Sindicales

SURGIÓ EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES24.11.2017

La ejemplar respuesta entrerriana al ajuste

Fue por impulso de las dos CTA y los regionales más importantes de la CGT provincial, que hacen planteos opuestos a los esgrimidos por el triunvirato nacional.

La sede de la CTA de Entre Ríos fue el escenario para la presentación del Movimiento de Trabajadores de la provincia, que surge tras una iniciativa similar en Santa Fe y gracias al trabajo en unidad de las dos CTA de la provincia junto a las regionales más importantes de la CGT provincial. Estas son las de Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay, que son las más importantes de este rincón mesopotámico.

En la presentación de la nueva fuerza de articulación de sectores populares, los participantes manifestaron: “ante el avance de las leyes de reformas laboral, previsional y tributaria impulsadas por el Gobierno nacional, los trabajadores entrerrianos decidimos dar un paso histórico en la unidad de la clase”.

Allí había no menos de un centenar de delegados, que acordaron realizar reuniones con los legisladores nacionales a los fines de hablar con ellos de los avances macristas contra los derechos laborales. Asimismo informaron que pedirán una audiencia formal con el gobernador Gustavo Bordet, que tanto en su campaña para gobernador como en la reciente campaña legislativa se había manifestado en contra de toda legislación que implique pérdida de estos derechos, aunque hoy se halla entre los mandatarios provinciales que acordaron con Macri un pacto fiscal en cuya presentación el presidente deslizó el pedido de ajuste sobre el gasto público.

Del encuentro, al que acudieron el secretario de la CTA de Santa Fe, Jorge Hoffman y su par de la CGT de la vecina provincia, Claudio Girardi, participaron delegados de Agmer, de la Uocra, de Sadop, del Sindicato de Empleados de Comercio, de la Asociación Bancaria, de la Asociación del Personal del Inta (Apinta, que enfrenta un conflicto ante la posibilidad de más de 700 despidos en el organismo tras la asunción de Luis Miguel Etchevehere al frente del ministerio de Agricultura), de Camioneros, de Fetia, de ATE Verde y Blanca, de Luz y Fuerza y de Telefónicos, entre otros.

Como precedente de este encuentro, se había dado hace semanas en la provincia de Santa Fe el salto cualitativo en la construcción de unidad en contra del ajuste al expresarse, en conjunto, un amplio abanico de fuerzas políticas que buscan construir expresamente la unidad para salir a la calle y dar pelea a las reformas propuestas desde el gobierno nacional. También habían participado allí gremios de las CTA como regionales de la CGT.

Rebeldes, federales y organizados

Alejandro Milocco, secretario del PC entrerriano, observó que “hubo una primera instancia de acercamiento entre las CTA con un sector importante de la CGT” en una “primera reunión, en la cual se pusieron a consideración los paquetes de reformas lanzados por el macrismo y la disposición de estos organismos de base del sindicalismo de salir a confrontar en unidad y no ceder ante las intensiones planteadas por el gobierno nacional”.

Puntualizó que mientras “determinadas cúpulas sindicales han respondido según el macrismo pretendía”, en Entre Ríos se da un paso “en salir a mostrar unidad en la resistencia al proyecto del macrismo y en seguir defendiendo los derechos de los trabajadores como instancia fundamental y base para nuestras organizaciones”. Agregó: “estamos conformes con lo que se desarrolló pero sabemos que aún es un trabajo que tenemos que recorrer”.

Por otro lado, consideró que audiencia se debe plantear a Bordet un mayor compromiso con sus promesas electorales. En ese sentido, el comunista expresó: “Bordet es uno de los firmantes del pacto fiscal que hizo el presidente Macri con la mayoría de los gobernadores”. Y manifestó: “el pacto fiscal va acompañado de la aprobación al paquete de reformas, que es un combo y no reformas aisladas una de la otra”.

Repuso que estas “son tres paquetes de reformas que van en un mismo sentido y que afectará a los jubilados en primer lugar, a los trabajadores con la flexibilización y a la población en general por la reforma impositiva”. “Vamos a tratar de generar presión al gobierno de la provincia para que salga a oponerse a estos paquetes del macrismo”, dijo.

“Esto demuestra que la cúpula de la CGT, el triunvirato, cada vez cuenta con menos representación”, adujo en referencia a la acción en unidad de las CGT y CTA entrerrianas. Y valoró: “hay sectores dentro de la CGT que empiezan a tomar posicionamiento autónomo de las cúpulas nacionales y buscan posicionarse en defensa de los trabajadores”.

También recalcó que “es central que las provincias empiecen a jugar de esta forma para determinar, indudablemente, un escenario nacional adverso a lo que viene planteando el triunvirato”. Le sumó: “el triunvirato de la CGT viene planteando un acuerdo, pero en la provincia ese acuerdo no se va a respetar”.

 

Congreso Ordinario de Suteba24.11.2017

Balance positivo para un año de lucha

La dirigencia y delegados de 32 distritos del principal gremio docente de la provincia de Buenos Aires, analizaron lo hecho durante 2017 y ratificaron el camino para el año que se viene.

Presidido por su titular, María Laura Torre, ayer el Suteba llevó a cabo su 31 el Congreso Ordinario, que contó entre otras presencias con la del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que junto a representantes de 32 distritos coincidió en la necesidad de profundizar la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y la escuela pública.

“Estamos fuertemente convencidos de la fortaleza que vamos a demostrar en las batallas que seguiremos dando, pero también sabemos que tenemos que continuar caminando para construir unidad”, recalcó ahí la secretaria adjunta del gremio, Silvia Almazán, quien además celebró que “en este Congreso se respira lucha que debe ser construida y garantizada de manera unificada en toda la Provincia, a nivel nacional y en todo el continente”.

Y en esa lucha, un hito trascendente fue el que en mayo pusieron los docentes al ratificar en las elecciones del gremio a la conducción de la Celeste-Violeta y al titular de Suteba, Roberto Baradel quien en ese momento estaba en Europa como parte de una delegación de dirigentes sindicales que viajó hasta Ciudad del Vaticano donde será recibida por el Papa Francisco.

“Los docentes ratificamos a la conducción provincial convencidos de que la unidad es el único camino que tenemos para avanzar en la lucha, pero también para poder construir la fuerza necesaria que nos permita pararnos ante este gobierno”, recalcó la subsecretaria provincial de Igualdad de Género y Diversidad, Ayelén Bicerne, quien además celebró “que haya en Suteba un trabajo coherente que se ve reflejado todos los días en la actividad sindical de cara a un enemigo que es necesario derrotar: el macrismo y su política neoliberal”.

Por nuestros derechos

Ayelen Bicerne no duda cuando apunta a los gobiernos nacional y provincial como responsables de la escalada represiva que, durante 2017, se desató con particular virulencia contra los trabajadores de la educación.

“Junta al Poder Judicial están avanzando en un escenario que tiene matices similares al del Terrorismo de Estado”, advirtió y recordó la represión y detenciones perpetradas cuando los docentes instalaban la Carpa Itinerante ante el Congreso de la Nación y la campaña de amenazas e intento de intimidación que, con rasgos verdaderamente siniestros, se objetivó en Baradel.

“Pero pese a todo, peleamos por los derechos que tenemos como trabajadores, la Escuela Itinerante recorrió varias provincias, protagonizamos huelgas y movilizaciones todo año”, al tiempo que se llevaban a cabo acciones distritales, talleres, charlas y seminarios en defensa de la educación pública.

Y fue clara cuando hizo hincapié en que, “desde la CTA de los Trabajadores que es uno de los sectores más combativos que han quedado en pie de lucha, hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores de la clase trabajadora para poder enfrentar la reforma laboral que quieren imponer desde el gobierno neoliberal de Macri”.

Pero aclaró que, para ello, “además de ganar las calles debemos construir intersindicales que fortalezcan la lucha y permitan articular con otros gremios y sindicatos” ya que, remarcó, “este gobierno quiere dividir a los sindicatos para poder avanzar en la disminución de los salarios y de los derechos educativos y laborales”, por eso “no quiere gremios que defiendan los derechos de sus trabajadores”.

La resistencia que avanza23.11.2017

Estatales contra el ajuste

ATE, Suteba, la Asociación Judicial Bonaerense, Cicop, Amet, la y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires dieron un paso adelante en la tarea de construir unidad en la acción.

La sede de ATE de la provincia de Buenos Aireas, fue el escenario en el que se llevó a cabo una reunión de gremios estatales bonaerenses, en la que se avanzó en coincidencias tendientes a establecer una agenda común para enfrentar el ajuste que deriva del Paquetazo de proyectos que el gobierno nacional envió al Congreso durante los últimos días.

Por tal motivo, entre otros, ahí estuvieron representantes de ATE, Suteba, la Asociación Judicial Bonaerense, el Sindicato de Profesionales de la Salud (Cicop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).

Un tema clave de los que se trataron fue el planteo sobre la necesidad de abordar la problemática salarial y laboral de manera conjunta y, en ese sentido, los gremios coincidieron en que es preciso defender el salario y, por eso, van a exigir en las paritarias una recomposición salarial “que nos permita recuperar el poder adquisitivo que fue seriamente lesionado por el ajuste económico y que impida perder más salario a manos de la inflación de 2018”.

Asimismo, a la hora de establecer un único criterio para la defensa de las fuentes laborales, se acordó reclamar al gobierno “la continuidad laboral de todos los trabajadores que dependen de todas las leyes con relación laboral en el Estado que venzan su relación laboral al 31 de diciembre”, así como que, en breve, se disponga el pase a planta permanente todos los agentes estatales que no tienen estabilidad.

Y, en idéntica dirección, se planteó “la defensa irrestricta del IPS y del Ioma” por lo que se hizo público el rechazo a la armonización de las cajas previsionales, al tiempo que se ratificó la oposición a la Cobertura Universal de Salud (CUS), “que rompe con el derecho a la Salud”.

Defender lo que es propio

Otro de los puntos en los que se coincidió es en la oposición a la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley de Riesgo de Trabajo, porque, señalan los gremios convocados, “significa un negociado entre las empresas y los grupos financieros en detrimento de la salud laboral”.

Asimismo, ratificaron “nuestra oposición al presupuesto provincial, porque es un presupuesto de ajuste que precariza las relaciones laborales, desfinancia las áreas sociales y endeuda a la provincia y exigimos un presupuesto redistributivo”.

También recalcaron su “defensa irrestricta del carácter ciento por ciento estatal del Astillero Naval Rio Santiago” y, en esa dirección, se pronunciaron en favor de que el Estado lleve adelante “inversión en tecnología y en salud laboral y libere las cartas de crédito del Banco Provincia que hagan posible poder cumplir con los compromisos de construcción de embarcaciones”.

En otro de los puntos acordados se pronuncian en favor de “un Estado participativo, democrático y popular al servicio de las mayorías populares, donde los trabajadores del Estado tengamos dignificada y jerarquizada nuestra tarea”.

Y, finalmente, recalcan la oposición a los proyectos de ley por los que se pretende introducir reformas regresivas en lo laboral y la seguridad social, así como “a la tercera reforma del Estado”.

 

Ante el Paquetazo22.11.2017

Agmer en alerta y movilziación

La gremial docente de la provincia de Entre Ríos advirtió que la iniciativa de La Rosada implica “una quita de derechos” y cuestionó al gobernador, Gustavo Bordet por su “subordinación a esas políticas”.

El sindicato docente entrerriano, Agmer, se declaró “en estado de alerta y movilización” a raíz de los proyectos de reforma laboral y previsional que impulsa el gobierno nacional que, recalcó, representarán “una quita de derechos”.

Pero, asimismo, encendió luces de alarma porque “las declaraciones del gobierno provincial (que preside Gustavo Bordet) que parecen indicar la subordinación a esas políticas”.

“Agmer ve con mucha preocupación todo este proceso de impulsa Mauricio Macri”, dijo al respecto el congresal del departamento Concordia del gremio docente, Leandro Pozzi, quien también integra la CoNaT.

Y fue claro cuando hizo hincapié en que “estamos muy preocupados por todo este proceso de impulsa el gobierno nacional, con una reconversión de derecha para garantizar que el modelo neoliberal se mantenga intocable por varias décadas más”.

Por eso, advirtió que, “en ese marco, no sólo es la reforma laboral que pretende modificar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores del sector privado y público”, sino que hay “todo un paquete de proyectos gubernamentales que van en idéntico sentido”.

Tras lo que señaló que, como durante la década del 90, “ahora con este pacto fiscal se proponen revisar la relación de la nación provincia, para que las provincias y sus trabajadores paguen el costo de los ajustes tendientes a garantizar la máxima ganancia de los sectores capitalistas”.

Por otro lado, Pozzi se refirió a la reforma previsional proyectada por La Rosada. “Comienza con la mal llamada Ley de Reparación Histórica que lo único que vino a reparar fue el intento neokeynesianista de redistribuir el ingreso de una manera más favorable de los sectores populares y, en caso de los jubilados, al recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones de las Afjp para el Estado.

Y, sin dudarlo, destacó que “este pacto fiscal viene a modificar esto, por eso el estado de alerta y de movilización de Agmer y de todos los sindicatos de la región”.

El dirigente de Agmer además recalcó que “las cajas de jubilaciones son provinciales y no deben tocarse, porque hacerlo significaría una mayor pauperización de los sectores populares, particularmente para los docentes”.

CON LOS PROFESIONALES EN CONTRA21.11.2017

Solución: manicomio, psiquiatras y droga

Organizaciones y profesionales de la salud mental se manifestaron en contra de los planes macristas para meter mano en la legislación al respecto y facilitar la acción de las farmacéuticas en el sistema público.

De la mano de un concepto que no por silenciado deja de ser conocido y retrógrado, el macrismo está pensando en poner su mano privatista y empresarial en el sistema argentino de salud mental. Para ello proyecta modificar, por decreto de serle necesario, la Ley de Salud Mental de nuestro país que, establecida en 2010, estaba lejos de ser la mejor pero que a todas luces superaba el criterio manicomial que prima ahora desde el gobierno.

Ante ello, la semana pasada importantes organizaciones, instituciones y profesionales se reunieron la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) a los fines de denunciar estos planes, a los que enmarcaron dentro de “un retroceso muy preocupante” en las políticas llevadas adelante en nuestro país al respecto.

En esa circunstancia, profesionales y organizaciones no descartaron accionar en conjunto mediante un plan de lucha en contra de las intenciones macristas que, entre otras cuestiones, privilegian el rol de los psiquiátras y cócteles farmacológicos para tratar dolencias mentales que no necesariamente son a causa de manifestaciones biológicas.

Se abre de esta manera las puertas a la manicomialización de la salud mental argentina y las políticas de marketing de las grandes empresas farmacéuticas, cuyos productos destinados a los tratamientos psiquiátricos son muy conocidos por sus elevados costos. Asimismo, se evitaría el trabajo interdisciplinario, se volvería a “incapacitar” a los pacientes sin observar sus propias voluntades y se permitiría la internación compulsiva si un profesional determinara la peligrosidad del paciente.

Mañana martes a las 19, en la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, de la avenida La Plata 85, se reunirán nuevamente los que presentaron estas observaciones en el CCC a los fines de consensuar un documento y elaborar el plan de lucha que los articule y, así, les de fuerza.

Con la experiencia de la lucha

Los trabajadores de los Talleres Protegidos del Hospital Borda conocen de la tozudez con que el macrismo lleva sus planes privatistas. Tozudez e indiscriminada violencia, digamos, porque lo que vieron estos trabajadores el 26 de abril de 2013 fue una bestial represión en que medio millar de policías ingresaron de madrugada en el hospital neurosiquiátrico más importante del continente para facilitar la demolición del Taller 19, al que defendían pacientes, profesionales y militantes.

Como se recordará, el hecho significó una brutal represión contra enfermos mentales, laburantes y hasta periodistas que fueron a informar de los hechos que tenían en Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, entonces jefe de gobierno porteño y su jefa de gabinete respectivamente, a sus principales responsables. Por eso conversamos con Gustavo Fernández Ferro, delegado en ATE de la junta interna de trabajadores de Talleres Protegidos del Hospital Borda, para hablar de los planes macristas para la salud mental.

Manifestó que la todavía vigente ley de salud mental no es perfecta. Dijo sobre ello: “ya habíamos observado una serie de incorrecciones o más una falta de debate en relación a la Ley madre, a la que se quiere modificar ahora”. Remarcó que “no hubo tanto debate como con la Ley de Medios” y que, pese a que “tenía sus defectos”, “es una buena ley”.

Objetó que ahora en los planes del macrismo “se les da lugares a la ONG para rehabilitar cuando, lo sabemos, si aparece una ONG es porque falta una política de Estado seria”. Y acusó: “lo que está haciendo el macrismo ahora es, directamente, matar o cercenar la raíz, el espíritu de la Ley”.

Dijo que en ese marco “se pierde el concepto de salud mental como una labor interdisciplinaria, es decir a través de un trabajador social y un psicólogo, en donde desde varias disciplinas se aborda el tratamiento del paciente”. En ese sentido adujo: “la enfermedad mental no es solamente una enfermedad biológica” y que, al contrario, “lo que está haciendo ahora el macrismo es determinar que se trata, prácticamente, de una enfermedad biológica, que está en el organismo y a la que sólo se puede tratar a través de la psiquiatría y a través de los químicos”.

“La medicaciones psiquiátricas son muy caras y lo que hacen los tipos es que te prescriban un medicamento, lo tomes y que por eso estés rehabilitado o curado”, agregó y puntualizó que este esquema “retrocede a 50, 60 o 70 años, cuando todavía el concepto era manicomial”.

Por otro lado, consideró que la situación de los hospitales neurosiquiátricos argentinos “nunca fue óptima (…) sobre todo después de años de desinversión constante y sabiendo que la salud mental nunca fue una prioridad para casi ningún gobierno”. Añadió que “sin embargo, los profesionales son muy buenos, lo que realmente ayuda mucho al paciente en su rehabilitación”.

“El gobierno quiere terminar de privatizar todos los organismos de salud mental y en general, pero sobre todo los de salud mental”, se quejó y recalcó que “las clínicas privadas son muy costosas”. En ese camino criticó también la ya prevista por el gobierno Cobertura Universal de Salud. Dijo en ese sentido: “te van a dar una tarjeta y tendrás cubiertas, por ejemplo, hasta tres radiografías por año; si te excedés de ese número lo tenés que pagar, sea en un público como en un privado”. Le sumó esta observación: “obviamente si el privado tiene mejor servicio que el público la gente se irá a atender al privado por el mismo dinero”.

Por eso Fernández Ferro propuso: “tenemos que avanzar hacia un sistema público solidario”, un “sistema integral de salud en el cual haya hospitales para atención primaria, secundaria y de alta complejidad y que sean públicos”. Repuso: “con el Estado la medicación sale mucho más barata”.

 

 

La cúpula cegetista arregla17.11.2017

Las bases resisten

En Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno y San Miguel las CTA y regionales de la CGT suman unidad en la acción para salir al cruce del Paquetazo.

“Mientras la burocracia sindical arregla con el gobierno, las bases decimos basta y nos organizamos”, señaló el secretario de Cultura de la CTA de la provincia de Buenos Aires y de Artista del Suteba Pedro Ponce, al referirse al acuerdo alcanzado ayer por la cúpula cegetista y el ejecutivo nacional, que viabilizó el próximo envío del paquete de reformas laborales regresivas al Congreso.

En este sentido, en Lomas de Zamora se dio un paso importante ayer cuando la CTA local participó de un encuentro intersectorial que contó con la presencia de representantes de todo el arco gremial y social del distrito, en el que se avanzó en la construcción de acciones que salgan al cruce de lo que los presentes coincidieron en señalar como “medidas antipopulares y neoliberales que se tratan de implementar”.

Ahí estuvo Ponce entre otro medio centenar de dirigentes de gremios nucleados en la CGT, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y Ctep que decidieron confeccionar un documento en común y avanzar hacia la realización de un plenario de trabajadores y una marcha en rechazo a las reformas Laboral y Previsional.

El dirigente sindical bonaerense aseveró que hay “una política, desde la CTA, para construir la unidad desde las bases; de conformar espacios de unidad de las diferentes vertientes gremiales, articulando un frente de unidad y de lucha contra la reforma laboral, que se quiere imponer desde el gobierno para sacar todos los derechos a los trabajadores”.

Ponce, al mismo tiempo, destacó que “esto más que una reforma es un ajuste terrible que va a generar más desocupación y peores condiciones laborales para los docentes porque destruye los ámbitos de paritaria como espacios para la conquistas de derechos” y reafirmó “esta reforma laboral está pensada desde las exigencias de los organismos internacionales que nuevamente comienzan a pensar a nuestro país como una colonia”.

Tras lo que señaló que, los sectores que la impulsan, “buscan cambiar las leyes para permitir la súper explotación y las áreas de libre comercio para el saqueo de nuestros recursos”.

Por su parte, el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora acompañó el pedido del espacio intersectorial local -que integra CTA- de rechazar el proyecto de reforma Laboral que impulsa el ejecutivo. Lo hizo por medio de un proyecto que fue aprobado con el voto de 18 concejales, al tiempo que cuatro integrantes de Cambiemos se pronunciaron por la negativa.

Asimismo, el deliberativo comunal aprobó un proyecto de comunicación dirigido al presidente, Mauricio Macri, a las cámaras de Diputados y Senadores y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que hace pública su preocupación “por la vulneración del estado de derecho y de la independencia republicana de poderes”.

Pedro Ponce manifestó que en el Concejo Deliberante se logró que se vote mayoritariamente del lado de los trabajadores, porque desde este espacio de unidad se están sumando diferentes sectores que comienzan a entender la necesidad de agruparse frente al enemigo común”.

También opinó “es muy repudiable la actitud de la burocracia sindical, como la de los ediles de Cambiemos e inclusive de los diputados del randazismo que votaron y aprobaron el endeudamiento de Marie Eugenia Vidal”; y aseguró que “estas son las cosas que van dividiendo las aguas y sincerando en que vereda se para cada uno en este momento histórico”.

Otros que se suman

Pero no sólo en Lomas de Zamora comienza a manifestarse la resistencia a las reformas regresivas que intenta imponer el Gobierno Cambiemos. En San Miguel, las regionales locales de la CTA y la CGT llevaron a cabo una conferencia de prensa para comunicar una postura unificada de rechazo a los intentos de reformas laborales y previsionales. Y acompañaron la moción de privilegio presentada en el Concejo Deliberante de este partido bonaerense por el bloque de Unidad Ciudadana, que habilitó un debate en tal sentido que podría plasmarse en un proyecto que se va a debatir durante la semana venidera.

Algo similar pasó en Malvinas Argentinas donde a instancias de la Intersindical local que –entre otros- integra la CTA, avanza en el Concejo Deliberante un proyecto de declaración en idéntica dirección que se espera debatir durante la próxima sesión.

Mientras tanto, la CTA regional Merlo-Moreno hizo público su “profundo rechazo a la Reforma Laboral y Previsional” que, explicó, “cercenará derechos fundamentales de la clase trabajadora”, al tiempo que “retrotrae en más de setenta años la legislación laboral, conquista historia de los trabajadores y las trabajadoras organizadas”.

Y fue clara cuando denunció que la iniciativa gubernamental “implica una agresión directa a las trabajadoras y los trabajadores y sus organizaciones sindicales”, pero también va a provocar “un claro ajuste que provocará más desocupación, pobreza, hambre y mayores niveles de desigualdad”.

La CGT puso el gancho16.11.2017

Se celebró el Pacto de La Rural

El ministro Jorge Triaca y los integrantes de la mesa chica de la central se pusieron de acuerdo sobre el contenido del texto del proyecto de reforma laboral que el ejecutivo enviará al Congreso.

Hasta el escenario que eligieron es icónico. La sede palermitana de la Sociedad Rural es un marco acorde, para el que va a quedar registrado como uno de los episodios más oscuros que protagonizara una burocracia sindical que tiene varios en su prontuario.

Es que ayer, entre gallos y medias noches, fue ahí donde el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, terminó de abrochar con la mesa chica de la CGT el proyecto de Reforma Laboral que, en los próximos días, el ejecutivo va a enviar al Congreso.

El gobierno consiguió todo lo que quería y concedió menos de lo que incluyó en el borrador -a modo de señuelo- para la transacción en la rondas de negociaciones que, desde hace rato, viene llevando a cabo con la CGT.

Así y sin mayor costo, impuso su postura respecto al tema indemnizaciones, lo que entre otras cosas implica que si prospera la norma, a las patronales les va a resultar mucho más barato despedir personal.

También consiguió que los cegetistas aceptaran que para los cálculos indemnizatorios queden afuera rubros como aguinaldo, comisiones y premios, aunque se incluirá a las horas extra.

Respecto al banco de horas, el ejecutivo aceptó que este punto se excluya del texto del proyecto, pero pese a esto va a avanzar en esta dirección sindicato por sindicato. Queda claro que en las condiciones actuales y, más aún, en las que se establezcan si la iniciativa se convierte en ley, poco será el margen que le quede a los sindicatos cuando las patronales intenten imponer este criterio.

Y algo similar ocurre con el concepto de irrenunciabilidad de los convenios colectivos, respecto a contratos individuales que pudieran “superarlos”.

De todos modos, para los puntos en los que aparentemente el Gobierno hizo concesiones, el proyecto que se enviará al Congreso prevé la creación de una comisión que estaría encargada de evaluarlos en el contexto de una mesa de diálogo social. Queda claro hacia dónde apunta esta herramienta y cuál fue el resultado que surgió, cada vez que se instalaron otras similares.

Lo cierto es que según la norma que podría salir de lo acordado ayer, se consagraría un escenario en el que las relaciones entre capital y trabajo, tal como las conocemos, pasarían a ser historia. Y, además, el pacto celebrado en La Rural habilita a que se incluya el resto del contenido de la propuesta inicial, ya sea durante el tratamiento parlamentario, la reglamentación o mediante modificaciones posteriores.

La boca se te haga a un lado

El viernes pasado, en declaraciones a la agencia neoyorquina Bloomberg, Mauricio Macri aseveraba que ya tenía cerrada “más del noventa por ciento de las propuestas” de la reforma laboral con la CGT. Y aunque, durante esa misma jornada, los triunviros cegetistas hacían fila para decir que rechazarían cualquier intento en tal sentido, la realidad parece darle la razón al presidente.

Es que el texto también contempla la posibilidad de que las patronales regularicen la situación de trabajadores que mantienen en una situación informal, mediante un mecanismo que premia –entre otros beneficios- con impunidad penal y perdón de multas a los empleadores que estén en esta situación.

Asimismo, consagra la flexibilización de las condiciones de contratación de trabajadores, lo que no es otra cosa que el vínculo entre trabajo y capital; pero también a la terciarización como una mecanismo destacado dentro del nuevo modelo de relación laboral.

Pero esto no es todo. La CGT viabilizó un texto que le pone drásticos límites a la posibilidad que, hasta ahora, le asiste a los trabajadores para litigar en el Fuero Laboral y acota el monto de las indemnizaciones que podrían percibir cuando prosperen las demandas.

Para esto se propone crear una agencia que denomina “de evaluación de tecnologías de salud”, que va a tener como finalidad acotar las demandas contra obras sociales y prepagas.

Pero el proyecto también faculta a las patronales a producir modificaciones en las condiciones de contratación y habilita las pasantías bajo el eufemismo de “prácticas formativas no laborales”.

Así las cosas, en La Rosada saben que aunque Cambiemos carece de fuerza propia como para imponer una mayoría en el Congreso, ambas cámaras están rebosantes de una oposición friendly dispuesta a acordar.

Pero por sobre todas las cosas, tiene claro que con el Pacto de la Rural dio un paso significativo en el camino que se propuso, que no es otro que el de construir un cuerpo de leyes que sustente aquello que denominan “cambio cultural”, algo que puede traducirse en un mecanismo que por medio de la transferencia regresiva de riqueza, imponga un escenario social atravesado por la pérdida de derechos económicos, laborales, sociales, políticos, ciudadanos y, por supuesto, humanos.

Paso a paso...16.11.2017

Se viene El Paquetazo

A horas del de La Rural, los gobernadores –salvo Rodríguez Saa- hocicaron y firmaron el Pacto Fiscal. María Eugenia Vidal, la gran ungida del Proyecto Cambiemos.

“Para nosotros fue una sorpresa esta reforma laboral”, la frase dicha el lunes pasado por el triunviro Carlos Acuña es de antología y, más aún, cuando se advierte que el complementó fue: “si el Gobierno decide avanzar con esta estrategia de mandar la reforma sin acordar con nosotros, vamos a ir a hablar con los legisladores antes de cualquier paro”.

Lo cierto es que el gobierno habló con ellos -en realidad nunca dejó de hacerlo- y que es dudoso el ascendente que los cegetistas puedan tener con “los legisladores”, sobre todo, después de que ayer concedieran en todo lo que La Rosada exigió.

Pero por otra parte, tampoco se debe depositar muchas expectativas en lo que pueda surgir del tratamiento legislativo del texto que enviará el ejecutivo.

La entrada va a ser por el Senado que es la cámara donde el ejecutivo va a poner más a prueba el delicado equilibrio que, necesariamente, debe existir entre cada proyecto que incluye el Paquetazo. Queda claro que en esa particular alquimia los derechos del universo del trabajo serán la moneda de cambio.

La actitud del Triunvirato y la mesa chica de la CGT no es nueva. Fiel a su tradición y ADN, desde el inicio de su gestión, el Gobierno Cambiemos fue claro en la utilización del látigo y la chequera: sólo le alcanzó con meter presos a dos impresentables como El Pata Medina y El Caballo Suárez para convencer a una burocracia plagada de muertos en el placar y sumamente permeable a convertirse en el sindicalismo friendly que necesita el “cambio cultural”.

Entonces, por delante de las narices de los triunviros pasaron acuerdos presuntamente elaborados para evitar despidos que las patronales deshacían al día siguiente, techo a las paritarias que en algunos casos ni siquiera se convocaron, acuerdos salariales que desde hace casi dos años le miran la luneta a la inflación, decenas de miles de despidos y precarización laboral impuesta de hecho, así como criminalización y represión de la protesta social, entre otros cosas.

En este contexto, más allá de alguna esporádica medida de fuerza impuesta por la presión de las bases, la conducción de la CGT sólo se limitó a correr el arco una y otra vez.

Y lo sigue haciendo. Ayer, mientras se divulgaba el documento gubernamental en el que consta la decisión de avanzar en alrededor de veinte mil nuevos despidos, el titular de Upcn y adjunto cegetistas, Andrés Rodríguez, decía que no está al tanto de que se estuviera cocinando algo por el estilo.

Por su parte, Ricardo Pignanelli, se puso el overol y aseveró que “no se necesita bajar los salarios para ser competitivos”. Es el mismo secretario del Smata que, en 2016, se puso la corbata para viajar a Japón y abrochar un acuerdo flexibilizador con la Toyota y que, en marzo pasado, estampó su firma en el que habilita a terminales y autopartistas a someter a sus operarios a condiciones similares a las acordadas en Vaca Muerta.

Este arreglo fue suscripto también por la UOM, cuyo titular Antonio Caló –el mismo que Cristina Fernández eligió para destronar a Hugo Moyano- acaba de justificar el congelamiento de los salarios de la producción electrónica instalada en Tierra del Fuego, hasta 2020.

“Había que poner algo”, dijo Caló, mientras que el titular del UOM Río Grande, Oscar Martínez, fue más directo: “tuvimos que aceptar el dunga dunga, fue un golpe durísimo porque no quedaban alternativas”, recalcó y denunció que fueron “víctimas de una extorsión por parte del Gobierno nacional” y de la gobernadora, Rosana Bertone.

Estos son sólo algunos de los antecedentes que hacen que, cuanto más grandilocuente, más ridículas queden las expresiones de esta dirigencia burocrática. “Los sindicatos resistirán”, decía hace poco Juan Carlos Schmid, mientras desde Nueva York, Macri garantizaba ante una selecta platea reunida en el Consejo de las Américas, que iba a avanzar en la reforma laboral “aunque los sindicatos no quieran”.

Estado de cosas

Si no fuera perverso, lo de Schmid sería sólo patético, tanto como lo de sus socios del Triunvirato y la mesa chica de la CGT. Uno de ellos, el triunviro Acuña, le dijo al diario español El País que “no pasarán” las reformas a la brasileña porque “los sindicatos resistirán”, pero tras cartón aseveró que “no vamos a lanzar ningún plan de lucha, antes vamos a hablar con los legisladores”.

Y aquí es donde toma singular relevancia el acuerdo fiscal alcanzado hoy por el ejecutivo y todos los gobernadores con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saa.

Tal como adelantara NP diario de noticias, entre sus puntos relevantes está el que compromete a las provincias a bajar los impuestos a Ingresos Brutos y Sellos, pero también a adherir al proyecto de ley de responsabilidad fiscal que trabaja La Rosada y a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años ¿Hace falta reiterar por dónde van a ajustar?

Por su parte, en lo que hace al Fondo del Conurbano, se acordó dar de baja el artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias, en tanto que Buenos Aires aceptó desistir del reclamo a cambio de una compensación de cuarenta mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones al año siguiente.

Asimismo, se estableció que se coparticipe el impuesto de revalúo impositivo y que lo recaudado por el impuesto al cheque vaya a la Anses.

Otro compromiso de los gobernadores firmantes es el de iniciar un proceso que permita que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan con las de mercado, como así avanzar en la aplicación de una ley de responsabilidad fiscal en municipios.

Por otra parte, se acordó que con excepción de San Luis, el resto de las provincias va a desistir los juicios que impulsan contra el Gobierno Nacional, que suman algo así como 340 mil millones, sin contar a la de Buenos Aires.

Y en lo inherente a jubilaciones, se avanza en la actualización trimestral por inflación y se anunció que se garantizará un haber jubilatorio equivalente al 82 por ciento, pero del salario mínimo vital y móvil para quienes hagan un aporte efectivo de treinta años.

Vale recordar que el propio gobierno fijó por decreto –en junio- el monto del salario mínimo vital y móvil en diez mil pesos, una cifra escasa, más aún, si se tiene en cuenta que recién se alcanzaría en julio de 2018. Y peor si se considera que, recién ahí, va a ubicarse cinco mil pesos por debajo de la actual línea de la pobreza que reconoce, ahora, el Indec.

De todas maneras, cuando acordaron derogar el Artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias en beneficio de la gobernadora Vidal -que así logró la actualización del Fondo del Conurbano que requería- la Anses pasó a perder una masa de dinero considerable, ya que el veinte por ciento de ese gravamen iba a parar a sus arcas.

Ahora se proponen compensar la pérdida con lo que ingrese por el impuesto al Cheque, al menos hasta 2022, año en el que está previsto que desaparezca.

Entonces lo que hay es un proyecto de reforma laboral, que es parte armónica de un paquetazo que incluye lo abrochado en el Pacto Fiscal que el gobierno acordó con todos los gobernadores, menos Rodríguez Saa. Algo que no hace otra cosa que avanzar, drásticamente, en el marco legal que necesita el rediseño social y político que se propone imponer el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015.

Este Pacto Fiscal, también le garantiza al Proyecto Cambiemos un campo orégano para avanzar en su proyecto de construcción de hegemonía política, en un escenario en el que Vidal aparece como la ungida.

Por otra parte, vuelve a priorizar al Universo PJ como el otro gran actor de este sistema de representación política, que se consolidó el 22 de octubre y viene ocupar el espacio que quedó vacante con la implosión de diciembre de 2001.

Pero también refirma –por si hiciera falta- el papel que, por su propio ADN, juega y va a seguir jugando la estructura sindical-burocrática-empresarial que tiene su máxima expresión en la CGT.

Y, por sobre todas las cosas, impone la necesidad de reflexionar, desde la propia identidad, en cuáles son las tácticas más adecuadas que permitan avanzar en la construcción de herramientas que en lo político y lo sindical, permitan enfrentar este estado de cosas.

 

El gobierno ajusta...15.11.2017

Y se viene un verano caliente

Así lo definió el referente de ATE, Ignacio Cámpora, en sintonía con el titular del gremio en Capital, Daniel Catalano.

“Triaca, como ministro de Trabajo, decididamente ya está en una avanzada en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores argentinos a lo largo de muchos años de lucha”, por lo que “es preciso estar en la calle para defenderlos como en los 90”, dijo el secretario Adjunto Junta Interna ATE del Ministerio de Agroindustria, Ignacio Cámpora, en consonancia con los dichos del titular de ATE-Capital, Daniel Catalano, quien ayer fue contundente cuando recalcó que “frente a los despidos, vamos a paralizar el Estado y a convertir a los ministerios en una trinchera”.

Lo que aseveró Catalano no es azaroso. En el contexto de su plan de ajuste, La Rosada se propone reducir en un diez por ciento la planta de trabajadores estatales que, apenas comenzado el Gobierno Cambiemos, sufrió una drástica reducción cuando dejaron en la calle a alrededor de 12.500 empelados públicos.

“Ahora tienen en mente despedir veinte mil más en los próximos cuatro meses”, advirtió el dirigente de ATE y con claridad explicó que, aunque el Gobierno pone como excusa al “gasto público”, lo que pretenden “es otra cosa y, para ello, otra vez generan un marco de angustia muy grande entre los trabajadores”.

En esta dirección, recordó que en algunas dependencias el achique y vaciamiento es letal. “Hay lugares como Acumar donde plantean reducir el 49 por ciento del personal”, lo que es algo así como setecientas personas sólo en ese organismo. Pero, prosiguió, “hay sectores como Anses y Pami que van a sufrir recortes de a miles”.

Así las cosas, antes esto, Catalano recalcó que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, “sabe que estamos dispuestos a volver a nuestras casas sin laburo”, por lo que “se va a enfrentar a un colectivo de trabajadores que no va a abandonar sus puestos de trabajo, pese a que tengamos el telegrama de despido”.

Y después de insistir con que “hay mucha firmeza de nuestra parte”, puntualizó que esta vez “no vamos a volver a pasar la del 2015”, tras lo que reflexionó que “ahora hay que aprender a resistir”.

La CGT, tibia y conciliadora

“La CGT no sorprende, principalmente no sorprende la posición tibia y hasta conciliadora con el gobierno en defensa de sus intereses espurios, por encima de la defensa de los derechos de los trabajadores”, afirmó Cámpora, al tiempo que alertó que “nos espera un verano bastante caliente y pleno de movilizaciones en el ámbito metropolitano”

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que es preciso avanzar en “la unidad de la clase trabajadora”, algo que “debe estar por encima de las diferencias que hoy podamos tener entre todos los sectores: los del peronismo, nosotros los comunistas e incluso los trostkistas debemos tener la suficiente amplitud para entender que esta avanzada del gobierno busca retrotraer los derechos laborales de los argentinos a fines del siglo 19 y, por eso “la única vía es la unidad, estar en la calle”.

Weretilneck no quiere hablar de salarios15.11.2017

Te veo en marzo

En sintonía con La Rosada, el gobernador de Río Negro dijo que recién dentro de cuatro meses va a discutir pauta de recomposición salarial y adelantó que el techo será del quince por ciento.

De acuerdo al gobernador Alberto Weretilneck, los salarios de los estatales se van a discutir recién en marzo, conforme a la pauta inflacionaria que prevé el gobierno nacional, ubicada en un rango que va del doce al quince por ciento.

En este sentido, el mandatario de Río Negro, descartó convocar al Consejo del Salario, tal como piden los gremios que están agrupados en las dos CTA.

Vale recordar que, días atrás, los estatales rionegrinos advirtieron que la previsión gubernamental de aumento salarial para 2018 “no garantiza la paz social” por lo que reclamaron una recomposición inmediata no inferior al diez por ciento.

Lo de Weretilneck se inscribe dentro de los lineamientos que propone el gobierno nacional como única fórmula para poner en caja el déficit, esto es, techo salarial por debajo de la inflación y reducción de la inversión en el sector público.

Al respecto, el dirigente de la CTA de Bariloche, Rubén Terrile, señaló que “el gobierno de Weretilneck se está desplomando y la única alternativa que tiene es mantener estas relaciones políticas de sumo acercamiento con el gobierno nacional”, algo que explica “porque toma estas acciones contrarias a los intereses de los trabajadores estatales”.

Y, en idéntica dirección, recalcó que lo que anunció el gobernador de Río Negro, está en sintonía con el paquetazo que hace poco más de dos semanas dio a conocer el presidente Mauricio Macri.

“Hoy se supo que el gobierno nacional ya anticipó que no va a haber bonos de fin de año para los estatales, para aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo y para los jubilados”.

Por lo que fue muy claro cuando hizo hincapié en que es preciso “estar en estado de alerta y movilización” y adelantó que, “próximamente se va a dar a conocer qué pasos vamos a seguir en conjunto con todos los sindicatos que componen ambas CTA”.

Y finalizó destacando que “aquí es necesario plantear la unidad en la acción, para frenar estas propuestas de ajuste y hambruna que intenta imponer el gobierno nacional con sus gobernadores aliados como es el caso de Weretilneck”.

 

 

El Inta en zona de riesgo13.11.2017

Amenaza de despidos

750 trabajadores podrían quedar en la calle si prospera el plan de vaciamiento que tendrá un capítulo decisivo tras la asunción de Etchevehere como ministro de Agroindustria.

El presidente del Instituto de Tecnología Agropecuaria (Inta), Amadeo Nicora, confirmó que el Ministerio Modernización propone el despido de 750 trabajadores, lo que puso en estado de alerta a quienes se desempeñan en esta dependencia estatal.

Aquí es prudente recordar que Luis Miguel Etchevehere, asumirá como nuevo ministro de Agroindustria de la Nación el 21 de noviembre. El todavía titular de la Sociedad Rural se va a hacer cargo de esta cartera con una agenda que, en su página inicial, tiene escrito en letras rojas: “llevar a cabo un recorte presupuestario”.

Bajo la órbita de este Ministerio se encuentran el Servicio de Sanidad, así como los institutos de Semillas, de Desarrollo Pesquero, de Vitivinicultura y, el más importante, el de Tecnología Agropecuaria.

Al respecto, Ángel Cataldi, integrante de ATE Verde y Blanca trabajador del Inta hizo hincapié en que “hay una consultora que trabaja para el Ministerio de Modernización que estuvo haciendo visitas en diferentes unidades del Inta, donde se hicieron relevamientos de las actividades y comenzaron los rumores que señalaban que habían realizado un informe que entregaron a las autoridades del Inta, donde se habló de un plantel óptimo, según ellos”.

También aseveró que “decían que el plantel ideal era con ochocientos trabajadores menos del los actuales 7.500, algo más del diez por ciento” tras lo que denunció que “después se armó un nuevo informe que solicitaba tener 750 menos” un documento que “fue recibido y firmado en disconformidad por los directivos del Inta”.

Asimismo, el dirigente gremial recalcó que, en principio, “se pensaba que sería una reducción vegetativa de la planta de trabajadores, en el sentido de que los puestos de quienes se jubilen no serían renovados y así hasta la totalidad” pero advirtió que “ahora vamos a ver qué pasa con este ministro, de la Sociedad Rural”.

Tras lo que puntualizó Cataldi que “el personal está preocupado, sobre todo los contratados y aquellos que son de planta no permanente” pero también “los de planta permanente, porque algunos cargos serían eliminados”.

Y fue contundente cuando aseveró que “desde la Verde y Blanca estamos haciendo actividades para enfrentar esta situación, junto a los demás gremios de estatales”, ya que “hay un ajuste y reducción en el presupuesto para la asistencia y de la economía social, que tuvo mucho énfasis durante el gobierno anterior”.

UNIDAD SINDICAL10.11.2017

El ejemplo santafecino

La CTA, junto a regionales de la CGT e importantes sindicatos se manifestaron en contra de los proyectos de reforma laboral del macrismo.

La provincia de Santa Fe dio un salto cualitativo en la construcción de unidad en contra del ajuste macrista al expresarse en conjunto, mediante una conferencia de prensa en la sede del sindicato de trabajadores municipales Festram, un amplio abanico de fuerzas políticas que buscan construir expresamente la unidad para salir a la calle y dar pelea a las reformas propuestas desde el gobierno nacional.

Se manifestaron así en contra de la reforma laboral, previsional y tributaria del neoliberalismo, así como reafirmaron la defensa irrestricta de los convenios colectivos de trabajo, el sistema previsional solidario vigente y las obras sociales de los trabajadores. También exigieron una reforma tributaria equitativa que favorezca a los sectores sociales más desfavorecidos.

La unidad fue tan amplia que allí estuvieron representados toda la CTA provincial, el Movimiento Sindical Rosarino, ATE y Amsafé junto a regionales de la CGT que manifiestan disconformidades con el triunvirato que las preside nacionalmente. Fueron los regionales cegetistas de Santa Fe Capital, San Lorenzo, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista, que son de las ciudades más importantes de la provincia.

Manifestaron públicamente que “la reducción de los aportes patronales provocarán la destrucción progresiva del sistema previsional solidario, con la baja del salario a los jubilados y con la intención de privatizar dicho sistema y volver al modelo de las Afjp”. Y sostuvieron que lareforma laboral proyectada por el macrismotiene como principal objetivo flexibilizar los convenios colectivos, por lo que provocará peores condiciones de trabajo y pérdida del poder adquisitivo del salario.

Expresaron: “las trabajadoras y trabajadores santafesinos no vamos a permitir que, por favorecer a las corporaciones económicas, se vulneren derechos y garantías laborales que el conjunto de los Argentinos hemos conseguido con nuestro esfuerzo y lucha durante décadas”. Y llamaron a la unidad de acción de la clase trabajadora.

Frente al Paraná surge un frente

José Luis Livolti, secretario del PC santafecino, destacó que desde el campo popular de la provincia se expresara unidad en el rechazo a las reformas laborales que viene planteando el gobierno de Macri. Agregó que hay en ese marco “un espacio que nace con mucha fuerza”, resaltando que este se construye “con desprendimientos de distintos lugares de la CGT”.

“Toda fuerza que se pronuncia en contra del plan de ajuste y de reforma laboral neoliberal del macrismo va en dirección de lo que estamos impulsando”, sentenció y ante las acciones en ese sentido de sectores de la CGT, dijo: “está bueno que se sumen porque la fuerza que hay que constituir para enfrentar estas políticas tiene que ser lo suficientemente amplia y grande para poder frenarlas y, eventualmente, derrotarlas”.

Ante esa perspectiva consideró que “no tenemos la bola de cristal” pero “todo el esfuerzo está puesto en eso”. “Esperemos que el ejemplo santafecino cunda nacionalmente”, repuso y recalcó que “también se constituyó un espacio político post electoral en Santa Fe en el ámbito de Unidad Ciudadana”.

“La de Santa Fe es una Unidad Ciudadana de la que no nos echan”, expresó refiriéndose el PC y remarcó que en la provincia dentro de ese frente hay ya nueve fuerzas políticas a las que aspira sumarse el partido Miles. Informó que con ellas “estamos preparando para el 25 de noviembre una gran tribuna al calor del aniversario de la muerte de Fidel”.

Considerando este precedente de construcción política frentista en Santa Fe y el rol de las centrales sindicales allí en estos días, Livolti manifestó que aspira a que la provincia “sea parte de un frente opositor fuerte y contundente”. Aunque analizó que “estamos en una provincia donde la derecha ha avanzado”.

“No es cualquier provincia”, adujo y puntualizó que allí “estamos haciendo todos estos esfuerzos para poder construir un embrión del frente opositor”. “Nos espera una ardua tarea porque lo necesario sería tender puentes entre los sectores hoy derrotados del oficialismo del Frente Progresista en la provincia con la gente de Agustín Rossi y todo el frente político kirchnerista”, dijo finalmente.

PLENARIO EN LA CTA BONAERENSE09.11.2017

Convalidando que hay lucha

Los secretarios generales de la central se reunieron en la capital de la provincia y en conferencia de prensa informaron sobre sus determinaciones.

En la sede de la CTA de la capital bonaerense el día de hoy se realizó un plenario de secretarios generales de la central en la provincia de Buenos Aires. Fue con motivo de analizar las acciones a seguir en rechazo al ajuste macrista en Buenos Aires, entidad provincial más importante de Argentina.

En ese marco se realizó una conferencia de prensa para informar públicamente sobre las acciones que la entidad sindical llevará adelante la semana que viene en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Tanto la conferencia como el plenario, que en sí fueron una acción pública en contra del macrismo, convocaron a delegados de toda la provincia, que acudieron a La Plata con celeridad.

Desde allí se convocó a la mayor representatividad posible de sindicatos para frenar las reformas laborales y previsionales impulsadas desde el gobierno nacional. Así lo informó, Mario Micheli, secretario de la CTA de Cañuelas, quien recordó que “como tema importante se tocó el presupuesto de la provincia”.

En ese sentido, repuso que ese Estado se “encuentra con un importante ajuste”. “También se valorizó el rechazo de la Cámara Legislativa durante esta semana a la Ley de ART que impulsa el gobierno nacional”, agregó.

Luego puntualizó que “se valoró mucho la denuncia que ha hecho la CTA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la cuestión de las libertades sindicales relacionadas con el marco represivo que aumenta cada día en nuestro país”.

Por su parte, dijo que “acá lo fundamental es tener iniciativa” y pidió “no esperar a que un plato volador nos llame a movilizarnos”. Por eso llamó a “darles la pelea” a los ajustadores y “prepararse para la ofensiva necesaria del campo popular”.

Asimismo definió como “totalmente correcto” al hecho de que la CTA provincial “llamara en primera instancia a una gran convocatoria a la militancia en todos los municipios preparándonos para luchar”.

Por otro lado, adujo que la prevista reforma laboral implica “una pérdida tremenda de derechos para los trabajadores”. Le sumó que “el camino es de la unidad de las dos CTA con todos los sectores de la CGT que estén interesados y los movimientos sociales más los sectores políticos y culturales que estén dispuestos a dar esta pelea tan importante”.

Consejo rojo

Tras la renuncia de su anterior titular, Eduardo De La Corte, en la ciudad de Cañuelas mañana asumirá la titularidad del Consejo Escolar local la comunista Sabrina Curti. Así, la trabajadora de la educación deberá completar el mandato el venidero 10 de diciembre y se convierte en la primera militante roja con esa responsabilidad política en el distrito.

Mario Micheli también se refirió al hecho y definió como “de mucha importancia” para la militancia comunista, que fue convocada a participar del acto de asunción. “Más allá del corto tiempo en que lo va a ser hay que darle la importancia que se merece”, repuso.

Anunció que “mañana la vamos a acompañar con toda nuestra fuerza” y destacó que ese acompañamiento se realizará “honrando los 100 años de la revolución rusa y a cerca del cumpleaños 100 de nuestro partido”. “Estamos contentos”, agregó y valoró positivamente “el compromiso que significa que una compañera comunista integre un ámbito legislativo”.

La misma película, el mismo argumento03.11.2017

Campaña del Miedo Parte II

Los trabajadores en la mira de la “reforma permanente” que ya se comenzó a implementar con los proyectos referidos a los capítulos laboral, jubilatorio, impositivo, sanitario y educativo a lo que debe sumarse la consolidación del tarifazo crónico.

“Queremos transmitir tranquilidad”, dijo Marcos Peña y argumentó que se vio en esa necesidad porque “hemos visto muchas cosas que han circulado de campaña del miedo que a veces nos reímos porque son disparatadas”.

De esta manera, el jefe de Gabinete salió al cruce de las voces de advertencia que se levantaron desde diferentes sectores para señalar lo evidente: el paquete de reformas que el ejecutivo espera enviar al Congreso, tiene un carácter regresivo. Y es en el capítulo inherente a la relación entre capital y trabajo, donde más queda expuesta esta característica.

Es que si prospera la iniciativa, se modificarán o derogarán artículos de la Ley de Contrato de Trabajo de modo que se dinamitarían derechos adquiridos mediante la lucha de los trabajadores, durante décadas.

Los ejes del paquetazo son la reducción de indemnizaciones por despidos que serían sustituidas por un fondo de cese de empleo que se construiría con los aportes de los propios trabajadores, la flexibilización horaria y el encorsetamiento de los juicios laborales. Tal como viene haciendo el gobierno, este proyecto tiene algunos puntos-anzuelo dispuestos para dejar tranquila a la oposición friendly en un Congreso, donde sigue siendo la primera minoría.

Pero si se hinca el cuchillo a hueso, queda claro que el paquete viene a reformular desde la médula las reglas que rigieron la relación entre trabajo y capital desde principios del siglo 20.

A partir de que Mauricio Macri se instaló en La Rosada, desde NP advertimos que el “cambio cultural” al que alude recurrentemente el presidente, esperaba el aval electoral de octubre para apoyarse en un cuerpo de leyes que garanticen sustentabilidad al proceso de transferencia regresiva de riqueza que se comenzó a perpetrar desde diciembre de 2015.

Algo que ahora se ve más claro con la “reforma permanente” que promete Macri y que ya comenzó a implementar con los capítulos laboral, jubilatorio, impositivo, sanitario y educativo a lo que debe sumarse la consolidación del tarifazo crónico.

Es que en el camino de este “cambio cultural” se pretende borrar, no sólo un cuerpo legal que rige relaciones laborales, sino el concepto mismo de lucha de clases.

Envalentonados, pretenden cargarse una normativa que fue funcional a la etapa fordista, pero que una vez derrotado el momento keynesiano, ya no es necesaria para el desarrollo de las relaciones capitalistas.

Por eso se pretende consagrar, por la vía legislativa –es decir por medio de una mecánica impecable desde la perspectiva del Estado Liberal Burgués- que la inversión salarial sea considerada definitivamente como gasto, pero también destruir la consciencia de clase. Que desaparezca el proletariado para devenir en otra figura, perversa e injusta: el precariado.

Cuestión de beneficio

El tándem de poder que ahora también gobierna avanzó en la flexibilización de las relaciones laborales desde diciembre de 2015 y, para eso, aprovechó la ancha avenida que le liberó una oposición parlamentaria disgregada y blanda. Pero también la desidia de una dirección sindical burocratizada y más preocupada en ver cómo se acomodaba a lo que advierte como una especie de destino inexorable.

Así las cosas, si cuando Michel Temer dio a conocer su reforma laboral, desde el Gobierno Cambiemos se encargaron de decir públicamente que la que ellos tenían en carpeta no sería “a la brasilera”, ahora y ante la evidencia de las similitudes, el discurso que las propaladoras se encargan de recalcar apunta a señalar que las medidas son inexorables porque “todo el mundo está haciendo lo mismo”.

Todo el paquete, pero en particular el capítulo laboral, responde a directivas que el FMI y el Banco Mundial hacen públicas en documentos que están a disposición de quien los quiera leer.

Por eso es que, lejos de cualquier teoría conspiranoica, no se equivoca quien asevera que existe un factor común entre los paquetes que, a instancias de estos organismos, se vienen aplicando en México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, España, Grecia, Italia o Ucrania.

Entonces, es verdad que muchos en el mundo están haciendo lo mismo, aunque alcanza con revisar los resultados que en cada caso dejó la aplicación de estas instrucciones, para después preguntarse si eso está bien.

Y como en cualquiera de los casos sólo se pueden exhibir resultados desastrosos para los trabajadores y el pueblo en general, la pregunta es entonces por qué lo hacen.

Desde su creación, el FMI trabaja para resolver los problemas que el propio capitalismo provoca, esto es, arreglar problemas que el desequilibrio financiero le provoca al capital, pero de ninguna manera las consecuencias que esas crisis recurrentes y sistémicas traen a las personas. Para que nadie lo dude: le arreglan la cosa al capital a costillas de los pueblos.

Porque el capitalismo tiende a producir más de aquello que se puede absorber dentro de los propios límites que se autoimpone. Y cuando la necesidad de constante y creciente acumulación provoca problemas, aparece el FMI para solucionarlos, por supuesto en favor de quienes acumulan.

Es que globalización no es otra cosa que un eufemismo que utilizan maliciosamente cuando quieren evitar la palabra imperialismo. Y es en este contexto que el Estado Liberal Burgués cumple con su rol de proteger a la propiedad y a los propietarios de aquellos que no la tienen, pero además el de garantizar el proceso de acumulación de la riqueza en manos de muy pocos. Pero para que esto sea eficiente, al menos en esta etapa, también tiene que cumplir con la tarea de legitimar todo esto en elecciones.

Esto explica, en alguna medida, de qué va lo del paquete postelectoral y qué tiene que ver con la alarmante deuda que el Gobierno sigue contrayendo.

Es que es difícil que el capitalismo pueda funcionar sin deuda, al menos, en esta etapa caracterizada por su Segunda Crisis de Larga Duración. Y, tal como lo hizo siempre el costo recae sobre el pueblo y más específicamente, sobre los trabajadores, porque en el ADN del capitalismo está esto de privatizar beneficios, pero asimismo socializar riesgos y deuda.

De ahí que estos paquetazos, se impulsen sustentados en la legitimación social que brinda una elección y amparados en presuntas dificultades, que no son otras que las que el propio capitalismo provoca. Y para eso siempre va a haber una teoría económica y propaladoras que se encarguen de diseminar –esta vez y para siempre- que el sacrificio va a generar derrame. Sería más sincero que dijeran que son empresarios y propietarios y que lo son para obtener renta y beneficio.

Mientras que la CGT duerme03.11.2017

Campeonato de Ruleta Rusa

El Triunvirato se toma su tiempo y el gobierno avanza con el paquetazo antiobrero, lo que vuelve a poner de relevancia la necesidad de avanzar en la construcción de un diseño de otro tipo, de un modelo sindical liberador y construido desde abajo.

Aunque parezca insólito es verdad. La CGT volvió a pedir tiempo, es vez, para evaluar el paquete de reforma laboral que el ejecutivo va a enviar al Congreso y recién, al cierre de esta edición, dijo que no le gustaba y que quería cambios.

Así el triunvirato cegetista sigue en la misma postura que permitió que el gobierno esté a punto de pasar su Ecuador sin mayores sobresaltos ni cuestionamientos por parte del sindicalismo que, durante todo este tiempo, eludió su responsabilidad de ponerse a la cabeza de un plan de lucha y sólo se limitó a realizar alguna que otra medida de fuerza, tan aislada como poco efectiva.

Al parece, disciplinada, entre la chequera y el garrote, la burocracia ya eligió y, dentro de esa dinámica, sigue optando por surfear y apuesta a la construcción de consensos políticos y sociales que permiten que el gobierno avance decididamente en un cuerpo de leyes que, si prospera, va a redefinir con carácter regresivo a las relaciones entre trabajo y capital.

Esto significa precarización como forma vincular entre esos dos universos, para imponer un escenario que permita el establecimiento de la deslocalización y financiarización.

Lo de la CGT no es nuevo y habla con elocuencia del agotamiento del actual modelo sindical acorralado, por sus propias limitaciones, a un papel de actor secundario del tándem de poder gobernante.

Es que este modelo sindical trae en su propio ADN la fecha de caducidad, ya que fue y es incapaz de pensarse como actor de peso por afuera de las relaciones capitalistas, algo que es clave para comprender por qué, aún ahora y ante tanta evidencia, la CGT tiene que pensar tanto tiempo a la hora de responder al gobierno. Y, fundamentalmente, es importante si se quiere comprender la necesidad de avanzar en otra dirección y aportar a la construcción de un diseño de otro tipo, de un modelo sindical liberador y construido desde abajo.

Aquí nadie duda

La que no tiene dudas y se suma a las voces que desde otros sectores del empresariado y las finanzas se alzaron para elogiar el paquete gubernamental, es la Cámara Argentina de Comercio y Servicios que por medio de una declaración celebró el borrador de reforma laboral y, explícitamente, festejó que la iniciativa postule “el abaratamiento de las indemnizaciones, la incorporación de las pasantías al trabajo, la reducción del costo del empleo y el blanqueo”.

La cosa es clara: el ejecutivo está avanzando en la precarización de la relación entre capital y trabajo, es decir, lo que denominan “mercado laboral” y lo está haciendo casi sin oposición. Y la reforma es mucho más drástica de lo que parece, ya que persigue, en última instancia, transformar al proletariado en precariado ¿Pero qué será esto?

Poco más de dos meses atrás, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, reclamó que Argentina avance en un esquema de flexibilización laboral como el que Brasil concretó a instancias del Banco Mundial y el FMI.

Sus palabras lejos de asombrar están en consonancia con el contexto que se construye desde los think tank que apuntalan al Gobierno, así como con el rediseño regresivo que para la relación trabajo-capital, se intenta imponer en el mundo y, particularmente, en nuestra región.

El fundador de Mercado Libre es uno de los más destacados jugadores que tiene en Argentina la “nueva economía”, término asociado al auge de las empresas punto-com, que devino en el nacimiento del Nasdaq.

Esta economía fundamentada en la fabricación de bienes de tecnología virtual y reproducción de la industria del conocimiento, pretende sobrevolar con éxito las turbulencias a las que los ciclos macroeconómicos del capitalismo somete a otros rubros. Y sobre todo, hacerlo con escasísima cantidad de trabajadores.

En poco más de una década, Mercado Libre pasó a estar valuada en trece mil millones de dólares, lo que la ubica como la cuarta compañía de nuestro país. Así, este amigo de Mauricio Macri pasó a ocupar su lugar en el Círculo Rojo, pero también es exponente del grupo Endeavor que, como lo señala su sitio web, está desde 1998 en Argentina, “contribuyendo al desarrollo del país a través de la promoción de la cultura emprendedora”.

Aquí es donde lo que dijo Galperin se vuelve más relevante, porque en este diseño caracterizado por descentralización, deslocalización, inestabilidad y rotación de trabajadores, además de la flexibilidad laboral, el empresariado tiene las manos libres para modificar las condiciones y reducir plantillas de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, esto es, de su interés por maximizar ganancias.

De este modo, la subcontratación como un derivado de los modelos empresarios en red que sustituyen a los piramidales, quiebra la relación entre empresario-empresa y trabajador. Así, la unidad productiva pierde su papel como sitio de disciplinamiento y resistencia, esto es, como el escenario de la lucha de clases. Todo esto provoca precariedad jurídica y estructural, ya que afecta a las personas en tanto sujetos sociales que poseen identidad de clase.

Este escenario posfordista con sus empresas en red derivadas de subcontratos de subcontratos y trabajo a tiempo parcial, se presenta como el paradigma de un cambio en el que el trabajo es la individualización superlativa que promueve la descolectivización.

La flexibilización trae aparejado riesgos, pero en este esquema quien los debe asumir son personas individuales que, aunque puedan compartir el mismo entorno laboral, lo hacen bajo contratos de diferentes características, lo que fragmenta cualquier posibilidad de resistencia.

Y para que esto sea viable, es preciso internalizar socialmente que el proceso por el que se crea la fantasía de que los trabajadores se convierten en empresarios –en sus propios patrones-, es una alternativa posible.

Por eso Esteban Bullrich y María Eugenia Vidal se cansaron de aseverar –sin temor al ridículo- que cualquier trabajador industrial despedido puede transformarse en emprendedor, fabricar cerveza artesanal y vivir de eso.

“Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”, resaltó Esteban Bullrich en plena campaña para celebrar los presuntos beneficios que puede traer este concepto que viene a apuntalar el pustch que representa la flexibilización de las relaciones laborales. Pero tapar la pérdida de derechos laborales por la promesa de convertirse en exitoso emprendedor, es como jugar a la ruleta rusa: escasísimas chances de ganar, casi todas de perder y, en este caso, perder, significa perder todo.

Pero al parecer, nada de esto alcanza para que se decidan a tomar el toro por las astas, aquellos que lideran organizaciones de trabajadores con suficiente pese como para cuestionar y dar pelea.

Sobre todo ante la evidencia de que este elogio a la managementización que avanza con el “cambio cultural” que propende el gobierno, intenta imponer la idea de que hay que aceptar que el Estado regule sólo en favor del capital y así flexibilice, porque desde esta perspectiva los costos fijos retrasan la competitividad.

Pero lo que en realidad se pretende es permitir abiertamente que las empresas externalicen y licuen entre toda la sociedad la responsabilidad que -hasta ahora- asume el Estado. Por eso atacan al Fuero Laboral y avanzan en modificar la legislación que regula la relación entre trabajo y capital.

 

TRAS REUNIÓN DE CTERA03.11.2017

Los docentes están en alerta

Lo determinó la conducción nacional del sindicado ante los anuncios macristas tendientes a la flexibilización laboral.

El presidente Mauricio Macri, recibiendo el impulso de su triunfo electoral ante un contendor dividido y fustigado por los medios masivos de comunicación, anunció una serie de medidas que tienden a la flexibilización de los trabajadores argentinos, los más organizados del continente. Sin embargo y pese al ya lamentable silencio del triunvirato cegetista, desde Ctera se accionó al respecto.

En consecuencia de esta rápida acción del principal sindicato docente del país, la junta ejecutiva de la organización se reunió y determinó, tras analizar los anuncios presidenciales, declarar el estado de alerta y movilización para sus afiliados. Eso no sólo en función de los recortes anunciados con eufemismos sino también tomando en cuenta que, al menos con respecto a los docentes, ya hay un claro cercenamiento a un derecho adquirido: el de la paritaria nacional, que no se dio este año, en claro incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

Las determinaciones de la dirección de Ctera, además de la declaración del alerta, incluyen la oposición a cualquier intento de ajuste y flexibilización, la realización de una campaña en defensa de derechos laborales y previsionales y la convocatoria a un plenario de secretarios generales para la semana que viene con el fin de impulsar y tomar medidas de acción junto a otros sectores de trabajadores y organizaciones sociales.

La medida de Ctera se da en un marco en el cual las dos CTA, en circunstancias de un plenario sindical internacionalista, se declararan en “estado de sesión permanente” contra la reforma laboral y anunciaran su intención de movilizar al Congreso cuando la dicha reforma se trate en el recinto.

Experiencia suficiente

El comunista Cristian Poli, vocal en la mesa nacional de Ctera, expresó luego de la declaración del alerta docente que “venimos luchando contra la reforma laboral que intenta imponer el gobierno desde que asumió”. Agregó que en el plano de la Educación “eso va a implicar precarización laboral y falta de cargos”.

“Es un espejo de los noventas”, describió y le sumó: “es quizá muchísimo más grave porque, en estos últimos 15, años hemos no sólo recuperado derechos sino incorporado nuevos derechos, que tienen que ver con el tema de la licencia, con el tema del descargo y con el mayor presupuesto para la creación de cargos y puestos de trabajo”.

Analizó que el espaldarazo electoral recibido previamente por el presidente “se corresponde con una parte de la sociedad”. Y explicó: “prácticamente la mitad de esos votos pertenecen a las clases medias altas y altas y otro porcentaje, el resto, a los sectores de trabajadores calificados y hasta precarizados, también a comerciantes, todos agredidos hoy por la políticas económicas del gobierno”.

“El gobierno pretende poner su agenda a partir del resultado electoral con la legitimidad que le da ese resultado, pero a esa legitimidad no se la da la calle ni los movimientos sociales ni el resto de la población, que no votó a este gobierno sino a otras opciones, entre ellas Unidad Ciudadana”, repuso.

“Indefectiblemente vamos a confluir en una lucha en común decidida, fuerte”, consideró Poli y recordó en ese sentido “el problema de la construcción de alternativa política”. “La lucha va a resolver la situación de dominio de las patronales tanto en el Estado como en la economía en general, pero también la construcción de alternativa” adujo al respecto.

Asimismo, se manifestó sobre lo que se espera de las movilizaciones que eventualmente surjan ante las acciones gubernamentales. En ese sentido, observó que “venimos de todo un año de jornadas de lucha muy importantes, que llevaron los sectores estatales y fundamentalmente de la docencia, como así también el movimiento obrero del sector privado, que no es menos importante”.

Valoró positivamente “la perspectiva de confluencia de las organizaciones del campo sindical, sociales y políticas” con los “sindicatos en lucha”. Sobre ello, rescató el aporte de los “activistas que a pesar de estar en sindicatos de la CGT, en donde están las patronales, por abajo están en la lucha”.

“En esa lucha vamos a ir forjando la unidad no sólo con los sectores obreros sino también con el resto de los sectores agredidos”, sentenció y recalcó que “experiencia sobra”. Finalmente, observó sus propias palabras, enriqueciéndolas: “las luchas no sobran sino que nos fortalecen”.

Radio docente en Avellaneda1.11.2017

Porque hay algo que se debe oír

La organizó Suteba y ahí se alertó sobre los alcances nefastos del Plan Enseñar y se recalcó que los trabajadores de la educación no aceptarán un techo para las paritarias.

“El Plan Enseñar viene a destruir la educación pública”, advirtió Emanuel Ríos, secretario Adjunto de Suteba Lomas de Zamora tras participar de la radio abierta que se realizó ayer en Avellaneda, frente a la Jefatura Distrital dependiente del Ministerio de Educación bonaerense, convocada por el gremio docente “en rechazo a la mercantilización de la educación superior”.

Ahí, la secretaria de Educación Superior del Suteba, Sandra Ramal, destacó la participación de la comunidad educativa a la hora de rechazar la “flexibilización y mercantilización encubiertas” en las que avanza el ejecutivo que preside María Eugenia Vidal.

Y le apuntó al Operativo Enseñar 2017 “con el que se pretende evaluar a los estudiantes de institutos de formación docente con métodos estandarizados que, lejos de buscar obtener un diagnóstico para reforzar sus saberes y prácticas, pretende correr el eje del debate sobre la grave situación educativa, como los constantes problemas de infraestructura, la falta de nombramientos de cargos docentes y la subejecución del presupuesto educativo bonaerense”.

Entre otros, se dieron cita y se dirigieron a los presentes, las representantes de Suteba-Avellaneda, Teresita Barbato y Laura Auna, así como Liliana Rossi de la seccional Lanús y Pedro Ponce de la de Lomas de Zamora.

Paritarias

“Salimos a rechazar ese techo que trataron de imponer, porque no sólo es ese diez por ciento que nos quieren atribuir, sino también las condiciones laborales”, recalcó Ríos y recordó que “la totalidad de los gremios docentes coincidimos en que seamos los trabajadores quienes pongamos las condiciones para discutir salario sin el techo que quiere poner el gobierno”.

Cabe citar que el tándem Macri-Vidal espera que las paritarias bonaerenses sean un indicador para el resto de la economía con ese número, el diez por ciento. Esto es: justo en el medio de la inflación que se estableció como meta en el Presupuesto que envió el ejecutivo al Congreso, que prevé un salto de precios de entre el ocho y el doce por ciento.

 

 

Nueva Ley de ART1.11.2017

Más presión, menos dignidad

Después de Córdoba y capital, el gobernador Weretilneck anticipó que adherirá Río Negro y los trabajadores bonaerenses la rechazan de raíz. Desde Bariloche, el PC fijo su postura.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que su provincia adherirá a la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), tal como reclamó Mauricio Macri durante su discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

“Nosotros nos estamos adhiriendo en los próximos quince días”, dijo sobre el régimen de ART con el que el gobierno nacional apunta a reducir la litigiosidad judicial. Los cambios de la ley implican que el trabajador va a estar obligado a atravesar una instancia administrativa previa a la judicial, compuesta por las comisiones médicas, con el fin de que determinen el carácter de la enfermedad o accidente.

En cambio, el trabajador no registrado no está obligado a pasar por una comisión médica en caso de accidente. Y se incorpora el “autoseguro público provincial”, que permite al Estado auto asegurarse frente a enfermedades y accidentes de trabajo.

Vale citar que la norma complementaria del nuevo régimen de ART dispuso -en su artículo cuarto- la invitación a la totalidad de las jurisdicciones del país a adherir a la ley, pero en rigor su vigencia es parcial a raíz de que los únicos distritos sumados son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

“El mandato de Alberto Weretilneck es el de un gobierno provincial que se cae a pedazos y la única posibilidad que le queda es abrazarse a todas estas políticas neoliberales que impone el gobierno nacional”, aseveró el titular del Partido Comunista de Bariloche, Rubén Terrile, quien advirtió que esta adhesión “no va a provocar mejoras en la situación económica y política de Río Negro”.

Asimismo, Terrile hizo hincapié en que a Weretilneck “no le queda otra salida que inclinarse hacia el Presidente para poder resguardarse estos dos años que le quedan como gobernador”, por lo que “acepta cualquier política neoliberal que, como ésta, afecta a los directamente trabajadores”.

Y sin dudarlo añadió que medidas como esta, en Río Negro, “traerán problemas para los medianos y pequeños productores, comerciantes e industriales”, así como “para trabajadores en general, sobre todo si hablamos del tema de la salud del trabajador”.

Provincia de Buenos Aires

Por su lado y con la composición legislativa favorable que dejaron los comicios del 22 de octubre, la gobernadora María Eugenia Vidal volvió a reclamar que avance la adhesión a esta ley, en medio de un panorama atravesado por la resistencia de los trabajadores estatales.

“Solo va a poner trabas a los trabajadores que tienen enfermedades profesionales o accidentes de trabajo”, coinciden en señalar desde la CTA Autónoma y ATE Buenos Aires.

Pero también advierten que el nuevo régimen de ART “lo que hace es generar aseguradoras de riesgos de trabajo, es decir, el Estado vuelve a renunciar al rol de prevención y promoción de salud en lo que hace a la salud laboral”, al tiempo que destacan que “esas aseguradoras hacen convenios con las empresas, lo que significa un circuito de negocios que poco tiene que ver con darle solución a los y las trabajadoras”.

Vidal estuvo junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el primer acto oficial en el que participaron los principales legisladores elegidos el 22. Allí confirmó que insistirá con una reforma que levantó en armas a los sindicatos.

“Tenemos pendiente la adhesión a la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo, la cantidad de juicios laborales en la Provincia subió un sesenta por ciento y eso, justamente, desalienta a alguien que quiere invertir y le saca trabajo a mucha gente por el negocio de la industria del juicio”, sentenció la gobernadora, tras lo que recordó que la Ciudad ya adhirió”, por lo que “espero que haya adhesión por parte de la Legislatura”.