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Empresarios de dos de las principales empresas lecheras de Santa Fe, Verónica e Ilolay, blanquearon capitales gracias a Macri en 2016. La información fue revelada luego de que una de ellas, Verónica, abonara los sueldos de marzo en tres cuotas, pese a que no bajó la demanda.

Los trabajadores de la empresa láctea Verónica, instalada en la cuenca lechera de Santa Fe, denunciaron que la empresa pagó los sueldos de marzo en cuotas, aduciendo problemas generados por el aislamiento. Sin embargo, en el último mes Verónica obtuvo una ganancia neta de 37 millones de pesos.
Las denuncias de los trabajadores tomaron fuerza después de que se conociera que los dueños y directores de dos de las principales empresas lecheras de la provincial, Ilolay y Verónica, blanquearon con Macri parte de su patrimonio en dólares. Consultado por esta situación, José Luis Livolti, Secretario del PC de Santa Fe y Coordinador Nacional del Movimiento Campesino de Liberación (MCL), señaló que “no es de extrañar lo que las grandes empresas lácteas hicieron y hacen en Santa Fe, porque es lo mismo que vienen haciendo desde hace años en el país”.
En concreto, en lo que refiere a la situación de Verónica que pagó los sueldos en cuotas, Livolti afirmó que “la burguesía y la derecha se quieren aprovechar de la situación generada por la pandemia y el aislamiento para mejorar su situación, en contra de los trabajadores”.
Y agregó que “se necesita iniciativa y acuerdos políticos para avanzar en soluciones efectivas ante los problemas generados por la pandemia. Es imprescindible que el Congreso sesione y apruebe la ley de impuesto a la riqueza, que se podrá aplicar a los dueños de Verónica, de Ilolay y de Vicentín, por ejemplo”.
El dirigente del PC señaló que “los comunistas tenemos propuestas de medidas muy claras para tomar en el sector agroindustrial y que permitiría atravesar con mejores condiciones los problemas económicos y sanitarios que está generando la pandemia” y ejemplificó que “uno de ellos es la estatización de empresas privadas de carácter estratégico, como Vicentín”.

Obtener más recursos

“Si los dueños de Ilolay y Verónica blanquearon capitales, estos forman parte de su patrimonio, por lo que deberán pagar el impuesto a las grandes fortunas cuando sea ley”, enfatizó Livolti. De esta manera, “el Estado podría obtener recursos, más que necesarios, para afrontar la crisis económica que la pandemia profundizó”.
En las últimas semanas el portal Minuto de Cierre informó que los dueños de Verónica e Ilolay blanquearon en 2016 parte del patrimonio en dólares que mantenían en el exterior. Las fortunas de estos empresarios, como la de los dueños de Vicentín, se incrementaron con la política económica del macrismo. Empero, aprovechándose de los problemas generados por la pandemia, algunas empresas como Verónica, pagan el sueldo de los trabajadores en cuotas a pesar de haber tenido importantes ganancias en el último mes.
Pese a tener cuentas en Suiza, los dueños de Verónica pagaron el sueldo de marzo en tres cuotas. En 2016 sus dueños blanquearon 420 millones de dólares. Ahora, la Aduana de Santa Fe investiga el origen de esta fortuna, que se sospecha, es consecuencia de una subfacturación en la exportación de leche en polvo, efectuada en la época en la que el precio de la tonelada rondó los 5.400 dólares.
Situación similar ocurre con los dueños de Ilolay. Alfredo Armando Williner, presidente de la empresa, y el directorio Horacio Armando Curiotti, participaron del blanqueo de capitales llevado a cabo en 2016. En total, según datos que pueden ser consultados en el Banco Central, Williner y Curiotti blanquearon al menos 95 millones de dólares. Sin embargo, el total de la fortuna que poseen en el exterior rozaría los mil millones de dólares.
En opinión de Livolti, “más allá de los detalles, lo cierto es que el Estado tiene la obligación de revisar los blanqueos, rastrear las fortunas de los argentinos en el exterior y aumentar las vías de obtención de recursos mediante impuestos al patrimonio”, junto a otras medidas como estatizaciones “con el objetivo de que el Estado y los trabajadores asuman la dirección estratégica no solo de las empresas, sino también de sectores claves de la economía”.