Un informe reciente de Arba muestra la contracara de la crisis habitacional en la provincia de Buenos Aires: barrios privados construidos en tierras no declaradas, evasión fiscal y hasta el robo de servicios públicos como la luz.
La crisis económica provocada por el macrismo, la crisis sanitaria provocada por la pandemia y la falta de voluntad política por parte del gobierno de Frente de Todos puso este año sobre el tapete en Argentina el problema habitacional. Más de cuatro millones de personas habitan viviendas precarias y otro tanto, además, alquila. Sin embargo, como sucede en un sistema económico desigual como el capitalismo, la crisis habitacional tiene su contracara: negocios inmobiliarios, barrios privados y, por supuesto, evasión fiscal y hasta el robo de servicios públicos como la luz.
Las clases propietarias en Argentina son expertas en evadir y nunca están predispuestas, en tiempos de crisis —tampoco de “estabilidad”—, a contribuir económica y simbólicamente al “bien común”. Apenas una muestra de esta conducta histórica puede identificarse en las discusiones y resistencia en torno al denominado “aporte solidario” de las grandes fortunas, aprobado recientemente por el Congreso tras varias idas y venidas.
Esta resistencia por parte de las clases propietarias no es un hecho aislado y solo por nombrar lo referido a la tierra y al hábitat, se puede mencionar el reciente informe elaborado por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba), que revela que el 25 por ciento de los countries construidos en la provincia no están registrados. De esta manera y según los cálculos realizados en el relevamiento, 230 barrios privados evaden anualmente más de 1.500 millones de pesos en impuestos, que equivale a 10.500 viviendas del Plan Procrear. En total, los “ocupas vip”, que no sufren el hostigamiento del poder judicial, de los medios de comunicación y tampoco la represión de la policía bonaerense, tienen “tomadas” casi 700 mil metros cuadrados.
Los “ocupas vip” no solo no pagan impuestos al fisco por las tierras que se apropian, que además son repartidas en grandes lotes en las que se construyen piscinas, canchas de paddle o fútbol, etc., sino que además se cuelgan de servicios públicos como la luz. Tal es el caso del Barrio Bosque Alto de Bahía Blanca, denunciado recientemente por la Empresa Distribuidora de Energía Sur (Edes), que detectó que gran parte de los “ocupas vip” tenían conexiones clandestinas. El caso bahiense se suma a otros en la provincia, como en Quilmes y Pilar, distritos con enormes problemas habitacionales pero en los que abundan los barrios cerrados