A noventa días de comenzada la cuarentena se registraron al menos doce casos de gatillo fácil en barrios populares y casi cincuenta situaciones de violencia policial, según un informe publicado por Correpi.
Un allanamiento en una casa de Lomas de Zamora terminó con la pérdida de un ojo de un adolescente por un disparo de bala de goma. En Derechos Humanos del gobierno de la Provincia de Buenos Aires asistieron a la víctima e investigan si el procedimiento fue legal.
Según un comunicado de prensa de DDHH del gobierno bonaerense, del encuentro con la familia participaron el subsecretario del área, Matías Moreno; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Eva Asprella, y el director de Políticas contra la Violencia Institucional de la subsecretaría, Ignacio Álvarez.
Lo cierto es que, en el marco del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio por el Coronavirus, las fuerzas represivas perpetraron distintos ataques a los más vulnerados. A noventa días de comenzada la cuarentena se registraron al menos doce casos de gatillo fácil en barrios populares y casi cincuenta situaciones de violencia policial, según un informe publicado por Correpi.
“Hay gente detenida por haber violado el aislamiento, por tentativas de robo, pero cuando se trata de un uniformado y el delito es homicidio, está libre por la calle”, advirtió la abogada María del Carmen Verdú, referente de Correpi.
El crimen de Facundo Scalzo cometido en el barrio porteño de Bajo Flores es el caso más reciente al que el informe de Correpi hace referencia. Por ese asesinato hay tres gendarmes imputados.
Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, tras estos casos de violencia institucional, enfatizaron: “no podemos hablar de democracia real con una violencia sistémica que profundiza el miedo, y con ello, la explotación y la exclusión”.
“Esta es la misma violencia institucional que desapareció a Santiago Maldonado y asesinó también por la espalda a Rafael Nahuel. La violencia institucional no es un hecho aislado sino que se vio en varios abusos policiales a lo largo del país y con fuerzas de seguridad locales y federales”, continuaron desde la Ladh.
En esa línea, remarcaron que “proponemos una intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales bajo control de las organizaciones barriales, sociales y de derechos humanos, además de la extirpación de los agentes de seguridad partícipes, instigadores y cómplices de estos asesinatos”.