“No queremos un sistema judicial patriarcal que alimenta las desigualdades sociales entre los géneros y le da un manto de impunidad a quienes cometen crímenes contra nosotras”, recalcó la Corriente Lohana Berkins, al marchar el sábado pasado.
“Ni Una Menos es decirle basta a las imposiciones del FMI y que el gobierno nacional asuma que la deuda es con nosotros”, recalcaron la Corriente Lohana Berkins y el Partido Comunista en el marco de la convocatoria a la jornada que el sábado pasado movilizó marchas en diferentes puntos del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires donde la concentración fue ante el Congreso Nacional.
Como en las ediciones anteriores, esta vez la marcha fue contundente y se realizó bajo la consigna: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este poder judicial no hay ni una menos”. Las dos frases encierran reclamos que están íntimamente entrelazados, porque si el Estado en todos sus niveles no se compromete con el diseño y aplicación de políticas públicas específicas, va a ser imposible que se baje la alarmante cantidad de casos de violencia de género que, en su perfil más terrible, se traduce en asesinatos que durante 2022 fueron 252, según el Registro de Femicidios de la Corte Suprema. Y queda claro que esto es algo que el actual diseño del Poder Judicial no puede garantizar.
Por su parte, el otro componente de la consigna habla del impacto negativo que en la economía familiar del pueblo argentino, tiene la deuda con contraída con el FMI por gobierno que encabezó Mauricio Macri, pero también los términos en que ese Stand-By fue renegociado por el actual ejecutivo nacional.
Estos conceptos fueron resaltados por el documento que se leyó en la oportunidad, donde se señala que “no hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico y conspirando contra la organización social y política, criminalizando a sus referentes”, pero que tampoco la hay “con deuda externa ni bajo el control del FMI” ni con los actuales niveles de pobreza, así como “si se persigue y estigmatiza la protesta social”.
Con este telón de fondo, la Corriente Lohana Berkins recordó que “los índices de violencia de géneros, femicidios, travesticidios, transfemicidios y transhomicidios sigue creciendo” y argumentó que “esto ocurre porque las políticas públicas asumidas por el Ministerio de Géneros y Diversidad de Nación son insuficientes”, ya que “los programas de acompañamiento y asistencia ante situaciones de violencia no se extienden a todo el territorio nacional ni tampoco son soluciones reales a problemas profundos por los que atraviesan las personas que están expuestas a estas situaciones”. Y advirtió que “esto lleva a una revictimización constante y un estado de vulneración que termina muchas veces con la muerte”.
Como se recordará, las movilizaciones del 3 de junio comenzaron en 2015, cuando impulsadas por el movimiento de mujeres, cerca de trescientas mil personas se reunieron frente al Congreso, con la consigna “Ni una menos” que a poco del femicidio de Chiara Páez -una adolescente que cursaba un embarazo- surgió como un clamor que reflejaba el hartazgo ante la violencia machista, pero que también comenzaba a delinear una agenda que ya no volvería atrás.
Pero aunque desde entonces hubo logros, la vigencia del reclamo militante que volvió a escucharse el sábado en diferentes plazas del país es evidente. De acuerdo a un relevamiento que hizo el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre aquel 3 de junio de 2015 y el 28 de mayo de este año, fueron perpetrados 2282 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 58 trans/travesticidios y 214 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Como consecuencia de esto, 2691 hijos quedaron sin mamá, de los que el 61 por ciento son menores de edad.
“Ni Una Menos es decirle basta a las violencias patriarcales que el sistema judicial impone sobre nosotras”, puntualizó la Corriente Lohana Berkins y sostuvo que el sistema judicial “es una pata más en el proyecto neocolonial, neoliberal y fascista que desde el imperialismo y las derechas ejecutan en nuestros territorios”. Y denunció que “históricamente ha sido un elemento fundamental del poder real y hoy cumple desde una lógica mafiosa un rol estratégico en la persecución y violencia política y en el sostenimiento de la impunidad de quienes les son funcionales al ejercicio de su dominancia”.
En este sentido, aseveró que el atentado del que fue víctima en septiembre de 2022 la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “es la muestra cabal de cómo opera en bloque el poder y de lo que están siendo capaces en este contexto político de cometer para perpetuarse”.
Así las cosas, también hizo hincapié en que “no queremos un sistema judicial clasista que condene a los más pobres a ser depositados en el olvido y cuya pena recae en un castigo cada vez más ganado por las lógicas mafiosas y fascistas”, pero tampoco “queremos un sistema judicial patriarcal que alimenta las desigualdades sociales entre los géneros y le da un manto de impunidad a quienes cometen crímenes contra nosotras”.
Y tras demandar que se avance en “una reforma judicial transfeminista”, exigir la libertad de Milagro Sala, Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y Romina Rosas, la Corriente Lohana Berkins recordó que a casi tres años del femicidio perpetrado contra Florencia Gómez Pouillastrou “aún no hay un solo responsable ni material ni intelectual de su asesinato”, por lo que “seguiremos luchando por Flor y por todas” y añadió que “son nuestra bandera y nuestro horizonte, sembremos coraje y batallemos con su memoria”.