Así lo reclama la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sobre el que el ejecutivo dictó el DNU 320/2020.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) pidió que declare la declaración de la emergencia habitacional y la suspensión de todos los desalojos.
Al respecto, sostuvo que entre las consecuencias de la pandemia ocasionada por el Covid-19 está la necesidad de que, “dentro de sus posibilidades, las personas se mantengan en cuarentena dentro de sus casas y ayuden así a una política general de aislamiento social temporario para combatir su propagación.”.
Y recuerda que el ejecutivo dictó el DNU 320/2020, que suspende hasta el 30 de septiembre “exclusivamente los lanzamientos en causas de desalojo por falta de pago”, lo que “atiende a un vasto sector de la población, pues, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires los inquilinos corresponden casi al cuarenta por ciento de la población y se estima que los pagos en ese concepto representan en la economía familiar la mitad de los ingresos”.
Asimismo, recalca que la decisión es acertada y recuerda que “desde las organizaciones populares veníamos reclamando la declaración de la Emergencia Habitacional y la suspensión de todos los desalojos”.
Pero hace hincapié en que “es una medida insuficiente, ya que no modifica la situación de las personas cuyos contratos hayan vencido hasta el 20 de marzo de 2020 inclusive, quienes podrán ser desalojadas, ni las de otros habitantes contra quienes existan juicios de desalojo o de reivindicación por cualquier otro motivo”.
De ahí que añada que es preciso que además de se contemple “la situación de las personas y familias en situación de calle, a los habitantes de las villas, a las casas recuperadas mal llamadas ´casas tomadas´ y otros asentamientos populares donde viven los sectores más postergados y avasallados sistemáticamente en sus derechos en nuestra sociedad”.
En este sentido, indica que estos sectores “constituyen un importantísimo sector, que vive en la informalidad, sin contratos ni recibos, y debe aceptar estas condiciones con base en la necesidad y la desprotección a la que son sometidos bajo alquileres informales”.
Condiciones que “se han incrementado y han empeorado en los últimos tiempos como consecuencia del desarrollo de negocios inmobiliarios especulativos que obstaculizan el acceso a la vivienda digna”.
Casos
La Ladh recalca que estos son ejemplos “de los casos que no quedan comprendidos los desalojos solicitados en el marco de una quiebra, de una acción civil por la figura de ´intrusión´ o por causas penales de ´usurpación´ donde, sabemos que bajo esas figuras de demonización e irregular utilización del derecho penal, se criminaliza a los sectores populares, escondiendo bajo la alfombra los reales factores socioeconómicos que originan los conflictos basados por el déficit habitacional”.
Y cita como ejemplo la situación de quienes viven en Casa Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, que se encuentra afectada a un inminente desalojo que dejaría a 350 personas en situación de calle. “A pesar de la fuerte lucha de los compañeros contra los intentos de expulsión, aún no hay respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país”, denuncia.
Tampoco quedan comprendidos los desalojos que responden a la actuación del propio Estado por medio de sus organismos, “que pretenden demoler casas en barrios de emergencia y relocalizar a los vecinos, como sucede en la Villa 31 y 31 bis bajo el disfraz de una urbanización” ni los casos en que “se utiliza un supuesto peligro de derrumbe o de incendio para desalojar familias mediante actuaciones administrativas, sin posibilidad alguna de defensa, como sucedió el 26 de marzo pasado en la calle Olavarría al 200, en el barrio de La Boca”.