Dos años de constantes tarifazos, que se suceden mes a mes con una voracidad implacable, obligan a trascender la cuestión tarifaria y cuestionarse, de una buena vez, la estructura de propiedad que subyace en el sector.
Los nuevos tarifazos en la zona metropolitana que comenzaron a regir ayer en el sistema de transporte público -subtes- y agua corriente vuelve a poner sobre la mesa al principal mecanismo de ajuste sobre los trabajadores que implementa el macrismo: los aumentos tarifarios.
Pese a que los grandes medios de comunicación presentan la problemática sin cuestionar el objetivo principal y de fondo que persigue esta política, también es cierto que desde el campo popular y sus organizaciones abundan las denuncias sobre el carácter confiscatorio de los tarifazos sobre el ingreso de los trabajadores como así también el esquema de desigualdad social que este mecanismo genera, siendo este dispositivo uno de los que más contribuye a agudizar una redistribución regresiva de la riqueza.
Sin embargo, nadie se cuestiona la que quizás sea la fuente y al mismo tiempo la “madre de todas las batallas” en torno a los servicios públicos: la propiedad de las empresas y el modelo de servicios que estas brindan.
En el caso de la energía eléctrica: ¿por qué es el Estado el que realiza inversiones millonarias -que ningún privado haría- para construir represas y centrales hidroeléctricas y luego se entrega a los privados la distribución, para que estos hagan un negocio con lo que es un servicio básico y esencial para la población?
En el caso de los hidrocarburos ¿por qué es el Estado el que decide no invertir en la exploración y extracción, cediendo toda la línea de negocios a las multinacionales y, además, incrementa la compra de barriles de petróleo y gas generando un agujero fiscal imposible de sostener en el mediano plazo y qué explica el desbalance en la balanza de pagos?
¿Por qué el Estado decide desmantelar la mina carbonífera estatal en Río Turbio y se niega a poner en marcha la usina a carbón emplazada en la localidad santacruceña?
¿Por qué el Estado resigna la potabilización y distribución de agua? ¿Por qué se niega a la creación de una empresa estatal de transporte de pasajeros y mercancías aéreo, fluvial, ferroviario, terrestre y subterráneo?
Una de las respuestas posibles a estas preguntas es que para ello se requiere de voluntad política para hacerlo. Se trata de una respuesta plausible pero parcial, porque la misma escamotea una verdad evidente: la voluntad política no nace de la nada, sino de intereses económicos concretos. Entonces, quizás sea mejor efectuar la siguiente pregunta: ¿qué intereses económicos están en juego cuando se habla de la propiedad y control de las empresas de servicios públicos? Y en una instancia anterior: ¿Qué modelo de sociedad está implícito en el mecanismo por el cual es el Estado el que realiza las grandes inversiones para que luego hagan negocios los privados?
Estas preguntas nos llevan a cuestionar las formas de propiedad y las relaciones sociales de producción que emanan de la misma. En otras palabras, implican un llamado urgente a discutir el capitalismo en Argentina. ¿Es posible, en el marco de una economía de este tipo, desarrollar un modelo de servicio público en el que desde la instancia sui generis hasta el usuario prime una lógica social distinta a la del lucro?
En tiempos en los que se intenta construir una nueva hegemonía neoliberal en la región urge discutir estas cuestiones. Por qué más allá de las tarifas, es necesario poner en cuestión toda la estructura de servicios públicos en el país.
Alternativa
Más allá de la cuestión tarifaria, que es realmente apremiante para gran parte de la población, se impone la obligación de plantear modelos de gestión alternativa tanto en el plano económico como ecológico.
Las empresas de propiedad tripartita dirigidas por el Estado, trabajadores y usuarios se presentan como una opción tan viable como necesaria ¿Por qué no resuena esta propuesta entre las principales demandas del campo popular? No existe momento más oportuno para hacerlo que en este aunque cabe destacar que, lejos de todo oportunismo, se trata de una propuesta histórica del Partido Comunista que se encuentra incluida en los programas conocidos como Castelar I y II.
El desarrollo de empresas de estas características imprimiría una nueva dinámica no sólo al sector sino a gran parte de la economía, debido al peso específico que las mismas tienen por definición. Esto permitiría al Estado, en conjunto con los trabajadores y usuarios, definir tarifas justas por uso y región, como así también orientar inversiones y obras públicas.
Un claro ejemplo de esto es el sector eléctrico. Argentina produce, gracias a las usinas, centrales y represas que construyó el Estado en las últimas décadas, energía suficiente para brindar electricidad, sin problemas, tanto a hogares residenciales como al sector industrial.
Sin embargo, los problemas energéticos se generan allí donde el servicio está privatizado y controlado por una runfla de empresarios que viven de la teta del Estado: la distribución.
En este sector se destacan apellidos como Caputo, Mindlin o Pagano, dueños de Edesur, Edenor, Eden, Edes y Edesa, quienes se apropiaron de unos 9.076 millones de pesos con los aumentos en el bienio 2016-2018.
Estos grupos económicos no sólo no invierten sino que absorben recursos a los trabajadores con las tarifas y fugan sus ganancias al exterior.
Como si fuera poco, el gobierno logró aprobar y comenzó a implementar el sistema de “Participación pública privada”, un esquema neoliberal que se ejecuta en Europa -especialmente en España- donde se oficializa un mecanismo que en Argentina impera de hecho hace décadas: la inversión inicial del Estado para que luego los privados, que no invierten capital de riesgo, hagan sus negocios.
La opción contraria sería un esquema de inversión pública, como debe ser, cuya explotación sea también pública con empresas tripartitas y con perspectivas socioecológicas acordes a las problemáticas actuales del mundo como lo es el calentamiento climático, producto de la lógica productiva del capitalismo. Una vez más, se trata de pensar, diseñar y poner en práctica modelos no sólo superadores del capitalismo sino, y por sobre todo, contrarios a este.