Quilmes y Lanús se sumaron a la larga lista de municipios, la mayoría gobernados por el oficialismo, que suscribieron al “pacto fiscal” que impone la Rosada a todo el Estado como parte de las reformas que el FMI acordó con el gobierno. Mientras, la derecha protege a Vidal para que sea una alternativa potable ante el creciente descontento popular.
En los municipios del Gran Buenos Aires el gobierno comenzó a poner en marcha el “pacto fiscal” impulsado por Macri y al que suscribió Vidal cuyo objetivo es que los estados provinciales y municipales aceleren las políticas de ajuste. Quilmes y Lanús, dos de los “bastiones” de Cambiemos en el conurbano, ya comenzaron a implementar políticas de recorte para hacer los “deberes” y salvarle la ropa a Vidal que se posiciona como la figura fuerte de recambio en medio de la cada vez mayor reprobación que Macri tiene en el país.
El contexto de estas medidas es el acuerdo que cerró el gabinete económico con el Fondo Monetario Internacional que exige, expresamente, una drástica reducción del gasto público para eliminar el “déficit fiscal” con el que el gobierno justifica despidos y reducción de la obra pública, mientras contrae deuda para fuga y timba financiera como ningún otro país del mundo y afronta el pago de cuantiosos intereses que generan un verdadero desequilibrio en las cuentas públicas.
El “pacto fiscal” que impuso el gobierno en diciembre del años pasado a todas las provincias –a excepción de San Luis– fue una de las primeras medidas que adoptó el gabinete para dar señales claras al FMI de que estaba dispuesto a acelerar la política de ajuste, tal como lo había hecho también con la reforma previsional.
Previendo las consecuencias económicas y sociales del brutal ajuste que se le demanda a las provincias, el gobierno incorporó para su aprobación un ítem que favorecía a la gobernadora de Buenos Aires, la carta fuerte de Cambiemos para las elecciones de 2019 en el caso de que Macri llegue muy desgastado a los comicios.
Así fue como Vidal se hizo de un botín de 45 mil millones de pesos para el 2018 y de 65 mil millones para 2019 en forma de “compensación” por la eliminación del “Fondo del Conurbano”. Este fondo, creado por Duhalde cuando era vicepresidente de la Nación en 1992, establecía que la provincia se quedaba con el 10 por ciento de la recaudación anual del impuesto a las ganancias para el desarrollo de obras públicas en la provincia.
Pese a contar con este dinero, la gobernadora sigue sin arreglar la paritaria docente en la provincia y presiona a los intendentes para que suscriban al pacto fiscal bajo la promesa de que, en el peor escenario, ella será candidata a presidenta para garantizar una tracción de votos –que le atribuyen– que permita a los mandatarios locales ir por la reelección a pesar de las consecuencias que el ajuste tendrá entre la población.
Quilmes, un ejemplo
En ese sentido, un caso paradigmático es el de Quilmes, el segundo distrito electoral de la provincia después de La Matanza, y flamante firmante del pacto fiscal. Allí gobierna Martiniano Molina, el cocinero Pro que llegó a la intendencia, entre otros motivos, gracias a la campaña millonaria que realizó.
Quilmes es un gran ejemplo de la gestión Cambiemos en el conurbano: pocas pero vistosas obras cosméticas en puntos estratégicos del Partido, despidos de empleados públicos, paritarias a la baja para los trabajadores municipales y recortes por doquier en la asistencia y programas sociales de la Municipalidad.
Al respecto, Pablo Pizzinini, dirigente del Partido Comunista de Quilmes y del Encuentro Popular TTT, afirmó que “Molina frenó toda la obra pública en el municipio”. Lo hizo “tras abandonar un plan muy grande de obra pública que había comenzado y redirigió una parte mínima de esos fondos a la construcción de un metrobus que no es una de la prioridades” que tiene la localidad.
De esta manera, el referente enfatizó que “hay plata para hacer el metrobus, que es un arreglo que el intendente tiene con la provincia y la nación, pero no hay plata para arreglar las calles de los vecinos”.
En este marco, denunció que el “60 por ciento de las obras que comenzó la gestión de Molina no están terminadas. Entre ellas se encuentra la repavimentación de la Avenida Mitre y de otras calles importantes. En este, la impericia de Cambiemos hizo que sea peor el remedio que la enfermedad, ya que por estar tanto tiempo las calles cerradas, el tránsito fue desviado por vías alternativas que se están destrozando por soportar un tráfico que no es habitual. Estas calles hoy son intransitables, están hundidas. Todavía no inauguraron las calles nuevas y ya tienen rota toda la periferia”.
Lo que se quiso dar es “un impacto visual en momentos de campaña electoral, pero hoy el balance es que más de la mitad de las obras están abandonadas y que muchas de las zonas están peor ahora que antes del inicio de las reformas”. Al no concluir las obras “se rompieron las calles aledañas y se desmejoró muchísimo el ambiente socio-sanitario de los barrios”.
En lo que respecta al empleo público, recordó que se encuentra en vigencia un plan de retiros voluntarios que son la antesala de los despidos que van a ocurrir una vez que se dé por finalizado este plan. “Este programa de retiros es una forma de disciplinar a los trabajadores para que acepten las paritarias a la baja que impone el gobierno, ya que el mensaje es claro: hay que ajustar el sector público”, advirtió.
Caso paradigmático
Un caso paradigmático del ajuste macrista es el que se vive en la zona del Arroyo Las Piedras, donde se acumula la basura y crece la contaminación debido al recorte de fondos que sufrió la Acumar. Este recorte afecta a la población en diversos sentidos: se quitó asistencia socio-sanitaria y se abandonaran las tareas de cuidado ambiental que el Estado tiene el deber de realizar, tal como lo resolvió la Corte Suprema a la hora de fundar la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
La política fina –y gruesa– del ajuste en la Autoridad fue implementada por Gladys González por expreso pedido del presidente Macri cuando esta fue titular del organismo. En Cambiemos quedaron tan conformes con los "logros" del ajuste, que la premiaron con una banca en el Senado de la Nación por la provincia de Buenos Aires.
En la problemática de las inundaciones, relacionada con la cuenca, Pizzinini enfatizó que “todo sigue igual, es decir, sin obras de infraestructura que es lo que la ciudad necesita para comenzar a resolver este problema que afecta a los sectores más empobrecidos de la localidad. La ausencia de las grandes obras que demanda el Partido de Quilmes “no se están realizando por la decisión de Molina”. Uno de los principales motivos por los que Quilmes se inunda más ahora que antes es porque “se permitió la construcción de barrios privados sobre la cota de altura de la calle, por lo cual ahora se inundan vecinos que antes no se inundaban, como el Nuevo Quilmes”, concluyó.
