Lo hizo ante el pedido de condena para Cristina Fernández de Kirchner, que hizo el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. “Basta de persecución política y lawfare” reclamó.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) repudió “la campaña de hostigamiento y persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la líder social Milagro Sala, el recién condenado dirigente sindical Santiago Goodman, los ex funcionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el liguista y militante de la organización social Marina Vilte Javier Nieva y los muchos presos y perseguidos políticos”.
Lo hizo después de que se conociera el pedido de condena que el fiscal Diego Luciani, hizo para la vicepresidente en la causa Vialidad que sustancia el Tribunal Oral Federal 2, donde se le imputa la comisión de los delitos de Asociación Ilícita, Fraude contra la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.
Al respecto y por medio de una declaración titulada “basta de persecución política y lawfare, democracia restringida no es democracia”, la Ladh aseveró que “los fiscales y jueces que vienen actuando desde, por lo menos, 2009 en nuestra Patria, lejos de responder a las investigaciones que deben realizar, atienden del lado de la injusticia siendo titiriteros de instituciones, leyes y procesos judiciales a fin de obtener a como de lugar una condena que respalde lo que con hechos no pueden demostrar”.
Tras lo que recalcó que “estamos ante un plan continental de neocolonización, orquestado desde el Pentágono y puesto en marcha desde la embajada gringa en Argentina”.
Y denunció que “estos fiscales y jueces son mercenarios, los testaferros de las grandes corporaciones sojeras también responsables del genocidio de los pueblos precolombinos de nuestra Patagonia y son los mismos entreguistas actuando en la historia de la región, impidiendo (o tratando de impedir) la segunda y definitiva independencia, aquella que proclamó Chávez era tarea de los pueblos de este siglo”.
Así las cosas, la Ladh advirtió que “no sólo vienen por Cristina de Kirchner” y añadió que el lawfare “como doctrina busca por un lado correr del escenario político institucional a dirigentes populares y, por otro, generar el terror social suficiente (a fuerza de represión) como para que el pueblo sienta que no podemos hacer nada, que no tiene sentido pelear, ni construir, ni buscar la unidad en la calle”. De ahí que, “lejos de ser un tema judicial, es una estrategia de guerra de intervención, de colonialismo soft”, en cuyo contexto “los poderes fácticos digitan, los medios hegemónicos instalan, el Poder Judicial reprime, persigue y censura”.
Por su parte, en idéntica dirección, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat alertó que el pedido de pena que hizo Luciani, plantea “un golpe de Estado preventivo” tendiente a “proscribir a la política y estadista más importante del país”.
Asimismo y tras recalcar que se tata de “una causa paradigmática del lawfare”, dijo que ante la forma en que se condujo el Tribunal no es optimista respecto al fallo que pueda emitir y señaló que “si Cristina es condenada, el presidente debería indultarla”.
También hizo hincapié en que “estamos asistiendo a un Poder Judicial que se ha convertido en un poder supraconstitucional” y resaltó que es preciso que se movilice ante esto. “La gente debe salir y decir ‘no vamos a tolerar fallos contrarios a derechos’” destacó que “la gente debe ejercer un derecho de resistencia previsto por la Constitución”.