El fotorreportero fue llevado desde el penal de Rawson hasta el de Ezeiza. La Liga cuestionó las condiciones en que se llevó a cabo el procedimiento.
“A diferencia de otros internos, a Molares no le fue comunicado el traslado con anterioridad debiendo preparar sus pertenencias en un mínimo de tiempo”, denunció la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), al referirse a la mudanza al penal de Ezeiza de Facundo Molares Schoenfeld, que se produjo el miércoles 12 de enero.
Como se recordará, desde principios de noviembre de 2021, Molares Schoenfeld estaba preso en la Unidad 6 de Rawson, a donde había sido llevado después de que la policía de Chubut lo detuviera en la localidad de Trevelín, a instancias de un pedido de extradición que hizo el gobierno de Colombia (Ver Pedido por Molares Schoenfeld).
El miércoles pasado, la Ladh monitoreó su traslado, haciendo uso de las atribuciones que tiene como organismo integrante de la Red de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura.
En este sentido, la Ladh reconoció que las condiciones de detención de Molares Schoenfeld en Rawson habían sido aceptables, ya que estuvo alojado en la zona del hospital penitenciario, a raíz de los protocolos que rigen por la pandemia.
Pero todo cambió a la hora de evaluar las que caracterizaron el traslado que “se efectuó en un camión del Servicio Penitenciario Federal que no contaba con baño”, en el que Molares Schoenfeld viajó sujetado al piso por una cadena “soportando veinticuatro horas sentado en una silla rígida sin acolchado alguno”.
Por otra parte, durante ese lapso de tiempo no se le suministró alimentación adecuada a su régimen de salud “y solo recibió un sándwich que Molares entiende que fue donado por el personal a cargo del traslado”.
Cabe acotar que se encuentra cursando diferentes tratamientos para las enfermedades que sufre, que fueron severamente agravadas en su cautiverio en Santa Cruz de la Sierra, que se extendió durante casi un año. Ahí estuvo encarcelado en condiciones terribles, después de que se lo detuviera cuando llevaba a cabo tareas de fotoreportero en la cobertura del golpe de Estado que sacudió a Bolivia durante octubre de 2019.
“Consideramos este accionar típicamente violatorio de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, señaló la Ladh sobre las condiciones del traslado a Buenos Aires, tras lo que hizo responsable de las consecuencias que pudiera traer sobre el estado de salud de Molares Shoenfeld, a la interventora del Servicio Penitenciario Nacional, María Laura Garrigos.