Con el acuerdo con el Fondo abrochado, el ejecutivo avanza sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y un nuevo diseño del sistema jubilatorio.
Con la mirada puesta en la posibilidad de llevarlo al recinto el miércoles 14 de noviembre, el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, inauguró hoy la lista de ministros que concurrirán a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, para defender el Proyecto de Presupuesto 2019 que así lo esperan, tendría dictamen favorable el 7 de ese mes.
Dujovne fue tranquilo al Congreso. Sabe que en la Cámara Alta lo espera un clima más distendido que el que rodeó la media sanción de Diputados, pero además lleva en el bolsillo la ampliación del Stand-By que el FMI hizo efectiva el viernes pasado.
Ese día, las alas política y técnica del Fondo se pusieron de acuerdo, y el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral aprobó la ampliación del Stand-By con la Argentina, hasta los 56.300 millones de dólares, lo que habilita la inmediata liberación de 5.700 millones.
Así, el Gobierno Cambiemos se asegura que va a tener caja suficiente para pagar servicios de deuda - que su propia gestión contrajo - hasta que termine lo que en La Rosada esperan sea su primer mandato ¿Pero qué puede pasar desde 2020?
Un dato clave viene desde el mismo Wall Streat. Pese a que con el impulso político de Christine Lagarde y el gobierno estadounidense salió la ampliación, no bajó el riesgo país, lo que exhibe la desconfianza que los mercados mantienen en el mediano plazo, es decir, después de que cobren los acreedores que tienen vencimientos para lo que queda del actual año y 2019.
Nadie ni en el gobierno ni en el Fondo, puede decir con certeza qué va a venir después de diciembre de 2020, pero el fantasma del default sobrevuela hasta las estimaciones más optimistas.
Y a esto se le suman las luces de alarma que se encienden por la tensa situación socioeconómica, que va a profundizar el déficit cero que impone el acuerdo.
Los actores del capitalismo financiero concentrado dudan la sustentabilidad de la política económica gubernamental, fundamentalmente, de que pueda seguir pagando la deuda. Entre ellos, los más sensatos, también dudan de que pueda ser socialmente sustentable una estrategia sólo basada en ajuste tras el ajuste.
Es que la letra chica del nuevo capítulo del acuerdo con el FMI, prevé -entre otras cosas- una vuelta de rosca más a la destrucción de activos que son de todos los argentinos y, en esta dirección, plantea un ataque frontal al sistema público y universal de jubilaciones.
¿De qué hablan el ministro Dujovne y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, cuando en la carta de intención que firmaron con el Fondo, hacen explícito el compromiso gubernamental a seguir “trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad”?
En el primer renglón de esas reformas está la del sistema jubilatorio, algo en lo que ya se avanzó con la norma sancionada en diciembre de 2017. Pero esta vez intentan ir por más.
De acuerdo a la Ley sancionada en 2008, para fondear el régimen previsional, se echa mano a aportes específicos e impuestos generales, mientras que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) queda como reserva de última instancia que se capitaliza y es capaz de actuar en momentos de crisis.
Al vaciamiento que se viene operando sobre el FGS desde que Mauricio Macri es presidente, según el acuerdo, se le daría otra vuelta de rosca, contabilizando como base de financiamiento sólo las contribuciones sociales y el FGS.
Desde mayo de 2019 el FGS de la Anses se comenzará a utilizar para liquidar jubilaciones.
Así, esperan convertir al sistema en inviable, lo que le abriría las puertas a uno de tipo mixto en el que el negocio financiero se meta por medio de figuras del estilo de las Afjp que capitalicen pensiones.
La idea que esperan dar a conocer el año venidero, plantea cercenar la porción de tributos que hoy suman al sistema y, de la mano del paradigma del déficit cero, avanzar hacia un sistema de capitalización.
Asimismo, el FMI exige que la nueva Prestación Universal para el Adulto Mayor (Puam), se reduzca del ochenta al setenta por ciento de la jubilación mínima.
A cifras de ahora, con este ajuste, la Puam se colocaría en 6.045 pesos, esto es, casi novecientos menos que la actual y 2.600 por debajo de la jubilación mínima. Esto ubicaría en zona de indigencia a quienes la perciben.
Pero esto no es todo. Como en ese escenario habría menos dinero para pagar haberes jubilatorios, se proponen avanzar hacia una nueva fórmula para actualización jubilatoria, todavía peor que la sancionada un año atrás. Esto arrastraría a todo el sistema de pensiones y asignaciones. Y también traería aparejado el aumento de cinco años para la edad jubilatoria.
Para que quede claro, con el diseño que cocinan el ejecutivo y el FMI, el segmento de trabajadores formales -una especie en extinción- que sumara treinta años de aportes en el sistema de reparto y cotizara en las Afjp un plus, podría acceder a un retiro sólido. Esto si los fondos no son alterados por el coletazo de alguna de las crisis cíclicas lo que -tal como se veía venir en 2008- los llevaría a quedarse con poco de lo aportado.
Con menos posibilidades aparecen aquellos que acrediten tres décadas de aportes sin capitalización, un escalón más abajo quedarán los que pudieron jubilarse mediante moratorias y, en el subsuelo, los que sólo consigan llegar a la Puam.
Para pocos
El ejecutivo dará el primer paso en esta dirección a mitad del año próximo, cuando los técnicos del Fondo le entregarán una revisión técnica con “sugerencias”, que tienen su esencia en el reemplazo del régimen jubilatorio por uno de capitalización individual. Esto es la destrucción del sistema público y universal, para reemplazarlo por otro diseñado para beneficiar al capital financiero.
Y es aquí donde está la clave de todo esto. Tal como ocurre con los sistemas públicos, gratuito y universal de Salud y Educación -otros perdedores del modelo que perpetra el Staff Cambiemos- la destrucción del sistema jubilatorio público, universal y solidario, tiene un costado pedagógico.
Es que los diseños de estos sistemas y las dinámicas sociales que proponen, son absolutamente extrañas a las relaciones capitalistas.
Como ya explicó muchas veces NP diario de noticias, son concesiones que el sistema capitalista tuvo que hacer para sobrevivir, en un determinado momento de su desarrollo histórico. De alguna manera, no son otra cosa que un adelanto de las relaciones que establecerá una sociedad diferente, esto es, una sociedad no capitalista.
¿Pero de qué va esto de convertir al sistema jubilatorio en un menú a la carta que proponga diversas alternativas?
En el capítulo de la Segunda Crisis de Larga Duración Capitalista que atravesamos, la financierización y la deslocalización, van asociadas a la destrucción de la empresa piramidal y su reemplazo por el concepto de la red en la que –aún dentro de la misma unidad productiva- los trabajadores dependen de diferentes subcontratistas.
También, junto a la sustitución del concepto fordista y la irrupción y naturalización de figuras como el emprendedurismo, se apunta a la destrucción de la unidad productiva como espacio de sindicalización, resistencia y lucha.
La instalación del precariado como paradigma de la relación entre los universos del trabajo y el capital, le apunta por debajo de la línea de flotación al proletariado.
En un diseño de producción fordista, el capital necesitaba que los trabajadores estén sanos e instruidos para poder desenvolverse en la línea de producción y que, además, tuvieran expectativas de una vejez sin problemas.
Pero todo esto le sobra a un diseño donde la relación trabajo-capital, que se pretende imponer, es mucho más lábil. Por eso esta suerte de menú a la carta que se intenta imponer en el sistema jubilatorios que, además de alimentar el negocio financiero, sería mucho más acorde con el lugar que el nuevo orden capitalista global reserva a Argentina.