El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso que solo puedan exigir la obligatoriedad de las vacantes al gobierno de la Ciudad quienes no puedan afrontar una cuota de alguna institución privada. El dictamen fue rechazado por la comunidad educativa porque viola la Constitución de la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad no cesa en su decisión de recortar la educación pública. Luego de que en la Legislatura porteña se aprobó el presupuesto 2021 enviado por Horacio Rodríguez Larreta, que establece un ajuste del seis por ciento contra la educación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló contra las familias que reclaman una vacante para sus hijos en las escuelas públicas, al declarar inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes en la escuela públicas.
El TSJ dispone que solo puedan exigir la obligatoriedad de las vacantes al gobierno de la Ciudad quienes no puedan afrontar una cuota de un establecimiento privado. En la resolución, además, los jueces agregaron que las demandas por vacantes no deben ser individualizadas, sino que deberían estar agrupadas en una demanda colectiva en una ONG (la elegida fue Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
"Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos", expusieron, en un comunicado, la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).
El abogado querellante, Eduardo Barreyro, dijo a Página/12 que se preparan para recurrir a la Corte Suprema de Justicia “porque tenemos todos los elementos para hacerlo”. La resolución judicial viola la Constitución de la Ciudad y va en línea con la postura del gobierno porteño: según el abogado, el TSJ tomó argumentos “textuales” del Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña y el accionar de los jueces estuvo totalmente alineado al Poder Ejecutivo.
La privatización entre ceja y ceja
Antonella Bianco, Dirigente del PC de Caba e integrante de La Violeta en UTE, caracterizó al dictamen del TSJ como “anticonstitucional e ilegal”. “Esto constituye un avance en el proceso de privatización y mercantilización de la educación en la Argentina”, enfatizó.
Asimismo, calificó esta acción como un “lawfere educativo” que apunta “contra un derecho colectivo, el derecho humano a la educación, y avanzar en la construcción de un sistema educativo diferenciado según clase social”.
“La semana anterior esta herramienta fue utilizada para denunciar y perseguir a docentes militantes sindicales por una medida de fuerza realizada en el marco de la defensa del Estatuto Docente”, señaló.
En este sentido, reflexionó en que “la configuración de circuitos educativos produce y reproduce la desigualdad social y educativa”, y se refirió a los integrantes del gobierno de la ciudad como “excelentes maestros en el arte de destruir la educación pública”. Por lo que no dudó en afirmar “haremos escuela de la lucha y la resistencia frente a la ofensiva privatizadora larretista.”