Alquileres ¿Y la ley?

Política
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En plena pandemia quienes tienen que renovar contrato o alquilar una nueva vivienda sufren nuevos abusos que imponen condiciones leoninas. El gobierno extendería hasta enero de 2021 el Decreto 320/20 que prohíbe desalojos y renueva contratos de forma automática

Pese a los derechos de los inquilinos y las obligaciones de inmobiliarias y propietarios establecidas en la nueva ley de alquileres sancionada por el Congreso nacional este año, en plena pandemia quienes tienen que renovar contrato o alquilar una nueva vivienda sufren nuevos abusos que imponen condiciones leoninas, hecho que agrava todavía el problema del acceso a la vivienda en Argentina.
El 30 de septiembre pierde vigencia el Decreto 320/20 del gobierno nacional, que en abril extendió automáticamente todos los contratos de alquiler por seis meses, que suspendió aumentos y prohibió desalojos. En este contexto y desconociendo la nueva ley, muchos propietarios e inmobiliarias se encuentran ofreciendo “renovaciones temporales” de los contratos vigentes y próximos a culminar, lo que lo que constituye un acto ilegal —ya que los nuevos contratos deben ser por tres años— y además precariza todavía más la situación de los inquilinos. En la práctica, la prórroga es el método ilegal al que recurren las inmobiliarias y los propietarios para evadir la ley.
Además, y en clara amenaza, las inmobiliarias están aumentando los alquileres muy por encima de la inflación y del cálculo establecido por el Banco Central de la República Argentina, que se actualiza a diario y determina el coeficiente que se aplica para cada contrato en particular. Estos aumentos superan en algunos casos el 40 por ciento para el primer semestre del nuevo contrato, y las agencias y propietarios argumentan que son consecuencias de la nueva ley, a la que se opusieron desde un primer momento.
Mientras tanto, algunos funcionarios del Ministerio de Hábitat y Vivienda dejaron trascender que el gobierno planea extender el Decreto 320/20 hasta enero. Sin embargo, la Federación de Inquilinos Nacional exige que sea hasta el 31 de marzo de 2021, con una política de desendeudamiento y la creación de una autoridad de aplicación.