¿Poniendo estaba la gansa?

Política
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Un proyecto para los pibes ricos que tienen tristeza. Cuando defender lo indefendible tiene buena prensa. Una gota en el océano que vienen muy bien en tiempos de pandemia.

3.800 millones de dólares es el potencial recaudatorio, que se espera alcanzar si prospera el proyecto de ley que la bancada oficialista de Diputados va a presentar esta semana, que prevé la creación de un impuesto extraordinario que grave a los grandes patrimonios y ganancias millonarias.
La iniciativa que lideran los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, cuenta con el guiño de la mayoría de integrantes del bloque de la UCR, pero encuentra reticencias entre sus pares del PRO y una actitud similar se tiene en las filar del otro actor del interbloque de JxC, esto es la Coalición Cívica-ARI.
La idea es que lo recaudado aporte a atender la situación de emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia. Y que –si prospera- la herramienta que derive del proyecto, pueda utilizarse inmediatamente.
Por eso los encargados de confeccionarlo, están siendo muy meticulosos a la hora de pulir cada párrafo, para evitar que posteriores pedidos de inconstitucionalidad puedan obstruirlo.
Es que desde que comenzó a trascender que el bloque oficialista tenía la intención de avanzar en este sentido, se viene construyendo desde la massmedia dominante y su correlato en redes sociales.
Por esta campaña se pretende exhibir a quienes poseen las fortunas más concentradas que operan en el país, como carmelitas descalzas a las que un presidente “subversivo-comunista-maoísta” (crédito para coronel ® Alberto Ortega) le quiere robar la canasta de las limosnas.
En esta línea, el jefe de la bancada PRO de Diputados, Cristian Ritondo, abrió el paraguas para recalcar que la iniciativa pretende avanzar en “un impuesto que intenta ser oportunista”.
Además, aseveró que “el mundo va hacia la baja de los impuestos” y señaló que la cosa no pasa por “defender o no a los ricos, sino de defender a los que generan trabajo en la Argentina”.
Así, con más eufemismos que datos concretos, Ritondo defiende desde su espacio institucional, aquello es muy difícil de defender si se los pone en contexto y se apela a la constatación empírica.

En Europa también se consigue

Lo que queda claro es que la iniciativa lejos está de ser una excentricidad de algún oportunista. Pero también que –como ya se explicó desde NP- la pandemia impuso urgencias, que hacen que situaciones preexistentes se vuelvan más epidémicas.
Un artículo publicado recientemente por el portal Voxeu, postula que es preciso que se avance en un impuesto que grave la riqueza del uno por ciento más rico de Europa, al menos, durante diez años.
El trabajo fue realizado por el economista francés Gabriel Zucman y su par franco-estadounidense, Emmanuel Saez, ambos de la Universidad de Berkeley, junto a Camille Landais del London School of Economics.
Ahí se recalca que esto permitiría que la UE tenga combustible para implementar “rápidamente”, políticas que enfrenten la crisis sanitaria y protejan a su población “de sus efectos económicos”.
Esto es, un impuesto que sirva para cubrir el rojo que provoca esta situación, pero que también aporte a la reactivación de la economía cuando llegue el momento. Algo que los autores definen como una “respuesta óptima desde un punto de vista económico”.
Así las cosas -en Argentina- a la hora de oponerse al Proyecto, se vuelve a señalar que esto sería un ataque a quienes generan trabajo ¿Pero será tan así?
En Argentina el sector pyme genera el 85 por ciento del trabajo formal y, apremiado por la actual situación, soporta el destrato de los bancos privados que obstruyen sistemáticamente el acceso a financiamiento a tasa de 24 por ciento dispuesto por el Central.
La mayoría de estas entidades financieras entrarían dentro del selecto grupo alcanzado por el nuevo gravamen.
Entonces, queda claro que lo que se está poniendo en debate es si para paliar los efectos de la situación provocada por la pandemia, el Estado recauda por medio de un impuesto a la riqueza o gravando –todavía más- a la producción de bienes y el consumo.

La magia de la TV

Todos sabemos que la magia de la televisión hace milagros, pero incluso aceptando esto, es difícil comprender cómo se las ingenia la massmedia hegemónica para volver plausible –al menos para algunos- la idea de que, para que todo funcione y vaya mejor, los hiper-ricos no tienen que pagar más.
Por eso es que, sobre todo durante los últimos cuatro años y de la mano del “cambio cultural” que intentaba imponer el tándem que gobernaba, se naturalizó esta idea de que bajándoles impuestos se generaría más actividad económica y mayor cantidad de puestos laborales.
Por supuesto que nada de esto pasó y, como tantas veces, privatizaron ganancia y socializaron pérdidas.
En esa misma clave es que ahora pretenden que la crisis que profundiza la pandemia, la paguen los trabajadores por medio del ajuste en el consumo de bienes indispensables como alimentos e insumos sanitarios, pero también con despidos y recortes salariales.
Queda claro que la baja de impuestos a los más ricos profundizó la desigualdad social y provocó –además- condiciones de extrema vulnerabilidad para enfrentar una contingencia como la que impone una pandemia que agudiza los problemas que ya exhibía el propio sistema capitalista (Ver Para pensar el día después y Lucha de clases).
Es probable que si la tasa de desocupación no se hubiera catapultado por encima de los diez puntos durante el Gobierno Cambiemos, ahora no sería necesario que el Estado erogue los 550 mil millones de pesos que ya dispuso sólo medidas paliativas que poner algún dinero en los bolsillos de los más pobres. Dinero que –por otra parte- tracciona el mercado interno desde la góndola de mercadito del barrio.
También, si no se hubiera disparado a la inflación por encima del trescientos por ciento en cuatro años, los sectores medios de la sociedad tendrían un colchón más cómodo para pasar este momento.
Y si el consumo interno no hubiese caído alrededor de veinte puntos como consecuencia de las políticas diseñadas durante ese período, es probable que las pyme tendrían más espalda para enfrentar la situación Y, asimismo, seguirían abiertas unas cuantas de las veinte mil que cerraron en esos años.
Por otra parte ¿alguien se imagina lo que se podría hacer si el Estado pudiera recurrir a los 88.371 millones de dólares que, durante la Presidencia Macri, fugaron para cloacas fiscales algunos de los que alcanza el texto del Proyecto? ¿Serviría esa cifra para adquirir insumos, test, respiradores y llevar a cabo políticas anticíclicas de estímulo a la producción y el consumo que salgan al cruce de la situación?
Y ni que hablar de lo mejor posicionados que estaríamos si se hubiera mantenido la estructura de ciencia y tecnología que existía en diciembre de 2015 y, por supuesto, si no se hubiese desfinanciado y degradado al Ministerio de Salud.
La lista es larga y abrumadora. Pero puede sintetizarse en un concepto muy claro: estaríamos en mejores condiciones de enfrentar la situación, si no viniéramos de cuatro años de ajuste, repimarización de la economía y transferencia regresiva de riqueza en beneficio de aquellos que, ahora, operan para evitar que el Congreso sancione una ley que les imponga un gravamen que ni siquiera les llega al dobladillo de sus pantalones.
Y es aquí donde está otra de las claves para comprender de qué va todo esto. Porque, en el mejor de los casos, el gravamen que surja del proyecto sólo va a actuar sobre lo que consiguieron durante varios años, merced a una pléyade de privilegios de todo tipo, entre ellos los fiscales.
Porque de lo que se habla es de alcanzar aunque sea mínimamente –quizás por primera vez- a quienes desde hace mucho vienen maximizando sus tasas de rentabilidad, a partir de la imbricación de negocios que incluye los especulativos y financieros, beneficiados –fundamentalmente- por la Ley de Entidades Financieras decretada por Jorge Rafael Videla y Alfredo Martínez de Hoz que todavía sigue vigente.
Debe quedar claro que un proyecto de las características que evalúa el Congreso, para nada afecta la rentabilidad de las empresas que generan empleo y actividad productiva, por lo que tampoco puede constituirse en un factor de ralentización de la economía.
Pero asimismo, la expectativa de 3.800 millones significa apenas una gota en el océano de la rentabilidad que vienen disfrutando estos grupos que, mientras aportaban a la construcción de una sociedad cada vez más desigual, pusieron a formaciones estatales como Argentina en una situación límite que la pandemia volvió más evidente.