Según un informe privado el año 2020 además de ser el año de la pandemia, y a pesar de la nueva ley de locación, fue el año en el que se produjo el aumento más grande del que se tenga registro en el precio de los alquileres.
Pese a que en julio del 2020 entró en vigencia la nueva ley de alquileres, el arrendamiento de inmuebles para la vivienda sigue transitando bajo los designios del “mercado”, esto es, las condiciones impuestas por constructoras, inmobiliarias y propietarios, frente a un Estado que, pese a promover la nueva reglamentación, parece no querer ir más allá de su reglamentación en el Boletín Oficial, lo que deja a más de nueve millones de persona en todo el país bajo el más absoluto de los desamparos.
El diagnóstico lejos de ser extremo, se ajusta a la realidad: en el año de la nueva ley de alquileres y de la pandemia el valor de los alquileres tuvo un aumento histórico, alcanzando un alza del 62 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires, el doble de la inflación.
Según un informe elaborado por el sitio Zonaprop, un departamento de dos ambientes que en marzo estaba 18.990 pesos, en diciembre llegó a los 30.683 pesos. Para el sitio, el salto se produjo luego de la sanción y reglamentación de la nueva ley de alquileres.
Así las cosas, pese a los derechos de los inquilinos y las obligaciones de inmobiliarias y propietarios establecidas en la nueva ley de alquileres sancionada por el Congreso nacional, aún en plena pandemia, quienes tienen que renovar contrato o alquilar una nueva vivienda sufren nuevos abusos que imponen condiciones leoninas, hecho que agrava todavía el problema del acceso a la vivienda en Argentina.
En este contexto y desconociendo la nueva ley, muchos propietarios e inmobiliarias se encuentran ofreciendo “renovaciones temporales” de los contratos vigentes y próximos a culminar, lo que lo que constituye un acto ilegal —ya que los nuevos contratos deben ser por tres años— y además precariza todavía más la situación de los inquilinos. En la práctica, la prórroga es el método ilegal al que recurren las inmobiliarias y los propietarios para evadir la ley.
En septiembre de 2020 desde Nuestra Propuesta Diario denunciamos que, en clara amenaza, las inmobiliarias estaban aumentando los alquileres muy por encima de la inflación y del cálculo establecido por el Banco Central de la República Argentina, que se actualiza a diario y determina el coeficiente que se aplica para cada contrato en particular. Estos aumentos superaban, por entonces, el 40 por ciento para el primer semestre del nuevo contrato, mientras las agencias y propietarios argumentaban que era consecuencia de la nueva ley, a la que se opusieron desde un primer momento.
¿Por qué con una nueva reglamentación y en plena pandemia un derecho básico como el acceso a la vivienda, en un país en el que el déficit habitacional afecta a más de cuatro millones de personas, sigue la lógica del mercado? El Estado tiene que asumir un rol mucho más activo en la fiscalización de los nuevos contratos. Es tarea del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que ahora encabeza Jorge Ferraresi, hacer cumplir la nueva ley, como así también del Poder Judicial dar lugar a los reclamos que, en muchos casos, realizan los inquilinos frente a los abusos de los propietarios.
Sin embargo, hasta el momento no hay motivos para pensar que la reglamentación de la ley de alquileres corra mejor suerte que otras medidas del gobierno, a quien es evidente que le falta músculo político y capacidad de gestión para hacer cumplir, frente a los sectores económicos predominantes, las políticas orientadas a sostener y mejorar la calidad de vida de la población, en medio de la crisis más severa que atraviesa el país en lo que va del siglo XXI.