del parque industrial. En sectores como el automotriz ronda el 35.
Así las cosas y con una inflación proyectada en 40 por ciento según las consultoras privadas que miden el alza de precios para el Banco Central, parece que los brotes verdes no van a crecer en ningún periodo de los cuatro años de gestión macrista en el país. La economía argentina es hoy un campo regado con kerosene.
Futuro
El año pasado, tras la crisis cambiaria de abril motivada por las fuga de divisas que perpetraron, entre otros, el JP Morgan y Blackrock, el gobierno anunció que recurriría al FMI para sortear la crisis y la imposibilidad del país para acceder al crédito en los mercados internacionales. Un año después, el saldo es catastrófico: el gobierno abrochó el crédito más importante emitido por el Fondo a lo largo de toda su historia y, sin embargo, no pudo contener la devaluación. La corrida no se detuvo, el dólar aumentó un 102 por ciento y la tasa de interés del Banco Central pasó del 40 al 73 por ciento.
La herencia para el próximo gobierno será catastrófica. Entre 2021 y 2023 Argentina deberá pagar al FMI 50.000 millones de dólares. En 2023 se concentra el pago más fuerte: 23.300 millones, el 47 por ciento del total del préstamo en un solo año. Si se agregan los pagos por el resto de la deuda emitida por este gobierno, entre 2020 y 2023, los mismos superan los 150.000 millones.