El Estado nacional se comprometió a respetar el sitio que es considerado sagrado por la comunidad mapuche. Sigue el reclamo de libertad para Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y Romina Rosas.
“Libertad a las presas políticas mapuche” y que “cese la persecución al pueblo nación mapuche”, son los reclamos que la Liga Argentina por los Derechos Humanos y otros organismos hicieron cuando ayer jueves, se dio cita en el edificio de la ex Esma la tercera reunión de la Mesa de Diálogo por el conflicto territorial en Villa Mascardi.
El encuentro contó con la presencia de representantes de comunidades mapuche de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, así como la de funcionarios del Estado nacional presididos por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa, el presidente del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni y su par de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato.
También participó la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Carolina Varsky, así como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la integrante del Serpaj, Mariana Katz, quienes lo hicieron en calidad de veedores.
Ahí se firmó un acuerdo que, entre otras cosas, incluye el compromiso del Estado nacional a reconocer el lugar considerado como sagrado por la comunidad mapuche, que está ubicado dentro un predio de Parques Nacionales de Villa Mascardi, donde en 2017 miembros de la prefectura asesinaron a Rafael Nahuel. Y, en este sentido, el Estado accedió a dar cesión de uso del predio a la machi Betiana Colhuan.
Por otra parte, se acordó que la comunidad Lafken Winful Mapu se va a reubicar en un sitio distinto a donde se ubica el lugar de Villa Mascardi que consideran sagrado y se definió que el destino final donde se van a radicar estas personas, va a ser analizado en el marco de la próxima reunión de la Mesa de Diálogo.
Asimismo, se determinó que el Estado nacional va a establecer una presencia constante en la zona, por medio de la instalación de oficinas propias de distintas carteras gubernamentales, además del Ministerio de Seguridad, para garantizar una convivencia pacífica entre la machi Betiana Colhuan y el resto de los habitantes de la zona.
Vale recordar que con el fogoneo de sectores políticos encabezados por Patricia Bullrich, desde hace algunos meses se vienen realizando en la zona de Villa Mascardi marchas convocadas para repudiar “al gobierno nacional que quiere entregar tierras a delincuentes terroristas que se adjudican ser parte de una comunidad por el solo mérito de haber saqueado, usurpado e incendiado nuestras propiedades y atacado a los vecinos en forma violenta”. Cabe recalcar que a quienes se refieren estos “Vecinos Autoconvocados por la Patria de Bariloche”, no es a Julio A. Roca y sus socios de la “Campaña del Desierto”, sino a las personas de la comunidad mapuche que viven en Villa Mascardi.
Mientras tanto, en Bariloche se volvió a demandar la libertad de Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y Romina Rosas, quienes están en la cárcel desde el 4 de octubre de 2022, cuando fueron detenidas durante un operativo conjunto realizado por fuerzas policiales nacionales y de Río Negro, acusadas de participar de la “usurpación del predio La Escondida”.
Todas son miembros de una comunidad mapuche establecida en Villa Lago Mascardi, que fueron apresadas en el contexto de un operativo de desalojo ordenado por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, en el que participaron alrededor de 250 efectivos que formaron parte del Comando Unificado destacado por el Ministerio de Seguridad para la ocasión. En ese momento también se encarceló a otras tres mujeres que, en algunos casos, fueron a dar a la cárcel con sus hijos. Una de ellas estaba embarazada y dio a luz en prisión.