La Superintendencia de Servicios de Salud suspendió la resolución 1231/19 que restringía las prestaciones a las personas con discapacidad. La había anunciado una semana antes.
El ajuste y la crisis económica sigue golpeando donde más duele. Una vez más, los sectores más afectados son aquellos que necesitan la asistencia y el apoyo del Estado. Un claro ejemplo de esto es lo que vienen atravesando las personas con discapacidad en la Argentina. Desde la llegada de Macri al gobierno, las políticas hacia este sector se han caracterizado por el ajuste y el abandono. Al respecto Analía Larrea, referente del Partido Comunista de Bahía Blanca y de la luca de las personas con discapacidad aseveró: “las políticas de Macri nos están matando”.
La definición de Larrea define a un gobierno que no disimula en recortar derechos y quitar prestaciones a las personas con discapacidad. Ahora la que tomó la iniciativa fue Superintendencia de Servicios de Salud a través de la Resolución 1231/19 que restringe tratamientos, reduce las horas de terapia y la cantidad de prestadores autorizados.
Para ello, el organismo que se encarga de regular la actividad en el sector sanitario y que debería garantizar que todas las personas puedan acceder a las prestaciones establecidas en el Plan Médico Obligatorio y las leyes especiales para cada uno de los segmentos que requieren atención especial, ensayó una excusa insólita: que las personas con discapacidad, especialmente los niños, necesitan más horas de esparcimiento y recreación.
Ante esta situación, Larrea explicó que “reducir los tratamientos lleva a que tengamos una terrible calidad de vida” y enfatizó que “la verdad es que nosotros necesitamos que nos ayuden a mover el cuerpo y esto va a repercutir en una peor calidad de vida”.
Con este gobierno la vida de las personas con discapacidad se ha deteriorado terriblemente. “Las consecuencias son muy graves porque estamos hablando de que se reduce la expectativa de vida” dijo y sentenció “con el macrismo morimos más rápido”.
Esta reducción se combina con el ajuste generalizado que sufre la economía argentina y con sus consecuencias. En ese contexto, “las farmacias están dando cada vez menos medicación y nosotros cada vez podemos comprar menos medicación y menos productos descartables”. Por otra parte, a pesar de que hay una ley nacional que así lo exige, las obras sociales y el Estado no están entregando medicamentos e insumos.
Los derechos y necesidades de las personas con discapacidad en Argentina se encuentran garantizados por la Ley de Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad o Ley 22.431. Pese a ello, la política sanitaria y de seguridad social del gobierno vulnera los derechos de las personas. En ese sentido, remarcó que “con estas medidas, no hacen más que profundizar una política de desprecio y abandonó que es la que caracterizó al macrismo”.
Por último, se mostró optimista de cara al futuro al afirmar que “esta situación se puede revertir, para ello esperamos que el gobierno sea derrotado en octubre”. Sin embargo, alertó que los tiempos de las personas con discapacidad son otros, muy distintos a los tiempos de la política, de la sociedad o de la justicia. “Para nosotros cada día que pasa es un día en el que nuestra calidad de vida se deteriora. Necesitamos las cosas cuando el médico las solicita, no para cuando sale un amparo o cambia el gobierno”. En el medio de eso, la gente se muere.