El gobierno nacional convocó a Edenor, Edesur y a usuarios para discutir una “transición tarifaria” a partir de abril, tras un año de “congelamiento” por la pandemia: ¿“hay” que aumentar las tarifas?
Pese a que la pandemia no cesa, el gobierno nacional tras los esfuerzos realizados en buena parte del 2020, comienza a discontinuar algunas políticas que resultaron fundamentales para contener, especialmente entre los trabajadores, las consecuencias socio-económicas que resultaron del acople entre la crisis sanitaria por el Covid-19 y el legado económico del macrismo. Si, por ejemplo, resultó un mal augurio la suspensión de pagos del IFE en diciembre y enero, no deja de ser más preocupante la convocatoria que el gobierno realizó en las últimas horas a Edenor y a Edesur para iniciar el procedimiento de “transición tarifaria” a partir de abril, que no es otra cosa más que pactar los incrementos tras un año de congelamiento.
El gobierno ya confirmó, a través de la Secretaría de Energía, que las tarifas de gas y luz continuarán congeladas hasta marzo. Pero frente a la presión de las empresas, en este caso distribuidoras de energía, abre el juego para acordar una nueva política tarifaria, de índole “transitoria”, lo que resuena lógico en el contexto de inflación y congelamiento pero que a su vez, y justamente por ello, resuena ilógico y perjudicial para el bolsillo de los trabajadores.
Entonces, una vez más, siempre dentro de los márgenes estrechos de la actividad de un Estado dispuesto a “terciar” a favor de los trabajadores cuando la situación lo permite pero no a patear el tablero de juego para redefinir las condiciones en la que interviene, la voluntad política se choca de frente con el poder de las grandes empresas, como lo son las prestadoras de servicios públicos, que se impusieron en los noventa, que durante el kirchnerismo gozaron de enormes subsidios y pocos controles y que con el macrismo obtuvieron ganancias como no habían imaginado jamás.
¿No es momento de definir una nueva política tarifaria que a su vez permita redefinir el rol de las empresas de servicios públicos? ¿No es acaso un momento propicio para que el Estado desplace a los grupos privados que lucran con el derecho fundamental de acceso a los servicios de agua, luz, gas, telefonía, televisión e Internet y tome el control junto a trabajadores de las empresas y los usuarios?
No alcanza con que en la Resolución 16/2021, publicada en el Boletín Oficial, se haya informado que habrá instancias de “participación ciudadana” para discutir la renegociación de tarifas. En el marco de las reglas de juego establecidas por el Estado liberal burgués, aun cuando es administrado por fuerzas políticas de origen nacional, popular y democráticas, resulta dificultoso contrarrestar el poder de las empresas cuando el punto de partida es la concesión a los grupos económicos de que las tarifas “hay” que aumentarlas, incluso cuando el poder adquisitivo del salario se derrumbó en los últimos dos años.
Queda claro que esta disputa forma parte de la puja distributiva que se profundizó durante el 2020 en el marco de la pandemia, en el que cómo se explicó en una nota de Nuestra Propuesta Diario, queda claro que la elección es ajustar y esto es independiente de que haya o no haya demanda, como exhiben los casos de los alimentos de la canasta básica y los de la industria textil, ya que lo que viene sucediendo es que si merma la demanda, se opta por remarcar en lugar de plantearse estrategias para vender los productos a más personas. ¿Es el camino a seguir para las tarifas de los servicios públicos?