La Liga exigió que el Estado “decisión y compromiso humanitario para impedir la catástrofe humanitaria que amenaza a la población privada de su libertad”. Cárceles y pandemia, un cóctel explosivo.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), advirtió que es imprescindible “actuar ahora con decisión y compromiso humanitario para impedir la catástrofe humanitaria que amenaza a la población privada de su libertad, encerrada en edificios que jamás cumplieron las condiciones requeridas y hoy colapsan”.
Lo hizo al dirigirse a la Corte Suprema, el ejecutivo y el Legislativo nacional por medio de una declaración en la que señala que “los penitenciarios de Buenos Aires y Corrientes reprimen con la complicidad de vuestro silencio”.
Asimismo, cita Raúl Zaffaroni quien públicamente denunció que la situación de los detenidos representa un acto de “abandono de personas masivo, que configura un crimen de lesa humanidad”, pero también es “dolo directo”, por lo que “si no se hace nada con las cárceles, va a ser una hecatombe”.
Al respecto, la Ladh hizo hincapié en que “no vamos a contemplar un Genocidio en silencio”, tras lo que instó a “democratizar el Sistema Penal y Judicial”, porque “ya es hora de vivir en democracia”.
La postura de la Liga está lejos de ser antojadiza. La pandemia volvió a poner de relieve problemas estructurales que presenta el sistema penitenciario.
Al cierre de esta edición permanecía abierto el espacio de diálogo entre el Estado y representantes de los presos, cuya constitución permitió que se levantara la protesta que tuvo lugar el viernes pasado en el penal de Villa Devoto, donde hay un recluso que contrajo el Covid-19.
Pocos días antes situaciones similares se vivieron en unidades carcelarias ubicadas en la provincia de Corrientes y la localidad bonaerense de Florencio Varela, al tiempo que en otras se extendía una huelga de hambre. En Florencio Varela y Corrientes, el saldo fue un preso muerto por balas disparadas por los agentes encargados de la represión.
En el caso de la Unidad 23 de Florencio Varela, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) dijo que el preso Federico Rey había sido apuñalado por otros reclusos, pero la autopsia reveló que su cadáver presentaba ocho heridas de proyectil compatible con los utilizados por el personal encargado de la represión. Este homicidio provocó que se descabece a la cúpula de la Unidad 23.
Pero las luces de alerta se habían encendido mucho antes. El 23 de marzo el penal de Coronda fue el escenario de un motín detonado por el reclamo de mejores condiciones de alojamiento para enfrentar la pandemia. Durante esos días hubo protestas en otros penales como los de Las Flores y Batán.
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La protesta de del viernes logró una visibilidad superior a las de las anteriores, entre otras cosas, porque tuvo lugar en una unidad carcelaria ubicada en plena Ciudad de Buenos Aires.
Quizás por esto, pero sobre todo por la abulia exhibida por el Estado para abordar con sensatez la problemática planteada, la situación se fue tensando a la hora de plantear lo que exigen los reclusos.
Aquí vale recalcar algunas cosas. Las demandas de mejores condiciones lejos están de ser nuevas y resultan absolutamente comprensibles, cuando se advierte las condiciones inhumanas que deben soportar quienes están detenidos.
Además, estas condiciones se volvieron más críticas con la irrupción de la pandemia y, en este contexto, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) se pasan la pelota sin resolver cuestiones prácticas, mientras dejan que la cuerda se siga tensando.
Emiliano Blanco preside el SPF desde que fue designado por Mauricio Macri y, aunque fue sobreseído en primera instancia, sigue involucrado en una causa abierta por la compra directa que benefició a una empresa vinculada a su familia. Los productos comprados tenían que abastecer a unidades del propio SPF.
La adquisición pudo hacerse merced a la emergencia carcelaria que dictó –en abril de 2019- el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, ante las reiteradas denuncias que se hacían por el terrible estado en el que vivían los presos.
De acuerdo a lo que dijo entonces el Ministerio, estas condiciones derivaban de la deficiente infraestructura que favorecía la situación de hacinamiento.
“Mis fiscales tienen la instrucción muy clara y categórica de colectar la totalidad de la prueba necesaria como para salir del principio, que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad”. La frase que pertenece al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, sirve para explicar el punitivismo que fue leitmotiv de la gestión que encabezó María Eugenia Vidal.
Y también ayuda a comprender por qué, desde diciembre de 2015, la población carcelaria en el SPF se catapultó de 10.274 a 13.750 personas. Pero nada de esto sirvió para disminuir los índices de delito que se incrementaron durante la Presidencia Macri.
Es que, sin entrar en una mirada romántica, queda claro que las cárceles están llenas de pobres.
Difícilmente se pueda encontrar ahí a responsables de fraudes financieros contra el Estado como la evasión fiscal y fugas de divisas, responsables directos o instigadores del desabastecimiento de productos esenciales ni de delitos medioambientales o de los que se perpetran en perjuicio de la seguridad y salud de los trabajadores.
Es que, ayudados por las propaladoras de su propia massmedia, el crimen corporativo empresarial se naturaliza a punto tal de que –en el mejor de los casos- se lo presenta como un “escándalo”, esto es, algo homologable a la actitud de una vedete que revela su último amorío en un programa de la tarde.
Es verdad que este tipo de delitos suelen ser menos espectaculares que la imagen de varios tipos subidos al techo de una cárcel, pero sin dudas se trata de crímenes mucho más letales, cotidianos, silenciosos y, sobre todo, impunes.
¿Pero será casualidad todo esto? El carácter simbiótico que tienen el Estado Liberal Burgués y el poder corporativo-empresarial, favorece a la cadena de valorización del capital, pero también protege al capital en tanto tipo de relación social específica.
Para ello, lo legitima y resguarda por medio de los códigos Civil y Penal: uno dice de quién es la propiedad privada y el otro autoriza a romperle un palo por la cabeza a quien no esté de acuerdo.
Pero a su vez, este diseño tiene un sentido disciplinador. Es que el Estado Liberal Burgués ejerce como regulador de las relaciones que se establecen entre trabajo y capital.
Pero como el ciclo de acumulación capitalista siempre está amenazado por sus propias contradicciones, precisa legitimar el orden social que la capitalista impone a su clase antagónica.
Las cárceles superpobladas de personas hacinadas tienen un sentido pedagógico. Las imágenes y relatos dantescos que cada tanto llegan desde su interior y que la massmedia hegemónica se encarga de propalar morbosamente, son un mensaje directo que dice: “incluso si sos pobre, todavía hay un lugar peor al que podés ir a parar”.