Fue contra trabajadores de la Epec que protestaban contra la privatización encubierta de la empresa. “Quieren convertir un servicio de propiedad pública en un negocio privado que genere enormes ganancias que, normalmente, son fugadas al exterior”, denunció Héctor Tosco.
“La represión policial desatada, su actuar violento, ilegal y arbitrario es la verdadera cara del gobierno en Córdoba”, denunció Héctor Tosco, uno de los detenidos el viernes por la policía provincial que atacó ferozmente a trabajadores de Luz y Fuerza que protestaban contra la privatización encubierta de la Empresa de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec).
Los operarios hicieron abandono de tareas sin afectar la prestación del servicio, al tiempo que los cuerpos orgánicos del sindicato se movilizaban hacia la sede central de Epec, en la capital provincial.
Ahí esperaban poder entregar un petitorio dirigido al Directorio, donde -entre otros puntos- se exige que cese la persecución y traslados arbitrarios de trabajadores, así como las contrataciones periféricas innecesarias y que se reabra la paritaria.
Pero cuando llegaron al lugar, fueron reprimidos por los miembros del operativo policial que custodiaba el edificio, lo que dejó un saldo de trabajadores de Epec y periodistas heridos.
Pero también detenidos, entre ellos, Tosco quien se desempeña en Epec y el hijo de Agustín Tosco, que recalcó que el gobierno encabezado por Juan Carlos Schiaretti “busca mostrar como un logro político la modificación forzada a la baja del convenio colectivo de trabajo de Luz y Fuerza”.
Y recordó que, este convenio, “ha sido el eje de las relación empresa-trabajadores durante todos los años de democracia del 83 hasta la fecha”, por lo que “ el real propósito de la medida, es flexibilizar, precarizar, romper la cadena social, quitar del campo popular conquistas y recursos económicos, y así aumentar la brecha existente entre los pocos que más tienen y los muchos que aumentan los porcentajes de pobreza e indigencia”.
Más de lo mismo
Asimismo, Tosco señaló que “el objetivo concreto es convertir un servicio de propiedad pública en un negocio privado que genere enormes ganancias, las que normalmente son fugadas al exterior”.
Tras lo que recordó que “ya se han visto y sabemos el resultado de la aplicación de estas políticas de endeudamiento y entrega, aumento de tarifas a la población, precarización laboral y, en consecuencia, baja de salarios, deterioro económico en las grandes mayorías populares”.
Y fue claro al sostener que el gobierno de Córdoba “está atomizando la Epec, fraccionando las actividades centrales de la empresa con dudosas contrataciones”, al tiempo que no cumple con las leyes, “se hace el ciego ante las denuncias sobre irregularidades en las contrataciones que sus funcionarios cometen”.
Por eso, denunció, “para ocultarlas reprime y distrae con detenciones y despidos arbitrarios a trabajadores”. Y remarcó: “los trabajadores de la Epec no somos los responsables de la dilapidación y de la malversación de fondos”, tras lo que instó al ejecutivo provincial a “perseguir la corrupción y dejar que trabajemos en paz”.