El Ministerio de Transporte abrió oficialmente el llamado a licitación internacional para entregar el manejo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, privatizada por Menem en 1995. Con la privatización, las multinacionales se quedan con más de diez mil millones de dólares que podría recaudar el Estado nacional.
No es una novedad afirmar que el comercio exterior de la Argentina está controlado desde hace décadas por empresas multinacionales y transnacionales. Año tras año, especialmente en épocas de crisis como la actual, la economía argentina se desangra por dentro debido a la falta de controles sobre el comercio exterior. Se trata de miles de millones de dólares al año que el Estado nacional deja de recaudar y que, en grandes proporciones, son vampirizados por las multinacionales exportadoras y, en cuotas más pequeñas pero no menos significativas, por los grandes empresarios agrícolas del país.
En la actualidad, dado el contexto económico y sanitario en Argentina y el mundo, se vuelve prioritario para el Estado nacional la recuperación de sectores estratégicos para la economía, con la posibilidad también de cambiar los paradigmas neoliberales que siguen rigiendo en muchas actividades económicas del país. Una gran oportunidad se perdió estos días con el llamado a licitación por parte del Ministerio de Transporte para renovar la concesión de la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay. Se trata, ni más ni menos, de la vía fluvial interna navegable más importante del país, privatizada por Menem en 1995, fundamental para la actividad económica no solo del litoral argentino y sus economías regionales, sino también para la burguesía agraria de Brasil y Paraguay, que utilizan los ríos nacionales para exportar sus commodities a China.
La hidrovía es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Es parte de un inmenso sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”, que comprende a una vasta región de algo más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas descargan en el Río de la Plata. Además de su importancia comercial, constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo, no sólo por el caudal de los ríos que desaguan en ella, sino por la diversidad biológica del área y por la riqueza de los territorios del ecosistema que recorre. Por su extensión, es la segunda más importante de Sudamérica después de la cuenca amazónica.
Los Puertos y su control
La Argentina cuenta con alrededor de 70 puertos fluviales y marítimos dedicados a la actividad comercial. La mayoría de estos puertos son de propiedad y uso privado, explotados por las grandes empresas que controlan el comercio exterior del país, que exportan e importan millones de toneladas al año mediante el sistema de declaraciones juradas. Entre ellos, se encuentran los puertos del circuito de la hidrovía, como el Puerto de Posada (Misiones), Corrientes (Corrientes) Barranqueras (Chaco), Santa Fe y Rosario (Santa Fe).
Hasta la década de los noventa, cuando el neoliberalismo descentralizó y privatizó todo lo que tuvo a su alcance, la navegación de los ríos interiores estuvieron regladas por las leyes del Estado nacional. La situación cambió en 1992 con la ley 24.093 de Actividades Portuarias que estableció la descentralización de la actividad por provincias y vació la Administración General de Puertos.
Desde entonces y de manera nada casual, la Argentina no dispone de estadísticas sobre el desempeño del sistema portuario argentino en su conjunto, como sí sucede en Brasil o España, por ejemplo. Como en casi todas las actividades económicas del país, en todas si nos atenemos a las más importantes, la privatización de los puertos y el manejo por parte de las multinacionales del comercio exterior no se modificó sustancialmente durante el período 2003-2015 y tomó un fuerte impulso durante el gobierno de Mauricio Macri. En concreto, Argentina no tiene injerencia sobre el comercio que se desarrolla en sus ríos internos. La pérdida de soberanía económica en este ámbito es total.
Obviamente donde más se nota esta pérdida de soberanía es en la principal vía fluvial del país. Según una nota de Cristian Carrillo en el portal web El Destape, la falta de controles por parte del Estado nacional en la hidrovía significan una pérdida anual para las cuentas públicas de más de 10 mil millones de dólares, una quinta parte del préstamo que el FMI otorgó a Mauricio Macri. A ello hay que sumarle el perjuicio que significa para los productores agrícolas del litoral que la burguesía brasileña exporte vía Río Paraná su soja, sin pagar canon o impuesto adicional alguno. Así, pues, la navegación del Paraná la sostiene el Estado nacional y las multinacionales manejan el comercio que transcurre en su trazo y que desemboca en sus puertos.
Una vez más, surge la pregunta: ¿Por qué reconcesionar la Hidrovía en vez de robustecer la soberanía nacional y recuperar una herramienta fundamental para la política económica del país? ¿Por qué regalar a las grandes multinacionales 10 mil millones de dólares al año, sin contar lo que se pierde al renunciar al control de los puertos nacionales? En reiteradas ocasiones, al tratar la cuestión energética, de la propiedad de la tierra o de la producción de alimentos en Argentina, formulamos la misma pregunta. Resulta claro, entonces, que es posible recuperar la soberanía económica del país. Y resulta más claro aún, en contextos de crisis como la actual, si consideramos como actual los coletazos de la crisis iniciada a escala internacional en 2008 y ahora profundizada por la pandemia, que es la única alternativa posible.