Listas negras del macrismo

Sindicales y Territorio
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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo anuló una resolución que se realizó durante el gobierno Cambiemos para perseguir a trabajadores y abogados laboralistas que hacían juicios a la aseguradora de trabajo.

Mediante la Resolución 55/2020, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la semana pasada derogó otra dictada por el mismo organismo durante 2017, por la que había creado listas negras de abogados laboralistas y trabajadores que iniciaran juicios laborales.
Paradójicamente, quien firma esta resolución que cancela la que en su momento promovió Mauricio Macri, es el superintendente Gustavo Moron, quien continúa en la función pública.
La Resolución que estaba destinada a perseguir a los trabajadores, organizaciones sindicales y sus abogados, se inscribía en una política de hostigamiento tendiente a apuntalar el intento de reforma laboral que impulsó la Presidencia Macri.
De todas maneras, el Registro fue neutralizado por una medida cautelar interpuesta por La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio a la que adhirieron diferentes sindicatos y colectivos de laboralistas.
En este sentido, Hugo Mir, Abogado laboralista y militante del PC, aseveró que “se trataba una lista negra donde figuraban los trabajadores y abogados laboralistas que planteaban inconstitucional a la reforma que realizó el macrismo, uno probablemente yo”.
A su vez, explicó que “inciamos la demanda de accidentes planteando a inconstitucionalidad de la última reforma a la ley de riesgo de trabajo que había consistido en la constitución de comisiones médicas que es algo declarado inconstitucional por la corte.”
“Esto fue un disparate constitucional, porque son médicos no son abogados, por lo que nada pueden decir sobre cuestiones jurídicas”, resaltó Mir.
En esta línea, recordó que “durante el gobierno de Néstor, la corte declaró la institucionalidad de estas comisiones médicas que obligaba a los trabajadores a recurrir a ellas primero”.
Así las cosas, criticó al gobierno de Macrí en esta sintonía, ya que calificó a la reforma “dura y arbitraria”. “El macrismo restituyo las comisiones médicas”, explicó. Por lo que opinó: “la corte en un nuevo fallo debe volver a declararlo inconstitucional”.
Sin embargo, dijo que “es de no creer que la actual resolución que deroga la anterior no la crítica, y esto se ve en que el responsable sigue siendo Gustavo Moron, el mismo que firmó la resolución durante el gobierno de Macri y que ahora firma la derogación. A lo que agregó que “parece un chiste”.
También, criticó la designación de Claudio Moroni como ministro de Trabajo. “Esta persona avaló acuerdo homologatorios entre cámaras empresariales y sindicatos con rebajas salariales y suspensiones a partir del acuerdo UIA- CGT del 25 por ciento de reducción, algo que después tiene que avalarlo cada sindicato”, explicó.
Además, Mir remarcó que “hay una contradicción con la normativa progresista de inicios de la cuarentena cuando salieron las resoluciones de los decretos, que determinaban que ningún trabajador iba a sufrir rebaja salarial, y que prohibía despidos y suspensiones”.
Asimismo, explicó que “la realidad que encauso el gobierno no se permite que sea por imposición del patrón pero si mediante acuerdo colectivo, entre sindicatos y cámaras empresarias que realizó Moroni”.
Para finalizar, hizo hinca pie que “eso recibió críticas de muchos sindicatos, Héctor Recalde, especialista en derecho Laboral y ex diputado nacional, Asociación de Abogados Laboralistas y todos los que estamos en el mundo del trabajo”.
Por otro lado, la fiscal federal Alejandra Mangano impulsó la investigación que le delegó el juez Luis Rodríguez y requirió la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Se trata de una investigación por supuestas irregularidades en el Programa de Análisis de Dotaciones del Ministerio de Modernización, que durante el Gobierno Cambiemos permitió reducir la planta de personal del Estado.
Cuando estaba a cargo de Andrés Ibarra, esa cartera definió que la cantidad de trabajadores para la planta estatal, debía ser un 16 por ciento menor que la que había, con lo que se pretendió justificar una ola de despidos.