Khalida Jarrar integra el Frente Popular para la Liberación de Palestina y acaba de ser condenada a dos años de prisión por un tribunal militar israelí.
Un tribunal militar israelí condenó a dos años de prisión y le impuso una multa de 1.200 dólares a Khalida Jarrar, quien fue detenida en Ramallah el 31 de octubre de 2019, acusada de “asumir un cargo en el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que está prohibido por el ejército israelí”.
Khalida Jarrar integra el Frente que es el segundo partido con más volumen entre los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Por esa fuerza política ocupó una banca en el Consejo Legislativo Palestino.
La sentencia del Tribunal Militar de Ofer no es la primera que padece Jarrar que desde octubre de 2019 estaba bajo detención administrativa, que es una figura que habilita a que el Estado de Israel tenga detenidas personas sin presentar cargos ni pruebas que avalen esa privación de la libertad.
En diciembre de 2015 fue condenada a quince meses de cárcel acusada de “incitación y pertenencia” al Frente. Y a los seis meses fue liberada, pero la volvieron a detener un año después.
La diputada Jarrar presidió la Comisión de Presos del Parlamento palestino y es vicepresidenta de la Organización de Derechos de los Presos Palestinos (Addameer). Desde ahí participó de la comisión que preparó la denuncia por varios crímenes perpetrados por la ocupación israelí ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Al día siguiente de la sentencia del Tribunal Militar de Ofer, la Corte Penal Internacional con asiento en La Haya, anunció que abrió una investigación a partir de las denuncias de crímenes perpetrados por Israel dentro de los territorios de Palestina, que ocupa ilegalmente el Estado Judío.
La fiscal del TPI, Fatou Bensouda, recalcó que hay “fundamentos razonables” para abrir una investigación sobre crímenes cometidos en ofensivas llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza, pero también dentro de los territorios palestinos de Cisjordania que Tel-Aviv ocupa desde 1967.
Ante esto el premier israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que con su decisión, el TPI “ataca al Estado de Israel”, mientras que la Autoridad Nacional Palestina destacó que “esta medida, largamente esperada, sirve a los vigorosos esfuerzos palestinos para lograr justicia y deslindar responsabilidades, bases indispensables para la paz”.