En medio de una nueva escalada del dólar y con cada vez mayor rechazo a los tarifazos, incluso en el Congreso, Marcos Peña anunció esta tarde que si prospera una ley del Parlamento contra los aumentos será vetada.
En el trabajo necesario y urgente para frenar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, este miércoles la oposición política con representación en el Congreso intentó prosperar con distintos proyectos de ley que tienen como objetivo, al menos, paliar la situación para los sectores populares.
Allí concurrieron más de una decena de intendentes “massistas” y peronistas, que se dieron cita en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que con el correr de las horas y ante la acuciante situación de una porción cada vez más grande de población, parece inevitable que prospere uno de los diversos proyectos que busca paliar los efectos de los tarifazos en el Parlamento.
Pese a ello y en el contexto de una nueva escalada del dólar que superó los 21,50 pesos -incremento que se espera que se traslade al precio de los combustibles en las próximas horas- el gobierno nacional ya avisó, en boca del jefe de Gabinete Marcos Peña, que el presidente vetará cualquier ley que sancione el Congreso que no tenga “sustento fiscal”.
Por el contrario, el gobierno está dispuesto a redoblar la apuesta: un informe publicado con la firma de dos funcionarios del Ministerio de Energía y Minería sostiene que aún hay margen para aumentar las tarifas por encima de la inflación.
Es más, desde la ceocracia esperan sacar cuanto antes la nueva Ley de Mercado de Capitales que desregulariza totalmente el sector financiero y salvaguarda los intereses de los privados ante cualquier crisis con los créditos, la deuda, etc.
Pero no es solo en el Congreso y en las calles donde se lucha contra los tarifazos. En los tribunales también se pugna por la suerte de los incrementos. La asociación civil Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), exigió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga ante el carácter abusivo de los aumentos; por su parte, la Corte deberá resolver en estos días sobre un amparo colectivo presentado por el municipio bonaerense de Leandro N. Alem. Defensa del Consumidor de esta localidad presentó un amparo, que tramita en los juzgados de Junín, contra la suba del gas residencial.
Vale recordar que en 2016 la Corte se expidió sobre el asunto, exigiendo al gobierno que realice audiencias públicas para fijar los incrementos y fijando que estos debían ser graduales y estar fundamentados. Este fallo que logró frenar el primer calendario de aumentos presentado por la ceocracia no logró impedir que luego, una vez realizadas las audiencias, el gabinete avanzara a piacere con los tarifazos.
El pedido está bien justificado. En declaraciones a Ámbito Financiero, el presidente de Deuco, Pedro Bussetti, argumentó que el amparo es necesario ya que, por ejemplo, las carnicerías “han quintuplicado el valor de las facturas que tienen que pagar por tener una heladera conectada las 24 horas y lo mismo ha pasado con restaurantes y demás comercios barriales”.
Excusas
Pese a esta realidad, lo cierto es que desde el fallo de la Corte, las audiencias públicas son apenas una excusa para evitar los problemas que el gobierno tuvo con la primera ola de tarifazos. Es que con la llegada del macrismo a la Casa Rosada el sector privado es el que marca el rumbo de la economía. El retiro del Estado en las decisiones económicas ha sido total y la desregulación es moneda corriente.
Este paradigma que se extiende a todas las dimensiones de la economía nacional tuvo su ensayo en los aumentos de tarifas y desde allí es una constante. Es un modelo que se profundiza día a día y que tiene como máximos paradigmas la libre flotación del dólar, la liberalización del precio de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos.
Que esto sea así es una cuestión de política económica y de clase. Basta con desentrañar la composición social del gabinete económico para entender que son los propios funcionarios los que tienen intereses en que el aumento de las tarifas sea permanente. El caso más emblemático es el del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien llego a la cartera nacional por ser el CEO de Shell en Argentina.
Por ello, nadie se sorprenderá al observar que el sometimiento de la estructura económica argentina a la lógica del mercado es operado en la actualidad desde el Estado al cual la ceocracia le imprime y consolida un perfil liberal burgués que se contrapone, fuertemente, a los rasgos keynesianos e intervencionistas ensayados por el kirchnerismo en el período 2003-2015.
Donde más se puede percibir esta diferencia es, justamente, en el diseño tarifario del país: desde la llegada de Macri a la Rosada el costo por kilovatio en dólares se triplicó y se ha sostenido una política de reducción de los subsidios al consumo que invierten la relación que convirtió a nuestro país en el segundo Estado con la electricidad más barata de la región detrás de Venezuela. Según el propio Ministerio de Hacienda, los subsidios en energía y transporte representarán para este 2018 el 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) cuando en 2017 era del 2,5.
Ante tal escenario queda a las claras que no alcanza con proyectos de ley que, necesarios, no logran tocar el fondo de la cuestión. Esta es una batalla que se gana en las calles, con participación de los trabajadores y usuarios que, en conjunto, construyan un nuevo modelo de servicios públicos.