El bloque de senadores del Frente de Todos aprobó la nueva ley de alquileres que mejora la situación de más de 9 millones de inquilinos en el país. Juntos por el Cambio se retiró del recinto virtual y demostró defender los intereses de inmobiliarias y especuladores
Finalmente ayer, después del intento bloqueado por el macrismo la semana pasada, el Senado de la Nación, con los votos de los senadores del Frente de Todos y dos aliados, logró aprobar el proyecto de nueva ley de alquileres que había llegado con media sanción de diputados el año pasado. Después de muchos años de espera, los inquilinos tienen una nueva ley de alquileres que si bien sigue siendo insuficiente frente al problema habitacional en la Argentina, mejora sus condiciones frente a los propietarios y las inmobiliarias.
De esta manera, Argentina se convirtió en el primer país de la región en tener una ley de alquileres que protege los derechos de los inquilinos. En ese sentido, la ley llega en un momento clave, debido a que a causa de la crisis económicos que dejó el macrismo y el agravamiento de esta por la pandemia, en el mes de mayo al menos el 50 por ciento de los inquilinos del país tuvieron problemas para pagar el alquiler, debido a que el 68 por ciento de estos vio afectados sus ingresos mensuales.
Una vez más Juntos por el Cambio dejó en claro los intereses que representa, al retirarse del recinto —de forma presencial sus referentes y virtualmente el resto de los senadores— tras argumentar, como pretexto, que el Congreso solo estaba habilitado para debatir proyectos vinculados a la pandemia. Esta vez, el que expuso los argumentos del macrismo fue el radical Martín Lousteau, quien dejó en claro que el macrismo privilegia los intereses de las inmobiliarias y especuladores y no el de los 9 millones de inquilinos que ahora serán favorecidos por la nueva ley.
Entre los puntos más sobresalientes de la nueva ley, lo más importante para los inquilinos es que:
El ajuste de los alquileres deberá realizarse mediante un índice conformado en partes iguales por las variaciones del índice de precios al consumidor del Indec por el de los salarios, conocido como Ripte.
Los contratos de se fijan en un plazo mínimo de 3 años, cuando en la actualidad son 2.
Se aclara explícitamente que el pago de las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario.
Se regula el valor del depósito que el inquilino deberá abonar, que será igual a un mes de alquiler. En la actualidad se llegan a pagar hasta tres en algunos casos.
Se amplía el abanico de garantías que el inquilino puede ofrecer al propietario.
Los contratos de alquiler deberán ser registrados en AFIP, por lo que se terminará, al menos legalmente, con los contratos irregulares.
Los puntos lamentables del proyecto, que se incluyó por presiones del sector inmobiliario, es quedará establecido una vez que la nueva ley se reglamente que tanto locatarios como inquilinos deberán pagar una comisión a la inmobiliaria que intermedie en la operación. Además, Juntos por el Cambio en Diputados también había logrado incorporar al sector bancario como garante para los contratos de locación y una cláusula de desalojo express que establece que en caso de registrar demoras en el pago, el propietario puede intimar al inquilino y darle diez días corridos para abonar. En caso de no hacerlo, se lo podrá desalojar.
Ahora resta que el Ejecutivo promulgue la ley en el Boletín Oficial, donde se conocerá la reglamentación y los más de 9 millones de inquilinos podrán conocer las nuevas reglas de contratación. Mientras tanto, sigue vigente hasta el el 30 de septiembre el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece que, en el marco de la pandemia, los contratos no pueden aumentar, que las inmobiliarias o propietarios deben proporcionar un medio electrónico de pago, se suspenden los desalojos y se prorrogan automáticamente los contratos.