La modificación de la Constitución de Salta ya tiene el aval de la Legislatura. Desde el Partido Comunista cuestionan su texto y el apuro del gobernador para que se concrete.
“No apunta a la ampliación de derechos”, lamentó desde el Partido Comunista de Salta, Bertha Lozano, al referirse a la orientación que tienen los cambios propuestos para la Constitución en esa provincia, tras lo que remarcó que “llama la atención es la urgencia que el gobierno tiene para avanzar con la reforma”.
Por mayoría y en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de Salta dio luz verde a un Proyecto de Ley que busca que se declare la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial que, entre otras cosas, pone límite a la reelección del gobernador y el vicegobernador, así como de legisladores e intendentes.
Así, la iniciativa que ya recibió media sanción de Senadores, pasa al Ejecutivo para su promulgación, tras lo que se espera la convocatoria a la elección de convencionales constituyentes, que en principio se realizará el 4 de julio, junto con las elecciones para elegir cargos provinciales.
El proyecto de modificación de la Carta Magna salteña, es impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien volvió a defender la iniciativa al encabezar el acto de inauguración de la sede del Cuerpo Especializado de Investigadores. “Fue un compromiso de campaña y estamos cumpliendo, dijimos que no queremos más patrones de estancia que estén toda la vida”, recalcó.
La iniciativa propone “la limitación de los mandatos para garantizar la alternancia, el fortalecimiento de la administración de justicia, un mejor funcionamiento de los órganos de control, el fortalecimiento del régimen municipal y la apertura del período de sesiones con mayor anticipación”.
El proyecto fue enviado por el Gobernador a la Legislatura durante abril de 2020 y, si bien hubo cierto consenso sobre la cuestión, en la oposición pusieron reparos porque la convocatoria se hizo durante la pandemia, lo que plantea restricciones para su difusión y debate público.
Pero también desde un sector del Frente de Todos cuestionan que se elimine la reelección del gobernador ya que sostienen que este esquema sólo funciona en Mendoza y Santa Fe. Pese a esto el gobierno sigue con su agenda y, al respecto el ministro Ricardo Villada dijo que “la reforma traerá un aire fresco, de haber atendido la necesidad de limitar los mandatos tal cual lo planteaba la gente”.
Los tiempos de Sáenz
Bertha Lozano fue clara al hacer hincapié en que la iniciativa del ejecutivo “se basa exclusivamente en bajar el periodo de gobernación”, pero deja de lado la inclusión de “derechos constitucionales que debería garantizar la Constitución a cada ciudadano en el contexto del siglo 21”.
Tras lo que fue clara al destacar que la propuesta de reformar la carta Magna, “debería ser la posibilidad de debatir para que el Estado sea capaz de garantizar que los nuevos derechos adquiridos se cumplan”.
También lamentó que no se tengan en cuenta “los intereses del pueblo”, al tiempo que recalcó que “la urgencia de avanzar en esta reforma, está marcada por los tiempos del gobernador para definir su futuro”, pero de ninguna manera en la búsqueda de la solución a las graves problemáticas de la provincia “como el hambre que hace que los niños de los pueblos indígenas sigan muriendo, la falta de acceso a viviendas dignas y el trabajo bien remunerado, mientras sigue aumentando la desocupación”.
Después fue contundente cuando denunció que el gobernador Sáenz es responsable por la creciente violencia institucional que creció en el contexto de la pandemia, “cuando hay deficiencias en la atención primaria y las escuelas son presionadas a la exposición del Covid-19”.
Y criticó que la reforma “tampoco habla de la construcción de políticas públicas integrales para enfrentar los femicidios y violencia de género”.