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Diecinueve integrantes de la Policía de Santa Fe son juzgados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Ezequiel Casco, que fue perpetrada el 6 de octubre de 2014.

“Lo de Franco Casco es parte del negocio del delito que componen distintos sectores de la sociedad santafesina y rosarina en este caso”, recalcó el titular del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galiotti, al referirse al inicio del juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de esa ciudad, que tiene a diecinueve policías en el banquillo de los acusados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Ezequiel Casco, que fue perpetrada el 6 de octubre de 2014.

Casco tenía veinte años de edad, era oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela y fue a Rosario para visitar a su tía paterna. Pero el 6 de octubre fue interceptado y detenido por agentes de la Comisaría Séptima de la Policía de la provincia de Santa Fe y, de acuerdo con el testimonio de otros detenidos, fue aislado en un calabozo donde durante la madrugada del 7 de octubre, fue golpeado y torturado hasta su asesinato.

Por este crimen fueron acusados el comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, todos ellos como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte.

También son enjuiciados el subcomisario Enrique Gianola Rocha y el jefe de sumarios César Acosta, así como Cintia Débora Greiner, Marcelo Guerrero, Hernán Gysel, Rocío Hernández y Daniel Silva quienes eran agentes de la policía y fueron imputados como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.

Por el mismo delito, pero como partícipes secundarios, también se imputa a los agentes Romina Díaz, Elizabeth González, José Juárez, Jesús Murua, Walter Ortíz y Franco Zorzoli. Por su parte, los agentes adscriptos a la Unidad Especial de Asuntos Internos, Pablo Siscaro y Daniel Escobar, son sometidos a juicio por encubrimiento agravado.

“En este caso están involucrados sectores del gobierno como el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en connivencia con la Policía y el Poder Judicial”, alertó Galiotti y fue claro al destacar que “esta matriz recorre todo el país, pero es algo muy evidente en Santa Fe y también lo hemos visto cuando estuvo Marcelo Saín que sufrió un juicio político tras investigar delitos complejos donde estaban involucrados todos los actores mencionados”.

Asimismo, resaltó que el asesinato de Franco Casco, “es un caso más dentro de una lógica donde hay una policía provincial que abusa de poder, extorsiona, falsifica documentos y desaparece personas como es el caso de Carlos Orellana que al igual que Casco salía de un boliche, tuvo un altercado y fue arrojado al Río Paraná”. Y advirtió que se trata de “un proceder que toma fuerza y lo vemos en toda la Argentina: a los jóvenes se los hostiga y se los mata”.

Por otra parte hizo hincapié en que “lo que ocurre en Rosario tiene que ver con políticas impulsadas constantemente por el PRO, ya que entienden la necesidad de defender a los sectores de poder” y añadió que “esta política también la lleva adelante el gobernador de la provincia, Omar Perotti, que cuando corrieron a Saín, avanzó en la militarización de barrios de Rosario, lo que lejos está de combatir el delito sino que lo fomenta con un ‘control territorial’ que permite a los poderosos tener relativa seguridad de que son defendidos sus intereses”.