El Ministerio de Desarrollo Social lanzó un formulario para registrar a todos los trabajadores de la economía popular donde incluyó a las “trabajadoras sexuales”, sin ninguna participación o aval de Ministerio de la Mujer.
“Fue un manejo muy extraño”, señaló la secretaria de Género del PC e integrante de la Corriente Nacional Lohana Berkins, Solana López, al referirse al anuncio vinculado al lanzamiento de un registro de “trabajadoras sexuales” que hizo la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Social.
En este sentido, aseguró que “se procedió sin ninguna consulta a los actores sociales que llevan a cabo los debates y las posiciones sobre el abolicionismo- reglamentarismo de la prostitución y las personas en situación de prostitución que están por fuera de Ammar”.
El viernes, al anunciar el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), el Ministerio de Desarrollo Social incluyó la categoría de “trabajadores sexuales”, uno de los primeros reconocimientos institucionales a esa actividad. El domingo por la noche, sin embargo, el formulario de inscripción dejó de estar disponible en la web.
En este sentido, López dejó en claro que “nos preocupa que no hubo una participación en la decisión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación.
En los dos días y medio que estuvo vigente, el hecho reavivó el debate dentro del feminismo entre quienes consideran que la prostitución debería ser considerada trabajo y quienes opinan lo contrario. Vale mencionar que se habían anotado ochocientas personas en solo tres horas.
Vale aclarar, que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se planeó para cerca de 3,5 millones de personas, pero finalmente los anotados fueron más del doble. Esto destapó un amplio universo de trabajadores y trabajadoras informales sobre los cuales el Estado no registrarlos. Ante este panorama, Desarrollo Social finalmente decidió registrarlos y por eso lanzó el ReNaTEP.
“Esto fue a espaldas del movimiento feminista que tiene este debate, las compañeras en situación de prostitución”, por lo que aclaró que “no todo está representado en Ammar”. (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).
Además, calificó al hecho como “grave”, ya que “donde una hay una crisis social y económica que agudiza las problemáticas de los sectores más vulnerados”
Por lo no dudó en afirmar: “es darle la herramienta de legitimidad a las redes de trata y las mafias proxenetas avanzan para ampliar su poder”.
En esta línea, opinó que “la medida está lejísimo de brindar algún tipo de derecho a las compañeras en situación de prostitución donde la mayoría no tienen elección para otras perspectivas de vida”.
Al mismo tiempo, López señaló que “la marcha atrás tampoco fue por una participación en el debate en el amplio abanico del movimiento de mujeres y de sectores que trabajan sobre la temática”.
En este contexto, la responsable de Género del PC, hizo hinca pie en que “hay que hacer un trabajo político muy fuerte y dar un fuerte debate porque hay una naturalización y romanización muy fuerte la prostitución”, por lo que agregó: “debemos estar atentos”.
La tarea en este marco, según la integrante de la Corriente Nacional Lohana Berkins pasa por “construir redes de unidad entre los sectores que abogamos por el abolicionismo”.
Y, siguiendo esta línea, recalcó que “también debemos luchar aboicionsmo que construya las condiciones para mejorar la calidad de vida de las compañeras para una transformación cultural en nuestro país donde se deje de naturalizar la explotación sexual”.
El peligro del discurso reglamentarista, para López se encuentra en que actúa sobre sectores juveniles. “No es una ampliación de derechos legalizar la explotación sexual”, sentenció tras lo que advirtió que “hay algunos sectores que quisieron aprovechar la pandemia para meterlo entre las sombras” y añadió que “es un debate instalado en el campo popular por lo que eso hay que darlo fuertemente”.