La Liga volvió a denunciar que la Corte Suprema persiste en dilatar su decisión sobre responsables del asesinato de El Negrito Avellaneda.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) responsabilizó a la Corte Suprema, por la dilación que desde hace varios años garantiza impunidad a quienes son responsables materiales del asesinato de Floreal El Negrito Avellaneda.
“Libres y con presunción de inocencia: ese es el efecto de las maniobras miserables de esta Corte Suprema a la cual denunciamos como constructores de la impunidad para los asesinos del Negrito Avellaneda”, recalcó la Ladh a un mes de que se cumpla el 45 aniversario del secuestro del joven comunista.
Fue el 15 de abril de 1976, cuando un grupo de tareas del Ejército, proveniente de la guarnición Campo de Mayo, asaltó la casa de la familia Avellaneda con la intención de secuestrar a Floreal Avellaneda, el padre de El Negrito, quien era militante comunista, trabajador metalúrgico y, como tal, referente sindical de sus compañeros de la empresa Tensa. Como no lo encontraron, se llevaron a su hijo que tenía quince años de edad y a su esposa Iris Pereyra.
El abogado Julio Viaggio fue quien encabezó la lucha judicial hasta lograr el reconocimiento del cuerpo del Negrito, que fue hallado en la ensenada del puerto de Montevideo. Pero también que se comience a investigar sobre los autores del crimen de Floreal hijo.
En este contexto se pudo dar con el acta de allanamiento de la casa de los Avellaneda que lleva la firma de los militares, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni. El papel de los dos en el secuestro es indiscutible.
El caso fue tratado durante el juicio a las juntas militares celebrado durante 1985, pero las leyes de impunidad dictadas al año siguiente, impidieron que se avance.
Pero el trabajo de la Ladh prosiguió y durante 2009 consiguió la condena del oficial García y el policía Aneto, que fue autor material de las torturas.
Harsich y Fragni fueron condenados a una pena mínima. La Ladh apeló el fallo y en un nuevo juicio celebrado durante 2012 la pena fue elevada de mocho a doce años, pero fue objeto de una apelación que la Corte Suprema tiene desde el 24 de junio de 2013.
“La demora tiene dos efectos contundentes: uno es que al no estar ratificada la condena, los genocidas conservan la presunción de inocencia que marca la Constitución Nacional, y dos, lo que es aún más grave, que el calculo del cumplimiento de la pena se hizo por la primer condena y no por la segunda por lo que los dos oficiales que encabezaron el asalto de la casa del Negrito y su familia ya gozan de la libertad por cumplimiento de los dos tercios de la pena”, advirtió la Ladh y exigió que el máximo tribunal se expida.