El fiscal General Juan Manuel Delgado dictaminó pese a que no había sido habilitado por la corte provincial ya que fue recusado por tres organizaciones.
“Es manotazo de ahogado de un sector que se está viendo perder una batalla”, señaló Florencia Dahbar, miembro del Secretariado provincial del PC de Córdoba y Medica e integrante de la red de profesionales del derecho a decidir.
Los antiderechos vuelven a atacar la ley IVE. Ahora, en Córdoba, desde el lugar donde deberían investigar la falta de aplicación de la ley: el fiscal General Juan Manuel Delgado y su adjunto Pablo Bustos Fierro firmaron un dictamen no vinculante en el que asumen como positivo el pedido de suspensión de la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Córdoba, que habían presentado en febrero los antiderechos del Portal de Belén y su alma mater, el ex legislador Aurelio García Elorrio.
El Ministerio Público declaró que no es lo mismo declarar la inconstitucionalidad de la norma y dejar de aplicar definitivamente el plan o programa puesto en marcha por el Gobierno de la Provincia de Córdoba -mediante el Ministerio de Salud- para interrumpir embarazos, que suspender provisoriamente su aplicación mientras dure la sustanciación de la causa.
Es una estrategia del fiscal General para que el dictamen continúe siendo válido si, finalmente, el TSJ admite su recusación que ya fue planteada al menos por tres asociaciones que están a favor del aborto legal.
Hay dos posibilidades: que el TSJ resuelva favorablemente al planteo de García Elorrio o no. En el primer caso la Provincia (demandada) y las entidades que participan como terceras interesadas (Fundeps, Católicas por el Derecho a Decidir y la Clínica de Litigio e Interés Público) seguramente presentarán un recurso extraordinario federal para que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Caso contrario, García Elorrio ya prometió que sostendrá su pretensión hasta las máximas instancias judiciales.
En este sentido, Dahbar señalo que “hoy en día La Ley esta vigente en todo el territorio provincial, todos los centro de salud están habilitados para garantizarla”. Tras lo que dejó en claro que “no estamos obligados a acatar este dictamen que representa una ataque más de los sectores antiderechos para frenar la aplicación de la IVE”.
“No se podría dar esto sin la complicidad del poder político, eclesiástico; ejemplo clarísimo que se da en la provincia de Córdoba”, sentenció la militante del PC.
Asimismo, recordó que “la campaña denunció la asignación del fiscal Delgado porque es un representante de la justicia abiertamente confeso del Opus Dei que participó sistemáticamente en intentos de frenar en su momento la ILE y la ley IVE”.
En esta línea, Dahbar remarcó que “son varias las provincias en nuestro país donde los sectores anti derechos intentan a través de este tipo de resoluciones frenar la ley IVE”.
Por lo que fue contundente cuando dijo que “fue una batalla que nosotras ganamos en las calles y en el congreso y que tenemos que seguir sosteniéndola en todos los rincones, porque estos sectores reaccionarios querrán meter todas las trabas posibles para que este derecho no se garantice”.