¿Qué tienen en común la muerte de Cinthia Choque y la resistencia de los obreros de PepsiCo? La simbiosis entre el estado Liberal Burgués y el poder corporativo, muestra su cara más criminógena.
Trabajadores del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial de la Ciudad, manifestaron ayer ante el Obelisco mientras que -casi simultáneamente- operarios de PepsiCo hacían lo propio en Mar del Plata.
En la Capital Federal, lo hicieron para pedir justicia por la agente Cinthia Choque, quien falleció al ser atropellada durante la madrugada del domingo, cuando llevaba a cabo un control vehicular junto a su compañero Santiago Siciliano, quien recibió graves heridas.
Aunque trabajaba bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad, la agente atropellada era monotributista desde hacía seis años, por lo tanto carecía de ART y seguro de vida. Además, le pagaban 25 mil pesos al mes, lo que la colocaba por debajo de la línea de la pobreza.
Mientras tanto, decenas de operarios de PepsiCo protestaban ante la planta que la multinacional posee en Mar del Plata, porque la firma pretende terminar de destruir el Convenio Colectivo del sector, al aplicar –desde hace seis meses- la polifuncionalidad en la fábrica.
¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra?
Es habitual la práctica de renovar contratos de trabajadores estatales para evitar su paso a planta permanente. La naturalización de esta práctica es peligrosa y, en este caso, supera todos los límites imaginables, ya que 1850 trabajadores que integran el cuerpo de agentes de tránsito -el setenta por ciento- no pertenece a la plata permanente.
Esto quiere decir que Horacio Rodríguez Larreta viola abiertamente la Constitución de la Ciudad, que es clara cuando indica que “garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes”.
Pero no menos dramática es la forma en que esta naturalización avanzó -desde diciembre de 2015- dentro del sector privado, empujada por las condiciones que generan la destrucción de puestos de trabajo y la caída salarial.
Antes de la megadevaluación de agosto, datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, señalaban que durante los últimos doce meses se habían destruido 172.169 puestos de trabajo formal.
Mientras que, con la Presidencia Macri, salarios, jubilaciones y asignaciones perdieron –en promedio- un veinte por ciento de poder adquisitivo, a lo que hay que sumar algo más de un 1,5 por la devaluación de agosto.
Va quedando claro que la reformulación regresiva de las relaciones entre el universo del capital y el trabajo, con el precariado como figura paradigmática, es el factor común de estas dos historias, pero también una característica central del momento en que se encuentra el desarrollo capitalista y, fundamentalmente, de su propia crisis sistémica.
¿Cuestión de época?
PepsiCo picó en punta -allá por julio de 2017- cuando bajó las persianas de la planta de Florida y desalojó a los trabajadores que intentaban evitar el cierre, con un operativo de Policía Bonaerense y la Gendarmería.
Esa vez, Cristian Ritondo aclaró que la gobernadora Vidal, había seguido de cerca el desarrollo de la bestial represión que dejó trabajadores heridos y presos.
Ahí, los operarios advirtieron qué pretendía la patronal con el cierre de la planta de San Martín y el traslado de la producción a Mar del Plata. Por más promesas que hizo la empresa, dos años después, se comprueba que los operarios tenían razón.
Lo que pasó entonces con PepsiCo exhibió algunos elementos clave: la represión que comprometió abiertamente a los máximos niveles de la administración estatal y una burocracia sindical que miraba para otro lado, actuando en tándem con una corporación transnacional para avanzar en un esquema de flexibilización que echa por tierra leyes que -en algunos casos- tienen casi un siglo en Argentina.
Queda claro que aunque la producción de bienes es social porque la realizamos -en conjunto- todos los trabajadores, la toma de ganancias siempre es privada, al menos fronteras adentro del capitalismo.
Por eso, es en este momento de su crisis cuando se expresa –como pocas veces- el carácter simbiótico que tiene la corporación con el Estado Liberal Burgués (ELB), algo que es muy evidente en el Gobierno Cambiemos. Así, el carácter criminógeno de la corporación, se imbrica con aquel inherente al ELB y lo potencia.
Es en este contexto, en el que se expresa con claridad el ELB como herramienta de poder que brinda garantías al proceso de acumulación de beneficio corporativo, en detrimento de la clase trabajadora.
Así las cosas y a la hora de desmitificar, hay que aclarar que lejos de ponerse al margen del proceso económico como pretende el discurso neoliberal, el Gobierno Cambiemos intervino con toda la fuerza del Estado, para regular en favor del desarrollo de un determinado modelo social.
De ahí que, para defender la maximización de rentabilidad de determinadas corporaciones, se vale de herramientas del corpus de leyes propio del ELB, instrumentadas –básicamente- por medio de un Código Penal y la fuerza policial.
Y, en esta dirección, uno de sus principales objetivos es aniquilar la conciencia de clase. De esto va el “cambio cultural” que pregona, y es así porque la conciencia de clase es la punta del hilo de un ovillo del que -si se tira- permite descubrir una construcción atávica y un desarrollo histórico basados en la solidaridad, como mecanismo organizativo de resistencia hacia las injusticias.
Pero también como práctica de apoyo mutuo y acción colectiva por parte de las clases subalternas, ante el ataque de aquellas dominantes que -a su vez- tiene un efecto de fortalecimiento identitario, ya que permite modificar la percepción entre pares y respecto a otras clases antagónicas.
Por eso el énfasis puesto por los ganadores del capitalismo en la tarea de transformar el proletariado en precariado, tanto en lo simbólico como en lo concreto.
Esto explica porque la insistencia del Gobierno Macri –y el coro corporativo- en eso de avanzar en la revisión de la relación entre capital y trabajo, algo que la resistencia popular impidió que se hiciera por Ley, pero que de todos modos avanzó fácticamente.
¿Pero por qué? Entre la genética del ELB, está garantizar a rajatabla la propiedad privada, lo que implica asegurar que la renta estatal transmute en capital financiero que garantice la prosecución de la ronda de concentración y apropiación de recursos naturales, intelectuales y simbólicos.
Esto lo hace –e hizo- con gobiernos de derecha y con los que pretenden propiciar “un capitalismo bueno”, más allá de matices.
Por eso, este tándem entre el ELB y el poder corporativo, busca regular por medio de la legislación y la “seguridad jurídica”, medidas que garanticen la maximización de tasa de ganancias al capital.
Y, en la contracara de la moneda, también regula avanzando en normas que desestimen –y hasta impidan- la asociación entre integrantes de las clases subalternas. Esto es, que fomenten que el proletariado se convierta en precariado.
Porque si se internaliza el trabajo como un fenómeno individual, se hace lo propio con su producto, la riqueza. Entonces, si el trabajo es individual, la riqueza también lo será.
Pero algo más, desde esa mirada, no existe lo colectivo, la identidad de clase y, mucho menos, la lucha de clases: destruirla conceptualmente y en la práctica, es su paradigma.
Entonces se va aclarando qué tiene que ver la terrible muerte de Cinthia Choque con la resistencia de los obreros de PepsiCo, porque aunque el Gobierno Cambiemos no pudo pasar el paquete de reformas regresivas de la relación entre trabajo y capital, logró internalizar la naturalización del precariado y -más aún- teñirlo de una carga simbólica positiva, vinculada a la modernidad.
Y, queda claro que este escenario difícilmente cambie el 10 de diciembre.