Territorio

Por el país

27.3.2018

Favores

El Gobierno de Mendoza que preside el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, le devolvió a la firma Minera Geometales S.A. -perteneciente al grupo Macri- la concesión del yacimiento de cobre Francesca, ubicado en Malargüe, que en 2014 fue declarado abandonado. La empresa logró que el ejecutivo provincial le diera la razón en un recurso de apelación que presentó contra una resolución del Consejo de Minería, que le sacó la concesión del yacimiento tras reiterados incumplimientos por parte de Geometales, entre los cuales se menciona que no informó un descubrimiento.

 

Las cifras no se mueven

Las principales organizaciones de trabajadores estatales, ATE y Upcn, acordaron con el Gobierno de la provincia de Tucumán, la recomposición salarial que regirá para todos los empleados públicos durante 2018. De acuerdo con la paritaria docente firmada semanas atrás, la pauta oficial no se movió del 17 por ciento de recomposición sobre el básico y se pagará en dos partes: ocho a partir del 1° de marzo y el resto cuando llegue septiembre.

 

Acampe

Desde hace tres semanas, integrantes de diferentes cooperativas de Mar del Plata, acampan ante la sede municipal, para solicitar la continuidad de los contratos de trabajos relacionados a la obra pública en cuyo marco se vienen desempeñando.

 

Ajuste

Alrededor de trescientos docentes y 1200 alumnos de la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Santa Cruz, Santa Fe y Chubut se quedan sin su escuela técnica como consecuencia de la decisión del Gobierno Nacional de cerrar cinco establecimientos educativos que dependen de la Dirección Nacional de Vialidad. Estas escuelas ofrecían tecnicaturas de nivel terciario, orientadas al trabajo en la obra pública, especialidad que no se dicta en ningún otro establecimiento.

 

Veinte por ciento

Los estatales de la provincia de Corrientes lograron una recomposición salarial del veinte por ciento, pero pagadera en tres cuotas, más un plus adicional. El acuerdo que incluye a los docentes contempla un diez por ciento retroactivo a marzo, un cinco para julio y el resto en octubre. También se anunció que se va a elevar desde 3.800 hasta 4.050 pesos el adicional mensual que percibe el sector y se mantendrá un plus extra de quinientos pesos. ATE calificó el anuncio como “insuficiente” y recalcó que “los trabajadores han tenido una caída del salario estrepitosa por la inflación y los tarifazos”.

 

26.3.2018

¡Ay Carambia!

El dirigente de Cambiemos, José María Carambia, es intendente de la localidad santacruceña de Las Heras y para demostrar que nada es gratis en la vida, decidió ponerle precio a una de las consignas que convirtió a Mauricio Macri en presidente. "Podemos vivir mejor", decía el slogan de campaña y, sin dudarlo, Carambia avanzó en esa línea y cobra una tasa "para vivir mejor", tal como consta en uno de los items de la boleta municipal. Este es un canon que se paga una vez al año, nunca pasó por el deliberativo comunal, pese a que ahí Carambia tiene mayoría.

 

Preocupación

El intendente de la localidad santafesina de Firmat, Leonel Maximino, se reunió con ministros y legisladores provinciales, para evaluar la situación crítica que vive este municipio como consecuencia de los despidos y falta de pago de salarios en las metalúrgicas Vassalli, Alcal y Rega cuyos obreros siguen de paro por tiempo indeterminado y, mañana martes, se movilizarán para realizar cortes y piquetes.

 

Petroleras siguen en conflicto

Alrededor de doscientos trabajadores de las empresas Oil y Magenta, ambas contratistas de las operadoras petroleras YPF y Sinopec, en la zona norte de Santa Cruz, iniciaron un paro en reclamo por los aportes patronales. Los operarios de Oil Combustibles ya venían desarrollando una lucha, tras el revés que sufrieron cuando el juez federal, Javier Cosentino, no aprobó el plan de emergencia presentado por los coadministradores de la empresa, que consiste en concretar un acuerdo comercial para que terceros se hagan cargo del abastecimiento de las estaciones de servicio de la firma.

 

Rechazo

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, rechazó el amparo colectivo promovido por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos contra Enersa, para frenar el tarifazo perpetrado en la facturación del servicio de energía eléctrica en la capital entrerriana.

 

23.3.2018

Contra el tarifazo

Después de que en menos de una semana juntaran 1.110 firmas, en Saladillo vecinos se movilizaron ante el Palacio Municipal y forzaron la convocatoria a una sesión especial del Concejo Deliberante. Buscan que se revea el feroz tarifazo perpetrado por la Cooperativa Eléctrica Saladillo y a Camuzzi Gas Pampeana.

 

Nucleares en peligro

La Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en la localidad neuquina de Arroyito, se encuentra parada hace diez meses y paga los sueldos en cuotas. En un contexto de recortes presupuestarios y falta de avances en la construcción de centrales, la industria nuclear agrava su situación de crisis.

 

Vaca Muerta

Cuatrocientos efectivos de Gendarmería se van a instalar en la zona de Vaca Muerta, según se explicó oficialmente, para controlar “el aumento del delito de narcotráfico y conflictos entre mapuches y las petroleras” que actúan en la zona donde está el megayacimiento hidrocarburífero. Así lo adelantó el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco que ratificó la presencia de otro compuesto por ochocientos uniformados en Comodoro Rivadavia.

 

No cumplen con paritarias

Los trabajadores municipales denunciarán a los intendentes que no cumplan la Ley de Paritarias. “La ley es de orden público y por lo tanto es obligatoria”, se advirtió desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses y se recalcó que de 135 municipios, sólo 54 cumplen con la ley

 

 

Notiamba

27.3.18

Unidad en la acción

En La Matanza representantes de la CTA de la provincia de Buenos Aires, la UOM y la CGT local, la Federación Gráfica Bonaerense y la Corriente Federal de Trabajadores, se dieron cita para realizar una jornada en la que se exigió paritarias libres y sin techo, se hizo un pronunciamiento contra los despidos, suspensiones, precarización laboral y el desmantelamiento de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Asimismo, se convocó a "fortalecer la unidad de clase, para confrontar a las políticas entreguistas y de ajuste del actual gobierno".

 

Reclamo

Vecinos de la zona del arroyo El Gato, fustigaron al secretario de Producción, Rogelio Blesa, para exigirle que se lleven a cabo obras hidráulicas que Julio Garro y María Eugenia Vidal prometieron durante la campaña electoral, para sanear el que es uno de los sitios más contaminados de la región. Fue después de que la semana pasada, en La Plata, cayeran 73 milímetros durante dos horas, lo que provocó nuevos anegamientos en esa área y en Tolosa, Ringuelet, Los Hornos y Altos de San Lorenzo.

 

Preocupación

Sólo el cinco por ciento de los operarios de la planta que la industria textil que Mafissa posee en la localidad de Olmos -en el Gran La Plata-, siguen trabajando tras el incendio que, no hace mucho, destruyó gran parte de esta fábrica textil. Los restantes empleados cobrarán el setenta por ciento del salario durante quince días. En esta planta trabajaban casi quinientos operarios.

 

26.3.18

Impuestazo

Las tasas municipales en Morón aumentaron este año un cincuenta por ciento, pero pese a esto el ejecutivo comunal realiza un drástico recorte en Educación, Salud y Seguridad. El monto total presupuestado para 2018 significa sólo un incremento del siete por ciento respecto a 2017, esto es que va por debajo de la inflación estimada para este año. Para el área Salud, el presupuesto bajó un 16 por ciento, es decir cien millones menos que en 2017, al tiempo que para emergencias se destina un quince por ciento menos y en lo inherente a atención médico hospitalaria, la partida cayó en un 24,5, esto es, cuarenta millones por debajo de la del año anterior.

 

Alerta

Desoyendo los reiterados reclamos vecinales, la gobernadora María Eugenia Vidal promulgó un decreto que habilita la instalación de una termoeléctrica en el municipio de Pilar, cuyo ejecutivo modificó una norma vigente para permitir el emplazamiento de esta planta productora de energía que, de acuerdo a las quejas vecinales, puede provocar un grave impacto ambiental.

 

Ajuste, pero no tanto

Crear y Ser es una escuela de gestión privada -ubicada en Morón- que posee dos peculiaridades: pese al ajuste que los gobiernos nacional y provincial desatan sobre el sistema educativo, goza de un subsidio del sesenta por ciento, tal como se desprende de la página web del ministerio de Educación. La otra es que a ella concurren los hijos de la gobernadora bonaerense y el intendente de Morón.

 

Piden pan, palos dan

Trabajadores de la economía popular que se habían concentrado ante la sede municipal de Tres de Febrero, fueron dispersados violentamente por personal de la policía local. Pedían que el Municipio los tenga en cuenta a la hora de realizar obra pública, que se provea con productos provenientes de la economía popular, que articule redes de comercialización y circuitos a cielo abierto, así como la creación de una mesa coordinadora entre la comuna y las organizaciones que conforman la Ctep. Los cooperativistas se declararon en alerta y movilización de cara a la grave situación que atraviesan “debido a las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional, provincial y municipal” que preside Diego Valenzuela a quien acusaron de “pretender deslegitimar el esfuerzo cotidiano de los trabajadores de la economía popular”.

 

23.3.18

Por el cine

El miércoles pasado, integrantes de Asamblea de vecinos y amigos por la reapertura de Arte Cinema, se reunieron con el vicepresidente del Incaa, Fernando Lima, a quien le reclamaron la reapertura de esta sala ubicada en el barrio de Constitución, que era Espacio Incaa, pero el Instituto cerró 31 de julio de 2017.

 

Por el cupo trans

"En nuestro país, la comunidad travesti, transexual y transgénero se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente en materia de acceso a la salud, educación y particularmente el trabajo", argumentaron legisladores porteños tras impulsar un proyecto que, si prospera, permitirá implementar el cupo trans en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue presentada por el titular de la bancada de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, en confluencia con otros nueve diputados.

 

Ni los gansos se salvan

Alrededor de 250 gansos que se encontraban en los lagos del parque 3 de Febrero, ubicado en Palermo, fueron trasladados al Ceamse. Es que en el predio donde está el lago, están algunas de las pistas de atletismo que se usarán durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán este año. Por lo tanto, los gansos ahora se ubican en José León Suárez.

 

No se hacen cargo ni de la bici

La Legislatura dio autorización, este jueves, al Gobierno de la Ciudad para llamar a una licitación por diez años para concesionar el actual sistema de transporte público en bicicleta, conocido como Eco Bici. La excusa es ampliar la red para que esté presente en más barrios, aunque manteniendo la gratuidad del servicio. La concesión se hará por medio de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

 

22.3.18

Destruyendo la industria nacional

Se cerró la única fábrica de jeringas del país, que funcionaba en Morón. Ariel Aguilar, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, remarcó que la situación de apertura indiscriminada de importaciones, atenta contra el mercado interno y genera desempleo, además del cierre de Pymes con más de treinta años de antigüedad como este caso.

 

 

La industria textil en peligro20.6.2018

Despidos en Textilana

Más de treinta bajas se dieron en el último mes en la empresa de Mar del Plata. “Esto es parte de un modelo económico que no le ofrece sustentabilidad a la pequeña y mediana empresa”.

“El panorama es desolador, la industria textil está sufriendo un golpe durísimo por la apertura de importaciones”, alertó Pedro Ferrer, titular del Partido Comunista marplatense al reciente despido de treinta trabajadores de la planta que la empresa Textilana posee en esa localidad.

“Esta situación se puede constatar en la Avenida Juan B. Justo, que antes era furor y hoy, en una cuadra, hay un promedio de diez locales cerrados”, señaló Ferrer, cuando advirtió sobre el desguace que se perpetra sobre el sector.

Y, en esta dirección, remarcó que “los despidos de Textilana son parte de un modelo económico que no le ofrece sustentabilidad a la pequeña y mediana empresa”, en el contexto de “una política nacional del Gobierno Cambiemos que penetra en un municipio donde no se hace absolutamente nada para darle una mano a los empresarios locales”.

Tras lo que destacó que, “de esta manera, dejan a Mar del Plata con una economía muy estacionaria que depende casi exclusivamente del turismo que como consecuencia de las políticas del gobierno también viene en baja”.

Sólo aumenta lo importado

Las pequeñas y medianas empresas de la industria textil, cada día se ven más sofocadas por el modelo económico instalado por el Gobierno Cambiemos, que impone una apertura indiscriminada de las importaciones que genera miles de despidos.

Según comunicaron cámaras empresariales del sector en una conferencia realizada la semana pasada en el Hotel Castelar de la ciudad de Buenos Aires, hay más de quinientos mil puestos de trabajo en riesgo. Esta profunda crisis que se enfrenta provoca suspensiones, despidos y hasta el cierre de fábricas.

Hay que remarcar que tan sólo en el año 2017 -según un informe de la fundación Pro Tejer- las importaciones textiles superaron el 47 por ciento y, de ellas, un 61 por ciento proviene de China. Y en los primeros dos meses de este año aumentaron un 27 por ciento comparado con igual período del anterior.

Otro factor que hay que tener en cuenta, es el acuerdo que el gobierno nacional realizó con Colombia en diciembre del año pasado, que permite el ingreso de más de 660 productos del país cafetero, que domina esta industria en la región.

Esta invasión de ropa de producción extranjera, que se comercializa a un precio menor que la de confección nacional, le achica el margen de competitividad a la industria local en el mercado interno.

La indiscriminada apertura se combina con los tarifazos que se imponen desde La Rosada, desde 2016, acompañados con una inflación que se proyecta en no menos del treinta por ciento para este año. Un combo explosivo que ya provocó la caída de la actividad en 6,1 por ciento respecto al primer bimestre de 2017, pero también más de veinte mil despidos en el sector textil desde que Mauricio Macri es presidente.

El intendente de Paraná al borde de ir preso19.6.2018

“La derecha y el narcotráfico van de la mano”

Así se refirió el secretario del PC de Entre Ríos, Alejandro Milocco, al caso de Sergio Varisco, procesado por narcotráfico ¿La droga financió la campaña de Cambiemos?

El juez federal, Leandro Ríos, procesó ayer al intendente de Paraná, Sergio Varisco, en la causa cuya carátula señala “comercializaron de manera conjunta y organizada” de cocaína en grandes cantidades que se distribuían por la ciudad de Paraná y el resto de Entre Ríos.

Pero también por recibir financiación de un grupo de narcotraficantes para la campaña política que puso a Cambiemos en el Palacio Municipal de la capital entrerriana. Además, se le impuso una caución de un millón de pesos para permanecer en libertad y la prohibición expresa de salir del país.

También, el magistrado dictó la prisión preventiva del concejal por Cambiemos, Héctor Pablo Hernández, y para la secretaria municipal de Seguridad, Griselda Bordeira a quienes considera coautores penalmente responsables del “delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes”.

Por su parte, serán citados a declaración testimonial para los próximos días, otro concejal por Cambiemos, Emanuel Gainza, y el secretario de Transporte, el comisario general retirado Ricardo Frank.

En esta causa que se inició hace más de un año, se demostró que camionetas y camiones municipales distribuían drogas que entraban a Entre Ríos mediante el uso de una avioneta. Posteriormente, hubo escuchas que se hicieron públicas donde estos funcionarios y concejales aparecen negociando -entre otras cosas- puestos de trabajo y camiones con el líder de la banda de narcotraficantes, Daniel “Tavi” Celis, quien en una de las escuchas admite que le “levantó la campaña”.

Acorralado

Alejandro Milocco, Secretario del Partido Comunista de Entre Ríos, fue contundente cuando señaló que “un intendente de una ciudad como Paraná que tiene este proceso encima, genera un desconcierto importante en términos institucionales” y agregó que lo que se demuestra acá, es que “el poder político de Cambiemos se financió con el narcotráfico”.

Asimismo, al referirse a la actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tras un año de silencio condenó por twiter al intendente narco, Milocco recalcó que en las declaraciones de la funcionaria “no hay ningún gesto de valentía ni de honestidad, ya que lo único que le quedó es reconocer una situación que estaba por explotar”.

Vale recordar que pese a que el Caso Varisco tiene estado público desde hace más de un año, recién ahora la titular de Seguridad abrió la boca -mejor dicho el twit- para señalar, con cierta ambigüedad que, “quien se pondrá del lado equivocado tendrá su castigo”.

A todo esto, el titular del PC entrerriano, recordó que el intendente de Paraná, hace menos de un mes, tuvo una reunión mano a mano con funcionarios del gobierno nacional y participó en la reunión de jefes municipales con el presidente Mauricio Macri.

“No es que le sueltan la mano, sino que la justicia lo acorraló a un punto en que ya no se pueden hacer los distraídos”, sostuvo Alejandro Milocco.

También, aseguró que la línea política que lleva a cabo Varisco “va a rajatabla con los lineamientos centrales propuestos por el macrismo: ajuste, déficit del Estado cobrando menos tasas a los más poderosos y aumentando las tasas a los sectores mas populares, menos inversión en obras públicas y menos inversión en planes sociales”.

Y destacó que es preciso que el deliberativo comunal “asuma la responsabilidad institucional que le compete”, ya que de este cuerpo depende ahora que Varisco siga a cargo del ejecutivo municipal.

 

OTRA VÍCTIMA DEL TARIFAZO15.6.2018

Cierra una fábrica de Arroyo Seco

En el marco de la profunda crisis que vive el área industrial aledaña a Rosario, la empresa Cerámica del Sur anunció su cierre a causa de los constantes aumentos en las tarifas de luz y gas.

Los titulares rosarinos de la empresa Cerámica del Sur remitieron los telegramas de despido a sus empleados explicando que la fábrica de Fighiera, al sur del área metropolitana rosarina, cerrará por los tarifazos. Más allá del desamparo que cunde entre los trabajadores, hay que observar que se trata de un planteo veraz: los hornos de cerámica se alimentan de gas, cada vez más caro en el área industrial del sur santafesino, como en todo el país.

Arroyo Seco es una localidad aledaña y cuenta entre sus vecinos con unos cuantos trabajadores de la empresa, que así se quedan sin trabajo como cuando a fines de año otra fábrica de cerámicos, también de Fighiera y con el mismo nombre de esta localidad, debieron abandonar sus tareas ante la falta de perspectivas para la industria.

También se especificó a los trabajadores de Cerámica del Sur que el cierre de la fábrica se debe al aumento en la electricidad. En suma, a los tarifazos. Estos, hay que decir, se vienen cobrando víctimas entre las muchas fábricas de la región rosarina, una de las más industrializadas del país y hoy devenida mero centro exportador de granos. Eso, que la convirtió en el mayor puerto del rubro en todo el mundo, nada redundó en la mucho más ventajosa industria.

Las ventas de Cerámica del Sur no cesaron de reducirse en los años de macrismo y entre los despedidos la mayoría es de Arroyo Seco, por lo cual Martín Livolti, miembro del comité del PC santafesino y residente en esa localidad, recordó: “tenemos a habitantes de nuestra ciudad que trabajaban en el ámbito de Fighiera y hemos podido ver los telegramas de despido”.

Recordó que estos indeseables mensajes “son muy elocuentes porque remiten a la situación macroeconómica nacional directamente” y “explican que debido a los tarifazos en gas y electricidad, más la baja del consumo en el mercado interno y todas las dificultades que son consecuencias de las políticas neoliberales y neocoloniales de Cambiemos, da lugar el cierre de la empresa”.

Livolti agregó que asimismo “en el telegrama se comunica a los trabajadores que se les va a pagar la mitad de la indemnización, que es la establecida por la Ley de Convenios de Trabajo, justamente cuando la empresa entra en un procedimiento preventivo de crisis y por causas económicas tiene que despedir a sus trabajadores”.

Memoró después la situación que pasó Cerámica Fighiera hasta fines del 2017, cuando cerró definitivamente. Dijo en ese sentido: “allí nuestro partido había participado respaldando a los trabajadores en un toma de la fábrica en el año 2013, prestando no sólo el respaldo material concreto a los trabajadores sino también asesoría jurídica”.

Historió que “esa fábrica desde el 2013 hasta fines del 2017 reabrió sus puertas tras un conflicto de diez meses de toma de fábrica y funcionó a los tumbos”. En ese marco, puntualizó: “pagaba los sueldos a cuenta gotas y sobre el fin del 2017, también debido a una baja en la venta de sus mercancías y como producto del gran tarifazo del gas que utilizaban para cocinar los ladrillos y tejas en sus hornos, tuvo que cerrar sus puertas”.

“Cuando el gobierno de Cambiemos expresa que lo peor ya pasó, dándose con ello de patadas con la realidad, la realidad nos pega todos los días”, sentenció y sostuvo: “la única salida es que los trabajadores se puedan organizar”.

Martín Livolti además anunció que desde el PC “vamos a contribuir a organizar a los trabajadores” y a “tratar de constituir la unidad más amplia de todos los sectores del campo nacional, popular y revolucionario”.

“No queda otra salida para enfrentar a este gobierno neoliberal y neocolonial”, agregó. “Si el campo popular se une en una unidad amplia, se los puede derrotar más temprano que tarde”, dijo finalmente.

Peligran los puestos de trabajo del puerto5.6.2018

Bloqueo en Mar del Plata

Estibadores comenzaron la protesta por los barcos que van a despachar hacia el sur. “Esto se da en la ciudad donde está la mayor desocupación del país”, alertó desde el PC de esta ciudad, Rubén Peralta,.

La CTA de Buenos Aires participó del bloqueo al Puerto de Mar del Plata, una medida llevada a cabo por los trabajadores portuarios que ven peligrar más de ocho mil empleos, como consecuencia del traslado de parte de la actividad pesquera, dispuesta por las principales empresas que operan en esa terminal portuaria.

En este contexto, la Multisectorial de Mar del Plata, exigió al gobierno de María Eugenia Vidal que defienda a los estibadores, transportistas, fileteros y demás sectores que desarrollan su actividad en el puerto.

Al respecto, el secretario general de la CTA, Roberto Baradel, hizo pública su “plena solidaridad con los trabajadores ante esta medida que afecta al empleo de Mar del Plata”.

Pero asimismo, responsabilizó a la gobernadora por la situación. “Este conflicto es producto de la eliminación de retenciones y de la libertad de liquidar exportaciones hasta dentro de diez años” denunció y añadió: “le decimos a la gobernadora Vidal que los bonaerenses no son números, son familias que se quedan sin trabajo”.

En defensa del trabajo

Por su parte, desde Cooperativistas del Pescado, Rubén Peralta, insistió en que “la situación arrancó porque los barcos se están yendo al langostino y la gente se está quedando sin trabajo”, todo esto en Mar del Plata, “la ciudad donde está la mayor desocupación del país”.

Asimismo, el militante del Partido Comunista hizo hincapié en que “aquí están en disputa miles de puestos de trabajo que reúnen a estibadores, envasadores, peones y fileteros que corren riesgo”.

Tras lo que explicó que “los de estiba son los que empezaron a reclamar que los barcos vengan a Mar del Plata, ya que ahora están yendo al sur, algo que le conviene a los empresarios ya que tarda dos días menos de viaje”.

Por último, Peralta remarcó la importancia que tiene la unidad en la acción que se está dando, en torno a estge conflicto, entre diferentes sectores políticos, sociales y sindicales, pero en este contexto, lamentó la complicidad del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip).

“Hay una gran unidad salvo por el Soip que vino mientras estábamos bloqueando el puerto y argumentó que debíamos frenar el paro” y recalcó que esto es así “porque están comprometidos con la patronal y por eso vinieron a romper nuestra huelga”.

 

Impunidad para una diputada de Cambiemos5.6.2018

La corrupción PRO no será juzgada

La Cámara Federal de Resistencia le dio lugar al pedido de la defensa y eximió a Aída Ayala de la prisión tras estar procesada por lavado de dinero.

“El Gobierno Cambiemos la está encubriendo para que no vaya presa, de todas maneras, acá en Chaco hay una condena social sobre Aída Ayala”, resaltó Raúl Toto Galván, titular del PC de Chaco sobre el fallo de la Cámara Federal de Resistencia a favor de la diputada de Cambiemos acusada de corrupción.

Vale recordar que la Cámara le dio la razón a la defensa de Ayala, encabezada por el ex integrante de la Corte Suprema Ricardo Gil Lavedra y la eximió de prisión, después de que fuera procesada por la jueza Zunilda Niremperger.

Los cargos que enfrenta son por los delitos de asociación ilícita, lavado agravado de activos, negociaciones incompatibles con la gestión pública, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La investigación comenzó cuando se detectaron sobreprecios en su administración, por lo que la ex intendenta de Resistencia quedó acusada de manejar una asociación ilícita que perpetró el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, con el voto de tres miembros del tribunal, se revocó lo dispuesto por Niremperger en primera instancia, en lo que configura un claro acto de encubrimiento. Además, esta decisión judicial, tira para atrás el proceso de desafuero que había iniciado la Cámara Baja.

Una corrupción sistemática

“Lo de Ayala se enmarca en una situación de corrupción en su intendencia de Resistencia donde armó su banda con el representante sindical Jacinto Sampayo, que hace treinta años maneja el Sindicato de Trabajadores Municipales”, remarcó Raúl Galván y añadió que “hay una corrupción muy fuerte en Chaco, desde los actuales funcionarios de Domingo Peppo y los radicales que en la intendencia de Resistencia estuvieron vinculados a hechos de lavado de dinero”.

Tras lo que recordó que “el secretario de gobierno de Capitanich está preso por robo a las arcas públicas, de ambos lados recibimos garrotazos, de los radicales y del peronismo” y fue claro cuando denunció que “hay un Poder Judicial que está al servicio del macrismo”.

Y recalcó que Ayala “debería estar presa como todos los funcionarios del gobierno nacional que cayeron por prisión preventiva”, pero lamentó que “cuando se trata de opositores aplican preventiva, pero si es de amigos del Gobierno se encubre al acusado”.

San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas4.6.2018

Organizar para resistir

La regional local de la CTA presentó el Frente Barrial. “Nos paramos desde la resistencia, desde el lugar de lucha por modificar esta realidad” recalcó Chavela Miño, integrante del MTL.

“El eje del lanzamiento, no es un punto de partida, sino dotar de un instrumento más a los barrios para organizar la demanda frente a un gobierno como el de Macri y Vidal, que plantea políticas de ajuste que castigan al pueblo trabajador”. De esta forma se lanzó el Frente Barrial en la CTA regional San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas en un acto en el que, entre otros, estuvieron presentes el titular de la central, Hugo Yasky y Luis D’Elía.

Chavela Miño, secretaria de Género del MTL de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, celebró que se acordara entre todas las organizaciones convocantes que el Frente se presentara en coincidencia con un nuevo aniversario del Cordobazo.

“Esto le dio una connotación especial”, recalcó y añadió que “esto es así por lo que el Cordobazo significa para todos los luchadores, por eso fue un día muy especial y emotivo en el que se presentó esto que es un hecho político muy importante”.

Tras lo que hizo hincapié en las presencias que tuvo el encuentro. “Ahí estuvo todo el arco político de los que luchamos en la zona, representada también en cada una de las organizaciones barriales de los municipios”, señaló.

Al respecto, vale destacar que, además de Yasky y D’Elía, se dieron cita referentes de las ocho organizaciones territoriales convocantes -entre ellos Chavela Miño-, esto es el MTL, La Germán Abdala, Frente Transversal, FTV-Miles, Movimiento Mayo, Envar el Kadri, Mujeres Unidas de José C. Paz y Centro Cultural Roque Centurión.

También participaron concejales de San Miguel, José C Paz y Malvinas, funcionarios del municipio de Malvinas Argentinas e integrantes de Intersindical CGT-CTA de la región.

Asimismo, los miembros de la Mesa Provincial del Frente, el secretario Adjunto de la CTA provincial, Raúl Calamante, el responsable de Relaciones Exteriores de la Ctera, Eduardo Pereyra, representantes de la Ctep, de organizaciones políticas y sociales.

Construir futuro

El Frente Barrial de la CTA regional San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas se construye “con el compromiso de continuar la lucha y de organizar la demanda de los barrios, para llevarles a un ámbito de paritaria social en municipios y la provincia”, se recalcó en la oportunidad.

Y se añadió que el Frente “se suma como instrumento, que no es cerrado sino abierto” y que se plantea “con la firme voluntad de crecer para construir la correlación de fuerzas necesaria para enfrentar a estas políticas de ajustes”, al tiempo que se proyecta, de cara a 2019, con la posibilidad “de que se plasme en una salida política para los trabajadores y el pueblo”.

Pero también, la presentación de este capítulo del Frente Barrial, se hace cuando la devaluación sumada a la inflación, suba de tarifas y un crecimiento del empleo que -según se proyecta- será casi negativo, promete con colocar el índice de pobreza en las orillas del treinta por ciento.

Así se reveló desde el Observatorio de Deuda Social de la UCA, desde donde se estima que la base de crecimiento del este índice para la primera mitad del año será de no menos de dos puntos, en tanto que la indigencia crecerá en los mismos niveles que la pobreza, lo que alerta acerca de que la pobreza estructural en Argentina.

“Por eso nos paramos desde la resistencia, desde el lugar de lucha por modificar esta realidad” algo que, aclaró Chavela Miño, “no es para nada sencillo, pero es parte de la lucha”.

Y añadió: “si hay algo que nos caracteriza es esto, la resistencia, la lucha y seguir apostando al futuro, más allá de la actual situación que deriva del contexto político que vivimos”.

 

DESALOJO VIOLENTO1.6.2018

La estrategia del fuego

Mientras el movimiento antimacrista crece en las calles cordobesas tras una inmensa movilización contra el FMI, la Gendarmería y la policía provincial desalojaron a 150 familias -con más de tres pibes por cada una- y prendieron fuego las casas desalojadas.

La manifestación en contra del regreso del FMI a la Argentina no sólo fue masiva en Buenos Aires. También lo fue en Córdoba en donde, decenas de miles de ciudadanos la replicaron. Pocos días después, la movilización que recordó los 49 años del Cordobazo, a su vez replicó el mensaje: Córdoba no está dormida.

Pero mientras crece y se reproduce el eco antimacrista en la segunda ciudad del país, la represión del Estado derechista hace lo propio. En ese sentido podemos ver la brutal violencia con que se dio el desalojo del Barrio Parque Esperanza, en la localidad de Juárez Celman, uno de los suburbios más empobrecidos de Córdoba Capital.

Allí, en horas nocturnas se hicieron presentes los uniformados de la Gendarmería y la Infantería de la temible policía provincial quienes, blandiendo una orden judicial realizada al gusto y placer de los “desarrollistas” inmobiliarios, procedieron a desarrollar una represión que desde muchos sectores de la provincia caracterizaron como brutal.

Mediante el impresionante operativo obtuvieron el desalojo de aproximadamente 150 familias. No satisfechos con haber dejado al promedio de 3 niños por cada una de ellas en la calle y con temperaturas bajo cero, los agentes prendieron fuego una gran parte de las casas. El resto fue devastado con topadoras, por lo que se puede aseverar que el Barrio Parque Esperanza, tras cinco años de trabajo de sus habitantes, ha dejado de existir en una sola noche de avance armado de gendarmes y policías.

En las primeras horas de la represión se realizaron decenas de detenciones y hasta desapareció una menor de edad. Al cierre de esta edición, dos de los desalojados permanecían detenidos, pero la resistencia continuaba y junto a los violentados por los de uniforme se encontraban, también resistiendo, el PC cordobés y legisladores provinciales como Martín Fresneda y Carmen Nebreda y la diputada nacional Gabriela Estévez.

Esta señaló a la intendenta de Juárez Celman: “instamos a la intendenta Miriam Prunotto a deponer las acciones de hostigamiento que viene realizando desde hace más de 3 años contra la comunidad del barrio”.

En tanto, Solana López, secretaria del PC cordobés, recordó que “es una historia ya de cinco años la de ese barrio” cuando, puntualizó, “a partir de la enorme necesidad habitacional, un grupo de familias se organizó y tomó las tierras”. “Construyeron sus viviendas y fueron ganando derechos”, enfatizó.

“En el marco del agravamiento de las políticas de derecha a nivel nacional y provincial, empezaron a ser hostigados”, sostuvo en referencia a los desalojados, por cuya situación culpó a los “grupos desarrollistas” que hacen “grandes negociados” tras los males que generan. “Quien colabora con eso es el gobernador Schiaretti a partir de los acuerdos con el gobierno nacional de Macri para incrementar y profundizar las políticas represivas”, añadió.

“Una vez retiradas las familias, a las casas las han prendido fuego o destruido completamente”, expresó para ilustrar el método de represión empleado en este caso, por lo que resaltó la “profundización del nivel represivo”.

Movilizados

Los desalojados del Barrio Parque Esperanza están en la calle, con temperaturas bajo cero y con sus hijos pequeños a la intemperie. Pero resisten y en ese plan no están solos: tienen el apoyo del campo popular cordobés, el mismo que copó las calles para recordar el 49 aniversario del Cordobazo, cuando expresó masivamente desde el corazón del país: “no al tarifazo, no al ajuste, no a la reforma laboral, no a la reforma previsional, no al ataque a las organizaciones sindicales, no al FMI”.

Sobre esta expresión combativa en Córdoba, Solana López valoró la construcción de unidad entre la CTA y la CGT para la conmemoración como “un avance importante”. “Nos sentimos identificados con el espíritu y el sentido del Cordobazo”, sostuvo aunque reconoció que “todavía no hay un tratamiento a un paro nacional general, que lo estamos necesitando como pueblo trabajador y, por otro lado, un plan de lucha”.

“Un paro general nos permitiría una unificación de las luchas”, consideró. Además, negó que en gobierno exista un “Plan B” para subsanar los efectos de sus políticas de ajuste, por lo que, consideró la dirigente comunista, “ellos avanzan con su Plan A, que son las políticas que implementa el FMI y pretenden seguir por esa línea”.

Sigue la Era del Veto31.5.2018

A sola firma

En tiempo record, el jefe de Gabinete anunció que Macri derogó la Emergencia Tarifaria aprobada en la madrugada ¿Desde dónde se puede pensar el escenario abierto? ¿Será verdad que hay sólo una salida posible?

“Hace setenta años que estamos cagando al mercado”. Esta es la frase que, según trascendió, dijo la semana pasada Mauricio Macri ante el grupo de senadores del interbloque Argentina Federal, a los que convocó a La Rosada para intentar convencer de que voten en contra del proyecto que buscó atemperar el tarifazo que, anoche la cámara alta convirtió en Ley.

El intento buscó licuar aquello del “costo político” –un concepto tan indefinido como aceptado- que traería aparejado el veto que, finalmente, el presidente perpetró a menos de ocho horas de la sanción.

La aseveración presidencial es coherente con todo lo hecho por su gobierno desde diciembre de 2015, lo que incluye otros siete vetos, entre los que están los de las leyes de Emergencia Ocupacional, Doble Jubilación Mínima para Ex Combatientes de Malvinas, Salario Mínimo Profesional y la expropiación del Hotel Bauen.

Pero también fija una clara reivindicación de clase que, entre otras cosas, parte del reconocimiento de que el escenario no es el de un desequilibrio del que el sistema capitalista pueda salir reestructurando con facilidad a las diferentes facciones del capital.

Y que, esta vez, tampoco alcanza con echar mano a las habituales herramientas que garantizan la naturalización de la reproducción del orden social que impone el capital para organizar y –cuando fuera necesario- reorganizar la hegemonía social, con formaciones políticas que legitimen pactos sociales.

Es que es esta la primera vez, en lo que va de su mandato, que Macri encuentra dificultad para recomponer la urdimbre del pacto social que lo llevó a La Rosada.

Y si para muestra alcanza con un botón, durante los últimos dos meses tuvo que pagar un importante “precio político” por concesiones que –más allá de lo acordado- tuvo que hacer con sectores concentrados del capital financiero que mejicanearon algo así como diez mil millones de dólares en una corrida que no estaba en los planes gubernamentales, pero también de otro aliado clave, “el campo”, que con sólo mostrar la vaina hizo recular al ejecutivo en su intento de desacelerar el camino que prometió llevaría a retenciones cero.

Así, a la hora de evaluar daños, el anuncio del veto corrió por cuenta de Marcos Peña, que lo hizo mientras el presidente viajaba a Salta, territorio seguro desde donde Juan Manuel Urtubey garantizó el voto negativo de sus senadores al proyecto.

El gobernador, que tuvo su primer paso por la gestión pública como vocero de su antecesor, Juan Carlos Romero, parece cómodo al presentarse como uno de los principales emergentes de ese “peronismo serio” que el propio Macri reclamó.

Sabe que el tiempo juega a su favor, pero también que el bloque de alternancia que se pueda constituir de cara a 2019 no puede prescindir de nadie, algo que –significativamente- también le pasa al oficialismo, lo que lleva a que sus acciones coticen en alza y no sólo en el Multiverso PJ.

Volver al mundo

Así las cosas, la dinámica que se precipitó durante los últimos dos meses, deja en claro que aquí no está en cuestión el mecanismo de reproducción del orden social, sino quienes son los actores más eficientes para su relegitimación, en esta etapa atravesada por las tensiones que –necesariamente- presenta la imposición del lugar que Argentina debe ocupar de acuerdo al esquema previsto por el orden global imperante en la actual etapa del diseño capitalista.

¿Qué quiere decir todo esto? Algo simple que se resume en esa frase que hasta el hartazgo repiten, como verdad revelada, el gobierno y sus propaladoras massmediáticas. “Volver al mundo”, desde esta perspectiva, no es otra cosa que atender a la necesidad que tiene la clase capitalista para surfear sobre la tempestad de esta crisis que, hay que repetirlo, nada tiene de coyuntural.

Pero más aún: tiene que ver con la forma en que se las ingenia esa misma clase capitalista para reorganizar la dinámica de la economía real y financiera -esto es, costos, precios, etc.- al esquema de estabilización sumamente frágil, que logró la economía mundial a costa, entre otras cosas, de la terrible delegación de soberanía que significa el endeudamiento estatal.

Es que esta estabilización no es otra cosa que el blindaje de la dinámica que permite la constante maximización de la tasa de ganancia y la lógica de acumulación que está en el ADN del capitalismo que enfrenta su propio limite interno a la propia acumulación de capital.

Para no irse mucho por las ramas. Aparecen límites ecológicos, así como aquellos derivados de la relación entre niveles de productividad y revolución tecnológica que potencian la tasa de beneficio, pero también la expulsión masiva de mano de obra que –a su vez- provoca efectos negativos sobre la demanda efectiva, lo que conlleva sobreproducción de mercancías.

Pero no se agota aquí el dilema, ya que aparece otro límite, esta vez colateral a la dinámica de acumulación del capital y de carácter político. Porque este tipo de reproducción social no es viable sin la aplicación de fórmulas autoritarias derivadas de la espiral en la que entra la explotación de los trabajadores.

Sobre esto habla la existencia de presos políticos, la criminalización y represión de la protesta social, así como la transformación de todo el territorio nacional en una zona liberada, en la que la justificación policial al gatillo fácil pasó a ser una verdad canónica, tal como lo sentenció la ministra Patricia Bullrich.

Pero, asimismo, la intención de autorizar que las Fuerzas Armas intervengan en tareas de seguridad interior y la utilización de un formidable -y cada vez más hegemónico- aparato massmdiático que promociona la salida autoritaria, pero también la búsqueda de chivos emisarios, un concepto que comienza por objetivarse en determinadas minorías sociales, para extenderse sobre toda la clase trabajadora.

En este contexto la CGT anticipaba que, si había veto, había paro, algo que desde un lugar mucho menos contaminado por la connivencia con las patronales y el gobierno, pero con idénticos resultados concretos, se viene amenazando desde el espacio que integran las CTA, movimientos sociales y el sector cegetista que sintetizan Hugo y Pablo Moyano, y Sergio Palazzo.

Está claro que el tándem de poder que ocupa La Rosada transitó –al menos hasta ahora- por un territorio demasiado plácido y que esto fue así por complacencia, connivencia o incapacidad de un arco opositor que desde diferentes tradiciones, historias y hasta grados de combatividad caracteriza que el Gobierno Cambiemos y todo lo que representa es sólo un accidente, una especie de disrupción en el escenario –desde esa mirada virtuoso- del Estado Liberal Burgués y su democracia.

Desde esta perspectiva, vale la pena poner todas las expectativas en las presidenciales de 2019 y, por lo tanto, cabe la especulación que atravesó hasta ahora –y sigue atravesando- la toma de decisión de adoptar medidas tácticas de oposición a un gobierno que, desde que asumió, transitó exclusivamente el sendero del beneficio de la clase capitalista.

Pensar desde ese lugar es imaginar que, todo esto, es consecuencia de una desviación del capital que se reduciría sólo a una cuestión de disciplina del mercado financiero, organización productiva y calidad de gestión estatal.

¿Pero será tan así la cosa? Aquí es prudente recordar que, por encima de todo esto, el capital es una forma de relación social –y como tal- se extiende sobre todo el ciclo de su producción, circulación y realización, es decir, el mercado.

Por eso no estamos ante una crisis coyuntural, sino metidos en medio de un verdadero berenjenal, una crisis estructural del capitalismo y, por lo tanto, de la pertinencia con que podamos caracterizar este momento, resultará la posibilidad de que se pueda construir una respuesta no capitalista.

Y esto es necesario porque cualquier respuesta que se busque desde adentro del corsé que impone el capital, en tanto relación social, sólo va a favorecer la reproducción social y, por consiguiente, la de las condiciones materiales que esta relación impone.

Esto no es otra cosa que superar la relación social del capital desde la autoconstitución en tanto clase que antagoniza, que enfrenta al capital y al mercado, esto es, a esta naturalizada normalidad capitalista.

Queda claro que esto es algo que ni el reformismo político que sueña con la regeneración del capitalismo bueno, ni el sindicalismo de concertación -aún el no burocratizado- están en capacidad de pensar y mucho menos de construir.

Esto es tan evidente como que hay otras formas de asociación social, diferentes a las que plantea el mercado en su más amplia concepción. Y, así como es posible seguir construyendo un sindicalismo de confrontación y clasista, también lo es pensarse y constituir alternativa, pero no desde un espacio que se imagine como la izquierda del sistema capitalista -esto es de las relaciones que impone la lógica del capital-, sino como la fuerza de la clase que se plantee desde afuera del sistema de relación capitalista.

ESTEROS DEL IBERÁ31.5.2018

Patrimonio estratégico de los correntinos

Sonia López, secretaria del PC de Corrientes, así enfatizó qué es legalmente el gran humedal. Advirtió, cuando se pretende declararlo parque nacional bajo presiones del Grupo Tompkins, sobre el “imperialismo verde”.

Ante la perspectiva de que, tras su aprobación en el Senado Nacional, avance en la Cámara de Diputados el proyecto para declarar parque nacional a los esteros del Iberá, la presidenta del PC Correntino acudió a Buenos Aires, en donde sostuvo encuentros con diputados nacionales y un debate en comisiones para evitar, como está previsto, que tras la aprobación del proyecto se entregue la administración del eventual parque al Grupo Tompkins.

La ex diputada provincial advirtió sobre los riesgos que implican los abanderados de la ecología profunda, concepto que caracterizó como “ideología del imperialismo verde”. Además, recordó que los esteros ya están protegidos tras la reforma constitucional de 1994 por el propio Estado provincial, momento desde el que se avanzó sobre los graves problemas ambientales que había enfrentado ese ecosistema, gran emergente de las aguas profundas del Acuífero Guaraní.

Esto quiere decir que, pese a que ya no hay contaminación y las especies que habitan los esteros correntinos están fuera del peligro de extinción, el macrismo y sus aliados en el Congreso no cejarán en su insistencia por aprobar una ley que permitirá, tal cual está ya acordado, a las fundaciones Flora y Fauna Argentina y Conservation Land Trust (CLT) administrar el eventual parque nacional.

La primera de estas es un oscuro conglomerado de filántropos nacionales preocupados más por el medio ambiente que por las sociedades humanas que los habitan. La otra es una de las caras visibles del Grupo Tumpkins, que ya tiene tierras en pantanales correntinos y aprieta violentamente a los campesinos que las habitan.

En este marco, la Administración de Parques Nacionales (APN), importante organismo del Estado Nacional en el que, según denunció López, hay cuadros de estas y otras organizaciones pretendidamente ambientalistas, tercia por el proyecto de un parque nacional. Esto, que desde una mirada superflua podría parecer probo, es un delicado asunto: nada ni nadie insistió tanto como la APN para que se diera el desalojo que, en las inmediaciones del lago Mascardi, se saldó con la vida del mapuche Rafael Nahuel.

El ecologismo como un arma

“Llamamos a todos los bloques a frenar lo que sería la entrega de uno de los recursos naturales más importante que posee el país (los Esteros del Iberá son parte del Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo); a manos de una Fundación (Fauna y Flora) que representa intereses foráneos y de este Gobierno nacional a cargo de Mauricio Macri, con el cual la Argentina volvió a las denigrantes relaciones carnales con el Imperialismo norteamericano”, dijeron claramente los comunistas al respecto del proyecto.

Por su parte, la portada web de la CLT sostiene: “los valores que sustentan los programas de CLT están basados en una visión eco-céntrica del mundo, valorando intrínsecamente a los ecosistemas y las formas de vida que allí habitan, independientemente de la utilidad y el propósito de estos seres no humanos con respecto al ser humano”. Esto, por si no fuera claro ya en su notable sinceridad pública, fue explicado así por Sonia López: “hay un ecologismo de derecha que pone en el centro de su objetivo la preservación de los recursos para las potencias imperialistas y no para los dueños de esos recursos, expulsando de su seno a las poblaciones originarias”.

Esta caracterización habla a las claras de quienes son los interesados por el parque: la más rancia derecha imperialista internacional, que ya en otras naciones del mundo ha demostrado su voluntad de rapiña neocolonizadora. “Se pueden crear parques nacionales en otras áreas u otros sectores de la provincia en acuerdo con la nación, pero no en los esteros del Iberá, que al haber sido declarados estratégicos se consagraron al manejo a perpetuidad por parte de la provincia”, indicó la referente comunista.

“Este proyecto del parque nacional no es una iniciativa que surja de un estudio, de una necesidad ambiental, porque en realidad nosotros ya lo tenemos como parque y reserva provincial, con todas las leyes ambientales funcionando”, agregó y aclaró: “es una iniciativa que se impulsa desde la trasnacional Conservation Land Trust”.

“El Grupo Tompkins junto con otras aliadas trasnacionales coparon la APN, que ya no responde a los intereses nacionales ni ambientales sino que, más bien, está siendo usada como una herramienta de recolonización de nuestros recursos naturales”, sostuvo. Repuso que desde el enfoque de la “ideología del imperialismo verde”, ya “desde antes se viene cooptando cuadros ambientalistas argentinos por fundaciones ambientalistas internacionales”.

También apuntó sobre el valor de los esteros: “son aguas que se pueden tomar, yo las tomé, la gente las toma”. Consideró que “no tienen ningún rasgo de contaminación” y que, con respecto a las especies que allí alguna vez estuvieron en riesgo: “hoy por hoy si te descuidás un yacaré se come un caballo”.

“En el sistema del Iberá hay pobladores originarios y lugareños que son pequeños productores ganaderos y sus animales son vacunos y equinos que se han adaptado totalmente al sistema sin ser una gran carga que lo afecte”, dijo y observó que allí los seres humanos simplemente “son parte de la cadena alimentaria”.

“Si se aplicara esa ley (la de Parque Nacionales) veríamos relegada la presencia correntina, o sea argentina, en estos espacios”, advirtió. Sin embargo, recordó que en el Senado nacional este proyecto ya avanzó sin que pudieran manifestarse quienes se oponen a él. “En diputados nacionales ya pusimos la voz de alerta”, añadió. Pero comentó: “ya nos confiamos más en nadie”.

Sin embargo valoró las gestiones realizadas en la Cámara Baja por ella misma con apoyo del senador Nito Artaza, tras las cuales consiguió el oído de los diputados del Frente para la Victoria y el Frente Renovador. “Por ahora está frenado el proyecto”, se esperanzó.

“Este proyecto es parte de un proyecto imperialista de recolonización”, sostuvo después, lo que afirmó recordando: “ya está prometido, con documento firmado, que lo va a manejar CLT y la fundación Flora y Fauna Argentina”.

“Cuesta ir contra la idea glamorosa de una parque nacional que preserva el medio ambiente”, reconoció después para pedir: “yo quiero que el movimiento popular preste mucha atención”. En ese sentido, memoró que el operativo que terminó con la vida de Nahuel “fue ordenado, exigido y pedido por la Administración de Parques Nacionales, que está tomando una actitud genocida para con los pobladores originarios”.

 

Homenaje a Javier Valdez Cárdenas30.5.2018

El interminable luto del periodismo mexicano

El autor de esta columna, el sociólogo y director del Cefma, Marcelo F. Rodríguez, reflexiona sobre la situación que atraviesa México y su relación con el avance imperial.

El martes 15 de mayo en la ciudad de Buenos Aires se homenajeó a Javier Valdez Cárdenas, periodista mexicano asesinado en Culiacán, Sinaloa, un año atrás.

El 15 de mayo de 2017, a las 12 hs, a poco de salir de la redacción del periódico del que había sido cofundador, Rio Doce, fue interceptado por un grupo que lo estaba esperando y asesinado de 12 disparos.

En la cotidianeidad mexicana, signada por la violencia del narco, de la policía, del Estado cómplice y los grupos paramilitares, los atentados, golpes, detenciones, presiones, “levantones” (desapariciones) y asesinatos de periodistas son moneda común.

El marco en que se desarrolla esta verdadera masacre, es el de más de 150 mil muertos y 30 mil desaparecidos, desde el momento que el ex presidente Felipe Calderón declaró la “guerra a la droga”” en 1994 por imposición de los EEUU. Excusa para imponer la represión y aumentar el negocio de la venta de armas.

Se habla oficialmente de 117 periodistas asesinados desde el año 2000, 6 este año, pero quienes siguen los casos estiman que son más de 200 los/las periodistas asesinados, 40 de ellos durante el mandato de Peña Nieto.

Según Reporteros sin frontera, México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, superando incluso a Siria.

Estos son algunos de los conceptos volcados en el homenaje realizado en el Centro Cultural de la Cooperación, con la presencia de Stella Calloni, periodista, corresponsal de La Jornada en Argentina, Andrea Miranda, Directora General del Periódico El Debate de Sinaloa, quien leyó su texto El luto interminable en homenaje a Javier Valdez, Dina Grijalva, ex Directora de la Universidad de Filosofía y Letras de Sinaloa e integrante de la Comisión de Seguimiento al caso de Javier Valdez, e integrantes de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina.

Allí denunciaron la situación político social y plantearon la necesidad de constituir un Comité permanente de solidaridad internacional con el pueblo mexicano e impulsar un trabajo conjunto que permita dar a conocer la realidad mexicana en nuestro país y denunciar que México es un país en estado de guerra por los intereses de EEUU y su clase dominante, y esa guerra es contra el pueblo mexicano.

Conocer lo que sucede en México y entenderlo como parte de las políticas que el imperialismo lleva adelante para sostener su influencia en todo el continente americano resulta fundamental para enfrentar estas políticas en una lucha que se juega en cada uno de nuestros países.

En esta lucha, mientras los grandes medios de comunicación operan sobre la sociedad con un discurso homogéneo, claramente direccionado en defender los intereses de los grupos multinacionales a que los que pertenecen con periodistas que se convierten en agentes de prensa de estos intereses, aquellos y aquellas que continúan ejerciendo su profesión y buscan dar a conocer la realidad que enfrentan los pueblos son perseguidos, amenazados, cesanteados, impedidos de trabajar o, como sucede con escalofriante regularidad en México, asesinados o desaparecidos.

Javier Valdez publicó varios libros con crónicas que exponen esa violencia que atraviesa México en manos del narcotráfico y sus intensos lazos con los poderes del estado mexicano y de los EEUU. Retrató el drama de las mujeres, de los niños y niñas cuyas vidas son apropiadas y destruidas por el narcotráfico en un contexto en el cual las victimas temen tanto al narcotráfico como a la policía y su complicidad, estableciendo un sistema de impunidad en convivencia con el Estado mexicano.

El 14 de abril de 2017, al cumplir 50 años, un año antes de su asesinato, Javier Valdez escribió: “Soy un sobreviviente, tengo amigos muertos, perforados a tiros o vencidos por el tiempo, soy un luchador, un resiliente, un guerrero, un perdedor en la tómbola de los exitosos, un polizón, cómplice de otros que tampoco pagaron boleto, y aquí estoy, feliz cumpleaños a mí, gracias a todos por ser y estar”.

Palabras precisas de quien tenía conciencia de lo que significa ser periodista en México y estar bajo amenaza permanente. El mismo día que se estaba realizando este homenaje en Buenos Aires, que se realizaba una marcha en Culiacán y sus compañeros y compañeras lo recordaban en todo México, otro periodista, Juan Carlos Huerta, era asesinado en Villahermosa, Tabasco.

Se viene el 16 Encuentro Nacional del Mas Cuba29.5.2018

Solidaridad con la Revolución

El lema del encuentro que se va a realizar en junio será “con la Revolución Cubana y la Patria Grande, Homenaje en el 90 aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara”.

La Multisectorial de Solidaridad con Cuba de Rosario convocó al 16 Encuentro Nacional de Solidaridad que se va a llevar a cabo entre los días 15,16 y 17 de junio en una actividad que comenzará un día antes cuando se realice un homenaje a Ernesto Che Guevara, a noventa años de su nacimiento.

“El Che ha dejado conceptos fundamentales que están en plena vigencia”, destacó el coordinador de Más-Cuba Rosario, Norberto Champa Galiotti, quien además recordó que fue el Che quien, “el 25 de mayo de 1962, desde La Habana, planteó a los argentinos unirnos con una frase que señala un camino hacia el futuro: ‘No importa si uno es peronista, socialista o comunista, se está a favor de los monopolios o en contra de los monopolios’”.

Así las cosas, el encuentro va a tener cuatro paneles en los que se va a hablar sobre medios de comunicación y redes sociales, así como sobre el bloqueo económico que EE.UU perpetra contra la Isla.

También va a haber otro vinculado a la cuestión de la integración antiimperialista, la Celac, el Alba, el Mercosur y la Unasur. Y una cuarta mesa donde se espera abordar el tema del modelo democrático de Cuba, “en tanto alternativa política a la democracia de mercado”.

Al respecto, Mas Cuba resaltó la coincidencia de este encuentro con el 90 aniversario del natalicio del Che, “un referente revolucionario, antiimperialista cuyos ideales mantienen vigencia en este mundo desigual y explotador de los pueblos por parte del imperialismo y las clases dominantes”.

Y, tras aclarar que “nuestra reunión no tiene la intención de adorar al ícono ni simplemente mirar al pasado, glorioso por cierto, de este revolucionario y en nuestro país de la Generación del 70”, resaltó que lo que se pretende es fomentar la reflexión “para recuperar todos los elementos ideológicos necesarios para esta etapa de lucha por la liberación nacional y social de nuestro pueblo y demás hermanos latinoamericanos”.

 

En el obelisco un grito contundente25.5.2018

No al F.M.I.

Sindicatos, artistas, movimientos sociales y de derechos humanos y partidos políticos marcharon al obelisco para protestar contra el gobierno de Mauricio Macri y su decisión de volver al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el Obelisco se montó un escenario central en el que actuaron Bruno Arias, Franco Ramírez, La Chilinga y La Bersuit Vergarabat, entre muchos otros.

Decenas de miles de militantes y familias con sus hijos, conmemoraron el 25 de mayo, para demostrarle al gobierno que no se está dispuesto a negociar nuestra soberanía.

El Partido Comunista desplegó sus banderas en la Nueve de Julio.

NARCOINTENDETE25.5.2018

Varisco gana tiempo

Los abogados del intendente de Paraná, vinculado a la red de narcotráfico, por pedido de recusación del juez lograron posponer la indagatoria del mandatario.

La estrategia de los abogados defensores es disponer el apartamiento del juez de la causa que investiga los supuestos lazos con el narcotráfico del intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, del concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira, logró su primer objetivo, posponer las indagatorias del intendente y el resto de los imputados.

Los defensores del piden que el juez Federal, Leandro Ríos, se aparte de la causa porque “podría perder la imparcialidad” en la causa que se investiga la comercialización de estupefacientes, algo que será resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones.

El argumento esgrimido es que en diciembre de 2003, Ríos actuó como querellante en la causa por el accidente vial en el cual se imputó a Varisco por Homicidio Culposo, a raíz del fallecimiento de la concejala Mercedes Lescano. En aquella oportunidad, Varisco obtuvo una suspensión del juicio a prueba.

La causa parte desde hace más de un año y dictamina que camionetas y camiones municipales, distribuían drogas que les depositaban desde una avioneta. Posteriormente, hubo escuchas que se hicieron públicas donde estos funcionarios y concejales de la bancada de Cambiemos negociaban –entre otras cosas- puestos de trabajo y camiones con el líder de la banda de narcotraficantes.

Alejandro Milocco, secretario del Partido Comunista de Entre Ríos se refirió al caso y dijo que, “un año después, la Justicia decide avanzar sobre las responsabilidades políticas, allanar la municipalidad y la casa particular del intendente”.

Y fue claro cuando recalcó que “Varisco todavía tiene que responder ante el Concejo Deliberante y tomarse una licencia porque las pruebas que lo involucran con la red de narcotráfico son directas”.

Además, remarcó que “es evidente la vinculación del frente electoral Cambiemos con el narcotráfico, algo que utilizaron para ganar las elecciones en 2017, ya que de ahí provino una de sus principales fuentes de financiamiento en la ciudad de Paraná”.

Y agregó que “de eso no puede estar exento ningún miembro de Cambiemos, porque todos los que están ahí, están gracias a esos vínculos que se tejieron con la red de narcotráfico.”

Por último, habló de un “desgaste de la propia gestión de Cambiemos y del macrismo que ya empieza a mostrar ciertos resquebrajamientos en este manto de impunidad que los medios y la justicia le habían tendido”, tras lo que aseveró que a la “Justicia no le quedó otra que avanzar porque sabe que tiene elementos para el procesamiento del intendente”.

 

En Córdoba hacen bien los deberes24.5.2018

Schiaretti contra el convenio de Luz y Fuerza

Los trabajadores de este sindicato se movilizaron y realizaron una asamblea en el edificio central de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, de Córdoba, Fabián López, comunicó nuevas medidas en el Marco Regulatorio del Sector Eléctrico de esta provincia que incluyen jubilaciones anticipadas para los trabajadores a los que les falten hasta diez años para alcanzar el retiro y la reducción del beneficio en la tarifa del servicio, entre otros puntos.

De este modo, el gobierno que preside Juan Schiaretti se alinea con el ejecutivo nacional y ataca el Convenio Colectivo de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), cuyos trabajadores protestaron –la semana pasada- ante la sede de la empresa.

Ahí se dieron cita para realizar una asamblea, pero al llegar al lugar se encontraron con un fuerte operativo policial que obstruía el paso. “Nos esperaban como delincuentes en la Legislatura de Córdoba, pero nos vinimos al Edificio Central de Epec a defender nuestra fuente de trabajo”, escribió la cuenta de Twitter del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba.

Los operarios permanecieron en el edificio durante varias horas y antes de que el fiscal Guillermo González ordenara el desalojo, se retiraron pero remarcaron que continuarán con las medidas de fuerza.

Al respecto, La Corriente Nacional Agustín Tosco de Córdoba (Conat), hizo pública su solidaridad con el sindicato de Luz y Fuerza que está en pie de lucha contra el vaciamiento y el ajuste que el gobierno de Juan Schiaretti quiere llevar adelante en sintonía con las políticas desarrolladas por el gobierno nacional.

“El convenio de Luz y Fuerza es un ejemplo de dignidad para toda la clase obrera, por eso lo defendemos y luchamos por un sindicalismo de liberación”, recalcó la Conat y añadió que “el acceso a la energía eléctrica es un derecho de toda la población y por eso Epec debe seguir siendo estatal”.

Tras lo que hizo hincapié en su repudio para el “accionar del gobierno que intenta coartar la libertad de protesta de los trabajadores de Luz y Fuerza, mediante el empleo del aparato represivo y la extorsión mediática”.

Homenaje en el Comité Central18.5.2018

Embajador y compañero

“Reciba un fuerte abrazo revolucionario del Partido Comunista de la Argentina”, sintetiza el menaje que el Partido le dio al titular de la delegación diplomática venezolana ante nuestro país, Carlos Eduardo Martínez Mendoza.

El Partido Comunista rindió homenaje al embajador de Venezuela ante nuestro país, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, en un acto que se llevó a cabo ayer en la sede del Comité Central que contó con la presencia del diplomático, quien fue recibido, entre otros, por el secretario general del PC, Víctor Kot y Salvador Caputo, del secretariado del PC.

En la oportunidad, Martínez Mendoza, recibió una carta de reconocimiento del Partido, en la que se recuerda que el diplomático es “fiel representante del pueblo venezolano y como un hombre de la generación del Caracazo y de la juventud militar que se rebeló contra la injusticia, la entrega y la opresión acompañando desde la primera hora al invicto Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías”.

Y recalca que “lo vimos trabajando siempre por la unidad latinoamericana y caribeña, promoviendo las mejores tradiciones de nuestros pueblos, enseñándonos la historia liberadora de nuestra Patria Grande, de la que provenimos

quienes hoy luchamos por la independencia plena, la democracia participativa, y el Socialismo en el Siglo 21”.

Asimismo, hace hincapié en que, en su tarea como embajador, “respetando siempre las normas a que se debe un diplomático, estuvo consecuentemente al lado de los

movimientos populares y las fuerzas políticas de la Argentina que comparten los ideales de la Revolución Bolivariana”.

Y que, “en esas lides se mostró siempre como un compañero, como un amigo, como un consejero, saliendo de la imagen tradicional de un embajador y colocándose, al modo de Chávez, en la línea del abrazo permanente con el pueblo”.

Compromiso

La carta del PC al embajador Martínez Mendoza, no soslaya una reflexión sobre la situación de la República Bolivariana que, en medio de una constante agresión imperialista, el domingo concurrirá a elecciones presidenciales.

“Hoy, Venezuela sufre las consecuencias de atreverse a confrontar el mandato de Washington, a defender su petróleo y sus recursos naturales, a priorizar los beneficios a favor del pueblo trabajador, y recibe la agresión externa del imperialismo y sus socios regionales, e interna de las derechas que quieren volver al pasado entreguista y Represor”, asevera.

Tras lo que añade que Venezuela “es objeto de un plan de guerra híbrida de espectro completo, como el centro de un plan de neocolonización de América Latina, que coloca a su pueblo en la primera línea de fuego ante nuestros comunes enemigos”.

Un contexto en el que “Carlos Eduardo Martínez Mendoza sigue firme en sus convicciones al frente de una Embajada de dignidad”. Y es contundente cuando destaca que “los comunistas argentinos, nos comprometemos a mantener firmemente la bandera internacionalista de la solidaridad con Venezuela, y más aun cuanto más duras y difíciles puedan llegar a ser las circunstancias”.

Al tiempo que hace público el repudio de “las declaraciones y acciones del gobierno de Macri, que siguiendo el mandato de Washington, junto a otros gobiernos derechistas de la región, busca dividir a América Latina y aislar a Venezuela del contexto regional, llegando a afectar al Mercosur y a la Unasur”.

Tras lo que reflexiona: “hemos comprobado que en la Patria de Bolívar y Chávez funciona una democracia participativa, protagónica y transparente, que es ejemplo mundial. Y donde el reconocimiento que importa es el del propio pueblo Venezolano”, por lo que “lucharemos para desplegar una amplia solidaridad con las venezolanas y los venezolanos”.

La carta también resalta “el derecho sagrado del pueblo de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas”, al tiempo que recalca que el PC va a luchar, “siempre, por las mejores relaciones entre Venezuela y Argentina, mantendremos siempre la confraternidad entre ambos pueblos”.

Pero asimismo, “ante los dichos y trascendidos sobre una posible intervención militar contra su país, querido Embajador Carlos Eduardo Martínez Mendoza, decimos: ¡No a la una agresión bélica del imperialismo contra Venezuela! ¡Ni un soldado argentino a combatir contra la Patria de Bolívar y Chávez!”.

 

Tras el temporal, la desidia gubernamental17.5.2018

Con el agua hasta el cuello

Vecinos denuncian que los gobiernos de María Eugenia Vidal y Martiniano Molina suspendieron la limpieza de los arroyos. “La gente se inundaba, las organizaciones ayudábamos y el intendente estaba de vacaciones”, denunció Laura Leonardi.

“Después del temporal, los que salimos a ofrecer nuestra mano solidaria para con los vecinos que han sufrido las consecuencias de la lluvia y de las inundaciones, fuimos las organizaciones políticas y sociales y, recién tras varias horas, cuando estaba todo anegado, comenzaron a aparecer camiones de Defensa Civil y Bomberos”, denunció la secretaria de Género de la CTA-Quilmes, Laura Leonardi.

Así se refirió a la actitud que tuvo el intendente, Martiniano Molina y de la gobernadora María Eugenia Vidal, a la hora de atender las necesidades de los damnificados por el reciente temporal que dejó serias secuelas, sobre todo en las zonas de más vulnerabilidad socioeconómica de este partido del conurbano bonaerense.

“Esta vez no se los vio con las botas puestas como cuando estaban en campaña, ni a Vidal ni a Martiniano, que según se comenta, ese fin de semana largo ni siquiera estaba en Quilmes”, advirtió la representante de Suteba cuando detalló el desolador panorama que se sucedió a los días de tormenta en buena parte del Gran Buenos Aires.

Y lamentó: “mientras la gente se inunda y las organizaciones ayudábamos, el intendente estaba de vacaciones, en línea con el gobierno nacional de Macri que tiene como costumbre tomarse vacaciones a cada rato”.

Para los pobres, nada

Vale citar que el fuerte temporal que se abatió sobre buena parte del conurbano hace diez días, se hizo sentir fuerte en Quilmes donde muchos vecinos denunciaron la ausencia del Estado ante esta situación.

Fue la tercera vez en menos de un mes que vecinos de gran parte de Quilmes padecieron inundaciones que afectaron, principalmente, a los barrios Villa Itatí, La Cañada, La Matera, San Francisco Solano, Los Eucaliptos, Sayonara, Villa del Monte Matadero, La Sarita, La Florida y El Emporio, así como a la zona ribereña, sobre todo a los barrios La Unión y Kolynos.

En todos los casos, los vecinos coinciden en que la situación empeoró como consecuencia de que, a raíz del ajuste que decidieron el Gobierno Vidal y el municipio encabezado por Molina, se suspendió la limpieza de los arroyos.

Pero esto no es todo. La obra de infraestructura que en campaña prometieron Vidal y Molina, sigue brillando por su ausencia.

“Sabemos que las obras del arroyo Las Piedras de Solano están paradas, han cambiando las prioridades, porque han hecho obras en el centro de Quilmes, en las avenidas y los bajo nivel, han puesto el foco en las obras más visibles, pero las obras grandes de infraestructura están paradas, porque no les importa la gente que vive en las zonas pobres”, denunció al respecto Laura Leonardi.

Hacia el Primer Congreso Nacional de La Violeta16.5.2018

Para seguir haciendo camino

“Este será un espacio para discutir sobre la organización, como elemento indispensable para hacer frente a los ataques contra la Escuela Pública y el avasallamiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora”, reflexionó Rogelio De Leonardi.

“Los docentes comunistas tendremos esta instancia que es un punto de llegada, porque se nutre de un proceso precongresal amplio y plural, con debates, en cada uno de los puntos del país donde está constituida nuestra agrupación”, recalcó el secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP), Rogelio De Leonardi, al referirse al primer Congreso Nacional de la Agrupación Docente La Violeta.

Vale recordar que el encuentro, tendrá lugar durante los días 25 y 26 de mayo en el predio que Suteba posee en la localidad bonaerense de Tigre y se presenta como un momento para articular fuerza propia y diseñar caminos que permitan avanzar en la construcción de herramientas unitarias.

Al respecto, De Leonardi insistió en que el Congreso será un punto de partida, “porque encara el desafío de fortalecer nuestra herramienta a nivel nacional, consolidando el trabajo en los sindicatos y seccionales donde hemos crecido”, pero asimismo “potenciando el crecimiento allí donde estamos dando los primeros pasos”.

Y, en esa dirección, apuntó que “esta coyuntura nos interpela a pelearle a la dispersión que existe en las organizaciones sindicales, causada por un momento en el que avanza una restauración conservadora a gran escala, en la Argentina y la región”.

Debate

El titular de la AMP, también hizo hincapié en que “el corazón de este congreso es el debate alrededor del ajuste”, tras lo que puntualizó que los trabajadores de la educación “fuimos elegidos como el enemigo principal de este gobierno”. Y fue claro al señalar que “debemos afinar el lápiz para caracterizar una Alianza Cambiemos que parece tambalear en lo económico, pero fortalece las políticas de ajuste con la vuelta del FMI”.

De Leonardi advirtió después que el gobierno y los organismos de crédito “impondrán con fuerza la embestida para lograr la reforma educativa” un camino “que iniciaron con el cierre de la Paritaria Nacional Docente y el esquema de discusión salarial por provincias, que influye de manera dispar en el mapa de la conflictividad del sector a nivel federal”.

Por eso, de cara a este panorama, el Congreso Nacional de La Violeta, “se distingue por su carácter militante, se reivindica como un espacio para discutir sobre la organización, como elemento indispensable para hacer frente a los ataques contra la Escuela Pública y el avasallamiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora”.

Asimismo, el secretario de la AMP reflexionó que “la camaradería de jóvenes, hombres y mujeres será el motor para elevar la épica colectiva y el poder de lucha, ante el hostigamiento de las patronales provinciales, que no hacen diferencias al practicar el mismo plan de represión a la protesta social, hambre, y endeudamiento”.

Y recordó que, aunque el que va a comenzar el viernes 25 sea el primer congreso de La Violeta, “los cimientos se construyeron en las luchas de los comunistas que fundaron e integraron la primera junta ejecutiva de la Ctera, como Benito Brusser, Simón Furlán Juan Carlos Comínguez y Angélica Descalzo entre otros camaradas”.

Pero también “se refleja en el huella que trazó La Aníbal Ponce, agrupación de los comunistas que plantaron batalla al neoliberalismo de los años 90”, al tiempo que “recoge los frutos de los encuentros nacionales de La Violeta realizados en La Rioja en los años 2014 y 2016”.

De ahí que finalizara recalcando que “nos entregamos a una misión histórica, la de seguir construyendo poder popular y disputar el sentido común del sistema capitalista”, esto es “una tarea a la altura de un Partido centenario, del que los comunistas somos herederos, y una identidad anclada en las mejores tradiciones antiimperialistas y anticapitalistas”, por lo que “no claudicaremos en el cometido de levantar las banderas y el legado de Isauro Arancibia y de Agustín Tosco”.

 

LA TUCUMÁN DEL MACRISMO15.5.2018

Multitud de despedidos en Concepción

Son más de ochocientos trabajadores municipales, que no fueron tomados en cuenta en el presupuesto y que, por ende, ya no tienen trabajo.

Un intendente tucumano discontinuó la actividad laboral de más de ochocientos trabajadores del Estado municipal. Es Roberto Sánchez, ex corredor de Rally que ahora, con el sello macrista, preside la segunda ciudad tucumana, Concepción y su zona de influencia, uno de los sectores más ricos de la provincia.

Los afectados por esta medida, sumamente sensible en la economía de una localidad de poco más de cincuenta mil habitantes, son los “trabajadores contratados” de la municipalidad, merced a una ordenanza del Concejo Deliberante.

El gobierno comunal arguye que estos “contratados”, no fueron tomados en cuenta en un “pacto social” aprobado hace años que contó con votos de los concejales opositores. Esto significa que no se los consideró en el planteo presupuestario.

En tanto, desde el Legislativo local se limitaron a declarar que la acción del Concejo simplemente fue la de aprobar la plantilla de salarios remitidos desde el ejecutivo. Esto significa que, al no estar los más de ochocientos contratados debidamente registrados, simplemente consintieron en dejarlos fuera de todo tratamiento.

Lo actuado no deja exento al gobierno provincial, encabezado por el peronista Juan Manzur, que tienesu parte de responsabilidad ante los despidos, ya que “el pacto social” lleva 17 años de vigencia y consiste en un acuerdo por el cual la provincia financia al municipio en el pago de salarios municipales y otras funciones públicas a cambio de no entregar la coparticipación pertinente.

Injustificados

Marcos Juárez, militante comunista tucumano, recordó que “el municipio de Concepción es rico” porque “es la zona de productores paperos más grande de Tucumán”.

En ese sentido, señaló que “no se justifica la cantidad de despedidos porque es un municipio en expansión” y remarcó que su capital “es conocida como ‘la perla del sur’ justamente por eso”.

Asimismo, observó que la mayoría de los despedidos “estaban precarizados” e imputó que son “despidos sin causa”, tras lo que puntualizó que algunas de esas nuevas cesantías se dieron “argumentando algún problema político”.

Al respecto, advirtió que “esto ya había pasado en años anteriores” pero esa vez, “cuando corrieron a los municipales, estos prendieron fuego la municipalidad y los retomaron”, pero ahora, “la situación es diferente”.

Con respecto a los argumentos del jefe comunal, Juárez apuntó que “el gobierno aduce que no existe coparticipación razonable para ellos, que la coparticipación que le da la provincia es muy poca”, pero aclaró que “en función del Plan Belgrano, al municipio de Concepción le mandan plata desde Nación”.

En este aspecto, denunció que “las mayores inversiones del Plan Belgrano, que no funcionan en ninguna parte del noroeste argentino, sí funcionan en Concepción”, por lo que fue claro que Sánchez “no tiene motivos para despedir tanta gente”.

También lamentó que los municipales que fueron echados “están nucleados en un sindicato de trabajadores municipales que solamente existe en el sur de la provincia, cuya conducción le ha dicho a estos trabajadores que tienen que aceptar la situación por la deuda y la situación del municipio, o sea escudándose en cosas irreales”. Y acusó: “el gremio les ha dado la espalda porque la mayoría de los despedidos responden al kirchnerismo”.

Por otro lado, se quejó de que “el gobernador de la provincia no ha dicho absolutamente nada” y recordó que Manzur “le ha dado la venia al gobierno nacional diciendo que no iba a poner palos en la rueda” por lo que “se ha pasado al bando macrista”.

 

DÁDIVAS DE GERARDO MORALES14.5.2018

En beneficio del cinismo

El gobierno provincial jujeño otorgó casi tres millones de pesos a la cooperativa que preside el hijo del único testigo en la causa por la cual Milagro Sala sigue presa sin mayores pruebas que ese testimonio.

La cooperativa cuyo titular es el hijo del único testigo en la causa por la que Milagro Sala está presa, fue beneficiada a fines de 2017 con un aporte millonario del Estado jujeño, presidido por el gobernador Gerardo Morales.

El beneficio se otorgó por medio de la secretaría provincial de Planificación, en concepto de contratación de personal de maestranza y figura en expediente bajo el número 600-751-2017.

Se trata de nada menos que de 2.861.000 pesos que recibió Newen Limitada, cuyo titular es Fredy Cochinillo, hijo de René Cochinillo Arellano quien es el único testigo en la causa por la cual la Cámara de Casación jujeña confirmó la condena a Milagro Sala, por un escrache contra el gobernador en el que -está comprobado- la líder de la Tupac nunca participó.

La millonaria suma fue otorgada pese a que Cochinillo Arellano ya cobra, junto con su esposa, un abultado sueldo como empleados del Estado provincial.

Pese a que la cooperativa Newen se encuentra a nombre de su hijo, el único testigo contra Milagro Sala admitió que “da una mano” ahí, ya que sus trabajadores “son muy jóvenes” ¿Querrá decir que todavía no están acostumbrados a manejar tanto dinero?

El gobierno de los cínicos

Leonardo Rosales, secretario del Partido Comunista jujeño, manifestó que la dádiva de la gobernación a la cooperativa no es otra cosa que “una maniobra recurrente de Gerardo Morales”, que pretende “imponer o dibujar situaciones en la Justicia para llevar adelante la prisión de la compañera Milagro Sala”.

Y fue contundente cuando recalcó que “en Jujuy sabíamos qué clase de personaje es Orellana”, tras lo que recordó que “es un personaje ligado a la delincuencia y muy poco querido en los barrios”, pero también “es de la clase de personas que son funcionales al gobierno”.

Asimismo, Rosales explicó que “esto se suma a toda la situación, poco clara, de su testimonio” y denunció que “la Justicia responde a las necesidades de Gerardo Morales” y, en ese contexto, “utiliza personajes como el de este caso, que lo único que hacen es vender su alma al diablo por un puñado de billetes”.

Rosales también observó que Newen Limitada, “es una cooperativa de construcción y el monto que se le depositó no se corresponde con el trabajo que se dice tendría que haber hecho” y añadió que, tanto Cochinillo Arellano como su esposa, “son empleados del gobierno de la provincia de Jujuy y conocidos militantes radicales que venden su alma al mejor postor, ya que en el algún momento formaron parte de la red de organizaciones sociales”.

Y puntualizó que el testimonio de Arellano y el de su esposa “carecen de peso porque solamente hablan de situaciones sobre las que no tienen prueba alguna ni ninguna clase de verificación”.

El caso, de por sí escandaloso, sin embargo no tuvo en la provincia más repercusión que en las redes sociales. Al respecto, el dirigente comunista remarcó: “como lo venimos denunciando hace tiempo, acá tienen un blindaje mediático prácticamente total” y por eso “han logrado ocultar toda esta clase de situación y no ha golpeado en Jujuy la imagen del gobernador”.

En este sentido, también recordó que “hace pocos días también hubo un informe de un programa periodístico de televisión donde se vio que el actual secretario de Cultura de la provincia estaba implicado en hechos de corrupción y, como sabemos, con el aval de Morales, otro hecho importante que tampoco tuvo demasiada notoriedad”.

Finalmente, sostuvo que “las dos de las patas fundamentales del gobierno de la provincia son los medios de comunicación y el Poder Judicial para encarcelar opositores y acallar todos los hechos de corrupción en que se ven implicados Gerardo Morales y su primera línea de funcionarios”.

Familias de Parque Patricios en defensa de su hogar11.5.2018

Contra el desalojo

Vecinos de la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires, se movilizaron al Instituto de Vivienda para reclamar ante el desalojo que le quieren imponer en el ex Edificio de Celsa.

“Hemos defendido a las familias que están ahí desde un principio, basados en los derechos a la vivienda, la integridad barrial y familiar que debe priorizarse”, recalcó Héctor Trajtenberg, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), que acompaña a las cien familias de la manzana fabril lindera al Parque Florentino Ameghino, que habitan hace más de once años el edificio ubicado en Santa Cruz 140 del que los quieren echar.

Por eso, ayer se movilizaron hacia la sede del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (ICV), para reclamar una solución acorde al contexto en el que se encuentran.

La situación llegó a un punto límite, ya que en las audiencias públicas que se llevaron a cabo, con participación de representantes de los gobiernos Nacional y de la Ciudad, sólo se les ofreció un mezquino subsidio por seis meses.

Además, el propietario del edificio que habitan las familias, Leonardo Ratuschny, avanzó con un proceso judicial para desalojarlos.

Ratuschny ya desalojó a más de 36 familias de otro inmueble emplazado en Balvanera que se utilizaba como hotel familiar, al tiempo que está ligado al negocio de los hoteles favorecidos por el Gobierno de la Ciudad, que los incluye en el listado al que van a parar las subvenciones que, temporalmente, otorga a personas en situación de calle.

Unidad y movilización

“En el edificio en cuestión, está siendo promovido un desalojo por un dueño que compró el inmueble en remate y desde entonces intenta echar a la gente que lo habita”, explicó Trajtenberg.

Tras lo que denunció que, el ejecutivo de la Ciudad, “hasta ahora no brindó ningún tipo de aporte ni solución”, ya que “prometieron créditos que nunca existieron y apenas dieron un subsidio por emergencia habitacional que no resuelve los problemas de la gente, ya que es un subsidio transitorio”.

Y, por último, el abogado de la Ladh remarcó que la movilización “es la única manera de pararlos”, pero también hizo hincapié en que es preciso “exigir que, en la audiencia que va a tener lugar la próxima semana, el ejecutivo de la Ciudad de verdaderas soluciones para las familias”.

 

SALARIOS A LA BAJA EN ENTRE RÍOS10.5.2018

La inconsecuencia de Bordet

El gobernador incumplió sus promesas de campaña una vez más y ofreció a los docentes un aumento inferior a la tasa inflacionaria.

El país se debate entre una inflación creciente y un ajuste cabal manifiesto en salarios cuyos magros aumentos no alcanzan el ritmo inflacionario. Por si fuera poco, la vuelta del FMI a la Argentina no augura, a la luz de sus muchos y tristes precedentes, un mejor porvenir.

En ese marco, el gobierno de la provincia de Entre Ríos, encabezado por el gobernador Gustavo Bordet, que llegó a la gobernación de la mano del FpV y esfuerzos, entre otros, de la militancia comunista, volvió a ofrecer un aumento salarial a los docentes de la provincia de sólo el 17 por ciento, más una suma fija.

Esta propuesta, que generó profundos recelos y rechazos entre los maestros y profesores de la provincia mesopotámica, indica que el gobernador sigue sin ponerse al hombro los votos recibidos y, a tono con las propuestas del gobierno nacional, que tiene otro sello político e ideológico, incumple sus promesas electorales.

Desde que Bordet asumió, vale recordar, planteó en reiteradas oportunidades lo que había prometido en campaña: que ningún trabajador del Estado provincial iría a cobrar por debajo de los parámetros inflacionarios. Pero, al igual que ocurrió el año pasado, el gobernador sigue descarrilando y defraudando a sus electores.

La oferta consiste en mantener el 17 por ciento de aumento que ya había ofrecido el Estado provincial, que prevé pagarlo en dos tramos: un 8 por ciento desde marzo, cuyo pago a cuenta ya fue definido a través de un decreto provincial, y un 9 por ciento que, de ser aceptado, se pagará en agosto.

Se estima, asimismo, que el pago de agosto pueda adelantarse al mes de julio, cuando se otorgarán además 450 pesos por cargo con un tope de 900. El gobierno de Entre Ríos también se comprometió a gestionar una pequeña cantidad de viviendas para los docentes y discutir las desigualdades vigentes en el escalafón de salarios.

Gobernador con pantalones cortos

Desde el PC provincial se hizo oír la queja en voz de Alejandro Milocco, su secretario político. Este observó que la propuesta de Bordet “es absolutamente insuficiente” y recordó: “el gobernador desde que asumió viene planteando que ningún trabajador va a cobrar por debajo de las metas inflacionarias”.

“Eso ya se vio el año pasado que fue una mentira”, acusó y enfatizó que recién en marzo se pagó el 1,5 por ciento del retraso salarial del año 2017”. Repuso que la propuesta, que es la misma con la que se iniciaron las paritarias, “ya quedó desactualizada”.

“La inflación en abril va a superar el 10 por ciento acumulado en un año y el gobierno ofreció solamente un 8 por ciento”, señaló y agregó que el adelanto de agosto-julio, de sólo un 9 por ciento, se dará “cuando a ese mes se va a llegar con una inflación del 12, 13 o 14 por ciento”.

“Ya ni siquiera se sabe cuáles son los números que va a alcanzar la inflación”, planteó Milocco y se quejó porque “el gobierno provincial está replicando el argumento del gobierno nacional”.

“La diferencia es que en las paritarias de los últimos dos años ha mejorado un poco la propuesta que se barajó a nivel nacional”, reconoció después, pero adujo que Bordet “sigue diciendo que el Estado está desfinanciado, pero han bajado impuestos a las grandes empresas”.

“Lamentablemente, Bordet no ha tenido la imaginación para poder fortalecer un Estado provincial frente a un Estado nacional que busca desfinanciarse y endeudarse”, manifestó el dirigente comunista y recordó que desde el PC “estamos reclamando a Bordet que sea más audaz, que enfrente la política económica del gobierno nacional, obviamente sin descuidar cuestiones provinciales pero, realmente, poniendo un punto y aparte para nuestra provincia”.

Consideró que el gobernador “se tiene que poner los pantalones largos para definir y administrar en mejor forma y a favor de los sectores populares y los sectores trabajadores a nivel provincial”. “Para eso se lo votó, no para otra cosa”, le sumó y recalcó: “tiene que asumir la responsabilidad por la cual fue electo”.

“El Partido Comunista fue parte del Frente para la Victoria y lo acompañó, metió sus votos e hizo toda la campaña que estaba a su alcance para que sea Bordet el gobernador”, recriminó y exigió: “tiene que hacer valer, por valores y principios, las políticas de Estado que se venían implementando hasta ese momento y que no tenían nada que ver con lo que se está gestando ahora a nivel nacional”.

Se subastan hectáreas del Estado7.5.2018

Regalando lo que es de todos

Para favorecer a grandes empresas y terratenientes, el Gobierno Cambiemos se desprende de varias hectáreas del Ejército Nacional, ubicadas en la Pampa Húmeda.

La ceocracia comandada por Mauricio Macri inició, a finales de 2017, una serie de subastas de hectáreas del Ejército Nacional emplazadas en la Pampa Húmeda, uno de los sectores para producción más ricos del mundo, con el objetivo de favorecer la concentración de la tierra en empresas agropecuarias y grandes terratenientes, que explotan el suelo a costa del trabajo ajeno.

El caso más reciente fue en abril, en la ciudad cordobesa de Ordoñez, donde la Administración de Bienes del Estado autorizó la subasta de un lote de 8.237 hectáreas, algo que originó críticas de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que reclamaron esta decisión del ejecutivo.

Pero también, estas entidades que diez años atrás se encolumnaron detrás de la Sociedad Rural en el putsch que protagonizaron contra la Resolución 125, denunciaron a la que hasta hace poco presidió Ricardo Etchebehere, por el silencio de radio que mantiene en este tema.

Esta situación se produce en un momento en el que en la cartera de Agroindustria que preside Etchebehere, se están perpetrando despidos que afectan a áreas clave, entre otras, aquellas destinadas a controlar la producción, la comercialización y exportación de los productos agropecuarios.

Esta y otras medidas dispuestas por el Gobierno Cambiemos, beneficia a grandes productores y descuida a las economías regionales y a la agricultura familiar.

Vale recordar que la liberación de las retenciones al sector llevada a cabo apenas asumió Mauricio Macri, en diciembre de 2015, fue llevada a cabo con el argumento de que iba a favorecer la creación de empleo en el sector rural, algo que dos años y medio más tarde, quedó totalmente desmentido.

Así las cosas, crece la informalidad laboral en el sector, tanto como la concentración y la maximización de la tasa de ganancia que se expresa -como en pocos casos- en la especulación que protagoniza el agronegocio al que, además, el gobierno volvió a beneficiar cuando a principio de este año y por decreto, lo eximió de la obligación de liquidar divisas en el país.

Unidad

Raúl Toto Galván, secretario adjunto de la CTA-Chaco y coordinador de VIA Campesina, aseguró que la política gubernamental es sistemática y se intensifica. “Siempre ha sido así, con la situación en la que estamos se profundiza no solamente en la Pampa Húmeda sino en todo el país, todo lo que sea del Estado se va a entregando a los grandes productores, a las grandes empresas y terratenientes”. Además, Galván denunció que no sólo se trata de patrimonio estatal, ya que “también pasa con las tierras de los pequeños y medianos productores que tienen que venderlas porque no aguantan esta situación”.

Pero esto no es todo. “Cuando el pequeño productor está en tierras fiscales donde no tiene título de propiedad, se las sacan directamente con la complacencia de los poderes locales y de los gobiernos provinciales”, recalcó quien también es coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú.

Es que la defensa de la propiedad privada y la concentración de la tierra, siempre fueron de manual para el capitalismo, por eso, los dueños del suelo son unos pocos y la tendencia siempre va en aumento, algo que -recalcó Galván- “sólo va a cambiar con la lucha y la unidad de todos los trabajadores de la ciudad y el campo”.

 

MILITARES YANQUIS EN EL LITORAL3.5.2018

No les saldrá tan gratis

Organizaciones sociales y personalidades políticas salieron al cruce de los ejercicios militares entre agentes de inteligencia estadounidenses y argentinos.

La creciente injerencia del imperialismo yanqui en nuestro país, manifiesta en estos días con la presencia de agentes de inteligencia en un lugar no precisado de nuestro litoral para realizar acciones en conjunto con nuestras fuerzas armadas a espaldas del Congreso Nacional, motivó la airada protesta de diversas organizaciones políticas y sociales de la Mesopotamia argentina, región directamente afectada por esta peligrosa situación.

Así, las provincias que son históricos íconos en la lucha por la defensa de la soberanía argentina en un sector vital para la circulación fluvial y la construcción de unidad sudamericana, ratificaron a través de sus organizaciones y personalidades que siguen en la línea argentina de la cual, indudablemente, se viene apartando el gobierno nacional macrista, secundado hábilmente por las oligarquías locales y algunos gobiernos provinciales.

Lo hicieron a través de un documento firmado por personalidades y organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos. Se trata de una declaración en la que pidieron “el cese de los ejercicios militares conjuntos entre las Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos”.

Advirtieron, con “especial énfasis”, que las acciones en conjunto “se dan en momentos donde se avanza en la creación del Parque Nacional Iberá, mediante el cual Corrientes entrega su jurisdicción sobre los esteros a la Nación”.

Al respecto, consideraron que “la iniciativa ya tiene media sanción del Senado nacional, y en los próximos días ingresará a la Cámara de Diputados para su tratamiento” y observaron: “los Esteros del Iberá pertenecen al Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua dulce más grandes del mundo”.

Consideraron que las maniobras militares son un “nuevo atropello a la Soberanía” argentina. “Las voces del oficialismo nacional que intentan llevar adelante esto, argumentan que dicho ejercicio no será con tropas regulares de Estados Unidos, sino con fuerzas de inteligencia, lo que nos parece tanto o más preocupante”, dijeron.

“Nos preocupa que en este contexto de instalación de bases militares y ejercicios militares conjuntos, se avance en proyectos como el Parque Nacional Iberá en el Congreso sin escuchar a la gente que habita estos recursos naturales, comunidades originarias y pequeños productores, para cumplir con las exigencias de las trasnacionales y de los potenciales buitres futuros en esta locura de deuda externa garantizada con recursos naturales con jurisdicción fijada en EEUU”, repusieron.

Apuntaron también sobre la presencia de la DEA “con la necesaria complicidad del gobernador Urtubey, en la provincia de Salta”. “Sabemos históricamente que por lo único que vienen estas fuerzas e intereses, es por el control de nuestros bienes comunes naturales como el Acuífero Guaraní y por el control político de la región”, sumaron.

Entre las múltiples firmas del documento figuran las de organizaciones como el PC, la FJC, la CoNAT, la Ladh, la Corriente Nacional Lohana Berkins, el FTV Miles, el MoPaSSol, el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, el Movimiento Universitario de Izquierda y ATE y personalidades como Víctor Kot, Sonia López, Atilio Boron, Rogelio De Leonardi, Jorge Kreyness, Eugenio Nito Artaza, Oscar Laborde, Daniel Tano Catalano y Marcelo Nono Frondizi.

Al pie del cañón

Desde la FJC de la provincia de Misiones, su secretario, Bryan Ojeda, dijo: “vivimos esto con mucha preocupación”. “La verdad es que hay muy poca información”, reconoció y apuntó: “nos venimos enterando por los medios de comunicación de ejercicios militares en conjunto con fuerzas armadas norteamericanas”.

“No han pasado por el Congreso, al igual que para armar la task force de la DEA en Posadas”, dijo y observó: “han encontrado la vuelta legal para justificarse con que, en teoría, no han ingresado efectivos del ejército norteamericano”. Al respecto, adujo: “que hayan ingresado agentes de inteligencia para formar a nuestras fuerzas es igual o más grave aún”.

“Esto significa una política de persecución política a las organizaciones sociales y los sectores más humildes y perjudicados de nuestra sociedad”, manifestó y repuso: “es muy preocupante esta realidad después de haber tenido un Rafael Nahuel y un Santiago Maldonado y una Milagro Sala todavía presa”.

Ejercicios militares conjuntos en el Litoral3.5.2018

Con el sello del Imperio

Los protagonizarán tropas estadounidenses y argentinas. El ejecutivo no pidió autorización al Congreso, como establece la Ley. “No hay ninguna razón geopolítica ni de ningún otro tipo”, recalcó al respecto la periodista Stella Calloni.

“Esta posibilidad es lógica”, señaló la periodista, Stella Calloni, al ser consultada por NP diario de noticias, sobre el dato revelado por fuentes gubernamentales, que da cuenta de que –en estos días- fuerzas militares de nuestro país, llevarán a cabo ejercicios junto a efectivos estadounidenses en una zona ubicada en algún punto de las provincias del Litoral.

En este sentido, Calloni recordó que, después de la desaparición del ARA San Juan, “familiares e incluso un marino que tenía a su hijo en el submarino, dijo que ellos ‘se fueron a hacer maniobras’”, tras lo que apuntó que, en julio de 2017, el presidente Mauricio Macri solicitó al Congreso autorización para que un submarino de la Armada Argentina participara en maniobras “que se iban a realizar en el sur y en las que EE.UU. iba a hacer desembarcos en Trelew, en la base de Almirante Zar, y también en Usuahia”.

Y advirtió que “esas maniobras se realizaron y, en ellas, estaban comprometidos Gran Bretaña, EE.UU. y Chile”, tras lo que recalcó que las maniobras “se hicieron en el sur y fueron llevadas a cabo, a tal punto, que había barcos de la Nasa y de la Armada de EE.UU., que venían de hacer un ejercicio que se realizó en la frontera de Brasil con Venezuela”.

En este punto, la pregunta clave es si existe alguna necesidad geopolítica para que Argentina realice maniobras militares con EE.UU. “No hay ninguna razón geopolítica ni de ningún otro tipo”, hace hincapié Calloni y alerta que la cosa es todavía peor, porque estas maniobras “están haciéndose dentro del esquema de la implantación de dos bases en Tierra del Fuego”.

Y añadió que, para ello, “firmaron un acuerdo que viabiliza la instalación de un centro de inteligencia regional, el 31 de enero del año pasado, Patricia Bullrich y la gobernadora Rossana Bertone”.

Asimismo, volvió a denunciar que en el contexto de la escalada represiva que tiene un capítulo en la realización de estas maniobras y la instalación de bases estadounidenses, “la policía bonaerense envió personal a Israel para recibir entrenamiento, precisamente en los lugares donde Israel avanza desplazando al pueblo palestino, violando permanentemente la Carta de las Naciones Unidas”.

Y reflexionó: “tengamos en cuenta que estamos ante un gobierno que entrega soberanía”, por lo que “las maniobras que se puedan hacer ahora con EE.UU., son para poder disfrazar el comienzo del funcionamiento de las bases”.

La aseveración de Calloni no es antojadiza: no hace mucho durante la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, Mauricio Macri volvió a exhibirse como el alfil regional de la lucha que Washington emprende contra Venezuela, pero también apoyó abiertamente el ataque que EE.UU. acababa de perpetrar contra Siria, junto a Francia y Gran Bretaña.

“Desde que asumió como presidente, Macri no oculta su intención de liderar la injerencia contra Venezuela que padece una guerra económica brutal y feroz”, remarcó y señaló que “esta política es propia de alguien que gobierna, no para Argentina, sino para EE.UU.”.

El anuncio sobre las maniobras conjuntas que salió de la propia cartera que preside Oscar Aguad, da cuenta de que estos ejercicios “de mesa-teórico”, se llevan a cabo esta semana y contarán con técnicos de Defensa de EE.UU. y miembros del área de Inteligencia militar.

Todo esto es tan preocupante como irregular, ya que el ejercicio ni siquiera tiene la autorización del Congreso. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. ingresarán a Argentina para “supuestos” ejercicios militares conjuntos en nuestro territorio y, para ello, el ejecutivo “utiliza la excusa de que se trata de miembros de la Inteligencia y no de tropas, para no pedir la aprobación del Congreso” denunció la integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida), Elsa Bruzzone, quien advirtió que “por más que pertenezcan a la Inteligencia, son efectivos de las Fuerzas Armadas de otro país que ingresarán a nuestro territorio para hacer ejercicios conjuntos”.

Unasur

Este nuevo paso de acercamiento del Gobierno Cambiemos con Washington, llega a poco de que la cancillería que encabeza Jorge Faurie, hiciera público que nuestro país suspende “por tiempo indefinido” su participación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La medida fue adoptada en forma conjunta por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Perú y Chile que, en una declaración conjunta, argumentaron que “no están dadas las condiciones para adoptar decisiones en el ámbito de Unasur”.

“En realidad, esta situación era esperada, a eso vinieron estos gobiernos”, lamentó Calloni y recordó que, en Colombia, “gobierna una democracia de seguridad nacional, es decir, una dictadura disfrazada de democracia”, mientras que Paraguay “es la tragedia más grande de Sudamérica”, al tiempo, que Argentina y Brasil “son los nuevos sirvientes que tiene ahora EE.UU.”.

Por eso, remarcó que “esto reafirma que estos gobiernos que están llevando adelante un proyecto económico para convertir en colonias a nuestros países y acabar con nuestros estados nacionales”, algo que “es parte del proyecto geoestratégico de recolonización de América Latina”.

De ahí que “tenían que deshacer la unidad que significa Unasur”, denunció Calloni y finalizó advirtiendo que, por eso “le apuntan a Nicaragua donde intentan provocar un golpe de Estado, porque eso sería darle un golpe al Alba, espacio al que no han podido destruir hasta ahora”.

Media sanción del Senado a la entrega del Iberá 3.5.2018

¿Quien defiende nuestros recursos naturales?

“La oposición fue cómplice de la entrega de la soberanía y del patrimonio de los correntinos”, denunció la titular del PC de Corrientes, Sonia López, quien aseveró que la iniciativa “viola la Constitución Provincial”.

La presidenta del Partido Comunista de Corrientes, Sonia López cuestionó la media sanción que -por unanimidad- el Senado de la Nación le otorgó al proyecto de Ley que crea el Parque Nacional Iberá y apuntó contra los senadores Carlos Mauricio Espínola y Ana Almirón, quienes acompañaron la iniciativa impulsada por los legisladores oficialistas, Federico Pinedo y Pedro Braillard Poccard.

“No esperaba otra cosa de Cambiemos”, señaló la ex legisladora correntina, al tiempo que lamentó la postura de la oposición que acompañó la iniciativa, “sobre todo la de los senadores correntinos que se dicen a sí mismos opositores”.

Y, en esta dirección hizo hincapié en que “es una Ley que viola la Constitución Provincial” ya que el artículo 66 de la Carta Magna de Corrientes, determina que los Esteros del Ibera son Patrimonio Estratégico de los correntinos, cuya preservación a perpetuidad corresponde a la Provincia, mientras que el artículo 2, establece doble lectura -dos leyes provinciales de distinta composición legislativa- para ceder jurisdicción territorial de la Provincia a la Nación.

Además, fustigó, “aprobaron el proyecto de Ley a las apuradas y sin dar participación a los pobladores originarios de los Esteros, a los productores y a las organizaciones que vienen luchando para que se respete la soberanía de Corrientes sobre el recurso natural más importante que tiene la Provincia”.

Y fue clara cuando remarcó que Almirón y Espínola, “habían prometido que al momento de tratar este expediente se iba abrir la participación, como es una costumbre en la Cámara Alta nacional, pero no cumplieron su palabra”.

Complicidades

El proyecto fue aprobado por unanimidad, con los votos del oficialismo, pero también de los bloques opositores del Justicialismo presidido por Miguel Pichetto, donde está Espínola, así como del Frente para la Victoria, encabezado por Cristina Fernández, que cuenta entre sus filas a Ana Almirón.

De acuerdo al expediente que fue girado a la Cámara de Diputados, se acepta la cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la Provincia de Corrientes al Estado Nacional mediante la ley provincial 6384. También se solicita la creación del Parque Nacional Ibera sobre una superficie estimada en 157 mil hectáreas.

Ante esta situación, Sonia López cuestionó: “¿esta es la oposición que queremos y que necesitamos, que aprueba a libro cerrado todo o casi todo lo que quiere el Gobierno de Mauricio Macri en materia estratégica, sin siquiera cuestionar algo?”.

Tras lo que alertó que “es muy peligroso que en momentos donde Cambiemos está entregando la soberanía de las Islas Malvinas y de la Patagonia a manos extranjeras, también se permita que los Esteros del Ibera sean manejado por una corporación norteamericana, como lo es Conservation Land Trust del grupo Tompkins a quien se le tiene prometida la administración de este Parque”.

 

CORRUPCIÓN A LA JUJEÑA1.5.2018

La hipocresía del dedo acusador

El gobierno provincial, que sin pruebas mantiene encerrada a Milagro Sala, quedó implicado en un caso de favoritismo y falsas licitaciones hacia una empresa que aportó a la campaña de Macri.

Jujuy, provincia conocida por tener uno de los gobiernos más punitivistas y arbitrarios en función de ello, ahora se suma a la lista que ilustra la corrupción en el poder, aún siendo esta o la lucha contra esta uno de los prospectos propagandísticos más esgrimidos desde el macrismo.

Es porque una serie de correos electrónicos complicaron al gobierno jujeño, encabezado por el radical Gerardo Morales, al comprobarse a través de ellos un arreglo del ministerio provincial de Turismo con la firma Reale-Dalla Torre, que había aportado cientos de miles de pesos a la campaña por la que Cambiemos alcanzó el poder nacional en 2015. Los registros demuestran que el gobierno de Morales, a través del ministerio, desvió casi cinco millones de pesos en licitaciones simuladas a la empresa, que es consultora privada de asesoramiento y comunicación política. La maniobra complica al ministro jujeño Federico Posadas, quien, pese a permanecer impunemente en su cargo, no puede negar nada de lo comprobado ya que él se encargó de copiar los e-mails en cuestión y hasta participó de las falsas licitaciones.

Estas acciones de un gobierno provincial que para acceder al poder debió congraciarse con el poder económico local y que tiene en el empresario genocida Carlos Blaquier a un aliado fundamental, demuestran la hipocresía de Morales al mantener encerrada a Milagro Sala por acusaciones (nunca comprobadas) de corrupción.

Los que no roban

Leonardo Rosales, secretario del PC jujeño, apuntó que este “no es el único hecho de corrupción” sino “el que toma estado público, porque nosotros venimos viendo que este gobierno de la alianza Cambiemos en Jujuy viene llevando a cabo toda clase de situaciones poco claras en cuanto al manejo de fondos públicos”.

Observó que esto “se traduce en una política de ajuste donde los trabajadores cobran muy poco y todo lo que se ahorran en el pago de trabajadores se desvían en casos de corrupción”. Denunció también: “Gerardo Morales y todo el radicalismo jujeño participan en hechos de corrupción y esto que salió a la luz es una muestra palpable de lo que está pasando en Jujuy”.

En referencia a los macristas, expresó: “son los que llegaron al gobierno con un discurso anticorrupción”. Observó que, sin embargo, “no pueden avanzar con la causa en contra de Milagro Sala desde hace tiempo porque no tienen pruebas y todo queda en una cuestión discursiva en donde cada vez le cuesta más al gobierno provincial tener una imagen de potabilidad ante la sociedad”.

“La clase dirigente que gobernó la provincia, entre radicales y peronistas, el bipartidismo de siempre, generó estas cosas; no cambió absolutamente nada y es más, se profundizó acá con la alianza Cambiemos”, acusó Rosales, quien aventuró que todo ello “lleva al descreimiento de las instituciones”.

Consideró que “el pueblo jujeño votó a este gobierno, por el descontento que generó el PJ en sus últimos mandatos” aunque “poco a poco de da cuenta de que son gobiernos que pertenecen a una misma clase y por lo tanto hay que aportar a una alternativa política”.

Y puntualizó que la alternativa “se tiene que ir construyendo en consenso con todos aquellos sectores que vienen golpeados por esta política del gobierno”. Añadió: “la solución está en la construcción de la unidad de los sectores que pertenecemos a la clase obrera, al estudiantado, al pueblo que día a día es el que genera las riquezas en la provincia”.

POR LA PESCA EN AGUAS AUSTRALES1.5.2018

No hay trabajo en el puerto marplatense

Cuatrocientos trabajadores de la estiba podrían quedarse sin sus puestos laborales a raíz de la mudanza de más de cien pesqueros a aguas ricas en mariscos.

A raíz de la mudanza de más de un centenar de barcos pesqueros a aguas australes de nuestro país para la pesca de mariscos, en el puerto de Mar del Plata cuatrocientos estibadores perderán su trabajo. Esta pérdida de fuentes laborales en una ciudad cada vez más castigada por la desocupación y con un puerto pesquero que es central en el panorama laboral de la ciudad, motivó las protestas de los estibadores frente a las oficinas del Consorcio del Puerto de Mar del Plata.

La situación, pese a ser reiterada, es tan grave que los trabajadores pidieron la intervención del gobierno bonaerense y desde el Sindicato Unico de Portuarios Argentinos (Supa), advirtieron que por seis o siete meses los estibadores marplatenses no tendrán nada qué hacer.

Recordaron: “el año pasado se fueron cincuenta buques y la pasamos muy mal a pesar de que intervino la provincia y este año se van más del doble”. “Antes de que partan los barcos, queremos proponerle soluciones al inminente conflicto que se avecina en el puerto local”, agregaron. Sin embargo, el éxodo al sur no se detiene.

Desde la célula del PC del puerto marplatense, Marcelo Ulloa, dijo que “en realidad Mar del Plata está cada vez más complicada”. Agregó que la partida de los pesqueros hacia aguas patagónicas “agudiza más la crisis que se está viviendo porque, como ya todos saben, esta ciudad depende de su puerto, del turismo y del cordón frutihortícola”.

A la situación de los trabajadores del puerto se suma la de la constante depredación que la pesquería extranjera realiza en nuestro mar, uno de los más ricos del mundo en cuando a recursos pesqueros se refiere. Por esa depredación especies elementales como la merluza o el calamar suelen escasear en las mesas de trabajo de los trabajadores del pescado y los ejemplares son cada vez más pequeños.

Al respecto, Ulloa recordó que “ya venía el problema de que en tierra estaba habiendo cada vez menos trabajo porque venían trabajando y fileteando el pescado cada vez más en los barcos”. Por ello resaltó que la mudanza de barcos pesqueros “lo que hace es agudizar el tema”.

“Porque rinde mucho más el langostino, la empresa se tira para ese lado”, repuso y consideró que esto es “típico de este sistema en donde lo que se busca es la obtención de la máxima ganancia sin importar la vida del ser humano y la familia”.

“Mandan a la gente que está en el barco, en cáscaras de nueces, al agua y otro problema que estamos teniendo es el hundimiento de los barcos”, agregó y dijo que Mar del Plata “está cada vez peor”. “Es muy triste ver el deterioro que está sufriendo la ciudad”, se quejó.

 

 

DESPIDOS EN AGRICULTURA27.4.2018

La ilógica justificación de la lógica

Desde ATE desmintieron las justificaciones del ministro Etchevehere para despedir a cientos de trabajadores de su cartera. Los trabajadores se organizan para luchar.

Una semana antes dieron asueto en el ministerio nacional de Agricultura. Estaban preparando el terreno para lo que después se supo con certeza: irían a ser despedidos cientos de trabajadores de la cartera que bajo la égida del macrismo preside Luis Miguel Etchevehere, primer ministro de la cartera oriundo de la Sociedad Rural desde los años de la Década Infame.

La mayor parte de los despedidos se desempeñaban en el área de Agricultura Familiar, lo cual deja en claro la lógica establecida por la serie de cesantías ordenadas por Etchevehere, quien no tuvo mejor idea que justificar sus actos adjudicando a la gestión del gobierno anterior una burocratización del organismo merced al crecimiento de la planta de trabajadores y arguyó que el objetivo es “ver cómo cada repartición es más eficiente y presta el mejor servicio de una manera económicamente viable”.

Ignacio Campora, delegado de los trabajadores del ministerio en ATE, confirmó que son unos 330 los despidos que se efectuarán, siendo casi la mitad de ellos funcionarios en la ciudad de Buenos Aires. En tanto, cuarenta trabajadores ya recibieron sus telegramas de despido en provincias del interior del país.

“Los trabajadores han reaccionado con un nivel bastante elevado de solidaridad con los compañeros despedidos, porque en general son compañeros de muchos años de servicio, muy referenciados en sus áreas”, dijo Cámpora y agregó: “hay casos de 24, 15 u 11 años de antigüedad”.

Ante la situación, los empleados despedidos y sus compañeros en solidaridad, realizaron varias manifestaciones en las escalinatas que presiden la sede ministerial, en “el bajo” porteño. La primera fue el lunes a la mañana hasta la asamblea plenaria de los despedidos, que resolvió repetir la medida de acción el miércoles a la misma hora.

Vale destacar que muchos de los despedidos dejaron valiosas pertenencias en las oficinas y, habiéndoseles impedido el reingreso a sus funciones, también reclaman que se les deje recuperarlas. Sumaron esta queja a sus protestas, que se consustanciaron, tanto el lunes como el miércoles, con un ruidazo en todas las instalaciones ministeriales.

Con respecto a las excusas presentadas por Etchevehere para despedir a los empleados de su cartera, Cámpora expresó que son “absolutamente falaces”. “sacamos una nota como junta interna, un comunicado de prensa, desmintiendo esto y explicando que el ministerio en el 2008, que es el año que él toma como punto de referencia, tenia 606 empleados y era una secretaría dentro de un ministerio”.

Remarcó que “a partir del 2010, cuando ya era un ministerio en sí, se contrató mucho personal porque tomó muchas más funciones y hasta el día de hoy las mantiene en su gran mayoría”. Recalcó que el ministerio tiene “despliegue territorial por todo el país”.

Finalmente expresó que de no reincorporarse los despedidos “iremos a un plan de lucha que contemplará medidas en ascenso, desde una permanencia adentro del ministerio, una permanencia pacífica a, indudablemente, ir al paro si nada se soluciona en un plazo relativamente corto de tiempo”.

DESALOJOS EN MISIONES27.4.2018

La propiedad privada ante todo

En el barrio Horacio Quiroga, en Garupá, agentes de la policía quisieron echar a los vecinos de sus casas con una orden judicial, aún cuando los habitantes tienen el certificado del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), otorgado por la Anses.

Otra situación de represión y ajuste se vivió el jueves 26 a la mañana, esta vez en el barrio Horacio Quiroga, en la localidad de Garupá, conurbana de Posadas, en Misiones. Fue cuando varios centenares de agentes de la policía, de infantería, y de los servicios especiales GOE y GIR, quisieron desalojar a los vecinos que habitan allí.

Portaban una orden del juez Ángel Cardozo, del Tribunal Penal Nº 1, la cual había sido solicitada, gestionada y obtenida por quien arguye ser el propietario de las tierras, José Luis Bertoli, cuyos certificados son dudosos. Pero, por lo que se ve, la Justicia ante la duda eligió la propiedad antes que el derecho humano de tener una vivienda.

El PC y la FJC se hicieron presentes en el predio en conflicto no bien fueron anoticiados de la presencia policial, lo cual se dio en horas del amanecer. Acudieron inmediatamente y se presentaron en compañía del diputado provincial por el Partido Agrario y Social, Martín Sereno.

Los vecinos ya habían sido avisados, en modo de solapada amenaza, el día anterior al operativo y por parte de miembros de la misma policía que lo iría a realizar. También por parte de una funcionaria de tierras del municipio de Garupá. Pero como tenían derecho y registros del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), permanecieron en sus hogares en confianza del buen juicio de la Justicia, que al final falló en su contra.

En la mañana del jueves, una vez apostadas las fuerzas policiales para concretar la orden de desalojo, los representantes comunistas y el diputado Sereno hablaron con los uniformados. Plantearon los derechos de los habitantes del barrio y hasta lograron la asistencia del ministerio provincial de Derechos Humanos. Pero los oficiales iniciaron el desalojo y hubo en ese trance forcejeos, empujones y hasta golpes.

La presencia de la Fede

Allí estuvo también Nicolás Acosta, secretario de organización de la FJC misionera y asesor del diputado Sereno. Acosta comentó: “les habíamos avisado que si ellos empezaban con el desalojo nosotros íbamos a resistir y que no les íbamos a permitir que avance el desalojo a todas estas familias”.

Recordó que en esa circunstancia los militantes presentes se sumaron a los habitantes del barrio para proteger las casas a derribar, abrazándolas. “Querían patearlas, ya que son casas precarias, de madera”, memoró. “Se dieron cuenta de que si querían seguir con el desalojo nos iban a tener que llevar a todos presos y, la verdad, era una pueblada importante”, añadió.

Esta acción, sumada a la pronta y efectiva difusión del conflicto en las redes y medios locales de comunicación, evitó que el desalojo violento se continuara perpetrando. Sin embargo, Acosta enfatizó que antes “al diputado lo tomaron de cuello” y “lo cagaron a bifes y a mí también”.

“Esto sirvió para que el juez nos oiga”, expresó después y enfatizó: “vamos a volver al barrio”. En tanto, se espera que las acciones judiciales prosigan mientras la militancia y los habitantes del barrio Horacio Quiroga reúnen todos los certificados del Renabap de los que disponen.

¿Y usted, de qué lado está?25.4.2018

Adentro y afuera

Desde las bancadas opositoras, Diputados vuelve a insistir con proyectos tendientes a paliar el impacto del tarifazo. En las narices del Congreso, una multitud hace fila para poder comer un poco de pan y los docentes marchan ante una nueva burla de la gobernadora Vidal.

Al cierre de esta edición y pese a un nuevo intento de Cambiemos por impedirlo, Diputados debatía proyectos que desde la oposición y con diferentes grados de profundidad, pretenden actuar sobre el tarifazo crónico desatado por el Gobierno. En este contexto, la bancada oficialista ya comenzaba a imponer su número para rechazar las 29 iniciativas provenientes de diferentes bloques.

Es que, en cualquiera de los casos, para que algún proyecto prospere, debería reunir los dos tercios de las voluntades de la Cámara Baja, algo que con la composición que devino de las parlamentarias de octubre de 2017, está muy lejos de poder convertirse en realidad.

Pero mientras adentro del Congreso se garantizaba el blindaje a una de las medidas que es pilar de la transferencia regresiva de riquezas que se perpetra desde diciembre de 2015, afuera volvían a aparecer índices que hablan de una realidad diferente.

Nuevamente un “azo” hizo que se congregara una multitud. Esta vez fue el Panazo con el que panaderos de la zona oeste del Gran Buenos Aires, buscan visibilizar la situación límite que atraviesa el sector, como consecuencia de la infernal suba de tarifas de gas y electricidad. Y, tal como ocurrió antes con los verdurazos, bananazo y frutazos, otra vez fueron cientos las personas que hicieron fila desde muy temprano y durante horas para llevarse un poco de comida que, en este caso, fue medio kilo de pan que allí se regalaba.

Queda claro que el hambre es una realidad, que se ve más fácil si se está afuera que adentro de un recinto en cuyas bancas se sientan algunos a los que ni siquiera les importa, pero también otros para los que quienes la padecen son sujetos propiciatorios para inmolar en el altar de la gobernabilidad.

Pero también, ahí afuera, estaban los maestros que, convocados por el Frente de Unidad Docente (FUD), se movilizaron hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. El espacio que agrupa a los cinco principales gremios docentes bonaerenses, pararon hoy y marcharon para protestar contra la nueva oferta salarial que realizó la gobernadora, María Eugenia Vidal, que -en la práctica- implica una menor recomposición que aquella que propuso en marzo.

Pero no sólo eso preocupa a los educadores. Ayer el Tribunal de Trabajo 4 de La Plata rechazó una cautelar que presentaron los sindicatos docentes para que el ejecutivo no aplique, a los maestros, descuentos salariales por días de paro.

¿Puede sorprender esta decisión de un tribunal de primera instancia? Difícil. Con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema acaba de sentar un peligroso precedente, ya que determinó que los contratos suscriptos “locación de servicio” -monotributistas- no constituyen trabajos en relación de dependencia aunque sean habituales. Algo que es demasiado parecido a uno de los puntos medulares del, por ahora, frustrado proyecto de reforma laboral que el gobierno enviara al Congreso.

Días atrás, la manito que el gobierno le dio a Carrefour abrió la tranquera para que, al unísono, el supermercadismo transnacional y aquel de capitales vernáculos -muy cercanos al gobierno- reclamara un trato similar al que se le prodigó a la multinacional francesa.

Ahora, esta decisión de los supremos, abre las puertas a que se inaugure un efecto cascada que puede permitir que, sin los traumas que puede ocasionar su paso por el Congreso, el tándem de poder instalado en La Rosada, avance en la naturalización de una nueva relación entre capital y trabajo, diferente a la que rige en Argentina desde mediados del siglo 20.

Queda claro entonces que, en esto del Estado Liberal Burgués, lo de la división de poderes a la que apela el republicanismo, es poco más que papel pintado y que, en tal caso, lo que grandilocuentemente llaman “Justicia”, no es otra cosa que una herramienta más puesta al servicio de los intereses que la clase capitalista pone a resguardo con este diseño en el que corporación y Estado son sólo dos caras de la misma moneda.

Hecha la Ley...

Mientras tanto, en La Rosada continúan confiando en que lo que pase adentro del Congreso, siga contribuyendo a desinflar aquello que afuera crece. El ejecutivo tiene buenos motivos para especular en tal sentido, porque cuando ya transita el camino del tercer cuarto de lo que espera sea la primera Presidencia Macri, sobran los dedos de una mano para contar las veces que algo sucedido en el recinto los haya incomodado.

Salvo honrosas excepciones, el gobierno sabe que tiene formas para disuadir a legisladores que son muy permeables a ser disuadidos. Una carta dorada son los gobernadores del PJ y fuerzas provinciales que, ahora, comienzan a darse cuenta que, como pasa en la novela negra, aquí también el crimen nunca paga.

Es que algunos que hace apenas cuatro meses mandaron a sus diputados y senadores a votar a libro cerrado el proyecto del ejecutivo que cercenó drásticamente el haber de cientos de miles de jubilados, personas que acceden al derecho de la AUH y ex combatientes de Malvinas, ahora sangran por la herida cuando advierten que la otra iniciativa del paquete -la reforma tributaria- era sólo una zanahoria que, en el mejor de los casos, alcanzó nada más que para que pudieran pagar aguinaldos. Pero el rojo sigue y, lo que es peor, gracias al gobierno amenaza con incrementarse.

Y esto es así porque después de mandar a los grises líderes parlamentarios de la UCR a explicar que el tarifazo sigue sí o sí, Mauricio Macri viajó a Vaca Muerta para filmar -con recursos estatales- un spot publicitario de campaña.

No es preciso explicar su contenido, porque la massmedia hegemónica lo propaló hasta el hartazgo y porque causa vergüenza ajena que hayan gastado tanto dinero, para decirle a millones de argentinos que se van a tener que morir de frío y que probablemente ni siquiera así logren pagar sus facturas.

Lo de Macri es terrible, pero lo de los gobernadores es patético ¿Acaso no sabían que caían en su propia trampa cuando en diciembre se prestaban a la jugarreta del gobierno? ¿Recién ahora se acuerdan los mandatarios de provincias como Santa Fe y Córdoba de que es preciso bajar el IVA? Aproximadamente un tercio de las provincias casi no tiene impuestos adicionales que incidan sobre el precio de los servicios en cuestión. Otro tercio los tiene, pero su impacto es ínfimo, y el resto -las provincias más ricas- aporta al peso impositivo pero en porcentajes que, si se suprimen, tampoco moverán considerablemente el monto total que paga el usuario.

¿Entonces de qué habla el presidente? Como otras veces, Macri y en general el Gobierno Cambiemos le habla a un público ávido por escucharlo y, sobre todo, creerle.

Tanto que en todo este revoleo discursivo, quien aparece otra vez -será casualidad- como la benefactora de la sociedad es la gobernadora Vidal quien, ni lerda ni perezosa, se anticipó a recoger el guante que arrojó Macri y dijo que va a dar de baja dos tributos provinciales que ella misma estableció, pero que no tuvieron vigencia durante 2016 y 2017, porque así lo dispuso un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo, Luciano Savignano, al hacer lugar a un reclamo individual presentado en Pergamino del que se hiciera eco la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Como se ve, el anuncio de Vidal ni siquiera vale el papel en el que está escrito. Pero, de todos modos y a diferencia del resto de sus pares, si quiere ser generosa y subvencionar el consumo de -digamos- los sectores que están en peor estado de vulnerabilidad socioeconómica, la gobernadora bonaerense tiene con qué hacerlo.

Es que mientras el resto de los mandatarios provinciales debería estar -por estas horas- cuestionándose por qué firmaron con tanta ligereza el Consenso Fiscal que llevó a la reforma tributaria y previsional, Vidal sigue teniendo motivos para celebrarlo, ya que le permitió embolsar cuarenta mil millones para este año y otros 65 mil millones para 2019.

Un regalo para que utilice indiscriminadamente y con fines electorales, entre los que la obra pública estará al orden del día.

Y si de obra pública se habla, alguien que sabe de esto como pocos es el ahora presidente Macri, quien desde muy joven vio de adentro del grupo Socma, como la fortuna familiar se multiplicaba exponencialmente mamando de la teta del Estado, gracias a la obra pública y a la dictadura con la que fue algo más que complaciente.

Esto nunca cambió: desde Alfonsín a Cristina Fernández, la familia Macri estuvo anotada en el top five de la otorgación de obra pública ¿Entonces por qué iba a cambiar ahora cuando además del tradicional poder de lobby tienen la mismísima Presidencia de la República?

Y es desde ahí de donde ahora le ponen fichas a un nuevo negocito que, desde adentro, el Congreso convirtió en Ley durante noviembre de 2016, cuando el oficialismo todavía era minoría.

La Ley de Asociación Público-Privada es otro de los aportes que hizo Luis Caputo, en este caso asociado al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, que son quienes se adjudican la autoría de este proyecto sobre el que bien podría reclamar copyright la propia Margaret Thatcher.

¿Pero de qué irá esto de la Asociación Público-Privada? La clave es un diseño basado en la asociación de empresas para la realización de obra pública a partir de una construcción de redes que asume la gestión de las obras, pero también la adquisición de insumos, subcontratación de servicios y endeudamiento exterior.

El que paga es el Estado, pero como lo hace por medio de privados, no figura como gasto ni como deuda pública y, por lo tanto, no se imputa como parte del déficit fiscal que atormenta al gobierno que, de todos modos, va a tener que emitir título sobre título de deuda para pagar al adjudicatario de la obra.

Como se ve, un negocito financiero redondo para los intermediarios/funcionarios que lo promueven y para sus empresas amigas, así como para el Gobierno Cambiemos que de esta forma va a poder dibujar los números del déficit y de la deuda, mientras Macri y Vidal cortan cinta tras cinta en un año electoral.

Y es aquí, entonces, donde vuelve a hacerse necesario reflexionar sobre el adentro y el afuera, el que recorre las calles con banderas de resistencia y que, de cara al Día Internacional del Trabajador, tiene una excelente ocasión para plantearse que a esta altura de las cosas, la salida es pasar a la ofensiva, algo que debe traducirse en un plan de lucha convocado desde las organizaciones que agrupan al universo del trabajo, pero que sintetice a todo aquello que está agredido por el tándem de poder que ocupa La Rosada.

Millones de hectáreas en conflicto25.4.2018

Aumenta la pelea por la tierra

En el Día Internacional de la Lucha Campesina se realizaron marchas para conmemorar la muerte de 19 integrantes del Movimiento Sin Tierra, en Brasil.

“Crece la concentración de la tierra en forma alarmante”, advirtió el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raul Toto Galván, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina, en el que se llevaron a cabo diversas actividades convocadas por Vía Campesina, organización internacional que nuclea a agricultores de setenta países.

Vale recordar que esta jornada recuerda aquella del 17 de abril de 1996, cuando la policía brasileña disparó contra campesinos agrupados en el Movimiento Sin Tierra (MST) que reclamaban por el derecho a su territorio y asesinó a 19 personas e hirió a setenta.

Este año, se conmemoró en un marco poco auspicioso. Al menos nueve millones de hectáreas están en conflicto sólo en Argentina, donde múltiples organizaciones rurales se manifestaron para repudiar las políticas del gobierno nacional- y de los provinciales- que “sólo benefician a las grandes empresas”, pero también para alertar sobre el vaciamiento de áreas del Estado dedicadas a la agricultura familiar.

“Este día estamos de pie y en lucha”, explicó Miriam Samudio, de Productores Independientes de Piray (PIP) de Misiones, que hace catorce años enfrenta a la multinacional forestal Alto Paraná-Arauco y, en un caso inédito, logró que se le expropien seiscientas hectáreas.

Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que “alzamos nuestras voces en defensa de la tierra y de la vida campesina”, pero también “para reivindicar trabajo digno y producción de alimentos sanos”.

Hectáreas en conflicto

Al respecto, Galván quien también es secretario adjunto de la CTA-Chaco, expresó su preocupación. “En todas las provincias hay conflicto, debido a una mayor concentración de la tierra donde se expulsa a los campesinos, mientras que las grandes empresas acumulan más terrenos”, comentó y añadió que “a esta situación la habilitó la ley contra la extranjerización de la tierra que en realidad es a favor de eso, ya que amplía la posibilidad de las empresas extranjeras en tener más hectáreas”.

También fue contundente cuando recalcó que el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, es algo que se viene perpetrando desde la época de la última dictadura cívico-militar.

“Esto es una profundización de lo que fue antes y sigue ahora, es algo que comenzó allá por los años 70 y que, para acá, nunca se paró”, lamentó el dirigente campesino y remarcó que “ahora con el gobierno de Cambiemos se profundiza este modelo de concentración de las tierras y empresarización del campo que va en detrimento de los miles de campesinos a los que les corresponden estas hectáreas que aparecen en disputa”.

Tras lo que dijo que “muchos campesinos ocupan estos terrenos para defenderlos”, pero pese a esto “hay cada vez más desalojos” y reflexionó sobre el carácter regional de la movilización que tiene lugar por este tipo de reivindicaciones: “vamos a sacar una declaración conjunta de la agricultura familiar en Argentina, que va en sintonía con todo lo que se está desarrollando, sobre todo, en Nuestra América”.

ASESINATO DE FACUNDO FERREIRA23.4.2018

Ese detalle de las drogas

Los estudios comprobaron que uno de los policías que dispararon por la espalda al niño tucumano tenía en la sangre restos de cocaína y de marihuana.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había manifestado que el hecho de que un agente policial disparara por la espalda a un mero sospechoso de haber delinquido no es más que un detalle. Habrá que preguntarle ahora, cuando el diagrama punitivista no deja de ser planteado a la sociedad como la solución a los problemas de la desigualdad, si también es un detalle que los asesinos policiales usen drogas.

Esto se hace necesario a la luz de la revelación (o no tanto) que significaran los estudios sobre la sangre de cada uno de los dos policías inculpados de asesinar con un disparo por la espalda el niño tucumano Facundo Ferreira. Estos análisis toxicológicos dieron positivo en cocaína y marihuana para uno de los uniformados, el cual negó haber usado la primera de las sustancias, aduciendo que, en realidad, había mascado hojas de coca.

Aunque no negara la utilización de marihuana, psicoactivo por el cual un policía suele no dudar en detener a un usuario sólo porque en este país es ilegal, la fiscal que actúa en la causa resolvió pedir nuevos análisis que establezcan, además, la cantidad de sustancias ingeridas por el agente.

El resultado de estos análisis sobre los presuntos asesinos de un niño (que recibió su disparo fatal en la nuca y desde una distancia no mayor de medio metro), promovió acciones aún por parte del Estado tucumano, que con respecto al caso hasta ahora no había hecho otra cosa que obrar con silencio o con someras justificaciones del accionar policial. Pero ahora las evidencias obligaron al secretario de Seguridad de Tucumán, Luis Ibáñez, a presentar la confirmación oficial de los resultados de los análisis toxicológicos y a anunciar que se sumariará al policía involucrado.

Aunque la policía, amparada por el propio gobierno nacional, insiste en que Ferreira murió al quedar en medio de un tiroteo entre maleantes y los efectivos involucrados, la autopsia determinó que la bala que le quitó la vida fue policial y que fue disparada a quemarropa. Por esto, familiares del niño de 12 años y organismos de derechos humanos insisten en que se trató de un caso de gatillo fácil.

Desborde

“Haría falta este tipo de exámenes con más frecuencia entre la policía”, dijo Juan José Petu Palacios, militante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre tucumana e integrante del PC local. Lo hizo para convalidar su afirmación: “es muy frecuente el uso de drogas y alcohol, especialmente en esos procedimientos”.

“Ya teníamos la sospecha de que la cosa pasaba por ahí porque alguna gente nos había contado de la conducta de la policía durante esa noche”, agregó y sostuvo: “yo, personalmente, un par de veces que he tenido problemas con la policía, lo pude constatar”. “Estos tipos necesitan de eso para llegar a los extremos que llegan”, adujo después.

También consideró que el uso de estupefacientes “no es para nada un atenuante” en los cargos que se imputan a los asesinos de Ferreira y opinó: “no sé cuál es la excusa que pueden usar para justificar una situación así”.

“Acá la cosa está desbordada”, sostuvo Palacios y consideró: “por el trabajo que venimos haciendo en los barrios de Tucumán a esto lo vemos desde antes”. Observó que en los años previos al macrismo en el gobierno nacional “era menos agresiva la cuestión” y que “en estos dos últimos años los tipos están directamente desbordados”.

“Todo el mundo sabe que no sólo la usan sino que la venden”, señaló en referencia a la droga y denunció que los policías “son los que protegen a los vendedores de droga en los barrios”. “La complicidad de la policía con los narcotraficantes ya es harto conocida”, añadió.

Asimismo, manifestó que el tejido social tucumano en estos días es “caótico” y “dramático”. “Se está viendo el cambio”, ironizó, aunque imputó que la situación es la misma a la de otras provincias pese a que en Tucumán no gobierna el macrismo. En ese sentido, dijo: “este mismo grupo político está adhiriendo de forma categórica a la política nacional que ahora está imperando”.

MAR DEL PLATA23.4.2018

Atacando a la prensa

Con orden judicial, un grupo armado de la policía allanó una radio opositora violentamente, llevándose después los medios necesarios para la emisión.

Referentes nazis emitiendo sus opiniones en medios de comunicación y juzgados. Soldaditos nazis en las calles golpeando a homosexuales, mujeres y militantes del campo popular. Un intendente acusando a las mujeres, que no barren, de tener sucia la ciudad como si esa no fuera su responsabilidad como primera figura del Ejecutivo local. Mar del Plata está así y cabe pensar si sigue siendo, luego de una de las peores temporadas veraniegas de sus muchos años turísticos, la consabida “Ciudad Feliz”.

A todo este combo se debe sumar la cabal agresión a la libertad de prensa perpetrada por el grupo GEO merced a una orden judicial contra la modesta, pero muy escuchada, emisora FM QSL 92.3, la cual fue allanada mediante un violento operativo realizado cuando se emitía un popular programa opositor a los gobiernos local, provincial y nacional de Cambiemos.

El programa en cuestión es “La razón que me demora”, conducido por Cachacho Pascual, conocido en Mar del Plata por sus posiciones abiertamente contrarias al intendente Carlos Arroyo. Mientras el programa estaba al aire, irrumpieron los efectivos armados con armas largas, violentando a todos los presentes en la radio y llevando (¿o debiéramos decir “robando”?) consolas, computadoras y otros valiosos elementos para la emisora.

El PC de Mar del Plata condenó el accionar judicial y policial como una “violación a la libertad de prensa” y no dudó en llamarla, en un comunicado, “ataque”. Además, caracterizó a la Justicia marplatense como “adicta al poder” y destacó que el de Pascual es un “programa que evidentemente molesta al poder por su contenido”.

“Exigimos se le reintegren inmediatamente los bienes usurpados en el momento de la irrupción”, pidieron, además, los comunistas públicamente y enfatizaron: “con esta acción del gobierno y la Justicia, quedan sin trabajo 40 familias”.

Ataque a la prensa compañera

Marcelo Ulloa, integrante de la conducción del PC marplatense no trepidó en decir que lo ocurrido “está a tono con lo que esta sucediendo en el resto del país”. “Vemos esto como una cuestión política y persecución al programa de Cachacho Pascual porque él es muy crítico de gobierno y dice cosas que no gustan”, agregó.

También aseveró que el programa “es muy escuchado” y tiene “más de 10 mil oyentes, lejos”. “Les llevaron todos los instrumentos, las consolas, las computadoras y les cerraron a la radio” remarcó. Además, puntualizó que la orden judicial de allanamiento se debió a una aparente usurpación de frecuencia. Al respecto, Ulloa comentó: “en Mar del Plata hay 117 radios, están todas en la misma situación y a la única que allanaron fue a esta”.

“Si se llegaba a implementar la ley de medios quizá esto no hubiese ocurrido”, observó el militante. Por otro lado, resaltó: “entraron a la casa de la madre de la dueña, la asustaron con las armas de forma violenta”. Añadió: “estaba el programa al aire y estaban hablando de la función del Estado y de dónde debe estar el Estado”.

“En esos momentos dijo el conductor, Cachacho Pascual, ‘casualmente acá esta el Estado, nos vinieron con una orden de allanamiento’ y en ese momento se cortó la transmisión y desde ese momento no volvió a salir al aire la radio”, informó Ulloa, quien enfatizó: “al otro día de haber ocurrido el hecho, Cachacho Pascual fue invitado aparticipar de la reunión de la célula del puerto del PC”.

Luego opinó: “la dueña de la radio dudaba de si era un tema político, pero ya no es el primer caso a nivel nacional con las cosas que están pasando, o sea de voces opositoras que acallan, como la de Víctor Hugo o la de Navarro”. “Estamos en una ciudad de un fascista como lo es Arroyo, que quiere callar todas las voces”, repuso.

“Es de un corte totalmente fascista y retrógrado el intendente que tenemos”, le sumó y recordó que en Mar del Plata “cuando falleció Fidel nos llevaron presos por pintar una pared”.

TARIFAZO FEDERAL20.4.2018

Ruidazo y Marcha de Velas ante los aumentos

El secretario adjunto de la CTA-Chaco habló sobre la situación crítica que vive el campesinado de la provincia y reflexionó sobre las marchas de la semana en el país.

“La gente está en una situación insoportable y ya no queda más opción que salir a la calle a manifestarse”, dijo Raúl Toto Galván, coordinador de la Unión Campesinos Poriajhú y secretario adjunto de la CTA de Chaco, al referirse a las perspectivas abiertas tras el Ruidazo y la Marcha de las Velas en todo el país.

Durante dos días, todas las ciudades brindaron ruidos de cacerolas y bocinas en protesta contra los aumentos de tarifas perpetrados por el gobierno de Cambiemos, que anunció un nuevo incremento del precio de los servicios comunicado por Juan José Aranguren en marzo.

Bajo la cortina de “mayor esfuerzo para tener más energía”, el ministro y CEO de Shell sigue con la mayor transferencia de recursos de los trabajadores a los bolsillos de empresarios que se haya realizado en Argentina.

El incremento del gas fue de un 32 por ciento para las redes de hogar. Por su parte, el servicio de agua subirá un 26 por ciento a partir de mayo.

El campesinado también sufre

“Hoy una agricultura familiar no puede producir como antes. El incremento del gasoil y del maíz complica la situación”, señaló Toto y agregó que “en nuestra cooperativa pagábamos 600 pesos de luz y ahora vienen 3500, eso que estamos con empresas estatales, algo que hizo que el tarifazo no nos llegue muy fuerte, pero ya sabemos que en dos meses va a venir un aumento del 50 o 60 por ciento.

Respecto a la importancia de las movilizaciones de los últimos días, el miembro de la CTA remarcó que “es una lucha que tiene que ir en crecimiento pero tiene ir acompañada de un debate entre las organizaciones del campo popular para ir generando una alternativa real de poder para no volver a una mera propuesta electoral, dijo el chaqueño y resaltó: “En América Latina el Poder Judicial y los medios de comunicación hegemónicos están haciendo desastres. Todo comenzó con aquellos “golpes blandos” para desplazar a los gobiernos populares”.

Para cerrar, llamó a construir una propuesta de los trabajadores. “Tenemos que fortalecer al PC y la FJC para influir en la gestación de una alternativa que tenga en su horizonte crear poder popular”, propuso al respecto. Y adujo: “no alcanza con marchas, si no se construye se cae de vuelta en la acumulación política para otros sectores”.

 

CRISIS EDUCATIVA20.4.2018

¿Seguirán los centros de formación profesional?

Estos institutos en la provincia de Buenos Aires serán pasados desde Educación al ministerio bonaerense de Trabajo, lo que amenaza la perduración de muchos de ellos y a miles de trabajadores docentes.

Entre las políticas de achique del aparato educativo en la provincia de Buenos Aires hay una que no pasó desapercibida para los sectores docentes y sindicales en general más combativos. Se trata del pase de los Centros de Formación Profesional (CFP) desde la órbita de la cartera educativa a la del ministerio bonaerense de Trabajo.

Con grandes movilizaciones a fines del mes pasado y a comienzos de este, la situación fue denunciada como una seria amenaza para la perduración de algunas de las capacitaciones que estos establecimientos educativos brindan. Se trata de oficios que, al no ser solicitados por el aparato del mercado, podrían dejar de enseñarse en los CFP, lo que puede implicar la caída de 5 mil puestos docentes.

Vale destacar que estos trabajadores de la educación, que forman en oficios a personas a menudo mayores de edad e injustamente fuera del aparato productivo y del espectro educativo, se encuentran en situación laboral sumamente precaria, habiéndose caído la posibilidad de regular sus trabajos de acuerdo a las normas vigentes para el gremio docente. A esto se suma ahora la perspectiva de perder miles de puestos de trabajo.

Acciones

Al respecto, Ricardo Berardi, militante de la agrupación docente Aníbal Ponce, integrante de la lista Violeta en el Suteba y preceptor de un CFP de la CTA La Matanza, manifestó que “hay un ataque muy profundo en todo lo que tiene que ver con la educación tanto a nivel primario como secundario, de educación de adultos, de educación especial y de los programas para quienes no han podido terminar la escuela”. Le sumó que ya “se está llevando adelante un vaciamiento” de los CFP.

“Los instructores de los CFP somos provisionales, no podemos titularizar las horas, entonces todos los años tenemos de revalidar el cargo”, consideró y observó que en ese ámbito educativo “no hay estabilidad y la estabilidad depende de los alumnos inscriptos, por ejemplo si un año hay pocos estudiantes, te cierran el curso”. “Con el gobierno anterior teníamos prácticamente acordada la titularización”, agregó.

Recordó también que no todos los CFP son del Estado sino que los hay también dependientes de sindicatos, iglesias y centrales gremiales, como es el caso de los que dependen de la CTA. En ese sentido, puntualizó que, salvo para el caso de los creados y administrados por la CTA, también los centros que no son del Estado corren riesgo porque son de “organizaciones que apoyan las medidas del gobierno”.

Berardi, además, señaló que estos cambios afectan a los trabajadores porque, dijo, “dejamos de ser provisionales para ser monotributistas y deberíamos pasar a pagar 1500 pesos mensuales”. “Perderíamos antigüedad y los beneficios del Estatuto Docente; esto alcanza a cinco mil trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales están afiliados al Suteba, por lo que también es una forma de sacarle afiliados al Suteba”, repuso.

No dejó de considerar lo pernicioso del pase a la esfera de control del ministerio de Trabajo, que viene observando políticas tendientes a favorecer al mercado antes que a los intereses del Estado y del pueblo en si. “Para la economía liberal la educación es tomada no como un derecho sino como una mercancía, que se regirá con las lógicas del mercado”, dijo al respecto.

Informó después que la Violeta ya se encuentra realizando, en acción política contra este vaciamiento, asambleas en distintos CFP, aún en los que tienen direcciones que ya pactaron su silencio ante las acciones del gobierno. Esto significa que el organismo docente del PC, está trabajando con las bases laborales para evitar el achique.

Puntualizó sobre este punto que, sin embargo, “hay directores que sí acompañan, como la CTA, la Iglesia y también los municipales de La Matanza, que impulsan con mucha fuerza la lucha en contra de esta medida arbitraria”. “Queremos movilizar a los instructores y generar conciencia”, dijo finalmente.

Marcha de las Velas20.4.2018

Basta de tarifazos

Convocada por un importante arco de organizaciones, se llevó a cabo una fuerte movilización que exigió al ejecutivo nacional que retrotraiga el cuadro tarifario a diciembre de 2017 y congele estos precios durante un año.

La de anoche fue una movilización contundente que, junto con el Ruidazo que tuvo lugar un día antes, constituyó una expresión de protesta que también señala que el camino de la unidad en la acción y la consecuencia con las demandas, debe confluir, necesaria y rápidamente, en la construcción de un plan de lucha que incluya a todos los sectores agredidos por las decisiones que toma el tándem de poder que se instaló en La Rosada en diciembre de 2015.

La Marcha de las Velas contra el tarifazo fue convocada por un amplio espectro de multisectoriales, organizaciones sindicales y sociales, clubes de barrio, Cooperativas, pymes y empresas recuperadas, organismos de Derechos Humanos y partidos políticos, entre ellos, el PC, la Fede, el MTL y la Conat.

La movilización que unió la zona de Congreso con la del Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires, fue rica por su diversidad como por su volumen. Los manifestantes se encolumnaron detrás de una pancarta en la se leía la frase “Basta de tarifazos”. Ahí pudo verse, entre otros, al titular de Camioneros, Pablo Moyano, a los secretarios de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, el de Canillitas, Omar Plaini, Gustavo Vera, Daniel Catalano y la titular del gremio de actores, Alejandra Darín quien junto a su par, Lola Berthet, leyó el documento consensuado por los convocantes, en el que, entre otras cosas, se recalca que “esta política del Poder Ejecutivo, en lo referente a las tarifas de los servicios públicos, sumada a la liberación del precio de los combustibles, comportan un intencional desconocimiento del papel del Estado como garante del derecho de los usuarios”.

Algo que, hace hincapié la declaración, “sólo puede explicarse en la determinación gubernamental de favorecer a las empresas vinculadas a la oferta de los servicios”, por lo que se exige al ejecutivo nacional que retrotraiga el cuadro tarifario a diciembre de 2017 y congele estos precios durante un año.

Postura

La declaración también puntualiza que, “mientras en los hogares de los jubilados, de los cesanteados, en las casas de todas y todos los que viven de su trabajo y no del trabajo ajeno, tienen que elegir entre un plato de comida o pagar la luz, los Aranguren, los Caputo, los Dujovne y todos los que tienen sus capitales en las guaridas fiscales, suman ganancias y beneficios con cada aumento de tarifa”.

Pero, además, advierte que “no sólo quienes viven de su sueldo padecen esta política del tarifazo”, porque cooperativas, empresas recuperadas, así como pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios que generan el mayor número de mano de obra en nuestro país, “ya no pueden hacer frente a las facturas”.

Y, en esta dirección, recuerda que “el aumento desproporcionado del precio de los servicios, impacta directamente en la estructura de costos de estas unidades de capital nacional, pero también lo hace de modo indirecto en aquellos sectores con altos eslabonamientos productivos como cemento, químicas básicas, celulosa y papel, textil, etc., provocando un efecto cascada en toda la estructura productiva”.

Por lo que, junto con el reclamo de que se retrotraiga el cuadro tarifario y se congelen los precios de las tarifas de energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas por el plazo de un año, se demandó que el Estado impida que las empresas prestatarias de estos servicios, corten el suministro por falta de pago de las facturas correspondientes a los consumos de 2016 y 2017.

Asimismo, el documento pide que se establezca que no pueda haber más de un aumento anual en estos servicios, que ese incremento se haga siempre de manera escalonada, que nunca se pueda aplicar en detrimento de la tarifa social y de todo otro régimen especial de excepción destinado a consumidores y usuarios.

Pero también que el incremento “deba seguir, absolutamente siempre, criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, así como ser justo y accesible”.

Otro punto que exige es que el gobierno “cumpla de modo explícito e inexcusable lo sostenido por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente en lo referido a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, toda vez que los gastos relacionados con dicha vivienda -para el caso los vinculados al pago de servicios esenciales- sean conmensurados con los niveles de ingreso”.

Y finaliza destacando que “nos comprometemos a persistir en esta clase de legítimas medidas de protesta hasta tanto el gobierno nacional escuche la incesante y mayoritaria demanda ciudadana que lo interpela”, ya que “no dejaremos de resistir toda y cualquier intención de conculcar los más elementales derechos del pueblo trabajador”, tras lo que remarca que “para nosotros, la más amplia unidad de las organizaciones libres del pueblo es ésta: la que forjamos en las calles levantando bien alto nuestras banderas comunes. Y así seguiremos”.

Ahora, las boletas se pueden pagar en cuotas 20.4.2018

Cuando la angustia es negocio financiero

La dirigencia radical y su patético papel. Más tarifazo y un gobierno que ni se preocupa en ocultar su condición de clase, decidido a profundizar el crimen social que perpetra desde diciembre de 2015.

Con muy poco, casi nada, el tándem de poder instalado en La Rosada disciplinó el tibio cuestionamiento que durante el fin de semana sus socios radicales y panradicales amagaron sobre el impacto del tarifazo crónico. Pero también obligó a que sean dos de sus principales referentes, Alfredo Cornejo y Mario Negri, los que anuncien la ratificación de su política tarifaria y la posibilidad de que las boletas puedan pagarse en cuotas.

Es que para el ejecutivo, la solución a todo lo terrible que provoca el constante ajuste tarifario que perpetra en beneficio de integrantes de su propia banda -como Mindlin y Caputo-, no es otra cosa que armar un nuevo negocio para otro de los sectores de esa misma banda.

Porque, de acuerdo a este diseño, quienes no puedan pagar el monto completo de las tarifas de gas, podrán optar por hacerlo en tres cuotas, pero con interés. Y aquí es donde aparece, otra vez, uno de los jugadores fuertes del Modelo Cambiemos, ya que si hay cuotas hay financiamiento y, si hay financiamiento, hay negocio para la banca que -al menos- cobrará comisiones en un universo cautivo y que promete crecer cada vez más.

Pero la alternativa que propuso el gobierno es, además, poco realista. Un segmento importante de aquellos que no pueden pagar la boleta de servicios, corresponde a personas que desde hace rato -y como consecuencia del feroz ajuste- están sobreendeudadas.

El sobreendeudamiento familiar destinado a cubrir necesidades básicas como adquisición de remedios o alimentos, es una triste realidad que se verifica entre los sectores medios con el uso de tarjetas de crédito, pero que conforme se avanza hacia la periferia de la vulnerabilidad socioeconómica, aparece con mecanismos más informales, aunque no menos usurarios.

Y esto no es todo. Aquí se está hablando sólo de un precio de la economía, pero el tarifazo alcanza a todos los servicios y afecta indirectamente a una amplia gama de precios, sobre todo, dentro de los productos de la canasta básica.

De ahí que, más allá del paliativo que para alguien pudiera significar la posibilidad habilitada ayer, las facturas que hoy no se puedan pagar completas, se terminarán de pagar más adelante y, encima con intereses, por lo que se juntarán otras y así ad infinitum.

Entonces, el liderazgo radical que entró a La Rosada prometiendo que se prorratearía en cuotas el pago de las boletas de invierno, se pospondría un componente del aumento y se iba a anular cambios en la tarifa social, salió con la cola entre las patas y anunciando que la angustia de los que no pueden pagar sus tarifas, se convirtió en negocio financiero y que las restricciones en la tarifa social se paran, pero sólo por dos meses.

Así, el gobernador de Mendoza -y titular de la UCR- y el intendente de Córdoba, dos de los que aspiran a imponer a su partido en la próxima fórmula presidencial de Cambiemos, entraron presumiendo su papel de aliados de gobierno y salieron como simple mandadero para anunciar lo que ya habían decidido los que realmente mandan en Cambiemos.

Este el contexto en el que, cuando apenas habían transcurrido pocas horas de la bochornosa jornada vivida en Diputados y del contundente Ruidazo, tuvo lugar la Marcha de las Velas que anoche se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país. Una nueva movilización contundente que habla de la necesidad de transformar daros que, como este, expresan bronca y protesta, en un plan de lucha en cuya construcción converjan el universo del trabajo, organizaciones sociales y políticas, pero fundamentalmente, todo quien se sienta agredido por lo que representa el Proyecto Cambiemos.

Los números te condenan

Desde que Cambiemos ocupa La Rosada, el tarifazo perpetrado sólo en los casos de Edenor y Edesur, va del ochocientos al 2300 por ciento, al tiempo que si de lo que se habla es del registrado en el servicio de gas natural dentro de la zona Amba, la suba asciende a un rango que oscila del cuatrocientos al 920 por ciento.

Por eso no sorprende el terrible impacto que las tarifas tienen sobre el salario, tal como lo explica un reciente trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA) que señala que, cuando Mauricio Macri se convirtió en presidente, el pago de tarifas representaba el 2,7 por ciento del total de los salarios y, ahora, el 14,5.

Estos datos dan cuenta de lo alarmante de la situación, pero sólo contemplan servicios residenciales de electricidad y gas, pero lo que la cosa se profundiza más aún si se suman otros como agua y transporte, por citar algunos de los que también horadan el bolsillo de los asalariados.

De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, de 2015 a 2017, la tarifa de agua creció 338 por ciento, porcentaje que se va a incrementar cuando, desde el mes venidero, aumente entre 26 y 68 por ciento lo que se cobra por el servicio que presta AySA.

Pero la cosa no acaba aquí. Como sigue el programa de retiro de subsidios, continuarán los aumentos durante todo 2018, que todavía tiene reservada otra suba en la tarifa de gas para octubre, además de la que el mes próximo se va a registrar en subtes.

Para junio le toca el turno al servicio de ferrocarril y colectivos que acaban de tener un aumento, mientras que durante agosto vuelve la suba en la tarifa de electricidad.

Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda es elocuente al respecto cuando recalca que, en promedio, durante 2018 el gas va a aumentar alrededor de 36 por ciento, el agua cuarenta y la electricidad podría 56 por ciento.

Así las cosas, el panorama se completa con un dato que proviene de fuentes del propio espacio gobernante. De acuerdo al IPC de la Ciudad de Buenos Aires, desde que comenzó la presidencia Macri, las tarifas crecieron muy por encima de lo que subieron en términos nominales los salarios registrados del sector privado y lo mismo explica el IPC de Córdoba. Cuando se compara el incremento tarifario con los salarios del sector informal de la economía la cosa es todavía peor.

Con este telón de fondo el gobierno ratificó ayer su política tarifaria. Y lo hizo volviendo a invocar la necesidad de achicar el déficit fiscal que incrementó cuando retiró impuestos a sectores que como la minería y el agronegocio, que están entre los escasos grandes ganadores de estos dos años.

Así, el agujero que provoca la quita de retenciones -entre otras medidas gubernamentales- se intenta tapar con un recorte de subsidios que, como medida de gobierno hace rato que entró en una fase inhumana. Pero que además es mentirosa, ya que el dinero que el Estado no utiliza para subsidiar por medio de las tarifas al consumo interno y la producción, lo drena por la cloaca del pago de intereses de la deuda que el propio Staff Cambiemos se encarga de seguir tomando en condiciones ridículas, pero que benefician a varios de sus integrantes y socios de clase.

Ese drenaje se produce, también, por otra cloaca. La fuga de capitales que el propio ejecutivo propicia, según datos suministrados por el Banco Central y sólo en concepto de ahorro dentro del sector privado, se colocó en marzo en 2.464 millones de dólares, lo que acumula 6.931 millones para el primer trimestre y 24.283 millones durante el último año.

Pero cuando se revisa la fuga bruta que el sector privado perpetró por este concepto, se advierte que en marzo fueron 4.577 millones, casi trece mil millones para los primeros tres meses de 2018 y 50.825 millones durante el último año. Y, desde que Macri es presidente la fuga neta ascendió a 41.054 millones de dólares y la bruta a 91.693 millones, cifra llamativamente similar a lo que se corresponde con la deuda externa tomada durante el mismo período.

Entonces, cuando usted esté pagando la próxima tarifa con el nuevo aumento, también va a estar contribuyendo a que algunos -poquitos- hagan una buena diferencia con este negocio que favorece el Gobierno Cambiemos.

¿Hay algo de casualidad en esto? Para nada, esto no es otra cosa –hay que repetirlo- que la esencia del Estado Liberal Burgués en una de sus expresiones más puras, aquella que se explica por el insoslayable carácter simbiótico que posee con la corporación. Es decir, esto es capitalismo.

 

Empresarios con la camiseta puesta 19.4.2018

Apyme también marcha

El tarifazo “no guardan relación con los costos de las empresas energéticas” ni responde “a criterios de gradualidad ni de equidad y recae con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables, los trabajadores, clases medias y pymes”, señaló la entidad.

Uno de los sectores más agredidos por el tarifazo es el que agrupa a la pequeña y mediana industria que, además, se encuentra en medio de una tormenta perfecta como consecuencia de la apertura indiscriminada de las exportaciones y la retracción que la caída salarial provoca en el consumo.

Por eso no sorprende que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) diga presente en la Marcha de las Velas que, hoy jueves, va a unir el Congreso con el Obelisco, en una convocatoria que comparte, entre otros, con las dos CTA, Camioneros, Canillitas, empresas recuperadas, clubes de barrio y multisectoriales, como también movimientos sociales y partidos políticos.

Al respecto, su gerente Roberto Ratti Merchante, remarcó que el sector pyme “está siendo gravemente perjudicado por los desmesurados aumentos en tarifas energéticas, que se suman a los incrementos en combustibles, transportes, peajes e insumos para la producción” y que, como las pymes no pueden descargar estos aumentos en un mercado interno deprimido, disminuyen su rentabilidad, subsisten o cierran.

Asimismo, por medio de una declaración que firmaron su titular y secretario, Eduardo Fernández y Juan José Sisca, Apyme recalcó que el tarifazo “no guardan relación con los costos de las empresas energéticas” pero tampoco responde “a criterios de gradualidad ni de equidad” y, por el contrario, “recaen con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables, los trabajadores, clases medias y pymes”.

Efecto negativo

Las pyme padecen un doble efecto negativo, remarcó Apyme y explicó que “ven aumentar de modo exponencial sus costos y no pueden descargar estos aumentos en los precios del mercado interno, deprimido por el proceso inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo”.

Tras lo que denunció que “las autoridades nacionales siguen pretendiendo atacar la inflación por medio de altas tasas y el ingreso irrestricto de mercaderías al país”, algo que trae como resultado “una economía especulativa, extractivo y de servicios, donde la industria nacional tiende a desaparecer y las economías regionales se deterioran día a día”.

Y con claridad hizo hincapié en que, en este contexto, “sólo se benefician algunos rubros de grandes formadores de precios, con capacidad exportadora, que maximizan sus ganancias mediante la fuga de divisas hacia afuera del país, y hacia adentro, la remarcación abusiva”.

Mientras el gobierno aplica la Fase 319.4.2018

Miles de velas encienden la esperanza

Al cierre de esta edición La Rosada anunció que no retrocede con los aumentos tarifarios y apenas accede a que se financie la factura de gas, pero con intereses. Así confirma el nuevo capítulo del tarifazo que, ayer, tuvo su respuesta en un contundente Ruidazo que sigue hoy con la Marcha de las Velas.

¿Si pudo hacerlo durante 2016 y 2017 por qué no podrá hacerlo ahora? La pregunta se vuelve afirmación cuando recorre los pasillos de La Rosada donde, hoy mismo, se ponía en marcha la Fase 3 del plan pergeñado para intentar descomprimir la bronca que desató el más reciente capítulo del tarifazo crónico que, desde diciembre de 2017, perpetra el Gobierno Cambiemos.

El puntapié inicial lo dio pocos días atrás la diputada Elisa Carrió, quien desde tapas y aire de las propaladoras de la massmedia hegemónica, le contó a quien quiera creerle que -¡recién ahora!- está preocupada por el impacto que provoca el diseño tarifario elegido por el gobierno que ella misma integra.

Por su parte, lerdos y perezosos –contra algunas cosas ni el Cambio pudo-, los radicales salieron un ratito de la Matrix en que habitan desde hace varios años y se hicieron eco de las palabras de su ex correligionaria y actual socia.

Entonces se puso en movimiento la Fase 2 que tuvo como escenario el Congreso de la Nación donde, además del patético espectáculo que brindaron Alfredo Olmedo y Nicolás Massot, quedó claro que el ejecutivo mantiene intacta su capacidad para apretar a gobernadores que no son de su propio espacio. Cambiemos no dio quorum, pero los 120 diputados que hubieran alcanzado para sesionar no se lograron porque las bancadas opositoras, desde el FpV hasta aquellas que responden a mandatarios provinciales, no garantizaron el número.

Entonces se activó la Fase 3 con la convocatoria que, para hoy jueves, hizo el jefe de Gabinete, Marcos Peña a los jefes parlamentarios de Cambiemos, después de que Carrió los volviera a primerear cuando por redes sociales anticipó que el gobierno aceptaba “abrir una instancia de negociación”.

En una jornada en la que, con los ecos del Ruidazo aún retumbando comienzan a encenderse las velas de la movilización de esta noche, la respuesta de La Rosada fue no retroceder con los aumentos tarifarios, ya que apenas accedió a que se financie la factura de gas, pero con intereses.

Esta es la opción con las que el gobierno sueña dinamitar el frágil espacio de acuerdo que permitió ir a la convocatoria de sesión especial que fracasó ayer en Diputados.

En La Rosada saben que esta misma fórmula funcionó, no hace mucho, cuando destrabó parte del paquete que se propuso que el Congreso votara favorablemente en diciembre, incluso la norma que cercenó de forma terrible el haber de los jubilados ¿Si funcionó entonces, por qué no habría de resultar ahora?

Una vieja comedia

Pero lo importante de esta comedia, es que Cambiemos tuvo que montarla porque, en su propia médula, el Ruidazo y la Marcha de las Velas, le provocan bastante ruido.

Es que para un gobierno que hace todo desde una clara identificación de clase y a partir de una concepción fuertemente ideológica, en algunos casos, lo simbólico cuenta más que lo concreto, sobre todo cuando piensa que para seguir en La Rosada, precisa votos y que es difícil conseguirlos cuando constantemente se le está metiendo la mano en el bolsillo al electorado propio.

Entonces, apela a la vieja fórmula y apunta a satisfacer la perversa e irracional voracidad de un público propio, que tiene un componente fuerte entre sectores medios, cuyo sentido común le señala que vale la pena conformarse con poco o nada con tal de que a otros les vaya peor. Queda claro quiénes son esos otros.

El tarifazo crónico es un ejemplo claro del carácter simbiótico existente entre el Estado Liberal Burgués y la corporación.

El ejecutivo sabe que las medidas que adopta están destinadas a favorecer directamente una feroz transferencia regresiva de riqueza y, si para muestra basta con un botón, ahí están Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, dos actores del propio corazón del Proyecto Cambiemos, que durante 2017 ganaron la friolera de 9.076 millones sólo con sus negocios en energéticas.

Pero reconocer esto sería mostrar las cartas, algo que quizás puede romper el hechizo que permitió que Mauricio Macri se convierta en presidente. Entonces, tal como lo acaba de recalcar el propio mandatario, es preferible echarle la culpa al déficit fiscal que –esto nunca lo reconocerán- es tan enorme como autoprovocado por un gobierno que emprende un programa de quita de impuestos a los que más tienen, tan vertiginoso como el de incremento de la carga que ya pesaba sobre los sectores económica y socialmente más vulnerables. El problema, para el Staff Cambiemos, es que en poco más de dos años –un verdadero récord- esta estrategia depredatoria comienza a horadar el bolsillo de sus propios votantes.

Esto tensiona la postura intransigente gubernamental a la hora de aceptar cualquier planteo –incluso el más leve- tendiente a modificar una política tarifaria que afecta al bolsillo cuando llega la boleta, pero también por la presión que ejerce sobre la cadena de formación de precios, que impacta en las góndolas, sobre todo, aquellas que nutren a la canasta básica que consumen los que menos tienen.

Pero el ejecutivo también sabe que, pese a todo, los números le siguen dando bien y está convencido de que con eso le alcanza para transitar el camino que queda hasta 2019, donde espera encontrar a una oposición fragmentada y macerada.

Esto es, un arco opositor incapaz de coordinar acciones consecuentes, porque desde su perspectiva, un Ruidazo y alguna marcha esporádica se pueden absorber, pero algo distinto sería un verdadero plan de lucha.

Por eso tanto empeño en seguir metiendo la cola en la interna de una CGT permeable a que esto suceda. Así, aunque la inflación ya se disparó hacia una perspectiva del 25 por ciento anual, algo que reconoce el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado que el Banco Central encarga a sus consultoras afines, continúan sumándose gremios que cierran por el quince y sin cláusula gatillo.

Esta es una ayuda que La Rosada encuentra no sólo entre los gremios que abiertamente adhieren al Proyecto Cambiemos encabezados por las 62 Organizaciones que lidera Ramón Ayala, el heredero de Gerónimo Venegas, sino también entre una sugestiva cantidad enrolada en una zona gris que puede hacer valer el peso de sus delegados de cara a la elección de la próxima conducción de la CGT.

Un día antes del Ruidazo, en una reunión que se llevó a cabo en la sede de la Asociación Obrera Textil, Luis Barrionuevo encabezó una reunión en la que participaron más de sesenta referentes de gremios enrolados en la CGT, algunos moyanistas, entre ellos Octavio Argüello, quien fuera diputado nacional y es dirigente camionero.

A menos de diez cuadras Independientes, Gordos y dirigentes de las 62, se dieron cita en la sede del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén en la que -entre otros- se vieron las caras el anfitrión, Guillermo Pereyra, Omar Viviani, Andrés Rodríguez, Oscar Mangone, los hermanos Daer, José Luis Lingeri, Sergio Sasia y Guillermo Moser.

Queda claro que si de algo no se habló en ambos encuentros, es de la construcción de un plan de lucha.

Ayer en Diputados quedó evidenciado que la voluntad del gobierno fue hacer caer la sesión y que, para lograrlo, hizo gala de las peores mañas. Lo de Massot y Olmedo será, en breve, parte de la lista de episodios bochornosos que recorren el anecdotario parlamentario.

Pero no fueron sólo los oficialistas los que miraron para otro lado. Las bancadas opositoras no pudieron reunir el quorum que les hubiera permitido sesionar, aunque no lograran los dos tercios para convertir cualquiera de los proyectos en ley.

Y en esto tuvieron mucho que ver los gobernadores que no pertenecen a Cambiemos. Algunos, salomónicamente, partieron sus bloques e instruyeron que algunos diputados se sentaran y otros evitaran estar en el Congreso.

Todo al mismo tiempo que radicales y panradicales se borraban, entre ellos la propia Carrió que venía de hacer un raid massmediático en el que intentó exhibirse como la adalid de la lucha contra el tarifazo. Hoy les llega su turno cuando, seguramente, tras la reunión convocada ayer por Peña, sacarán de la galera algún conejo y para anunciar medidas que maquille el tarifazo, que le sirva al gobierno para seguir surfeando una ola que, temen, podría desbordar.

Y si alguien necesita una muestra, ahí está el arreglo que impulsó -en diciembre- la propia Carrió cuando con su habitual y twitera grandilocuencia, hizo saber que estaba en contra de que la reforma jubilatoria saliera por decreto.

Ese día se levantó la sesión, algo que no impidió que afuera se siguiera reprimiendo brutalmente a quienes se manifestaban contra el robo que se perpetraba contra los trabajadores jubilados. El oficialismo ganó un par de días para abrochar los votos que precisaba, tras lo que anunció un bonito que ni siquiera sirvió para paliar la caída en el poder adquisitivo que implica la norma sancionada y la iniciativa se convirtió en Ley.

Entonces, más que inquirir por las motivaciones políticas e incluso por aquellas profundas y motivacionales que llevaron a diputados opositores a pegar el faltazo, resulta prudente preguntarse por qué con toda el agua que pasó bajo el puente, a dos años y cuatro meses de Gobierno Cambiemos, lo mejor que pueden ofrecer –salvo valorables casos- la oposición política y fundamentalmente las centrales sindicales, sea apoyo y solidaridad con la enorme cantidad de despedidos y alguna que otra movilización, tan esporádica que cuando se realiza la próxima ni siquiera queda claro cuál era el sentido explicito de la anterior.

Por eso, vale preguntarse por qué no se marcha hacia un verdadero plan de lucha construido a partir de una clara mirada estratégica y desde herramientas tácticas concretas, aptas para evitar que siga profundizándose el proceso abierto desde diciembre de 2015.

En menos de dos semanas, en coincidencia con el Día Internacional del Trabajador, sindicatos nucleados en la CGT y la Corriente Federal, las dos CTA, movimientos sociales y partidos políticos se convocarán en estadio de Ferrocarril Oeste, en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estará la Corriente Nacional Agustín Tosco y el MTL, junto al Partido Comunista y la Fede. Y será un momento propicio para que, desde un espacio de unidad en la acción, se pueda dar un paso adelante en la construcción de ese plan de lucha que ya no admite más demoras.

Resistencia y lucha que se construyen desde el pie19.4.2018

Multiplicar es la tarea

“Hablamos de tarifazos impagables para los trabajadores, pero también para el pequeño comerciante que, además, ve reducida su capacidad de venta por el ajuste que trae baja de consumo, algo que es un combo explosivo”, recalcó desde la CTA, Mario Micheli.

“Trabajamos para que las ciudades y los pueblos se puedan expresar contra los aumentos de tarifas que son totalmente impagables, hacen mucho daño en general y más todavía al bolsillo de los trabajadores y sectores desprotegidos”, dijo el titular de la CTA Cañuelas-Lobos, Mario Micheli, al celebrar el resultado que tuvo el Ruidazo que se llevó a cabo ayer en diferentes puntos del país.

Vale recordar que la iniciativa de la Red de Multisectoriales que tuvo el apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y políticas, clubes y pymes, estuvo avalado también por municipios del territorio bonaerense donde sus Concejos Deliberantes declararon la emergencia tarifaria, entre otros, Luján, Villa Gesell, 9 de Julio y San Antonio de Areco.

“Sin duda esto está llegando a una situación límite”, recalcó Micheli y recordó que “hay boletas de luz que superan el sueldo de un trabajador” algo que no dudó en calificar como “una absoluta locura”, tras lo que recordó que “además el servicio de estas empresas privatizadas es pésimo porque siguen todos los problemas de cortes que había durante el gobierno anterior”.

Y fue contundente cuando señaló que “todos los Concejos deberían definirse e incluso, a esta altura, se tendría que llamar a una rebeldía de pago”, ya que “hablamos de tarifazos ya impagables para los trabajadores, pero también para el pequeño comerciante que, además, ve reducida su capacidad de venta por el ajuste que trae baja de consumo, algo que es un combo explosivo”.

Preocupante y peligroso

El titular de la CTA Cañuelas-Lobos fue claro cuando recalcó que es preciso que no se naturalice el tarifazo al que definió como un componente de “la transferencia de recursos hacia los sectores multinacionales, como Edesur y Edenor”.

Tras lo que advirtió que el panorama económico que se presenta de cara a 2019 “es preocupante y peligroso, ya que el PBI está puesto al servicio de pagar deuda y tomar deuda, que vamos a pagar nosotros y más de cinco generaciones”.

Y recordó que “la deuda que tomó este gobierno significa más de 740 millones por día de pago de intereses, con lo que podríamos generar 180 jardines por día” a lo que se suma “la apertura a la importación indiscriminada, la transferencia de recursos a los sectores concentrados, la timba financiera y el tarifazo”.

Por lo que, anticipó que “debe esperarse un 2018 muy complicado, en donde día a día va a sufrir el poder adquisitivo de nuestras compañeras y compañeros”.

 

LEONARDO ROSALES18.4.2018

“O estás con el modelo o te amenazan y persiguen”

El secretario del Partido Comunista de Jujuy brindó en entrevista un detallado análisis de la delicada situación política por la que atraviesa su provincia.

—¿Cómo describirías la Jujuy actual?

Leonardo Rosales: —Ha pasado a ser una provincia ejecutora de la judicialización de la protesta social, pero con sus aristas más contundentes, dejando de lado la institucionalidad y el apego a las normas vigentes. Como venimos denunciando desde que asumió, la alianza Cambiemos llevó para adelante la utilización de la Justicia como forma de contactarse con los sectores opositores, llámense organizaciones sociales o clase obrera como movimientos estudiantes o partidos. Incluso un partido del sistema, como el PJ, viene siendo intervenido y siendo detenidos sus dirigentes sin justificación legal, desde el gobernador de la provincia en el mandato pasado, Eduardo Fellner, hasta funcionarios de segundas y terceras líneas.

—¿Cómo leés la detención de Fellner?

Es una estrategia de Cambiemos a nivel nacional, que viene a imponer una situación en la que o estás con el modelo o te amenazan y te persiguen. No hay lugar para medias tintas. Hasta sectores que aseguraron la gobernabilidad burguesa, como el que representó Fellner en los noventas, están siendo atacados. No quieren medias tintas. Desde Cambiemos quieren que todo el aparato opositor, que en teoría sería el peronismo, esté bajo el mandato de Cambiemos. Esta situación genera un circo en la provincia, en el que se sigue manteniendo la demonización de la década pasada, del gobierno kirchnerista. Al pueblo se le quiere mostrar que hubo casos de corrupción para desviar la situación de malestar que están generando los salarios bajos, la inflación, los tarifazos, la represión y la persecución de todo tipo y en todas las instancias.

—¿Cómo está estructurada la Justicia en la provincia para resultar, como resulta, el brazo más fuerte de la acción política oficialista y del establishment económico?

Desde el mismo momento en que asumió, Gerardo Morales llevó de cinco integrantes a nueve al Superior Tribunal de Justicia y votó una serie de modificaciones de segundo y tercer plano que garantizaron una cantidad de funcionarios que respondan, directamente, a las necesidades políticas del oficialismo. Gerardo Morales llegó a la gobernación financiado por la familia Blaquier, por lo tanto la impunidad de que goza Blaquier, el Ingenio Ledesma como sector económico clave en la provincia, se debe ya a una historia que la provincia arrastra desde la década del treinta. El ingenio siempre puso a los gobernadores y siempre el poder político se mantuvo con el aval de la empresa. Esto continúa y se va a profundizar si no somos capaces los sectores populares, el movimiento obrero y el estudiantil y otros sectores políticos, de enfrentarlo en unidad programática y real. Si esto no pasa nos van a llevar puestos a todos.

-¿En la provincia hay presencia del aparato de inteligencia yanqui?

Por el momento es solapada la presencia de agentes de inteligencia. Pero sabemos que toda la información, todo el manejo, se da por cuestiones ya geopolíticas o geoestratégicas, porque nuestra provincia es de frontera y en los noventas supo tener una respuesta contundente a las políticas neoliberales, en la calle. No es casual que el aparato represivo se sienta con la impunidad suficiente para llevar adelante represiones de todo tipo. O persecuciones como la que sufre un compañero en estos días, Santiago Hamud. No es casual todo esto y, sin bien no está presente de forma visible, sabemos que todo este aparato político represivo está instigado por sectores de inteligencia de allende las fronteras.

—¿Qué formas toma la represión en Jujuy?

Hay presiones de todo tipo. Desde la presencia de policías en asambleas de trabajadores hasta la de funcionarios dentro de esas mismas asambleas, intimando, amenazando a los trabajadores que expresen descontento. En las barriadas populares la policía también ha marcado una presencia con un matiz muy represivo, donde los casos de gatillo fácil y represión hacia los jóvenes pobres están presentes. Es un combo en el que desde el primer momento en que decidimos hacer un acampe con las organizaciones sociales, allá por diciembre del 2015, se ha ido profundizando sistemáticamente. Empezó con la detención de Milagro Sala y hay un sin fin de testimonios y de casos de compañeros de distintas organizaciones, gremiales, sociales y políticas, que vienen sufriendo desde presencia de personal civil cerca de sus casas hasta el armado de causas o amenazas telefónicas. Es un combo que tiene como idea la de atemorizar a todos aquellos que se animen a expresar cuestiones contrarias a la alianza Cambiemos en Jujuy.

—La burguesía suele accionar con más represión en tanto más se achica el aparato productivo. En Jujuy, donde se ve un fuerte crecimiento del aparato represivo, ¿se está achicando el aparato económico?

Sí. Recordemos que Jujuy, en un 92 por ciento, recibe los aportes para cubrir los sueldos desde fondos coparticipables. Cuando se van achicando los beneficios de las grandes empresas y las políticas del gobierno provincial son tendientes a resarcir esa situación a través de subsidios y excepciones, tienen que sacar esa plata de lo que iba destinado a sueldos para garantizar las ganancias de, en este caso, el Ingenio Ledesma o los tabacaleros, entregando el Ingenio La Esperanza a manos privadas bajo condiciones muy malas, dejando de lado a 338 familias, siendo poco claros los antecedentes de la empresa que viene a ofertar. Recordemos que Jujuy, como producción privada, tiene su fuerte en la actividad azucarera, la tabacalera y la minera. Esos sectores están fuertemente vinculados al Estado y son beneficiados a través de subsidios, de fondos especiales y políticas para garantizar su tasa de ganancias. Los que salimos perdiendo somos los de la clase obrera y todo el pueblo jujeño.

—¿Ese pueblo está organizando la salida?

Hay pequeños avances que se dieron en estos últimos tiempos, como la conformación de una mesa con el Frente Amplio Gremial, en el que convergen una veintena de sindicatos estatales y privados, y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles. Si bien no tenemos la fuerza suficiente para frenar en estos momentos el avance de las políticas de Gerardo Morales en la provincia, son pequeños avances de la necesaria unidad para enfrentar esto. Se están llevando puestos hasta partidos de la gobernabilidad burguesa, como el PJ.

—Si Jujuy es el laboratorio de ensayos represivos para toda la República Argentina, ¿puede ser Jujuy un ejemplo de las luchas en contra de eso?

En los noventas el pueblo de Jujuy dio muestras de que podía frenar en las calles a las políticas antipopulares y antiobreras. Tuvimos que hacernos una autocrítica las organizaciones populares porque faltó organización y conformación de alternativa política. Es válido enfrentar las políticas neoliberales en la calle, pero también tenemos que organizar una fuerza política de los trabajadores en la que converjan distintas identidades con una clara identidad de clase o, por lo menos, una discusión en la que se pongan los intereses de la clase obrera, primeros, sobre la mesa, independientemente de las distintas identidades. Queremos que haya una madurez de la experiencia de los noventas y podamos avanzar en ese sentido.

Ruidazo y Marcha de las Velas18.4.2018

Para que la protesta se haga oír

Hoy, el oficialismo frustró una sesión especial pedida para debatir dos proyectos tendientes a poner techo al tarifazo. Desde el PC, Mario Micheli, instó a “crear una alternativa que vincule la pelea callejera con la social y la pelea político-electoral” para enfrentar al gobierno.

Convocadas por las dos CTA, sindicatos agrupados en la CGT cercanos a Hugo Moyano, organizaciones sociales, multisectoriales y movimientos sociales, están previstas para hoy y mañana dos acciones tendientes a visibilizar la protesta contra el tarifazo crónico que desde hace dos años perpetra el Gobierno.

En este contexto, al cierre de esta edición se llevaba a cabo el Ruidazo Nacional y, para mañana a partir de la hora 19, está prevista la Marcha de las Velas que va a tener su epicentro de la Ciudad de Buenos Aires donde se va a movilizar desde el Congreso hacia el Obelisco, pero que también tendrá réplicas en diferentes puntos de todo el país.

Sobre estas jornadas, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, destacó la amplitud de la convocatoria y recordó que aunque la massmedia hegemónica evite reflejarlo “un conglomerado muy amplio convoca a una protesta social contra el tarifazo”.

Tras añadir que “ya hubo cortes en la Autopista esta semana, bloqueos espontáneos o semiespontáneos de calles y de rutas, porque la gente de los barrios no puede pagar los tarifazos”, recalcó que “nuestra convocatoria intenta unificar y sintetizar esto en dos acciones”.

El panorama de la jornada se completó, al menos hoy, con la convocatoria de diferentes bancadas de oposición que, en la Cámara de Diputados, intentó -en sesión especial- que se aprobara alguno de los proyectos que buscan poner algún tipo de freno a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.

Para que esto avance, necesitan juntar que -al menos- 120 diputados voten favorablemente alguna de las iniciativas, pero nada de eso prosperó porque la bancada de Cambiemos y sus aliados no dieron quorum. Mientras corría el reloj, su jefe, Nicolás Massot, espiaba el recinto escondido detrás de una cortina.

La sesión había sido pedida por el bloque del FpV-PJ que estuvo acompañado por el Movimiento Evita, el trotzkismo y los diputados que responden a los Rodríguez Saá. Se habían presentado dos proyectos, el propio del kirchnerismo y aquel que unificaron los legisladores massistas y de los justicialistas agrupados en el interbloque Argentina Federal.

Por su parte, después del show que durante el fin de semana brindó en diferentes diarios que la presentaron la nueva adalid de la lucha contra el tarifazo, Elisa Carrió no se sentó en su banca y prefirió el twit. “Mi recomendación es abrir una instancia de negociación entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, sobre la base de una eventual suspensión con toda la información requerida en nuestro proyecto y la interprelación de los representantes de la empresa y entes de control”, escribió para patear la pelota a la tribuna.

Y, poco antes de que sus legisladores frustraran la sesión, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó contra los diputados opositores a los que acusó de tener “una actitud demagógica horrible” porque “necesitan, política y humanamente, que esto (las políticas del ejecutivo) fracase”.

Después del 21

Así las cosas, la jornada de mañana va a ser la primera convocatoria a movilizar en forma conjunta que realizan los diferentes grupos sindicales críticos del gobierno, desde aquel ya lejano 21 de febrero.

A la luz de la situación extrema que para los trabajadores provoca el tarifazo crónico que, entre otras medidas, perpetra el Gobierno, la pregunta es por qué se realizan dos jornadas de protesta y no un paro general.

“Lamentablemente priman los intereses sectoriales y personales, pero también el afán de protagonismo que favorecieron que la llegada de un gobierno como el de Macri fuera posible”, reflexionó al respecto el titular de la CTA Cañuelas-Lobos, Mario Micheli y recalcó que “esta es una dificultad que persiste”.

En la misma dirección, lamentó que después de la marcha del 21 de febrero, “que sin duda fue multitudinaria, la propuesta de generar un nuevo espacio sindical, social y alternativo a la propia CGT burocratizada, prácticamente quedó en la nada y cada cual fue para su sector”.

Tras lo que reconoció que “tenemos mucha discusión en el campo popular sobre cómo encarar esta etapa y, lamentablemente, muchos piensan que hay 2019 pero desde una perspectiva estrictamente electoral”. Pero “nosotros decimos que si no se vincula la pelea social a la pelea política, no sólo no va a haber 2019, sino que 2019 va a ser el año en que la derecha se encamine a un nuevo gobierno”.

De ahí que “tenemos grandes desafíos, desde la izquierda y de todo el campo popular, para crear una alternativa que vincule la pelea callejera con la social y la pelea político-electoral que se va a librar el año que viene”.

PARA QUE JUZGUEN A UN JUEZ18.4.2018

Apurando a los jueces

La querella por la desaparición del ex gobernador salteño Miguel Ragone, exigió que se ponga la fecha para comenzar el juicio contra el juez que debía investigar el caso y, sin embargo, no hizo nada.

En la provincia de Salta, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (Emvj), una organización que vela por el normal transcurso de los juicios por crímenes de lesa humanidad, exigió que se fije fecha para el inicio del juicio al ex juez federal Ricardo Lona, al que se acusa de no realizar investigaciones por la desaparición y el secuestro de Miguel Ragone, que fuera gobernador de la provincia hasta la intervención decretada por María Estela Martínez de Perón.

Lona también debe investigar el homicidio del comerciante Santiago Catalino Arredes y el intento de asesinato de Margarita Martínez de Leal, que fueran testigos del secuestro de Ragone, realizado a sólo dos semanas del comienzo de la última dictadura y del consecuente genocidio.

El tribunal que debe juzgar a Lona ya está constituido, pero se ignora todavía la fecha en que deberá a dar comienzo a sus actuaciones, cuando ya han pasado más de cuatro décadas de los crímenes sobre los cuales Lona oportunamente debió aplicar Justicia y ante ello eligió hacer la plancha.

Estos jueces ya cuentan en el expediente con la exigencia de la organización de derechos humanos, realizada con el patrocinio de María José Castillo. “Estando constituido el tribunal y habiéndose resuelto todas las peticiones que hizo Lona en su momento, lo único que queda es realizar la audiencia” dijo la abogada.

Al respecto, Germán Lozano, referente de derechos humanos del PC salteño, apuntó que la iniciativa del Emvj está enmarcada en “una larga lucha que se está realizando por los organismos de derechos humanos de Salta”. Remarcó que este que Lona no investiga es “el primer juicio contra los responsables de la desaparición forzada y luego de la desaparición del doctor Ragone”.

“En el juicio se estableció que el Juez Lona no hizo absolutamente nada para investigar ni para tomar alguna medida para que esclarezca esta desaparición”, consideró y sostuvo que “en varios juicios más el doctor Lona no quiso investigar nada, no quiso ni tomar la denuncia”. Repuso: “estuvo siempre esquivando, haciéndose siempre el que no sabe nada, aunque a él le llegaban informes por medio de la policía federal”.

“Hace poco hizo una presentación porque no se encontraba bien como para presentarse al juicio, pero se estableció por todos lados que sí puede presenciar el juicio y responder”, observó Lozano en referencia al juez Lona. Añadió: “todos nosotros veríamos con agrado que se realice ya el juicio oral porque ya son muchos años de persecución, incluso contra los organismos de derechos humanos”.

LA RIOJA17.4.2018

Queda usted invitado, señor ministro

La AMP invitó formalmente al jefe provincial de la cartera Educativa para participar del VIII Congreso Popular e Internacional por la Educación Pública.

El viernes de la semana pasada, por iniciativa de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) de la provincia de La Rioja, el ministro provincial de Educación, Juan José Luna Corzo, tuvo un encuentro con representantes docentes. Fue para que los trabajadores le brindaran su invitación formal a participar del VIII Congreso Popular e Internacional en Defensa de la Educación Pública.

En el encuentro estuvieron integrantes de la dirección del combativo sindicato docente, el ministro y el asesor pedagógico de la AMP, Pablo Imen. Allí estuvo también Rogelio De Leonardi, secretario de la organización sindical y tras la reunión el alto funcionario provincial quedó invitado a participar de los debates del Congreso Popular, a desarrollarse los próximos 10 y 11 de agosto.

Acompañaron a De Leonardi lxs secretarixs Gremial, de Educación, Prensa y Derechos Humanos de la AMP, Nilda Chumbita, Ingrid Mercado, Ramón Ramos y María Elena Cabrera, respectivamente. También la vocal Neddy Argañaraz quien, junto a Imen, entregaron al ministro, la invitación formal para el Congreso.

Pablo Imen, será uno de los tantos disertantes del Congreso. Trabaja con la AMP desde el año 2002 y es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). También es especialista en Ciencias Sociales del Trabajo de la UBA y realizó estudios de maestría en Política y Gestión de la Educación en la Universidad Nacional de Luján. Es docente e investigador en la UBA y coordinador del departamento de Educación del centro Cultural de la Cooperación.

Orientado a la investigación de la política educativa y el trabajo docente, Imen es también investigador y autor de numerosos libros sobre educación. De hecho, durante el encuentro con Luna Corzo obsequió a este un libro de su autoría: La escuela pública tiene quien le escriba.

Durante la reunión, también se habló sobre los trabajos que se vienen realizando en la mesa de trabajo entre AMP y el ministerio provincial de Educación, sin omitir el tema salarial, que llevó a la última asamblea provincial de delegados de AMP a declarar, ante la negativa del gobierno nacional a abrir la paritaria nacional docente, la emergencia salarial, alimentaria-nutricional y laboral.

 

¡Libertad a todos los presos políticos!16.4.2018

Luis D´Elia en el Congreso

El dirigente del campo popular se hizo presente en el acto de apertura. Agradeció la solidaridad y redobló los esfuerzos en la lucha contra la derecha.

“A este congreso yo le asigno una importancia vital en lo que es la construcción del frente nacional, porque aporta una enorme capacidad política e ideológica” sostuvo Luis D´Elia luego de participar del acto inaugural del 14 Congreso. Allí expresó que “es fundamental poder debatir las maneras de enfrentar el plan cóndor dos en el continente”.

D´ Elia, quien hasta hace poco fue uno de los presos políticos del macrismo, sin pruebas de delito, aseguró que “el plan del imperio en el continente es perseguir, reprimir, practicar el fraude, ejercer condenas periodísticas a las cuales, jueces entrenados por los Estados Unidos como Sergio Moro en Brasil y Claudio Bonadio, transforman en condenas judiciales”.

Asimismo, dijo que su situación es incierta, y que en este contexto de represión y persecución política “todos corren peligro”.

Por último, recordó a Patricio Echegaray en el marco del congreso, ya que fue el mismo Patricio quien ayudó a la refundación de la Fede. “Un gran compañero, un gran amigo, un tipo con una enorme calidad política y humana, al cual yo le tenia un gran afecto personal y político”, aseguró Luis D’Elia.

Congreso Nacional de la FJC16.4.2018

Por la liberación y el socialismo

Los jóvenes comunistas cerraron su 14º congreso con toda la mística que caracteriza a la organización juvenil de 97 años de historia.

Los días 13, 14 y 15 de abril en la Ciudad de Buenos Aires se realizó el décimo cuarto Congreso Nacional de la Federación Juvenil Comunista, el destacamento de jóvenes del PCA que se encuentra al frente, junto a otras organizaciones juveniles del país, de la lucha contra las políticas de ajuste, entrega y represión del macrismo.

Este importante proceso congresal, vital para una organización revolucionaria como la Fede, fue un punto de partida para realizar balances, proyectar el trabajo militante y decidir, democráticamente, las principales líneas de acción de la juventud comunista.

En ese sentido, fue ratificado como Secretario General Ariel Elger. También se ratificó la necesidad de continuar el trabajo por la unidad del campo popular. Para ello “es indispensable elaborar un programa político y la juventud allí desempeña un rol fundamental”, explicó el flamante Secretario de la Fede.

La mayor instancia democrática de los jóvenes comunistas puso primera el viernes 13, en ATE Capital, con un escenario repleto de color y fervor revolucionario, donde múltiples delegados internacionales de juventudes comunistas fueron parte del panel de apertura.

Entre ellos, se destacó la presencia de la dirigente María Carolina, de la UJC de Brasil; Claudio Arbesún, de la juventud uruguaya; Marcela Sánchez, de la Juco de Colombia; Roman Koromenko de la Federación Rusa y enviados del Psuv y de la juventud comunista cubana, entre otros.

También fue de la partida una delegación del Comité Central del Partido. La misma estuvo encabezada por su Secretario General, el camarada Víctor Kot junto a miembros de la dirección.

La apertura dio lugar a dos momentos más que emocionantes. El primero fue la presencia del dirigente Luis Delia, preso político de la derecha en el país, quien recibió la libertad transitoria el último 24 de marzo y se hizo presente en la sede de ATE para agradecer la solidaridad de los comunistas. El segundo fue la entonación de la Internacional realizada por Teresita María González.

Tras el acto inaugural, llegó el momento de los debates en comisiones. Estas sesionaron durante todo el sábado; al final del día se pusieron en común las discusiones y se llegó a oportunos acuerdos que sentaron las bases para las resoluciones posteriores.

El epílogo del proceso congresal se dio el día domingo, donde se reformó el estatuto y se eligió por unanimidad al nuevo Comité Central y a su Secretario General.

Líneas de acción

El congreso inició los debates el sábado por la mañana, donde divididos en cinco comisiones, los delegados de todo el país expusieron sus perspectivas para desarrollar el trabajo en el seno del movimiento de masas. Delegaciones de todo el país realizaron un gran esfuerzo para venir y ser parte de las discusiones que determinaron el lineamiento político de la fuerza juvenil. Luego de más de cuatro horas de debate, en cada comisión se definieron propuestas concretas y aportes al documento previo. A grandes rasgos, en el direccionamiento para los principales espacios de construcción, los y las comunistas presentes coincidieron en el desarrollo de la Corriente Lohana Berkins en todos los regionales para abordar el movimiento de género.

En el aspecto sindical se acordó fortalecer el trabajo en la CTA, en Suteba y en cada uno de los espacios en los que se viene trabajando y que forman parte de la política de concentración de la fuerza.

En cuanto al territorio se coincidió en la necesidad de crear poder popular para romper con las relaciones asistencialistas en los barrios. Para ello, se interpretó que hay que fortalecer el papel del Movimiento Territorial Liberación, que puede ser articulado con el proyecto de educación popular de “Aula Vereda”, para afrontar problemáticas de los vecinos y generar una niñez feminista mediante talleres hacia los chicos del barrio.

También se destacó el rol de la Ladh en toda la política de Derechos Humanos con la presencia destacada de José Schulman e Iris Avellaneda.

En el plano cultural, se resaltó la importancia de articular con aquellos artistas que identifican al capitalismo como el enemigo, para ello, se evaluó como clave la confluencia entre centros culturales que contengan a los talleristas y artistas que se desempeñan en los mismos.

En cuanto a lo estudiantil se destacaron las experiencias del Movimiento Universitario de Izquierda y de la FJC. Se hizo énfasis en la necesidad de crecer entre los estudiantes secundarios, y se destacó la participación de los mismos en las tomas escolares de Capital Federal contra la reforma educativa.

Algo que fue tendencia en todas las comisiones fue el pedido de impulsar un evento regional de jóvenes comunistas como el Festival Internacional de Juventudes que tuvo cita en Rusia 2017. En ese mismo, la Fede fue parte del comité organizador y se llamó a construir una versión latinoamericana del mismo.

Unidad y Alegría

El cierre estuvo a cargo de Ariel Elger, quien se dirigió a los presentes con un discurso cargado de mística y de aliento.

“Somos nosotros los que vamos a cambiar la historia, vamos a hacer realidad todas nuestras ideas. Invito a cada militante a cumplir la tarea de hacer grande a esta organización y a unir voluntades del campo popular para transformar nuestra sociedad” dijo y agregó que: “vamos a luchar contra el imperialismo, el capitalismo y el patriarcado. Para construir el frente de liberación nacional y social y los sueños de nuestro presente y futuro”.

Respecto al desarrollo del Congreso, manifestó que “ha sido un congreso muy fraternal, de mucho debate y de profundos acuerdos que se han transformado en resoluciones de unanimidad, tanto en la propuesta programática como en las decisiones del nuevo Comité Central”.

Además remarcó la responsabilidad del nuevo Comité Central: “Ahora tenemos que llevar esta cohesión de cara a los movimientos de masas para organizar a la juventud para los desafíos que tenemos”. También resaltó la importancia de generar nuevas subjetividades que puedan transformar nuestra sociedad y que pongan un fin a esta injerencia del imperialismo actual.

Respecto a los debates, no dudó en señalar que “una fortaleza que se vio en todas las comisiones fue el gran aporte de nuestra política anti-patriarcal, la cual, estamos profundizando”.

El Congreso dejó ver una profunda y sentida relación con otras juventudes comunistas que “nos ayuda a una mejor lectura latinoamericana en este contexto neoliberal”.

El dirigente destacó que “los ejes que rigen nuestra práctica son unidad y alegría”. A pesar de los golpes y las adversidades, “seguimos sosteniendo la militancia tal como marca nuestra historia”.

14 Congreso de la Fede16.4.2018

Internacionalismo a flor de piel

Delegados de las juventudes comunistas de Cuba, Venezuela, Portugal, Uruguay, Brasil, Rusia, Paraguay y Colombia dijeron presente en la celebración del 14 Congreso de la Fede, confirmando una vez más el principio internacionalista que nos une.

Con los legados y ejemplos de las prácticas del Internacionalismo de Ernesto Che Guevara, Patricio Echegaray, Fanny Edelman, Marcelo Feito, en el marco del 14 congreso de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina, estuvieron presentes delegados de varias juventudes comunistas de Latinoamérica, de Rusia y Portugal.

Todas hicieron hincapié en la unidad del campo popular de cada país contra la avanzada del capitalismo y del imperio a nivel global, representado en las derechas neoliberales que hoy están azotando a los pueblos del continente y del mundo.

En una jornada nutrida de debate, lucha, y repudio, ya que el congreso se dio en un marco internacional que tuvo un nuevo ataque bélico llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en coalición con Francia y Reino Unido, al pueblo de Siria, los jóvenes comunistas una vez más reafirmaron su compromiso por un mundo mejor para las mayorías, la solidaridad y la paz.

“Es la oportunidad de discutir y entender el proceso argentino que se está viviendo hoy contra la restauración conservadora y neoliberal, y también de alguna forma intentar traer solidariamente las experiencias de nuestro país en esa lucha global que se expresa de forma particular en cada uno de nuestros países”, sostuvo Claudio Arbesún, Secretario nacional de Organización de la UJC (Unión de Jóvenes Comunistas) de Uruguay.

Por otro lado, la integrante del comité central de la Juco (Colombia) Marcela Sánchez remarcó que “la juventud tiene todo el papel para las transformaciones sociales” y que las tareas principales de las juventudes comunistas en el mundo son “reafirmar el compromiso revolucionario y dar una batalla cultural muy fuerte para derrumbar el capitalismo desde sus bases, y desde su ejercicio diario y cotidiano”.

También, Ever Enríquez de la Juventud Comunista de Paraguay, llamó a “trabajar por la unidad de los distintos movimientos y partidos dentro de los límites nacionales, y después pensar en un internacionalismo también en esa línea” y agregó que “no hay que dejar de lado los procesos de lucha que se vienen dando como el feminismo”.

Además, Maria Oliveira Santos, delegada de la UJC Brasil aseguró que “los jóvenes comunistas en todo el mundo, tienen el papel de estar al frente de los principales procesos de lucha y disputar la conciencia de los jóvenes que son hijos de la clase trabajadora, así como disputar los corazones y mentes de todos los jóvenes”.

Por último, Jennifer Mujica del Psuv remarcó que “el capitalismo ha llevado al mundo a un proceso incierto, lo único cierto es que la esperanza está en América Latina, no solo por sus recursos naturales sino por sus procesos políticos de liberación”, y aseguró que “Venezuela está más fuerte que nunca y que no descansará hasta no lograr la construcción de la patria grande”.

“Estamos listos para conducir la revolución”

Así lo confirmó el actual diplomático de la Embajada de Cuba, Leinier Espinosa, en el marco de lo que será el traspaso de la generación histórica de la revolución a las nuevas generaciones, cuya asamblea se hará este miércoles en el Palacio de Convenciones de la Habana, donde se renovará el parlamento de Cuba, y de donde saldrá el elegido que remplazara a Raúl Castro en la conducción de la revolución. “El proceso de traspaso empezó a darse hace mucho tiempo, y esta asamblea es la culminación de ese proceso”, sostuvo el delgado de Cuba.

Por otro lado, en referencia a su participación del congreso aseguró que “estos son los momentos para poder aportar y poder aprender, ya que la construcción de comunismo es colectiva”, y repuso: “durante los 60 años de revolución nosotros nunca hemos sentido la ausencia de la solidaridad de los compañeros comunistas argentinos”.

El internacionalismo cruza el océano

En el XIV Congreso de la FEDE se hicieron también presentes delegados de Rusia y Portugal.

Roman Koromenko, Secretario del Comité Central de la Juventud Comunista Leninista de la Federación Rusa, reflexionó acerca del rol de las juventudes comunistas en el mundo y dijo que “la lucha en contra del imperialismo, por la paz y el socialismo no puede ser considerada aisladamente de nuestros conceptos ideológicos y teóricos, de la esencia comunista en su movimiento, que es la vanguardia de esta lucha”.

Y concluyó: “muchos oportunistas afirman que las relaciones de producción y la sociedad industrial han ido a los archivos de la historia, nosotros les decimos en su mismo sentido, que es adonde va el capital, y la clase trabajadora será quien lo envíe”.

Por otro lado, Walter Cabral de la Juventud Comunista Portuguesa aseguró que “este congreso sirvió para reafirmar la lucha contra el imperialismo y el capitalismo, y que este es el camino en la lucha del poder popular, el socialismo y un mundo de paz”.

Por último, remarcó que las juventudes comunistas tienen que estar siempre donde se dispute el poder de las masas trabajadoras y la juventud.

PATRIOTISMO E INTERNACIONALISMO16.4.2018

La línea roja

Los secretarios del PC y la FJC, Víctor Kot y Ariel Elger respectivamente, destacaron la tarea del 14º Congreso de la Fede en generar acuerdos para aumentar la inserción en los movimientos de masas.

El viernes, horas antes de la apertura del 14º Congreso de la FJC en ATE Capital, hablamos con el secretario saliente de la organización juvenil comunista, Ariel Elger, y con el titular del PC, Víctor Kot. Ambos abordaron la necesidad de una Fede fuerte para los desafíos venideros.

Elger, aseguró que “la gran meta de este congreso tiene que ver con mejorar nuestro trabajo en el movimiento de masas, en ocupar mayores grados de representación y generar el conflicto social contra el gobierno Cambiemos, para erosionarlo y mejorar las condiciones de vida de los jóvenes”.

“Otro gran desafío es la unidad del movimiento juvenil patriótico, del movimiento juvenil anti-imperialista, anti-capitalista y anti-patriarcal”, repuso.

Además señaló la importancia de todos aquellos que aportaron a la organización diciendo: “cumplimos 97 años de historia de militantes que han dado su vida, su energía y sus sueños por hacer grande esta organización, para transformar la realidad de las personas de nuestro pueblo hacia la liberación de la Patria Grande”.

Para cerrar, habló sobre el rol de Patricio Echegaray hacia la juventud y destacó que el fallecido dirigente “fue un motor fundamental de la reconstrucción de la Fede, de la necesidad de tener una juventud comunista fortalecida, cohesionada, desarrollada a nivel nacional con mucho trabajo internacional y de hermandad con las juventudes del continente y del mundo”.

Con los pueblos

Por su parte, Víctor Kot destacó el gran sentido de patriotismo ligado a una historia internacionalista, desde la guerra civil española pasando por la revolución cubana, una cualidad que siempre distinguió a la FJC.

También resaltó que la organización de los jóvenes comunistas argentinos “ha sido una gran escuela de cuadros con una fuerte humanidad para con todos los pueblos del mundo”.“Como decía Patricio, recondando a Marx, para nosotros, nada de lo humano nos es ajeno”, agregó.

 

La Fede de ayer y de hoy16.4.2018

La reconstrucción juvenil

En el marco del congreso de la FJC, los ex secretarios de lo que va de este siglo han resaltado la importancia de la herramienta y la incidencia de Patricio Echegaray.

La Fede, que el jueves cumplió 97 abriles haciendo revolución, realizó este fin de semana su 14º Congreso. En este marco, conversamos con dos ex secretarios de la organización: Alejandro Forni (2005-2014) y Germán Choves (2014-2017), sobre el rol de la fuerza a lo largo de su historia y en la actualidad.

En primer lugar, Choves resaltó la importancia de la recuperación de la herramienta juvenil. “Creo que el avance principal de la Fede en Argentina fue volver a poner la organización en marcha”. Y analizó: “luego de la caída del campo socialista, la crisis llevó a la casi disolución”.

Repuso que “en el proceso de recomposición y en conjunto con el partido, logramos reactivar a una organización con mucha historia y múltiples cuadros que pasaron en sus filas para poder decir que hoy tenemos una fuerza nacional”.

“La Fede se ha destacado por su participación real en la lucha de clases cotidiana de nuestro país”, expresó y aseveró: “no puedo olvidar las jornadas del 2001, donde fuimos una de los pocas organizaciones juveniles que estuvo en la calle, bancando la represión de la Gendarmería y la policía”.

Para cerrar, el sanjuanino hizo énfasis en el papel de Patricio Etchegaray en la recuperación: “Patricio, en los cuatro años en que fui secretario, me levantaba el teléfono todos los días por si necesitábamos algo”. Agregó: “su labor, en general, ha sido de una dimensión que a medida que pase el tiempo nos vamos a dar cuenta de su aporte”.

“Patricio fue creador de grandes iniciativas como las brigadas a Nicaragua, El Salvador, las juventudes políticas. Siempre ha destinado importantes horas de su vida a colaborar con el desarrollo de la Fede”, observó finalmente.

La lucha contra el neoliberalismo

Por su parte, Alejandro Forni resaltó la resistencia al gobierno de Carlos Menem: “la lucha contra el neoliberalismo en el 96 o el 97 fue muy fuerte”. Además, recalcó el avance de la organización: “logramos una militancia de presencia nacional, se recuperaron atributos organizativos y las relaciones internacionales. Además de múltiples compañeros que han pasado a partido con grandes responsabilidades”.

Para cerrar, expresó la importancia de Patricio Echegaray al asegurar que este “jugó un rol central y ha sido uno los impulsores de la recuperación de la Fede, ya que la pensaba como un instrumento para llegarle a las nuevas generaciones venideras”.

PUERTO DE MAR DEL PLATA13.4.2018

Otra vez la muerte obrera

Los trabajadores paralizaron el puerto en reclamo de seguridad ante la muerte, por electrocución, de un trabajador de estiba.

Los trabajadores del puerto de Mar del Plata, principal núcleo de la actividad pesquera en la Argentina y de todo el Atlántico Sur, fueron protagonistas de un nuevo hecho que ilustra la precariedad con la que, pese a las riquezas que generan, están obligados a trabajar. Es que en el día de ayer uno de ellos murió electrocutado.

Esto fue oportunamente observado por sus compañeros, que paralizaron en respuesta las actividades del importante complejo industrial y portuario de la principal ciudad atlántica argentina. El fallecido se encontraba realizando tareas de descarga en el buque pesquero Navegantes II, de la empresa Solimeno.

Por la muerte del estibador, de poco más de 30 años y padre de varios hijos, sus compañeros mantuvieron durante el día de ayer bloqueados todo los accesos al área industrial del puerto marplatense. De esta manera reiteraron sus reclamos de mejores condiciones de atención sanitaria y servicios de emergencia.

Denunciaron que, pese a que las primeras investigaciones partieron de la hipótesis de un paro cardiorrespiratorio o un mero accidente, el trabajador recibió una descarga eléctrica, por lo que se descompensó. También apuntaron que la ambulancia que debió atenderlo tardó casi una hora en llegar y reclamaron una unidad de primeros auxilios en el puerto.

Pero el titular del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini, se acercó a la protesta y aseveró, aunque la situación demostraba lo contrario, que el predio ya cuenta con el servicio de emergencias médicas reclamado por los trabajadores. Sin embargo se comprometió a brindar “un servicio de asistencia médica adicional que funcione de 9 a 19, que es la franja de mayor actividad, con un médico permanente dentro del espacio portuario”, según dijo.

Promesa repetida

Pero Marcelo Ulloa, integrante de la conducción del PC marplatense, por su parte explicitó que “lo grave de todo esto es que el presidente del consorcio portuario les había prometido hace dos años que en el transcurso de los siguientes treinta días les iba a colocar un centro de atención” y “nunca lo hizo”.

“Martín Merlini es la máxima autoridad” del puerto marplatense, apuntó y agregó: “yo estuve hablando con compañeros que trabajan en ese sector y siempre les dice lo mismo”. “La va pateando y nunca cumple”, sostuvo y se quejó: “estas son las consecuencias”.

Ulloa también opinó que “si hubiese tenido un centro de atención a mano quizá se hubiese podido salvar al compañero”. “La gente ya está cansada de hablar y ya no quiere hablar sino soluciones concretas”, expresó y, finalmente, destacó: “esto ocurrió en el sector de cargas y descargas, en el ingreso al puerto y frente a Prefectura”.

 

Cabildo Abierto por Vivienda y Hábitat12.4.2018

Por la casa digna

Organizaciones sociales confluyeron en La Plata, bajo el reclamo “Sin tierra, techo y trabajo no hay futuro” y lanzaron una convocatoria amplia para trabajar en esta problemática.

“Desde que asumió este gobierno, muchas familias se ven obligadas a vivir en una misma casa o lote”, expresó Mario Micheli, secretario de la CTA Cañuelas-Lobos en el contexto del segundo Cabildo Abierto por el acceso justo al hábitat que, convocado por organizaciones sociales que integran el Consejo Provincial por Vivienda y Hábitat, se llevaba a cabo al cierre de esta edición.

Bajo la consigna “Sin tierra, techo y trabajo no hay futuro”, el encuentro se inició a las dos de la tarde en la Plaza San Martín de La Plata con una asamblea que tuvo presencia de referentes del sector, representantes de organizaciones sociales, legisladores e intendentes.

“Hemos decidido lanzar una convocatoria abierta al conjunto de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, sus representantes políticos, sociales, sindicales, profesionales, comerciantes e industriales, estudiantiles, religiosos a construir juntos el segundo Cabildo Abierto por el Acceso Justo al Hábitat”, dice la declaración de los convocantes.

Y, en este sentido, los organizadores coincidieron que María Eugenia Vidal debe avanzar hacia el derecho de un hábitat digno que sea garantizado a través de políticas de gestión territoriales integrales y participativas.

Más ajuste y menos vivienda

Micheli, quien además integra el MTL de Cañuelas, resaltó la importancia del Cabildo Abierto: “es clave esta jornada porque está vinculada al vaciamiento de la Secretaría de hábitat de la Provincia de Buenos Aires, a la que el Gobierno Cambiemos le sacó recursos, financiamiento y el espacio que le pertenece a las organizaciones sociales”.

Además, alertó sobre la problemática de la vivienda. “Acá hay mucha gente que alquila y otra que tuvo que dejar de alquilar durante los últimos dos años, por lo crecen los casos de varios integrantes de una misma familia que se hacinan en un sólo lote”, lamentó Micheli y remarcó que, “en esta dirección, el rumbo es cada vez peor” ya que “siguen los aumentos y el ajuste, un combo explosivo que disminuye los recursos de los trabajadores día a día”.

Ante la intervención del PJ11.4.2018

El PC fijó su postura

Lo hizo por medio de una declaración que firma su Secretariado. “Rechazamos de plano la intervención del Partido Justicialista, lo que significa claramente una intromisión de la Justicia en la autonomía de los partidos políticos y un severo deterioro de la institucionalidad democrática de la República”.

Por medio de una declaración que lleva la firma de su Secretariado, el Partido Comunista hizo público su repudio a la “intromisión y avance de la Justicia sobre los partidos políticos”.

De esta forma, se refirió a la intervención que, ayer, decidió la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, sobre el Partido Justicialista que hoy fue apelada por su titular, José Luis Gioja.

Vale recordar que la magistrada adoptó esta medida al hacer lugar a una presentación que data de hace tres años y que, a raíz de eso, puso al frente de ese partido al titular del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo.

“Desde el Partido Comunista de la Argentina rechazamos de plano la intervención del Partido Justicialista, lo que significa claramente una intromisión de la Justicia en la autonomía de los partidos políticos y un severo deterioro de la institucionalidad democrática de la República”, dice la declaración del PC.

Y recalca que la decisión de la jueza Servini de Cubría “es un nuevo avance en la concentración absoluta del poder político, judicial económico y mediático que no solo apunta a fortalecer el inicio de una campaña electoral con miras hacia el 2019, sino que intenta poner vallas a la construcción de acuerdos programáticos de las fuerzas populares y los partidos políticos de la oposición en la cotidianidad de la lucha contra el ajuste, la entrega y la represión”.

Tras lo que remarcó que esta intervención, tiene lugar “en un contexto regional de usurpación de espacios de funcionamiento democrático, la medida político-judicial contra el PJ -junto a la existencia de presos políticos del gobierno macrista- forma parte del plan injerencista neocolonialista de los Estados Unidos y el imperio norteamericano en la región, que se suma a la proscripción de líderes populares como Lula en Brasil, y al ataque impiadoso al Presidente Maduro y a la democracia bolivariana”.

 

A once años de su asesinato11.4.2018

Justicia para Carlos Fuentealba

Convocada por Ctera se llevó a cabo una jornada nacional de protesta para exigir que la totalidad de los involucrados en el crimen sean juzgados.

Días atrás, docentes nucleados en la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) reclamaron justicia completa por Carlos Fuentealba, en el contexto de la jornada nacional dispuesta por Ctera al cumplirse once años del asesinato del maestro.

Así las cosas, en la capital provincial la AMP reunida en asamblea, se trasladó a la Plaza 25 de Mayo para visibilizar el pedido y, ahí, el secretario de Derechos Humanos de Ctera, Rogelio De Leonardi, explicó que “el empeño de la docencia a lo largo y ancho del país, es que el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, comparezca ante la justicia”, como el principal responsable político de la muerte de Fuentealba.

Tras lo que sin dudarlo, hizo hincapié en que “con toda la movilización y denuncia, hoy con miles de docentes en las calles de Neuquén, se ha logrado al menos cortarle la carrera política”.

Asimismo, De Leonardi, quien también preside la AMP, denunció que hay doce policías involucrados en la causa que deberían comparecer ante el juzgado que atiende la causa, ya que, “hasta el momento, a once años del crimen, sólo el policía Poblete es quien está detenido, pero con un régimen que incluso le permite salir de compras por la calle de esa provincia”.

Por lo que destacó que “es mucho el dolor que sentimos por la situación que atraviesa su compañera Sandra Rodríguez y sus hijas, que hoy tienen alrededor de veinte años y aún no encuentran respuestas a un crimen cometido en democracia”, remarcó el dirigente”.

Por su parte, en idéntica dirección, desde Suteba, su secretario general, Roberto Baradel, recordó al docente asesinado. “Hace once años nos falta un docente, no debería ser así”, resaltó y añadió que “logramos juzgar al autor material, pero no a los que dieron las órdenes”, por lo que “seguimos exigiendo justicia para Carlos Fuentealba”

Jornada de salud y nutrición 11.4.2018

Por la soberanía alimentaria

“Para ejercer el derecho a la alimentación como ciudadanos y no como consumidores, debemos luchar por el pleno empleo, el salario digno y reivindicaciones que no se corresponden con la realidad que estamos viviendo en este momento”, recalcó la licenciada Miriam Gorban.

En coincidencia con el Día Mundial de la Salud, se realizó la Quinta Jornada de Salud, Nutrición y Soberanía Alimentaria, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

La iniciativa organizada por la Cátedra de Soberanía alimentaria de la UBA, buscó debatir y analizar la salud de los niños; alimentos y salud en el continente de las desigualdades; la salud universal como derecho o mercancía y la situación de los pueblos fumigados.

La actividad contó con la participación del doctor Renato Maluf, Profesor de la Cátedra de Salud, Soberanía y Economía, en la Universidad Rural de Río de Janeiro, y Director del Consejo de Soberanía Alimentaria de Brasil por doce años, que trabajó la seguridad alimentaria desde abajo, en un país tan grande como Brasil, haciendo un trabajo de control de la producción de alimentación, mediante el Consejo de Seguridad Alimentaria.

También estuvieron presentes la doctora Maria Rovere Decana de Medicina de la Universidad de La Matanza, la Dra. Verónica Schoj y la doctora Maristella Svampa.

Nuestra Propuesta diario digital del Partido Comunista dialogó con Miriam Gorban, Licenciada en Nutrición y Coordinadora de la Cátedra Libre en Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, sobre la soberanía alimentaria y la situación en que se encuentra nuestro país con respecto a éste tema.

Al respecto señaló que “hace muchos años que venimos realizando estas Jornadas sobre Soberanía Alimentaria, ahora se ha sumado a la misma toda la facultad; en ese marco se realizan controles de salud, encuestas, análisis de sangre y desde la cátedra que organizamos esta jornada hemos preparado paneles de debate porque el mensaje, el lema de esta año, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es: Salud para todos, y plantea ir hacia un Sistema Universal de Salud”.

Además indicó que “esto lo tomamos desde el vínculo entre la salud, la producción y la soberanía alimentaria porque entendemos que un pueblo soberano puede lograr niveles de vida digna para su gente.

Gorban también opinó que en Argentina “estamos lejos de alcanzar la soberanía alimentaria, ya que la misma se relaciona con la soberanía política, y en un momento en que importamos papas de Brasil, vemos con preocupación que no tenemos una política alimentaria independiente. Vamos a una política dependiente en el plano de la alimentación y esto se torna más grave en un país productor como el nuestro”.

De igual manera aseveró que otro problema son “los alimentos transgénicos, que se producen mediante un modelo de agricultura industrial que necesita de esa tecnología de aplicación para sobre explotar el suelo y lograr un mayor rendimiento económico en un corto plazo, que no solo se da en nuestro país sino que es parte del modelo de globalización, para la comercialización de los alimentos. Y añadió que “la multiplicación de la comida chatarra, que da como consecuencia las epidemias de obesidad, sobrepeso y diabetes, además de la contaminación con agrotóxicos y agroquímicos”.

Cambio

Quita Gorban hizo hincapié en Argentina “se desarrolla otro modelo desde hace dos años; en este momento hay más de veinte mil hectáreas de producción agroecológica, y existe una red de municipios que impulsan la agroecología”.

En este sentido, puso el ejemplo de Rosario, donde se prohibió el uso de agrotóxicos; y en Guaminí, provincia de Buenos Aires, se multiplica esta iniciativa, porque “además de ser mas económica, es lo mejor en cuanto a prevención en salud que podemos hacer. Menor costo y mejores resultados. Pero la agroecológica no es solución en un país dependiente”.

De la misma forma explicó que en Argentina “comemos mal, porque para ejercer el derecho a la alimentación como ciudadanos y no como consumidores, tenemos que luchar por el pleno empleo, el salario digno, y reivindicaciones que no se corresponden con la realidad que estamos viviendo en este momento”.

Finalmente dijo que la “inflación, concentración de la tierra, falta de acceso a la tierra del pequeño productor que produce el setenta por ciento de la comida que llega a nuestra mesa, la falta de una reforma agraria, las altas tarifas y las inundaciones son las resultantes de un modelo productor que afectan a la zona rural y a las ciudades, todo esto tiene la matriz en un modelo de producción capitalista y salvaje, y mientras no juntemos las fuerzas para cambiar el rumbo de mano, será más difícil el acceso y el cumplimiento del derecho a la salud”.

Ariel Elguer, sec. gral. de la Federación Juvenil Comunista11.4.2018

“Debemos luchar por la humanidad, nuestro futuro y sueños”

Sobre el balance y desafíos, fortalezas y virtudes que tiene la FJC para enfrentar este particular momento, habló el titular de la Fede de cara al Congreso que comenzará el viernes próximo.

-¿Qué balance hace la FJC de estos dos años de construcción en la resistencia al macrismo y, en este contexto, cómo llega la FJC a este 14 Congreso?

La Juventud Comunista de Argentina desde la asunción de Macri, desde la asunción de la ceocracia, del imperialismo gobernando y aplicando sus planes en el gobierno nacional, viene impulsando la lucha del campo popular, una resistencia organizada, una articulación de unidad frente a esta nueva ofensiva neoliberal, privatista, represiva, ajustadora. En estos dos años hemos hecho muchos esfuerzos de estar en los conflictos sociales, de articular a la juventud argentina; pero también en generar un grado de articulación continental de las juventudes revolucionarias, comunistas y anticapitalistas del continente, para frente al plan del imperio que es igual en todo el continente, construir el plan de los revolucionarios, de la juventud revolucionaria del continente, plan contra plan. Y en estos dos años tuvimos muchas experiencias pero también mucho por hacer, eso es parte del debate del 14 Congreso de cómo movilizar y organizar mejor a la juventud argentina, al movimiento estudiantil, a los jóvenes trabajadores, a los jóvenes del territorio, a la juventud de la diversidad, de los géneros, a los jóvenes agredidos por esta política de ajuste, entrega y represión y que puedan movilizarse, organizarse y luchar.

-¿Qué expectativa tiene para este nuevo congreso?

El 14 congreso de la juventud tiene la expectativa de impulsar un debate, una actualización política, pero sobre todo una voluntad de ir decididos al combate, a recuperar la mística revolucionaria del Che de quien se cumplen 90 años del nacimiento, del Negrito Avellaneda, a ser impulsores de las luchas juveniles, de ir de cara a la conquista de dirigir el movimiento de masas, de dirigir ese movimiento con un claro contenido político de resistencia, y a partir de esa lucha social, ir generando una alternativa política que pueda no solamente derrotar a este gobierno y a esta derecha neocolonial sino también que pueda proponer un programa de avanzada que ponga a la Argentina en la mejor senda del movimiento independentista, y en la construcción del post-capitalismo y del socialismo y comunismo como único sistema de emancipación de nuestra clase y eliminación de todo tipo de opresión que vivimos.

-¿Cuáles son los desafíos que trae la FJC para este congreso?

El gran desafío de los jóvenes comunistas es cómo fortalecernos, crecer y desarrollarnos, cómo impulsamos la lucha social, cómo generar el frente juvenil y superar la fragmentación. Estar en mejor situación en los estudiantes secundarios, de educación docente, técnica, universidades, y la juventud trabajadora, que muchos han perdido su trabajo y quienes aún lo conservan tienen grados de precarización y están buscando nuevas formas de flexibilizarnos, y que se busca flexibilizarlos más, por ejemplo con esta idea que trae el gobierno de los emprendimientos, que no es solo la idea de la salvación individual sino también de naturalizar la flexibilidad laboral y donde cada uno tiene que hacer sus propios aportes para la obra social y la jubilación, sin empresas que se hagan cargo, al fin y al cabo esas juventud emprendedora no es ni más ni menos que productora en mayor o menor escala y es finalmente autoexplotada. Aquí debemos impulsar la lucha y ponerle un freno a las políticas del macrismo, generando acumulación revolucionaria, que ponga eje en que en el camino del capitalismo no hay perspectiva para los jóvenes.

-¿Cuáles son las mayores fortalezas y virtudes que tiene la FJC para enfrentar las actuales circunstancias de la derecha gobernando en Argentina y avanzando en la región?

La Fede es una organización con 97 años de historia, el 12 de abril es nuestro aniversario, tenemos una gran experiencia acumulada, con cuadros a lo largo y lo ancho del país; que ha discutido, que ha intercambiado, propuesto y desarrollado plantes políticos. Es una juventud consciente de los peligros que corre la humanidad con las agresiones imperiales, con la liquidación progresiva de los bienes necesarios para la existencia de la propia vida humana, el saqueo del agua, del petróleo, de la biodiversidad, de los alimentos; y es una juventud que sabe que solos no podemos hacer las transformaciones, que necesitamos la unidad de nuestro pueblo, para construir ese Frente de Liberación Nacional y Social; más en un momento tan difícil de Argentina, donde volvemos a tener presos políticos, donde vuelve a haber gatillo fácil y estigmatización y represión para nuestros jóvenes, donde vuelve a haber miseria, desocupación y hambre para miles de jóvenes, la Fede tiene una fortaleza moral, un fortaleza orgánica en que toda las debilidades las vamos a resolver colectivamente con iniciativa y unidad junto con nuestro pueblo.

-¿Qué mensaje les darías a los jóvenes de hoy?

La Fede, la juventud Comunista llama a la juventud argentina, a la juventud latinoamericana, a la juventud del mundo a luchar por nuestra humanidad, por nuestro futuro, por nuestros sueños, a luchar porque no haya más feminicidios, para que no haya más travesticidios, para que no haya más niños que se mueran de hambre para que no haya más jóvenes que tengan que emigrar para conseguir trabajo, para que no haya jóvenes que tengan que abandonar sus estudios para trabajar, para que los jóvenes no tengan que morir en talleres clandestinos, en trabajos de explotación y precariedad laboral; la juventud, la Fede llama a unirnos por nuestro mañana, nuestro futuro, a unirnos para luchar y soñar por todo lo que nos merecemos, por todo lo que queremos y por construir un mundo en el que quepan todos los mundos, donde para todos haya pan, donde la belleza sea para todos, donde el hombre y la mujer no sean lobo del hombre sino que seamos hermanos, en una sociedad de iguales.

Vecinos hacen oír su voz en La Matanza11.4.2018

Con el Mercado de Hacienda a otra parte

“Esta propuesta parte de una gestión que tiene como objetivo desempoderar a determinados territorios”, recalcó Romina Pereira y denunció que el acuerdo alcanzado entre los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad “no es público”.

“Si bien es una idea antigua, es una iniciativa que se frenó a partir del recurso de amparo de la intendenta Magario, pero que además tuvo una reacción de las vecinas y vecinos de Aldo Bonzi, porque tiene que ver no sólo con el impacto ambiental que genere, sino con que La Matanza vuelva a ser un territorio rural para los acuerdos metropolitanos”, recordó la dirigente del partido Comunista de La Matanza, Romina Pereyra, al referirse a la reacción que causó el intento del ejecutivo bonaerense de trasladar el Mercado de Hacienda a una zona ubicada cerca de la intersección de la autopista Riccheri y Camino de Cintura.

El intento de la gobernadora María Eugenia Vidal no fue bien recibido por los vecinos de la zona que, no hace mucho, se movilizaron hacia la zona para hacer oír su protesta contra el traslado el ente concentrador de hacienda a la localidad matancera de Aldo Bonzi.

Vale citar que, pese a que hay una medida judicial que impide la realización de obras para este fin, vecinos de la zona denunciaron que se están llevando a cabo trabajos de nivelación del terreno ubicado dentro del predio del Mercado Central.

Por eso, moradores de las localidades de Aldo Bonzi, Ciudad Evita, Tapiales, La Tablada, Villa Madero y Villa Celina que se oponen al traslado están en estado de alerta.

Hay que recordar que el Juzgado Federal 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, hizo lugar al pedido de amparo presentado en octubre de 2017, por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario y, a raíz de eso, ordenó "la suspensión de toda obra que altere el inmueble".

Esa disposición judicial está vigente y congela, por el momento, la mudanza del mercado que fue dispuesta a partir de un convenio suscripto -en julio de 2017- entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el entonces ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, el presidente del Mercado de Liniers, Roberto Arancedo y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Por este arreglo, se pretende que 32 hectáreas del predio donde funciona el Mercado Central -que está privatizado- sean desocupadas y se destinen al Mercado de Hacienda.

Resistencia

“Esta propuesta parte de una gestión que tiene como objetivo desempoderar a determinados territorios”, recalcó Romina Pereira, tras lo que hizo hincapié en que el acuerdo alcanzado entre los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad “no es público, porque obviamente si lo daban a conocer iba a recibir el rechazo de los vecinos de La Matanza e incluso de vecinos y vecinas de municipios que la rodean”.

Para la dirigente del PC matancero, este arreglo “es el robo de un espacio amplísimo”, ya que “esta zona de Aldo Bonzi es un pulmón de La Matanza”. Y destacó que “esto es una apropiación del territorio que tiene que ver con la idea de que la economía debe estar por encima de las poblaciones, algo que es parte de la gestión del macrismo, convertir a muchos municipios en parte de sus mercaditos”.

Pero, asimismo, cuestionó el carácter de este acuerdo que “desconoce a la autoridad del municipio y, por eso, Verónica Magario presenta un recurso de amparo”, algo que la jefa comunal hizo “aunque no es una intendenta muy preocupada por el medioambiente, ya que no resuelve el problema del gran basural que tenemos en La Matanza”. Por lo que, sentenció: “con esta actitud, apenas está limpiando culpas”.

Pero, de todos modos, fue clara cuando resaltó que, desde el PC, “rechazamos la idea de que se instale el Mercado de Hacienda en La Matanza, porque no queremos convertirnos en una usina rural de la administración del macrismo, que es lo que está haciendo Cambiemos en la provincia de Buenos Aires desde que Vidal asumió”.

Y finalizó denunciando que, el Gobierno Vidal actúa así, porque “La Matanza es un territorio hostil para su gestión y esto es algo que no tiene que ver sólo con que Magario es intendenta, sino con una cantidad de organizaciones populares que enfrentan a las políticas provinciales que pretenden llevar a la provincia y a La Matanza cien años para atrás”.

 

En su 97° aniversario y el Centenario del PCA10.4.2018

LA FEDE REALIZA SU 14 CONGRESO

Más de cien delegados de la Federación Juvenil Comunista se reúnen en Buenos Aires este fin de semana para delinear las políticas y el programa de la histórica organización para combatir el ajuste, la entrega y la represión.

La Federación Juvenil Comunista lanzará este viernes 13 de abril su XVI Congreso bajo la consigna "Lucha Juvenil por el Poder Popular y el Socialismo". La apertura del Congreso se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029) este viernes a las 18:00. El evento contará con el desarrollo de un Panel Internacional en torno de los conceptos de Paz y Antiimperialismo, con la presencia de jóvenes dirigentes de juventudes comunistas del mundo, entre ellas, las de Portugal, Cuba, Rusia, Chile y Venezuela.

Además, se presentará la obra teatral "Marx Eléctrico", unipersonal de Manuel Santos Iñurrieta, dramaturgo, actor y director artístico del Centro Cultural de la Cooperación (CCC).

La histórica fuerza juvenil, cantera de cuadros durante los 97 años desde su fundación, en abril de 1921, se organiza para afrontar los desafíos que representan el gobierno de Macri y el Imperialismo.

Serán actores principales de este acto, casi 200 jóvenes delegados que vendrán de cada provincia del país, quienes, en este encuentro iniciarán la etapa final de debates políticos que se fueron desarrollando durante más de 4 meses en numerosos municipios, localidades y Provincias de nuestro inmenso territorio, con el fin de fijar los lineamientos político-organizativos de la Federación Juvenil Comunista que regirán su desarrollo político hasta el próximo Congreso. El acto contará con la presencia y palabras de dirigentes sociales y políticos no sólo de la escena local, sino también de numerosos países de la Región latinoamericana (Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba).

De acuerdo a su Secretario General, Ariel Elger "Queremos que este Congreso nos sirva para profundizar nuestro análisis, intercambio, cohesión y acción para poder luchar por una resistencia organizada que genere las condiciones para construir alternativa política en Argentina y la región".

ROXANA CAINZOS9.4.2018

“Si se trata de uniformados, los apoyan por más asesinos que sean”

La madre de Nehuén Rodríguez, un chico atropellado por un policía, relacionó la sentencia que dejó impune al asesino de su hijo con las doctrinas de gatillo fácil que avalan Macri y Bulrrich.

Roxana Cainzos, mamá de Nehuén Rodríguez, atropellado en el 2014 en el barrio porteño de la Boca por un policía que circulaba a alta velocidad, en contramano y sin sirena, expresó que el falló referido al asesino de su hijo, Daniel Castagnasso, que dictaminó tres años de prisión en suspenso (es decir que no irá a la cárcel), coincide con la línea que baja el gobierno.

“Les han soltado la mano a las fuerzas del Estado para toda clase de aberración con nuestros pibes (…), se quiere naturalizar el gatillo fácil y la pena de muerte para los pibes, como Facundo de Tucumán, Rafael Nahuel y muchos más”, sostuvo y agregó que “en este caso quieren naturalizar que los patrulleros, con la escusa de que van a un 911, vayan matando gente por el camino”.

Además expresó su bronca tras el fallo dictaminado por el juez, Julio César Baez, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 y por el atenuante que pidió el fiscal, Marcelo Saint Jean (hijo del ex gobernador bonaerense de la última dictadura), al justificar al policía aduciendo que iba a un llamado del 911.

En ese sentido, Cainzos repuso: “no estamos conformes debido a que no es un civil común, si no que es un personal especializado de la fuerza”. Se quejó porque “el atenuante que argumentaron fue que cometió todas esas infracciones porque había recibido un Alerta Dos, que no es el más grave”.

“El solo hecho de acudir a un llamado de emergencia cuya gravedad, si la tuvo, nunca se precisó, sirve para disminuir la pena del policía que mató a mi hijo”, puntualizó y adujo que ello “es una barbaridad”.

Asimismo, el tribunal ordenó abrir una causa por “falso testimonio” contra el policía Daniel Soria Barba, quien iba en el vehículo como acompañante. Durante el juicio, Soria Barba incurrió en varias contradicciones en su relato como testigo presencial de lo sucedido. “Se desdijo tres veces de las cosas”, apuntó Cainzos y sumó una ironía: “parece que sufriera de amnesia porque ahora no vio nada y no sabe nada”. “Totalmente falso”, fustigó.

Quedó probado en el juicio por medio del relato de otros testigos presenciales, filmaciones y pericias, que la camioneta conducida por Castagnasso iba en contramano por Ramón Carrillo cuando cruzó Brandsen, por donde venía Nehuén con su moto. La prueba demostró que pasó en rojo.

Tres testigos dijeron no haber escuchado la sirena del móvil y los peritos determinaron que la Ranger que manejaba el policía iba a una velocidad estimada de entre 48 y 68 kilómetros por hora, que es excesiva para una calle que tiene una máxima de 40.

La lucha

“Nosotros conseguimos los testigos e hicimos marchas para que nos den las cámaras, la fiscalía nunca nos brindó nada”, sostuvo Roxana Cainzos.

Aseveró que en el marco de esa pelea por conseguir Justicia, fueron conociendo gente que los apoyó y que ese apoyo provino de diversas organizaciones, barrios, estudiantes, etcétera, que le brindaron su ayuda para hacer el reclamo masivo. También denunció que en el trance de lograr Justicia, desde el poder y la policía “siempre me la hicieron muy difícil”.

“Me presenté en la comisión de Violencia Institucional del Congreso y recién ahí me pudieron conseguir una defensoría”, señaló y, además, aseguró que la lucha por lograr Justicia sobre la muerte de su hijo, todavía no está terminada. Al respecto, adelantó que se apelará el fallo emitido.

TERROR CIBERNÉTICO4.4.2018

Mensajes macabros en Santa Fe

Fue denunciada una serie de intervenciones por WhatsApp para amenazar a centenares de dirigentes. En tanto, un bestial represor de la dictadura viola su prisión domiciliaria.

Mientras la impunidad se consolida en el país al paso marcado por prisiones domiciliarias de genocidas, ralentización de los juicios y maniobras que no por frustradas dejan de mostrar sus verdaderas intenciones de olvido, como el 2x1, en la provincia de Santa Fe fue denunciado un ataque de trolls que, a través de WhatsApp, emitieron mensajes amenazadores a referentes políticos, legisladores y funcionarios judiciales.

Las primeras señales en ese sentido se dieron antes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pero el lunes de la semana pasada fue una terrible andanada de mensajes intimidantes. Se realizaron en grupos de WhatsApp con sugestivos nombres como “Muerte a Milagro Sala” o “Tucu vive”, haciendo este último referencia a Eduardo Tucu Constanzo, un consabido represor de la última dictadura en Santa Fe, el cual se encuentra condenado a prisión perpetua y que violara su prisión domiciliaria.

A los grupos de esta aplicación, los trolls llegaron a agregar a 300 referentes políticos y sociales santafecinos, la mayor parte de los cuales recibieron los mensajes amenazadores el dicho lunes. Los atacantes lucieron sus oscuras artes escribiendo allí cosas como “disfruten sus últimas horas libres”, “prepárense para ser raptados” y “están todos secuestrados”.

La denuncia por esta situación ya fue debidamente presentada en el ministerio público santafesino de la Acusación y los denunciantes fueron acompañados por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, de reconocida lucha por los derechos humanos en la tercera ciudad argentina.

Exigieron se investigue y averigüe la autoría de las graves amenazas emitidas desde el servidor de mensajería. En tanto, desde la Fiscalía que acciona en el caso advirtieron que “se trata de gente que pretende intimidar y amenazar a las personas agregadas, para coartar su libertad y el derecho a participación en los asuntos de la vida pública de nuestra sociedad”. Y destacaron que todos los amenazados son, actualmente, opositores al macrismo.

Jose Luis Livolti, secretario del PC provincial, expresó que a “esto lo marcamos como parte de la ofensiva de la derecha en el poder y de todo lo que habilita Mauricio Macri en este sentido”. “Es parte de la intención de devolverle la libertad a Etchecolatz, es parte de la ofensiva de la derecha internacional con el contexto de la presencia del G-20”, agregó.

Por otro lado, recordó que en estos meses “también existió la intención de eliminar el monumento al Che en Rosario, de sacar la placa de la esquina de la casa donde nació y se quería sacar el nombre de la avenida que lleva su nombre”.

El genocida de paseo

Eduardo Tucu Costanzo, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad fue denunciado por violar su prisión domiciliaria, siendo la marcha del 24 en Rosario un espacio fundamental para la visibilización de esa denuncia. Recordemos que no se trata de un preso común sino de uno muy significativo para la represión genocida de la dictadura en Santa Fe porque fue condenado en 2010 por 24 secuestros y 16 homicidios en la causa “Guerrieri I” y después sentenciado por torturas y desapariciones contra otras 47 personas, 14 de las cuales fueron víctimas de los vuelos de la muerte.

Se lo vio realizando compras en un supermercado cercano a su domicilio, como un vecino más. Aunque este “vecino” integró los servicios de Inteligencia de la dictadura en Rosario y se consagró como un reputado torturador y asesino en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, Escuela Magnasco, Fábrica Militar de Armas, La Intermedia y La Calamita.

Sobre la impunidad con que este condenado viola su prisión (en casa), Livolti pidió: “no olvidemos que Macri viene diciendo que vinieron para hacer cambios culturales”. Y explicó: “en el marco de la restauración conservadora hay un plan contrarevolucionario con su deseo de volver a eliminarnos, que es su objetivo”.

“El gobierno habilita la prisión domiciliaria y avala a los policías que disparan por la espalda”, añadió el referente comunista y sostuvo: “los genocidas y los represores están amparados por una política que los defiende”.

JUICIO EN CORONDA4.4.2018

Con el acompañamiento del PC y la CTA

En Santa Fe se sigue llevando adelante el proceso contra los dos ex directivos de la cárcel local que siguen vivos. Se los acusa de crímenes de lesa humanidad.

La ciudad de Coronda, de veinte mil habitantes en un entorno apacible cercano al río Paraná, es afamada en todo el país por sus frutillas. Pero muchos no saben que la cárcel que da una gran cantidad de ocupaciones laborales a los pobladores, también es famosa, al menos en la provincia de Santa Fe, por haber sido un centro de detención de la última dictadura, con todo lo que ello implica.

Desde diciembre del año pasado se está consustanciando un proceso judicial contra los dos directivos de la prisión durante aquellos años que aún quedan vivos. Para los otros acusados, el tiempo biológico fue la salvación de las posibles condenas… Pero la CTA, el PC y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre están participando de las audiencias y esta presencia es garantía de que no cunda el olvido ni se alimente, como en otras circunstancias parecidas, la impunidad de los criminales.

Es interesante destacar que para la querella, los ex prisioneros de la cárcel se organizaron en una asociación, que se llama El Periscopio. De esta manera buscan superar los cuarenta años de impunidad que corrieron desde los hechos hasta el comienzo efectivo del juicio, que tiene en el banquillo a dos ex comandantes de Gendarmería que fueron directores de la cárcel de Coronda durante la última dictadura cívico militar.

Se juzga (y esto es un detalle insoslayable) también sobre las duras condiciones de prisión de quienes allí estuvieron privados de su libertad. Esto es trascendental porque la cárcel de Coronda pasó a ser en la fecha precisa del 24 de marzo de una cárcel modelo (con salidas colectivas a la calle a los fines del esparcimiento) a un lugar en donde la meta era destruir sicológicamente a los presos.

Los acusados son los Comandantes Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez. Testigos afirman que estos solían advertirles a sus presos: “de aquí saldrán muertos o locos”.

El aguante

Graciela Paccot, integrante de la Ladh de Santa Fe y militante del PC, participa de las conferencias también en carácter de miembro de la CTA, organismo sindical que no ha dejado de enviar personalmente a sus referentes de derechos humanos para cerciorarse del curso de las actuaciones judiciales.

Dijo que el proceso “es muy importante porque en él se ha recabado mucha información sobre lo que han pasado los compañeros, varones todos, en la cárcel de Coronda”. “Los compañeros que van testimoniando dan la información de lo que fueron esos días tan nefastos para la Argentina”, agregó.

“En la cárcel de Coronda, que había sido cárcel modelo, después del 24 de marzo de 1976 se practicaban todas las peores maniobras contra la dignidad y la condición humana”, observó la activista. También señaló que “la población de Coronda supo y sufrió el tema de la cárcel, pero tenemos que decir que la cárcel de Coronda también es un lugar de trabajo y hay mucha parte de la población que está trabajando allí”.

Puntualizó que los presos del penal corondino “si salían lo hacían una vez al día y una hora, cuando tenían que caminar solos o con su compañero de celda nada más, pero no en recreo colectivo”. “Existían pabellones de castigo”, señaló y comentó que los testigos en la causa a esos terribles espacios los siguen llamando “chanchos”.

“Dicen todos los compañeros que ellos luchaban contra el aislamiento”, remarcó Paccot y añadió: “trataban de hablar aunque no se los dejaba hablar con los compañeros de la celda contigua”. “Sin embargo ellos trataban de birlar toda esa reglamentación tan rígida”, repuso.

Oscar Vázquez, un prisionero de filiación comunista y oficio ferroviario que ya había testimoniado en otras causas por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, también estuvo en el penal de Coronda. Allí sólo pudo recibir una vez la visita de su madre, ya mayor entonces. Recién cuando salió y volvió a su ciudad natal, Laguna Paiva, supo que ella había muerto…

 

A 36 AÑOS DE MALVINAS2.4.2018

El macrismo sigue la entrega

Stella Calloni remarcó que Argentina cede soberanía al imperialismo y que se dieron muchos pasos atrás con respecto al reclamo sobre nuestras islas.

Desde la Guerra de las Malvinas, las relaciones de la Argentina con el Reino Unido, que fuera durante más de un siglo el patrón económico del país sudamericano, no han dejado de ser tensas. Pero nunca el Estado argentino retrocedió tanto en lo que respecta a su reclamo por soberanía sobre el archipiélago austral tal como ahora.

Desde que gobierna Mauricio Macri, las discusiones con el gobierno británico prescinden del conflicto, como si no existiera. Y aún el Reino Unido, integrante fundamental y fundacional de la Otan, pareciera ser tratado como un aliado por el presidente, lo cual es estrictamente imposible a la luz de los intereses enfrentados de ambos estados.

Las políticas actuales de la Argentina sobre Malvinas, luego de años de progresos como el de transformar el reclamo argentino en latinoamericano y lograr el apoyo a nuestras posiciones por parte de la mayor parte del mundo, y las renovadas relaciones carnales entre nuestro país y las mayores potencias coloniales de la tierra (que siguen viéndonos como un apetecible bocado), desdibujan el reclamo y, encima, están matizadas por la sesión de soberanía económica y militar.

Stella Calloni, destacada periodista, analizó la situación y observó la peligrosidad que reviste, puntualizando también que la trágica desaparición del ARA San Juan, dentro de todas las tinieblas que la cubren, permitió a los argentinos descubrir que hay en torno a Malvinas una “zona de exclusión” creada por los británicos. En tanto, la opinión pública del país que más debiera mirar al Atlántico Sur, es desviada hacia otros asuntos, muchas veces menores.

“Hay negociaciones peligrosísimas entre Inglaterra y Argentina”, dijo Calloni y resaltó: “por lo del ARA San Juan nos enteramos lamentablemente de que hay una zona de exclusión que tiene Gran Bretaña, que antes no tenía”. Apuntó que esto “es gravísimo” y destacó que para encubrir estas cuestiones, el actual gobierno utiliza temas como el de la identificación de los soldados argentinos NN enterrados en las islas (proceso iniciado por el gobierno anterior) para desviar la atención de la ciudadanía.

“Tratan de aprovechar eso para encubrir la entrega absoluta y la renuncia, prácticamente, al tema de Malvinas o al de la colocación de bases en Tierra del Fuego, que son dos por lo menos, una para controlar ensayos nucleares y otra una base logística que anunció hace unos días, con el lamentable silencio de todo el mundo, el ministro de Defensa, Oscar Aguad”, le sumó en referencia a la injerencia imperial en la zona austral de nuestro país.

Los pasos del retroceso

Stella Calloni resaltó que por el observatorio de ensayos nucleares que la Nasa está armando en la localidad fueguina de Tolhuin “han entrado científicos y militares” de Estados Unidos y la Otan a la Argentina. “De eso se trataban esos estadounidenses que fueron a buscar a la Antártida porque habían tenido problemas y mandaron el Almirante Irizar a recogerlos”, agregó.

“Estamos ante una situación precisamente violatoria de todo lo que pudiera ser la recuperación de las islas”, dijo y recalcó que Malvinas “está entre los sitios coloniales que se tendrían que haber eliminado ya en el siglo pasado, junto con la isla Diego García y tantas otras”. “Puerto Rico también figura en la lista”, sumó y señaló que el argentino “es un reclamo de toda América Latina”.

Sin embargo observó que, ante el progreso de las fuerzas colonizadas de la derecha nuestroamericana, el reclamo argentino sobre Malvinas “ya no va a ser un reclamo de Brasil ni de Honduras ni de Colombia ni de México” ni de “los países más entregados ya al control imperial”.

También manifestó que las Malvinas para Sudamérica son “la muestra viviente de una posición colonial de Gran Bretaña a 14 mil kilómetros de sus costas y a sólo 400 de las nuestras y en territorio que nos corresponde”. “Son un enclave colonial que en este momento, como la base de Guantánamo en Cuba, es una base militar de Estados Unidos, Inglaterra y la Otan”.

“Muy difícil será la recuperación porque ya la lucha es de otro tipo y otra intensidad”, apuntó después y adujo: bajo esta administración estamos viviendo entrega de soberanía en el sur, el noroeste y el nordeste”. “Estamos distraídos por un montón de cosas”, advirtió y recordó que Malvinas “está en el primer escalón de las demandas que tenemos que hacer, no en el último”.

Movilización hacia la embajada británica2.4.2018

Con la soberanía como bandera

El Partido Comunista y la FJC participaron de una marcha que unió la Plaza San Martín con la sede de la delegación diplomática del Reino Unido.

Diferentes fuerzas antiimperialistas se dieron cita hoy por la mañana ante el cenotafio de Malvinas, ubicado en la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, para marchar hacia la embajada de Gran Bretaña para rendir homenaje a los caídos en la Guerra de 1982, pero también para reivindicar la soberanía nacional, exigir que se informe qué pasó con el ARA San Juan y para reafirmar que es preciso avanzar en el camino de la unidad latinoamericana.

Por tal motivo, ahí se dio cita una delegación del Partido Comunista y la Fede, encabezada por el secretario general, Víctor Kot, Alejandro Forni, Carlos Tcholakian, José Chapu Urreli y Pedro Ponce.

Además del PC y la Fede, estuvieron Patria y Pueblo, la organización Quebracho y movimientos de solidaridad con los pueblos de Venezuela y Palestina que, coincidieron en señalar los dirigentes del partido presentes en la movilización, “acaba de recibir una agresión brutal por parte del ejército de ocupación israelí”, que tres días atrás, asesinó a 16 palestinos y dejó cientos de heridos, cuando atacó una marcha que se celebraba en el marco del Día de la Tierra.

“Es una jornada de memoria y de lucha antiimperialista”, recalcó Forni durante la marcha donde recordó que “se cumplen 36 años de una guerra que nunca tuvo que suceder, donde murieron cientos de conscriptos que fueron arrastrados -por una dictadura militar- a luchar en un territorio que no conocían, sin preparación ni instrucción, sin ningún tipo de resguardo de quienes los enviaron ahí”.

Y, en esta dirección, hizo hincapié en que “estamos conmemorando la gesta, la sangre derramada de nuestros compañeros y estamos denunciando la presencia de la Otan y la complicidad del gobierno argentino que transita un camino de acuerdos con el gobierno británico que renuncia a la soberanía de nuestro país sobre Malvinas”.

Pero aclaró que “el pueblo argentino no olvida ni renuncia a la soberanía sobre Malvinas” por eso, “más temprano que tarde, vamos a recuperar esa parte de nuestro territorio usurpado por la corona de Gran Bretaña”.

Y fue claro al remarcar que “es una jornada de memoria y lucha en la que, además de reivindicar a los caídos en Malvinas y denunciar la presencia británica en nuestro continente, exigimos saber qué pasó con los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que, a todas luces, fueron víctima de un atentado por parte de este mismo Estado británico que el gobierno de Macri está protegiendo”.

¡Presentes!

También presente, el secretario general del PC, hizo hincapié en que “estamos participando de una manifestación antiimperialista” en la que, destacó, “estamos presentes varias organizaciones del movimiento popular bajo las consignas Fuera la Otan de Malvinas, Fuera Yankis de América Latina”.

Y resaltó que esta movilización fue un contra acto de la actividad oficial que, en coincidencia, se estaba llevando adelante encabezada por Mauricio Macri, a la que calificó como “de rendición ante el imperialismo”.

Por lo que, “hacemos esta actividad profundamente patriótica antiimperialista, junto a todo el campo popular, para dejar claro que el pueblo está contra la sumisión del macrismo a los intereses de EE.UU. e Inglaterra”.

Mientras que Tcholakian fue contundente cuando señaló que el acto “estuvo cargado de contenido antiimperialista, nacional popular y revolucionario, denunciando al gobierno cipayo de Mauricio Macri, que cada día muestra más su actitud pro estadounidense y entregador de la soberanía nacional”.

De ahí que, sin dudarlo, destacó que la jornada de hoy “simboliza el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo, que tiene memoria y recuerda la solidaridad que recibió nuestro país durante el conflicto bélico, desde los países hermanos de América Latina y de los estados socialistas de ese entonces”.

Ernesto Alonso integrante del Cecim-La Plata2.4.2018

“El macrismo potencia la permanencia británica en el Atlántico Sur”

El secretario de Relaciones Institucionales de La filial platense del Centro de ex combatiente de Islas Malvinas, habló con NP diario de noticias sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos contra soldados argentinos, pero también acerca del avance de la usurpación británica y la connivencia del Gobierno Cambiemos.

¿ Teniendo en cuenta la reciente presentación que hizo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cómo está la causa sobre las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas a soldados durante la Guerra de Malvinas?

La causa por las violaciones a los derechos humanos cometida contra los soldados en Malvinas, fue radicada en el año 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, por un trabajo que oportunamente había realizado el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Base, con los primeros veintitrés testimonios. A partir de allí comenzamos a recaudar información en todo el país y se fueron sumando más de cien testimonios y hoy tenemos más de 110 denuncias realizadas, contra noventa militares.

Además de sostener la querella del Cecim, se sumaron como querellantes la CPM y las secretarias de Derechos Humanos de las provincias de Chaco y de Buenos Aires.

¿Cuáles son los principales ejes de esta denuncia?

Particularmente con la CPM venimos trabajando hace muchos años, somos parte de la misma, el año pasado viajamos a Malvinas, junto a Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mauricio Tenembaum, Sandra Ragio y Roberto Cipriano, entre otros miembros, para reforzar la campaña en tres ejes, que son: el derecho a la identidad, las torturas en Malvinas y la militarización del Atlántico Sur denunciando la base en fortaleza en Malvinas. Recientemente, la CMP en carácter de querellante, solicitó al Poder Judicial que llame a indagatoria a algunos militares que, entendemos, está suficientemente probado que participaron y son responsables de este tipo de hechos. Además se sumó a la causa los archivos de Malvinas que fueron desclasificados por los militares y que quedaron a disposición por el decreto que firmó la entonces presidenta Cristina Fernández en 2015.

Esto es clave para el esclarecimiento de estos hechos...

A partir de la aparición de esos documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, ya no hay vuelta atrás. Son escritos que constatan las declaraciones que realizaron los soldados en 1982, después del regreso. Ahí están todas las órdenes y contraordenes de los jefes de las tres fuerzas y, además, todo el aparato de inteligencia que se montó al respeto sobre qué hacer con los soldados y sus familiares para que nada dijeran y con las instrucciones que daban sobre como contar la guerra.

¿Si se avanza en esto finalmente habrá justicia?

Lo exigimos. Porque aquí hay una deuda inexplicable, un retraso y una responsabilidad del Poder Judicial con este proceso, que es también una acción reparadora para aquellos que fueron víctimas de esas violaciones a los derechos humanos cometidas por los mismos militares que participaron de la represión -en el continente- en los centros clandestinos de detención. La misma represión que llevaron a cabo contra los soldados en Malvinas.

Durante la última asamblea de accionistas de la petrolera inglesa Rockhopper Exploration Plc, su titular, Pierre Jean-Marie Henri Jungels, reveló que el área marítima Sea Lion, posee un yacimiento de clase mundial...

Evidentemente Gran Bretaña prepara la segunda fase en avanzar en la explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas, en nuestra plataforma continental. Y esto está favorecido por la política que el gobierno de Macri está llevando adelante, lo que se demuestra en el nefasto acuerdo firmado el 13 de diciembre de 2016 -conocido como el acuerdo Foradori/Duncan-, entre el vice canciller de entonces Carlos Foradori y su contraparte británica Alan Duncan. A partir de la firma del convenio que fue negado sistemáticamente por la cancillería y sus funcionarios, Argentina acuerda promover el desarrollo económico de las Islas Malvinas. Esto va en contra de la Constitución Nacional, las leyes de Pesca y de Hidrocarburos. Pero también evidencia que se transita el mismo recorrido que se firmó en la década del 90, que permitió a Gran Bretaña avanzar en la explotación de los recursos ictícolas.

¿Este acuerdo es todavía más amplio que aquel?

En este acuerdo se habla del mejoramiento de los vuelos. La cancillería argentina, junto con su par británica, salen a recorrer los países de latinoamericana, desandando un camino de unidad latinoamericana y de consenso que se había generado para reclamar que Gran Bretaña cumpla con las resoluciones de la ONU de sentarse a dialogar. Ahora recorren esos países invitándolos a que refuercen la logística hacia Malvinas, lo que va en contra de los intereses argentinos. La cancillería argentina sale a buscar nuevos vuelos y el gobierno con las medidas económicas está destruyendo el desarrollo económico e industrial de Tierra del Fuego, parte de esa provincia y de la zona del Atlántico Sur es favorecida a los británicos en su usurpación y, como contraparte, deja de subvencionar el desarrollo económico de Tierra del Fuego. Todo esto sucede gracias a la política económica que lleva adelante el macrismo. Todas las políticas que aplica el macrismo se dirigen a potenciar la permanencia británica en el Atlántico Sur que, por supuesto, ya planifican una tercera parte que es avanzar hacia la Antártida.

Todo esto cuando se reconoce abiertamente que EE.UU. instala una base militar en Misiones...

Están aplicando un proyecto de control total del territorio latinoamericano, un área rica en recursos naturales y todavía un territorio de paz. Las fuerzas armadas británicas y argentinas llevarán adelante el control y patrullaje del Atlántico Sur para no permitir la explotación ilegal de la pesca. Pero los primeros que la explotan de forma ilegal son los británicos que, encima, le venden licencias a terceros países, algo que viola las resoluciones de la ONU que instan a las partes a sentarse a dialogar. Esta es la realidad, es lo que sucede y es lo que hace el macrismo: destruir a la República Argentina, no solamente vendiendo las joyas de la abuela y de la tatarabuela, sino que ahora embarga el futuro de las próximas generaciones en nuestro país.

¿Qué cree que pasó con el ARA San Juan?

Después de la Guerra de Malvinas y en tiempos de paz, esta es la tragedia militar de mayor envergadura que sufrió nuestro país. Vemos que hay un gran encubrimiento por parte de las Fuerzas Armadas que no quieren avanzar en la investigación que permitiría que los familiares de los tripulantes del ARA San Juan sepan qué pasó con el submarino. El ejecutivo elude su deber de investigar, se habla de muchas hipótesis, pero no sabemos qué pasó efectivamente. Pensemos que hablamos una zona altamente militarizada, no tengo dudas de que los británicos, desde su fortaleza en Monte Agradable vigilan toda la zona, por lo que saben perfectamente qué sucedió con el ARA San Juan y, seguramente, conocen donde está ubicado porque poseen tecnología para controlar el espacio terrestre y marítimo. Lamentablemente esta es otra situación más en la que el gobierno nos está dejando un saldo negativo: sostienen el ocultamiento y la impunidad para lo que fueron responsables de lo que sucedió con este submarino. Esta es la peor tragedia militar después de la Guerra de Malvinas, con el hundimiento del General Belgrano y la cantidad de muertos que hubo en ese conflicto.

Contra la vivienda del apoderado del PC29.3.2018

Atentado en Córdoba

El hecho apunta contra el abogado Julio César Martínez, quien también es titular de la filial provincial de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre despertó exhibiciones de solidaridad en todo el campo popular.

El Partido Comunista de la Argentina denunció e hizo público su repudio por la agresión perpetrada contra el domicilio del apoderado del PC de Córdoba, Julio César Martínez, quien es titular de la filial provincial de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

El hecho tuvo lugar el martes en horas de la madrugada cuando individuos que no pudieron ser identificados, agredieron la fachada de la vivienda del abogadoMartínez.

Ante este atentado, el PC solicitó una audiencia al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Luis Angulo, para exigir el rápido esclarecimiento del episodio y que se identifique a los responsables materiales e ideológicos.

Por su parte, el secretario del PC provincial, Federico Nanzer, recordó que esta agresión tiene lugar “a sólo tres días de haberse conmemorado multitudinariamente el 24 de marzo en Córdoba, como en el resto de las ciudades y pueblos del país”.

Tras lo que vinculó las pintadas insultantes que fueron estampadas en la fachada del apoderado del PC local, al papel que Martínez tiene como abogado querellante -en representación del Partido- en la Megacausa de La Perla-La Ribera. “Causa que comenzó a moverse nuevamente a comienzos de este año y en la que ahora están siendo citados los imputados, quienes son miembros de la fuerza policial, que han estado en actividad hasta hace poco tiempo”, señaló Nanzer, tras lo que hizo público el agradecimiento partidario “a todos los movimientos sociales y políticos que se han solidarizado con el PC y el doctor Julio César Martínez”.

Declaración

Entre los que rápidamente se solidarizaron está el Frente Córdoba Ciudadana(FCC) que junto a otras organizaciones dieron a conocer una declaración al respecto.

“Este atentadosucede a tres días de conmemorarse 42 años del último golpe de Estado cívico militar, en un contexto en el que resurgen discursos negacionistas y una generalizada concesión de prisiones domiciliarias a los perpetuadores del terrorismo de Estado”, remarca la declaración.

Y destaca que “no es casual que en este nuevo clima de época que intentan imponer aquellos que pugnan por la reconciliación y una vuelta de página al pasado como nuevas formas de impunidad, aparezcan posiciones reivindicativas de la dictadura como las del médico de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano”.

Pero aclara que “la Memoria, la Verdad y la Justicia como horizonte y cuestión que la sociedad argentina no está dispuesta a negociar quedó demostrada en las masivas movilizaciones contra el 2x1 a los genocidas, en la reciente declaración como persona nograta al genocida Diedrich del Concejo Deliberante de San Javier y sobre todo los y las 120 mil cordobeses y cordobesas que se movilizaron este 24 de marzo”.

Y hace hincapié en que “no debemos permitir estas reacciones de unos pocos que intentan volver al pasado, porque en un claro contexto de retrocesos en los derechos significa avalar las impunidades de las violaciones a los derechos humanos hoy”.

Entre otros, firman la diputada nacional Gabriela Estevez, Cecilia Merchan, quien es legisladora en el Parlasur, el legislador provincial Martín Fresneda, el titular del Partido Solidario Eduardo Fernández, Horacio Viqueira quien preside el Frente Grande y el titular del Partido Encuentro para la Democracia con Equidad,Federico Iribarne.

También la presidenta Partido de la Victoria, Carmen Nebreda, Camila Perasside La Campora, Malvina Tosco del Movimiento Alfonsinista, Pablo Riveros de la Corriente Nacional Martín Fierro, Julieta Gatica de Mano de Obra K, José María Romero de Lealtad y Futuro y Valeria Díaz del Partido Piquetero.

 

10 de Acumar23.3.2018

La cuenca, bien gracias

La política neoliberal del gobierno nacional –y provincial- aplicada al sector ambiental agravó uno de los problemas socio-sanitarios más graves del Amba: el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo

La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo es, junto a la generación y tratamiento de residuos, el otro gran problema ambiental del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Si a doce años de sancionada la Ley de Basura Cero el objetivo de reducir la producción de desechos sigue lejos, a diez años de la fundación de Acumar, el saneamiento de la cuenca parece misión imposible.

El macrismo es el principal responsable del empeoramiento de la situación a la vera del Río Matanza y alrededores, ya que desde que llegó a la Rosada trabaja en el vaciamiento de la Autoridad creada a partir de un fallo de la Corte Suprema.

Por ejemplo, el gobierno decidió abandonar la atención sanitaria que brindaba el Estado a miles de personas que habitan en el área de influencia del río, mientras permite descargar a las empresas alojadas sobre la cuenca sustancias prohibidas por tratados internacionales.

Las consecuencias socio-sanitarias de estas medidas son imposibles de calcular. Las zonas más afectadas son, no por casualidad, donde se concentra la mayor cantidad de población en condiciones de hábitat inhumanas, como es el caso de Villa Zabaleta en la Ciudad de Buenos Aires y Bunge y Villa Fiorito en Lomas de Zamora.

Esta verdadera catástrofe socio-sanitaria se debe a la desarticulación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, fue creado en el año 2008 para brindar atención socio-sanitaria a la población perjudicada por la contaminación del riachuelo.

Vale recordar que, por aquel entonces, el máximo tribunal instó a los Estados nacionales, provinciales y locales a cumplir con los objetivos de la Acumar: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca; lograr la recomposición del ambiente tanto en el agua como en el suelo y aire; y prevenir los posibles daños con suficiente y razonable previsión.

Está a las claras que estas metas no se están cumpliendo y una de las principales responsables es la actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Gladys González, quien fuera titular de la Acumar durante los dos primeros años de gestión macrista.

En 2015 -con el programa todavía en actividad- fueron asistidas 32 mil personas mientras que, durante 2016, el número descendió a trece mil. Además, fue la funcionaria la que permitió directamente -sin consultar al cuerpo colegiado que se constituyó por orden de la Corte Suprema de Justicia para sanear el riachuelo- que las empresas viertan nuevamente sobre las aguas del riachuelo los desechos que ellos llaman “externalidades”, pero que no son más que sustancias que afectan seriamente la salud de las personas que habitan en la ribera.

¿Qué son las externalidades? Es un eufemismo al que recurren las cámaras empresarias para referir al costo socio-sanitario que producen los vertidos industriales sobre el ambiente y la población, cuando en realidad se trata de los costos sociales de la producción industrial capitalista.

La autorización de la dirigente de Cambiemos permitió que las empresas descarguen sobre el río y sus afluentes siete sustancias expresamente prohibidas por el Convenio de Estocolmo.

Modelo de Ciudad PRO y residuos23.3.2018

¿Basura cero?

El Ceamse tuvo que comenzar a utilizar el último relleno sanitario previsto para desechos de la Ciudad de Buenos Aires debido a que, contrario a los objetivos de la Ley de Basura Cero, se produce cada vez más cantidad ¿Cuál es el negocio?

La recolección de residuos y el tratamiento de la basura en los grandes centros urbanos no escapan a las lógicas del capitalismo. Tampoco escapan al modelo de ciudad Pro que el macrismo desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires desde hace once años.

En enero se comenzó a llenar el último lote del Ceamse adjudicado a la basura que se produce en la Capital Federal. Se estima que en máximo cinco años estará lleno ¿Qué pasará entonces con las 6.700 toneladas diarias de residuos que producen los porteños? Nadie sabe, lo que sí se sabe es lo que hace el Gobierno de la Ciudad con la basura: un negocio redondo para las empresas cuyos dueños poseen vínculos con el macrismo.

Pese a que en 2006 la Legislatura sancionó la Ley de Basura Cero y esta fue promulgada al año siguiente, la cantidad de residuos que se generan en la Capital y que se hace con ello sigue siendo un problema y, por tanto, un negocio para el sector privado. Esto explica porque no se buscan soluciones de fondo orientadas al cuidado del medio ambiente y a la consolidación de formas de trabajo alternativas, como el de los recicladores, que permitirían iniciar un proceso alternativo bajo lógicas distintas al del mercado y la ganancia.

Entre los millones de toneladas de basura que se generan hay una parte que no se pueden recuperar mediante tratamiento y reciclaje. Esas son las toneladas que el Gobierno de la Ciudad entierra en territorio bonaerense, en la localidad de José León Suárez, y que rebalsan los lotes sanitarios del Ceamse.

El problema es serio: nadie podría alertarse si a la pregunta sobre cuál es el principal bien de exportación de la Ciudad de Buenos Aires se respondiera que son los residuos. Con la sanción de la Ley de Basura Cero, la Ciudad había prometido a la provincia de Buenos Aires que iba a disminuir el volumen de residuos que envía a los rellenos sanitarios bonaerenses. Sin embargo, pese a que fuentes gubernamentales afirmen que ese objetivo se está cumpliendo, la realidad del sector indica lo contrario. Es que pese a que la Ley establecía una reducción gradual sobre la cantidad de basura que se enviaba al Ceamse, lo cierto es que el número crece: en 2016 se enterraron 1.094.708 toneladas y el pasado 1.101.202. Es decir que, lejos de disminuir, las cantidades aumentan.

¿Por qué? Por qué para el Pro la basura no es basura sino un negocio.

En la actualidad el Ceamse entierra más de 18 mil toneladas de residuos y se estima que, para 2030, la cifra ascendería a 25 mil. Estas toneladas son las que no se pueden tratar entre los millones de basura que se producen al año y que, por tanto, deben ser desechados de alguna manera.

Negocio de amigos

En este marco, la Ciudad de Buenos Aires es uno de los principales productores de residuos y, por ende, de depositarios de basura en los rellenos sanitarios. Según datos de organismos oficiales, en 2017 se generaron 44 mil toneladas más de residuos; de estos, seis mil no pudieron ser recuperados por lo que fueron directo a los lotes del Ceamse. En total, los porteños producen más de un millón de toneladas por año. Los números dejan en evidencia que la Ley no sólo está lejos de cumplirse sino que están quienes se benefician con esto ¿Quiénes son?

La empresa Impsa de la familia Pescarmona, Cliba de Benito Roggio, Urbaser, Ashira, Aesa, Ecohábitat y el Ente de Higiene Urbana, este último, dependiente del estado porteño.

El servicio de recolección de residuos que estas empresas prestan está entre los más caros del país, además no hacen otra cosa que llevar basura de un sitio a otro que ya se está quedando sin lugar y lejos están de impedir que Buenos Aires esté cada vez más mugrienta. ¿Pero acaso es esta la única alternativa posible? ¿Brindan estas empresas un servicio barato?

El Ente de Higiene Urbana es un organismo estatal que atiende la parte de la Ciudad que incluye los barrios de Villa Riachuelo, Villa Lugano y un segmento de Villa Soldati, donde se ocupa de la recolección domiciliaria de residuos. También de la limpieza y barrido de calles, entre otras tareas a las que se suma el vaciado y disposición de cestos y contenedores que dispone en esquinas, escuelas y villas.

Pero, significativamente, la gestión PRO destina para el Ente un presupuesto menor al que destina a las concesionarias. El Gobierno de la Ciudad oculta las cifras de los contratos ¿por qué será? En 2012, por ejemplo, los fondos destinados al Ente estatal eran menor al diez por ciento del que se destinaba a las seis empresas con la que comparte actividad en el sector.

¿Y el reciclado?23.3.2018

Una alternativa viable, no rentable

Millones de pesos por día se destinan para costear los contratos de las empresas que recogen y trasladan los residuos ¿Y las cooperativas de cartoneros y reciclado? Estos representan un “peligro” para las ganancias de los amigos de la gestión PRO.

La crisis económica y social pone en el centro de la escena la actividad que desempeñan recicladores y cartoneros, una actividad que crece al compás del desempleo y la pobreza en los principales centros urbanos del país.

De esta manera, un número importante de changarines, que cubrían sus necesidades básicas realizando trabajos particulares en condiciones precarias e informales, la mayoría de las veces dependiente del volumen del mercado interno, ahora se ven obligados a ejercer el oficio de juntar material descartable entre los residuos de las ciudades para venderlo.

Mientras el problema de la generación y separación en origen de residuos sigue siendo uno de los principales problemas ambientales en los centros urbanos, el cual también tiene un costado económico y social ¿Qué tienen en común estas tres dimensiones del problema? La hegemonía de la lógica del capital que hace de la basura un negocio extraordinario para grandes grupos económicos, mientras excluye y margina a recicladores y cartoneros al tiempo que exacerba los estímulos del consumo masivo, el principal motor de la generación de residuos.

En este marcó una parte del millón y medio de nuevos pobres que generó el gobierno de Mauricio Macri se volcó nuevamente, en un fenómeno muy similar al ocurrido durante la crisis de 2001, a la recolección de material descartable entre los residuos de las grandes ciudades, para venderlo a las industrias que reciclan cartón, papel, vidrio y plásticos para producir, principalmente, envases descartables.

El oficio del reciclador, cartonero o ciruja como se dice en las ciudades del interior, entra en contradicción con los principales grupos económicos que monopolizan el negocio de la basura en Argentina. Según datos del Ceamse, la empresa pública encargada del tratamiento de los residuos compuesta por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, sólo en la Ciudad se produjeron, durante 2017, más de un millón de toneladas de basura. Argentina produce doce millones de toneladas de residuos al año, lo que la convierte en la ciudad que mayor basura produce en sudamérica y una de las treinta que más lo hace en el mundo.

Es el capitalismo

Se calcula que, del total de residuos producidos por la población, el noventa por ciento llega a plantas de tratamiento ¿Qué pasa con el diez por ciento restante? Es el porcentaje que los cartoneros reducen haciendo tareas de separación de materiales e introduciendo los mismos en el circuito del reciclado. Esta tarea, tiene un doble valor para la sociedad: por un lado, minimiza considerablemente la cantidad de residuos que son enterrados en las plantas de tratamiento, reduciendo la contaminación del suelo, las napas y el aire y, por otro, genera una fuente de ingreso para los trabajadores mientras que abarata los gastos del Estado en servicios de recolección.

Pero si es así: ¿por qué el Estado no formaliza el oficio y estimula la creación de cooperativas de trabajo de recolección urbana y reciclado? El capitalismo transformó en un negocio un problema ambiental que generó con el consumo irracional y que a largo plazo tiene consecuencias irreversibles sobre el planeta. Si como muestra hace falta un botón, la Ciudad de Buenos Aires representa un caso paradigmático en la materia. Antes de dejar la Jefatura de Gobierno, Macri extendió por diez años y por una suma de casi cincuenta mil millones de pesos el contrato general de licitación a las empresas recolectoras de residuos ¿Quiénes son? Todos ex socios de la familia presidencial y actuales compinches del presidente, como Benito Roggio -dueño de Cliba- y Pescarmona, entre otros.

Pero esto no es todo. El Estado porteño destina más de ocho mil millones de pesos a la Dirección de Limpieza, encargada de gestionar los contratos con las empresas recolectoras, mientras que aporta apenas setecientos a la Dirección de Reciclado, encargada de implementar la ley “Basura Cero” y de financiar cooperativas de reciclaje con el fin de reducir significativamente la producción de residuos sólidos urbanos.

Esta matriz es la dominante en todo el país. En Córdoba, el intendente Ramón Mestre avanzó con la privatización del servicio de recolección, mientras que en el conurbano bonaerense Cliba y Covellia se reparten el territorio. Ante este panorama y con la llegada de miles de nuevos cartoneros al sector producto de la crisis económica, la organización de cooperativas de trabajo y la disputa por la recolección de residuos contra los grandes grupos económicos vuelve a ser un tema central en el marco del desarrollo de una alternativa ecológica y social que rompa con la lógica del capital.

 

¿Grieta en el bloque de poder de Córdoba?21.3.2018

Recriminaciones, de Juan a Ramón

¿Qué se esconde detrás del reclamo que el ejecutivo provincial le hizo al intendente de la capital provincial? “Hay un quiebre y dentro de Unión por Córdoba hay sectores que empiezan a criticar al gobierno de Macri”, dijo la titular del PC local, Solana López.

“Ambos dirigentes, tributan al proyecto de Cambiemos, independientemente de sus identidades políticas, pero hay un dato político importante: se ha producido una fisura en el bloque de poder, en lo que denominamos el partido único cordobés”, dijo la titular del Partido Comunista de Córdoba al analizar la controversia entre el gobernador Juan Schiaretti y el intendente de la capital provincial, Ramón Mestre.

Días atrás, desde el ejecutivo cordobés se cuestionó con dureza al intendente municipal , después de que se hiciera público que la comuna cobra tributos encubiertos junto a las boletas de los servicios públicos.

En este sentido, el secretario de Asuntos Institucionales del Gobierno provincial, Miguel Siciliano, denunció que el municipio “nos cobra en exceso dentro de la boleta de luz”, ya que “pensábamos que lo que pagábamos dentro de la boleta de Epec era por el alumbrado público y la semaforización de la ciudad, monto que de acuerdo a la Ordenanza Tributaria Anual, es de 350 millones de pesos”, pero el Ersep “revela que sólo 250 millones corresponden a esos conceptos y los otros cien millones nos lo está cobrando de más”

Al respecto, Solana López señaló que esta situación “tiene que ver con los niveles de representación que asume cada uno de los dirigentes, tanto de Unión Por Córdoba y de otros sectores en relación a los sectores empresariales y de la producción en la provincia”.

Y añadió que Córdoba “ha dejado de ser la isla bonita, porque necesita una dependencia cada vez mayor del gobierno nacional” ya que “va cayendo su PBI, producto de que el modelo económico nacional que está diseñado en detrimento del desarrollo de muchas de las empresas y las fábricas que teníamos en la provincia”.

Por lo que, esta situación, “generó un quiebre que está haciendo que haya sectores dentro de Unión por Córdoba que empiezan a criticar al gobierno de Macri y, a su vez, le produce una tensión al gobernador que necesita que su fidelidad responda con aportes de voz”.

En la grilla

Vale recordar que días atrás, Cambiemos dejó trascender que va a ir por la provincia de Córdoba en 2019 y que, para ello, ya inscribió en la grilla de precandidatos a gobernador a Mestre, Héctor Baldassiy Luis Juez.

Pero qué va a pasar con el “partido único” conformado por el tándem PJ-UCR, la Iglesia que conforman un bloque al que se debe añadir, tal como lo señala Solana López “el ejército, la policía y el narcotráfico que también son los últimos actores que se han ido sumando a la estructura de poder”.

Aquí es donde vuelve a aparecer la necesidad de construcción de una fuerza alternativa. “La tarea de los espacios políticos que, desde los últimos años nos venimos construyendo como alternativa, es poder consolidarla”, recalcó la secretaria del PC de Córdoba.

Y explicó que “la fisura en el bloque de de poder es un momento de oportunidad para una alternativa para que, a partir de ahí, podamos ir haciendo un proceso de acumulación en torno a todas las luchas que se vienen dando de resistencia callejera, ligadas a las reivindicaciones sindicales”.

Tras lo que, sin dudarlo, hizo hincapié en que “tenemos una agenda de lucha y de resistencia que tiene que ser nuestra base de sustentación para pararnos a la hora de confrontar contra este bloque”, pero asimismo, “para que esto se transforme en un momento de oportunidad”.

¿Pero cómo se puede proyectar esta construcción de alternativa hacia 2019? “Hay una responsabilidad, por lo menos de quienes asumimos el Frente Córdoba Ciudadana, de poder avanzar en ese sentido y ampliarlo”, destacó Solana López y añadió que esto es así, “porque para enfrentar a un bloque tan monolítico como el que representa centralmente el Proyecto Cambiemos, es preciso tener un grado de amplitud y de unidad”. Y finalizó: “ahí está la tarea en la que tenemos que avanzar”.

Recién llegada al Senado, ya piensa en Avellaneda20.3.2018

La candidata de Vidal

De la mano de la gobernadora, Gladys González vuelve a la carga. Viejos enemigos de Feraresi a punto de firmar el pase a Cambiemos que “se parece cada vez más a una caricatura, ya que tiran el espinel y lo que sale es lo mismo de siempre”, señaló desde el PC local, Leonardo Giugovaz.

Queda claro que entre las principales obsesiones electorales de la gobernadora, María Eugenia Vidal, está que Cambiemos se quede con el Municipio de Avellaneda, cuyo jefe comunal es Jorge Ferraresi.

Para eso, con el resultado de las legislativas de octubre sobre la mesa, la gobernadora había puesto en marcha el Operativo Gladys que pretende culminar, en 2019, con la actual senadora nacional al frente de la Intendencia.

Pero después de que comenzara a destaparse la olla del caso Sandra Heredia, pareció que el proyecto quedaría en el freezer, al menos por el momento.

Es que Gladys González construyó su camino a la banca de senadora que actualmente ocupa, desde la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), que le regaló Jorge Triaca.

Desde esa posición se exhibió como una especie de cruzada incorruptible, que llegaba para destronar a Omar Caballo Suárez, el primer burócrata sindical que no cerró a tiempo con el Gobierno Cambiemos, por lo que fue utilizado como ejemplo de lo que le podía pasar a otros que, por entonces, aún estaban dudando si dar el salto.

Pero cuando el caso Sandra Herrera le estalla en las manos al ministro Jorge Triaca, comienza a ventilarse que la intervención de Gladys González sacó los muertos que el Caballo tenía en el placar, pero sólo para meter los propios o, mejor dicho, los propios y los de Cambiemos.

Es que entonces se supo que durante su gestión se metieron en la estructura del Somu a alrededor de 250 ñoquis, entre ellos la misma Heredia que sin pertenencia al gremio ni currículum que la avalara, fue designada al frente de la intervención en la Seccional San Fernando desde donde salía el dinero que cobraba para servir en múltiples trabajos que, hasta el momento en negro, realizaba en la quinta que los Triaca tienen en Bulogne.

Sin dudas, sobre todo esto, Gladys González debería tener mucho que explicar, al menos “en un país serio”, como le gusta decir a Macri. Pero también sobre la denuncia judicial que sobre ella hizo el ex titular del bloque de concejales del PRO de Avellaneda, Daniel García, quien señaló que González le pidió retornos del diez por ciento a las personas que iban a formar parte de su equipo, en caso de que ganara la intendencia de Avellaneda, en 2015.

Más de lo mismo

Al respecto, desde el Partido Comunista de Avellaneda, su secretario de Organización, Leonardo Giugovaz, recalcó el papel que la protección massmediática juega para que la actual senadora lograra sortear el barro con que estos casos la salpican.

Pero también, señaló que está claro que en el caso de Sandra Herrera, “prefirieron que la atención recaiga sobre el ministro Triaca que, confiado en la impunidad que le garantiza su estrechísima relación con el propio Mauricio Macri, sabe que puede soportar estos embates, pone su mejor cara y sigue al frente de la cartera que, entre otras cosas, debería garantizar que no existan trabajadores informales como, durante años, fue Sandra Herrera en su quinta”.

Así las cosas, cuando ya pasaron algunas semanas y el caso Sandra Herrera comienza a opacarse desde la mirada massmediática, Gladys González sigue afinando la punta del lápiz y, al parecer, ya consiguió los primeros aliados peronistas para salir a disputar el municipio a Ferraresi.

En este sentido, pudo saberse que está avanzada la cosa con el ex senador Baldomero Cacho Álvarez, quien fuera intendente de Avellaneda y supo surfear la ola del PJ junto a Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Daniel Scioli y Sergio Massa.

Pero en la lista también están el líder del gremio de municipales, Rubén Cholo García, un dirigente que desde ese gremio se las suele hacer difíciles a Ferraresi y el ex diputado peronista Hernán Doval.

“Como se ve, lo de Cambiemos se parece cada vez a una caricatura, ya que tiran el espinel y lo que sale es lo mismo de siempre”, señaló Giugovaz, tras lo que hizo hincapié en que este armado político, “sólo vuelve a demostrar que la verdadera cara de Cambiemos es la de la derecha tradicional que ya conocemos, adornada con márketing y globitos”.

Por lo que, sin dudarlo, destacó que “es preciso que, también en Avellaneda, avancemos en la construcción de un camino de unidad en la acción y, sobre todo, de construcción de Partido”.

 

Preocupante situación en La Matanza 19.3.2018

Crece la desocupación

“Hay hambre”, denunció la dirigente del Partido Comunista de este municipio, Romina Pereira, tras lo que recalcó que “hay que organizar a la clase trabajadora, frenar a la derecha y el desarme de la industria en La Matanza”, algo que “se hace con organización obrera y de las organizaciones populares anticapitalistas”.

“Es alarmante lo que pasa en el país con la pérdida de puesto de trabajo, pero en La Matanza eso todavía es peor”, dijo la dirigente del Partido Comunista matancero, Romina Pereira, al referirse a un relevamiento llevado a cabo por la Secretaría de Producción y Empleo del Municipio, que da cuenta que desde diciembre de 2015, en este distrito del conurbano bonaerense se perdieron cuarenta mil puestos laborales.

Esta cifra de por sí alarma, pero más aún si se tiene en cuenta que, tal como lo refirió al presentar el informe la intendenta Verónica Magario, hay que multiplicarla por tres cuando se evalúa el impacto que esta pérdida de fuentes laborales formales tiene sobre el universo de la informalidad.

Al respecto, la jefa comunal recordó que uno de los sectores más comprometidos es el de la industria y citó los casos de las fábricas Yoon -que ya cerró- y de la única empresa argentina que confecciona tela corduroy, la Textil Latinoamericana S.A., “una de las históricas de nuestro municipio que está a punto de cerrar”.

Y recalcó que, en La Matanza, la situación de los comercios también atraviesa una situación crítica. Un estudio elaborado por el Municipio, señala que entre febrero de 2017 e idéntico mes de este año, la caída en las ventas generales alcanza el 41 por ciento promedio de todos los rubros.

Y, cuando se hace el desagregado por localidad, se advierte que la que más sufrió es Laferrere, donde el desplome llega al 51 por ciento en todos los rubros del comercio. Esto tiene un correlato en la pérdida de puestos de trabajo empleo en el sector comercial: de acuerdo a una encuesta de la Secretaría de Producción local, el 35 por ciento de los pequeños comerciantes despidió personal durante febrero, mientras que en octubre sólo lo había hecho el 19.

Organizar

En este contexto, Romina Pereira citó “el ejemplo de cierres como el de Rapiston, que es una metalúrgica importante en La Matanza y varios talleres”, pero además advirtió que “crecen los despidos en una cantidad de empresas privadas y multinacionales”.

La dirigente del PC hizo hincapié en que “en esto, no tiene una responsabilidad el municipio” ya que “está clara la responsabilidad a nivel nacional y provincial del vaciamiento de la industria nacional que los gobiernos vienen haciendo, por ejemplo, anulando programas de protección de la industria”.

Asimismo, recordó que en La Matanza “hay muchos talleres de zapatos y textiles, y los programas que defendían estas fábricas locales, pequeñas y medianas industrias, están siendo desarticulados”.

Pero también fustigó a los gobierno nacional y provincial porque “desarticulan las políticas públicas de contención para personas desocupadas” algo que, evaluó, “significa un ataque, fundamentalmente, a la clase obrera”, porque “el objeto principal de la gobernadora y el presidente es destruir a la clase obrera”.

De ahí que, “como Partido, organizamos la resistencia, la toma de fábricas y el trabajo cooperativo, pero la situación en La Matanza se agrava porque no hay para comer”, algo que “se resuelve con política pública y no con voceros en los canales de comunicación que defienden la política del macrismo que es neoliberalismo”.

YY denunció que “existe la intención de desarmar el cordón semi-industrial que tenia nuestro municipio” por eso “nos queda sólo resistir y reclamar a las centrales obreras de las que somos parte, que se pongan a la altura de la situación y a la intendenta que, más allá de reclamar en los medios o de los recursos de amparo que pueda presentar, que avance porque hay posibilidades concretas por medio del Estado y no se está usando de esas posibilidades concretas”.

Tras lo que fue clara cuando señaló: “hay que organizar a la clase trabajadora, frenar a la derecha y el desarme de la industria en La Matanza”, pero también “defender a la pequeña y la mediana industria” algo que “se hace con organización de obreros y obreras y de las organizaciones populares anticapitalistas”.

POLÍTICA SOCIAL DEL MACRISMO16.3.2018

Planes de entretención para una Argentina sin trabajo

Los movimientos sociales se manifestaron en contra del fin de planes sociales con formación y trabajo para ser reemplazados por uno que sólo obliga a sus beneficiarios a estudiar, cuando más de la mitad ya realizó los estudios exigidos y lo que necesitan es trabajar.

Movimientos sociales se movilizaron en 15 provincias del país y su capital para manifestarse en contra del cese de varios programas sociales de trabajo, medida del ministerio de Desarrollo Social, cartera de la ministra Carolina Stanley. Los manifestantes son los englobados en tres conglomerados de organizaciones: el Frente Barrial de la CTA, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Cnct) y el Frente Milagro Sala.

En la ciudad de Buenos Aires la convocatoria fue mayúscula, siendo unos 15 mil los cooperativistas y beneficiarios de ingresos sociales los que marcharon desde el ministerio de Desarrollo Social hasta la sede del Inaes, que en estos días dio de baja en sus nóminas, además, a 4 mil asociaciones cooperativas en todo el país.

Este paquete de medidas se da en un marco de ajuste oculto, porque la propuesta para reemplazar estos paliativos del Estado en relación con la desocupación y el trabajo en negro, no contempla, como lo hacían los planes discontinuados, el trabajo en obras, quedando los beneficiarios sólo alcanzados por los planes educativos, que por sí solos no dignifican y liberan de invertir miles de millones de pesos al ministerio de Stanley.

Los beneficios sociales discontinuados son Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio (siendo este, sólo bonaerense). Sus titulares pasarán a la órbita del programa macrista Haciendo Futuro, que sólo contempla la culminación del secundario en contraprestación. Eso pese a que más de la mitad de los 260.000 titulares de los nuevos planes ya terminaron sus estudios en esta parte del sistema educativo.

Esto significa una grave pérdida de dignidad para quienes cobrarán las elementales asignaciones monetarias, porque si ya habían realizado estudios ni siquiera tendrán posibilidad de trabajar. Esto considerando también que las obras a las que eran destinados los titulares de los planes anteriores al Haciendo Futuro, solían implicar el necesario arreglo de escuelas, centros de salud, clubes o casas de familias muy afectadas por la pobreza o la indigencia.

La lucha es por trabajo

Las manifestaciones en todo el país para denunciar la precarización de los beneficiarios de ingresos sociales, se dieron en el marco de un plan articulado de lucha, el cual ya había sido anunciado el 2 de marzo en conferencia de prensa. Al respecto de la situación planteada desde entonces, conversamos con Mario Micheli, secretario de la CTA Cañuelas-Lobos y coordinador del MTL bonaerense.

Micheli señaló que la creación del programa Haciendo Futuro a los cooperativistas y beneficiarios de los planes dados de baja “se nos informó en forma intempestiva”. Dijo que la nueva creación del macrismo “marca un nuevo parámetro que para nosotros nace y estamos denunciando: el de la Argentina sin trabajo”.

Observó que el actual “antes de ser gobierno fue un espacio político que se quejaba del Argentina Trabaja, al que llamaban ‘Argentina Descansa’”. Agregó: “hoy realmente están implementando un Plan Social, sacando todos los ítems de capacitación con obras, de inclusión social con trabajo”.

Repuso: “un gobierno que cierra escuelas, que cierra cursos, que cierra formación profesional, que cierra bachilleratos de adultos, nos manda a más de 250 mil integrantes de diversos programas solamente a estudiar”. “De entrada tiene una gran contradicción”, agregó.

Denunció la “subejecución de programas en cuanto a lo financiero” por parte de la cartera de Stanley y puntualizó que la creación del programa Haciendo Futuro representa “un ahorro de 3 mil millones de pesos del ministerio de Desarrollo Social al no meterle obra a los oficios”. “Hay un gran ajuste atrás de esto”, imputó el dirigente.

“El que pueda entrar hoy en la nueva red federal de oficios se encuentra prácticas como talleres de salsa caribeña o de zumba y con eso nos quieren decir que vamos a pasar a la nueva etapa de entrar en el mercado laboral”, ironizó y apuntó que pese a que “el gobierno dice que este programa (Argentina Trabaja) nunca capacitó a la gente”, el mismo “incluía el Fines”.

Sobre ello, Micheli señaló: “el Fines fue creado justamente para los objetivos del Argentina Trabaja, para que los sectores más vulnerables, que no tuvieron acceso a la educación formal, pudieran terminar sus estudios primarios y secundarios”. En este punto, recalcó que desde los movimientos territoriales “defendemos un programa de ingreso social, no de planes, con trabajo, que incluya la capacitación y la posibilidad de trabajo, que es lo que dignifica”.

 

Macri inauguró Expoagro 201814.3.2018

Amor por el agronegocio

A diez años de la creación de la Mesa de Enlace, el ahora presidente fue a la reunión anual de lo más concentrado de negocio rural para pagar viejas deudas.

La Comisión Política del Partido Comunista, hizo público su repudio a “los brutales anuncios del presidente Macri en la tribuna política de la remozada oligarquía, al inaugurar la Expoagro 2018 en la localidad de San Nicolás”.

Vale recordar que, al inaugurar la muestra, Mauricio Macri anunció la eliminación del registro de operaciones de exportación, pero también diferentes mecanismos de regulación, algo que va a favorecer particularmente a grandes comercializadores, al tiempo que facilitará la evasión fiscal.

Se trata de instancias regulatorias de la actividad agroexportadora como del Registro Fiscal de Operaciones de Granos, el Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas y el Registro de Semillas.

Al respecto, desde la Comisión Política del PC, el coordinador del Movimiento Campesino Liberación, José Luis Livolti, fue claro al señalar que esta decisión presidencial “obedece al mandato del imperialismo norteamericano” que favorece a “empresas monopólicas de los agronegocios y de la neo-oligarquía nativa asociada a él”.

Asimismo, Livolti hizo hincapié en que “con la promesa de anular el Registro Fiscal de Operaciones de Granos, el Registro Fiscal de Tierras, el Registro de Semillas, el Renspa y el Registro de Operaciones de Exportación, el gobierno de los ricos para los ricos realiza estos anuncios a modo de obsequio en la celebración de los diez años de la creación de la Mesa de Enlace, propiciatoria de la crisis por la aplicación de la Resolución 125, cuyas consecuencias van aflorando en nuestros días con toda crudeza”.

Puro cuento

“El cuento de la eliminación de una serie de trámites, que teóricamente desburocratizarían la actividad agropecuaria, está destinado esencialmente a facilitar la elución fiscal de grandes contribuyentes agrarios”, denunció la Comisión Política del PC.

Tras lo que enfatizó que, “de esta manera y sin controles, se eliminan los impuestos a las grandes multinacionales que exportan y siembran, pools y mega productores”, pero también “se sigue desfinanciando al Estado en beneficio de los más poderosos”.

Y aclaró que la medida se orienta a que “cinco mil mega productores, cualquiera sea su forma jurídica, puedan eludir al fisco con más comodidad y que los 22 puertos privados, treinta muelles para buques, seis para barcazas y nueve amarraderos -todos a la vera del río Paraná, desde Timbúes a Villa Constitución- puedan recibir el verde poroto lo más negro posible”.

Por eso, instó a “redoblar los esfuerzos en el camino de la construcción del frente opositor contra el ajuste, la entrega y la represión” al que calificó como “herramienta imprescindible para impedir el avasallamiento de estas medidas que, seguro, repercutirán en los precios de los alimentos del pueblo argentino”.

Justicia a medida de La Rosada14.3.2018

Hacete amigo del juez

Dos fallos recientes apuntalan dos medidas que para el Gobierno Cambiemos son clave. Desde el Poder Judicial dicen que están bien que no se convoque a la Paritaria Nacional Docente y que la contrarreforma jubilatoria puede seguir su curso.

Por medio de dos decisiones adoptadas ayer, dos instancias del Poder Judicial avalaron lo hecho por el gobierno nacional en dos temas que son clave para La Rosada.

El juez nacional del fuero laboral de primera instancia 51, Mario Zuretti, rechazó un recurso de amparo que había sido presentado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) para que el ejecutivo nacional cumpla con la ley que lo obliga a convocar a la Paritaria Nacional Docente.

Por otra parte, la magistrada Adriana Cammarata, hizo lo propio con el recurso de amparo que presentó el ex directivo de la ANSeS, Miguel Angel Fernández Pastor, quien buscaba que se declare la inconstitucionalidad de la Reforma Previsional que, a instancias del ejecutivo, fue sancionada en diciembre de 2017.

Al fallo del juez Zuretti, se sumó otro rechazo judicial que -a fines de enero- sufrió una presentación similar que fue llevada a cabo por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), para salir al cruce del Decreto 52/2018 dictado por el Ejecutivo Nacional, que deja a la cuestión salarial afuera de la mesa de discusión nacional, entre el Gobierno y los gremios docentes, tal como lo establece la Ley de Financiamiento Educativo.

Por ese decreto, se establece que este ámbito debe circunscribirse sólo a aspectos no salariales vinculados -entre otros- con la carrera docente, condiciones laborales y calendario educativo. Y establece un piso de recomposición para las negociaciones paritarias del veinte por ciento del salario, mínimo, vital y móvil que ahora es de 9.500 pesos. Este decreto también igualó la representación de los gremios docentes nacionales en el espacio paritario, en una clara maniobra tendiente a licuar el poder de Ctera.

En enero, otro fallo de primera instancia que va en sintonía con el de Zuretti -en ese caso del Juzgado del Trabajo 60, a cargo de la jueza Alicia Pucciarelli- dijo que no es “idónea” la vía del amparo porque “no se advierte por parte del Estado Nacional omisión manifiestamente ilegal o arbitraria” con respecto a la paritaria nacional del sector.

Todo legal

Por otra parte, al rechazar el recurso de amparo presentado por Fernández Pastor, la jueza Cammarata, sostuvo que el cambio de la fórmula previsional no implica “violación alguna al derecho de propiedad del actor ni, asimismo, en la actualidad y en forma manifiesta, afectados el derecho a la movilidad de los haberes jubilatorios y el principio de progresividad”.

Para la magistrada, aunque por el cambio de fórmula, “en el incremento del mes de marzo de 2018 arroja un resultado bastante inferior al que hubiere arrojado la aplicación de la fórmula contemplada en la ley 26.417, dicha comparación soslaya un elemento fundamental, que es que la nueva norma otorga incrementos trimestrales en lugar de los aumentos semestrales que otorgaba” esa norma.

Y señala que la ley anterior “contemplaba las variaciones de los índices allí contemplados también en períodos semestrales, cuando la nueva ley contempla las variaciones de los índices contemplados por ésta en períodos trimestrales.

Por lo que, aseveró, si se sumara el aumento de marzo y el correspondiente a junio, “la diferencia no sería de tal magnitud que permita, en la actualidad, a escasos meses de la entrada en vigencia de la ley y a muy pocos días de su aplicación, declararla confiscatoria, no sustitutiva y por ende inconstitucional”.

Estos dos fallos señalan un camino que desde La Rosada esperan que se rubrique en instancias superiores y bloquee la vía judicial para cualquier demanda que ponga en cuestión su decisión de obturar la Paritaria Nacional Docente y, con eso, la posibilidad de que uno de los dos sectores que reúne la mayor cantidad de trabajadores en el país, logre establecer un piso de recomposición salarial aceptable para los educadores, pero que también podría convertirse en testigo para otros rubros.

Y otro tanto ocurre con el fallo de la jueza Cammarata que apunta a favorecer la posición del ejecutivo en un tema clave para el Gobierno Cambiemos, ya que la contrarreforma jubilatoria permitió, por un lado, que el ejecutivo se hiciera con una caja para acomodar un Presupuesto 2018 que hacía agua, pero también consagra una transferencia regresiva de riqueza que se inscribe en el ADN de clase del sector de poder que gobierna desde 2015.

El capitalismo y sus instituciones14.3.2018

Justicia para quien la puede pagar

Republicanismo y división de poderes, otro mito fundante –y exitoso- de un sistema creado para proteger a la propiedad privada de quienes no la tienen. Será mejor buscar la respuesta por otro lado.

¿Puede el capitalismo, en tanto sistema de una clase concreta diseñado como modelo económico, ideológico y político para favorecer a esa reducida clase -la capitalista- permitirse un sistema judicial que la cuestione?

En este punto es prudente recordar el carácter simbiótico que el Estado Liberal Burgués posee con la corporación y que, en tal sentido, entre sus principales roles está el de ser quien resuelva los problemas que trae aparejada la acumulación, para lo que necesita legitimarla ante la sociedad que, en una mayoría abrumadora está compuesta por personas que no se benefician de ese proceso.

Entonces, en tanto ideología y sistema económico creado por y para beneficiar a la clase capitalista -tradicionalmente llamada burguesía- el capitalismo tiene un correlato necesario en el Estado Liberal Burgués construido sobre un pedestal que posee componentes fuertes en los códigos Civil y Penal, así como en el patrimonio del uso de la fuerza.

Pero también cuenta con mitos fundantes que, como tales, le brindan soporte para autojustificar sus actos. El republicanismo y la división de poderes son dos de los principales elementos del universo mitológico capitalista.

La existencia de la República, por supuesto acotada a su versión liberal burguesa, remite a un diseño en el que supuestamente todas las personas que habitan una determinada formación estatal delegan en tres órganos, el poder que -así se lo aseguran- sigue siendo de ellos.

Entonces si uno de esos poderes sanciona -y posee poder policial para hacer cumplir lo decidido- y el otro legisla, el tercero es la reserva a la que -en última instancia- el único y verdadero poder sabe que puede recurrir para garantizar que sus objetivos se cumplan.

Queda claro, entonces, de qué va todo esto que pasó con la vía judicial que -sin dudas con buenas intenciones- pretendió obturar dos decisiones que, con una clara determinación de clase, impusieron quienes ocupan La Rosada.

El árbol y el bosque

No caben dudas de que este sistema reserva para la clase no capitalista sólo -en el mejor de los casos- un beneficio secundario y marginal, pero también que en el camino de su propia legitimación, esto es algo que el sistema no puede reconocer.

Por eso apela a figuras atractivas como la del cuento del derrame que, como beneficio colateral del proceso de acumulación, traería aparejada la creación de buenos empleos y salarios para las clases populares.

Por eso es que, más allá de esta consecuencia -casi mágica- que traería el beneficio empresarial, es preciso tener en claro que la relación simbiótica entre Estado Liberal Burgués y corporación, no es la única forma de generar riqueza, reproducirla y crear trabajo. Pero también que, cuando hablan de Justicia, en realidad, están aludiendo a otra cosa.

Porque la justificación del beneficio es una parte del papel que tiene el Estado Liberal Burgués, en tanto mediador entre los universos del capital y trabajo, tarea que lleva a cabo por medio de regulaciones que siempre tienden a establecer condiciones propicias para que prospere el proceso de acumulación por parte de las corporaciones.

Por eso es que de ninguna manera va a ser el órgano de Poder Judicial quien desarme aquello que, con un carácter claro de clase, diseñó el Gobierno Cambiemos por medio de las leyes aprobadas en diciembre en el Congreso y aquellas que la movilización popular impidió que prosperaran.

No es que esté en crisis el papel del Estado como garante de derechos laborales, sociales, ciudadanos y humanos adquiridos, tampoco su rol de garante de lo público ante lo privado. Y esto es así, sencillamente, porque en su propio ADN, desde su propia génesis, está escrito que el papel del Estado Liberal Burgués no es ese.

“El gobierno civil, en cuanto instituido para asegurar la propiedad, se estableció realmente para defender al rico del pobre, es decir, a los que tienen propiedad de los que no la tienen”, sentenció Adam Smith en su libro “El origen de riqueza de las naciones”.

Esta obra, que quien fuera uno de los fundadores de la economía política publicó en marzo de 1776, constituye de una forma sólida lo más medular del pensamiento que integra el liberalismo económico con el liberalismo político.

De ahí en más, la construcción basada en republicanismo y división de poderes es casi por completo, un diseño institucional a la medida de la perpetración del crimen corporativo, pero también del crimen estatal-corporativo.

Por eso, si el derecho es una de las principales herramientas del poder para garantizar la acumulación de beneficio, es decir, una herramienta de clase, suena descabellado pensar que el Poder Judicial pueda cuestionar y, mucho menos, afectar los intereses de la clase capitalista.

Entonces, antes que confiar en la “Justicia”, resulta mejor buscar la respuesta en la construcción de herramientas capaces de cambiar las relaciones sociales y mecanismos de acumulación de capital que preceden a esa “Justicia” y al sistema del que es una necesaria consecuencia.

JUICIO A NEONAZIS13.3.2018

La caras visibles del crimen de odio

Ocho jóvenes neonazis son juzgados por sus crímenes en Mar del Plata. Lo que se oculta detrás de ellos. El rol de la movilización.

Mar del Plata es escenario en estos días de una movida política, como poco, interesante para el campo popular. Esto resulta de que la ciudad balnearia sea escenario del proceso judicial que se acaba de iniciar contra ocho jóvenes neonazis de la agrupación Bandera Negra, a los que se acusa de amenazas, daños y lesiones.

Los delitos son esos, aunque no la condición ideológica que los inclinó a cometer estos crímenes de odio. Sin embargo, en la causa está asentado que la ideología de los imputados los movilizó a los crímenes, lo que es un precedente notable. Sin embargo, los acusados no son lo único de ultraderecha que hay en Mar del Plata, una de las ciudades en las que más actuó la paramilitar fascista Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Es digno de destacar que los crímenes cometidos por los imputados fueron minimizados por los medios locales y el propio intendente como si de una mera banda de adolescentes se tratara. En ese sentido, también hay que destacar que el fiscal federal Juan Pettigiani había pedido juicio abreviado para ellos, cosa que fue rechazada.

Los imputados son Alan Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Marcos Caputo, Giordano Spagnolo, Giuliano Spagnolo, Oleksandr Lechenko y Franco Pozas, todos de entre 19 y 30 años de edad. ¿Pero que hay del consabido neonazi marplatense Carlos Pampillón, de 46 años? Pues Sigue en activando políticamente y al frente de su agrupación derechista “Los Pampillones”.

Los neonazis serán juzgados durante todo marzo y hasta abril en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad balnearia, en avenida Luro al 2400. Las audiencias se desarrollarán los martes y miércoles y el los jueces serán Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz.

Gracias a la movilización

Pedro Ferrer, secretario del PC marplatense, aclaró que los imputados “llegaron a la Justicia gracias a la movilización popular” y entatizó que “si no esto hubiera pasado absolutamente inadvertido”. “Hubo una maniobra muy grande de algunos medios de comunicación y del mismo intendente criticando los hechos y diciendo que se trata de unas de esas banditas de jóvenes que se enfrentan entre si”, agregó.

Fue claro al afirmar que estamos sólo ante “una célula de un broteo neonazi” y afirmó que “para nosotros es un triunfo que hallan llegado a la Justicia”.

Con respecto a sus acusaciones, destacó que “ahí hay todo un debate fuerte”. “Lo que se ha comprobado es que evidentemente, tal cual dice en la causa, que responden a ideologías nacionalistas autoritarias e intolerantes”, puntualizó y resaltó: “están todas las condiciones para que el fallo tenga que ver con sus características neonazis”.

Por otro lado, Ferrer apuntó que “la ultraderecha en Mar del Plata no es nueva” y que “la historia de la ultraderecha en Mar del Plata tiene una tradición”. En ese marco, sostuvo que la acción ultraderechista actual en la ciudad se da “girando alrededor de un personaje nefasto y de la ultraderecha católica, Gustavo Pampillón”.

“Fue uno de los que organizó en Mar del Plata una manifestación de la policía, que dejaron la ciudad como zona liberada y organizaron saqueos para atemorizar a la población en función de demandas de mano dura”, recordó con respecto al mencionado y criticó al intendente: “Arroyo siempre hace la vista gorda y minimiza las cuestiones”.

“Esa acción, por suerte, ha sido derrotada”, repuso y advirtió que “el problema es que el resto de los actores políticos de la ciudad, salvo el espacio nuestro junto con el kirchnerismo, ni siquiera lo toma al tema”. “Ahí hay una responsabilidad grande de Cambiemos, que hace la vista gorda porque estos grupos son funcionales a ellos”, consideró.

Dijo también que los imputados “son fuerza de choque de la derecha en cualquier manifestación” y que “no hay podido actuar con tanta impunidad, por lo que están operando un poco agazapados, lo que no quiere decir que hayan dejado de operar”.

Finalmente advirtió que los neonazis “son fuertemente homofóbicos y atacan todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual” y “son claramente antisemitas”. “No atacan a los movimientos organizados sino a los compañeros sueltos”, señaló y manifestó: “son anticomunistas por naturaleza, pero no nos han enfrentado porque saben que nosotros respondemos con organización”.

 

MUERTE DE FACUNDO BURGOS13.3.2018

Como mata la doctrina Chocobar

Mientras cunden versiones oficiales que, desandando los pasos de las primeras pericias, culpabilizan a la víctima, los familiares exigen Justicia y se generaliza el repudio a los asesinos policías.

Facundo Burgos, de doce años de edad, fue asesinado la semana pasada por un balazo policial. Fue en el marco de un dudoso episodio en el que, de madrugada, el niño volvía con un amigo de ver picadas de motos en el principal parque urbano de su ciudad, según la familia. Su asesina, la policía provincial tucumana, articula que en realidad el pequeño estaba armado y les tiraba tiros con una mano que el chico no usaba: la derecha.

Las versiones, como se ve, están encontradas, pero vale destacar que el gobierno tucumano ya está terciando a favor de los asesinos. En ese sentido las palabras del ministro de Seguridad tucumano, Claudio Maley, que a tono con la política de culpabilizar a la víctima eligió responsabilizar a los padres del niño asesinado por dejarlo andar en altas horas de la noche. También sostuvo que el muerto estaba armado, cosa negada por su familia a la que, inclusive, las primeras pericias informaron que Facundo no tenía rastros de pólvora en las manos.

Esta primera versión fue cambiada por segundas pericias, las cuales son las que también eligen difundir ahora los medios, que casi no presentaron el caso cuando ocurrió: el jueves a la madrugada. En ese marco prosigue, campante y profundizada en los hechos, la peligrosa “Doctrina Chocobar” que bajo ejemplo del policía de ese apellido habilita, todavía ilegalmente, a los uniformados a disparar ante la mera sospecha y aún a ultimar por la espalda.

Interesante es conocer la palabra de uno de los abogados que estudian el caso del niño asesinado. Se trata de Matías Lorenzo Pisarello, quien afirmó que el cadáver de “Facundo tenía marcada en su rostro una patada en la cara”, por lo que habló de “ensañamiento”. Y aseveró: “el cuerpo de Facundo presentaba una innumerable cantidad de postas de goma en su espalda”.

El gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, no habló todavía del caso, de modo que la palabra oficial de la provincia se reduce a lo ya emitido por el ministro Maley. Es de observar que Manzur no es macrista sino del FpV. Pero, acosado por el cerco del macrismo a las provincias que no les son afines, Manzur viene sin desentonar mayormente con lo observado en otras provincias más afines al gobierno.

Mientras los familiares de Facundo Burgos Moreira lloraban todavía la muerte del pequeño, la Justicia tucumana liberaba a los dos policías acusados de su asesinato. Pero los familiares no se quedaron de brazos cruzados y empezaron la semana protagonizando manifestaciones ante tribunales locales en exigencia de Justicia. Desde Buenos Aires, el bloque Unidad Ciudadana en la Cámara de Diputados de la Nación terció anunciando que presentará un proyecto para que toda la cámara se sume al repudio legislativo al asesinato del niño.

Por su parte, Juan José Palacios, del PC y la Liga Argentina por los Derechos del Hombres de Tucumán dijo que “a pesar de que en Tucumán tenemos una gobernación de distinto signo político que el de la nacional (…) la política que se sigue aquí es en consonancia con la política nacional”.

“Especialmente en lo que tiene que ver con seguridad no hay ninguna diferencia entre el planteo de Cambiemos y el planteo que se está haciendo en Tucumán”, señaló el comunista para hablar después de “gatillo fácil” y de lo que llamó “esta nueva actitud de la policía, a nivel nacional, a partir de lo de Chocobar”.

Repuso que “esto se viene agravando” ya que, dijo, “no es nuevo en Tucumán ni es un fenómeno de estos tiempos”. Observó que pese a ello “no se revirtió nunca y menos ahora”.

Remarcó que, con respecto al caso de Facundo, “creemos la versión de la familia” y señaló: “el chico no tenía ningún arma”. “Lo concreto es que se ha cometido un crimen y la policía, como está pasando como política nacional, tapa todo”, adujo y le sumó: “estamos en un ascendente de represión que cada vez apunta más a los jóvenes”.

“Corresponde hacer un planteamiento con muchísima fuerza al gobernador de la provincia para que tome la actitud que debe tomar”, enfatizó Palacios y llamó al primer mandatario provincial a “desprenderse, como corresponde, de los lineamientos nacionales”.

LA DEA EN MISIONES8.3.2018

Crece la resistencia contra el injerencismo yanqui

Las organizaciones sociales y políticas de la provincia se manifestaron en unidad contra la presencia de servicios de inteligencia imperiales.

“Queremos saber con qué propósito se instala la DEA en Misiones”, fue la queja de Valeria Silvestri, del PC y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Misiones, al repudiar la creación de un grupo de fuerzas especiales, con efectivos de la DEA, en Posadas, tal como lo anunció en el marco de su gira por Estados Unidos la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Vale aclarar que varias fuerzas políticas y de derechos humanos de Misiones, solicitaron al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, la suspensión inmediata de todo tipo de acuerdos y compromisos que faciliten la injerencia de estas fuerzas en la provincia”. Y señalan que “Latinoamérica es zona de paz, libre de conflictos bélicos. No admitimos la penetración militar del imperio en la región”.

Por su parte, Silvestri contó que desde diferentes organizaciones políticas y sociales de Misiones hicieron público un repudio, ya que “toca a nuestra soberanía, lo hacen porque quieren nuestros recursos naturales”.

Además dijo que “al otro día de que Bullrich anunciaba que la DEA se instalará en Posadas, y que trabajará en la capacitación de la policía provincial y demás fuerzas de seguridad, acá el ministro de Gobierno de Misiones no lo podía informar, acá nadie sabe qué tipo de capacitaciones se realizarán”.

La dirigente del PC de igual forma aseveró que “esta injerencia es muy grave, ya que no se conoce qué tipo de ejercicios y de entrenamiento van a realizar, esta iniciativa genera el repudio de todas las organizaciones de derechos humanos”.

Al mismo tiempo recordó los antecedentes de la DEA, e indicó que es “la fuerza que produjo paramilitares y policías paralelas en varios países más que luchar contra el narcotráfico; lo que hacen es ingresar poco a poco en las persecuciones políticas y lograr más seguridad para los dueños de la tierra”.

La referente comunista aseguró que “hacen esto porque vienen por los recursos naturales, esta instalación de bases militares en uno de los puntos de Argentina, es un peligro para la paz regional, por eso queremos saber con qué propósito se instala la DEA en Misiones y cuáles son los medios constitucionales para que lo haga”.

Igualmente declaró “estamos en estado de alerta y asamblea permanente y repudiando esta injerencia imperialista y esta actitud sumisa del gobierno nacional y provincial de instalar a la DEA, cuando supuestamente hacen un trabajo riguroso contra el narcotráfico que es noticia diariamente, qué es lo que falla que necesitan intervenciones extranjeras”.

La integrante de la Liga finalmente explicó que “Misiones está sobre el Acuífero Guaraní una de las reservas de agua dulce más grande del mundo, el año pasado realizamos foros contra las bases militares, y denunciamos a este gobierno de derecha que aplica políticas muy duras contra el pueblo. Y Añadió “por eso planteamos que es necesario que se pueda conocer y saber a qué viene la DEA, y que caminos constitucionales no está cumpliendo, porque están ingresando de forma irregular al país”.

Jóvenes con la celeste y blanca

Bryan Ojeda, secretario político de la FJC misionera, también se manifestó al respecto de la creciente organización que se ve en la provincia en contra de la injerencia yanqui. En ese sentido, recordó que ya en el 2015 “hubo como una agitación mediática para intentar instalar la necesidad de una base militar norteamericana”.

Al respecto declaró que el proyecto de base no es seguro, pero advirtió que lo concreto es la instalación de la DEA. “Las organizaciones sociales y políticas de Misiones ya nos estamos juntando y ya nos hemos organizado y venimos encaminando un proceso de resistencia contra la llegada de la DEA”, informó después.

Recordó la movilización que en contra de esta instalación se realizó ya la semana pasada en la plaza central posadeña. Resaltó el compromiso que con esta y otras manifestaciones con el mismo objetivo manifestaron referentes políticos como José Schulman, Atilio Boron y Stella Calloni, entre otros.

“Repudiamos porque estos tipos ya han estado operando en la Triple Frontera, principalmente del lado paraguayo, y hoy están en nuestra provincia”, observó y caracterizó al gobierno provincial como “cómplice de esta entrega de soberanía”. “Estos tipos en los lugares en donde han estado no sólo han profundizado el narcotráfico sino que, además, con ellos traen corrupción y sus aparatos de inteligencia”, agregó.

 

 

Provincia de MISIONES07.03.2018

Unidad en la calle contra la violencia de género

En vísperas de la jornada de Paro Internacional de Mujeres, la capital provincial vivió marchas exigiendo Justicia por una mujer duramente violentada, y condenando la excesiva cantidad de policías en la calle.

Pocos días antes de la jornada de Paro Internacional de Mujeres, en Posadas, se llevaron a cabo marchas para repudiar un nuevo caso de violencia de género, en este caso, contra una joven estudiante universitaria que fue víctima de una brutal agresión durante la madrugada del día 24 en uno de los barrios céntricos, por lo que debió ser internada y sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

La reacción fue inmediata y al día siguiente la Coordinadora de Trabajadoras Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Queers, de la que el PC forma parte, se convocó a una marcha en repudio a lo sucedido.

Las autoridades locales se apuraron a tomar nota de estas acciones y respondieron llenando visiblemente de policías las calles posadeñas. Esta respuesta no fue la esperada por el activismo, que antes bien vio una amenaza a la marcha del 8M con tantos uniformados patrullando la ciudad y, en consecuencia, la acción de lucha se repitió la noche del 28 de febrero con una convocatoria de cientos de personas que marcharon, una vez más, bajo la consigna “Ni Una Menos”.

Desde la conducción de la FJC provincial, Rebeca Barberán apuntó que en lo respectivo a la violencia de género “este es uno de los tantos casos que vemos en la provincia”. Destacó: “este, particularmente tuvo una brutalidad y una saña bastante fuerte” y observó: “se dio en vísperas de la gran convocatoria que estamos armando para el 8M”.

Con respecto a la excesiva respuesta de las autoridades, Barberán afirmó: “nosotras no queremos más fuerza policial dando vueltas por la ciudad”. En ese sentido, remarcó que “esa es la fuerza policial que protege y encubre las redes de trata y no toma las denuncias a las compañeras y las violenta, revictimizándolas, cada vez que se presentan en las comisarías”.

“Toda esta semana la ciudad estuvo llena de personal policial, lo cual para nosotros también es una amenaza”, se quejó, aunque consideró: “una vez más levantamos nuestras banderas y convocamos a toda la sociedad, tanto mujeres como hombres, a repudiar estas acciones”. “Seguimos organizándonos para el 8M y dando la lucha al patriarcado”, sentenció finalmente.

 

Bariloche ante una nueva suba del boleto06.03.2018

El tarifazo viaja en bondi

“No hay ningún tipo de fundamento” para pasar de una tarifa de 16,50 a casi veinte pesos, fustigó el secretario del Partido Comunista de esta localidad, Rubén Terrile.

“En Bariloche los que participamos de la audiencia pública, le dijimos no al aumento del boleto”, definió Rubén Terrile, secretario del Partido Comunista y del Interior de la CTA de San Carlos de Bariloche, al referirse a la audiencia pública que se realizó en la Municipalidad de esa ciudad para el pedido de aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros.

Tras el dictamen de la audiencia, la Comisión de Seguimiento del Transporte analiza el pedido de la empresa que presta el servicio, Mi Bus, y después va a ser el ejecutivo local quien resolverá la cifra final del incremento que se aplicará a fines de marzo o durante los primeros días de abril.

Vale aclarar que durante la audiencia, los oradores de las organizaciones vecinales cuestionaron el cálculo que se hace para establecer el precio del boleto, pidieron la estatización del servicio y se manifestaron en contra de las políticas económicas del gobierno nacional.

Ahí, Terrile fustigó el ajuste que significa pasar de una tarifa de 16,50 a casi veinte pesos, algo para lo que “no hay ningún tipo de fundamento”, tras lo que recordó que como la audiencia no tiene ningún efecto vinculante “es probable que el gobierno desatienda lo que ahí se sugirió”.

Por eso, hizo hincapié en que “este tipo de cuestiones que afectan la vida cotidiana de los barilochenses deberían ser considerados en un referéndum vinculante” pero, aclaró, “obviamente, el gobierno intenta no llegar a una situación como esa, porque ellos favorecen a la única empresa de colectivos, lo que nos deja atrapados dentro de ese monopolio que actúa en esta localidad”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “para los comunistas esto no es nada nuevo, ya que venimos participando de las audiencias públicas del transporte desde 2008 cuando presentamos la propuesta de construir una empresa de servicios estatal, por medio de la Municipalidad y de cooperativas que aglutinen a los trabajadores que brindan este servicio, entre los que se encuentran los choferes, técnicos, mecánicos, administrativos y demás integrantes”.

Finalmente el secretario del PC local, recalcó que “todos los que participamos de la audiencia, excepto la empresa, le dijimos no al aumento del boleto” y celebró que en Bariloche “estemos funcionando como multisectorial en defensa de los derechos de los pasajeros, un espacio en el que participamos junto a otros compañeros que impulsamos una juntada de firmas para hacer retroceder este tipo de decisión que toma el gobierno para favorecer al monopolio del transporte y en detrimento de los pasajeros”.

De mínimo, poco

Uno de los planteos interesantes que surgió de la audiencia pública es el vinculado a los costos y las ganancias que tiene Mi Bus, empresa que insiste con llevar el boleto mínimo -que cuesta 16,44 pesos- a 19,68.

Si se concreta, este incremento representaría un aumento del 19,5 por ciento, lo que implica una carga muy grande para los bolsillos de los barilochenses que, además, recibirían otro golpe a mediados de año, ya que está previsto que la revisión de tarifas sea semestral.

Los argumentos de Mi Bus se basan en lo que considera “escasos” subsidios otorgados por el gobierno nacional que la llevarían a realizar 71 mil kilómetros extra cada mes con combustible a precio de mercado.

Y recordó que, en Bariloche, durante el último semestre la evolución de otros precios de la economía como los del pan, aceite y azúcar sufrió mayores aumentos que el que pretende para el boleto de colectivo.

Por su parte, desde la tribuna de los usuarios se recordó que la firma tuvo durante 2017 una utilidad de ochenta millones de pesos, que al sumar otros rubros como los boletos especiales a Catedral y la publicidad que llevan los colectivos, redondea alrededor de cien millones.

Esta cifra, según se denunció en la audiencia, quintuplica la ganancia que reconoce el Ministerio de Transporte a una prestadora de similar tamaño que se desempeña dentro de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se pidió que la empresa abra sus libros.

Apertura del año legislativo01.3.2018

Mauricio Macri y la isla de la fantasía

El presidente inauguró el año legislativo con un discurso que habla de un país que no existe y se refirió a uno que a todas luces se intenta instalar desde el bloque de poder para justificar la política económica ¿Locura involuntaria o cinismo político? Contrastes que echan luz al asunto

En medio de una ciudad militarizada y sin adherentes que lo acompañen, el presidente Mauricio Macri acudió al Congreso de la Nación para realizar la apertura del año legislativo. La oportunidad fue propicia para que el titular del Ejecutivo, fiel a su estilo, se despache con un discurso lleno de lugares comunes de la derecha vernácula con el que ratificó el rumbo “gradualista” del plan económico y fustigó contra las luchas de los trabajadores.

En su intervención, de apenas unos cuarenta minutos, Macri habló de “sentar las bases” para lo que resta de su mandato e hizo una defensa a ultranza de las principales líneas de gestión que incluyó la justificación de la represión y la mano dura, una confirmación de la política de endeudamiento externo masivo y de disciplinamiento del movimiento obrero.

Y lo hizo tomando como referencia a datos del Indec y del Ministerio de Hacienda que, aunque se den por ciertos, olvidan el contexto en el que se insertan.

“Estamos creciendo” y “los salarios le ganaron a la inflación” fueron algunas de las falacias esgrimidas por el máximo mandatario. Es que el contraste entre la calle y el discurso presidencial es cada vez más grande y no sólo remite al contexto en el que llegó al Congreso sino a la disociación entre el termómetro que tiene la sociedad de la economía y los guarismos que expone el gobierno.

Nobleza obliga: no todas fueron mentiras en la exposición del líder de la derecha. Algunos de los datos económicos esgrimidos son reales aunque en contexto queda en evidencia el mundo de fantasía que el macrismo quiere instalar entre la sociedad.

Es que según el Indec, la economía creció 2,8 por ciento en el 2017, lo que implica el mayor crecimiento económico del país desde el 2011. Así a la vista, parece un logro a mostrar, pero si este dato se pone en términos relativos, la falacia queda al descubierto.

El 2016 fue el peor año de la economía nacional desde el 2001, con una mega-devaluación que fue acompañada de una inflación galopante del 42 por ciento –que llevó a una pérdida del poder adquisitivo del salario de casi 10 puntos- y una política de altas tasas de interés en el sector financiero para estimular la inversión especulativa sobre la productiva.

Esto trajo aparejada una destrucción del mercado interno que, junto a políticas represivas, llevaron a una erosión del salario y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Un claro indicador de esto es que en el bienio 2015-2017 el empleo industrial se desplomó un 5,6 por ciento y los nuevos empleos que se registraron en toda la economía para el mismo período fueron de menores ingresos y con elementos de precarización.

La simple contrastación entre los datos que presenta el gobierno y los que producen organismos oficiales echa por tierra el argumento de “estamos creciendo” al que le sigue uno, más profundo y que se ha hecho parte del modus operandi del Ejecutivo cuando plantea una falsa dicotomía entre política de shock y gradualismo.

¿Shock o gradualismo?

El “mundo de fantasía” al que apela el gobierno no refiere a la imaginación sino a una construcción intencionada por parte del gobierno que se condice con el lugar que el capitalismo otorga a la Argentina en el mundo.

Es en este marco que la dicotomía planteada por el gobierno entre shock o gradualismo se presenta como falsa ante las metas del propio gobierno pero también ante los intereses del campo popular.

Si se tratara de un juego de espejos el gobierno tiene la ventaja –y el poder para que así sea- de elegir en cuál mirarse. Esta costumbre se complementa bajo un modus operandi antiquísimo que según el lingüista estadounidense, Noam Chomsky, es una de las estrategias más antiguas del poder. Se trata de la capacidad de generar un problema sobre condiciones previamente establecidas para generar un shock y luego operar en el sentido deseado sobre el mismo.

Así se construye, ni más ni menos, la relación entre la realidad económica del país y el mundo de fantasía del presidente.

Así es como el gobierno pretende presentar como cierto el “estamos creciendo” ocultando el desastre socio-económico desatado en 2016. De esta manera el Presidente no sólo elige con que espejo mirarse sino que además fundamenta sus medidas económicas en realidades construidas y prediseñadas para justificarse.

Un claro ejemplo de este accionar se da en la justificación de la política de endeudamiento externo masivo. Es que el gobierno apela al déficit gemelo como principal motivo cuando es su propia política económica la que lo acrecentó a niveles insostenibles, especialmente con la apertura indiscriminada de las importaciones y el peso de los intereses de la deuda.

Así Macri ratificó el “camino del gradualismo” en la economía, cuando a todas luces la dicotomía entre shock o gradualismo se presenta absurda en el marco del capitalismo y la lógica neoliberal del gobierno. Este debate para la clase trabajadora equivale a preguntarle al condenado si prefiere la silla eléctrica o la horca.

¿Locura o cinismo?

A todo esto hay que añadirle una cuota de cinismo a voluntad practicado por Cambiemos a la hora de ocultar el desastre económico con bombas de humo lanzadas desde el Ejecutivo. Un claro ejemplo de ello es la –saludable pero oportunista- instalación del debate por la despenalización del aborto o por el arancelamiento del acceso a la salud para los bolivianos.

En sintonía con el estilo del discurso, también afirmó que "no creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo" cuando en la práctica, por ejemplo, recibió y honró públicamente al policía Chocobar a pesar de conocer el video en el que queda claro que el efectivo ejecutó a un joven por la espalda.

En realidad no fue “a pesar” de conocer el video sino por la difusión del mismo. Así es como el presidente decidió respaldar al policía públicamente y de esta manera dar una clara señal a la población y a las fuerzas de seguridad. El gatillo fácil es ahora política gubernamental.

Si se trata de “sentar bases firmes” el gobierno lo viene haciendo en el plano simbólico. En donde no hay bases sólidas es en el plano económico. La fragilidad de la economía argentina respecto a los vaivenes internacionales siempre fue un peligro latente que este gobierno logró consolidar como ningún otro.

Los desequilibrios de la economía –déficit comercial, intereses de deuda, inflación y destrucción del mercado interno- colocan al país en un estado de debilidad que sólo puede ser “matizado” con un discurso que la escamotee. Si a eso se le suma una “memoria selectiva” sobre los fenómenos que el gabinete elige para comparar su desempeño se obtiene el “mundo de fantasía” que presentó Macri en el Congreso. No se trata de la locura del que no tiene un pie en la realidad sino del cinismo de aquel que construye una nueva negando la evidente.

 

TENSIÓN EN LOS INGENIOS26.2.2018

Exprimiendo caña y a cañeros

Casi 1500 azucareros salteños y jujeños han sido despedidos en los últimos meses. Pero recrudece la lucha y los empresarios, que cada vez ganan más dinero, no dan el brazo a torcer en sus políticas de ajuste.

Los trabajadores del azúcar de Jujuy y Salta en estos días están superando largos años de sindicalización por separado y en función de cada ingenio. Lo hicieron obrando en conjunto en el marco de un plan de lucha contra los cientos y cientos de despidos en el sector, que proporciona directa o indirectamente la mayor parte de los trabajos en la zona subtropical de las dos provincias del noroeste argentino.

Así, a comienzos de la semana pasada y con acompañamiento comunista, realizaron una masiva caravana de vehículos que recorrió trescientos kilómetros de sierras y selvas. Partieron desde el Ingenio El Tabacal, cercano a la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen y, pasando por ingenios y recogiendo trabajadores de las jujeñas ciudades de Libertador y San Pedro, terminaron con un concurrido acto en la localidad de General Güemes, de nuevo en la zona cañera de Salta.

La medida visibilizó la lucha, pero el conflicto está lejos de destrabarse y las medidas que aplican las empresas contra los trabajadores, que habían logrado notables avances durante la última década en materia de salarios y situación laboral, muestran a las claras la intención de amedrentarlos con el fin preciso de aplicar un plan de ajuste que nadie puede justificar sin resultar directamente cruel, antipueblo y aún apátrida, porque no hay mucho más que hacer en el área en cuestión más que dedicarse a la caña y sus productos.

Ello pese a que, según estiman los trabajadores de uno y otro ingenio de los varios que hay en la zona, cada vez las empresas facturan más y no sólo por los buenos precios del azúcar en todo el mundo sino también porque para la exportación del producto en bruto están exentos de todo impuesto.

A este beneficio se agrega el de la producción de biocombustibles (del azúcar también se extrae alcohol), para la cual los empresarios lograron que el Estado nacional habilitara el aumento en dos puntos porcentuales para el corte legal de alcohol en las naftas, lo que incrementa en gran medida la rentabilidad del producto obtenido de la caña de azúcar en base a una creciente explotación de los trabajadores del área.

El fantasma de los pueblos fantasma

Hipólito Yrigoyen, Libertador o San Pedro son importantes localidades dedicadas en gran medida a las tareas relacionadas con la caña de azúcar. Otras, como Campo Santo, en donde se encuentra el ingenio San Isidro, con sus 6 mil habitantes, dependen directamente de la actividad azucarera. Toda desaparición de los ingenios que dieron origen a poblaciones como esta implicaría la ruina de las mismas.

El cierre del ingenio San Isidro implica nada menos que la cesantía de 730 trabajadores, lo que incide hondamente en igual número de familias, todas ellas habitantes de Campo Santo o su periferia. De la desaparición de esta importante empresa, el gobierno salteño, encabezado por Juan Manuel Urtubey, soldado macrista ungido en el marco de una fuerza que a las horas de las elecciones no se identificó con quien ahora es presidente, no hizo nada para detener el proceso de venta y despidos del ingenio.

En tanto, los trabajadores de El Tabacal no dan el brazo a torcer en sus reclamos por la reincorporación de los casi 200 compañeros suyos que fueron dejados en la calle. En su lucha enfrentaron prisiones, estigmatizaciones, persecuciones y hasta salvajes represiones policiales. Similar fue la situación vivida por los trabajadores de los ingenios La Esperanza, cercano a San Pedro (casi 250 despedidos) y Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, en donde treinta trabajadores fueron dejados sin sustento para sus familias, vecinas de Libertador.

Pero la dispersión, sello inequívoco del gremialismo azucarero (que tiene tantos sindicatos como ingenios hay) está siendo vencida por la coyuntura, que reclama lucha y resistencia y la está encontrando, de a poco, en los trabajadores del azúcar de Jujuy y Salta. A la luz de la actual pelea codo a codo con los ajustadores, no sería de extrañar que surgiera una orgánica y se construya la tan ansiada unidad.

La pata política de la lucha

Juan Manuel Esquivel, diputado provincial jujeño por el Frente Unidos y Organizados (del cual Milagro Sala es referente), acompañó a los azucareros en su larga caravana. Luego viajó a Buenos Aires para manifestarse el 21 de febrero junto a cuatrocientos mil argentinos en contra del ajuste macrista y, en ese marco, denunció que, por ejemplo, el ingenio La Esperanza hace años que se dice en quiebra y que “en el proceso de quiebra se mantiene la producción y con el apoyo, también, de buenos y fuertes fondos que pone el gobierno provincial y el gobierno nacional”.

“En medio de esta jugada de la quiebra advertíamos que había una intención de achicar mucho más el ingenio, sacando trabajadores”, dijo y recordó la propaganda del gobernador Gerardo Morales, responsable principal de la prisión política de Sala, a favor de los despidos y la venta del ingenio a manos extranjeras.

Agregó que en ese marco “vimos, al contacto con compañeros del sindicato de obreros del azúcar de La Esperanza, que el precio del azúcar estaba muy bien a nivel mundial, que el alcohol se vendía muy bien y que apenas el gobierno aumentó el corte de alcohol para las naftas se incrementó la producción de alcohol”.

Después contó: “en diciembre despidieron a trabajadores del Ingenio Ledesma, el más grande de la República”. “Eso pese a que había hecho el ingenio fuertes inversiones y está vendiendo azúcar y alcoholes a más no poder”, agregó apuntando de esta manera contra la familia Blaquier, cuyo principal referente, Carlos Pedro, está signado como responsable económico de aberrantes delitos de lesa humanidad.

“Muchos de los trabajadores despedidos han sido principales referentes y delegados”, señaló Esquivel quien, por otro lado, recordó: “en enero hemos escuchado, como a lo largo de todo el país y con gran sorpresa, que el gobierno de Salta no se iba a hacer cargo del cierre del Ingenio San Isidro de la localidad de Güemes, dejando casi ochocientos trabajadores”.

Adujo que en medio de todo esto “se judicializa la protesta social” y “lo que les corresponde a los ministerios y secretarías de Trabajo de cada lugar o provincia de la nación, no se cumple”. “Por lo tanto no hay una asistencia del Estado dentro de las empresas, como debería haberla”, le sumó.

“El gobierno nacional ha instrumentado a través de dos alfiles que tiene en el norte de la Argentina, Gerardo Morales y Juan Manuel Urtubey, las políticas de desguace de empresas”, denunció después para agregar: “Salta y Jujuy, las dos provincias del noroeste argentino, son Estado-dependientes”. Consideró que lo que se vive allí “es un proceso desindustrializador”.

También denostó la presencia de fuerzas militares del Estado nacional en ambas provincias con la excusa del control del narcotráfico y la asistencia a las mismas de personal de inteligencia de los Estados Unidos. Observó que pese a ello “no se ha visto, a los efectos locales, ningún impacto en la lucha contra el narcotráfico” y que, antes bien, “la venta callejera de droga y los centros de distribución en los barrios, que son los que joden a nuestra juventud hipotecando el futuro de nuestros jóvenes y niños, han aumentado en forma impresionante”.

Historió más tarde: “desde el momento en que la Tupac Amaru frenó el consumo de drogas, los puso a trabajar a los pibes y dio a los niños actividades como extensión de las clases escolares”. “Entonces, los pibes dejaron de drogarse”, resaltó y destacó que, en cambio, tras dos años de derecha en los gobiernos nacional y jujeño, “el único efecto real ahora es que los pibes se drogan mañana, tarde y noche en los barrios y no son asistidos por nadie”.

Mural:26.2.18 el fin de semana, en la localidad de Villa Domínico, la Brigada Muralista Graciela Pane -del Partido Comunista realizó un mural en homenaje a la militante de la FJC asesinada durante 1975 por la Triple A. Ahí, entre otros, estuvo presente la hermana de Graciela, Lina Avellaneda, y algunos de sus ex compañeros de estudio, así como integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La obra, que ganó el concurso de muralismo Ricardo Carpani organizado por el Municipio, fue hecha sobre uno de los muros de la UTN Avellaneda, la misma casa de estudios en la que cursó y militó Graciela Pane.

 

 

OTRA ESCUELA SE LLAMA NEGRITO23.2.18

El niño que educa

En Belén de Escobar se rebautizó a la escuela 27 con el nombre de Floreal Negrito Avellaneda, desaparecido durante la última dictadura.

Otra escuela lleva desde ayer el nombre de Floreal Negrito Avellaneda, militante comunista asesinado y desaparecido por la última dictadura a sus 14 años de edad. Se trata de la Escuela Secundaria Nº 27 de Belén de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, creada desde el vamos para ser inaugurada con ese nombre.

La ceremonia de inauguración se dio el jueves 22 de febrero y contó con la participación de integrantes de los secretariados del PC y la FJC y del intendente del distrito, Ariel Sujarchuck. También con la presencia de la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia del vecino partido bonaerense de San Martín.

El nombre de la escuela fue establecido por el Concejo Deliberante local en noviembre del año pasado, fecha que consta en la placa que se halla en el ingreso al colegio y que ilustra esta nota. Pero como entonces no se había terminado la construcción de las aulas anexas, la fecha de presentación de las mismas se aplazó hasta ahora.

En la ocasión, el intendente habló sobre los derechos humanos y de la importancia que para Escobar tiene el hecho de que exista una institución con ese nombre. En ese sentido, no se privó de recordar que allí llegó a ser intendente el consabido represor dictatorial Luis Patti y que el Negrito, además de un luchador, era casi un niño.

La escuela se encuentra situada en un sector cercano al centro de la cabecera distrital, un lugar muy transitado. Dispone de aulas nuevas, con aire acondicionado, y recibe alumnos de la educación primaria también.

La madre de Avellaneda, Iris Pereyra, co-presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, también estuvo en el acto. De esa circunstancia, remarcó: “les dije a los chicos que me sentía orgullosa de que un niño como era el Negrito, un chico, siempre quería hacer el centro de estudiantes y lo mejor para las escuelas”.

“El año pasado eran tres o cuatro los nombres propuestos para la escuela, pero como en la comunidad de Escobar cayó bien que el Negrito era un niño, los chicos lo votaron”, recordó y observó: “fue una votación hermosa, que creo que eran 87 votos contra 17 de los otros”.

“Estoy re contenta”, expresó después del reconocimiento brindado por los estudiantes escobarenses a su hijo y consideró: “en ese colegio se ha hecho Justicia porque no es fácil cambiarle el nombre y ponerle el de un chico que ha desaparecido en la represión”.

“Ahí se respira verdad y memoria de todo lo ocurrido”, repuso y manifestó que de la escuela en cuestión “van a salir chicos estudiosos y muy responsables, como era el Negrito”.

Cambiemos es vaciemos14.2.18

Vidal vacía el hospital regional de Cañuelas

Pese a que un fallo judicial impide hacerlo, la gobernadora muda equipamiento de un hospital que nunca inauguró para que se use en municipios afines. “Es una práctica política recurrente de Vidal”, denunció Mario Michelli

“La gobernadora no sólo nunca inauguró el hospital regional sino que lo está vaciando para llevar equipamiento a los hospitales de La Plata donde gobierna Garro que es de Cambiemos”, denunció Mario Michelli, dirigente del PC y la CTA de Cañuelas.

De esta manera, “Vidal quita la posibilidad a los vecinos de Lobos y de Cañuelas de tener un hospital de alta complejidad en la región”.

El hospital regional se construyó a instancias de un fallo judicial que obligó al Estado a montar una unidad sanitaria de alta complejidad para atender la contaminación ambiental producto del deterioro de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces el hospital fue construído por Cristina Kirchner, pero nunca fue inaugurado por Macri ni Vidal.

Cómo si esto no fuera poco el gobierno nacional en vez de aportar al saneamiento de la cuenca y a mejorar la situación socio-ambiental, no hizo más que empeorarla con la desarticulación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que dependía de Acumar.

¿A quién se le encomendó la tarea de desarmar esta política pública? A Gladys González, senadora nacional de Cambiemos electa en la provincia de Buenos Aires, quién encaró la tarea mientras estuvo al mando del organismo descentralizado fundado por un fallo de la Corte Suprema que buscaba poner fin a las idas y vueltas en torno a las responsabilidades de jurisdicción para sanear la cuenca.

“El hospital hoy está funcionando al diez por ciento de su capacidad y la provincia no baja fondos para el municipio, por lo que la situación sanitaria es muy delicada y se afronta con recursos de locales invertidos en el único hospital que funciona bien que es el municipal”, comentó Michelli.

El dirigente detalló que “el hospital es hermoso y fue levantado en un predio recuperado por el Estado, pero el macrismo no hizo más que vaciarlo”. Cuando se fue Cristina, la obra civil estaba terminada y el equipamiento instalado, pero hace dos años que no se inaugura y sólo se pusieron en marcha áreas muy pequeñas. La gobernadora primero frenó la inauguración y después comenzó a vaciarlo para equipar hospitales de municipios afines a la gobernación. “Esto es algo que viene sucediendo hace tiempo, pero ahora tomó relevancia pública porque se trata de un angiógrafo que es muy costoso”, explicó.

La gobernadora decidió hacer el traslado a pesar de que hubo un fallo judicial en los tribunales de Morón que lo impedía. Tampoco notificó a las autoridades de la Acumar, como es de rigor en estos casos y mucho menos al Consejo Directivo del hospital.

La práctica es recurrente: los municipios que no responden a los colores políticos de Cambiemos no reciben fondos para obras y ven reducidos los aportes por coparticipación. En ese sentido, Michelli comentó que el caso de Cañuelas es paradigmático, ya que la coparticipación para el municipio en este 2018 es 2,53 por ciento menos que el año pasado. “Esto le da un golpe muy grande a la ciudad y a los vecinos y complica, por ejemplo, afrontar la inversión en el único hospital que funciona en Cañuelas que es municipal”, concluyó.

 

Un problema que se profundiza13.2.18

Déficit habitacional y crisis social

Según un estudio en el área metropolitana hay más de mil seiscientos asentamientos. A este problema estructural que aqueja a los sectores populares se le suma la política de ajuste del gobierno. “Lo fundamental es hacerse un lugar para dormir” dijo Celia González, referente de la villa 21-24 de Barracas.

El déficit habitacional es un problema histórico, de carácter estructural, que afecta a más de tres millones y medio de personas en el país. Con el macrismo, en estos últimos dos años, como era de esperar, la problemática se profundizó: según un estudio realizado por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) el total de villas y asentamientos en el país asciende a 4.228.

En los principales conglomerados urbanos es donde la situación se agudiza y así lo confirma el estudio: 1.600 de los asentamientos fueron registrados en el conurbano bonaerense, una de las áreas donde más fuerte se sienten las políticas de ajuste del gobierno como los tarifazos, el desempleo y el crecimiento de la pobreza y la indigencia.

¿Qué criterio se utilizó para denominar “asentamiento” a una porción de territorio en la que habitan personas? Para que no haya equívocos, el estudio contempló como tales a aquellas áreas habitadas por al menos ocho familias agrupadas.

Además, el relevamiento permitió obtener información cualitativa sobre la situación de cada agrupamiento. Así, se logró establecer que más de la mitad de las familias no poseen título de propiedad ni acceso a los servicios básicos de agua, luz, cloacas e infraestructura segura.

¿A qué se debe esta profundización de un problema estructural? ¿Por qué es mayor en los grandes centros urbanos? En primer lugar hay que señalar pertinentemente que concentración de la tierra y déficit habitacional son dos caras de la misma moneda. Ambos fenómenos, el primero causa y el segundo consecuencia, tributan al mismo objetivo: agudizar las profundas desigualdades sociales sobre las que se fundó y reproduce el Estado liberal-burgués en nuestro país.

Los daños sociales de este proceso están a la vista: alrededor de tres millones y medio de personas viven en condiciones inhumanas, hacinadas, en zonas no aptas para el hábitat -donde escasea el acceso a los servicios públicos básicos como red cloacal, agua, luz, gas- y en viviendas precarias que ponen en peligro la integridad física de sus residentes. En su gran mayoría, se trata de viviendas que son alquiladas u ocupadas por trabajadores de bajos ingresos, trabajadores informales, estudiantes e incluso jóvenes profesionales.

Estas condiciones permitieron que con el paso de los años y las décadas se produjera un crecimiento exponencial de los grandes conglomerados urbanos y, dentro de ellos, de los asentamientos. Estos se multiplicaron en las zonas periféricas de las grandes ciudades y hoy crecen conformando segundos y terceros cordones de población.

Este proceso es consecuencia del boom del negocio inmobiliario y la concentración en la propiedad de la tierra. Ambos están relacionados y existen fenómenos coyunturales que los acentúan, como la fragilidad del sistema financiero mundial, que hizo que una porción muy grande de las cuantiosas ganancias de los sectores agroexportadores se trasladen al negocio inmobiliario.

Así, la valorización inmobiliaria de la renta financiera es un fenómeno creciente que explica, en gran parte, la cantidad de viviendas ociosas que hay en la actualidad. San Miguel de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario e incluso Esquel, Bariloche y Ushuaia son conglomerados urbanos más allá del amba que pueden dar cuenta de ello.

¿Oferta y demanda?

En la Ciudad de Buenos Aires la situación es particularmente delicada. Desde el 2007 a esta parte tanto Macri como Larreta aprobaron permisos para construir más de doce millones de metros cuadros en la Ciudad de Buenos Aires. La cifra equivale a 250 mil departamentos de dos ambientes, sin embargo, y contra las premisas ortodoxas del liberalismo, el impresionante aumento de la oferta no disminuyó los precios de las viviendas –tanto para alquiler como para venta- ni tampoco solucionó el déficit habitacional.

“Una de las principales razones que explican el crecimiento de los asentamientos en la Ciudad es el precio de los alquileres y la cantidad de requisitos abusivos que las inmobiliarias imponen sobre los inquilinos” explicó a Nuestra Propuesta Celia González, referente social de la villa 21.24 de Barracas.

Y detalló que “los trabajadores que vienen a los asentamientos no vienen a alquilar, sino que se arman un ranchito o a la vera del río o en el patio de un conocido”.

De esta manera, “los asentamientos crecen y de forma muy precaria”. Como no hay espacio ni recursos para levantar construcciones nuevas, “lo que sucede es que se cierran pasillos para ganar un metro y después no pueden entrar bomberos ni ambulancias ante una emergencia”.

La mayoría de las personas nuevas que llegan a los barrios de Barracas, Retiro o Flores “se alojan en patios o espacios de familiares o conocidos y allí se hacen un lugar con aglomerado, chapa, cartón”. El desafío está claro: ganar un metro cuadrado para poder poner una camita. “Lo fundamental es hacerse un espacio para dormir”, aclaró.

A la difícil situación socio-ambiental que incide en las condiciones de habitabilidad se le suman los problemas que provienen de la ausencia del Estado en áreas sensibles como salud y educación.

“El desamparo es total” dijo Celia y añadió que “la mayoría de los trabajadores que se vienen a asentar a los barrios lo hacen con niños, chicos que luego no tienen vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad o que no se pueden atender en los hospitales públicos porque dan turnos a cuatro o cinco meses”.

Así las cosas el déficit habitacional es un problema de carácter estructural que se profundizó con las políticas del macrismo y que se agrava en la combinación con otras problemáticas sociales. Todas ellas dan cuenta de un denominador en común: la ausencia total del Estado o, mejor dicho, la fuerte presencia del Estado liberal burgués que diseña y allana los terrenos para los negocios de los privados -en todos los ámbitos y sentidos- y se desentiende las necesidades y derechos sociales.

Crisis habitacional cordobesa

En el centro… y en la periferia

En pleno siglo XXI en la provincia mediterránea hay 172 asentamientos que no tienen acceso a servicios básicos ¿Cómo se relaciona esto con el boom inmobiliario cordobés, los agronegocios y la timba financiera?

Tal como se desprende del informe del Renabap el área metropolitana de Buenos Aires no es la única región del país afectada por el déficit habitacional combinado con condiciones socio-ambientales de difícil habitabilidad. La provincia de Córdoba es otro de los conglomerados urbanos que registra un alza en la problemática, profundizada por las políticas de ajuste del gobierno. Según la Renabap en la provincia mediterránea existen 172 asentamientos sin acceso a los servicios básicos y más de 16 mil familias que viven en condiciones de vulnerabilidad.

¿Cómo se distribuye geográficamente el déficit?“En la provincia el problema habitacional excede ampliamente a la zona capital y repercute en todo el territorio” explicó Solana López, Secretaria del Partido Comunista de Córdoba y agregó que “los principales afectados son los jóvenes que vienen del interior a la capital para estudiar en la universidad”.

Como era de esperar la ciudad de Córdoba concentra gran parte del porcentaje pero la problemática no es exclusiva del centro: también se observa en otros puntos de la provincia. De los 172 asentamientos, 133 se encuentran en el Gran Córdoba y alcanzan a 16.884 familias. Los otros 39asentamientos se encuentran dispersos en la provincia.

Al igual que en la ciudad de Buenos Aires, uno de los fenómenos que explican la situación es el aumento desmedido en el precio de los alquileres junto a la inflación y los tarifazos.

Pero esto no es todo. La dirigente detalló que esta problemática se debe a la combinación entre ajuste y timba financiera y especulativa a la que es sometida la provincia. El mecanismo es el siguiente: los sectores exportadores del campo obtienen ganancias extraordinarias gracias a la baja –en el caso de la soja- y la quita –en el caso del trigo y maíz- de las retenciones móviles. Estos enormes ingresos son invertidos en la construcción de edificios que ingresan rápidamente al juego de la especulación inmobiliaria.

¿El costo de esta bicicleta? “Que cada vez más cordobeses tienen dificultades para acceder a un techo propio o un alquiler”, denunció López.

“Los principales beneficiaron de este modelo son los dueños de la tierra, los pooles de siembra y las empresas constructoras vinculadas al negocio inmobiliario”, advirtió la dirigente.

“Esto es lo que explica que haya cada vez menos dueños, más viviendas deshabitadas y mayor déficit habitacional”, aseguró López. Una vez más la realidad echa por tierra un viejo dogma liberal: a mayor oferta de propiedades para alquilar, más caros son estos. El fenómeno se entiende porque “los que invierten en este negocio tienen el capital suficiente como para fijar los precios y esperar a que aparezca un inquilino con las posibilidades de pagar lo exigido por los dueños”.

Todos estos factores, combinados, “generan una crisis socio-ambiental muy grande, con personas viviendo en los alrededores de la ciudad en viviendas y condiciones muy precarias e inhumanas” dijo y añadió que “las zonas en las que se asientan no son aptas para vivir, son muy bajas por lo que sufren inundaciones -cada vez más frecuentes producto del monocultivo y la deforestación- y el entorno sanitario no es el mejor”.

El circuito que recorre la renta agraria y financiera en Córdoba es una muestra más de la tendencia predominante del capitalismo en la actualidad argentina: bicicleta y agronegocios. En la provincia, este circuito explica el alto déficit habitacional.

 

Desnutrición e “inseguridad”13.2.18

¿Qué se dice y qué se oculta?

Un informe del Consejo de la Magistratura sobre homicidios en la Ciudad da argumentos a la derecha para estigmatizar la pobreza, pero ¿qué sucede en realidad?

Un informe del Consejo de la Magistratura de la semana pasada fue noticia porque reveló que tres barrios porteños tienen una tasa de homicidios más alta que algunos municipios del conurbano bonaerense. Se trata de los barrios de Retiro, Barracas y Flores. Pero cabe preguntarse: ¿qué oculta la noticia? ¿Qué información nos niega el informe?

Para Celia González de la villa 21-24 “el informe no dice que el principal problema es el narcotráfico y desconoce el hambre que nuevamente se está pasando en amplias zonas de la Ciudad”.

La dirigente social denunció que “la situación socio-ambiental en Buenos Aires es acuciante”. Es que ya no sólo se trata del déficit habitacional y la mal llamada “inseguridad”, sino de algo más elemental: : “hay hambre y desnutrición porque no alcanza la comida”.

La prueba de reside en que “los comedores no dan abasto”. Cada día que pasa se agrava aún más el escenario: “nosotros que siempre trabajamos en los comedores vemos lo que pasa ahora y nos parece muy triste, es calamitosa la situación”.

La desnutrición -especialmente en niños- es un problema que está muy presente no sólo en provincias como Chaco o Corrientes que ante las primeras crisis suelen ser noticia por ello, sino en la Ciudad de Buenos Aires.

“El hambre es impresionante de nuevo, está haciendo estragos en los hogares” alertó González y añadió que “hace unos años había necesidades, siempre las hubo, pero eran por unas zapatillas o una prenda de ropa; ahora es por un plato de comida, por eso los comedores no pueden paliar la necesidad que existe”.

Ante este escenario el gobierno porteño en vez de decir presente y brindar soluciones aunque sea momentáneas, no sólo se ausenta totalmente sino que ajusta en la calidad y cantidad de alimentos que envía a los comedores. “Ya no nos mandan más carne y huevo, solo una vez por semana. Todos los días nos mandan papa, fideos y arroz”, denunció.

Así las cosas, “la impotencia es muy grande porque cada vez es más la gente que se acerca y nosotros no los podemos derivar a ningún lado porque los comedores no tienen cupos nuevos”. Por ello, “la única solución es organizarse y enfrentar las políticas que causan esta miseria y desamparo”.

La “inseguridad” de los trabajadores

El informe elaborado por el Consejo de la Magistratura se confeccionó en base a datos del 2016. En ese año los barrios de Retiro (24,25), Barracas (17,8), Flores (17,07) y Villa Lugano (16) concentraron la mayor cantidad de homicidios. Estos tuvieron tasas de homocidios más altos que el municipio de Moreno, el distrito con más crímenes cada 100 mil habitantes (15,8) del conurbano.

Las cifras dan una buena excusa para que los medios de comunicación y la derecha continuen con su política de estigmatización de la pobreza y criminalización de la protesta social. Pero ¿qué sucede en realidad?

“El principal problema es el narcotráfico que somete a los pibes a una marginalidad extrema y cuyo negocio es organizado por la policía”, alertó Celia González.

Lo que se vive en los barrios porteños es lo mismo que en el conurbano o el interior del país: la policía organiza el tráfico de drogas, decide quien participa y como y, además, utiliza a los jóvenes desocupados como mano de obra para repartir dósis y masificar el consumo.

“Cuando se habla de narcotráfico desde los medios de comunicación o desde los funcionarios públicos siempre se habla de atacarlo, pero nunca lo hacen de raíz”, dijo la referente de Barracas.

Lo que termina ocurriendo es que “el Estado termina persiguiendo a los pibes que sufren de adicciones y se criminaliza una problemática que es sanitaria y social”.

Por ello, “una de las cosas que no se dice es que los pibes que van al muere por un celular o unas zapatillas son empujados a esa situación por la misma policía que maneja la droga en los barrios”, aseveró y fue tajante al afirmar que “la policía los manda a matar entre ellos”.

Esto hace que la "inseguridad" sea un problema real en los barrios porteños. Por ejemplo, “acá en la villa las chicas se tienen que organizar en grupo para ir a tomar los colectivos a la mañana o los vecinos en determinada hora se tienen que cuidar de andar por la calle, pero siempre se enfoca mal el problema”, comentó.

Es que para Celia, “no quedan dudas de que las principales víctimas de la inseguridad son los trabajadores de los barrios pobres, como tampoco quedan dudas de que estos son los máximos perjudicados del modelo económico del gobierno nacional y de la Ciudad”, concluyó.

Punto de partida en La Plata13.2.18

Un espacio para la defensa de la democracia

Diferentes organizaciones sociales, sindicales, de defensa de los Derechos Humanos y políticas, avanzan en la construcción del Foro por la Democracia y Libertad de los Presos Políticos.

El viernes 9 de febrero en La Plata, en la sede bonaerense de la CTA de los Trabajadores, se llevó adelante la primera reunión preparatoria y organizativa del Foro por la Democracia y Libertad de los Presos Políticos.

En la jornada participaron militantes pertenecientes a diferentes organizaciones políticas y sociales de la región, entre ellos, del Partido Comunista y de la Agrupación Docente Aníbal Ponce que es integrante de la conducción del Suteba local.

También participaron integrante de la Mesa de Derechos Humanos, Hijos, Asociación Miguel Bru, Red Provincial por la Memoria, Asociación Anahí, Carta Abierta, los partidos Solidario, Justicialista y Miles, La Organización Túpac Amaru, Patria Para Todos, Coordinadora de Trabajadores 19 de Diciembre, Comité por la Liberación de Milagro Sala, Corriente Intersindical de Mujeres, JP Campora, agrupaciones Rodolfo Walsh, Joaquín Areta, 25 de Mayo, Aníbal Verón e Hijos del 55 y el Frente Carlos Cajade.

En el plenario se acordó que el 23 de febrero, va a tener lugar una reunión en la que se espera construir, colectivamente, un documento fundacional de cara al lanzamiento del espacio.

Al respecto, el integrante de la Dirección del PC de La Plata y de la lista Violeta de Suteba, Pablo Brizuela, recalcó que “quienes conformamos este ámbito, vemos la necesidad de enfrentar la pérdida constante de las libertades democráticas, que la observamos en el aumento de la criminalización de la protesta social y en la persecución política a los militantes populares”.

Asimismo, advirtió que es muy grave el incremento de la represión al campo popular, no sólo aquella que se perpetró durante las movilizaciones contra la reforma previsional, en diciembre de 2017 en la Plaza Congreso, sino también la que se verifica “en el sur, donde se produjeron los asesinatos de Santiago Maldonado en el río Chubut a manos de la Gendarmería y del joven Rafael Nahuel por balas de la Prefectura”.

Y, en idéntica dirección, hizo hincapié “el incremento de los casos de gatillo fácil, como el perpetrado por Luis Chocobar, quien después fue recibido con honores y felicitado por Mauricio Macri en la Casa de Gobierno”.

Ante esta situación, el dirigente del PC no dudó cuando destacó que salida está en afianzar mecanismo de unidad en la acción. “Seguimos convocando a los trabajadores y sindicatos, al movimiento de defensa de los Derechos Humanos y a las fuerzas políticas, organizaciones territoriales, estudiantes, docentes, de profesionales y a pequeños y medianos empresarios que tengan la decisión de resistir el avance del Estado de Excepción que impone el gobierno neoliberal, remarcó y añadió que esta convocatoria es precisa “para constituirnos en un ámbito de acción política, con el objetivo de defender las libertades democráticas y lograr la libertad de todos los presos políticos”.

 

INTELIGENCIA YANQUI EN ARGENTINA12.2.18

El país de regalo

La ministra de Seguridad viajó a Estados Unidos para ser atendida por segundas líneas de los servicios de inteligencia. Firmó acuerdos injerencistas, comprometió más la Triple Frontera y recibió consejos sobre terrorismo y narcotráfico en Argentina.

La reciente visita a Estados Unidos de los ministros argentinos de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad respectivamente, cosechó toda clase de repudios en el ámbito de la política. No así en los medios masivos de información, en donde el encuentro de estos funcionarios de alto nivel con segundas y terceras líneas de los servicios de inteligencia del país favorito del macrismo pasó desapercibida.

Tras ella quedó abierta en nuestro país la posibilidad de que la CIA obre cómodamente en la Triple Frontera con la excusa del narcotráfico y el terrorismo. La rápida escapada de los más duros ministros de la mano dura macrista significó la reafirmación de las conocidas intenciones del gobierno argentino de instalar en nuestro país una fuerza de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por la sigla en inglés de Drug Enforcement Administration).

Hace tiempo que el país coquetea con esa entidad y vale destacar que su presencia en el país se hizo de la mano de la irresponsabilidad de gobiernos provinciales: Salta reinstaló las oficinas de la DEA en la capital provincial ya en 2016, cuando tras las fricciones entre el kirchnerismo y los Estados Unidos, sólo quedaban 3 agentes en el país, al menos entre los oficialmente reconocidos como tal…

Antes, cuando todavía gobernaba el país Cristina Kirchner, se había tolerado que el entonces gobernador cordobés, el díscolo José Manuel De la Sota, anunciara con bombos y platillos que ese organismo yanqui entrenaría a su policía provincial antinarcóticos.

La decisión era dudosa desde el vamos y peligrosa desde siempre porque lo único que se sabe con certeza del obrar de la DEA en los países afectados por el narcotráfico es que, luego de instalada la agencia norteamericana, crece la conflictividad social, se desestabiliza la vida social y política de las áreas afectadas por una disputa creciente y se abre el paso a la penetración de los servicios de inteligencia del país del norte, enquistados en la demasiado pobre inteligencia de las naciones afectadas por el neoliberalismo en esta parte del mundo.

De la mano del efectismo punitivista por parte de un gobierno que no es ninguna excepción en el mundo, Argentina está abriendo paso a políticas silenciosas de profundo alcance en plan de cesión de soberanía en cuestiones estratégicas. En tanto, se abren debates públicos que la sociedad ya había superado, como el de la ejecución sumaria, tal cual ilustra el caso del policía que tras asesinar a un ladrón menor de edad para defender los bienes de un turista estadounidense, fue recibido, como en bendición, por el propio presidente Macri.

La DEA, ciertamente, ya está trabajando con sus fuerzas, combinadamente, en Brasil y Paraguay, los otros tres países de la Triple Frontera, en donde el lado argentino, destinado al turismo, hasta ahora es el más tranquilo. Pero el problema va más allá de la dignidad nacional porque entronca con la cercanía de este punto con resistente la Bolivia de Evo Morales y, sobre todo, con las riquísimas posibilidades del Acuífero Guaraní, una de las vetas de agua potable más ricas de la Tierra.

Para justificar sus actos ante una opinión pública tendiente a ver a un uniformado yanqui como un heroico Rambo antes que como un soldado invasor, la ministra Bullrich dijo haber sido advertida en su reunión de la presencia en la Triple Frontera de células de Hezbollah, fuerza en lucha en Medio Oriente que, pese a los estigmas que sobre ella han marcado los formadores de opinión del imperio, es un partido formal dentro de la vida de varios países, como Líbano o Palestina.

Dependencia hasta en el cielo

En tanto queda abierta la puerta a la injerencia armada directa de los yanquis en la Argentina, la construcción del satélite argentino Arsat 3 sigue demorada y se afianzan los permisos del Estado nacional a los servidores extranjeros de tecnología satelital. Así, a los 21 operadores de información vía satélite a los que el gobierno macrista había autorizado desde diciembre del 2015 para competir con los satélites nacionales, en esta semana se sumaron dos: el Eutelsat 117 West-B y SES-14.

Los mismos podrán operar en la frecuencia de los Arsat, compitiendo con ellos, gracias a convenios establecidos por la Argentina como Estado Nacional con los de Brasil y México, aunque estos sean servidos por empresas europeas. Gracias a ello, el servicio de satélite de países como Francia, Estados Unidos o hasta el Reino Unido (con el cual Argentina tiene hasta una disputa de soberanía territorial), podrá operar en la Argentina sin reciprocidad alguna, como oportunamente fuera asentado, ya que ningún satélite argentino tiene esos mismos permisos por parte de Estados europeos.

En este marco y mientras el magnate inglés Joe Lewis ya puede volar desde su fastuosa pista en la costa de Río Negro hasta nuestras islas Malvinas sin visar pasaporte en la embajada británica, salió a la luz que diplomáticos de ambos países están trabajando, en secreto todavía, para restablecer los vuelos de Malvinas a Buenos Aires y viceversa. En estos tratos entre el nuestro y el Estado ocupante de una parte de nuestro territorio nacional, los reclamos argentinos de soberanía sobre Malvinas siguen afuera de la mesa de negociaciones, tal como es estrategia británica y el entreguismo menemista ratificara en los anquilosados pactos de Madrid.

De esta suerte se colige que existe la posibilidad de que los más de 80 familiares de soldados argentinos recientemente identificados y enterrados en Malvinas como NN hasta hace poco, puedan viajar directamente desde Buenos Aires a las islas y no ya desde Montevideo o Punta Arenas. Esto significa que, presuponemos que no con alegría, deberán visar su pasaporte argentino ante autoridades británicas, lo que sería un implícito reconocimiento de la soberanía inglesa y, de paso, una burla a la sangre argentina derramada.

“Este es un tema que estamos avanzando y resulta fundamental para la conectividad de las islas con el continente”, dijo al respecto el embajador de Elizabeth II en la Argentina, Mark Kent. Pero para él, ciertamente, la Argentina con respecto a Malvinas es uno de los “terceros países” a tratar, no un Estado que exige del Reino Unido una restitución de soberanía. Firmar estos acuerdos no sería, entonces, otra cosa que reconocer los términos imperiales británicos.

No es raro: algo así hizo el consabido ministro Oscar Aguad cuando en rueda de prensa salió a desmentir categóricamente que el submarino argentino ARA San Juan, desaparecido hace poco con sus 44 tripulantes, no estaba haciendo tareas de seguimiento de unidades militares británicas. Con eso el ministro, en un caso que no descarta ninguna hipótesis todavía, se deshizo de la disputa secular entre el Estado argentino y el británico y, de paso, negó indirectamente las potestades soberanas argentinas de vigilar sus mares patrimoniales.

Pero no todo es silencio

La decisión macrista de permitir la instalación de fuerzas armadas y de inteligencia estadounidenses en territorio argentino no pasó, sin embargo del silencio mediático y de un importante sector de la política, desapercibida. Los más directos afectados, los ciudadanos de la provincia de Misiones, fueron expresados en la voz de un vasto arco político que emitió una declaración.

En la misma y con la firma del PC y el Partido Agrario y Social, entre otras organizaciones y personalidades, expresaron su “repudio a la creación de un grupo de fuerzas especiales ‘Task Force’, con efectivos de la DEA en Posadas”. “Sobrada evidencia en el mundo existe de la violación a los derechos humanos que estos efectivos realizan contra las poblaciones locales amparados en distintas formas de inmunidad diplomática”, agregaron.

Dejaron en claro que “Latinoamérica es zona de paz, libre de conflictos bélicos” y que por eso “no admitimos la penetración militar del imperio”. “Instamos a todos los sectores de nuestra sociedad, actores sociales, políticos, sindicales a pronunciarse ante este nuevo intento de militarizar la triple frontera con absoluta ilegitimidad”, dijeron finalmente.

Por su parte, la destacada periodista Stella Calloni, fue tajante: “la intención es hacer que la Argentina vuelva a ser una gran, inmensa, colonia de Estados Unidos”. “Este proyecto de recolonización es prácticamente la entrega del país”, advirtió y observó: “no estamos sabiendo nada de lo que sucede en el sur, en el territorio de la Patagonia”.

“Están sucediendo cosas muy siniestras”, señaló y recordó que el ARA San Juan desapareció en acciones militares que habían pasado por encima del Congreso y que no fueron informadas. Repuso que ello se hizo “cuando ya el Congreso había prohibido las maniobras Cormorán”, entre las fuerzas armadas argentinas y estadounidenses.

“Mientras se realizaban estas maniobras, la ministra de seguridad Patricia Bullrich estaba en el sur firmando un acuerdo para un centro de inteligencia regional con la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone”, recordó y manifestó: “ya se firmó el acuerdo y está en funcionamiento”.

“En el mismo momento habían llegado, en un barco de la Nasa, científicos y militares norteamericanos para su proyecto de base en Tohuin para, supuestamente, monitorear ensayos nucleares”, informó Calloni y remarcó: “es decir que tendríamos dos bases, una en Tolhuin y otra en Ushuaia”.

CIERRE DE RAMALES FERROVIARIOS12.2.18

La política de incomunicar

El cierre de Ferrobaires, previsto para marzo, implica el cierre de gran cantidad de ramales y el despido de miles de trabajadores. Lo que fuimos, lo que perdemos, lo que podemos ser.

La fotografía que encabeza esta nota superpone con sencillez la traza de la red ferrocarrilera argentina hacia 1948, cuando superaba los 47 mil kilómetros de extensión y era más extensa que la de cualquier potencia europea, sobre el mapa de Europa Occidental. Da cuenta no sólo de las inmensas distancias argentinas sino también del espléndido desarrollo ferroviario que entonces permitía salvarlas y unir al país.

Hoy de esa red queda muy poco y se podría decir que salvo para el transporte de mercaderías por ejes económicos demasiado importantes, hoy sólo perdura en los lugares en donde la gentrificación permite, en el marco de una renovada política de liberación del mercado, que sólo dentro de los márgenes óptimos de maximización de la ganancia persista la traza.

En ese sentido, no es raro observar que la tan vaticinada “renovación de los ferrocarriles” no haya significado otra cosa que la adquisición de vehículos nuevos a China o Estados Unidos, los cuales se podrían haberse construido en los múltiples talleres con que todavía cuenta nuestro país y con la notable capacidad de la mano de obra capacitada de la Argentina.

Nada de eso. De hecho, algunas de las compras de vehículos hasta fueron de formaciones que en sus países de origen estaban destinadas al desarmadero. Y a precios irrisorios. Demás está decir que esa dicha “renovación” sólo se dio en el marco del único punto de la geografía nacional que, dentro de la lógica del mercado neoliberal, ofrece un panorama positivo a la maximización de la ganancia: él área metropolitana porteña.

Así, mientras en otros puntos del país las que fueran estaciones siguen transformándose en centros culturales o museos en donde debiera funcionar un punto neurálgico de la economía, sólo vemos inversiones de fuste en las grandes terminales ferroviarias de la capital, a donde cada vez menos trenes arriban provenientes desde puntos lejanos de la extensión argentina y todo lo nuevo es mero maquillaje.

La política de desguace de los ferrocarriles, que obedece a los mismos lineamientos imperiales que los desarrollaron (recordemos que nuestro viejo trazado fue diseñado en en función de los intereses industriales británicos), no comenzó ahora. Tiene el triste antecedente del levante de tendidos enteros durante el gobierno de Frondizi y el cierre de gran cantidad de ramales durante el menemato.

Hoy queda muy poco y sólo en donde, como suele decirse, “el ferrocarril garpa”. Esta visión monetarista es lamentable porque oculta las muchas posibilidades de desarrollo que abre todavía el tren, el cual no tiene como fin justificar sus inversiones sino comunicar y, en un país nuevo como era este al momento de extender sus rieles por montañas y llanuras, dar vida.

De lo poco que queda, le queda a Buenos Aires la parte del león. Pero el león está famélico, porque en una superficie similar a la de Italia y con una población mucho menor a esta, esta provincia supo tener la friolera de 14 mil kilómetros de tendido ferroviario, cuando ahora y después de los anuncios realizados por la gobernadora Vidal (que implican el cierre de valiosos ramales persistentes), sólo contará con los servicios metropolitanos y algunos muy cotizados de larga distancia, como los de Rosario o Mar del Plata.

Así, en el marco del pase de la empresa Ferrobaires a un Estado Nacional mayormente ausente y, ante el cierre de hecho de muchos ramales desde hace años, más de 1500 empleados de la firma corren riesgo de perder sus puestos de trabajo. Muchos de ellos en estos días están recibiendo las notificaciones, desde los de Bragado a los de Tandil pasando por los de Bahía Blanca a los de Coronel Suárez.

El panorama no mejora y queda claro que el desguase final de nuestros ferrocarriles está en el marco de la política de entrega de los intereses nacionales argentinos.

Política del corazón

José Ferro, trabajador ferroviario de la línea Belgrano Norte sindicalizado en la Unión Ferroviaria, aportó también sus preocupaciones con respecto a la misma red metropolitana porteña. En ese sentido, dijo: “la empresa concesionaria del ramal Belgrano Norte es Ferrovías SA, pero en abril termina su contrato y no sabemos el proceso que va a seguir la empresa hacia futuro”.

“Estamos atentos a esa jugada porque hoy por hoy, con el cierre de ramales y los despidos masivos que están haciendo, los ferroviarios también vamos a ser afectados”, puntualizó y observó: “para los trabajadores ya empezó el proceso de retiros voluntarios”, añadió y repuso: “el cierre de ramales directos ya es el despido y la cancelación del servicio”.

“El escenario es gravísimo porque se desarticulan un montón de localidades”, expresó y observó: “se empieza a concentrar nuevamente sobre la capital de la provincia todo el poder poblacional y laborioso del pueblo, que se tiene que mudar”. Expresó también que el servició se está “concentrando sólo en los ramales que tienen hoy un alto tráfico, densísimo”.

Por otro lado, señaló que “este sistema es viejo y en algunos casos obsoleto”. Añadió: “las normas de seguridad siguen siendo precarias, por más que dentro del proceso anterior de doce años de kirchnerismo se hayan hecho inversiones a gran escala y tenido políticas de ampliación, comprándose material rodante que si bien no es acorde no es malo”.

Historió que “en Fabricaciones Militares (FM) teníamos la fabricación completa de los vagones tolva” y que “al cerrar FM, dejando un tendal de trabajadores especializados en construir vagones, perdimos conocimiento y mano de obra calificada argentina que puede diseñar y construir material rodante específico con las necesidades específicas de nuestro territorio”.

“Lo que importa hoy es frenar a este gobierno, correrlo, echarlo, sacarlo”, arriesgó Ferro y adujo: “la reforma laboral que se viene a nosotros nos va a afectar y mucho”. Por eso, pidió “unidad en toda condición y movilización en toda condición, porque hoy la respuesta está en las calles peleando, discutiendo, tratando de traer a la mayor cantidad de compañeros a la defensa de todos los puestos de trabajo, no sólo los propios sino los ajenos”.

 

DESGUACE DE FERROBAIRES12.2.18

El fin de una era

La periodista Stella Calloni analizó las consecuencias del cierre de varias líneas férreas que representa, hasta ahora, el final de la empresa bonaerense de servicios ferroviarios.

La provincia de Buenos Aires, que en sus épocas de oro tuvo 14 mil de los 47 mil kilómetros de vías férreas de la República Argentina, tendrá desde este año muchas importantes líneas de menos.

Es después de la formalización, confirmada por la gobernadora María Eugenia Vidal mediante su Boletín Oficial, de la eliminación de la operadora ferroviaria provincial Ferrobaires, que pasará sus servicios a la órbita del mismo Estado nacional que discuntinúa el Arsat y negocia con Estados Unidos y Gran Bretaña como si de amigos de Argentina se tratara.

Muchas de estas importantes y hasta cruciales líneas que serán paralizadas y que ya sufren despidos de sus miles de trabajadores, ya estaban detenidas de hecho. En efecto, desde 2016 muchos servicios quedaron sin funcionamiento con la excusa del mal estado de los medios. Y todo pese a las repetidas promesas de restablecimiento por parte de la gobernadora.

El decreto 1100-E, firmado por Vidal, implica la disolución definitiva de Ferrobaires. Tras su emisión, empleados ferroviarios de Tandil, Quequén, Bolívar, Nueve de Julio, Bragado o Junín empezaron a recibir sus ominosos telegramas de “desafectación”.

Criminales

La periodista Stella Calloni dijo que el despojo de las líneas ferroviarias bonaerenses son “parte de la terrible destrucción en que ha caído este gobierno que prácticamente está gobernando como un Estado de excepción”. “Se ponen medidas gravísimas sin consultar al Congreso”, dijo al respecto.

Lamentó “que hayan tomado esta decisión de un día para otro” y “la cantidad de personas despedidas”. Repuso que esto implica “llevar a la provincia a un estado de calamidad”. Luego resaltó que el ferrocarrilero “es el transporte más barato, también para productos, que se encarecen muchísimo con el transporte por camiones”.

“Esto está dentro de este proyecto brutal de destrucción a nivel nacional y de provincia, que si no lo detenemos ya va a ser muy tarde después, imposible”, observó y resaltó: “las vías ferroviarias unían a este país, que era uno de los más importantes en el mundo por sus comunicaciones ferroviarias”.

“La gente no está reaccionando debidamente”, se quejó Calloni y puntualizó: “tendrán que pasar añares para volver a recuperar esos 14 mil kilómetros de vía férreas”. “Si la provincia de Buenos Aires es enorme y tiene sectores productivos inmensos, terminar con todo ese entramado de líneas ferroviarias es un hecho criminal”, fustigó y sostuvo que a Vidal “se la podría juzgar”.

Recordó que mientras se desguasa lo que queda del ferrocarril argentino, Venezuela “está creando nuevos tendidos”. “Toda la Unión Europea, que son países chicos, está unida por trenes y nosotros estamos destruyendo este extraordinario trazado”, ejemplificó.

Sostuvo que la red ferroviaria “es un patrimonio histórico del país”, por lo que “la destrucción no sólo abarca el patrimonio nacional sino también al patrimonio histórico”. “Debería llamarse a una rebelión contra esto”, consideró y dijo: “nos están arrasando”.

Gobernador, no aclare que oscurece12.2.18

Sobre llovido, mojado

En una simple frase Juan Manuel Urtubey reconoció que en más de diez años de gestión hizo poco o nada para mejorar la situación de los salteños pobres.

Con cara de recién llegado, al ser consultado sobre las consecuencias de las inundaciones en su provincia, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reflexionó que se dio un hecho “paradójico”, porque las personas afectadas por la crecida del Pilcomayo, “perdieron todo y al lado no perdieron casi nada, porque no tenían casi nada”.

Vale recordar que la crecida de ese curso hídrico causó estragos que pusieron al desnudo la falta de previsión de un gobierno que lleva más de una década en la que, a juzgar por los dichos del gobernador, mucho no se hizo para prever este tipo de situaciones, pero tampoco para modificar las causas que llevan a que, buena parte de la población, no tengan “casi nada”.

Esta verdadera catástrofe afectó a más de diez mil personas en Salta, como consecuencia de que el caudal se elevó hasta los siete metros. Además dejó un saldo de al menos dos muertos, tres desaparecidos y miles sin electricidad y cientos de evacuados.

Ante esto, Urtubey siguió chapoteando en el barro aunque su entrevistador, el programa de TN Los Leuco, le tiró una soga cuando con piedad evitó profundizar en el tema. De todos modos, Urtubey pudo explayarse en su defensa. “los desmontes no tienen nada que ver” con la inundación sin aportar ningún elemento capaz de avalar su aseveración.

Todo esto le sirvió para salir por el tirante y evitar hablar de que la situación que ahora atraviesan –principalmente- los departamentos de San Martín y Rivadavia sólo exhibe con claridad lo que pasa en una provincia que pretende mostrarse como meca de la pujanza que está entre las más pobres del territorio nacional con focos de indigencia y desnutrición equiparables a los del África Subsahariana. Algo más del cincuenta por ciento de los habitantes de Salta tiene necesidades básicas insatisfechas.

Pero esto no es todo: una de las obras que el Gobierno Urtubey pretende exhibir como paradigma de su eficiencia, aquellas que se llevan a cabo en la Ruta Provincial 54, se vio seriamente afectada por las inundaciones.

Así las cosas, a esta altura vale la pena preguntarse dónde quedó el Plan Belgrano sí ese que dos años atrás promocionaron como ejemplo del cambio, Mauricio Macri, José Manuel Cano y su tocayo Urtubey que, entre otras cosas y con recursos financieros que nadie explica dónde fueron a parar, debió desarrollar obras de infraestructura que permitieran prevenir este tipo de cosas.

 

Daños terribles

“Los daños son terribles”, dijo el integrante del PC salteño, Germán Lozano, quien tas recordar que “los daños son cuantiosos”, recalcó que entre los principales afectados están “casi con exclusividad los pueblos originarios, que son los que viven al margen del río y en el monte, de las especies que produce el monte, de las frutas, de los animales, la caza y la pesca en el río”.

En esta zona del norte de Salta coexisten miembros de las comunidades wichí y guaraní, además de población criolla que tiene mucho en común con estos pueblos originarios, fundamentalmente, también es pobre.

En este sentido Lozano fustigo al gobernador y aseguró que “miente cuando dice que el desmonte no tiene nada que ver con esto “, ya que “el monte es el que controla el drenaje del agua de la lluvia y, al estar desmontado, no hay árboles ni vegetación permanente, por eso se produce primero la erosión eólica y después la del agua”.

Las consecuencias están a la vista: “la lluvia no sólo inunda, también se lleva el humus de las tierras estas que son tan buenas”, mientras que “los agroquímicos, en lugar de producir humus, producen enfermedades a quienes viven cerca, como el cáncer, lo cual está probado”. Y lamentó: “las semillas originarias prácticamente han desaparecido”.

Hacia fines de enero, el Ministerio de Medioambiente de la Nación, emitió una resolución que paró, al menos por el momento, la desforestación de varias hectáreas de de monte autóctono, al tiempo que instó al gobierno provincial a restaurar las más de cuarenta mil hectáreas desmontadas merced a autorizaciones emitidas por Urtubey desde 2010.

Lo hizo ante la sucesión de denuncias públicas que, nacional e internacionalmente, se hicieron oír a punto tal que Greenpeace se instaló en el lugar donde impidió el avance de las topadoras que intentaban ganar terreno para la extensión de la frontera sojera.

Entonces, fue precisamente Greenpeace quien encabezó una fuerte campaña que denunció la desforestación ilegal de alrededor de nueve mil hectáreas en la finca El Cuchy, cuyo propietario es Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.

 

DECLARACIONES DE MACRI8.2.18

Algo más que cinismo

Ante la inminencia de una masiva movilización obrera prevista para el 21 de este mes, el presidente insistió en estigmatizar al sindicalismo y volvió a cargar contra los docentes.

Al compartir el lanzamiento del modelo Cronos de Fiat, junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, Mauricio Macri instó a actuar “siempre con la verdad, sin patoterismo ni comportamientos mafiosos o extorsivos”.

Ante la inmutable mirada de su anfitrión, el presidente provocó al movimiento obrero que el 21 de este mes va a movilizarse en todo el país, pero fundamentalmente a los docentes y, en este sentido, aseveró que los argentinos “tenemos que encarar una revolución en la calidad de la innovación educativa”, por lo que con particular cinismo dijo que invitaba a los gremios docentes a que “sean parte y lideren esa inclusión, esa renovación y esa superación permanente para que los chicos tengan acceso a los trabajos del futuro”. Y a que, “cada argentino se pueda sentir protagonista de una Argentina que avanza sobre bases sólidas”.

Pero lo cierto es que, mientras asegura que los docentes deben ser parte de “una revolución en la calidad de la innovación educativa”, el salario del sector sigue perdiendo contra la inflación.

¿Quién dice esto? Ni más ni menos que un estudio elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral, una casa de estudios de un perfil ideológico claramente alineado con el del gobierno, que señala que el salario docente perdió tres por ciento contra la inflación en 2017, año en el que se eliminó la Paritaria Nacional. De acuerdo a este relevamiento, el poder adquisitivo del salario promedio de los maestros acumuló -durante 2017- un alza nominal del 21,85 por ciento contra una inflación del 24,8 que es la que reconoce el Indec.

Pero no es este el único dato interesante sobre el que da cuenta este trabajo. El decano de la Escuela de Educación, Julio Durand, apuntó que este informe revela como característica destacable del sistema educativo argentino a “la disparidad entre los distintos distritos” algo que durante una década subsanó la Paritaria Nacional que acordaba un piso desde el que los gremios de cada provincia comenzaban a negociar.

Así las cosas, durante 2017, por sobre el índice de la inflación que reconoce el Indec, se colocaron San Luis con una recomposición salarial del cincuenta por ciento, Corrientes con el 35, Neuquén con el 31 y un punto menos para Formosa, mientras que tras un duro conflicto, el Frente de Unidad Docente le torció el brazo a la gobernadora María Eugenia Vidal y logró un 27,5 por ciento en la provincia de Buenos Aires.

Pero las cosas no fueron tan bien en las provincias donde no hubo acuerdo y los gobernadores dispusieron el porcentaje de la recomposición salarial por decreto. Los docentes de San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Chaco se tuvieron que conformar con sólo un 19,25 por ciento.

¿Para cuándo las respuestas?

“Hasta ahora no hubo acuerdo salarial en ninguna provincia y tampoco lo habrá en el orden nacional si se pretende imponer un techo del quince por ciento a las negociaciones”, señaló la titular de Ctera, Sonia Alesso, quien tras insistir en que el gobierno nacional debe reabrir la Paritaria Nacional alertó que “si no hay respuestas”, se podría convocar a una medida de fuerza durante el congreso que Ctera va a llevar a cabo el 28 de este mes.

La demanda de la secretaria general de Ctera es clara: el ejecutivo tiene que derogar el decreto 52/2018 que modificó la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, lo que abriría un camino para destrabar la Paritaria Nacional que “es la mejor forma de evitar conflictos”.

Y, al respecto, recordó que “mientras estuvo en vigencia la Paritaria Nacional no hubo conflictos salariales porque las discusiones llegaron siempre a buen puerto”, algo que “sucedió incluso en 2016, cuando el gobierno la convocó y respetó la Ley de Financiamiento”.

Esta denuncia fue llevada la semana pasada por Ctera a la 50 Sesión del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación que se realizó en Bruselas. Ahí, una delegación integrada por Alesso y el titular de la IE para América Latina, Hugo Yasky, denunció el ataque que, sobre la Paritaria Nacional, perpetra el Gobierno Cambiemos y las amenazas sufridas por Roberto Baradel.

Por otra parte, la titular de Ctera volvió a hacer público el rechazo “a las reformas, las cesantías y la aplicación de sistemas de presentismos” y apuntó que “la mayoría de los gremios rechazan los ofrecimientos salariales” que se hicieron en el orden nacional en diferentes provincias.

Y calificó de “ilegal e inconstitucional” a la reunión convocada para ayer por el Ministerio de Educación en la que no participó Ctera. Fue un encuentro de la Mesa de Convenio Marco, presidido por el titular de esa cartera, Alejandro Finocchiaro en la que sí estuvieron CEA, Amet, Sadop y UDA.

Pese a esto, Alesso no dudó cuando insistió en que “la mayoría de los gremios rechazan los ofrecimientos salariales” efectuados, tanto en el orden nacional como en el provincial. Y recalcó: “impugnamos esa reunión, su convocatoria y volvemos a decir claramente que el Gobierno debe sentarse a discutir el salario docente y cumplir la Ley”, ya que “no vamos a aceptar, de ninguna manera, un techo salarial del quince por ciento”, por lo que “denunciamos este teatro que lo único que pretende es convalidar la baja del sueldo de los trabajadores de la educación”.

RECLAMO DESDE SUTEBA8.2.18

Las dilaciones de la Mariu

El organismo docente reclamó a la gobernadora bonaerense por sus demoras para discutir salarios.

“La última reunión, que no fue una paritaria, fue en noviembre y se había acordado la próxima para diciembre, pero hasta el día de hoy no hemos tenido noticias” dijo Cristian Poli, secretario de Suteba Zárate e integrante de la Conat, al referirse a la luz de alerta que encendió esa gremial cuando denunció que la gobernadora, María Eugenia Vidal, está dilatando la discusión salarial por lo que, en este contexto, “es muy difícil pensar en un inicio de clases sencillo”.

Esta última advertencia corrió por cuenta de la secretaria gremial del Suteba, María Laura Torre, quien recordó que los debates salariales demandan tiempo. “No se discute el salario docente en una semana y mucho menos cuando lo van empujando y dilatando como en este caso, estamos muy preocupados”, aseveró.

Y lamentó que, “formalmente, no hay discusión paritaria sobre reacomodamiento de sueldos”, algo que significa “un incumplimiento por parte del gobierno de la señora Vidal”.

En este contexto, la gobernadora parece estar dispuesta a echar mano a viejas recetas para intentar torcer el brazo a los trabajadores de la educación. Así al tiempo que sigue demorando la convocatoria a los gremios para discutir salarios, vuelve a insistir con la amenaza de descontar días de paro y la zanahoria de gratificar con un plus por presentismo a quienes no se sumen a las medidas de fuerza.

Según se deslizó desde la cartera educativa bonaerense, la remuneración extra va a ser un eje central de la oferta que va a llevar el ejecutivo provincial a los gremios, cuando decida convocarlos a la paritaria.

La medida va en consonancia con el intento que Vidal hiciera durante 2017 cuando, en medio de un clima tenso, intentó erosionar el frente construido por los docentes con el anuncio del pago de un bono de mil pesos por “presentismo”.

Pero en este punto, recalcó María Laura Torre, la respuesta no puede ser otra que la negativa. “Si hubiese una propuesta de incluir una cláusula por presentismo va a ser rechazada por todos los sindicatos docentes”, anticipó la secretaria gremial del Suteba y añadió que es imposible “discutir ese tema como parte del salario”, ya que “la salud de los docentes no va a ser moneda de cambio”.

¡Presente!

“Venimos denunciando esta situación no sólo desde el punto de vista judicial sino movilizándonos fuertemente en las calles”, apuntó Cristian Poli, que venía de participar en la localidad bonaerense de San Fernando de una acción en el profesorado local, en donde se reunía el Consejo Federal de Educación y en la que no se ausentó el activismo de Suteba y de Ctera.

Sobre esta participación, el zarateño recordó que los docentes enfatizaron “la necesidad de apertura de paritarias libres y sin techo”. Agregó que el premio por presentismo a los docentes que no paran “ya ha sido rechazado absolutamente por la docencia en la lucha que dimos el año pasado”. “Ese tipo de concepto vinculado al salario está trasladado casi mecánicamente desde el sector privado”, repuso y en ese sentido sostuvo que en el entorno de Vidal “han sido, o son todavía, funcionarios de las grandes empresas, fundamentalmente multinacionales”.

Sentenció: “si se quiere discutir presentismo se tiene que discutir salario justo o concentración de tareas en una misma escuela”. Puntualizó que el sueldo necesario “es el que no solamente alcance para llegar a fin de mes sino que también nos permita trabajar menos”. Añadió sobre ello: “hoy un docente tiene que tener hasta tres cargos para poder solventar una familia”.

Por otro lado, Poli observó sobre la gran marcha de trabajadores prevista para el 21 de este mes: “ya hemos decidido participar muy fuertemente” y “ese compromiso ya está”. Observó que los docentes tendrán en ella “un rol fundamental y protagónico porque somos uno de los sectores de trabajadores que estamos dando una pelea muy fuerte y decidida, unitaria, con respecto a la apertura de las paritarias libres y sin techo”.

LA COOPI EN CÓRDOBA CAPITAL8.2.18

Con toda la fuerza en la calle

La cooperativa de servicios públicos de Villa Carlos Paz se manifestó mientras en una audiencia el ministro de Trabajo intimaba al intendente, que quiere despojarla de la prestación de servicios, a presentar propuestas concretas.

Los representantes de la Coopi, empresa cooperativa que brinda los servicios básicos y sanitarios en Villa Carlos Paz, llevaron a la capital cordobesa sus reclamos por que el municipio, a cargo del vecinalista Esteban Avilés, no los despoje de sus tareas, para lo cual no cuenta con razones que no sean poco claras.

Lo que sí queda claro es que los trabajadores de la Coopi no están dispuestos a perder sus puestos de trabajo sin dar lucha. Por eso, un centenar de ellos se trasladó a las puertas del edificio Edisur, que en la ciudad de Córdoba es sede de las oficinas del ministro provincial de Trabajo, Omar Sereno.

Así se manifestaron mientras se realizaba la audiencia entre el municipio de la importante villa turística y la representación legal de la cooperativa. Dio fuerza a la presencia masiva, una batucada de trabajadores desafiando durante horas temperaturas de 40 grados y la presión de la policía provincial.

Desde la Coopi informaron: “la audiencia puso de manifiesto las mentiras e improvisación de Avilés en intentar quedarse con los servicios de agua y cloacas, ya que no llevaron propuesta alguna a la audiencia”.

Por su parte, Mario Alberto Díaz, integrante de la conducción de la Coopi, recordó que este “es un conflicto con el que venimos de hace tiempo”. En ese sentido, historió que “ya en el 2012 el intendente Avilés pretendió sacarnos la prestación del servicio de gas”, cuando “nos robó las acciones y la Justicia se las hizo devolver”. Repuso: “en el 2016 nos quitó el servicio de agua y la Justicia planteó que no podía avanzar con esa decisión”.

“El año pasado nos quitó el servicio cloacal y la Justicia volvió a frenarlo”, siguió diciendo y sobre ello puntualizó que “tenemos toda una cuestión judicializada porque (el intendente) intenta apropiarse de todos los servicios de la cooperativa”.

Adujo que, de prosperar a favor del intendente, esta sería una “situación que llevaría a la quiebra a esta institución que tiene más de 54 años brindando los servicios que menciono” y que esto implica “alrededor de 250 trabajadores directa o indirectamente afectados”.

Con respecto a los resultados de la audiencia en el ministerio, Díaz informó: “el municipio, una vez más, ratificó su incapacidad operativa y puso de manifiesto que no tiene ningún plan para llevar adelante el servicio de agua”. Añadió: “tampoco llevó ninguna propuesta sobre qué iba a hacer con los trabajadores y dependientes de la cooperativa”.

“Ante esta situación y estando vigente un recurso que impuso la cooperativa al decreto que firmó el intendente para quedarse con el servicio de agua, el ministro de Trabajo dictó el cuarto intermedio, sin fecha, manteniendo la situación jurídica”, informó y le sumó que el ministro realizó “una intimación al municipio para que lleve respuestas concretas después de terminado el cuarto intermedio”.

 

DE CARA AL 21 DE FEBRERO8.2.18

Superar el techo

Antes de la marcha masiva convocada para el 21 de febrero, algunos gobernadores fijan un techo a los aumentos. Pero la marcha se hace y los docentes no bajan sus reclamos.

Las intenciones del macrismo son cada vez más claras con respecto a la relación entre los reclamos salariares docentes y la inflación, que lejos de bajar, se dispara. Nadie más claro para esto que el propio presidente, quien no da el brazo a torcer en su política de estigmatizar a los luchadores y sigue brindando sus pautas a sus gobernadores acólitos quienes, sin paritaria nacional de por medio, cierran aumentos, a veces por decreto, que no compensan las perdidas.

Así el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien a trasmano de algunas provincias como San Luis, Formosa o la propia Buenos Aires, ya fijó (antes de que se formalicen las paritarias) un techo del 15 por ciento cuando la inflación medida es de casi 10 puntos por encima de esa magra cifra.

Esto, sumado a los aumentos por decreto y también a la baja realizados en otras provincias, sienta un peligroso precedente para los distritos en donde todavía la cosa está en veremos. Es el caso de Santa Fe, en donde el receso vacacional no permite todavía aseverar que las aguas estén calmas.

Al respecto, Eugenia Rizzo, responsable de derechos humanos de Amsafé Capital, dijo: “en el caso de la provincia de Santa Fe, si bien hay algunas declaraciones del gobierno y del gobernador en particular, todavía no tenemos una propuesta”. Agregó: “estamos esperando la convocatoria para poder discutir”.

Planteó sus expectativas de que en la eventual reunión entre los representantes docentes y el gobierno provincial se discuta “no sólo salarios sino también otras condiciones esenciales en la provincia y a nivel nacional, como los concursos, la estabilidad laboral o la formación docente”.

También observó que “el día de ayer a nivel nacional el ministerio de Educación convocó a paritarias en el marco de un decreto que restringe las posibilidades de negociación”, por lo que remarcó: “la Ctera resolvió no presentarse a esa convocatoria entendiendo que es ilegítima” porque “no corresponde a lo discutido en paritarias anteriores” e “impide las posibilidades de discutir, sobre todo una de las cuestiones centrales como es la del salario”.

“En esta situación aparecen los gobiernos provinciales imponiendo el tope del 15 por ciento para el aumento de los sueldos”, repuso y reflexionó que el llamado a la manifestación masiva de diversos sindicatos hacia fin de este mes le resulta “propicio” porque estamos en un contexto de “crisis generalizada”.

“Tenemos aumentos en diferentes rubros y lo que hemos logrado los que alcanzamos el salario en paritarias ya lo hemos perdido”, consideró Rizzo y enfatizó que “la inflación es absolutamente elevada y parece incontrolable”. Ante eso, adujo que “los gremios y en particular el docente, tienen que estar en la calle, movilizándose” y advirtió: “seguimos en la lucha”.

UNIDAD A LA SANTAFESINA5.2.18

La provincia crucial del 2019

Entre Unidad Ciudadana, el movimiento obrero y el activo Movimiento Sindical Rosario, se empieza a vislumbrar la alternativa antimacrista en la única de nuestras grandes provincias que no gobierna el equipo de amarillo.

Con núcleo tripartito conformado por Unidad Ciudana (UC), el Movimiento Obrero Santafecino (MOS) y el Movimiento Sindical Rosario (MSR), está prosperando en Santa Fe un gran frente de unidad política en contra del macrismo en la provincia.

Esta construcción todavía larvaria pero ya activa y visible, no sólo va apuntalando un importante núcleo opositor ante la perspectiva de que el macrismo sume fuerza para desplazar en 2019 al Frente Progresista (FP) de la gobernación provincial sino que, también, sienta un precedente para enfrentar a las derechas nacionalmente ese mismo año.

Como corolario de esta construcción se halla el impulso que desde el MSR se está dando para formalizar esa avanzada antrimacrista en una provincia que, habitada por 3,5 millones de personas, es la única entre los cuatro grandes estados de la Pampa Húmeda (Buenos Aires, Córdoba y ciudad de Buenos Aires) que no controla la derecha, aunque su gobernador, el socialista Miguel Lifchitz coquetee con el presidente Macri y, de paso, por eso alimente las internas y divisiones dentro del FP.

Alberto Botto, integrante del MSR como dirigente de Luz y Fuerza la semana pasada pidió una “gran generosidad” a todos los opositores al macrismo en la provincia. Se referenció para ello en el propio MSR, que definió como “adelantado” por haber lanzado hace ya un año su política de unidad contra el modelo del ajuste y la represión que, cada vez con mayor claridad, es el que practica el macrismo en todo el país.

Botto sostuvo que este eventual frente “antimodelo” se debe organizar con la premisa de “defender los intereses de la mayorías” porque si Cambiemos lograra hacer pie, en el 2019, en la única de las grandes provincias que todavía le es esquiva, “la vamos a pasar muy mal todos”.

La iniciativa comunista para la unidad

Por su parte, el secretario del PC provincial santafecino, José Luis Livolti, dijo que la de Botto “es una propuesta coincidente con la que nosotros estamos impulsando y todavía no hicimos pública”.

Informó que “estamos en ronda de conversaciones, en principio, con los tres núcleos unitarios preexistentes” y “pretendemos que Unidad Ciudadana convoque al MOS, que también está planteando el tema de la unidad de todos contra Macri”. “Pretendemos que eso confluya en un solo espacio”, agregó y enfatizó: “eso es lo que vamos a tratar de construir”.

Por otro lado, recordó la importancia nacional de la provincia litoraleña porque “tenemos la particularidad de que por esta provincia sale el 75 por ciento de los granos y las carnes del país”. “Provincia productora y portuaria si las hay”, definió Livolti y consideró como “problema político” a “el gran peligro, dados los resultados de las últimas elecciones, de que Cambiemos en el 2019 pueda arrebatarnos la provincia”.

Observó que esta situación crucial se debe no sólo a la creciente potencia del macrismo en Santa Fe sino y sobre todo a la debilidad del FP, el que, dijo, “estaba integrado por el radicalismo y el socialismo y al que, por un trabajo de zapa y de mucha división y presión, el PRO logró partir”.

“Hay internas y divisiones”, recordó con respecto a la fuerza de Lifchitz y añadió: “lo más progresista del socialismo terminó siendo Rubén Giustiniani, que fue expulsado y construyó otra organización”. Le sumó: “por otro lado, tenés a Lipschitz, que trata de acordar con Macri”. Y manifestó: “todo eso hace una ensalada que debilita a lo que quedó del Frente Progresista”.

“El debate al interior de Unidad Ciudadana es que allí se repite ‘fuera Macri, fuera Macri’ y no hay debate sobre un programa concreto”, dijo y repuso que a UC los comunistas “estamos llevando esa cuestión”.

“En un momento preelectoral del año pasado, constituimos dentro de Unidad Ciudadana una firma que incluso Agustín Rossi rubricó, sobre un programa de 20 puntos”, remarcó Livolti y explicó: “pretendemos que ese programa de 20 puntos se profundice y se lleve adelante” porque “estamos planteando una unidad más allá de lo electoral, tarea poco fácil”.

 

Macri, Bullrich y un elogio a la violencia institucional 2.02.18

Cuando el gatillo es más que fácil

En coincidencia con los seis meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el presidente recibió en La Rosada a un policía imputado de homicidio. Rafael Nahuel, ARA San Juan, Amia y una búsqueda por resignificar el concepto de Derechos Humanos.

Ayer, Mauricio Macri recibió en La Casa Rosada a Luis Chocobar, el policía que está procesado imputado de haber perpetrado un homicidio “con exceso en la legítima defensa”, por el juez nacional de menores, Enrique Gustavo Velázquez, quien lo embargó por cuatrocientos mil pesos.

Chocobar, quien integra el cuerpo de la Policía local de Avellaneda, estaba fuera de servicio el 8 de diciembre de 2017 cuando, en la intersección de Olavarría y Garibaldi, en el barrio de La Boca, vio que dos individuos apuñalaban otro, el turista estadounidense Frank Josepk Wolek.

Los asaltantes escaparon cuando Chocobar dio la voz de alto. Dos transeúntes redujeron a uno de agresores a apenas cien metros del lugar, pero Pablo Kukoc logró escapar hasta que, a tres cuadras, fue alcanzado por un disparo le destruyó el fémur. El otro, el letal, entró por su espalda y afectó su hígado, colon e intestino delgado.

Las balas provinieron del arma de Chocobar. El primer tiro bastó para que Kukoc quedara reducido. Chocobar alega que volvió a disparar porque, por un gesto de Kukok, interpretó que estaría por sacar un arma. El arma nunca fue hallada. Kukok tenía 18 años y falleció. La suerte de Wolek fue mejor y ya recibió el alta.

Nadie tiene que pedir perdón por recalcar que no está bien que se avale desde la máxima expresión política del Estado a quien mata a una persona que está reducida. Y sólo a un necio se ocurriría que, aseverar lo anterior, sería justificar o avalar a los agresores y el delito perpetrado contra Wolek.

Sólo que entre el linchamiento y la justicia, existe la misma diferencia que entre un Estado constituido y lo que -cada vez más- parece ser el diseño al que quiere llevar el Gobierno Cambiemos a Argentina.

Tanto en su versión Liberal Burguesa como en aquel construido a partir de relaciones no capitalista que, paradigmáticamente, podríamos definir como Estado Obrero, el Estado se construye a partir de una sociedad con organización política y territorio común, además de órganos de Poder y Gobierno que –entre otras cosas- cuidan que las personas no nos andemos matando por la calle.

Pero –y aquí puede estar una clave para comprender de qué va todo esto- la diferencia entre una y otra versión del Estado se presenta con claridad en el enunciado de sus paradigmas, pero por sobre todo, aparece con contundencia en el tipo de estrategias se adoptan para evitar que nos matemos por la calle y, en función de eso, a qué herramientas se echa mano.

Una foto

La foto de Macri con Patricia Bullrich y Chocobar en La Rosada coincidió con otra, la que a seis meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se generó en el auditorio de Foetra, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Queremos defender a los Policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos”, dijo desde su cuenta de Twiter la ministra Bullrich, en consonancia con lo que fue su actitud desde que, a poco de asumir, eligió llevar su solidaridad personalmente a los gendarmes que acababan de atacar sin ningún motivo a un grupo de pibes de una murga en la Villa 1-11-14.

Esta actitud que se reiteró en casos gravísimos como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, se volvió crónica y peligrosa a punto de convertirse en un sello distintivo del Gobierno Cambiemos.

Las palabras de Bullrich son consecuentes con las de quien encabezó la reunión. Al salir del encuentro, en una breve frase, Macri brindó un verdadero instructivo destinado a las fuerzas policiales y el Poder Judicial.

“Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”, tuiteó el presidente que dedicó a Chocobar el tiempo y la dedicación que nunca le prodigó a la familia de Santiago o Nahuel, pero tampoco a los parientes de los 44 tripulantes del ARA San Juan que siguen penando, mientras golpean puertas de despachos oficiales de la Armada y el Gobierno para que alguien se haga cargo de explicar qué pasó con sus seres queridos.

Esta semana trascendió el contenido de un documento calificado de la Armada que da cuenta de algunas cosas que, oportunamente, se adelantaron desde NP diario de noticias. También se conoció el audio que alguien recogió cuando, tras muchos y desgarradores reclamos, Oscar Aguad recibió a familiares de los submarinistas.

La intervención que, titubeante, tuvo el ministro es agraviante para todos los argentinos y, fundamentalmente, para los parientes de los tripulantes que, entre otras cosas, le recordaron que desde que desapareció el submarino -el 15 de noviembre- el presidente sólo los recibió unos minutos y “estaba vestido con ropa deportiva porque se iba a jugar al golf”.

¿Pero por qué recibe a Chocobar, será que realmente le importa este policía de Avellaneda? Difícil saber cuáles son las convicciones morales del presidente, pero es más fácil desentrañar las razones políticas que lo llevan a proteger abiertamente a Chocobar, sobre todo, en un día tan especial como aquel en que se cumplieron seis meses de la desaparición de Santiago.

Cuando habla de “defender a los Policías que cuidan a la gente”, el gobierno no hace otra cosa que explicar, de una forma llana lo que es el ABC de aquello que motivó la construcción del Estado Liberal Burgués.

“La principal responsabilidad del gobierno es proteger a la minoría de los opulentos frente a la mayoría”, porque el sistema constitucional debe construirse para que asegurar “los intereses permanentes del país como el derecho de propiedad”. La frase es de James Madison, el cuarto presidente de EE.UU. y uno de los que diseñaron la Constitución de ese país que, además de ser uno de los principales pedestales sobre los que descansa conceptualmente el Estado Liberal Burgués, es modelo de otras cartas magnas, entre ellas, la de Argentina.

Resolver los problemas que conlleva la acumulación y legitimarla ante la sociedad, es la principal misión que tiene el Estado Liberal Burgués y, para ello, debe blindar a la propiedad privada individual y a los propietarios, por supuesto, de aquellos que no lo son.

Y, en esta dirección el Estado Liberal Burgués desarrolló su carácter simbiótico con la corporación y el mercado. Así, para garantizar las condiciones que el capital precisa para su ronda de maximización de la tasa de ganancia, recrea la fantasía de la participación que se ejercería mediante la delegación de poder, pero asimismo, aquella basada en la división del Poder del Estado en tres órganos presuntamente independientes.

Sólo con revisar superficialmente los casos referidos en este artículo, alcanza para advertir la falacia que tiene esta idea de la división de poderes ¿Pero entonces de quiénes el poder?

Una parte de esta pregunta fue respondida por Madison, pero si todavía usted tiene dudas, lea los códigos Civil y Penal. Ahí queda claro de qué va esto de la propiedad privada, pero también a qué herramientas puede echar mano el Estado para garantizar que ese statu quo siga cristalizado.

Por eso nadie debería sorprenderse cuando, pese a las voces que se alzaron en contra, allá por 2010, un gobierno que se plató desde una mirada diferente a la del actual, le dejó a Mauricio Macri una herencia de la que debería estar agradecido.

La Ley Antiterrorista fue defendida por el gobierno que encabezó Cristina Fernández como una cuestión estratégica de Estado. Se argumentó que era una condición sine-quanon para el ingreso de Argentina al Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Al menos formalmente, ese organismo nunca hizo esa exigencia ¿Entonces por qué se construyó una herramienta que puede justificar legalmente la instalación de un Estado Policial?

La norma es aberrante desde una mirada propia de los intereses populares, pero no lo es desde la perspectiva del Estado Liberal Burgués, el mismo cuyos límites nunca quiso traspasar -pese a las virtudes que tuvo- el Gobierno de Cristina Fernández.

De ahí que con el regreso -y más que nunca- a La Rosada del tándem de poder más concentrado que opera en el país, aquello que muchos integrantes de la gestión anterior describían como un sapo que había que tragarse, se convirtió en una verdadera Espada de Damocles que pende sobre el pueblo.

Por eso es que nada tuvo de azarosa la visita ni las circunstancias elegidas para la presencia de Chocobar en la Casa de Gobierno. Lejos de eso, se trató de un mensaje para adelante que, además, reafirma la intención del Gobierno Cambiemos de modificar la política de Memoria, Verdad y Justicia que, ellos mismos, en campaña, dijeron que sería respetada como política de Estado.

Pero también exhibe el propósito de construir e instalar en el imaginario social un nuevo criterio que resignifique el concepto de Derechos Humanos.

Para esto, en un claro ejemplo de la simbiosis entre Estado Liberal Burgués y poder corporativo, los actuales ocupantes de La Rosada cuentan con el formidable apoyo de la massmedia de gobierno.

Pero el camino que se recorre para este propósito, también desnuda el carácter falaz de la independencia de los órganos de poder del Estado. Esta semana la querella que representa al Gobierno, pidió la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia, acusados de participar de maniobras de encubrimiento del atentado a la Amia.

Y, hoy por la mañana, integrantes de Gendarmería se metieron otra vez dentro del predio mapuche de Cushamen, agredieron a miembros de la comunidad e incautaron los caballos que se llevaron a bordo de una camioneta cuyo propietario es el empresario Luciano Benetton. Desde la comunidad denunciaron que el operativo fue ilegal y alertaron sobre la hipótesis de que lo hubiesen perpetrado para plantar pruebas. Queda claro, entonces, a quién se refiere el Gobierno Cambiemos cuando habla de “la gente”.

Pena de muerte no es Ley, pero es2.02.18

¿Qué pasa con las fuerzas policiales?

La abogada Claudia Cesaroni es especialista en política criminal y Derechos Humanos, habló con NP diario de noticias para intentar desentrañar una pregunta clave ¿por qué la policía actúa así?

“Existe una pena de muerte extrajudicial”. Así lo afirmó Claudia Cesaroni, abogada y fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), al opinar sobre el accionar represivo perpetrado por fuerzas de seguridad que se viene profundizando en las calles de todo el país desde diciembre de 2015.

“Está totalmente legitimado por parte de este gobierno nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires esta represión que parece no encontrar límites”, dijo la abogada y añadió: “hay un accionar de las fuerzas de seguridad que es absolutamente inconstitucional y violatorio de todos los derechos y garantías constitucionales”.

De la misma forma, Cesaroni reconoció que “estas agresiones no existen solamente desde que comenzó a gobernar el macrismo” pero, enfatizó, “ahora tienen legitimación gubernamental”. Y fue clara cuando destacó que “el respaldo político que reciben es gravísimo”.

En este sentido, la abogada del Cepoc recordó que ayer el presidente Macri recibió, en Casa de Gobierno, al policía Chocobar, “que está imputado de un delito gravísimo, como es un crimen doblemente calificado, porque el procesamiento es por exceso de la legítima defensa y está doblemente calificado por la alevosía y por la función policial, porque le disparó a un joven por la espalda”.

De ahí que, sin dudarlo, hiciera hincapié en que “existe una pena de muerte extrajudicial que tiene vigencia en las propias calles del país”.

De igual manera, al hablar sobre las metodologías que utilizan las fuerzas de seguridad y cómo se vincula esto con la formación que reciben en las academias, Claudia Cesaroni recordó que dio clases en escuelas de policía provinciales y municipales, así como de personal del servicio penitenciario.

“Hay toda una idea de que la formación modifica algo, estos temas los trataba todo el tiempo, y la explicación de lo que es legal, de lo que es un derecho, un delito, de que siempre hay que evitar la creación de más daño del que se está queriendo evitar y, sin embargo, casi siempre los cadetes me decían que cuando ellos llegan a la comisaría o a la cárcel, la realidad es todo lo contrario”.

La fundadora del Cepoc también añadió: “acá nos encontramos con un problema que es el de las prácticas, porque se les puede enseñar horas y horas de teoría sobre Derechos Humanos, pero después el presidente y su ministra recibe a Chocobar”.

Y recalcó que cuando un policía recién recibido llega a una comisaría “el jefe del turno le dice: olvídate de todo lo que te enseñaron, eso es para la escuela, acá la realidad es otra”, por eso “no sirve de nada la capacitación, ya que lo que determina el accionar de la fuerza es la práctica y el respaldo político a ese accionar”.

Represión y medios

La abogada Cesaroni también se refirió al contexto cultural que, empujado desde la massmedia de gobierno, presenta a los jóvenes pobres como potenciales enemigos. “Siempre busco aclarar que no se trata de defender el accionar violento de un joven o de una persona que comete un delito, intento explicar cuál debe ser la posición del Estado, que no está bien que maten a alguien por la espalda, que no es necesario, porque no se puede responder asesinando”, reflexionó y sentenció: “el Estado no puede actuar como un delincuente”.

Igualmente, expresó que “se supone que un policía debe estar formado desde la Escuela de Cadetes para que su primera reacción no sea pegarle un tiro a otro ciudadano y sepa cómo reducirlo para su posterior detención”.

La fundadora del Cepoc apuntó que “hay que insistir en la batalla cultural que debemos dar en toda la sociedad porque, si se profundiza, esta situación arrasará con las garantías de la población. Y aclaró: “aquí la cosa no es que no se respetan las garantías de los delincuentes, sino de las de toda la ciudadanía”, ya que “este pibe asesinado podría haber sido cualquier joven que pasaba por el lugar y, que al no entender que estaba sucediendo, salía corriendo”.

Finalmente, manifestó que “en nuestro país es habitual que la policía tire porque piensa que a quien le dispara es el que robó, algo que no hay que hacer en ningún caso, porque ese arrasamiento de derechos, comienza con los supuestos delincuentes y sigue contra todos”, algo sobre lo que “ya tenemos muchas experiencias”.

Y aclaró que “estas situaciones también ponen en riesgo la integridad de la misma policía, porque cuando un joven sale a cometer un delito y sabe que es matar o morir, que si lo pescan lo van a matar, probablemente su reacción sea mucho más insensata y violenta”.

SANTA CRUZ CON SUS MINEROS2.02.18

El compromiso de los intendentes

En multitudinaria asamblea, los mineros de Ycrt fueron informados de que los intendentes de la provincia, con excepción de los pocos de Cambiemos, se comprometieron son la lucha de Río Turbio.

Quince son las intendencias en toda la vasta provincia de Santa Cruz, avanzada argentina hacia nuestros descuidados mares australes. Se distribuyen en siete extensísimos departamentos, algunos de los cuales tienen el tamaño de provincias. Todos tienen sus peculiaridades en tan vasto territorio, pero los ha unido políticamente un compromiso unánime: la solidaridad con los mineros de Río Turbio, en lucha contra los despidos y el desguace de la veta carbonífera más rica del Conosur.

Ayer, los intendentes santacruceños refrendaron, en reunión en el centro de Río Turbio, este compromiso. Sólo faltaron los únicos tres intendentes que Cambiemos tiene en Santa Cruz. Unidad Ciudadana, que tiene en la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, un referente nacional, se plegó también a la lucha en defensa de los intereses de los mineros de Río Turbio y Veintiocho de Noviembre, dos ciudades hermanas que, juntas, reúnen 20 mil habitantes y dependen de la minería carbonífera.

Tras los más de 500 despidos, el pueblo de ambas localidades fronterizas con Chile se encuentra movilizado. En tanto, la mega usina que permitiría localmente la conversión del carbón en energía, está casi terminada. Sólo le falta el techo. Pero la decisión política sigue brillando por su ausencia y el pueblo santacruceño se ahoga en la incertidumbre.

Allí, manifestando la solidaridad de los comunistas, se encuentra Emanuel Ríos, militante de la Conat, quien destacó: “todo el pueblo está a la cabeza de esta lucha”. También que cuando los intendentes firmaron su solidaridad y la de Unidad Ciudadana con los mineros, poco después “en la asamblea hubo más de mil trabajadores”.

Informó Ríos: “leyeron un documento donde se denunciaba el vaciamiento de la empresa y a la Segunda Alianza, Cambiemos, como a la principal motora de todo este desguace”. Recordó que en tanto se daba la asamblea, en Buenos Aires delegados de cuatro gremios afines a la mina realizaban sus negociaciones con el Ejecutivo Nacional para resolver la situación.

Por otro lado, denunció que cuando en el marco de esas tratativas en la capital del país se da un avance, se dan situaciones en la mina que “traban” lo hecho. En ese sentido, recordó que la patronal acusó de “haber destruido parte del mobiliario y la infraestructura” a los mineros que, antes de ayer, pintaron en la boca de mina un mural ilustrando sus luchas. “Nada que ver porque lo que hicieron los trabajadores fue un mural espectacular”, dijo.

“Obligaron a salir a las familias afuera de la mina porque decían que había gente foránea a la empresa”, observó también y sobre ello manifestó que “en un pueblo en el que no hay otra cosa que la mina, la contención de la familia es super importante”. Agregó: “para no seguir entorpeciendo, los mineros sacaron a sus familias afuera y allí hicieron una especie de rancho donde se cocina y todos comen”.

“Están resistiendo en boca de mina”, repuso y aclaró que no se ven muchas fuerzas de seguridad todavía en el área, por lo que “los trabajadores están con mucha calma”. Sin embargo, resaltó que “tienen una historia de mucha resistencia y mucha lucha” y que en estos días se abocan a “levantar los ánimos, porque hay mucha desazón”.

Recordó que entre los despedidos no es raro ver a dos cabezas de familia que “ahora se quedan sin nada” y hasta que “un compañero de ellos, el sábado recibió el telegrama y murió de un ataque al corazón”. Añadió: “cuando ven un cartero con la carta se organizan para sacarlo”.

Con muchas ganas de patria

Por su parte, Matías Delgado, secretario de Organización de la CTA santacruceña y trabajador minero de Ycrt, en donde es delegado de ATE, no dudó en decir: “es una de las peores épocas que hemos pasado”. Le sumó que “nos están despidiendo hermanos, primos, compañeros” y habló de “crisis” en Río Turbio, en donde además nació y creció.

“A esto no se lo deseo a nadie”, dijo y consideró: “queremos aclarar, y con mucha fuerza, a todo el país, que acá no pasa lo que vende el gobierno nacional, no, los trabajadores decimos que tenemos carbón, tenemos equipos nuevos y estamos listos para producir”. “Falta la decisión política de poner la super usina”, denunció.

Destacó la elevada capacitación de los mineros de Ycrt observando que allí “no entra cualquiera” porque “un minero se hace en cinco años y nos están echando gente con 20 años de servicio”. “Son gente con mucha experiencia”, se quejó y describió la situación como “lamentable”.

“Tenemos el apoyo de todo el pueblo porque todos nos conocemos y todos somos el pueblo”, adujo Delgado tras reconocer que “dependemos de esta empresa”. Y apuntó a los ajustadores de Cambiemos: “están destrozando el pueblo”. “Los compañeros está devastados”, observó y sostuvo: “es muy feo lo que estamos pasando”. Sin embargo, emitió su esperanza: “entendemos que en unidad y con compromiso y responsabilidad vamos a sacar todo esto adelante”.

Resaltó que en Río Turbio y Veintiocho de Noviembre “estamos en zona de frontera” y “pasamos frío, en invierno, hasta 30 grados bajo cero”. Añadió que “acá el costo de vida es mucho más alto”. Manifestó después: “estamos haciendo patria y queremos que el país entienda eso más allá de la mina de carbón”.

Finalmente, el minero advirtió: “si no nos unimos todos, este gobierno va a continuar”. “Este gobierno nos ha mentido desde el principio, pero hubo mucha gente que lo votó y no tienen la culpa”, expresó y comentó: “hoy estamos peleando por todo el pueblo y estamos dispuestos a todo”.

 

Ley Antiterrorista2.02.18

Después no digan que no les avisamos

Con el Gobierno Cambiemos cebado avanzan los planes de profundizar la norma. Una historia en la que el Partido Comunista luchó casi en soledad.

La situación de -por lo menos- impericia que llevó a que el ARA San Juan se vaya a pique al fondo del Atlántico, se presenta como una oportunidad para que los ocupantes de La Rosada avancen en uno de sus viejos anhelos.

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional con sede en la propia Casa Rosada y presidido por Mauricio Macri con la coordinación de un secretario de Estado, aparece como una posibilidad cierta que sólo espera el momento de su concreción. Pero también es una vuelta de rosca más en el camino de la construcción de un Estado Policial.

Este Consejo va a congregar a las carteras de Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y la AFI, al tiempo que deja abierta la posibilidad de convocar a los jefes de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa se presenta en un contexto en el que, durante 2018, un año en el que no hay elecciones, el Gobierno se siente con las manos libres como para avanzar la profundización de reformas regresivas con las que espera sellar una feroz modificación de la relación entre los universos de capital y trabajo.

Pero también en un marco en el que, más por necesidad que por convicción, espera que lo que hasta ahora fue una oposición friendly en el Congreso, se presente un poco más exigente.

Y, sobre todo, cuando aún retumba la reacción popular que salió al cruce de la reforma jubilatoria y logró, por lo menos por ahora, la postergación del resto de proyectos que conforman el Paquetazo, entre ellos, la reforma laboral.

Pero esta iniciativa no está sola. Según pudo saberse, La Rosada avanza en un proyecto para adaptar la Ley Antiterrorista “a los nuevos estándares penales internacionales” algo que, entre otras cosas, apunta a nueva tipificación delictiva del “terrorismo”, pero también a habilitar mecanismos de investigación e inteligencia -ahora prohibidos-, según señalan “para detectar células o lobos solitarios vinculados a grupos terroristas”.

Entre las fuentes en las que abreva la iniciativa, está la legislación vigente en países como España e Israel. En este sentido y para fomentar este proyecto, el año pasado y con auspicio de la embajada de Israel y del Ministerio de Justicia, visitaron Argentina los “expertos en legislación y combate contra el terrorismo”, Naama Feuchtwanger, directora de derecho penal del Ministerio de Justicia de Israel, y Oren Gross, de la Universidad de Minesotta, quienes brindaron una charla reservada sólo a un selecto grupo de invitados.

Iniciativa

Días atrás, el diputado Máximo Kirchner, presentó un proyecto que, si prospera, va a permitir que se modifique la Ley Antiterrorista que se sancionó en 2011 a instancias de una iniciativa de la ahora senadora Cristina Fernández.

La propuesta intenta modificar un artículo que considera penas duras y cita la figura de delitos previstos en el Código Penal cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

La iniciativa de Kirchner prevé que no se aplique este artículo “para hechos acaecidos en ocasión de una congregación intencional y temporal de personas, en un espacio público o privado, que estuvieran reivindicando, reclamando, peticionando, protestando o realizando cualquier tipo de manifestación social, sobre derechos humanos, económicos, sociales, culturales, políticos, laborales, estudiantiles, sindicales, ambientales, de usuarios, consumidores, género, identidad sexual, de salud, educación, justicia, o cualquier otro derecho o garantía constitucional”.

Desde su génesis, el espíritu y todo el texto de la Ley es evidente. De nada sirvió el énfasis que pusieron algunos -con más fe que certeza- cuando, en agosto de 2014, Cristina Fernández dijo que se podría aplicar la norma para actuar contra la multinacional Donnelley, que cerraba su planta de Pacheco y dejaba un tendal de cuatrocientos trabajadores en la calle.

Poco después, el entonces titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que todo había sido una confusión” y que, en tal caso, la denuncia gubernamental iría a parar a la Afip.

No quedaban dudas, la Ley estaba hecha exclusivamente para dotar al Estado Liberal Burgués de una herramienta represiva.

El caso de la Ley Antiterrorista habla con elocuencia de las limitaciones de un gobierno que nunca se propuso salir de la zona de confort que le suministró, durante algún tiempo, el marco del Estado Liberal Burgués.

Y fueron esos límites, insoslayables, los que lo llevaron a desoír las voces que, desde posturas propositivas y generosas, se levantaron para señalar algunos que -como este- eran errores evidentes y muy preocupantes.

Corría 2012 cuando, tras muchas advertencias en tal sentido, y en las vísperas del 24 de marzo, encabezada por su secretario general, Patricio Echegaray, el Partido Comunista presentó un Proyecto de Ley, que ingresó por Mesa de Entrada de Diputados.

La iniciativa era clara: pretendía derogar la Ley y el párrafo que incorporó al Código Penal una figura tan rocambolesca como peligrosa que habla de que, si lo hizo con el propósito de “aterrorizar” a la población, “cualquier” persona que cometiera “cualquier” delito recibirá el doble de la pena prevista. Años antes había presentado un proyecto que buscaba derogar la norma desde su origen.

Los fundamentos de estas iniciativas, fueron bandera del PC durante todos estos años, algo que llevó a que la militancia partidaria se movilizara en tal sentido en reiteradas oportunidades. Pero también fueron algunos de los puntos centrales de la postura crítica que tuvo el Partido durante la presidencia de Cristina Fernández.

Ahora, el devenir de la historia y la propia iniciativa del diputado Kirchner parecen dar la razón a la fundamentada y honesta advertencia que durante estos años hiciera el PC.

Pero también habla a las claras de la necesidad de avanzar en la construcción de masa crítica para resistir el grave escenario que plantea el intento gubernamental de seguir profundizando el camino abierto por la Ley Antiterrorista.

Y, asimismo, señala de una forma contundente que es imprescindible que el producto de esa masa crítica pueda traducirse en la construcción de una alternativa que, de una vez y por todas, rompa el corsé ideológico que plantea el Estado Liberal Burgués, para que pueda pensarse desde un lugar no capitalista.

CONFLICTO POR CASA AMARILLA1.02.18

Los campitos son del pueblo

El PC participó de un festival en la puerta del estadio de Boca para enfatizar que los terrenos linderos, propiedad de la ciudad y sus vecinos, no deben ser vendidos espuriamente a los mandamases del club de la ribera.

Por iniciativa de un colectivo de organizaciones barriales y con activa participación del PC de La Boca, se realizó en la entrada de La Bombonera del Club Boca Juniors, una intervención artística y festival en contra de la compra por parte del club de la ribera de las linderas cuatro manzanas baldías propiedad del Estado de la Caba, a las cuales necesita el pueblo de la zona.

Entre los participantes destacaron las organizaciones La Boca Resiste y Propone, de importante activismo en el barrio porteño y el Movimiento Peronista Descamisados, entre otros.

Contó con la presentación de un espectáculo de danza a cargo de niños de una fundación barrial. Le siguieron dos números musicales, uno de los cuales estuvo a cargo de Juan Bautista Echegaray, miembro de la conducción del PC de La Boca.

No faltaron los discursos, en los cuales brilló la historia de la lucha por los “campitos de Casa Amarilla”. Se trata de cuatro hectáreas que están detrás de la cancha de Boca, entre la avenida Almirante Brown y Quinquela Martín.

Al respecto, Echegaray, puntualizó que los que están en disputa “son terrenos muy valiosos, como todos los terrenos de la ciudad de Buenos Aires y en particular estos, que están en La Boca, muy cerca del río”. “Son enormes”, agregó y repuso que “dos de ellos, los más grandes, están arbolados solamente a los costados, es decir que no están parquizados aunque se usan para recreo”.

Recordó también los hechos que en mayo de 2016 ilustraron mejor que nada la importancia económica que tienen estos predios para los especuladores de siempre. Fue cuando una patota, signada como de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y amigo personal del presidente Macri, irrumpió violentamente en una asamblea de la Comuna 4 que trataba el tema de la cesión de estos terrenos para la construcción de muy necesarias viviendas sociales, hiriendo de gravedad a dos personas y, de paso, rompiendo la importante asamblea.

“Después de esto apareció una corporación en la que está el presidente de Boca Juniors y gente del gobierno de la ciudad comprando los campitos de manera fraudulenta y ahí comienza la lucha por la defensa de los campos”, historió y destacó que después de esa pelea de los vecinos y sus organizaciones “se consigue que la Justicia resuelva un amparo que detiene la venta hasta tanto se investigue si esta venta fue legal”. Recalcó: “a todas luces esa venta fue ilegal”.

“Como no hay un proyecto de vivienda todavía, lo que estamos defendiendo es que los campos son de la ciudad y, por lo tanto, propiedad de los vecinos del barrio de La Boca, de donde es un espacio verde y recreativo”, consideró también Echegaray.

Observó que “en todos estos conflictos existe un incipiente pero ya bastante trajinado movimiento vecinal de organizaciones que se vienen juntando, entre ellos el PC participando activamente, en asambleas vecinales que ahora se están realizando todos los miércoles a las 18 hs en la esquina de Martín Rodríguez y Veinte de Septiembre”.

Destacó que se trata de “organizaciones que son un frente de actividad social” entre los cuales hay militantes “dedicados muy en particular a la defensa de los habitantes de los conventillos de La Boca, que vienen siendo desalojados”.

Dijo al respecto que “en este momento hay alrededor de 140 juicios por desalojos” y que “la mayoría son mujeres en esa militancia”. Agregó: “están abocadas a la defensa y socorro de esta gente que está siendo desalojada por la Justicia, por el gobierno y por las fuerzas de seguridad”.