Territorio

Frente Córdoba Ciudadana21.07.2017

Para dar pelea en el corazón del macrismo

“Este es un frente político que se hace en la diversidad y, a la vez, con una gran variedad de fuerzas sociales que lo componen”, recalcó Solana López, quien integra la lista de candidatos.

Con un locro que se sirvió en el club Central de Alta Gracia, el Frente Córdoba Ciudadana (FCC) comenzó la campaña de cara a las elecciones Paso del 13 de agosto y el 22 de octubre, que en esta provincia renuevan nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

El Frente cuya lista es encabezada por el delegado gremial de la CTA y de los docentes universitario, Pablo Carro, llevó a cabo este acto en el que estuvo presente una delegación del Partido Comunista encabezada por su titular provincial Solana López.

Además, entre otros, se dieron cita la segunda en la lista, Valentina Enet, quien encabezó los reclamos contra los tarifazos de gas en la Provincia; y Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) a nivel nacional.

Ahí se hizo hincapié en que la decisión de lanzar en Alta Gracia la lista del FCC, respondió a la intención de este espacio de recorrer todos los puntos de la Provincia “para escuchar a los vecinos y acercar la propuesta política que pretende poner freno al modelo neoliberal que a nivel nacional representa el gobierno de Mauricio Macri y en la Provincia, Unión por Córdoba”.

“Realizamos el lanzamiento electoral del espacio Frente en la ciudad de Alta Gracia, porque además quisimos darle una impronta a la campaña que incluya al interior de la provincia de los otros sectores que son agredidos por las políticas de ajuste y neoliberal”, dijo en consonancia la secretaria del Partido Comunista de Córdoba, Solana López.

Asimismo, puntualizó que esa es “una zona donde el desarrollo de la militancia de los sectores populares cuentan con un algo grado de organización” tras lo que destacó que “ese tipo de organización política es la que queremos ir construyendo”, esto es “un frente político que se hace en la diversidad y, a la vez, con una gran variedad de fuerzas sociales que lo componen”.

Además de los citados, la lista de FCC está compuesta por Pablo Reguero, quien es dirigente del movimiento en defensa del bosque nativo y la propia Solana López.

 

 

Resistir y luchar21.07.2017

Una buena receta para la salud

Los trabajadores agrupados en Cicop siguen con su plan de medidas de fuerza en defensa del sistema sanitario público y por una recomposición salarial acorde la inflación.

Aunque el Gobierno de la Ciudad impidió que los trabajadores de la Salud bonaerense nucleados en Cicop instalaran su carpa en la Plaza de la República, no pudo evitar que se manifestaran ante el Obelisco en defensa de la salud pública y en rechazo a la oferta de recomposición salarial del 18 por ciento pagadero en cuatro cuotas que oferta la gestión que encabeza María Eugenia Vidal, a quien le exigen la reapertura de las paritarias.

En el contexto de una nueva jornada de paro, los trabajadores de la salud emplazaron ahí un gazebo con un hospital de campaña, al estilo de la carpa instalada dos años atrás, donde se brindaban cursos de temas vinculados a la prevención de salud.

Vale recordar que los médicos también demandan el pase a planta de los becarios, medida que el ejecutivo nunca cumplió pese a que fue oportunamente acordada. De los mil que debían se pasar a planta sólo cumplieron con 35.

Es por esto y por el terrible deterioro que enfrenta la estructura sanitaria bonaerense, que los profesionales agrupados en Cicop ya realizaron 22 días de paro en lo que va de 2017.

Así las cosas, desde Cicop instaron a que el nuevo ministro de Salud, Andrés Scarsi, quien estuvo en el gabinete de la recientemente renunciada, Zulma Ortiz, los convoque a paritarias, mientras continúa en estado de alerta y movilización.

 

Visibilizar

“Avanza el deterioro de la Salud y se vienen momentos de lucha”, recalcó la secretaria de la seccional Gandulfo de Cicop, Edith Renis, quien recordó que “no cerró la paritaria y el panorama es bastante difícil”, ya que “hay muchos trabajadores precarizados y cierre de maternidades y de guardias, a punto tal que muchos hospitales se quedan sin servicios fundamentales en sus guardias”.

Por eso la carpa y la movilización, porque “queremos visibilizar la situación de la salud en la provincia”, dijo Edith Renis y sin dudarlo aseveró que la gestión de la ministra Zulma Ortiz “fue es un fracaso total: renunció porque desde el gobierno le pidieron algún hospital que pudiera mostrar para la campaña y no pudo mostrar absolutamente nada, sólo deterioro”.

Pero al parece, su reemplazante es del mismo palo. “En su lugar viene un médico formado en universidades de empresas, un chiquito PRO con formación empresarial que nunca estuvo en un hospital público”, lamentó y destacó “sabemos que va a ser difícil con esta nueva gestión que viene a liquidar la salud pública, porque quieren instalar de vuelta la autogestión y el seguro para pobres”.

Macri va por la sumatoria del poder público21.07.2017

La República perdida

Contradiciendo su discurso de campaña, los ocupantes de La Rosada buscan avasallar a los otros órganos del Poder. Beinusz Szmukler, habló con Nuestra Propuesta diario de noticias sobre el intento de separar de su cargo a Alejandra Gils Carbó y el pustch contra el Consejo de la Magistratura.

Pablo Tonelli volvió a exigir la separación de Alejandra Gils Carbó de la titularidad de la Procuraduría General de la Nación. El diputado que accedió al Consejo de la Magistratura mediante una maniobra que le permitió quedarse con un lugar que le pertenecía al FpV, insistió en que el presidente, Mauricio Macri, no descarta remover a la procuradora por decreto, ya que este es un “deseo” que el mandatario tuvo “desde un primer momento”.

Pero el deseo presidencial de sumar todo el poder público, parece no agotarse nunca, ya que también pretende pasar por encima de normas establecidas, para ocupar otro puesto en el Consejo de la Magistratura.

La Sala III Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo que obliga al consejero de la Magistratura y senador por el FpV, Ruperto Godoy, a cesar en el cargo porque no es abogado, disposición que el legislador apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Pero por qué, desde que asumió, el gobierno insiste en copar el Consejo de la Magistratura? Para el abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura, Beinusz Szmukler, quien es claro cuando señala que la cuestión “es muy simple”, ya que intentan “dominar la Procuración General y el Consejo por la importancia que tienen estos órganos”.

Ahora bien ¿cuál es esa importancia? “Respecto al proyecto económico-social que están tratando de imponer, la importancia radica en el poder de controlar la designación de jueces, su desempeño y las investigaciones de la justicia Federal a partir de la subordinación de la Procuraduría”, recuerda Szmukler y advierte que “si logran el manejo de la Procuración General de la Nación pueden, desde allí, tratar de cercenar cualquier investigación penal que se abra en contra de funcionarios del gobierno y de representantes del poder económico”.

Algo que alcanzaría “desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario del gobierno”, resaltó y puntualizó: “un claro ejemplo de ello son los intentos para impedir que Gils Carbó acceda a la documentación que posee la justicia brasilera sobre el caso Odebrecht y que alcanza a la familia Macri y a miembros del gabinete actual”.

Otro de los objetivos, sobre esta vía, es impulsar acciones para perjudicar y perseguir a miembros del gobierno anterior, intentos que responden a cuestiones políticas, según remarcó y, así, derrumbó uno de los argumentos favoritos de la derecha contra los referentes judiciales nucleados en Justicia Legítima.

Tras lo que destacó que en esa función política de la justicia, el Consejo de la Magistratura juega un rol determinante y casi único, sostuvo y recordó que sus atribuciones son las de seleccionar jueces o acusarlos ante el jurado de enjuiciamiento para destituirlos.

 

Límite

Así las cosas, vale preguntarse hasta dónde puede avanzar el gobierno en su afán de controlar al Poder Judicial. En esto es fundamental “el freno político que le pueda poner la sociedad en las urnas en estas elecciones de agosto y octubre”, dijo Szmukler y añadió que también es primordial “la movilización popular, el rol de los bloques opositores en el Congreso y la resistencia interna hacia el interior del Poder Judicial”.

Todos ellos, “son algunos de los factores más importantes a tener en cuenta para impedir para el gobierno pueda avanzar en su plan de impunidad y saqueo”, ya que “en contra a lo que predicó durante la campaña, está decidido a terminar con la independencia del Poder Judicial, si es que esa independencia existe”.

Porque, La Rosada “quiere servirse de la justicia como un instrumento de persecución contra aquellos que pueden limitar, de alguna manera, su proyecto político y económico”, de ahí que “no sorprende que el principal blanco de estas operaciones sea la ex presidenta y actual candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández”.

Asimismo, aunque reconoció que “todo Poder Ejecutivo pretende tener un Poder Judicial que acompañe su política, una cosa es esa aspiración lógica a desarrollar una política que integre a los tres poderes del Estado y otra, muy distinta, es querer anular por completo la existencia de órganos de control”.

De ahí que sin dudarlo, recalcara que “hay un problema institucional, ya que esta aspiración no puede avasallar las instituciones”, tras lo que volvió a recordar que Mauricio Macri “basó gran parte de su campaña electoral sobre la división de poderes y la independencia de los jueces en relación al gobierno anterior”, pero ahora “quiere jueces dependientes de su gobierno tal como lo dijo hace poco: ‘necesitamos jueces que sigan nuestra política’”.

Y con claridad señaló que si el gobierno viola la Constitución y pactos internacionales, “es por responsabilidad tanto del Poder Judicial y del Legislativo”.

 

 

Homenaje a los Mártires de Chamical20.07.2017

La Rioja no olvida

Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville fueron recordados en una emotiva ceremonia. Rogelio De Leonardi, convocó a defender las políticas de Memoria, Verdad y Justicia “que permitieron juzgar a responsables de estos crímenes”.

El secretario del Partido Comunista de La Rioja y candidato a senador nacional, Rogelio De Leonardi, convocó a defender las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas durante los últimos años, “que permitieron juzgar a responsables de estos crímenes y a usar la memoria para no volver a los mismos lugares”.

Lo hizo tras participar de los actos en los que se rindió homenaje a los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, llevados a cabo en el paraje Bajo de Luca, en la ciudad de Chamical.

En ese contexto, denunció el avance de la represión y el retroceso que se verifica en materia de Derechos Humanos, así como el retorno de las políticas neoliberales que, “para ser impuestas necesitaron en su momento del genocidio que perpetró la dictadura”.

En este sentido, el postulante por el Frente Alternativa Popular Riojano hizo hincapié en que “hoy las políticas neoliberales son impulsadas por los sectores civiles de esa dictadura” que, puntualizó, “no alcanzaron a ser juzgados”.

Tras lo que sin dudarlo añadió que, ahora, “no tienen empacho en pedir una amnistía como el 2x1 para los genocidas” y, mientras tanto, “desfinancian las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

 

Memoria

Asimismo, De Leonardi recalcó que “estas fechas conmemorativas y la memoria de lo que sucedió en nuestro país, no deben escapar a las valoraciones para estas elecciones de medio término como lo son las Paso del próximo 13 de agosto” y recordó que “Carlos Menen, actual pre candidato por el justicialismo riojano, firmó el indulto y le abrió paso al neoliberalismo en los 90 y, peor aún, el caso de Julio Martínez, que representa los intereses de Cambiemos que son una expresión más exacerbada aún del neoliberalismo y parte del bloque de poder que hizo posible la dictadura el 76”.

Vale recordar que Menem se presenta como precandidato a renovar la banca de senador nacional que ocupa por el Partido Justicialista, en tanto que Martínez, no hace mucho, renunció al cargo de ministro de Defensa de la Nación en el que había sido designado por el presidente, Mauricio Macri, y compite por un escaño en el Senado.

Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, integraban la pastoral del obispo Enrique Angelelli, cuando en 1976 fueron secuestrados, desaparecidos y fusilados por miembros de la dictadura.

Desde entonces se los recuerda como Los Mártires de Chamical, pero asimismo y junto a Angelelli, como emblema de una Iglesia que enfrentó al terrorismo de Estado.

En diciembre de 2012, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, el vicecomodoro Luis Fernando Estrella y el ex comisario Domingo Benito Vera fueron condenados a prisión perpetua por estos crímenes de lesa humanidad.

La UIA y una vieja cantinela...20.07.2017

Otra vez con lo del costo laboral

En consonancia con el Gobierno, desde la organización empresarial se suman voces que reclaman flexibilización laboral. “El gobierno odia a los trabajadores”, dijo José Chapu Urreli y demandó un plan de lucha.

“Los costos laborales son muy altos”, señaló el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, al diario La Nación y lo hizo en un contexto en el que suena como dulce música en los oídos del estáblishment, la reciente sanción del Senado de Brasil de una contrarreforma que retrotrae la relación entre capital y trabajo a una situación similar a la de los albores del siglo 20.

Lo de Acevedo no es nuevo ni original en la organización preside, sus aliados y el Gobierno. Tampoco lo son sus argumentos. “Hay problemas de competitividad, no de productividad; los costos laborales son muy altos, también la conflictividad; hay que avanzar en eso” espetó y sin eufemismos reclamó, para Argentina, un camino similar al de Brasil.

Lo hizo tras reunirse con industriales cordobeses entre quienes estaba el titular de la Unión Industrial de Córdoba, Gerardo Seidel. Pocos días antes, el presidente de Nissan Argentina, Diego Vigna, celebró lo que pasó en Brasil que, recalcó, “acaba de aprobar una reforma laboral que le dará mayor competitividad a su industria”.

¿Pero acaso esto de la flexibilización es sólo una cosa de empresarios? En idéntica dirección se pronunció, en plena campaña electoral, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Elisa Carrió instó a “discutir el costo laboral” ya que, argumento, en Argentina “un empleado te cuesta dos empleados”, tras lo que dejó un cazabobos cuando señaló que, a raíz de esto, “falta el empleo para uno”.

Así, Carrió se encolumnó con el discurso en el que vienen insistiendo el ministro, Jorge Triaca y el propio presidente, Mauricio Macri. El lunes pasado, al reconocer que el gobierno avanza en esta dirección, Triaca aseveró que La Rosada quiere buscar consensos para ello “tanto el sector empresario como el sector de representación sindical”.

Asimismo, el titular de la cartera de Trabajo puntualizó que “alentamos a que haya una discusión sobre los procesos productivos” e intentó despejar temores cuando, aunque evitó definir si está de acuerdo con una ley como la sancionada por el Senado brasilero, insistió con que esto “tiene que ser un producto del consenso de los argentinos”.

Y remarcó que, “a partir de lo que resuelvan cada uno de los sectores, avanzarán en eso”, tras lo que dijo citó como ejemplos los acuerdos sectoriales alcanzados en la producción petrolera, automotriz y en la construcción.

Por su parte, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, hizo hincapié en que “tanto el sector empresario como el de representación sindical tienen que analizar ese proceso de producción con la madurez que requiere ese análisis”.

 

Entre líneas

Aunque la moderación discursiva parece ser la táctica que en este tópico pretenden tener los integrantes del staff gobernante, no es preciso saber leer entre líneas para darse cuenta que la cosa va en serio y es preocupante. Es que para el tándem de poder que ahora también gobierna domesticar lo que ellos denominan “costo laboral”, es algo prioritario en lo que está comprometido el propio Mauricio Macri.

“Para ellos, evitar el costo laboral significa sumergir a los trabajadores en una situación que linda con la esclavitud”, advirtió el coordinador nacional del MTL, José Chapu Urreli y recalcó que si esto prospera, Argentina se va a terminar de sumergir en una dinámica “donde dejaremos de ser ciudadanos para transformarnos en colonizados”.

Así las cosas, fue contundente cuando hizo hincapié en que esta situación se va a revertir “si somos capaces de fortalecernos política, ideológicamente y orgánicamente”, por lo que instó a “seguir planteando la confrontación y la perspectiva de lucha”.

Entonces, si el propio Gobierno reconoce que para no ser pobre hay que tener un ingreso de alrededor de quince mil pesos, lo que acaba de hacer al colocar el salario mínimo en diez mil pesos –y recién en julio de 2018- es decretar que, quienes lo perciben, tienen que seguir siendo pobres.

Sin dudarlo, Urreli enfatizó que, el actual, “es un gobierno que tiene odio de clase hacia los trabajadores, los pobres y todos los sectores que puedan presentar alguna contradicción con su objetivo de maximizar constantemente ganancias” algo que, remarcó “vienen haciendo desde hace mucho de forma legal e ilegal”.

Tras lo que cuestionó a integrantes de la burocracia sindical “que adscriben a la política del gobierno, aunque digan que representan a los trabajadores”, por lo que destacó que es preciso “generar un plan de lucha lo más amplio posible, que permita seguir ganando las calles para poder frenar los intentos clasistas de este gobierno”.

 

 

Matías Tombolini 19.07.2017

Uber tiene un aliado

El candidato de 1País hizo un spot de campaña apoyando a la multinacional. La Asociación de Taxista de la Capital salió a cruzarlo con argumentos y dureza.

“La multinacional Uber conchabó un nuevo empleado o para decirlo en términos de la empresa ‘un socio’, el periodista no tan ‘independiente’ Matías Tombolini, candidato en la Ciudad por 1País, la fuerza política de Sergio Massa, quien hizo pública una propuesta de campaña electoral para regularizar la aplicación Uber que actúa, impunemente, violando las leyes y las resoluciones de la justicia de manera clandestina e ilegal”.

Así define la Asociación de Taxista de Capital (ATC) a la postura que, públicamente y por medio de un spot de campaña, adoptó Tombolini respecto a la situación de Uber.

Vale recordar que en la publicidad proselitista a la que alude la ATC, se lo ve al candidato sentado en el asiento posterior de un taxi y de un vehículo al servicio de Uber. En la escena, intercambia palabras con ambos choferes que, en el caso del taxista le cuenta los problemas que tiene y el caso de Uber, lo feliz que se siente por conducir un auto al servicio de esta empresa.

Al respecto, por medio de una declaración que lleva las firmas de su presidente, Alberto Rodríguez, y del secretario, Luis Fernández, la ATC hace hincapié en que “bajo el eufemismo de la ‘economía colaborativa’ y el lema de ‘no alcanza la plata’ (el spot) plantea como salida que esta multinacional, a la que le da el derecho a fijar tarifas, que no ha invertido ni invertirá un solo peso para mejorar el transporte, que fuga del país las ganancias que obtiene (25 por ciento del valor de cada viaje), que no paga impuesto alguno, ni cargas sociales a sus empleados a los cuales disfraza como ‘socios’, que promueve el trabajo en negro sin aportes a la seguridad social ni a la jubilación, sin derecho a ninguna indemnización por despido, ‘compita’ con el servicio de taxis que cumple todas y cada una de las normas legales regulatorias”.

Tras lo que sin dudarlo, recalca que Tombolini “falsea bondades de ese sistema que solo aportó una Aplicación telefónica que hoy ya tiene la actividad a través de BA Taxi que, ¡Oh pecado!, es estatal y gratuita”.

Y añade que “a este soldado del modernismo neoliberal , impulsor de la flexibilización laboral, poco le importa el taxi de la Ciudad, ni las decenas de miles de familias que viven de esa actividad garantizando un servicio día y noche, los 365 días del año con jornadas de doce horas diarias para sobrevivir”.

Tras lo que finaliza: “está claro que siempre jugó, con el micrófono o la máquina de escribir, para estos intereses extranjeros, el grave riesgo, para los trabajadores y el país es que este personaje, ahora, pueda sentarse en una banca”.

Después del anuncio19.07.2017

Carboclor cerró la planta de Campana

Así dejó en la calle a 130 trabajadores que completan una cifra de alrededor de quinientos despidos en la industria química desde que comenzó 2016.

Como un correlato de que lo sucede en PepsiCo, pero también en toda la franja que va desde el conurbano norte hasta Zárate, Carboclor cerró la planta que posee en Campana y echó a 130 trabajadores que completan una cifra de alrededor de quinientos despidos en la industria química desde que comenzó 2016.

Vale recordar que hacia fines de mayo, esta firma que pertenece en un 74,3 por ciento a la estatal uruguaya Ancap, había informado su decisión que justificó en “una grave situación financiera” que estaría atravesando.

El cierre se concretó cuando los trabajadores que llegaban a cubrir el turno de la mañana se encontraron con una escueta lista en la que figuraban las personas que podían ingresar a la planta. Un día antes, en una audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo, la cartera que preside Jorge Triaca acompañó pasivamente la decisión de la patronal.

Carboclor cierra y despide pero conserva las actividades de distribución y logística que están asociadas a la terminal portuaria que tiene en su predio en un claro ejemplo de qué es esto de la “reconversión” con la que tanto insiste el gobierno y su propio titular, Mauricio Macri.

El cierre de esta planta se suma a la decisión gubernamental de paralizar las obras en la central nuclear de Atucha, lo que deja en la calle a alrededor de mil trabajadores, lo plantea un panorama cada vez más difícil en la zona Zárate-Campana.

Pero también tiene un impacto preocupante en la industria química. Durante junio se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a declarar la emergencia de la industria química afectada, también entre otras, por el cierre de plantas de Atanor y una de Linde, así como por despidos en Quipro y Agrofina, entre otras.

 

Denuncia

En este contexto, el titular de la CTA Ribera del Paraná, Cristian Poli, instó “a todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores a redoblar la solidaridad con los compañeros despedidos en PepsiCo, en Atucha, en Carboclor y en cuanto lugar sean amenazadas las fuentes de trabajo”.

Poli denunció que Carboclor ni siquiera quiere abonar el cien por ciento de la indemnización a los trabajadores y recordó: “estamos hablando de empleados que tienen entre treinta y cuarenta años de antigüedad, en la empresa”.

Asimismo, puntualizó que “algo parecido pasa con los empleados de Bayer donde, a partir de noviembre, 160 trabajadores se quedaran sin su fuente laboral”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “en toda esta zona norte hasta Zárate, estamos hablando de quinientos despidos desde el año pasado hasta ahora, por eso las protestas de los compañeros”.

A esto, hay que sumarle que “en la zona de Escobar las empresas de pinturas están comenzando procesos de despidos de trabadores, ya comenzaron con algunas suspensiones de los delegados de la empresa Colorín”, al tiempo que “en Atucha tenemos más de seiscientos trabajadores enrolados en la Uocra, otro tanto de profesionales técnicos, ingenieros, arquitectos y otros doscientos que trabajan en la parte de gastronomía, seguridad y limpieza ente otras cosas”.

 

 

Movilización en Buenos Aires19.07.2017

Contra los despidos en PepsiCo

Además de los despedidos se dieron cita representantes de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, sindicatos y partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista, encabezado por su secretario general Víctor Kot, y la CoNaT.

Una verdadera multitud se movilizó ayer contra los despidos perpetrados en PepsiCo en una marcha que partió desde el Obelisco, pasó por la Plaza de Mayo y finalizó con un acto que se llevó a cabo frente a la sede que el Ministerio de Trabajo posee en Callao al 100, en reclamo de la reincorporación de los cesanteados.

Ahí, además de los despedidos se dieron cita representantes de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, sindicatos y partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista, encabezado por su secretario general Víctor Kot, y la CoNaT.

También se dieron cita, entre otros, los dirigentes de Suteba, Cristian Poli y Pedro Ponce, su par de La Bancaria, Sandra Zapateroy el titular de la CTA Cañuelas-Lobos, Mario Micheli.

La movilización fue encabezada por una pancarta en la que se leía: “En Pepsico reincorporación ya”. Detrás de lla, pudo verse a Nora Cortiñas, Hugo Yasky, Pablo Micheli, Roberto Baradel, Marcelo Frondizi, los integrantes de Foetra Claudio Marín y Carlos Artacho, así como a Alberto Pianelli y Claudio Dellecarbonara de la Agtsyp, entre otros.

En este contexto se multiplicaron las críticas al Gobierno Nacional y al sindicato de Alimentación que conduce Rodolfo Daer, algo que en palabras de los propios trabajadores de PepsiCo se tradujo en la clara consigna: “vamos a seguir luchando”, ya que el conflicto sólo terminará cuando se reintegren los puestos de trabajo.

En este contexto, los trabajadores instalaron una carpa frente al Congreso Nacional. “Vamos a acampar, como hicieron los docentes, para hacer bien visible nuestro reclamo de reapertura de la planta y recibir donaciones para el fondo de lucha, la última quincena fue la última que cobramos, es tan injusto, pero estamos dando una lucha importante, la empresa se la llevó en pala y nos dejó en la calle”, dijo la trabajadora Andrea Gutiérrez.

 

Lucha

Desde el principio de la lucha de los trabajadores de PepsiCo, el PC estuvo presente y estrechó lazos solidarios, más aún, tras la represión perpetrada contra los que resistían en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Florida que el propio secretario Sindical del Partido, Mario Alderete, no dudó en calificar como “consecuencia directa de las políticas neoliberales del gobierno de Macri”.

Vale recordar que la firma decidió profundizar su maximización de ganancias, por lo que bajó la persiana en Florida, trasladó la producción que ahí se hacía a la planta que tiene en Mar del Plata y comenzó a importar parte de de la línea de sus productos desde Chile.

Así las cosas, despidió a seiscientos operarios que decidieron resistir y evitar que la patronal vacíe la fábrica, por lo que permanecieron en la planta de donde a instancias de la jueza, Andrea Rodríguez Mentasty, se llevó a cabo el feroz operativo que finalizó con varios detenidos y heridos.

Al respecto, oportunamente y por medio de su secretario Sindical, el PC responsabilizó por la situación al presidente, Mauricio Macri y a la gobernadora, María Eugenia Vidal, pero asimismo, denunció “la ausencia irresponsable de la CGT y del sindicato de la Alimentación liderado por Héctor Daer, que por inacción cómplice han dejado caer los más de seiscientos puestos de trabajo de PepsiCo”.

PARANÁ, ENTRE RÍOS 17.07.2017

El intendente, la droga y Cambiemos

Desde el PC provincial salieron a fortalecer las sospechas de vínculos entre Sergio Varisco, intendente de Paraná, y el narcotráfico.

“Ustedes están más sucios que yo, ustedes cagan a la gente, yo no, boludo”, le recrimina en una escucha judicial a un concejal de Paraná un narcotraficante que actualmente se encuentra detenido. El narco se llama Daniel Celis y el concejal es el macrista Pablo Hernández y en las escuchas queda claro que el prisionero recrimina al gobierno macrista de la capital entrerriana por las deudas que se le deben en concepto de favores prestados.

El principal implicado de esta connivencia con el narcotráfico es Sergio Varisco, intendente de la capital provincial quien es, además y según cuenta Alejandro Milocco, secretario del PC entrerriano, “el principal referente de Cambiemos en la provincia”. Así surge de estos audios, en los que, entre otras cosas, queda claro que el gobierno municipal de Paraná prometió al narcotráfico hasta apoyo logístico.

Esta situación se da en el marco de un gran blindaje mediático para Varisco, tanto en la ciudad y la provincia como en todo el país porque, debemos entender, se trata de un alto referente del macrismo implicado en negocios que no por claros van dejando de ser turbios.

En los audios, Celis, entre otras cosas, recrimina a Hernández que el intendente Varisco lo “está cagando” y que hasta le “manda a pegar”. Asimismo, le manifiesta su inconformidad porque falta incorporar al municipio a la mitad de las 50 personas que él narcotraficante había pedido.

“Tengo grabaciones, tengo filmaciones, sabés la cantidad de material... así que si lo quiero hacer cagar (a Varisco), de todos lados lo hago cagar, tengo todo en mi mano, así que no me importa lo que hablen, si ustedes están más sucios que yo, ustedes cagan a la gente, yo no, boludo”, dice Celis en las sorprendentes grabaciones.

 

Paraná, ciudad abierta (al narco)

Dijo Alejandro Milocco que “esta vinculación que ahora se esclarece a través de estas escuchas judiciales, legales, ya salió denunciada durante la campaña de Cambiemos”. Repuso que “obviamente eso se desmintió pero ahora se puede corroborar que ese acuerdo que se hizo en su momento para el financiamiento de la campaña se sostuvo y se puso en práctica durante la propia gestión”.

Siguió diciendo que “ese acuerdo incluía no solamente el otorgamiento de contratos a esta banda sino también el acompañamiento logístico para movilizar marihuana dentro de la ciudad de Paraná a través de los camiones municipales” y que “lo que las escuchas demostraron es cómo fueron acordando entre ese sector del narcotráfico en la ciudad de Paraná y el intendente y cómo el intendente fue cumpliendo varias de las promesas que había realizado”.

Apuntó que “Varisco es de la UCR en acuerdo con Cambiemos”, por lo que “es uno de los referentes más importantes de Cambiemos en la provincia”. Agregó que “el ministro (nacional del Interior, Rogelio) Frigerio cuando visitó la provincia hace poco le dio su respaldo desmintiendo cualquier vínculo y planteando que era todo parte de una campaña de difamación y diciendo que Varisco se presentó en la Justicia espontáneamente, cosa que es mentira”.

Informó que la causa por la que Celis está preso “el juez lo mantiene a Varisco como testigo y no lo imputa porque, dice, no puede comprobar su vinculación efectiva”. Pero aclaró que el magistrado “en sus fundamentos observa una situación absolutamente irregular de financiamiento de la política con bandas narco”.

“La gestión anterior, kirchnerista, estaba construyendo un centro de rehabilitación en la zona en donde estaban asentados estos narcos”, consideró y destacó en ese camino: “cuando asume el gobierno de Cambiemos se detienen las obras cuando, construidas en un 70 por ciento”.

“Se está trabajando con los concejales del FpV en un pedido de informes del municipio como primer paso para poder establecer un juicio político”, resaltó Milocco tanto como que “así como se han cubierto mediáticamente a nivel nacional, a nivel local también hay una cobertura mediática importante, por lo que se han manejado con una impunidad que realmente asusta y asombra”.

En ese sentido, puntualizó que “posteriormente a darse a conocer las escuchas y demás, Varisco estuvo en un programa de televisión en donde acusó al kirchnerismo de la situación que estaba atravesando”. Apuntó que en la ocasión “el periodismo no indagó más que eso” y que antes bien “le abrieron el micrófono para que Varisco diga que el culpable es el kirchnerismo y se acabaron las preguntas y las informaciones”. “Se mantiene un silencio espantoso sobre esta situación”, dijo finalmente.

 

 

MAR DEL PLATA14.07.2017

Nazis y al banquillo

Los jueces rechazaron el insólito pedido del fiscal para conceder beneficios procesales a ocho jóvenes neonazis que ahora serán llevados a juicio oral por sus crímenes.

Tras que el pueblo marplatense se movilizara en contra de que el fiscal Juan Manuel Pettigiani pretendiera beneficiar a ocho militantes neonazis con un juicio abreviado y respectivos regímenes de probation por los crímenes de odio cometidos entre 2013 y 2016, el Tribunal Oral Federal (TOF) de la ciudad atlántica rechazó ese acuerdo. Se avanza así en el juicio oral y se convalida la eficacia de la movilización popular para enfrentar los dictámenes favorables al fascismo.

Los imputados son jóvenes militantes nacionalistas a los que se acusa de haber cometido doce hechos de violencia entre los que se cuentan ataques a personas de sexualidad diversa o de distinta ideología política. También pintar con esvásticas y consignas reaccionarias y retrógradas edificios como sedes de ONGs, casas particulares de activistas sociales y hasta un local del FpV.

Pedro Ferrer, secretario del PC marplatense, expresó que la medida de negar dichos beneficios procesales a estos fascistas “demuestra que la movilización popular es el camino para enfrentar a la derecha en todos los planos”. Agregó que, sin embargo, en Mar del Plata “la derecha fascista es aliada del intendente municipal y tiene todo el visto bueno de la gestión de Cambiemos”.

“Estamos contentos porque creemos que no nos equivocamos cuando decimos que acá hay que resistir con organización popular por abajo”, manifestó y puntualizó que “el ajuste y todos estos planes de gobierno se van a frenar con la construcción de una alternativa política”. “Esa construcción tiene que encarnar en niveles de organización popular de resistencia del pueblo”, agregó.

Apuntó que “la derecha en Mar del Plata tiene una historia importante” y le sumó: “es una derecha de vieja data”. “No olvidemos que los dos lugares del país donde más peso tuvo la CNU fueron La Plata y Mar del Plata”, analizó, por lo que entendió que “no es casual” que la ciudad contenga focos fascistas.

“También es una ciudad que, dentro de las del interior de la provincia de Buenos Aires, es la más cosmopolita y que recibe todas las formaciones políticas y a los grupos nacionalistas también”, observó y advirtió desde la ciudad que en el PC “estamos al tanto ahora de la candidatura de (Alelandro) Biondini apoyada de alguna manera por Cambiemos”.

Por otro lado, consideró que sobre la acción de grupos violentos del fascismo “hay una batalla cultural muy fuerte porque hay un bombardeo gigantesco desde los medios de comunicación para que de esto no se hable y para restarle importancia”. Cuestionó que hablen de “bandas callejeras que se enfrentaban entre sí” porque eso es “ponerlo en un contexto totalmente diferente”.

“Hay mucha desinformación”, manifestó y recalcó que “a pesar de ellos hay que seguir construyendo”. En ese sentido, informó: “venimos construyendo la Asamblea Antifascista de Mar del Plata y hay que seguir construyendo”.

 

Cuidando las fuerzas de choque

La acción del fiscal Pettigiani fue oscura desde el comienzo, porque antes de pedir el juicio abreviado y el régimen de probation había retirado la acusación por asociación ilícita y agravantes de la Ley Antidiscriminatoria a los miembros de la patota neonazi. Ello pese a que la asociación ilícita fue acreditada judicialmente por una investigación del equipo ad hoc de la Procuración General de la Nación, integrado por los fiscales Nicolás Zizick y Laura Mazzaferri junto a personal del Ministerio Público Fiscal.

Por si esto fuera poco, la acusación por asociación ilícita fue confirmada por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones y sostenida por el juez Santiago Inchausti cuando requirió la elevación a juicio.

Los acusados son Alan Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Oleksandr Levchenko, Franco Pozas, Giuliano y Giordano Spagnolo y un menor de edad, a los cuales el fiscal Pettigiani había pretendido beneficiar con acuerdos que hasta un querellante damnificado, Lucas Baima, había señalado como propuestas absurdas debido a los argumentos legales esgrimidos a tales fines.

Pero los jueces del TOF resolvieron en contra del fiscal, que es quien debiera acusar y no defender, como lo hace, a los acusados. Sobre esto basta un dato: Pettigiani tiene prohibido intervenir en causas por crímenes de lesa humanidad porque las considera prescriptas, eso pese a la notable jurisprudencia argentina sobre el tema.

LA RIOJA14.07.2017

Siguen los despidos y hay alerta

Así lo expresó el comunista Rogelio De Leonardi, candidato a senador por APR, luego de que se anunciaran nuevas cesantías en la industria textil local.

La Rioja, en donde existe desde hace décadas un importante polo industrial, ya está disputando a la localidad de Zárate o la provincia de Tierra del Fuego el podio de las más afectadas por la apertura de las importaciones. En ese plan, la provincia cuyana ya perdió 1600 empleos en el rubro textil durante el año y medio de gobierno nacional de Cambiemos.

Sin embargo, Rogelio De Leonardi, candidato a senador nacional por la Alternativa Popular Riojana (APR), puntualizó que los nuevos desocupados de la importante actividad textil provincial son, en realidad, 2 mil. Arriba a esa cifra sumando a los trabajadores de la industria del calzado, en donde se han perdido gran cantidad de empleos desde que Macri gobierna el país y las importaciones se abrieron.

Estos números son tales desde que se diera a conocer que en la localidad de Aimogasta, altamente dependiente del riego y de la producción primaria del olivo, se desvinculara de la empresa textil VF Jeanswear a 105 operarios, de los cuales 80 ya están sin trabajo y los restantes 25 seguirán en funciones sólo hasta agosto.

Se comprenderá la importancia que revisten estos despidos si consideramos que Aimogasta tiene 13 mil habitantes. Y la de los 2000 despedidos entre las industrias textil y del calzado si comprendemos que La Rioja, además de necesitar nuevas áreas de regadío para fortalecer su sector primario, tiene en total 400 mil habitantes en todo su territorio provicial.

 

Con el PC atento

Rogelio De Leonardi apuntó que en el campo popular riojano “hay un alerta importante” porque existe, aseveró, “la posibilidad de profundizar ese ajuste con los compañeros del programa Argentina Trabaja, que alguna vez se dijo que estaban cooperativizados, lo que no nos consta”. Recalcó que “está en ese plano de agudización la industria del calzado y las textiles”.

“Ya casi es una obviedad decir que el pretexto que tienen estas empresas es la apertura de las importaciones”, observó el candidato. Agregó tajantemente que al respecto “la dirigencia sindical burocrática no está actuando de acuerdo al momento y de acuerdo a los tiempos”.

Adujo sobre ello que “lo que en otras épocas ha significado para el parque industrial de la provincia de La Rioja la toma de las fuentes de trabajo y obligar a la patronal a sentarse, se ha convertido en un simple trámite burocrático donde la empresa comunica a la autoridad constituida en el gobierno y se va llevándose las máquinas, produciendo licencias forzadas y reducción de sueldos”.

Repuso que en La Rioja “el parque industrial tiempo atrás ya venía sufriendo este desplazamiento”. Reforzó sus palabreas diciendo: “lo que en algún momento fue un próspero parque industrial con 12 a 15 mil trabajadores, hoy se ha reducido a 7 mil y tal vez menos”.

Asimismo, analizó lo que significa esta situación en esta provincia escasamente poblada observando que “estas bajas de trabajadores se han dado no sólo en la ciudad capital de La Rioja” y que hubo despidos masivos, en por ejemplo, Chamical, Sanagasta y Chilecito.

Para De Leonardi esto “toma características no sólo de inusual sino de escándalo porque, además, el gobierno provincial tampoco atina a encontrar soluciones y a todo el mundo le está proponiendo una cooperativización no sabemos en función de qué, porque la empresa, que no es de la provincia de La Rioja y ha gozado de los beneficios de la legislación durante décadas, se va y se lleva la maquinaria”.

Consideró que “en el caso de que pudiera quedar la maquinaria puede uno pensar en cooperativizar a los trabajadores para que produzca esa fábrica” y que en esta situación en particular para los trabajadores “es como estar en un callejón sin salida”.

El parque industrial riojano languidece desde que gobierna Macri. Sobre fines de 2016, las textiles Hilados y Colortex, dejaron en la calle a 263 operarios y desde el propio gobierno riojano reconocieron que otros cinco mil están en zona de riesgo. Esto en el marco de un proceso nacional de desguace de las textiles en el que echaron y suspendieron trabajadores, entre otras empresas menbos conocidas, Broderie Suizo-Argentina, Felsom, Hilados I y II, TN Planex, Coteminas, Guilford y Unisol (Puma).

Unos 180 de estos despidos de la última empresa fueron también riojanos, precisamente de Chamical y Chilecito, principal ciudad de los ásperos Llanos del sur provincial y segunda ciudad de la provincia respectivamente.

 

 

Crece los despidos y la represión14.07.2017

La contrarreforma no es sólo brasilera

Flexibilización y cercenamiento de otros derechos laborales forman parte del rediseño regional al que adscribe el Gobierno Macri. Mientras tanto el Triunvirato de la CGT sigue jugando al gato y al ratón.

Si no fuera trágico sería sólo patético. Es que algunas horas después de la brutal –y anunciada- represión perpetrada contra los trabajadores que resistían el despido y vaciamiento de la planta que PepsiCo posee en Florida, el Triunvirato de la CGT bridó una ronda de prensa para anunciar que va a ponerse a trabajar para elaborar un “documento crítico” (¡¿recién ahora?!) sobre las políticas económicas y sociales del gobierno.

El anuncio lo hizo, Juan Carlos Schmid, quien rodeado por sus cófrades describió el derrotero cegetista que tiene una primera parada el viernes 28 de julio, cuando el Triunvirato va a presentar su análisis de la realidad que los trabajadores parecen a diario, en un plenario nacional en el que también se va a formalizar la convocatoria a una movilización para el 22 de agosto.

“Naturalmente le hemos transmitido nuestra preocupación a las esferas gubernamentales, porque creemos que se podrían haber utilizado otros métodos para evitar esta imagen triste, lamentable, cercana a la tragedia, de Argentina”, dijo después Schmid al referirse a la respuesta de la CGT a la represión perpetrada contra los operarios de PepsiCo.

Por su parte, su par Carlos Acuña reconoció que la conducción que integra tiene una posición blanda con el gobierno, algo que justificó en la “prudencia necesaria” que la CGT “tuvo hasta ahora”. Y pese a lo que definió como “desprotección con respecto al trabajo”, le dio otra oportunidad a La Rosada cuando recalcó: “si no arreglan esta situación vamos de mal en peor”.

¿Pero alcanza con que la CGT se convierta en un analista de la realidad y, en el mejor de los casos, vuelva a proponerse un cronograma de medidas tibias y lo suficientemente discontinuas como para que el Gobierno no deba preocuparse?

Durante 2016 se registraron 650 despidos y suspensiones por día y, en lo que va de este año, ya hay 22 mil de acuerdo a los relevamientos que el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) realiza sólo sobre el universo del empleo formal.

Asimismo, ese año, en dos oportunidades La Rosada anunció –con bombos y platillos- acuerdos que según dijo garantizarían el empleo. Las dos veces, los mismos empresarios dejaban trabajadores en la calle al día siguiente de sacarse la foto en la Casa de Gobierno.

Pero esta no es la única señal que la CGT no quiso advertir. Ahí estuvo el veto de la Ley 27.251, conocida como Antidespidos, sancionada en junio cuando la cantidad de trabajadores despedidos superaba los 140 mil, al tiempo que casi cuarenta mil habían sido suspendidos.

A esto se sumaron el pustch contra el fuero laboral, una verdadera andanada de suspensiones y flexibilización laboral que se impone fácticamente sin que medie un cuerpo legal que -en La Rosada- esperan que sancione el Congreso que surja de las elecciones de octubre.

Sobre el fin de este año aciago, la cúpula cegetista fue a la Quinta Presidencial para compartir un brindis con Macri, Jorge Triaca y Macos Peña. Ahí, el triunviro Héctor Daer, recalcó que 2016 había sido un año de “encuentros y desencuentros” entre la CGT y el gobierno, pero aclaró que ello contribuyeron “para mantener la estabilidad”.

Pero en este contexto, lo cierto es que mientras siguen produciéndose despidos y cierres de unidades productivas, otra vez, la CGT elige mirar para otro lado y renovarle el crédito al Gobierno que, pese a todo, va a llegar a las Paso sin un paro nacional.

 

Modelo brasilero

¿Pero adónde va a parar todo esto? Aunque no fue la primera, la represión contra los trabajadores de PepsiCo es paradigmática, ya que –entre otras cosas- subraya el camino común que transitan el Gobierno y la burocracia sindical.

El titular del gremio de Alimentación, Rodolfo Daer, acusó de sectarios a los operarios que resistieron y, en idéntica dirección, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal culparon de todo a la culpa a la izquierda.

Sin dudas se trata de argumentos falaces y muy pedestres, pero efectivos para una muy parte pequeña de la sociedad a la que le va bien con diseño impuesto por el Gobierno, pero también para otra, mucho más voluminosa, permeable a aceptar un discurso y acción de gobierno reaccionarios, incluso contra sus propios intereses.

Así las cosas, el factor común entre las aseveraciones provenientes desde el liderazgo cegetista y el ejecutivo es recurrente y para nada casual. Por vocación, convicción ideológica, oportunismo o temor al carpetazo, la burocracia sindical-empresarial ni siquiera disimula su postura que va de la reservada complicidad a la abierta connivencia con el gobierno que avanzar en la sanción de un marco normativo que desnivele la balanza en favor del universo del capital en detrimento de aquel del trabajo.

¿Pero es posible avanzar en un esquema de flexibilización que eche por tierra leyes que, en algunos casos, tienen casi un siglo en Argentina?

El modelo que ataca, no lo hace exclusivamente en nuestro país. En Brasil se acaba de sancionar un paquete que destruye el marco que rigió la relación entre capital y trabajo, que comenzó a construirse a mediados del siglo 20 durante la presidencia de Getulio Vargas y que se profundizó al comenzar el 21 con la de Luis Inácio Lula Da Silva.

La contrarreforma laboral que aprobó el Senado y va a firmar Michel Temer, es aplaudida por la Bolsa de Sao Paulo, flexibiliza normas de contratación y rescisiones de contratos de trabajo en forma arbitraria.

De acuerdo a la iniciativa que se va a convertir en Ley cuando le estampe su firma Temer, el capital tendrá carta blanca para establecer el régimen de horas de trabajo y descanso, va a poder pagar salarios sobre una base horaria o diaria, en lugar de la mensual.

Deja de ser obligatorio el aporte sindical que equivale a un día de trabajo por año, se crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, es decir que el trabajador puede prestar servicios a un único empleador, pero sin tener vínculo laboral permanente. Y, quienes quieran tener vacaciones e indemnización, deberán aportar a un fondo de garantía al que el empleador echará mano en cada caso. Es decir, el trabajador tendrá que pagar su propio descanso anual y la indemnización si fuera despedido.

SAN CARLOS DE BARILOCHE13.07.2017

Alarma la contaminación del lago

La planta depuradora de aguas servidas no recibe los fondos prometidos desde Nación para ser ampliada acorde a las necesidades y la situación es preocupante.

El gobierno nacional prometió fondos para descontaminar el Nahuel Huapi, uno de los lagos glaciarios más grandes de Sudamérica y emblema del turismo argentino. Sin embargo los fondos no llegaron todavía y los vecinos de San Carlos de Bariloche reclaman para que, de una vez por todas, llegue el dinero de Nación necesario para ampliar la planta de tratamientos cloacales.

El alerta no es menor ya que en torno del lago viven no menos de 170 mil personas entre dicha ciudad y sus suburbios y la neuquina Villa La Angostura. Sin embargo, el gerente de la actual planta de tratamiento de las aguas servidas, para evitar los cuestionamientos del pueblo preocupado, se limitó a realizar una peligrosa actuación: bebió de las aguas del lago.

Vale destacar que estamos en los comienzos de la temporada invernal en esta zona, famosa en todo el mundo por sus paisajes y centros de sky, y que ese turismo multiplica en estos días la población local y la contaminación crece a lo largo de los más de 600 km de costa que tiene, entre todas sus numerosas articulaciones, el Nahuel Huapi.

La planta actual de depuración fue construida en 1994, cuando en Bariloche vivía poco más de la mitad de la población actual y ya entonces resultaba insuficiente para los efluvios cloacales de la ciudad cuya población, además, vive de las aguas del lago o de las napas que a él dan, contaminadas estas a su vez por las fosas sépticas. El resto va a parar al espejo de agua por conexiones clandestinas, que no pasan por la planta depuradora, que tampoco da abasto.

Al frente de los reclamos se encuentra la organización Árbol de Pie, que junto a la senadora nacional Magdalena Odarda, presentó el año pasado un recurso de amparo para proteger el lago de la contaminación, comprometiendo a ello al gobierno provincial tras el derrame de un millón de litro de aguas servidas por un colapso de la planta depuradora.

 

Alerta roja

Los comunistas de la ciudad de San Carlos de Bariloche están también atentos a la problemática. En ese sentido, Ruben Terrile, secretario del PC local, puntualizó que “esto es algo que viene preocupando desde hace mucho tiempo” y recordó: “cuando estuvo acá Menem como presidente, se comprometió a dar un crédito del Banco Mundial para duplicar la capacidad de la planta depuradora”.

Repuso que “eso no se cumplió y como la población creció de forma muy veloz, las aguas del lago se fueron contaminando paulatinamente”. Agregó que “algunos hoteles y construcciones de gran magnitud tiran sus líquidos cloacales al lago” y que, por otro lado, “también se van contaminando las napas”.

“Se contaminan las napas porque donde no hay cloacas hay pozos absorbentes”, explicó. Consideró que la situación en la ciudad y su majestuoso espejo de agua “demuestra que existe una falta de planificación de todos los gobiernos que se han ido sucediendo para mejorar estas condiciones”.

“Se necesita más de una planta depuradora porque la ciudad tiene aproximadamente la misma superficie de la Capital Federal y con una sola planta no se resuelve”, dijo y sugirió “instalar dos o tres plantas depuradoras e impedir que vaya toda el agua de la ciudad al Nahuel Huapi”.

 

 

Crece la resistencia en Zárate13.07.2017

Del acampe a la Caravana

Para exigir que se reincorpore a los operarios cesanteados en Atucha y contra el intento flexibilizador del Gobierno, se movilizó hacia el Congreso Nacional. “Vuelve a sonar la consigna de la CGT de los Argentinos ‘Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes’”, recalcó Cristian Poli.

Una multitudinaria caravana de trabajadores unió Zárate con la Ciudad de Buenos Aires para manifestar ante el Congreso Nacional, en lo que fue un correlato del acampe que se viene llevando a cabo en la rotonda de acceso a esa localidad bonaerense, para exigir la reincorporación de alrededor de mil operarios de Nucleoeléctrica Argentina SA que se desempeñan en Atucha.

Vale recordar que en torno al acampe, la comunidad de Zárate está movilizada en solidaridad con los trabajadores de esa central nuclear, a quienes también se suman sus pares agrupados en las filiales locales de Uocra, Uecara, CGT y CTA.

Todo en un contexto difícil, ya que Atucha ratificó los casi mil despidos y el Ministerio de Trabajo de la Nación se niega a dictar la conciliación obligatoria, por lo que la situación sigue tensándose en una zona en que crecen los despidos en diferentes unidades productivas.

Es que toda la franja que va del conurbano norte hasta Zárate se ve particularmente afectada por despidos y cierres. Desde febrero de este año, 2.700 trabajadores de la zona comprendida entre Baradero y Vicente López fueron echados a la calle. En marzo de 2016, 2.400 fueron despedidos de Atucha y sólo novecientos recuperaron su empleo y a ellos debe añadirse otros tantos de la industria química, metalúrgicos y empleados de comercio que se quedaron sin trabajo desde diciembre de 2015.

A los de Atucha se suman, entre otros, los perpetrados en las industrias químicas Carboclor y Lanxess, en Colorin y PepsiCo donde durante las primeras horas del días de hoy, personal de la infantería de la Policía Bonaerense arremetió violentamente contra los operarios despedidos que intentaban proteger la planta del vaciamiento.

En este marco se llevó a cabo la Caravana decidida en asamblea por los trabajadores que acampan en la Rotonda de Zárate. Y fue cuando se estaban ultimando los detalles para partir que se supo de la brutal represión contra los operarios de PepsiCo.

“Hace días estuvieron los compañeros de PepsiCo en la Rotonda de Zárate compartiendo el acampe”, recordó el titular de la CTA Ribera del Paraná, Cristian Poli, quien tras hacer pública la solidaridad con los represaliados, recalcó que “la unidad se va dando por abajo”.

Poli, junto al intendente de Zárate, Osvaldo Raúl Cáffaro y Francisco Barba Gutiérrez, entre otros, encabezó la columna que marchó al frente de la movilización al llegar al Congreso tras una pancarta en la que se leía “Mesa de la producción nacional y el empleo”.

También estuvo Mario Micheli junto con una delegación del MTL y la CTA Cañuelas-Lobos, así como de la CTA Nacional, entre ellos José Chapu Urreli, un nutrido grupo de la CoNaT y del Partido Comunista que también se sumó por medio de dirigentes como Emilia Segota y Carlos Tcholakian que marcharon por la avenida Corrientes hasta la sede del Ministerio de Trabajo.

 

Respuestas

Así las cosas, en medio de una jornada de lucha y resistencia, Poli, no dudó cuando aseveró que “la única respuesta del gobierno a los trabajadores es la represión”, por lo que advirtió que La Rosada “juega con el desgaste de la clase trabajadora, apuesta a eso y por eso actúa así”.

También hizo hincapié en que “es absolutamente repudiable lo que hicieron en PepsiCo”, fue claro cuando remarcó que “desde todo el movimiento obrero y popular repudiamos la represión de hoy” y sentenció: “los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo son parte de nuestra clase, somos uno sólo”.

Los dichos de Poli quedaron demostrados en la contundente caravana. “Somos miles de trabajadores de la construcción, maestros, portuarios, químicos y papeleros, entre otros, los que nos movilizamos”, tras lo que sin dudarlo aseveró que “la mejor respuesta que le damos a la represión es la gigante movilización unitaria de todos los trabajadores durante el día de hoy”, argumentó.

Es que la marcha fue contundente y unitaria, un acto de resistencia que dejó en claro que unidad y lucha se construyen desde abajo. Pero, además constituyó un claro mensaje al gobierno y a la burocracia sindical-empresarial que por convicción ideológica, oportunismo o temor al carpetazo, mantiene posiciones que van de la reservada complicidad a la abierta connivencia con un gobierno que ni siquiera se preocupa por ocultar que -en su agenda inmediata- está avanzar en la sanción de un marco normativo que termine de correr el fiel de la balanza hacia el lado del universo del capital.

Se trata de una dirigencia burocrático sindical que no ve con malos ojos el proyecto flexibilizador con el que arremete el gobierno. Un proyecto que es regional, como lo demuestra el que días atrás sancionó el Senado de Brasil a instancias del presidente Michel Temer, que es un calco de lo que pretende imponer Mauricio Macri en nuestro país.

“Estos sectores son absolutamente repudiados por toda la clase trabajadora”, puntualizó Poli y destacó que “sabemos que la burocracia es cómplice del proyecto flexibilizador, por eso esta movilización, por eso es que nos unimos fuertemente”.

Tras lo que celebró que “hay conciencia sobre esto en la clase trabajadora y por eso nos movilizamos de esta manera, gestando desde abajo una gran marcha que es prácticamente nacional con los trabajadores y trabajadoras que vienen siendo golpeados por esta política de ajuste y con los que aún tenemos trabajo, pero somos solidarios”.

De ahí que insistiera en que “a estos planes imperiales que tienen un carácter regional y son instrumentados por estas burguesías locales que copian y pegan los dictados del FMI y el Banco Mundial, les respondemos con lo que tenemos desde la historia del movimiento obrero, con la unidad, la lucha, la organización y la lucha frontal”, ya que “aquí vuelve a sonar nuevamente la consigna de la CGT de los Argentinos ‘Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes’”.

Violento desalojo de PepsiCo13.07.2017

Palo y a la calle

Esta es la dinámica que el Gobierno pretende imponer a los trabajadores. Voces de solidaridad desde la CoNaT y el PC con los operarios. “Esto es consecuencia directa de las políticas neoliberales del gobierno de Macri” recalcó el secretario Sindical del Partido, Mario Alderete.

El Partido Comunista hizo púbica su “total solidaridad con los trabajadores de PepsiCo” y repudió “a la violenta represión por parte de la Gendarmería, las Fuerzas de Seguridad y la policía de la provincia de Buenos Aires”.

Vale recordar que durante las primeras horas de hoy, personal de esas fuerzas dispuesto en un operativo sumamente desproporcionado, cargó contra los trabajadores de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Florida, que esta empresa alimenticia cerró no hace mucho.

La firma decidió profundizar su maximización de ganancias, por lo que bajó la persiana en Florida, trasladó la producción que ahí se hacía a la planta que tiene en Mar del Plata y comenzó a importar parte de de la línea de sus productos desde Chile.

Por eso despidió a seiscientos operarios que decidieron resistir y evitar que la patronal vacíe la fábrica, permaneciendo en la planta de donde a instancias de la jueza, Andrea Rodríguez Mentasty, se llevó a cabo el feroz operativo que finalizó con varios detenidos y heridos.

“Responsabilizamos de la situación al presidente Macri y a la gobernadora Vidal”, dijo al respecto el secretario Sindical del PC, Mario Alderete, tras lo que denunció “la ausencia irresponsable de la CGT y del sindicato de la Alimentación liderado por Héctor Daer, que por inacción cómplice han dejado caer los más de seiscientos puestos de trabajo de PepsiCo”.

Y, en idéntica dirección, el titular de la CTA Ribera del Paraná, Cristian Poli, fustigó la postura de “estos sectores del sindicalismo que miran para el lado de las patronales”, algo que calificó como “absolutamente repudiable de parte de toda la clase trabajadora que rechaza esta política genuflexa de dirigentes que dicen que la culpa la tienen los trabajadores de PepsiCo”.

Por su parte, el titular de la CTA Cañuelas-Lobos, Mario Micheli, señaló que “otra vez el Poder Judicial y el ejecutivo tienen la represión como única respuesta a la demanda de los trabajadores que querían evitar el desalojo y el vaciamiento de la planta” y recordó que esta es la dinámica que se presenta desde diciembre de 2015.

Asimismo, advirtió que “esto tiene que ver con políticas mucho más de fondo, como el nuevo intento de avanzar en flexibilización laboral por parte del gobierno que apunta a tener leyes como la que se acaba de aprobar en Brasil”. Por lo que, recalcó, “esto requiere, cada día y más que nunca, mayor unidad y ponernos al frente de la pelea, porque es preciso estar al frente de las luchas”.

 

Correlato

“El desalojo y la represión feroz de quienes se encuentran defendiendo su fuente de trabajo, es consecuencia directa de las políticas neoliberales del gobierno de Macri, que ha abierto las importaciones deliberadamente, perjudicando el mercado laboral, de manera de achicar los puestos de trabajo y de esa manera disciplinar a los trabajadores y reducir drásticamente los salarios, mientras que las multinacionales como PepsiCo cierran sus puertas y mudan sus capitales, con la anuencia de las autoridades nacionales”, destacó Alderete.

Por su parte, el titular de la CTA, Hugo Yasky, responsabilizó por la represión a los gobiernos de Macri y María Eugenia Vidal e hizo hincapié en que los operarios fueron víctimas de la violencia estatal “por el ‘delito’ de defender sus fuente de trabajo”.

También coincidió con Alderete al señalar que, así, el gobierno “brinda protección al vaciamiento de la empresa por parte de la multinacional que ahora importa desde Chile los productos que se hacían acá” y lamentó: “una vez más, palos para los trabajadores y gobierno de los ricos para los ricos”.

Y fue claro cuando condenó la represión e instó “a todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores a redoblar la solidaridad con los compañeros despedidos en PepsiCo, en Atucha, en Carboclor y en cuanto lugar sean amenazadas las fuentes de trabajo”.

Otro que se pronunció al respecto es el secretario de Suteba, Roberto Baradel, quien advirtió que “están despidiendo porque quieren imponer normas de flexibilización laboral” y culpó al ejecutivo que “desprecia a los trabajadores y nos tratan como delincuentes”, tras lo que resaltó que “para ellos el derecho de propiedad está por encima del derecho a la vida”.

 

 

Por todo el país 12.07.2017

El PC y el 13 de agosto

En Quilmes vecinos y precandidatos celebraron el 9 de Julio. En Cutral Có los comunistas aportan desde la militancia y en Bariloche construyen desde la alternativa.

La conmemoración del Día de la Independencia tuvo un sabor particular en la localidad bonaerense de Quilmes, donde se llevó a cabo el lanzamiento de Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo.

Por tal motivo, se dieron cita vecinos del distrito, así como postulantes provinciales y locales. Ahí estuvo el precandidato a diputado Nacional, Luis D’Elía, la postulante a legisladora de la provincia de Buenos Aires, Alicia Sánchez, y los precandidatos a ocupar bancas en el Concejo Deliberante de Quilmes, Pablo Pizzinini y Vanesa Blanco.

Pero también en localidades más alejadas de la Capital Federal, el Partido Comunista da pelea en el frente electoral. Tal es el caso de la localidad neuquina de Cutral Có, donde el responsable del PC local, Walter Zamorano, comentó que “estamos constituyendo con las fuerzas con que veníamos trabajando en el Frente para la Victoria, para enfrentar al intendente, José Rioseco, y a su fuerza Frente de Participación Neuquina” que, recuerda Zamorano “apoyó a Cristina Fernández hasta que terminó la presidencia y después dio un salto para irse con el intendente de de Neuquén, Horacio Quiroga”. Y sin dudarlo definió que “ellos son ahora la expresión del macrismo y el PRO en la provincia y en la localidad”.

 

Bariloche

No muy lejos ahí, en Bariloche, el secretario del Partido Comunista local, Rubén Terrile, celebró que allí se firmara un acuerdo electoral amplio y profundo. “En san Carlos de Bariloche se firmó el mismo acuerdo del Frente para la Victoria que en el resto de la provincia”, resaltó y recordó que las principales fuerzas que lo integran son, además del PC, el Partido Justicialista, Nuevo Encuentro y Kolina, al tiempo que adhieren el Psol y otras corrientes peronistas como el Movimiento Evita y Campora y Causa Nacional y Popular.

“Acá constituimos esta alianza y le queremos demostrar al gobernador, Alberto Weretilneck, que está alineado con el macrismo, así como el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, que es de un partido vecinal, que hay otro camino para seguir”, puntualizó Terrile e hizo hincapié en que “sabemos que ellos no buscan una salida a la crisis por izquierda, así que estamos militando esta campaña con muchas fuerzas y hay muchas expectativas”.

Así cierra el Modelo Cambiemos 11.07.2017

Sin pueblo y sin pueblos

En Córdoba y Neuquén se destruyen fuentes laborales, viviendas y vidas. “Todo esto da cuenta de lo tremendo de la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país y en Córdoba en particular”, señaló secretaria del PC cordobés, Solana López.

El modelo que el tándem de poder concentrado impone desde La Rosada, provoca una acelerada destrucción del aparato productivo, deja en la calle a cientos de miles de trabajadores y, también genera desarraigo y hasta la muerte de localidades ligadas a unidades productivas que se cierran.

Así pasó con Canteras Quilpo, un pueblo que ahora tiene algo más de doscientos habitantes, pero que durante épocas florecientes, contó con dos mil personas.

Está ubicado a veinte kilómetros de Cruz del Eje, en Córdoba. Ahí, la empresa Cefas posee la planta de cal de Canteras Quilpo, la mina que le dio el nombre a la localidad. Pero al cerrar, dejó sin trabajo a alrededor de setenta operarios lo que alteró toda la economía de un pueblo dependiente de la cantera, pero que soñaba con seguir creciendo y para eso tenía escuela primaria y secundaria, un club social y deportivo y una parroquia.

Pero como, de acuerdo al catastro, el pueblo está dentro del predio de Cefas, la empresa no sólo dejó se fue y dejó a los trabajadores en la calle, sino que está empeñada en borrar del mapa a todo el pueblo. Para eso, sus topadoras derrumbaron hogares, el club y la Iglesia y los pocos vecinos que resisten, temen que lo que queda del pueblo puede correr el mismo destino.

Cefas se fue porque decidió concentrar toda su actividad en San Juan, porque ya casi no se consume cal para la construcción de viviendas y, entonces, fijó su horizonte en una cartera de clientes ligados a la minería.

Mil kilómetros hacia el sur está la localidad neuquina de Nueva España, otro pueblo que está al borde de desaparecer como consecuencia de la desocupación provocada por la profunda crisis que atraviesa la industria frutihortícola.

Son alrededor de cuatrocientos los vecinos de esta localidad obrera, entre la ciudad de Neuquén y Centenario, que en su mayoría trabajaban ligados al sector frutihortícola.

Desde que se fundó, en 1922, sus moradores alternaron buenas y malas pero nunca, hasta ahora, se habían visto ante la disyuntiva de abandonar el lugar para poder sobrevivir.

Es que durante 2016 y en lo que va del año sólo reciben malas noticias. Días atrás fue el cierre de la maderera MAM que se dedicaba a hacer cajas y pallets dejando a casi un centenar de operarios en la calle, pero antes habían sido los masivos despidos y suspensiones en toda la industria frutihortícola del Alto Valle la que planteó una situación angustiante que tuvo su paroxismo cuando a productora San Formerio pagó salarios a sus trescientos empleados con manzanas que, encima, estaban picadas.

 

Situación terrible

“Esta cantera tiene décadas de historia, hablamos del cierre de una fuente de trabajo que había logrado sobrevivir a otras épocas tremendas de neoliberalismo y no logro hacerlo ahora, lo que da cuenta de lo tremendo de la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país y en Córdoba en particular”, señaló secretaria del Partido Comunista de esta provincia, Solana López, y advirtió que la situación de Canteras Quilpo es paradigmática de lo que pasa, pero no es excepcional.

“Hay que tener en cuenta que este cierre se da en la parte norte de la provincia que es la zona más pobre de la provincia, porque acá tenemos las sierras que es una zona que vive del turismo, otras zonas ligadas a la producción agraria -principalmente de la soja- pero el norte es el área más empobrecida y está viviendo situaciones de extrema pobreza y necesidades”.

Por eso, “este cierre genera un impacto negativo a la economía del norte cordobés” y particularmente “para estas familias que quedan sin su fuente de trabajo y ahora lo pierden todo, su vivienda y su fuente labora”.

Y, tras fustigar al gobierno de Córdoba “que se desentendió del asunto”, Solana López finalizó: “es una situación de un dramatismo extremo la que se está viviendo y, en el medio, se tiran críticas entre Macri, de La Sota y Squiaretti, pero los tres responden al mismo proyecto político que llevó a esta situación”.

 

 

CINE TEATRO URQUIZA 10.07.2017

El Parque Patricios del silencio

Los vecinos rechazan la demolición del inmueble. Pero sus propietarios y el gobierno de la ciudad no dan el brazo a torcer y de noche el barrio, que supo ser muy activo también gracias al teatro, es un erial.

En Caseros al 2800 de la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios y enfrente del cuartel II de bomberos del barrio, se encuentra lo que fue el Cine Teatro Urquiza. Fue inaugurado en la década de los ventes y por sus tablas pasaron desde Gardel a Aníbal Troilo. Hoy su fachada es mudo testigo del abandono y en ella ya no hay marquesinas ni carteleras ni alero iluminado sobre la vereda.

En el barrio, devenido por la políticas macristas en foco de especulación inmobiliaria a través del Polo Tecnológico y el novísimo Centro Cívico porteño, edificios como el del Urquiza son fruto de la rapiña. Pero el cine teatro, abandonado como se encuentra (tanto que al transeúnte puede pasarle desapercibido), tiene a sus grandes defensores en un barrio en que la especulación no cesa: los vecinos.

El mes pasado, en asamblea de todas las fuerzas vivas del barrio, promovieron y realizaron un abrazo al edificio, lo cual fue su forma de oponerse a los propietarios del inmueble, que plantean lisa y llanamente su demolición. Esta clase de activismo para salvar el patrimonio de Parque Patricios, sin embargo, no está siendo bien vista por el poder, que desde la Justicia hostiga a los manifestantes, a los que ha girado sendas citaciones ante los estrados, como si los vecinos fueran, en realidad, enemigos del barrio...

En ocasión de aquel abrazo simbólico se dio cuenta de la importancia que el Urquiza tiene para el lugar. Por eso acudió a la cita medio millar de personas, un importante y amplio abanico de fuerzas políticas y sociales y, además, figuras dedicadas al teatro, como el empresario Carlos Rottemberg, que se manifestó a favor de que el espacio sea recuperado para sus funciones originarias.

 

Testimonio de otra cosa

El Polo Tecnológico porteño instalado en el barrio de Parque Patricios habilitó la instalación, exenta de impuestos por una década, de empresas cuyos trabajadores realizan sus tareas de día. En consecuencia, la avenida Caseros, en otros tiempos nocturna y vital, de noche se transforma en una franja de silencio. Y allí donde antes estaba un vistoso teatro, con sus estrellas y su luz, sólo hay pobreza y vacío para el caminante de la noche.

Nelly Carreras, responsable del PC de Parque Patricios, lo contó así: “puesto en funcionamiento el cine teatro Urquiza como espacio cultural modificaría en positivo y en mucho la vida social, cultural y económica porque alentaría todo el comercio que se mueve alrededor, que a la noche no tiene vida”.

“Repudiamos, ante todo, el accionar de la empresa propietaria del terreno, que a través de la judicialización, quiere amedrentar la acción de los vecinos”, dijo después, condenando también el intento por “judicializar el conflicto”.

Asimismo, consideró “fundamental la preservación del edificio como bien patrimonial por la significancia que tiene para el barrio”. “Es parte de su identidad”, repuso y manifestó que habla de una “identidad que este gobierno nos viene a arrebatando día a día”.

En ese camino, denunció que “en este barrio el parque está tapado de cemento”, “el gobierno se ha apropiado de calles que eran públicas” y que con respecto al Urquiza “el PRO rechazó la protección patrimonial del inmueble, demostrando un desprecio a los valores identitarios de los vecinos”.

Definió como “terrible” la presión de los especuladores inmobiliarios, que “nos están avasallando no sólo eso sino todo el barrio”. “La sede del gobierno porteño les dio derecho a adueñarse de calles públicas, por ejemplo”, dijo y observó: “hay grandes negocios inmobiliarios de empresas que no pagan por diez años”. Agregó al respecto: “es terrible, porque el vecino que queda en el medio sí paga y le están tapando el sol”.

“Calles que antes no se inundaban ahora se inundan”, puntualizó y remarcó que ahora hay “problemas con las cloacas porque no es un barrio preparado para todo lo que están haciendo”. Añadió: “hay una cantidad de gente durmiendo en la calle, cosa que no hubo nunca en la zona y yo tengo 61 años de vecina”.

Luego manifestó que si lloviera fuerte “se inundaría como siempre”. Aunque destacó que para ello en Parque Patricios “no es necesario un gran fenómeno meteorológico”. “Ahora entra agua por las cloacas”, le sumó finalmente.

Pararle la mano al gobierno07.07.2017

Para poder Progresar

Discontinúan el programa de asistencia a estudiantes de bajos recursos. “Es parte de un hostigamiento generalizado contra los sectores populares, que lleva adelante el gobierno” señaló, desde el MUI, Ernesto García.

Ctera exigió al Ministerio de Educación la restitución de los planes Progresar y denunció que trescientos mil estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de todo el país fueron afectados por la suspensión del pago dispuesta por el ejecutivo Nacional.

Al respecto, la titular de Ctera, Sonia Alesso, y los integrantes de la conducción de esta confederación, Eduardo López y Roberto Baradel, coincidieron a la hora de advertir que “esta injustificable determinación afectará a miles de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios que no percibieron las becas durante el último mes”.

Y en esta dirección, Alesso alertó que es “es una situación alarmante que afecta a los sectores populares que no podrán continuar estudiando”, tras lo que puntualizó que la educación “es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado”, por lo que este recorte “es un hecho grave”.

Vale recordar que durante los meses de mayo y julio Anses suspendió los pagos de las becas del Plan Progresar, que se otorgan a estudiantes universitarios jóvenes sin empleo o con bajos ingresos para que no abandonen sus estudios.

Esta decisión que -en todo el país- provocó quejas de estudiantes y autoridades universitarias, tuvo lugar a poco de que el gobierno avanzara en la quita de pensiones a personas que padecen discapacidades y de la actualización de datos de pensiones derivadas, es decir de quienes reciben la pensión por el fallecimiento de su cónyuge, que causó serios trastornos entre muchas personas adultas mayores.

Pero asimismo, en un contexto en el que el Pami profundiza la restricción de la prescripción de medicamentos a partir de una medida adoptada el martes pasado que afecta a más de cinco millones de afiliados que verán limitada la cobertura de sus remedios.

Como se ve, todo en la misma dirección y apuntando siempre contra aquellos sectores más castigados y desprotegidos de la sociedad.

 

Alerta

Ernesto García es secretario del a FJC de La Plata y dirigente del Movimiento Universitario de Izquierda (MUI) y recuerda que el último aumento que tuvo la beca correspondiente al Plan Progresar fue en 2015, tras lo que en junio de 2016, “se recorto aproximadamente a la mitad de los beneficiarios y, ahora, se dio de baja nuevamente a una cantidad enrome de alumnos que cumplen con los requisitos económicos y académicos, para ser acceder a este derecho”.

García fue claro cuando denunció que Anses “da de baja a cantidad de beneficiarios y lo hace a dedo, sólo para reducir costos que ya están desfasados porque el monto neto es el mismo de hace dieciséis meses”.

Y recalca que “esto es una prueba más del abandono que hace el macrismo de la educación pública, porque favorecer el avance de la privatización del sistema educativo”, ya que “si bien el monto que reciben los alumnos es reducido, en muchos casos es definitorio para que alguien pueda estar o no dentro del sistema educativo”. Tras lo que hizo hincapié en que sin la beca del Plan Progresar, muchos estudiantes del Plan Fines no podrían seguir.

De ahí que sin dudarlo, García destaque que “esto es parte de una política de hostigamiento generalizada contra los sectores populares, que viene llevando adelante este gobierno desde que asumió, que también apunta contra el Plan Progresar”. Pero también, “forma parte de una estrategia de desgaste para que los chicos no reclamen y abandonen”.

Y en las antípodas del pustch macrista, “desde la Federación Universitaria de La Plata y el MUI venimos trabajando para que se ate al Progresar a la ley de movilidad jubilatoria, tal como lo está la Asignación Universal por Hijo, para que pierda lo menos posible respecto a la inflación”.

Además, “estamos llevando adelante una campaña de relevamiento de la situación de los afectados para saber cuántos son, qué carreras cursan, si cumplen o no con los requisitos”, tras lo que “presentaremos los resultados al Ministerio de Educación y la Anses para que reincorpore y pague los meses adeudados a quienes se haya excluido incorrectamente”.

 

 

LEONARDO ROSALES07.07.2017

“Están condenando a muerte a muchos niños”

Fue la reacción del secretario del PC jujeño luego de que una diputada nacional por Jujuy y otra por Buenos Aires presentaran un proyecto para limitar la obligatoriedad de las vacunas.

La provincia de Jujuy, una de las más castigadas por la pobreza en nuestro país, ya no solamente es simbólica de las políticas macristas por la exclusión social, la represión política, la censura mediática y la prisión injusta de dirigentes sociales de la talla de Milagro Sala. También es la patria chica de la diputada nacional Alejandra Martínez quien, junto a su par Paula Urroz, presentó un proyecto de ley para que las vacunas obligatorias sean optativas, abriendo así la puerta para el reingreso al país de enfermedades que ya se habían casi erradicado, como la polio y la tuberculosis.

La medida despertó cuestionamientos desde todos los sectores, también desde el Partido Comunista, cuyo secretario para la provincia de Jujuy, dijo que las diputadas Martínez y Urroz están así “condenando a muerte a muchos niños”. Pero por ahora el proyecto, que hasta pretendió ser presentado en el Congreso Nacional con ínfulas cientificistas, ha quedado fuera de debate porque sus propias impulsoras lo bajaron luego de las críticas recibidas.

El proyecto se presentó bajo el rótulo de “Consentimiento informado en materia de vacunación”, y habla de posibilitar “la no aceptación de este acto médico”. Y ya desde el primer artículo propone que “las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico”.

No es raro que Martínez, la diputada que condenó que Milagro Sala tuviera “una mansión al lado de la mía” (aunque la mansión de Sala no exista y el problema para la diputada pareciera ser, en realidad, que una nativa originaria viviera al lado suyo), esté involucrada en este proyecto. Es que en su provincia, el gobernador Gerardo Morales, a cuyo partido, la UCR, pertenece Martínez, está embarcado en un plan de desmantelamiento de la salud pública.

En ese marco los profesionales de la guardia de Salud Mental del hospital San Roque salieron a denunciar que ya no pueden cumplir con sus tareas por falta de pago de sus sueldos. En un documento adviertieron sobre “la grave situación en que se encuentra hoy el sistema de salud y en particular el de salud mental”.

 

Quejas en rojo

Leonardo Rosales, apuntó que “la política sanitaria en la provincia es uno de los puntos más castigados por las políticas del gobierno provincial” y que esto se da “a través de uno de los ministros más cuestionados, que es Mario Fiad, candidato a senador por la alianza Cambiemos, que deja mucho que desear”.

“La política de Jujuy en cuanto la salud es una de las más criticadas de la gestión de Morales”, agregó y enfatizó que “la parte que se dedica a la salud mental está totalmente desprotegida”. “Desde el año pasado vienen renunciando médicos del hospital público por la falta de pago de los salarios”, repuso y cuestionó los “salarios bajos y las malas condiciones para atender en el hospital público las necesidades de los sectores más vulnerables”.

“Esto se corona con lo que trascendió en los medios, que es la posibilidad de que las vacunas ya no sean obligatorias sino optativas”, dijo y comentó que ello “viene a agravar aún más las condiciones de los niños en este contexto de desnutrición, marginalidad, y vulnerabilidad en los barrios más pobres”.

“Están condenando a muerte a muchos chicos”, fustigó y reflexionó: “esperemos que la gente empiece a darse cuenta que estamos ante un modelo perverso en el que la salud pretende ser un servicio y no un derecho, un servicio al que puedan acceder solamente los que puedan pagarlo”.

Señaló que “el impacto es tremendo para los sectores populares y la clase obrera en general” y pidió “ponerles un freno y dar el debate con la gente que se dedica a brindar salud, con la sociedad y el pueblo todo para revertir esta cuestión”.

CONFLICTO DOCENTE07.07.2017

Los porteños dan pelea

Tras haber sufrido un aumento salarial por decreto y comprobar aumentos mayores en otros distritos, los docentes de la Caba salieron a pedir con un paro una paritaria libre.

Luego de que en consulta los docentes bonaerenses aceptaran el aumento del 27 por ciento propuesto por el gobierno provincial tras larga lucha de los trabajadores, sus pares de la ciudad de Buenos Aires, inconformes con el aumento unilateral propuesto por el gobierno porteño e ilustrados por la pelea entablada por sus colegas bonaerenses, realizarán este martes un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales. Y de paritarias.

El paro fue convocado como un ejemplo de unidad, ya que son ocho los sindicatos porteños de trabajadores de la educación que llaman a esta medida de fuerza. Desde las organizaciones, explicaron que “Horacio Rodríguez Larreta insiste en sostener el cierre unilateral de la discusión salarial, que selló con un insuficiente 18 por ciento anual, y persiste también en negarse a convocar a la Mesa Salarial”.

Así el martes estarán en huelga UTE, Adef, AEP, Amet, Camyp, Sadop, Sedeba y UDA. Los afiliados están convocados, también, a manifestarse ese día a las 11 hs frente al ministerio porteño de Educación, presidido por la ministra Soledad Acuña y ubicado en Paseo Colón 255. Luego marcharán a la Legislatura de la ciudad.

 

Los comunistas con el reclamo

De la medida de fuerza participarán los comunistas, quienes también se harán presentes en la manifestación. Antonella Bianco, trabajadora docente de la Caba y militante del PC-FJC, explicó que “esta medida es absolutamente necesaria en primer lugar porque esta paritaria fue cerrada por decreto por parte del gobierno de la ciudad en un 19 por ciento, es decir a la baja” y porque “la mayoría de los compañeros docentes de las provincias, como es el caso de Buenos Aires, cerraron las paritarias en un nivel mucho más alto”.

“Estamos trabajando en la ciudad más rica del país, que ha aumentado los servicios y los impuestos en mucho más de un 19 por ciento”, manifestó y sostuvo: “necesitamos la reapertura de la paritaria”.

Por otro lado, observó que nos encontramos próximos a fechas electorales (algo que sin duda influyó en el gobierno bonaerense para que se ofertara a los docentes con objeto de cancelar el conflicto una cifra de aumento bastante mayor a la que venía ofertando). “Por eso creemos necesario impulsar la discusión ahora, que es cuando a partir del marco electoral la educación empieza a ser un eje de las campañas”, manifestó al respecto.

“Es necesario poner en agenda las disputas por un lado y por el otro los reclamos, que son necesarios en una ciudad que es la que más recauda en el país”, dijo y remarcó que las que impusieron el aumento del 19 por ciento para los docentes porteños “no fueron paritarias”.

También sostuvo que el magro incremento salarial propuesto hasta ahora “responde a una política de recorte en la educación pública”. “Pensemos que desde el 2001 a esta parte el presupuesto educativo pasó de casi un 30 por ciento a un 18 por ciento que, a su vez, está subejecutado”, le sumó.

“La política del gobierno de la ciudad, desde que asumió el macrismo la gestión y que llevó al gobierno nacional, es el recorte en la educación pública y el cierre de la paritaria a la baja también implica cuál es la idea que tiene el macrismo respecto a la educación pública en la ciudad”, consideró.

Asimismo, Bianco destacó que luego de la consulta docente en la provincia para aceptar el 27 por cientos ofrecido por la gobernadora (lo que también evidenció cierto agotamiento de las bases tras larga lucha), los docentes de la ciudad “estamos en un proceso de conciencia mucho mayor a partir de la experiencia que nos deja la lucha de los compañeros de la provincia”.

Recordó que, a diferencia de la provincia, a comienzos del ciclo lectivo “nosotros habíamos decidido con nuestros representantes en los sindicatos dar la educación con los pibes en las aulas. Luego reconoció: “eso no sirvió de nada”.

Puntualizó que “en este caso creo que los docentes y los gremios tienen un gesto de unidad importante porque no es sólo uno de los gremios el que convoca sino un frente tratando de traer la experiencia de la provincia”.

Repuso: “los docentes de la ciudad de Buenos Aires en este momento estamos con un nivel de concientización en el que sabemos que podemos torcer el brazo al gobierno de la ciudad, a Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña”. Y observó: “este primer día de paro es el comienzo de un plan de lucha que va a tener como consecuencia la reapertura de paritarias”.

 

 

Movilización en Zárate.07.07.2017

Resistir en la carpa.

Acampe en la rotonda de acceso a esta localidad del norte bonaerense. Uocra, Uecara, CGT y CTA exigen la reincorporación alrededor de mil operarios que se desempeñan en una operadora de la central nuclear Atucha. “La unidad y solidaridad de clase es fundamental para pararle la mano al gobierno” recalcó Cristian Poli.

La comunidad de Zárate volvió a movilizarse junto a los trabajadores de Atucha y el intendente Osvaldo Cáffaro, para solidarizarse con el acampe que en la rotonda de acceso a esta localidad del norte bonaerense, están llevando a cabo trabajadores agrupados en Uocra, Uecara, CGT y CTA que exigen la reincorporación alrededor de mil operarios que se desempeñan en la operadora de la central nuclear.

En este contexto, ayer por la tarde la situación se tensó cuando, en momentos en que los representantes de los trabajadores habían dejado el lugar para entrevistarse con las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina SA, se registró un desproporcionado despliegue de fuerzas de Gendarmería que -en actitud intimidante- aún permanecen en el lugar.

Así, mientras Atucha ratificaba los casi mil despidos, el Ministerio de Trabajo de la Nación se negaba a dictar la conciliación obligatoria, algo que hubiese aportado a descomprimir un poco la situación.

En este escenario, los trabajadores realizaron una asamblea en la que también participaron alrededor de cuatrocientos obreros despedidos de las industrias químicas Carboclor y Lanxess que, durante los últimos días, anunciaron el cierre de las plantas que poseen en la región. Ahí se estableció que sigue el acampe y la movilización.

También está presente en el lugar, tal como lo viene haciendo en todo este proceso de resistencia que se desarrolla en Zárate, la CTA Ribera del Paraná, cuyo titular Cristian Poli, fustigó a la patronal que “dice que no tiene recursos, pero en realidad recursos existen, las obras ya están planificadas y otras complementarias a la construcción de Atucha IV ya fueron sido iniciadas”. Por lo que denunció que “hay una decisión netamente política de no darle continuidad laboral a los trabajadores y, por eso, el Gobierno no habilita los recursos necesarios para que los operarios sigan trabajando hasta que se inicie la construcción de la obra central de Atucha IV”.

 

Unidad concreta

Lo pasa en Zárate tiene varias aristas y todas son paradigmáticas del modelo que intenta imponer el tándem de poder real que, desde diciembre de 2015, también gobierna. La desestimación de cualquier canal de diálogo y represión como respuesta excluyente a las demandas proveniente desde el universo del trabajo y la destrucción de un proyecto energético estratégico central para el desarrollo soberano del país caracterizan el pustch gubernamental. Pero en este marco tiene lugar la respuesta de los trabajadores que se articulan y comienzan a construir –desde la diversidad- masa crítica capaz de resistir.

“Advertimos que hay una decisión política de limitar la soberanía energética en función de los acuerdos del Gobierno con empresas multinacionales, entre ellas la Panamerican Energy y Araucaria Energy, una empresa formada en las Islas Caymán, que busca maximizar ganancias con la construcción de centrales termoeléctricas que, encima, ni siquiera quiere pagar impuestos”.

Pero por otro lado, Poli advirtió que el gobierno también apunta a debilitar la matriz energética del país “en base a una alianza con los países centrales capitalistas, en desmedro de la política de multipolaridad que venía construyendo el gobierno de Cristina Kirchner” y recordó que el ejecutivo nacional “sigue sin cumplir los acuerdos oportunamente suscriptos con la República Popular China”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que tampoco lo sorprende la actitud del Ministerio de Trabajo que “se convirtió en una sede de las empresas multinacionales” y de ahí “las respuestas que viene dando a toda la conflictividad social que recorre al país y, en particular, a la que afecta a Zárate”.

Pero no todo el panorama es desalentador. “En nuestra zona se constituyó una unidad concreta, en la calle, de todos los sindicatos”, puntualizó Poli y resaltó que “formamos parte de la construcción de esa unidad, como CTA y como comunistas”, tras lo que señaló que “vamos en camino de construir un plan de lucha que va a comprender una movilización en forma de caravana hacia la Ciudad de Buenos Aires”.

En este sentido, Poli recordó que “desde hace muchos años, desde el PC, venimos trabajando con compañeros de los distintos sindicatos en lucha”, ya que “ahí la unidad y la solidaridad de clase es fundamental, lo que va construyendo lazos que permiten que se pueda constituir un frente común del movimiento sindical capaz de pararle la mano a este gobierno y a las políticas de las empresas multinacionales”.

Desde febrero de este año, 2.700 trabajadores de la zona comprendida entre Baradero y Vicente López fueron echados a la calle. En marzo de 2016, 2.400 operarios fueron despedidos de Atucha y, de ellos, sólo novecientos recuperaron su empleo y a ellos debe sumarse otros tantos de la industria química, metalúrgicos y empleados de comercio que se quedaron sin trabajo desde diciembre de 2015. “Sólo en Zárate se están registrando por día cinco cierres de comercios”, señaló Poli para describir un escenario desolador y añadió que “a esto hay que sumarle los trabajadores no registrados que se quedan sin trabajo”.

ELECCIONES EN CORRIENTES.06.07.2017

Un test a dos semanas de las nacionales.

Por decreto, el gobernador Colombi determinó que los ejecutivos y legislativos provinciales y municipales se elegirán el 8 de octubre.

La provincia de Corrientes, gobernada por el radical aliado del macrismo Ricardo Colombi, definió que elegirá a su nuevo gobernador el día 8 de octubre. Así lo determinó por decreto el máximo mandatario provincial, por lo que las elecciones en este distrito de más de 1,1 millones de habitantes, 850 mil electores y lindero con tres países, serán desdobladas ese mes porque, recordamos, el 22 de octubre son las elecciones legislativas en todo el país.

Sin embargo, la alianza ECO-Cambiemos, que está impedida constitucionalmente de renovar el mandato de Colombi, aún no definió quién será su candidato a gobernador. No así la lista del Partido Justicialista, apoyada por el PC, que tiene en el medallista Carlos Mauricio Camau Espínola a su ficha fuerte y se plantea recuperar el control de la provincia, lo cual, a dos semanas de las elecciones nacionales, sería un fuerte golpe al macrismo.

Con la fecha desdoblada, Corrientes elige, además de gobernador y vicegobernador, a cinco senadores y 15 diputados provinciales. A su vez, los municipios que integran la provincia renovarán sus intendencias y sus respectivos concejos. De todos los electores empadronados, en esta elección provincial están habilitados a votar los 700 mil correntinos mayores de 18 años.

Entre los posibles candidatos del macrismo provincial y en una fuerte disputa interna se perfilan los nombres de Eduardo Vischi, jefe del gabinete provincial y ex intendente de Paso de los Libres, tercera localidad de la provincia; el diputado nacional, Gustavo Valdes; el ministro Carlos Vignolo; el senador provincial Sergio Flinta; el actual vicegobernador, Gustavo Canteros y la titular de Vialidad Nacional para el nordeste argentino, Ingrid Jetter.

Luego de haber decretado la fecha de los comicios provinciales, el gobernador anunció: “dentro de quince días anunciaremos los candidatos para todos los cargos”. En cambio su rival, Camau Espínola, poco antes había dicho estar “preparado para gobernador de Corrientes luego de 16 años de atraso”, criticando así, de paso, la gestión radical en la provincia.

 

El rol del PC

Sonia López, presidenta del PC correntino, dijo que los comunistas de Corrientes “hemos definido la participación en el frente con el PJ y el conjunto de aliados fundadores del Frente para la Victoria”. Y valoró que “nuestra participación está definida desde que se ha reconstituido un diálogo con el Partido Justicialista a instancias de una convocatoria del candidato a gobernador Camau Espínola, que se compromete a un programa de gobierno vinculado a las necesidades del conjunto del pueblo correntino”.

Por otro lado consideró que el desdoblamiento de las elecciones en la provincia “tiene que ver con la especulación del gobernador Colombi porque todavía no tiene definido un candidato suyo”. Al respecto, adujo: “hay mucha interna en el radicalismo y mucha presión del presidente Macri para imponerle la candidatura”.

Además, recordó las implicaciones del gobierno provincial con el narcotráfico, aunque dio a entender que los aparatosos allanamientos realizados en la provincia fueron “una medida del gobierno nacional para utilizar el tema del narcotráfico, que es un problema grave en todo el país pero, sobre todo, en las zonas de frontera, que son zonas de tránsito”. “Utilizaron esa cuestión para la regulación y el control de los armados políticos”, agregó.

López también observó que en este marco “hay una presión solapada al gobernador de la provincia, que adhiere sin cortapisa a todo lo que se le impone”. A esto le sumó que en la provincia “hay un discurso que dice que ahora Corrientes está alineada con la Nación, aunque no haya ningún beneficio para el pueblo correntino en esta alianza”.

Puntualizó que Corrientes, pese a la alianza de su gobernador con Macri es una de las menos favorecidas por el gobierno nacional y en ese camino remarcó que, por ejemplo, “en toda la zona costeña del centro-norte de Corrientes los ríos han crecido y no hemos tenido ninguna asistencia ni un estímulo para recuperar los miles de millones de hectáreas en la producción”. Repuso: “ni los pequeños ni los grandes productores han sido socorridos”.

“El hecho de que haya ganado en la capital Eco-Cambiemos no es indicador de que ganen en la provincia”, dijo recordando la elección previa y advirtió: “por el contrario, el mismo electorado de la capital vota por lo general a un partido diferente al de la provincia”. “Nuestro pueblo vota así”, resaltó finalmente.

 

 

Devaluación y aumento de combustibles.06.07.2017

Preocupación pyme.

“La devaluación se traslada a los precios internos” denunció Apyme y remarcó que el ejecutivo lleva adelante una política económica regresiva, desigual y destructora del aparato productivo nacional.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) hizo pública su preocupación ante los aumentos de combustibles de 7,2 por ciento para las naftas y seis en el caso del gasoil autorizados por el Gobierno Nacional, con lo que se acumula a subas de un ocho por ciento a principios de año y acumula un 51 desde diciembre de 2015.

Al respecto, hace hincapié en que para las pymes “esto significa una agudización de la emergencia sectorial, que no está determinada mayormente por los juicios laborales, como pretende el Gobierno, sino por una política económica regresiva, desigual y destructora del aparato productivo nacional”.

Lo hizo por medio de una declaración firmada por el titular y el secretario de Apyme, Eduardo Fernández y Juan José Sisca, donde se recuerda que este tarifazo convalidado por los ajustes trimestrales acordados entre las empresas del sector y el gobierno, tienen uno de sus componentes en la escalada del dólar y advierte que, a contrapelo de lo que asevera La Rosada, “la devaluación se traslada a los precios internos”.

Asimismo, puntualiza Apyme que esto no sucede sólo en el caso de los combustibles, “sino con todos los componentes de las cadenas de valor, a causa del comportamiento tradicional de los grandes formadores de precios, que en ningún momento han dejado de maximizar su rentabilidad mediante la remarcación de sus productos, con el consiguiente perjuicio sobre el salario y la demanda masiva”.

Y sin dudarlo resalta lo determinante de la actitud del complejo agroexportador: “al tiempo que retiene las cosechas especulando con la suba del dólar, incide drásticamente en los fuertes aumentos en el precio de los alimentos, como los registrados durante el último mes”.

Así, las pymes “siguen siendo doblemente perjudicadas, ya que sufren por un lado los aumentos de insumos, energía y combustibles sin poder trasladarlos a precios en un marco de continua caída en las ventas a causa de la pérdida de poder adquisitivo de la población”.

Mientras tanto, “las autoridades económicas insisten en el intento de reducir la inflación por medio de políticas restrictivas, con altas tasas y apertura de importaciones, sin tomar nota de que el proceso de aumentos continúa en un marco recesivo” algo que contribuye a que se sigua destruyendo a la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas que, fundamentalmente, dependen del mercado interno.

Tras lo que denuncia que “estas políticas continúan beneficiando a los sectores financieros especulativos, las empresas de energía y las grandes corporaciones locales y extranjeras, que no realizan inversiones productivas, sacan sus divisas fuera del país y controlan sus costos mediante salarios a la baja, despidos y suspensiones”.

 

Un amigo

Mientras tanto, aunque reconoció que un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reconoce que la producción de pymes industriales cayó 1,7 por ciento en mayo y acumula veinte meses en baja, su titular Fabián Tarrío, renovó su confianza en el rumbo elegido por el Gobierno que “transita el camino correcto”.

Lo hizo al encabezar el acto por el Día Internacional de las Pymes junto a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Ahí, en sintonía con sus invitados, Tarrío se despachó “contra la industria de los juicios laborales “ que, señaló, “no es contra los obreros, sino que hay abogados que se aprovechan de su debilidad”.

Pero, al parecer, no todos piensan lo mismo en esta entidad. Su ex titular, Osvaldo Cornide, fue crítico cuando remarcó que “seguimos muy complicados desde hace 17 meses caen las ventas de los comercios y la producción de las industrias, las economías regionales la pasan mal y el costo de tomar un crédito sigue alto” y sentenció: “no veo la recuperación”.

Biblioteca Iris Avellaneda 05.07.2017

Los libros de la buena memoria

Se inauguró en el local del PC ubicado en la intersección de las calles Portela y Tandil, en el barrio porteño de Flores, la Biblioteca Popular Iris Pereyra Avellaneda, en un acto en el que –entre otros- se dieron cita la madre del Negrito Floreal Avellaneda, el secretario de la Liga Argentina por los derechos del Hombre, José Schulman y el titular del PC de la Ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Peula.

También estuvo la secretaria de la FJC Comuna 7, Ani Beigbeder, quien al dirigirse a los presentes le agradeció a Iris su ejemplo de entereza y lucha inclaudicable. Por su parte, visiblemente emocionada, Iris hizo pública la alegría que sintió al ver el local partidario repleto de jóvenes y los instó a “mantener la unidad para lograr la victoria”.

También hizo uso de la palabra el secretario del PC Comuna 7, Adrián Lomlomdjian, quien entre otras cosas convocó a “recuperar la mística comunista y hacer cada vez más grande y fuerte al PC, para lograr transformar en realidad el sueño y objetivo de la revolución socialista en nuestro país”.

 

 

Razzias, palos y represión 05.07.2017

Hora de control social

Mientras gasta millones en armar operativos represivos de la protesta social, destina otro tanto a hostigar trabajadores en el conurbano. Mientras tanto, el delito crece los que se enriquecen son los de siempre y las víctimas también.

Cuando todavía retumbaba el eco de las balas de goma disparadas en la brutal represión perpetrada por la Policía de la Ciudad contra familias que reclamaban ante la sede del Ministerio de Desarrollo Social, integrantes de esta misma fuerza apalearon a miembros de organizaciones sociales y políticas que se movilizaron hasta el Palacio de Tribunales para demandar la liberación del dirigente mapuche, Facundo Jones Huala.

Esta vez, los uniformados –y otros que ni siquiera lo estaban- arremetieron a golpes contra manifestantes que no habían cortado calles ni bloqueaban la circulación, en las inmediaciones de la intersección de Talcahuano y Tucumán.

Quienes ahí se reunieron eran pocos, muchos menos de los que el 20 de junio se dieron cita ante otra sede tribunalicia, la de Comodoro Py, donde abiertamente y de una forma bastante violenta apretaron a los jueces que se empeñan en impartir justicia tal como lo establecen los códigos vigentes en nuestro país. Es decir, aquellos que no se convirtieron en operadores del poder real al que representa el gobierno desde diciembre de 2015. Esa vez, por supuesto, no hubo represión.

Aunque parezca pedestre, el ejemplo es elocuente y habla del papel que el órgano de poder judicial y, sobre todo, las fuerzas de seguridad, tienen asignado dentro de la estructura del Estado Liberal Burgués.

Quizás por esto es que a nadie debería sorprender que el titular del gobierno -que con la formidable complicidad de la massmedia dominante- intenta que se naturalice la represión a quienes protestan, fundamentalmente si quienes lo hacen son trabajadores y pobres, haya recalcado que no va a permitir que se naturalice la caída de policías en cumplimiento de su deber.

Lo hizo en el contexto de la ceremonia que se llevó a cabo ante el monumento La Policía Federal Argentina a sus Caídos en Cumplimiento del Deber, emplazado en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Juramento, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el mandatario aseveró que el policía “es un servidor público y alguien que cumple un rol fundamental”.

Está claro que nadie quiere que mueran policías en cumplimiento de su deber, pero también lo está que el deber que quien hizo esta advertencia -Mauricio Macri- le asigna a la Policía, se reduce al de ser mero dispositivo al servicio del control social, cada vez más alejado de la tarea de prevención y represión del delito.

Difícilmente el personal policial adiestrado para infiltrar y atacar organizaciones sociales y de trabajadores, tenga una formación apta para hacerlo contra organizaciones delictivas. Por eso no sorprende que mientras personal policial que -como les gusta decir a ellos- pagamos todos con nuestros impuestos, anda pegándole a trabajadores que piden que el sistema los incluya, en los barrios de las periferias del conurbano crezca el desamparo de los vecinos, víctimas de bandas delictivas que suelen actuar en connivencia con una policía que posee un alarmante grado de autonomía respecto al poder político.

 

Lo viste por El Trece

El Gobierno sabe que tiene un público cautivo que disfruta cuando la pantalla de televisión le lleva, hasta el living de su casa, la imagen de un montón de personas uniformadas como para ir a la Guerra del Golfo, encabezados por Patricia Bullrich o Cristian Ritondo que, ceñudos, observan el piso tapizado por ladrillos, alineados prolijamente, de algo que les dicen, es droga.

Desde la subjetividad de ese público todo cierra a la perfección cuando el telón de fondo es cualquier villa o barrio humilde de la periferia. Es que, desde esta perspectiva, dos más dos da cuatro, es decir, pobre-villa-periferia es homologable a delincuencia.

Esta relación simbiótica entre el mensaje massmediático y quienes pasivamente aceptan convertirse en público, puede llegar al paroxismo cuando la pantalla transmite en vivo (¡sí en vivo!) la trama perfectamente guionada, en la que los servidores públicos (si se visten así y lo dice la tele deben serlo) aparecen rompiéndoles la cabeza a una Banda de K que, seguramente, está ahí para pedir subsidios porque no quieren trabajar. Después de todo, el público está crispado y lo que dice la tele es verdad.

Así, aunque en la TV nunca vayan a preguntar quienes son los que verdaderamente se benefician con un negocio formidable como el de la droga, la foto brinda certezas y esto es fundamental, sobre todo, en un año de elecciones.

Por eso es que durante las últimas jornadas uno de los principales componentes de la maratón mediática estuvo vinculado a la exhibición de megaoperativos como el que tuvo lugar en la Villa 1-11-14 donde más de 2.200 efectivos de Gendarmería y la policía participaron de noventa allanamientos donde, para la foto, además de la ministra Bullrich se dieron cita el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, los secretarios de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.

Así las cosas y con menos alharaca massmediática, crece la violencia institucional que comenzó a profundizarse con la llegada de Macri a la presidencia y el tándem Vidal-Ritondo a la gobernación bonaerense.

Días atrás, la Comisión Provincial por la Memoria denunció que proliferan las razzia, práctica a la que definió como “ilegal y arbitraria” en colectivos interurbanos del Gran Buenos Aires y la zona de La Plata, algo que asoció al incremento de la violencia policial.

“Estos hechos que pretenden ampararse en la excusa del combate del delito, constituyen una vulneración de derechos y están fuera de cualquier marco democrático”, advirtió la organización que preside el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tras lo que sin dudarlo hizo hincapié en que “la política criminal del gobierno y del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, refuerza una orientación que ya ha probado su ineficacia: la mano dura”.

Y, a modo de ejemplo, cito el caso que tuvo lugar el sábado 24 de junio en la zona de la estación ferroviaria Quilmes, donde personal de la Policía Bonaerense detuvo “de manera sistemática colectivos interurbanos” y “obligaron a sus pasajeros a descender, los cachearon y requisaron de manera violenta”, al tiempo que “revisaban todas las pertenencias personales y exigían documentos” y si alguien se negaba “se le impedía volver a subir”. Tras lo que alertó que episodios similares se registraron en La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría.

Asimismo, destacó que es evidente que “lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos” y mientras esto sucede, “los delitos complejos, que son los que realmente deberían ser perseguidos, no se reducen, porque esta política, que una vez más vuelve a promoverse, sólo persigue a los eslabones más débiles de la cadena”.

Conurbano caliente 05.07.2017

El miedo como argumento

“Buscan instalar miedo en la población en general y, en particular, entre la juventud y no cumplen el objetivo de disuadir a quien comete algún delito”, dijo la integrante de la Dirección del Partido Comunista de Zárate, Tania Caputo.

“Los operativos policiales conocidos como razzias en colectivos de pasajero son una forma de disciplinar a la clase obrera”, definió el secretario adjunto de Suteba Lomas de Zamora, Emanuel Ríos, y en idéntica dirección, la integrante de la Dirección del Partido Comunista de Zárate, Tania Caputo, aseveró que “buscan instalar miedo en la población en general y, en particular, entre la juventud y no cumplen el objetivo de disuadir a quien comete algún delito”, ya que “sabemos que existe connivencia entre la delincuencia organizada como la del robo de automotores o tráfico de drogas y las fuerzas de seguridad”.

Por su parte, desde Lanús, el titular local del PC, Pablo Dominichini, alertó que esta práctica responde a la necesidad del gobierno de demostrar que reprime a los sectores más vulnerables de la población, para poder implementar su programa económicos de exclusión” y, desde Florencio Varela, su par de este partido, David Gómez, recordó que “está claro que lo hacen como una forma de generar un estado policial”, tras lo que añadió: “se paran en el pedido de seguridad que hace el sentido común de nuestra sociedad y, en un momento electoral, esto forma parte de la campaña”.

Es que, sostiene Ríos, “sacando toda la policía en este momento intentan presentar una especie de seguridad, por parte del gobierno nacional que tiene cada vez más bajo su nivel de aceptación”, pero también “lo hacen para disciplinar a la clase” ya que “cuando se hace una razzia en un micro se palpa a los obreros de la construcción, del neumáticos, metalúrgicos, quieren mantener a raya a la clase trabajadora”.

 

El modelo cierra con represión

¿Pero qué buscan con esto? “Siempre dijimos que este modelo neoliberal cierra con represión”, remarcó Ríos y recordó que “con tantos excluidos y tanta gente desamparada por las políticas de hambre del macrsimo, la única forma de controlar la bronca popular es el avance del disciplinamiento por parte de las fuerzas de seguridad”.

Por su lado, Gómez insistió con que “pretenden generar miedo, intimidar y amedrentar”, pero además “quieren mostrar que ellos tienen el control sobre todos nosotros”, algo que Tania Caputo definió como la intención de “instalar miedo, algo que necesita Macri para achicar el Estado y la reducción de derechos de las mayorías”.

De ahí que la dirigente de Zárate señale que se perpetra esta “línea de represión dirigida hacia sectores políticos y sociales que plantean resistencia, por eso la cacería de dirigentes de movimientos sociales frente a Desarrollo Social: quieren limitar la protesta”.

Así, mientras Dominichini añade que “quieren ahogar toda rebeldía popular contra su modelo económico”, Ríos puntualiza que “las políticas de seguridad están pura y exclusivamente dirigidas al control social de la clase trabajadora y a los jóvenes en particular” por lo que, advierte, “esto que vemos ahora es el sólo comienzo de algo se profundizará en la medida de que las políticas antipopulares se profundicen: a mayor cantidad de medidas antipopulares, mayor cantidad de policías en las calle para reprimir a la clase trabajadora”.

Y, si para muestra basta con un botón, ahí está la brutal represión perpetrada contra cooperativistas ante la sede del Ministerio de Desarrollo Social. “Esa tiene mucho que ver la represión en los barrios hacia la clase trabajadora”, señala Ríos y recuerda que los cooperativistas están entre los sectores más castigados por las políticas gubernamentales, pero además “llevan adelante proyectos de inclusión de sectores populares que quedaron afuera del circuito productivo en los 90 y el Gobierno vuelve a expulsar”.

Mientras tanto, para Gómez “la ataque a los compañeros cooperativistas es el inicio de una etapa represiva que se va a dar durante la campaña electoral, apoyada en los medios masivos que exigen que no se corten calles y, así, influyen en el sentido común de la población”.

En este sentido, Tania Caputo, reflexionó que “los planes de ajuste y de reducción de derechos sociales, económicos y políticos sólo cierran con más represión” por lo que “para la organización popular creciente, la respuesta es más represión”. Y, a modo de síntesis, Dominichini añadió que “el propio plan de gobierno no cierra sin represión y en esta campaña electoral quieren mostrarse como que ellos vienen a poner orden”.

La situación desde el territorio 05.07.2017

Casos testigo

Desde diferentes puntos del Gran Buenos Aires, voces del Partido Comunista advierten sobre la escalada represiva en desarrollo.

Lanús, Zárate, Florencio Varela y Lomas de Zamora son cuatro de los puntos del conurbano bonaerense que más fueron agredidos por cierres de unidades productivas y despidos de trabajadores durante el año y medio que lleva en el gobierno el tándem Macri-Vidal.

Pero también –y en esto nada es casual- son algunos de los partidos en los que más se hace sentir esta escalada de amedrentamiento y violencia institucional que se lleva a cabo.

“En nuestro municipio se viene dando -desde hace un tiempo- las razzias policiales, principalmente en los barrios 2 de abril y Juan Manuel de Rosas que se conoce como Olimpo”, señala el dirigente de Suteba, Emanuel Ríos, que trabaja en una escuela de esa popular barriada de la periferia lomense donde estas prácticas policiales crecen “como en las viejas épocas de la dictadura o como en los 90 de Duhalde, cuando las Maldita Policía bonaerense detenía a cualquiera por portación de rostro o de barrio”. Y lamenta: “los chicos nos cuentan que las razzias son parte de su cotidianeidad”.

Mientras tanto, en Florencio Varela “llevan adelante controles en micros, hacen bajar a los pasajeros que en su mayoría son hombres y en horario de trabajo, piden datos según la apariencia del pasajero, arbitrariamente, algo que genera mayor miedo entre la población”, relató Gómez.

Y, Dominichini explicó que, al ser un municipio gobernado por el PRO, Lanús tiene la particularidad de que “aquí controlan con todo el aparato represivo estatal, es decir,la Policía Municipal, La Bonaerense, la Federal, Prefectura y Gendarmería, y lo utilizan para control de la protesta”.

Tras lo que Tania Caputo recordó que en Zárate hay una base de Prefectura “y en este esquema del que fuerzas armadas son las que se encargan de la seguridad ciudadana”, por lo que “muchos de los operativos los realiza Prefectura”.

Y fue clara cuando sentenció: “si un policía bonaerense o federal no tiene capacidad en tema de Derechos Humanos, pese a que tienen una escuela donde deberían formarse en este tema, mucho menos lo tienen los integrantes de otras fuerzas ni siquiera tienen formación para realizar controles y razzias en los barrios”.

 

Para la libertad 04.07.2017

Campaña por Milagro

Se lanzó ante el Palacio de Tribunales. Quienes deseen sumarse pueden hacerlo por medio del sitio web liberenamilagro.org y, en las redes, a través de los hashtags: #LiberenAMilagro y #FreeMilagroNow. En Mendoza, tras tres meses de durísima reclusión, le otorgaron la prisión domiciliaria a Nélida Rojas.

Ante la sede de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, el lunes se lanzó la campaña la Campaña Internacional por la Libertad de Milagro Sala que, tal como lo señaló ahí la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, exige que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie “sobre la detención arbitraria e ilegal” que sufre la titular de la Tupac Amaru.

El sitio elegido no es azaroso. La campaña se lanzó el día anterior de que en el Palacio de Tribunales, la Corte celebre su habitual acordada de los martes, pero también en coincidencia con la apertura de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sesiona en Lima.

Al respecto, Gómez Alcorta advirtió que el máximo tribunal ya lleva noventa días de demora en el tratamiento de dos expedientes sobre la detención de Milagro Sala, al tiempo que otro de los que lideran la Campaña, el periodista Horacio Verbitsky, fustigó la “discrecionalidad de tipo monárquico” que exhiben los supremos y, sin dudarlo, aseveró que la titular de la Tupac Amaru es “rehén de la democracia”.

Quienes deseen sumarse a la Camapaña, pueden hacerlo por medio del sitio web liberenamilagro.org y, en las redes, a través de los hashtags: #LiberenAMilagro y #FreeMilagroNow. Entre quienes ya lo hicieron están Baltasar Garzón, Estela Carlotto, Taty Almeida, Julian Assange, Chico Buarque, Leonardo Boff, Dilma Rousseff, Lita Boitano y Hugo Yasky.

“Los abajo firmantes reclamamos la libertad inmediata de la dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala y los demás presos y presas políticas de la organización Tupac Amaru. Nos unimos así a un creciente número de voces alrededor del mundo -como la de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, y organizaciones tales como Amnesty Internacional, el Centro de Estudios Legales Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Human Rights Watch, entre otras- que han llamado al Gobierno que usted preside a poner fin al arbitrario encarcelamiento de la Sra. Milagro Sala. El Estado argentino debe poner fin a las violaciones a los Derechos Humanos y asumir el firme compromiso de no utilizar nunca más el encarcelamiento arbitrario como forma de persecución, disciplinamiento y represión de la disidencia política”, señala la petición alojada en el sitio web.

 

Nélida Rojas

Por su parte, días atrás la Justicia de garantías de Mendoza otorgó la prisión domiciliaria a Nélida Rojas, quien es responsable de la Tupac Amaru en esa provincia, quien debió jubilarse por discapacidad del Hospital Central donde se desempeñaba como enfermera, tras ser operada de columna. Pero su enfermedad no fue obstáculo para que la recluyeran tres meses y sin calefacción en el penal Agua de las Avispas, ubicado al borde de la cordillera donde se registran temperaturas inferiores a cero grado.

La domiciliaria para Nélida Rojas es producto de un habeas corpus presentado por el abogado defensor, Alfredo Guevara, quien hizo hincapié en que las condiciones de detención perjudicaban el estado de salud de su defendida.

“La lucha tiene que continuar, queremos la prisión domiciliaria para los otros cooperativistas que todavía siguen presos, queremos la libertad y estamos peleando por ellos”, destacó la dirigente del Partido Comunista de Mendoza e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Tatiana Musatto, quien recordó que la suya, “es la segunda provincia, después de Jujuy, en cantidad de casas construidas y de cooperativas de trabajo formadas por la Tupac Amaru”.

Asimismo, recordó que la detención fue decidida “por un fiscal muy vinculado al gobernador Cornejo” y, tal como ocurre en el caso de Milagro Sala, “su causa, fundamental, es asociación ilícita, algo bastante abstracto porque implica que dos o más personas se juntan para cometer un delito”.

Pero esta no es la única similitud entre ambos casos. “A partir de eso se da la situación de comprar, por decir de alguna forma, a ex socios de algunas cooperativas, son muy pocos aquellos que dicen que fueron obligados a ir a marchas, pero para Cambiemos y los radicales constituye un delito participar en las movilizaciones, por este motivo Nélida y una parte importante de su familia fue detenida” y recordó que “incluso a sus hijas no les dejan la posibilidad de dar de mamar sus hijos”.

También recordó que, como subsecretaria de Cooperativas de la provincia durante la gestión de Francisco Pérez, “normalice la situación de las cooperativas de la Túpac Amaru, como corresponde, porque hay cooperativa de trabajadores y de gente muy humilde que muchas veces no tienen los papeles al día, ya que no pueden pagar a un estudio jurídico”.

Después destacó que “en esos momentos hice visitas a las construcciones, no como militante comunista, sino como subsecretaria de la provincia, y constataba permanentemente el cumplimiento del trabajo de los asociados, tanto de las cooperativas de trabajo de construcción, como la textil” e hizo hincapié en que “donde había un páramo se convirtió en un gran barrio, se podía ver a la gente trabajando, a las madres solas que podían tener su casa, además de levantar una guardería, juegos para chico y todas la construcción social que hizo la Tupac Amaru”.

Tras lo que, sin dudarlo añadió: “esta fiscal (Gabriela Chaves) es bastante fascista” y puntualizó que “trabaja directamente bajo las órdenes del gobernador Cornejo y su objetivo es demostrar que no se cumplía el objeto cooperativo, en este caso, proveer el trabajo”, pero lo hace porque “ellos no quieren permitir que los sectores populares, más postergados se organicen para modificar su situación social y, así, tengan los mismos derechos que los chicos bien, blanquitos y rubios”.

Impunidad en San Martín de los Andes 03.07.2017

Más para los más ricos

El gobierno de Neuquén vendió 140 hectáreas de bosque nativo a la empresa Nieves del Chapelco. La afortunada compradora pagó ocho mil pesos la hectárea, menos de lo que se abona mensualmente por el alquiler de un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Caballito.

“Nuevamente nos están robando en San Martín de los Andes”, dijo el titular del Partido Comunista de esta localidad neuquina, Gerardo Granda, respecto a la reciente venta de 140 hectáreas del cerro Chapelco que llevó a cabo el gobierno provincial a la empresa Nieves del Chapelco, por decreto, y a sólo ocho mil pesos la hectárea.

Omar Gutiérrez, gobernador y dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), vendió 140 hectáreas de bosque nativo, ubicadas en la cima del cerro Chapelco, a la empresa concesionaria del centro de ski que ahí está emplazado que, así, extiende su negocio ya que construirá un exclusivo complejo con cabañas y hoteles cinco estrellas.

La intendenta de San Martín de los Andes, Brunilda Rebolledo, dice que “el Gobierno siempre tuvo el impulso de generar acciones con precios de fomento” y que la fuerza que integra, el MPN “siempre tuvo apego a las leyes de protección del medio ambiente”. Pero Granda no piensa lo mismo y hace hincapié en que “la decisión de hacer un barrio privado es algo absurdo que no tiene en cuenta a la naturaleza”.

Y recalca que “esas tierras de ahí arriba, como acá abajo, son lugares donde no se puede construir más, estas zonas funcionan como esponjas, hay prohibiciones de hacer construcciones complejas, donde hay muchas camas para explotar, porque se transforma en un boomerang y se vuelve en contra, ya que esa zona lo que hace es absorber el desborde del lago Lacar, los estudios geográficos así lo indican”.

 

De remate

Asimismo, Granda fue muy claro cuando destacó que en Neuquén “tenemos una ley de bosques que la presenta como una de las zonas vulnerable” y con dolor recuerda que, durante 2016, “se cortaron dos hectáreas de bosque nativo de lenga y de ahí arrancaron como punta de lanza para seguir, todo para beneficiar a quien tienen la concesión de la explotación del Cerro Chapelco y de su complejo invernal”.

Porque, definió, “acá la tierra se la vincula a los negocios inmobiliarios” tras lo que recordó que, antes, “quisieron modificar la costa del lago Lacar”, ya que “no querían dejar un metro de playa” y advirtió: “los que tienen toda la plata de Argentina están invirtiendo mucha plata en la región vinculada al negocio turístico”.

Y, tras recordar que “esta ventas de hectáreas las hizo Jorge Sapag cuando fue gobernador” insistió en que la resistencia que provoca este tipo negocios inmobiliarios “va a seguir generando reclamos en los que estamos presente, principalmente, los que son impulsados por los pueblos originarios que se suman a la mesa intercultural y también de parte de los trabajadores estatales”.

La lenga es una especie de árbol tradicional de la región que está catalogado como categoría roja, esto es, el máximo valor de conservación que incluye la Ley de Bosque. Pero esto parece no haberle importado al Gobierno provincial cuando vendió cada hectárea a menos de lo que se paga mensualmente, por ejemplo, por el alquiler de un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Caballito. El proyecto de Nieves de Chapelco nunca fue analizado por el ente que regula la Ley de Bosques, la Ley de Recursos Hídricos ni por el Ministerio de Medio Ambiente. La iniciativa prevé la construcción de un barrio cerrado de lujo y un hospedaje para el segmento ABC1, el de mayor poder adquisitivo.

 

 

Villa 31 03.07.2017

La transa de la autopista

Desde el Partido Comunista y la Fede se exigió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abra un espacio de discusión y participación para los vecinos y haga público su plan de obras de urbanización.

El PC y la FJC recalcaron que es prioritario que los vecinos de la Villa 31 “tengan derecho a la vivienda, educación, salud y todos los servicios públicos que debe garantizar el Estado” y exigieron que el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y el secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández, “abran un espacio de discusión y participacióndonde presenten el plan maestro de obras vinculadas con la urbanización y se demuestre voluntad de priorizar las necesidades concretas de los habitantes del barrio y no los negocios privados”.

En este sentido, recuerdan que hace siete meses los vecinos y organizaciones sociales de la 31 “que conformamos la Mesa Participativa por la Urbanización y Radicación del Barrio Carlos Mugica, nos movilizamos a la Legislatura Porteñadonde, en audiencia pública, se discutió y aprobó el proyecto de cambio de traza de la Autopista Illia” pese al desacuerdo de los habitantes del barrio. También que “el proyecto destina 1.700 millones a una obra que, lejos de ser prioritaria, no cambiará la calidad de vida de los vecinos y sólo beneficiará el negocio de grandes constructoras” que desde hace mucho “ansiaban la alineación de los Gobiernos Nacional y Porteño para avanzar en este proyecto”.

Y recalcan que “con esa inversión se deberían priorizar las obras de apertura de calles, construcción de las tres mil viviendas que se necesitan para llevar a cabo el plan de urbanización, crear escuelas para responder a la problemática de falta de cupo, construirhospitales para brindar salud pública y preventiva a los vecinos del barrio y garantizar todos los derechos de acceso a servicios públicos”.

 

Plan

El PC y la Fede recordaron que para realizar el cambio de traza de la autopista, “el plan requiere de la relocalización de 35 familias que se encuentran en el camino de los planes del PRO” por lo que, “las viviendas para estas familias se encuentran en construcción en una zona del polígono del barrio y se les informa a los vecinos que su traslado será efectivo antes de fin de año”. Perono queda claro “en qué condiciones se realizará la entrega de las nuevas viviendas, si los vecinos recibirán los títulos de propiedad, si tendrán que pagar y en qué condiciones”.

Al respecto, el PC recalca que “estas condiciones no están claras ya que no existe un marco legal que regule el proceso de urbanización” y esto es así porque el Gobierno “se niega sistemáticamente a tratar el dictamen elaborado por la Mesa de Gestión creada a partir de la Ley 3.343 que establece la urbanización del barrio”.

Tras lo que reflexiona que, “conociendo los intereses de este gobierno, no nos sorprendería que entreguen las casas pero los pagos sean inaccesibles para los habitantes de la 31”, algo que provocaría“una crisis habitacional”. Asimismo, denuncia que “ningún funcionario de la Ciudad de Buenos Aires presenta certezas respecto de este punto clave que puede dejar a decenas de familias sin su derecho a una vivienda digna”.

Los comunistas en el territorio 03.07.2017

Con los pies en el barro

Los índices de pobreza e indigencia no dejan de crecer en el primer y segundo cordón del conurbano, pero también se extienden más allá y afectan a municipios como Cañuelas. “La creciente demanda social, la falta de empleo y el aumento de precios golpea de manera directa a los sectores populares”, explicó Gustavo Muñoz, del MTL de Moreno

El impacto de las medidas económicas neoliberales, con el consecuente crecimiento de la pobreza e indigencia, redunda en un agravamiento de la crisis económica y social en el seno del conurbano bonaerense. Si como muestra hace falta un botón, en el partido de Moreno, uno de los populosos municipios de la zona oeste, desde la llegada de Macri a la Rosada se cuadriplicaron las cantidades de comedores y merenderos.

Pero eso no es todo. A la crítica situación en la que se encuentran sumergidos los habitantes de Moreno se suma la falta de ayuda por parte del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y nacional.

A causa del crecimiento del desempleo, la destrucción del mercado interno, lo cual, redundó en el cierre de comercios y Pymes, el intendente Walter Festa se vio obligado a decretar la Emergencia Social y Alimentaria en el distrito. Moreno no está sólo y la crisis golpea también a municipios gobernados por Cambiemos, como es el caso de Quilmes, Lanús o Morón, gigantes del conurbano que, a pesar del blindaje mediático, no pueden tapar el acelerado deterioro económico y el crecimiento de la carestía de la vida.

La crisis se refleja en la falta de un plato de comida, lo que obliga a miles de personas a revolver la basura para hacerse de algo que satisfaga uno de los instintos primarios más fundamentales para la vida, como es el alimento. Según el Indec en el Gran Buenos Aires los niveles de pobreza superan el 30 ciento y la indigencia llega al 7.

La situación, que es grave de por sí, empeora considerablemente cuando se considera el rango etario de menores de doce años. El 33 por ciento de los niños del conurbano son pobres, al tiempo que el 8,25 están sumergidos de indigencia. Esto empuja a miles de personas, especialmente jefes y jefas de hogar, a buscar un plato de comida como sea. Allí desempeñan un rol fundamental las organizaciones sociales y políticas como el MTL que, ante la ausencia total del Estado, propone la organización de los desplazados para pelear por trabajo y reformas estructurales y que, en lo inmediato, también ofrece un plato de comida porque, como se sabe, para luchar primero hay que comer.

Es en este contexto que la ausencia del Estado pasa deja de ser un problema de eficacia en la gestión y pasa a ser una decisión política con consecuencias criminales sobre la población. Al respecto, Gustavo Muñoz, referente del MTL de Moreno, aseveró que tanto “Provincia como Nación no bajan dinero para paliar la situación” y señaló que en esta localidad “la desocupación creció terriblemente”, pero además “los recortes en lo social hacen que estemos hablando de una cantidad de compañeros que ya pasan hambre”. E informó de mucha gente “que venía comiendo bien” y que en estos últimos meses ha comenzado a pasar hambre.

 

Preocupación desde el barro

Para el referente social, no quedan dudas de que “la situación es crítica, le están sacando la comida de la mesa al pueblo argentino”. Muñoz como tantos otros dirigentes, se encuentra en el territorio y conocen como nadie la realidad que allí se vive: “es preocupante como se agrava la situación, nosotros lo vemos en el día a día de los barrios”, dijo.

Por ello, no dudó en señalar que “las medidas económicas del gobierno, especialmente las que afectan al mercado interno, están haciendo estragos en la economía de las familias trabajadoras”.

Muños puntualizó que “el contraste es grande teniendo en cuenta la mejoría que veníamos observando a partir de los doce años de kirchnerismo, donde los sectores populares mejoraron su situación”, aunque resaltó que “también es cierto que al no producirse cambios de fondo, esas mejorías fueron débiles y hoy lo estamos viendo”.

El segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense es una muestra cabal que confirman los guarismos difundidos por diversos estudios económicos. Incluso los datos que elabora el propio gobierno dan cuenta de ello, especialmente los vinculados a la inflación, que indica el encarecimiento del costo de vida. Según el referente del MTL “no hay errores en las medidas económicas, porque siempre se equivocan para el mismo lado”.

De lo que se trata, es de “un gobierno que ataca a los trabajadores y favorece a los mismos de siempre” y destacó que “nosotros que militamos en el territorio podemos advertir rápidamente como surgen necesidades allí donde no las había”. En ese sentido, “hoy en día el principal problema que tenemos es que la gente no tiene –literalmente- para comer y nuestra labor se centra en solucionar esa medida inmediata en el corto plazo, mientras generamos organización para encontrar respuestas políticas que solucionen las necesidades de fondo”.

Muñoz ejemplificó con el caso de Moreno, el cual, “tiene 176 barrios, siendo la mayoría de ellos barrios donde habitan trabajadores con pocos recursos que tuvieron que eliminar algunas de las cuatro comidas del día”. Y comentó un caso extremo: “vemos como hay quienes van al Ceamse a revolver la basura a ver si encuentran algo para comer”.

Como solución a corto plazo, el dirigente detalló que “venimos teniendo reuniones con el intendente de Moreno para ver cómo solucionar las demandas inmediatas” y aclaró que “sabemos que desde el Estado provincial y nacional no se están bajando recursos para paliar la crisis social”.

Ante ello, “nosotros proponemos que en el ámbito municipal se contrate a las cooperativas de trabajo para que realizan las obras de infraestructura que están a cargo del municipio”, ya que, ello “generaría una fuente de trabajo para cientos de familias”.

 

Y un día volvió el trueque

Si el fantasma del estallido social del 2001 recorre el imaginario popular a medida que crece el desempleo y la pobreza, la realidad de los sectores populares entrega indicios que fundamentan su presencia en este presente. Un claro ejemplo de ello es como el truque está volviendo a surgir en el conurbano profundo, como vía de comercio alternativa construida por aquellos que, sin trabajo o salario digno, tienen que hacerse de los medios de subsistencia como puedan.

Localidades de La Matanza como Laferrere, Virrey del Pino, Catán y Casanova, pero también en Ituzaingó, Castelar y Moreno volvió el Club del Trueque en el que se intercambia bienes y servicios.

“Acá en el tercer cordón, en la zona de Gonzales Catan, Laferrere y Virrey del Pino, a partir de la irrupción de este nuevo gobierno, es impresionante la cantidad de gente que cayó en la pobreza más extrema”, denunció el secretario del Partido Comunista de La Matanza, Rafael Nino Massimo.

Y, en este sentido, recalcó que con el trueque “la gente busca la forma de cómo solucionar problemas elementales y cotidianos” por eso “acude a algo que ya existía, como en 2001, como una forma de paliar la situación de los más necesitados”, ya que, insistió, “hay muchos que la están pasando muy mal”.

Asimismo, reflexiono que “esto es una respuesta a los problemas económicos que tienen los habitantes de estas zonas que son de las partes más olvidadas de La Matanza” en las que “poco va quedando, más allá de alguna respuesta que pueda dar el Municipio que no tiene los suficientes recursos para poder atender todas estas necesidades”.

Y fue claro cuando remarcó que “muchas personas ya no tienen otra forma para poder sobrevivir, ya que hay muchos habitantes que antes tenían una changuita o le aparecerían algún trabajito y de alguna manera podían seguir viviendo”, pero desde que gobierna Cambiemos “se fue terminado todo esto y el poder adquisitivo de estos compañeros está cada vez más bajo”.

“Es un buen lugar para ir a ofrecerse para hacer changas”, relató a este diario un vecino de Laferrere que además señaló que “por ahora somos más los que vamos a ofrecernos que los trabajos que hay” ya que, lamentó, “laburo es lo que falta y algunos hasta van a cambiar herramientas de trabajo por comida, es muy feo ver que esté pasando todo esto”.

 

En Cañuelas también

“Un sábado cualquiera en la localidad cañuelense de Máximo Paz, tenés cerca de mil personas participando del club del trueque” expresó Mario Michelli, titular de la CTA de los Trabajadores de Lobos-Cañuelas, y detalló que “en estas cosas es donde se ve como la gente vuelve a cambiar lo que tenga por alimentos”. El regreso del club de trueque demuestra que “ahora, lamentablemente, se vuelve a una lógica de resistencia y subsistencia” porque “sin mercado interno no hay posibilidades de que se desarrollen las fábricas recuperadas ni la economía social”.

En el Club Del Truque se pueden intercambiar muchas cosas. Si está práctica comercial había pasado a ser exótica tras su irrupción a principios de siglo, en la actualidad resurge por la necesidad acuciante que golpea a trabajadores y desocupados.

Para el referente político y social, “si se tiene en cuenta que un cooperativista de Argentina Trabaja o un pensionado gana cuatro mil pesos por mes, apenas le alcanza sólo para pagar los servicios básicos y para hacer alguna compra de alimentos”, por lo que “la situación de hambre y de exclusión se profundiza, día a día, en la provincia de Buenos Aires”.

Este es el escenario en el que emergió, nuevamente el club del trueque que "es el mejor ejemplo de la situación que estamos viviendo” recalcó Micheli y recordó que a poco de asumir como presidente Mauricio Macri, ya se vieron los primeros indicios con la proliferación de ferias americanas.

 

 

Ser pobre en la era PRO 03.07.2017

Crece la pobreza, crece la represión

Así lo confirma un nuevo informe del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Organizaciones sindicales y sociales y sus respectivos dirigentes, los principales apuntados.

Que un modelo económico que se fundamenta en la exclusión de gran parte de la población no se sostiene sin represión, a esta altura resulta una verdad de Perogrullo confirmada, día a día, por el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado nacional y sus socios provinciales. Si el conurbano es la región cuya pobreza e indigencia rebalsa el promedio nacional, es también donde más se observa un crecimiento de la represión a la protesta social y un fuerte incremento de la violencia institucional.

Esto se desprende de un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el cual, revela que la mayoría de los casos de represión surgen como respuesta del Estado frente reclamos vinculados a defensa de los puestos de trabajo, reclamos por tierra y vivienda y defensa de derechos arrebatados por las medidas económicas dictadas por la ceocracia. En este contexto, es el área metropolitana de Buenos Aires el que concentra la mayor cantidad de casos: un 26 por ciento, un punto por encima de la segunda región con mayor represión en el país, la Patagonia, que concentra un 25 por ciento.

Un dato que fundamenta el principio de “a mayor ajuste, mayor represión” es el que revela las causas que motivaron -para los casos estudiados- el accionar represivo del Estado: de un total de 186, 105 se dieron en el marco de conflictos por demandas laborales y 41 por reclamos vinculados a derechos de tierra y vivienda.

El estudio contempló una serie de casos de violencia institucional perpetrados por el Estado entre enero de 2016 y marzo de 2017. Para el Observatorio, “la información que se incluye en este informe permite dar cuenta de la existencia de una práctica sistemática de respuesta a las protestas sociales que incluye la represión violenta de las manifestaciones, la detención de algunos de los participantes y la apertura de causas penales como mecanismo de control social”. La reciente represión en la Avenida 9 de Julio, televisada y justificada por la mass media para fidelizar el voto duro de la derecha, es una clara demostración de ello.

Los datos recolectados demuestran la existencia de una política represiva que se repite en todo el territorio nacional pero que tiene su epicentro en el conurbano bonaerense y la Capital Federal, ya que es aquí donde se concentra la mayor cantidad de pobres, indigentes y desocupados en el país. El informe incluye datos sobre casi ciento cincuenta donde se recurrió a la utilización de la violencia física para resolver conflictos, y revela que tras ella, se abrieron como mínimo 48 causas penales que alcanzaron a 180 manifestantes, y la detención arbitraria de al menos 337 personas por su participación en protestas sociales.

Estos datos confirman que, a más de un año y medio de su asunción, el balance de la gestión macrista en el ámbito de los derechos humanos es tenebroso. No se trata de casualidades: el rediseño de la estructura económica y social que está llevando a cabo el tándem del poder real en Argentina no puede sostenerse sin la represión a los sectores excluidos. Respuesta que encuentra su máxima expresión en los garrotazos y gases a manifestantes, en el encarcelamiento de Milagro Sala y en la superpoblación de cárceles bonaerenses.

No es casualidad que la región con mayor índice de pobreza e indigencia del país sufra superpoblación carcelaria, hecho que mereció, tal como sucedió recientemente, el llamado de atención del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas. Así, a la reciente visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) al penal de Alto Comedero donde se encuentra encarcelada Milagro Sala en Jujuy, se sumó el pedido que el Comité Contra la Tortura realizó a la gobernadora María Eugenia Vidal para que resuelva los problemas de superpoblación carcelaria en penales y comisarías de la provincia de Buenos Aires.

La declaración, emitida en tono de exigencia, fue realizada después de que el organismo conociera el informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria. El ente provincial, elevó un informe durante la 60 sesión del Comité celebrada en Ginebra. Allí, los delegados argentinos expusieron “el colapso del sistema carcelario”, las “torturas y muertes” de personas detenidas y “las prácticas policiales arbitrarias”.

Tras las pruebas mostradas, el Comité instó a la gobernadora a implementar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, sancionado en 2012, y alertó sobre “la inconveniencia de usar las comisarías como lugares de detención permanente”. En ese sentido, el organismo recordó la masacre ocurrida en marzo de este año en una comisaría de Pergamino, donde efectivos bonaerenses dejaron que mueran quemados y asfixiados siete detenidos.

Si se trata de ejemplificar y aleccionar, se puede afirmar que la situación de Milagro Sala es la punta de un iceberg que en su base se sostiene con represión a la protesta social, persecución política a militantes populares y violencia policial en los barrios. Para el caso vale recordar aquí también las conclusiones presentadas en el primer informe realizado por el Registro de Casos de Violencia Estatal -del que la Liga Argentina por los derechos del Hombre es parte- en octubre del año pasado, donde se sostenía que “los resultados del relevamiento sugieren la existencia de acciones sistemáticas orientadas a la construcción de un ‘estado policial’, en línea con una singular tendencia de alcance global que procura subordinar los derechos tutelados por garantías constitucionales al imperio de un orden fundado en ‘razones de Estado”.

La situación tiene responsables bien definidos. El cuadro represivo en la provincia de Buenos Aires y el país se agravó con la declaración de la “emergencia en seguridad” dictada por el ejecutivo en enero de 2016, el cual, dio riendas sueltas a las fuerzas represivas para actuar en los barrios, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El mismo sirvió también como punta de lanza para incentivar el “debate” en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y defensa de la propiedad privada.

 

Objetivos

Para el Observatorio del Derecho Social la represión tiene un contexto socio-económico que la explica y fundamenta. El informe expone claramente que ”las acciones de protesta social y la respuesta estatal se producen en un contexto caracterizado por una grave situación socioeconómica que dificulta, y en algunos casos imposibilita, el goce de derechos tales como la vivienda, la alimentación, el trabajo digno, la protección del medio ambiente, la no discriminación, etc.”.

A los índices de pobreza e indigencia ya expuestos, el instituto especializado agrega que “en el caso de los trabajadores asalariados, en el año 2016 experimentaron una caída de su salario real del 6 por ciento, magnitud que es aún mayor en el caso de los jubilados y de los trabajadores dependientes de la Administración Pública Nacional (7 y 8 por ciento respectivamente)”. Estos retrocesos se debieron al “impacto de la inflación que en 2016 superó el 40 anual y afectó al conjunto de los trabajadores”. Vale destacar que este retroceso salarial coincidió con un “contexto de ajuste en el mercado de trabajo que incluyó despidos en el sector público (tanto a nivel nacional como provincial y municipal) y en el sector privado”.

De lo presentado por el Observatorio, también se desprende una matriz propia de los estados policiales: coerción por parte de las fuerzas represivas que es continuada por una persecución judicial. Los diferentes brazos del Estado se ponen en acción para garantizar el disciplinamiento político y social que permita realizar la mayor transferencia de recursos en el menor tiempo posible. El desglose pormenorizado de las estadísticas permite identificar, con facilidad, los objetivos fijados por el gobierno.

Para desnudar estas metas, el informe expone que “la mayoría de los hechos de represión, detenciones arbitrarias y apertura de causas penales se dirigieron contra trabajadores (56 por ciento del total). En segundo lugar se encuentran los integrantes de organizaciones sociales (31 por ciento) y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios (8 por ciento). Dentro de los hechos contra trabajadores, el 83 por ciento de los casos se produjo en el contexto de reclamos salariales y por condiciones de trabajo (la mitad de ellos correspondientes a trabajadores del sector público) y el 17 restante a demandas por fuentes de trabajo o por incrementos en las jubilaciones y pensiones”.

Frente a este escenario, el Observatorio fue claro al afirmar que “con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo: por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias”. Por otro, “correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un 'delito', una 'amenaza para el orden legal', una 'violación a la ley', deslegitimando así los reclamos”.

 

Apuntados

Desde la asunción de Mauricio Macri y sus socios provinciales, se viene consolidando un perfil represivo que una parte de la corporación judicial acompaña con imputaciones de figuras penales graves que ponen en peligro las libertades políticas y sociales de las personas. Entre ellas, según detalla el informe, son los dirigentes de las organizaciones populares los principales apuntados. Se entiende porque entonces, lejos de ser tan solo un caso ejemplificador, la situación de Milagro Sala es en realidad la punta de un iceberg.

Hilando fino se revela que “en el periodo relevado se registraron al menos 95 casos que implicaron el ejercicio de violencia física por parte de las fuerzas de seguridad nacional y/o provincial contra manifestantes o dirigentes de organizaciones del campo popular. En más de la mitad de los casos (52 por ciento) las víctimas de las acciones fueron trabajadores y dirigentes de organizaciones de trabajadores”.

En segundo lugar, un tercio de los hechos represivos fueron dirigidos contra protestas de organizaciones sociales, de género, barriales y en defensa del medio ambiente. En tercer lugar, más del cinco por ciento se originó en respuesta a demandas de otros sectores, especialmente, integrantes de partidos políticos y familiares de detenidos. Por último, se encuentra el reclamo de pueblos originarios y campesinos con el 5 y 2 por ciento respectivamente.

Dentro de los casos posteriormente judicializados por el Estado nacional, surge que el 77 por ciento de las causas abiertas se dirigen contra dirigentes y referentes de organizaciones sindicales y sociales. Para el Observatorio, “la apertura de causas contra dichos referentes es una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en su conjunto e impacta sobre todos sus integrantes, generando temor y obstaculizando la propia organización y acción colectiva”.

Conurbano caliente 03.07.2017

El conurbano, más pobre que nunca

Distintos informes confirman, una vez más, la tendencia hegemónica del actual modelo económico: crecimiento de pobreza e indigencia y, por tanto, de los niveles de represión y violencia institucional. Dentro de este escenario, es en el conurbano bonaerense donde mayor incidencia tienen las medidas económicas neoliberales del gobierno: más de un tercio de su población se encuentra sumergida en la pobreza.

El proyecto económico-social que la derecha está implementando en el país tiene sus mayores consecuencias en los sectores más vulnerables de la sociedad, el cual, muestra sus consecuencias más fuertes en el conurbano bonaerense. En este caso nuevamente dos estudios, uno elaborado por el Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs) y otro, por el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, dan cuenta de cómo el impacto de las medidas económicas de corte neoliberal combinan pobreza récord y altos índices de represión y violencia institucional en la región más poblada del país: el Gran Buenos Aires, donde casi un tercio de su población es pobre.

Que las medidas de corte neoliberal afectan a los trabajadores para favorecer a los grandes grupos económicos no es una novedad, pero el rápido impacto que estas tienen sobre trabajadores flexibilizados, jubilados y menores de dieciocho años da cuenta de una característica del proceso actual: la rápida transferencia de recursos que exponen las decenas de informes y estudios que semanalmente se publican sobre la situación económica y social de la Argentina.

Según el observatorio dependiente a la Universidad de General Sarmiento, de las casi 12 millones de personas que habitan en el conurbano, 4 son pobres, es decir, sus ingresos totales no permiten cubrir las necesidades básicas diarias como alimentación, vivienda, vestimenta y ocio. La cifra, equivale a casi el 35 por ciento de la población total del conurbano.

El estudio hace referencia a la denominada pobreza monetaria, o por ingresos, es decir, aquella que se establece midiendo el nivel de los ingresos diarios y mensuales de las personas. La pobreza monetaria impacta en aquellas personas que habitan en hogares cuyos ingresos totales son insuficientes para adquirir un conjunto de alimentos y servicios básicos (pobreza) o bien solo los alimentos (pobreza extrema).

Como se denunciara en las páginas de este diario hace un mes, los índices de pobreza e indigencia, son más altos entre los menores de edad. En el Gran Buenos Aires, estos índices en jóvenes, adolescentes y niños se mantienen por encima de la media nacional. Para ser claros: casi el 50 por ciento (un millón seiscientos mil pibes y pibas) de los menores del conurbano bonaerense se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

De los números, lo que se desprende, una vez más, es el impacto de las medidas económicas en los sectores más vulnerables. Si el proyecto económico-social de Cambiemos afecta con fuerza a los trabajadores y, entre ellos, a los trabajadores precarizados y desocupados, es en los hogares con jefas de familia mujeres donde los índices de pobreza son más altos. Así lo revela el informe de la Ungs, el cual, exhibe la siguiente peculiaridad: si bien se revela una incidencia relativamente mayor de la pobreza entre los varones respecto de las mujeres, se observa que la población que reside en hogares con jefatura femenina es más pobre que aquella que lo hace en hogares con jefatura masculina. Mientras que en el primer caso la tasa de pobreza es del 39,3 por ciento, en el segundo, desciende aproximadamente 8 puntos porcentuales (31,2).

 

Desglose

Si los niveles de pobreza son extremos entre menores de edad, entre los adultos (18 a 54 años), la situación no es muy distinta: más del 30 por ciento de ellos no alcanza a satisfacer las necesidades elementales de acceso a alimentos y servicios básicos. Entre los jubilados, es decir, mayores de 65 años, los números descienden hasta el 10 por ciento, pero en estos casos hay que tener en cuenta la impresionante cantidad de nuevas jubilaciones que se otorgaron durante el kirchnerismo, lo que permitió que millones de hombres y mujeres puedan acceder a una pensión o jubilación aun cuando no cumpliesen con el total de aportes exigidos por Anses para hacerlo.

Por otro lado, también se registran, aunque con menos intensidad, diferencias por género: la tasa de pobreza es levemente mayor entre los varones, respecto de las mujeres (35,2 por ciento y 33,1 respectivamente). Sin embargo, como adelantáramos, es en los hogares donde las mujeres son sostén de familia donde se registran la mayor cantidad de casos de pobreza extrema.

Así las cosas, los índices de pobreza y pobreza extrema en hogares con jefas de familia alcanza el 40 por ciento, mientras que en los hogares con jefes de familia es de poco más del 30.

El estudio del Observatorio universitario confirma también que “es posible advertir la fuerte relación que existe entre las inserciones precarias del jefe o jefa de hogar en el mercado laboral y la incidencia de la pobreza por ingresos”. Esto se debe a que “los ingresos laborales suelen ser la principal fuente monetaria de los hogares; por lo tanto, la población desocupada u ocupada de manera informal, presenta más vulnerabilidad frente a estos ingresos”.

De esta manera, los índices de pobrezas en hogares con jefes y jefas de familia desocupados o precarizados “se elevan drásticamente”. Cuando se trata de familias con sus mayores responsables desocupados, la pobreza es de más del 70 por ciento. A su vez, cuando los jefes y jefas se encuentran trabajando en el ámbito de la economía informal, los números trepan hasta el 50 por ciento del total.

 

Pobreza extrema

El estudio confirma que el 7 por ciento de la población del conurbano bonaerense vive en la pobreza total o indigencia. Se trata de más de ochocientas mil personas que no tienen la posibilidad de acceder a un plato diario de comida. El crecimiento exponencial de comedores y merenderos, especialmente en el segundo y tercer cordón del conurbano, es un fenómeno que da cuenta de ello.

Los resultados en términos de pobreza extrema, vistos globalmente, confirman las tendencias observadas para el caso de la pobreza. Así, una vez más, es entre los niños, niñas y adolescentes donde más afecta el desempleo o el trabajo precarizado. El 11 por ciento de los niños y niñas del conurbano se encuentra en situación de pobreza extrema, siendo la tasa entre varones (7,3) apenas un poco más alta que entre las mujeres (6,8).

Siguiendo las variables estudiadas, los niveles de indigencia alcanzan al 11,5 por ciento de los hogares con jefatura femenina y al 4,5 en los hogares con jefatura masculina. En este caso, los índices de pobreza extrema casi que se triplican en las casas sostenidas por trabajadoras mujeres, lo que demuestra una vez más, las profundas diferencias salariales entre hombres y mujeres. Si estas diferencias están consolidadas en el ámbito de la economía formal, es en la economía informal donde las distancias se agigantan: para las mujeres que se hacen cargo de sus familias la situación es mucho más difícil, y en el caso de encontrarse precarizadas, las dificultades son el doble.

 

Una mirada frente a la Ciudad de Buenos Aires

El informe del Observatorio de la Ungs brinda una comparación detallada entre las diferentes regiones del país. Esta comparación, confirma que el conurbano bonaerense es la región con más pobres del país y las diferencias quedan expuestas cuando se lo compara, por ejemplo, con la Ciudad de Buenos Aires.

La pobreza en los diferentes cordones del Gran Buenos Aires triplica los índices de la Capital Federal: si para el caso bonaerense es del 34,1 por ciento -más de un tercio de su población-, en la Ciudad esos índices apenas rozan el 10 (9,4). Vale destacar que la pobreza en el conurbano esta un punto por encima de la media nacional, que es del 30 por ciento.

Para el organismo especializado, “estas significativas diferencias que se registran entre los niveles de pobreza y de pobreza extrema entre el Conurbano Bonaerense y la Caba, pueden explicarse como consecuencia de los diferenciales de ingresos, sobre todo los ingresos laborales, que existen entre ambos distritos” y detalla que “teniendo en cuenta que en este análisis estamos considerando la pobreza monetaria, los niveles de ingresos registrados en los hogares explican la capacidad de subsistencia que los mismos presentan”.

La pobreza monetaria en el Gran Buenos Aires y las diferencias salariales en comparación a la Capital, son elocuentes. Para ello, alcanza con exponer las diferencias existentes en los ingresos per cápita promedio entre ambos conglomerados: en el conurbano el ingreso promedio para cada integrante familiar es la mitad del de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, y en relación a los ingresos laborales, es preciso señalar que el ingreso promedio de una persona con trabajo en el conurbano es un 37 por ciento menor frente a su par capitalino. Mientras que el ingreso promedio de un trabajador porteño es de 16.765 pesos, para un trabajador bonaerense es de 10.548. La brecha se profundiza, como en todos los casos, cuando se compara la situación entre los trabajadores que venden su fuerza de trabajo en el ámbito de la economía informal. Para estos casos, el ingreso medio en el conurbano es de 5.943 pesos, es decir, casi un 40 por ciento menos que su par porteño, para el cual, el ingreso promedio es de 9.669.

En todos los casos se evidencia que los índices de pobreza e indigencia -y sus respectivos cortes de análisis- en el conurbano bonaerense casi que duplican a los de la Ciudad de Buenos Aires y, en todos los casos, se mantienen por encima de la media nacional. Por ello, el informe concluye que “los elevados niveles de pobreza y pobreza extrema registrados en el Conurbano Bonaerense, que afectan más intensamente a sub-grupos poblacionales específicos, expresan no solo una situación relativa más alarmante que en el promedio nacional y que en la Caba, sino que también, dan cuenta de que las condiciones laborales de su población son significativamente más frágiles”.

 

 

CONFLICTO DOCENTE30.06.2017

La definición está en las bases

Una consulta definirá si se acepta o no el 27,44 por ciento de aumento salarial propuesto por la provincia de Buenos Aires.

El gobierno bonaerense, luego de una larga lucha de los trabajadores (que todavía no llegó a su fin) ofreció al gremio de la Educación un aumento del 27,44 por ciento. La cifra sigue estando lejos de las intenciones de los agremiados, pero es la más alta que esgrimió el gobierno y supera el casi inflexivo 21 por ciento que, grosera e insistentemente, vino ofreciendo en los últimos tiempos, habiendo arrancado por una cifra aún menor: 17 por ciento.

La lucha continúa porque la dirección de Suteba, lejos de asumir unilateralmente el cierre del conflicto y en conjunto con todos los sindicatos unidos en el Frente de Unidad Docente, sometió la oferta del gobierno al criterio de las bases. En ese plan, se está dando curso en estos días con una consulta cuyos resultados se conocerán el martes y por la cual se sabrá si la parte de los reclamos salariales del dilatado conflicto llega a un acuerdo momentáneo.

El camino tomado por los trabajadores bonaerenses de la educación y la situación en que se encuentran ahora fueron analizados por Pedro Ponce, secretario de Artística de Suteba y de formación política sindical en su filial de Lomas de Zamora, quien claramente definió que el monto de aumento ofrecido por el gobierno de Vidal “no es lo que nosotros aspirábamos ni por lo que estábamos luchando”.

Sin embargo, remarcó que se trata de “una propuesta bastante diferente de las anteriores” y que en las negociaciones desde el gobierno “no han podido avanzar con lo que querían, que era el componente del presentismo y otras cifras en negro”. “Tuvieron que recular”, expresó.

Agregó que los docentes “logramos perforarles el techo, no en la dimensión que queríamos pero pudimos sacar esos componentes que querían atar a nuestro salario”. “A la hora de que los compañeros evalúen van a tener que evaluar también de dónde partimos y hasta dónde llegamos”, pidió y sugirió se recuerde que “partimos de una propuesta del 17 por ciento en un marco de represión y amenazas”.

En ese sentido, recalcó que durante la lucha cuando esta pasó por medidas de fuerza como paros y movilizaciones, “hasta nos quisieron sacar la personería gremial y, a pesar de todo, le pudimos responder con paros contundentes y movilizaciones grandes”. “Parecía que no se les movía la aguja pero logramos esto”, le sumó.

 

Las bases tienen la palabra

“Ahora son los compañeros los que tienen que definir y evaluar si se acepta o se rechaza la propuesta”, puntualizó Ponce e informó que en ese marco “el plenario de secretarios generales va a estar definiendo si acepta o rechaza y retoma las medidas de fuerza”.

Fue claro al afirmar que “la cosa no está cerrada (...) ya que estábamos planteando un 35 por ciento desmenuzado en un 10 por ciento de lo que fue la pérdida del poder adquisitivo del año pasado y un 25 por ciento para este año”. Aunque rescató: “estamos en un contexto distinto”.

“Mientras está este conflicto nos avanzan con otro”, dijo y replicó: “la consulta es para ver hasta qué nivel los compañeros están dispuestos a seguir dando la pelea o a cerrar el conflicto y focalizar otro, porque esto que decía Bullrich, de que los docentes focalizamos, es un poco así, porque necesitamos focalizar en los elefantes blancos que nos están pasando por la espalda, que son el Plan Maestro, la Ley Aguilar, todo el proyecto privatizador y de achique”.

Por otro lado, dijo que los cuestionamientos a la consulta por parte de algunos sectores gremiales “son posturas histéricas” porque vienen de quienes “cuando hay asamblea quieren consulta y cuando hay consulta piden asamblea”. Observó que las consultas “son herramientas que tiene la democracia sindical” para que la de arribar a puerto en el marco del conflicto “sea una decisión de todos los docentes” y “no exclusiva de un sector ni de un partido político”.

Dijo también que dentro de las bases “hay distintas miradas” y planteó: “hay algunos que la miran más desde el bolsillo y quieren agarrar por que le pegaron los descuentos”. Por eso reconoció que “hay un cierto disciplinamiento con todo lo que pasó”. “Hay otro sector que tiene rechazo a la propuesta”, apuntó y dijo que estos son “compañeros que piensan que peleamos mucho y no se logró nada”. Finalmente, reseñó que “hay otros que lo ven más políticamente, en el sentido de que sí se logró, porque estamos hablando de un 17 por ciento a llegar a un 27,44”.

“Logramos frenar el componente de mercado que querían poner que era el presentismo, atando el salario a la capacitación”, le sumó y advirtió que después de la consulta “si los compañeros aceptan hay que seguir luchando por todo lo que falta”.