Acceso a la tierra, otra vez: desalojo y represión en Jujuy

Política
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El gobernador Morales desalojó a palazos a una comunidad campesina en Palpalá para emplazar, en los terrenos en los que se desarrollaba una colonia agrícola, un desarrollo inmobiliario. Como en Guernica y Entre Ríos, lo que está en discusión es el derecho a la tierra para vivir y trabajar

En Palpalá, provincia de Jujuy, el gobernador radical de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, reprimió y desalojó a una comunidad campesina, integrante del Movimiento Campesino Indígena, que resistía a un desalojo. La violenta represión, en la que fueron detenidos y golpeados hombres, mujeres e incluso niños, sucedió en la comunidad de Tusca Pacha y se perpetró con la intención de montar en esos terrenos un negocio inmobiliario.
Al respecto, Santiago Hamud, del Partido Comunista de Jujuy, explicó que “como siempre el gobierno de Gerardo Morales avasalla derechos, en este caso los derechos de familias trabajadoras de la tierra que hace más de cincuenta años que están trabajando en esas tierras, que forman parte de comunidades agrícolas y de pueblos originarios”. En efecto, las familias ahora desalojadas explotaban estos terrenos hacía décadas, desarrollando en el lugar una colonia agrícola donde antes había un basural.
La justicia de Jujuy ordenó el desplazamiento de las familias y el gobierno de Morales ejecutó el desalojo a palazos, desconociendo la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad comunitaria, sancionada en 2017 y que establece hasta 2021 la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras en posesión y propiedad de las comunidades indígenas y campesinas. La normativa, también suspende los procesos judiciales de desalojo.
Contra la ley y la sensibilidad social, cosas que no existen en el feudo de Morales, la tierras fueron arrebatadas, denuncia Hamud, “para llevar adelante negocios inmobiliarios, de la misma manera que hace poco tiempo, hace año y medio ya, el oficialismo local mandó un proyecto de ley a la legislatura para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en la zona de los perilagos, donde también el Movimiento Campesino Indígena viene realizando un trabajo en esas tierras de muchísimos años”.
Por todo ello, el dirigente del PC jujeño dijo que “es lamentable como avanzan contra quienes trabajan la tierra, para beneficio de estos negocios inmobiliarios” y detalló que “los grandes productores y terratenientes como Blaquier, como así también pequeños y medianos productores de la provincia, se oponen al desarrollo de la agricultura familiar en Jujuy”. Estas oposiciones, sumado al lobby del negocio inmobiliario y la anuencia del gobernador Morales, hacen que en la actualidad la agricultura familiar esté siendo avasallada en la provincia.
El desalojo de Palpalá no es un hecho aislado en Jujuy, tampoco en el país como se viene observando en las últimas semanas y analizando en Nuestra Propuesta Diario. Una vez más, al igual que en Guernica, en Entre Ríos y en todo el país, lo que está en cuestión y se pone en juego en estos conflictos es la propiedad de la tierra y el acceso a la producción agrícola y la vivienda. Al respecto, Hamud dijo que "es un problema que se está dando en todos lados porque afecta a millones de personas y lejos de solucionarse, se sigue profundizando". Por ello, manifestó, "le exigimos al gobierno nacional medidas concretas a favor de la agricultura y la vivienda popular". En ese sentido, concluyó que "si hay que avanzar contra alguien es contra los grandes terratenientes como Blaquier, Etchevehere y muchos otros que se apropiaron ilegítimamente de la tierra que explotan hoy".