De cara a la votación del Proyecto de Presupuesto en el Senado, vale reflexionar sobre los motivos que llevan a que se pretenda destruir el sistema público y universal.
El Proyecto de Presupuesto 2019 presenta un ajuste salvaje que impactará negativamente entre otras, en las áreas Salud, Educación, Ciencia Tecnología y Desarrollo Social y Cultura.
Quien lo envía es el gobierno que, recientemente, cerró el Ministerio de Salud para convertirlo en Secretaría. Ahora, además de autorizar ajustazos en la medicina prepaga, propone para el Presupuesto 2019 en Salud el 0,8 por ciento del PBI algo que, entre otras cosas, reducirá drásticamente las partidas para los hospitales públicos nacionales como el Posadas, Baldomero Sommer y la Colonia Montes de Oca.
Al referirse a esto, la presidenta de la seccional Hospital Gangulfo de la Cicop, Edith Renis, recordó que “la partida para Salud bajó” y añadió que “el ajuste se sentirá más en la provincia de Buenos Aires”.
También advirtió que, “en este contexto, hay que sumar que cada vez más gente se queda sin trabajo y sin obra social, por lo que concurre a los hospitales públicos, ya que tampoco puede pagar la prepaga”.
Y explicó que en Lomas de Zamora los programas de atención primaria que se implementan en salitas no dan abasto y “cuando los pacientes van al hospital lo encuentran desmantelado y colapsado ya que tiene 160 camas para una población de un millón de personas”.
Tras lo que alertó que con este ajuste se pretende sacar de la Carrera Hospitalaria a Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, “lo que es muy grave y por eso los enfermeros están indignados y movilizándose”.
Ataque
Pero el ataque del Gobierno Cambiemos contra el sistema universal, público y gratuito de salud no es nuevo.
Hace poco más de un año se lanzaba en Mendoza la prueba piloto del programa de Cobertura Universal de Salud (CUS), impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, que cuenta con el beneplácito de las cámaras que reúnen a las empresas de medicina prepaga, clínicas privadas, grandes laboratorios transnacionales y la burocracia sindical que espera engordar la caja de las obras sociales sindicales.
El CUS, que oportunamente el médico sanitarista del Partido Comunista Néstor Lucatelli, caracterizó como “una nueva avanzada del macrismo contra la salud pública”, no tiene nada de universal “profundiza la crisis en los hospitales públicos, favorece la desfinanciación de la Salud y engrosará las ganancias de los empresarios del sector”.
Entonces, explicó Lucatelli que, lo que se pretende con el CUS, es que el dinero que invierte el Estado en hospitales públicos, “pase a financiar las ganancias de las gerenciadoras médicas y las clínicas privadas”, por eso recordó que el gobierno arremetió contra el Plan Médico Obligatorio y el Programa Remediar.
Como en otras cosas, el ejecutivo pretende legitimar su ajuste en Salud con la excusa de que, tal como está, el sistema sería insostenible, por lo que debe ser “modernizado”.
Aquí se vuelve preciso recordar que, todavía, quienes vivimos en Argentina integramos el selecto ocho por ciento de la población mundial que tiene acceso a un sistema sanitario de base universal.
Esto viene cambiando para mal desde hace poco más de una década y, desde diciembre de 2015, parece que le tocó el turno a nuestro país.
El proceso de desfinanciamiento del sistema público, gratuito y universal de Salud, es parte de un putsch que avanza por Europa occidental, donde ya golpeó en lugares como España y Grecia, al tiempo que afectó a los países nórdicos e incluso a Gran Bretaña.
El sistema sanitario de base universal por el que cualquiera puede atenderse en la red de hospitales y salas públicas, es parte de las concesiones que el capitalismo tuvo que hacer, tras la Segunda Guerra Mundial.
El “Estado de Bienestar”, es un conejo que sacó de la galera la burguesía de Europa occidental, ante un bloque socialista en alza. Y lo hizo porque no podía permitirse que los derechos que tenían los trabajadores del otro lado aparecieran como ejemplo.
Por eso construyó herramientas que propiciaron distribuir algo por medio de la prestación estatal de servicios. Pero esto tenía otro efecto: así se garantizaba mano de obra sana, necesaria para recomponer la rueda productiva que había quedado bastante destruida por la guerra.
En Argentina, este capitalismo fordista tuvo su capítulo durante la postguerra, cuando se avanzó en un pacto que fortaleció el carácter de acceso público y de derecho universal a la educación, el sistema previsional y la salud como herramientas de redistribución de riqueza.
Un pacto que –en todos los casos- lleva a la clase obrera a aceptar integrarse dentro de los márgenes de la democracia liberal burguesa.
Pero se acabó el momento histórico que justificó a este “Estado Social” y, con el advenimiento de la Segunda Crisis de Larga Duración del Capitalismo, llegaron la externalización, “modernización” y gestión clínica, palabras que machacan sobre el sentido común para ocultar un proceso que pretende destripar al sistema universal de salud que aún gestiona el Estado, para entregar al sector privado sus partes más rentables.
Como ya se dijo esto no es nuevo y en los países donde se avanzó con estas recetas, los resultados son terribles y contribuyen a un escenario en el que se establece la mercantilización del sistema sanitario, como componente fundamental para propiciar transferencia regresiva de riqueza, pero que a su vez atenta contra la salud de las personas, fomenta la cartelización de empresas prestadoras y multinacionales farmacéuticas.
¿Para qué estar sano?
En el momento actual de su desarrollo -y a diferencia de la etapa fordiana-, el capitalismo no necesita que toda la población acceda a una prestación sanitaria de calidad.
Durante el breve interregno entre las dos grandes crisis de larga duración y para recomponer su propia base de sustentación, el capitalismo necesitó de pleno empleo, porque requería trabajadores sanos ubicados en una línea de producción.
¿Pero qué es lo que cambió? La financiarización y deslocalización empujan al proletariado a devenir en precariado y, entonces, el capitalismo puede prescindir de proporcionar asistencia sanitaria de calidad, porque del otro lado del portón habrá una larga fila de personas desocupadas dispuestas a trabajar en cualquier condición.
Por eso no es casual que se propicie el deterioro del sistema público, lo que empuja a sectores medios -que aún puedan pagarlo- hacia sistemas de prestación sanitaria de prepago privado. Esquemas en los que patologías crónicas dejan de ser consideradas problema social, por lo que cada paciente deberá pagar para poder vivir.
Para los que se queden afuera, habrá un esquema de prestación similar a la beneficencia de principios del siglo 20. Y esto no por un dejo de humanidad: la cobertura de inmunización de enfermedades infecciosas de fácil propagación seguirá siendo universal, es que algunos virus y bacterias pueden cruzar las barreras y controles del country.
Otro motivo que los lleva a desmembrar el sistema sanitario de base universal y acceso público y gratuito -como el educativo y el previsional- es que la salud pública es una concesión que el capitalismo tuvo que hacer en un contexto histórico determinado.
Estos tres sistemas son una suerte de forma avanzada de un tipo de sociedad que no es la capitalista. Por eso el capitalismo los aborrece. Y, por ello, echa mano a todo su potencial criminal para destruirlos, algo que aquí y ahora, se pretende refrendar y profundizar con el Proyecto de Presupuesto 2019.