Fue hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia, para reclamar que el máximo tribunal se en la causa judicial que investiga a un centenar de ex militares por torturas perpetradas contra soldados de su propia tropa durante ese conflicto bélico.
Ayer se movilizaron hacia la Corte Suprema de Justicia, ex combatientes de la Guerra de Malvinas y representantes de organismos de Derechos Humanos para reclamar que el máximo tribunal se en la causa judicial que investiga a un centenar de ex militares por torturas perpetradas contra soldados de su propia tropa durante ese conflicto bélico.
Una de las agrupaciones que protagonizaron la movilización fue el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), cuyo secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, recordó que son cuatro décadas de impunidad en estos casos, por lo que “pedimos a la Corte el pronto despacho de la causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar”.
Vale recordar que la Corte tiene en su poder esta causa desde hace once meses y que, en ella, el Cecim es querellante desde que fue iniciada durante 2007. Desde entonces, la causa acumuló una cifra superior a las 170 declaraciones de víctimas, pero también a un centenar de militares que fueron denunciados por este tipo de delitos de lesa humanidad que, como tales, son imprescriptibles.
Esta caracterización fue reconocida por la Fiscalía, el juzgado de primera instancia de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, pero el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dijo que los delitos prescribieron y anuló un fallo judicial contra un militar acusado de torturar a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.
El beneficiado fue Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial naval del Batallón de Infantería 5, que fue imputado de haber cometido apremios ilegales y sometimiento a conscriptos de su propia tropa.