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La Liga Argentina por los Derechos Humanos dijo presente en otra jornada en la que se volvieron a levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. “Volvemos para homenajear a nuestros queridos compañeros”, señaló Iris Pereyra de Avellaneda.

Convocada por la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, el sábado pasado se llevó a cabo en El Campito, una jornada en la que se volvieron a levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia en uno de los sitios más emblemáticos de lo que fue la represión perpetrada por la dictadura cívico-militar.

Como se recordará, El Campito es uno de los cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionó dentro del predio militar de Campo de Mayo donde, tal como se desprende de los testimonios recolectados por Archivo Nacional de la Memoria y en diferentes causas judiciales, permanecieron secuestradas alrededor de siete mil personas.

Una de ellas es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Iris Pereyra de Avellaneda, quien fue secuestrada de su casa en la localidad bonaerense de Munro, el 15 de abril de 1976 junto a su hijo Floreal. El treinta de 30 de abril la sacaron de El Campito para trasladarla a una cárcel, pero como es sabido, El Negrito permanece desaparecido. Un mes después de que se lo llevaron, se supo del hallazgo de ocho cuerpos sin vida en la margen uruguaya del Río de la Plata, entre ellos el de un adolescente que por sus características se correspondía con el militante de La Fede, pero en un nuevo acto aberrante, por solicitud de su par de Argentina, la dictadura de Uruguay hizo desaparecer el cadáver.

“Desde hace ya como seis años que estamos entrando a El Campito para homenajear a nuestros queridos compañeros”, recordó Iris Pereyra y señaló “algunos están ahí, otros pasaron y nosotros que también estuvimos y la pudimos contar somos de los muy pocos sobrevivientes que hemos quedado, creo que menos de cien de los siete mil desaparecidos de El Campito que no sabemos dónde están”.

Por eso es que los sobrevivientes y los organismos de Derechos Humanos vienen trabajando para que se emplace en el lugar un Espacio para la Memoria, que se prevé que sea inaugurado durante este año sobre una superficie de 1600 m2, ubicada en la intersección de la ruta 202 y la avenida Presidente Perón.

“Estamos participando en esa iniciativa y esperamos que en estos días se ponga la piedra fundamental de lo que debería ser un verdadero sitio de memoria”, sostuvo la titular de la Ladh y recalcó que “el trabajo que hacemos mes a mes para volver a El Campito, es para que la gente no se olvide de ese lugar que fue tétrico”.

Tras lo que añadió que “ahora todo lo que pasó ahí está más visibilizado, por eso pretendemos que se sepa lo que hicieron en Campo de Mayo y vamos a seguir luchando para que se convierta en un verdadero sitio para la memoria”.

Cabe recordar que después de décadas de lucha, se logró sentar en el banquillo de los acusados a parte de los asesinos de El Negrito Avellaneda. Omar Riveros, Fernando Verplaetsen, Osvaldo García, César Fragni y Alberto Aneto recibieron penas que van desde perpetua a catorce años de prisión.

Esa vez el Tribunal estableció que Floreal fue víctima de los Vuelos de la Muerte y dejó en claro el papel central que tuvo Campo de Mayo en la aplicación de las acciones de terrorismo de Estado que dependían del Comando de la Zona 4 que era una de las cinco zonas militares en las que la dictadura dividió el país y, en este caso, estaba bajo la responsabilidad del Comando de Institutos Militares.

Precisamente durante estos días uno de los genocidas que actuaron en Campo de Mayo, recibió el beneficio de libertad condicional. Roberto Julio Fusco -alias Pajarito- se desempeñaba como guardia del centro clandestino y fue condenado a once años y medio de prisión porque se lo encontró penalmente responsable de haber perpetrado delitos de lesa humanidad.

Durante varios años fue uno de los represores más buscados en el contexto de la investigación que derivaría en la megacausa Campo de Mayo pero, pese a esto, se las supo ingeniar para evadir la requisitoria judicial hasta que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín a cargo de Alicia Vence, consiguió apresarlo en su domicilio ubicado en el partido bonaerense de Tigre.

“El único lugar para un genocida es la cárcel común”, advirtió la Ladh ante esta situación y recordó que Fusco fue guardia del centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como El Campito y que fue condenado porque perpetró delitos de “privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional en cuatro oportunidades y por la imposición de tormentos agravada por ser la víctima un perseguido político reiterado en cuatro hechos”.