Un informe de la Undav que desnuda las consecuencias de los tarifazos del macrismo revela el carácter estructural y regresivo de la política tarifaria de Cambiemos. Los amigos del presidente –y el gabinete- los principales beneficiados.
Los aumentos leoninos, injustificados, agobiantes e injustos de los servicios públicos en los casi tres años de gobierno macrista se transformaron en el pilar más importante del rediseño económico-social que la derecha intenta consolidar, con éxito hasta el momento, en el país.
Entre las decenas de estadísticas a disposición que se podrían exponer para ejemplificar esta aseveración, hay dos que sobresalen por su contundencia: en la actualidad el peso de las tarifas representa hasta el 25 por ciento del salario mínimo y los aumentos ya superaron el dos mil por ciento. Así lo confirmó un informe de la Undav.
¿Qué objetivos persigue esta política económica que erosiona, como ninguna, la vida cotidiana de los sectores populares, incrementando considerablemente la carestía de la vida?
En primer lugar, resulta evidente que cumplen un objetivo económico: el peso cada vez más importante sobre el salario de los trabajadores y los aumentos, que multiplican en varias veces la inflación promedio del período, tributa a consolidar una transferencia de riqueza feroz desde el trabajo hacia el capital.
El aumento de tarifas en los servicios y el transporte público impacta rápidamente en todos los precios de la economía, lo que se traduce en un aumento sostenido de la inflación en toda la estructura económica del país. A su vez, el encarecimiento del costo de vida redunda en una caída del consumo,el cual, golpea drásticamente al mercado interno por lo que aumenta el desempleo y a causa de ello la pobreza y la indigencia.
Se trata de un combo letal para los sectores populares que absorben los costos de la transferencia de recursos que se hace hacia las principales empresas vinculadas a los servicios públicos y la logística. La consecuencia inevitable de este modelo es el de la contracción del mercado interno y una profundización de la brecha social.
Pero no se trata sólo de un objetivo económico, aunque, sin dudas, aparece como relevante. También cumplen objetivos socioculturales: apunta a perpetuar un cambio simbólico –y por tanto, también material– que justifica la desigualdad creciente. ¿Cómo pensar, sino, que hogares en los que el ingreso mensual no supera los 16 mil pesos se paguen, entre luz, agua y gas, más de cinco mil pesos en servicios, sin contar el gasto en transporte público o en alimentos?
Si hay desigualdad, hay contracara y este caso no es la excepción. Es que mientras los trabajadores, comercios y Pymes destinan cada vez más ingresos al pago de las tarifas, las empresas prestadoras de servicios públicos se benefician con aumentos injustificados –insistimos, muy por encima de la inflación–, negocios en la timba financiera –inversiones con tasas de interés del siete por ciento en dólares y compra de dólar futuro– y hasta condonaciones de deudas por parte del Ejecutivo.
Si se trata de aumentos injustificados, los beneficios alcanzan a todas las empresas prestadoras de servicios, sin excepción. En los tres primeros años del gobierno de Macri la inflación acumulada alcanzará, aproximadamente, entre un cien y 110 por ciento. ¡Y los tarifazos superan en el mismo período el dos mil!
Si hablamos de negocios financieros, vale recordar que Metrogas debería estar siendo investigada por la compra de dólar futuro para cubrirse en su momento, de un escenario luego corroborado, de megadevaluación. Se trata de una empresa del mismo sector al que el Secretario de Energía, Javier Iguacel, intentó favorecer sin ningún tipo de reserva, con la resolución que obligaba a los usuarios a compensar a las empresas distribuidoras de gas por la devaluación de este año y que finalmente recaerá sobre las espaldas del Estado.
En el caso de condonaciones de deuda, el caso de las empresas eléctricas es paradigmático. Allí el presidente cuenta con amigos personalísimos que forman parte del núcleo del poder real en Argentina: Marcelo Mindlin y Joe Lewis en Edenor; Nicky Caputo en Edesur. Así se entiende, entonces, que en 2016 el gobierno haya condonado a las eléctricas un total por deudas de 19 mil millones de pesos.
Queda claro, entonces, se trata de un paradigma diseñado a favorecer a unos pocos, de la misma clase social que la de los funcionarios del gabinete Cambiemos. Ello explica que este modelo, que tuvo su ensayo en los tarifazos, se extienda a todas las dimensiones de la economía nacional. Es un modelo que se profundiza día a día y que tiene como máximos paradigmas la libre flotación del dólar, la liberalización del precio de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos.
Insistimos: que esto sea así es una cuestión de política económica y de clase. Obedece a la composición de clase del bloque de poder real y del elenco de gobierno, estableciendo relaciones entre ambas que nunca antes en la historia habían sido tan explícitas como ahora.
El caso más emblemático es el del Ministro de Energía, el cual con la gestión Aranguren, entregó el ministerio –hoy degradado a Secretaría– a multinacionales como Shell y Pan America Energy, y los amigos del presidente como Caputo, Mindlin y Lewis.
Saqueo sin inversión
La desidia en los servicios públicos es total. Los tarifazos no sirvieron para financiar obras de infraestructura para mejorar el servicio. Lejos de ello, tributaron a aumentar los dividendos de las empresas y para financiar la fuga de capitales en el juego de la bicicleta financiera.
El Estado debería controlar el plan de inversión de las empresas y obligar a las prestadoras a brindar un servicio de calidad ¿Pero cómo lo podría hacer un Estado en el que los empresarios se encuentran de los dos lados del mostrador?
Pretender que este Estado liberal burgués, administrado por la clase propietaria que se forjó al calor de la consolidación de la patria contratista es irrisorio.
Tampoco se puede pretender que las organizaciones de usuarios ganen cada una de las batallas en el ámbito legal ya que, cuando es el caso, la Justicia falla a favor de las empresas. Y cuando no y favorece a la población, allí está el Poder Ejecutivo para disciplinar y destituir, como sucedió con el Juez Arias.
Al tratarse de uno de los puntos nodales de la política económica del gobierno, los tarifazos solo podrán ser detenidos si se logra vencer el plan de ajuste, entrega y represión. Y para ello se necesita una poderosa organización popular que derrote, definitivamente, al gobierno y el bloque de poder real.
Hay luz en el futuro
El macrismo busca consolidar un esquema social regresivo fundamentado en la profundización de las desigualdades sociales. Una de las herramientas que emplea con insistencia para ello es el despliegue de un modelo tarifario que carga sobre la espalda de los trabajadores las cuantiosas ganancias de las empresas del sector.
Alternativas existen y todas ellas exigen romper con dos pilares fundamentales sobre los que se sostiene el proyecto económico de la derecha en el país. En primer lugar, implica romper la relación simbiótica entre corporaciones y Estado.
En segundo lugar, demanda nuevo modelo económico basado en la soberanía energética, la inversión pública en infraestructura y la expansión de un sistema de transporte estatal no sólo de pasajeros, sino también de mercancías.
Este esquema deberá incluir, sin concesiones, la nacionalización total de YPF, el desarrollo de un nuevo modelo minero no extractivista y la expropiación de las multinacionales que saquean nuestra riqueza.
La enumeración realizada sirve tanto para establecer una breve hoja de ruta sobre el camino que debería seguir el campo popular para comenzar a romper la dependencia estructural que arrastra el país desde su conformación.