El gobierno, en franca retirada, emitió un decreto de ¡necesidad y urgencia! que favorece a las patronales y perjudica a los trabajadores al reducir las indemnizaciones por accidentes laborales. La Liga fija postura.
El gobierno atraviesa sus horas finales. En este tránsito sobre lo que parece un final seguro, ya no disimula ni en las formas ni en los contenidos. A pocos días de la muerte de un obrero de la construcción en el Aeropuerto de Ezeiza, obra que el gobierno apuraba para inaugurar antes del inicio de la veda para actos de gobierno, el Ejecutivo emitió un decreto que reduce las indemnizaciones a trabajadores.
La medida se hizo efectiva mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (669/2019) que modifica la tasa de interés utilizada para el cálculo de las indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales.
Esta medida es un claro beneficio para las patronales -especialmente para la denominada patria contratista- y para uno de los implicados en las obras de Ezeiza: el “hermano de la vida” del presidente, Nicolás Caputo. En Argentina, según estadísticas, muere un trabajador en su puesto de trabajo cada 20 horas.
Sobre la medida y sus alcances prácticos, Hugo Mir, abogado laboralista de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) afirmó que “es un atropello más por parte de un gobierno antipopular y enemigo de los trabajadores”.
El decreto modificó la forma en la que se calcula parte de la indemnización que el trabajador o su familia recibe en concepto de actualización por el tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta se hace efectivo el pago de la sentencia. Según los tiempos judiciales, es normal que el proceso demore entre tres y cuatro años.
El decreto es ilegítimo, aplicado por un gobierno que perdió legitimidad política y social no solo por los resultados de las elecciones Paso, sino también por el desastre económico que lo posiciona como uno de los peores gobiernos desde la vuelta a la democracia. Y más ilegítimo resulta por el hecho de que la medida se implementa mediante un DNU. Queda claro cuáles son las necesidades y urgencias del gobierno, en un contexto de emergencia económica, social y alimentaria.
En este contexto, Mir prefirió hacer un balance político más que judicial sobre el Decreto y dijo que “la realidad es que este gobierno generó un desastre social y económico en todo sentido y luego propone como soluciones que perjudican a los trabajadores y que favorece a las patronales”.
La Liga fija posición
Por su parte, la Liga también se manifestó mediante un comunicado preparado por Federico Ovejero, miembro de su equipo jurídico. En el comunicado, se sostiene que “esta reforma, de sobrada inconstitucionalidad, es una más de las medidas contrarias a los trabajadores realizadas por la gestión de Cambiemos, que tiene el lamentable precedente del accidente de los trabajadores en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con un muerto y varios heridos de gravedad”.
También se denuncia que “el capitalismo de Macri, el capitalismo usurero, el capitalismo realmente existente fundado sobre la sangre y el terror del genocidio avanza ahora con máscaras legales en la transformación final de los trabajadores en simples instrumentos del proceso de generación de superganancias para los grupos concentrados y los empresarios en general”.
Este sistema usurero se sostiene desde “la sanción de la Ley 24.557 en 1995, corresponde más a una lógica financiera que proteccionista de las y los trabajadores expuestos a las variables incapacitantes del trabajo”. En este sentido, el actual sistema “intenta forzar acuerdos de los trabajadores ante las ART mediante el sistema de Comisiones Médicas que, además de financiados por las mismas aseguradoras, suelen manejarse con una lógica burocrática, lejana a las necesidades del sujeto doblemente débil de todo este sistema: los trabajadores enfermos o discapacitados”.
Dada la situación, los trabajadores están inmersos bajo una “lógica perversa” en el que el sistema “además de generar un ente financiero que no sólo lucra con los recursos de los seguros en la timba financiera sino que especula con los desamparados o en pagarles menos, intenta colocar bajo el ámbito de “acuerdo” la posibilidad de reducir los salarios a percibir por parte de estos trabajadores incapacitados o con menor capacidad laboral que la que poseían antes del accidente o enfermedad”.
Ante este panorama, “donde no bajan las tasas de siniestralidad en el trabajo pero si la cantidad de desprotegidos por el sistema, donde la inspección de seguridad e higiene brilla por su ausencia, donde la reforma laboral -ya realizada de facto en aquellos supuestos no protegidos por el derecho del trabajo- forma parte de la propuesta de los principales candidatos, debe llamar la atención de los trabajadores para intentar imponer un programa y una agenda que le garantice nociones mínimas de dignidad y vida para ir por más y profundos derechos”.