El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, condenó a ocho represores a prisión perpetua. El Partido Comunista hizo pública su satisfacción por el resultado del proceso.
“Estamos satisfechos porque las condenas fueron las esperadas y todos los genocidas fueron llevados a juicio”, recalcó desde el Partido Comunista de Córdoba, Federico Nanzer, al referirse al resultado del juicio que finalizó ayer en esa provincia, con ocho genocidas condenados a prisión perpetua.
Fue el decimosegundo juicio por delitos de Lesa Humanidad celebrado en Córdoba, donde el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), juzgó a veinte acusados de perpetrar delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, apremios ilegales, homicidio y desaparición forzada de personas durante la pasada dictadura cívico militar, en el contexto de la Causa Diedrichs-Herrera.
El TOF 1 fue integrado por Carolina Prado como presidenta y los vocales Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, mientras que María Noel Costa fue jueza sustituta y el fiscal Maximiliano Hairabedian fue el acusador.
El juicio había comenzado en septiembre del año pasado en plena pandemia y en forma remota. De los veinte represores, tres llegaron a juicio en libertad, trece gozando del beneficio de prisión domiciliaria y sólo cuatro estaban detenidos, uno en Campo de Mayo y los otros en el complejo carcelario Padre Luchesse de la localidad de Bouwer, al sur de la ciudad de Córdoba.
En esta causa donde se juzgó el secuestro de 43 militantes, principalmente del PRT-ERP, fueron condenados a perpetua Luis Gustavo Diedrichs y los ex militares del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Barreiro, Héctor Pedro Vergéz y Carlos Alberto Díaz. La misma pena correspondió a Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López y Emilio Morard, personal civil de Inteligencia del Ejército.
La gran mayoría de los acusados ya contaban con condenas previas por esos procesos. Los únicos imputados que llegaron a juicio por primera vez, resultaron absueltos por pedido de la Fiscalía: el general de brigada retirado Arturo Emiliano Grandinetti y el teniente coronel retirado Carlos Horacio Meira.
“Este juicio reafirma que es preciso seguir por el camino de lucha contra la impunidad por parte del movimiento de Derechos Humanos de Córdoba”, señaló Nanzer y destacó que “las familias querellantes son fuertes militantes y referentes de derechos humanos en la provincia”.
En esta línea, hizo hincapié en que, en este caso, “este juicio es muy simbólico, porque parte de los desparecidos de esta causa eran del colegio Manuel Belgrano, donde se han formado grandes cuadros políticos”.
Y para finalizar fue contundente cuando dijo que el movimiento de Derechos Humanos de Córdoba está consolidado “y muy presente en la vida política en su lucha por Memoria y contra el gatillo fácil”.