La Ladh y otras organizaciones de Derechos Humanos se refirieron al abordaje estatal de la pandemia.
“Celebramos las medidas económicas de emergencia dispuestas por el gobierno nacional en favor de los sectores sociales postergados, tendientes a transferir recursos a quienes viven por debajo de la línea de pobreza o en la indigencia, se encuentran desocupados, cuentan con trabajos precarios y cuentapropistas de más bajos ingresos” recalca una declaración en la que organismos de Derechos Humanos fijaron postura en el contexto de la pandemia.
Además de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, suscriben la declaración Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, Apdh y Apdh La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Asimismo, advierte que en distintas provincias y municipios “detectamos situaciones que vulneran los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad locales y nacionales” y señala que se detectaron “prácticas abusivas, muchas de ellas inhumanas, crueles y degradantes, violatorias de los tratados internacionales de Derechos Humanos de los que la Argentina es parte”.
Al respecto, alerta que hay denuncias y registros fílmicos, “tanto en la vía pública como en dependencias policiales y carcelarias, detenciones ilegales, realizadas a pesar de que las víctimas portaban las autorizaciones correspondientes, y de traslados compulsivos de personas migrantes, entre otras conductas arbitrarias, muchas de las cuales son ya de público conocimiento”.
Y cita casos, entre ellos el de Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales “intentó avanzar con una medida de carácter segregacionista y absolutamente estigmatizante, como fue la idea de marcar o identificar las casas de las personas con posible infección del Covid-19” y la Ciudad de Buenos Aires donde “se registra al menos una denuncia por día por hechos de violencia institucional”.
De ahí que la declaración repudie “el accionar represivo de sectores de las fuerzas de seguridad” y exija que se acabe con “las prácticas punitivas y la violencia institucional que padecen nuestros compatriotas”.