Un caso que quema las manos y sigue tironeado por Comodoro Py. “Hubo una asociación ilícita y antidemocrática entre el gobierno macrista, los servicios de inteligencia y penitenciarios para espiar a de personajes políticos y sociales del país”, recalcó José Schulman.
El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, va a intervenir en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal que fueron perpetradas durante el Gobierno Cambiemos, en la que es querellante la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Así lo estableció el sorteo que tuvo lugar después de que la jueza María Eugenia Capuchetti, se excusó de intervenir en las causas que se envió desde el juzgado federal de Lomas de Zamora.
La magistrada adoptó esta postura, después de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara que el expediente pase de Lomas de Zamora a Comodoro Py.
Al argumentar su posición, la jueza dijo que tiene que excusarse, ya que el marco de la causa, se investigan maniobras de inteligencia ilegal similares “de las cuales resulté damnificada, realizadas por personal de la Agencia Federal de Inteligencia en el período temporal comprendido a las consultas migratorias que se hicieron sobre mi persona”.
Ahora, Martínez De Giorgi va tener que decidir si acepta la excusación de Capuchetti y se queda con la investigación o si la rechaza, lo que provocaría un escenario en el que debería resolver la Cámara Federal de la Ciudad.
Se trata de dos causas que tienen a cuarenta procesados, entre ellos a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, así como a varios ex agentes que revistaban en la AFI cuando ellos la presidían. Entre la larga lista de espiados ilegalmente, también figuran Hugo Moyano y Horacio Rodríguez Larreta.
La causa incluye los casos de espionaje sobre ex funcionarios del gobierno que presidió Cristina Kirchner y empresarios, que fueron encarcelados durante la cacería que se perpetró cuando Mauricio Macri fue presidente.
Por esto fue procesado el ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, ya que en principio quedó establecido que había un mecanismo de espionaje sobre estas personas alojadas en el penal de Ezeiza, pero asimismo sobre quienes los visitaban, entre ellos sus abogados y representantes de organismos de Derechos Humanos.
Entre quienes fueron espiados en ese contexto, hay miembros de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre los que está su presidente José Schulman, quien también es querellante en la causa por espionaje ilegal llevada a cabo durante la Presidencia Macri.
“Lo real es que hubo una asociación ilícita y antidemocrática entre el anterior gobierno macrista, junto con los servicios de inteligencia y los servicios penitenciarios federal, para espiar a un montón de personajes políticos y sociales del país”, recalcaba Schulman durante febrero cuando advertía que era peligroso que la causa acabe en Comodoro Py, algo que ya sucedió.
Y hacía hincapié en que junto a quien fuera su ministro de Justicia, Germán Garavano, Macri “formateó a ese Poder Judicial dispuesto a todo, para perseguir opositores” y recordó que en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, “los encuentros con los detenidos eran vigilados y escuchando por un sistema de cámaras, para poder hacer cualquier tipo de operaciones mediáticas y judiciales”.